Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2010-00143-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2010-00143-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2010-00143-02
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de mayo de 2026
Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros1
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder)
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia porque decide
el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Tribunal, el cual
conoció el proceso en primera instancia en razón de la naturaleza del asunto y
de la cuantía, en los términos del artículo 132 del Código Contencioso
Administrativo, CCA2.
SÍNTESIS3
Los demandantes promovieron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, con el fin de obtener la indemnización de los supuestos perjuicios que les
fueron causados con ocasión de un trámite de extinción de dominio llevado a
cabo sobre predios de su propiedad, el cual suspendió su goce y explotación
económica; así como por la ocupación irregular de los inmuebles. La Sala
revocará la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones y, en su
lugar, declarará la caducidad de la acción.
1 Andrés Corsino Sánchez Bermúdez, Carlos Arturo Sánchez Bermúdez, Rosa Sánchez Bermúdez, Stella
Sánchez Bermúdez, Juan David Polo Sánchez Bermúdez, Daniel Augusto Sánchez Bermúdez, Rita Isabel
Sánchez Bermúdez, Alejandra Isabel Sánchez Chávez, Nancy Sánchez Bermúdez, Teresa Elena Sánchez
Bermúdez, Fanny Esther Sánchez Bermúdez, Camilo Antonio Sánchez Flórez y Yenis Yaneth Sánchez
Flórez
2 Según el numeral 6 del artículo 132 del CCA, los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia
las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV, lo que al momento de
presentación de la demanda ascendía a doscientos cincuenta y siete millones quinientos mil pesos
($257.500.000). En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en veinte mil millones de pesos
($20.000.000.000).
3 Temas: reparación directa - caducidad.
1
Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El 25 de mayo de 20104, Javier Augusto Sánchez Flórez, Andrés Corsino
Sánchez Bermúdez, Carlos Arturo Sánchez Bermúdez, Rosa Sánchez
Bermúdez, Stella Sánchez Bermúdez, Juan David Polo Sánchez Bermúdez,
Daniel Augusto Sánchez Bermúdez, Rita Isabel Sánchez Bermúdez, Alejandra
Isabel Sánchez Chavez, Teresa Elena Sánchez Bermúdez, Fanny Esther
Sánchez Bermúdez, Camilo Antonio Sánchez Flórez y Yenis Yaneth Sánchez
Flórez (en adelante, los “demandantes”) presentaron demanda, en ejercicio de la
acción de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, en adelante
“Incoder”, ahora representado por la Agencia Nacional de Tierras. En la demanda
elevaron las siguientes pretensiones5:
PRIMERA- Declarar que LA NACION – MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL, INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO
RURAL (INCODER), son administrativamente responsables de los perjuicios
materiales y morales causados a los señores YENIS YANETH SANCHEZ
FLOREZ, JAVIER AUGUSTO SANCHEZ FLOREZ, CAMILO ANTONIO
SANCHEZ FLOREZ, DANIEL AUGUSTO SANCHEZ BERMUDEZ, ANDRES
CORSINO SANCHEZ BERMUDEZ, NANCY SANCHEZ BERMUDEZ,
ALEJANDRA ISABEL SANCHEZ CHAVEZ, RITA ISABEL SANCHEZ
BERMUDEZ, FANNY ESTHER SANCHEZ BERMUDEZ, ESTELLA SANCHEZ
BERMUDEZ, ROSA SANCHEZ BERMUDEZ, TERESA ELENA SANCHEZ
BERMUDEZ, CARLOS ARTURO SANCHEZ BERMUDEZ y JUAN DAVID POLO
SANCHEZ, en el decurso del procedimiento administrativo procurativo (sic) de la
extinción de los derechos reales de dominio sobre los predios LA GLORIA, EL
ALIVIO y PARAVER.
SEGUNDA.- Consecuencia de la anterior declaración, Condenar a LA NACION -
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, INSTITUTO
COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO RURAL (INCODER), a título de
reparación del daño ocasionado, a pagar a los señores YENIS YANETH
SANCHEZ FLOREZ, JAVIER AUGUSTO SANCHEZ FLOREZ, CAMILO
ANTONIO SANCHEZ FLOREZ, DANIEL AUGUSTO SANCHEZ BERMUDEZ,
ANDRES CORSINO SANCHEZ BERMUDEZ, NANCY SANCHEZ BERMUDEZ,
ALEJANDRA ISABEL SANCHEZ CHAVEZ, RITA ISABEL SANCHEZ
BERMUDEZ, FANNY ESTHER SANCHEZ BERMUDEZ, ESTELLA SANCHEZ
BERMUDEZ, ROSA SANCHEZ BERMUDEZ, TERESA ELENA SANCHEZ
BERMUDEZ, CARLOS ARTURO SANCHEZ BERMUDEZ y JUAN DAVID POLO
SANCHEZ, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados,
actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de VEINTE
MIL MILLONES DE PESOS ML ($20.000.000.000.00), o en su defecto, en la
forma genérica que aparezcan demostrados en el proceso.
TERCERA.- Condénese a LA NACION - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO
RURAL (INCODER), al pago de los intereses comerciales moratorios, desde el
día en que quede ejecutoriado el fallo que de (sic) resolución a esta demanda,
hasta el día del pago definitivo de la obligación.
4 Folio 13, cuaderno 1.
5 Folios 1 y 2, cuaderno 1.
2
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Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
CUARTA. - Ordénese que la condena respectiva, será actualizada de
conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del
índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos
hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
QUINTA.- Ordénese a las entidades aquí demandadas dar cumplimiento a la
sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
2. Las pretensiones de la demanda se sustentaron, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones6:
2.1. Mediante adjudicación dentro del proceso sucesorio de Daniel Sánchez
Martínez, los demandantes adquirieron en común y pro indiviso los derechos de
propiedad sobre los predios rurales denominados “El Alivio”, “La Gloria” y
“Paraver”, ubicados en jurisdicción del municipio de Pivijay, Magdalena. Antes de
formalizarse la adjudicación, los herederos ejercían la posesión material sobre
esos bienes y desarrollaban actividades agropecuarias y ganaderas, además de
celebrar diversos contratos de aparcería.
2.2. A comienzos de la década de los noventa, la incursión de grupos guerrilleros
y de grupos paramilitares alteró gravemente las condiciones de seguridad en la
zona, hasta generar el desplazamiento forzado de los integrantes del grupo
familiar y la imposibilidad de continuar con la explotación económica de los
inmuebles.
2.3. Pese a esas circunstancias, y sin certeza suficiente sobre la posesión,
propiedad y explotación económica de los predios, el entonces Incora expidió la
Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994, por medio de la cual inició las
diligencias administrativas tendientes a establecer la extinción del derecho de
dominio sobre los inmuebles de propiedad de los demandantes, puesto que, de
acuerdo con su consideración, en ellos no se ejercía una explotación económica
regular y estable.
2.4. El procedimiento administrativo de extinción de dominio se prolongó durante
más de doce años, periodo en el cual se afectaron los derechos de dominio de
los demandantes, quienes no pudieron ejercer de manera plena el uso, goce y
explotación económica de los bienes. En particular, el trámite habría favorecido
la ocupación de los predios por terceros interesados en su adjudicación, sin que
las entidades demandadas adoptaran medidas eficaces de control frente a esa
situación.
2.5. El procedimiento concluyó con la Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007,
mediante la cual el Incoder decidió no extinguir el derecho de dominio sobre los
predios. No obstante, para entonces ya se habían causado perjuicios materiales
6 Folios 3 a 7, cuaderno 1.
3
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Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
e inmateriales a los demandantes, quienes, entre otras actuaciones encaminadas
a recuperar sus inmuebles, se vieron obligados a promover un proceso
reivindicatorio en contra de sus ocupantes irregulares.
B. Posición de la parte demandada
3.Los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda, cada uno
de ellos por las razones que se sintetizan a continuación:
3.1. La Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propuso la
excepción de caducidad de la acción, por considerar que la parte demandante
debió controvertir oportunamente el acto administrativo que, a su juicio, le
ocasionó el daño, y no pretender hacerlo a través de la acción de reparación
directa, la cual, en todo caso, estimó caducada en relación con la expedición de
la Resolución 0512 de 1994.
3.1.1. También alegó la inexistencia de nexo causal entre el daño invocado y
alguna acción u omisión imputable a esa entidad. Sostuvo que no se acreditó la
existencia de un daño antijurídico, pues el acto administrativo proferido en 1994
no impedía el ejercicio del derecho de dominio ni el goce y usufructo del inmueble.
Añadió que tampoco se aportó prueba de la explotación económica del predio ni
de los perjuicios cuya indemnización se reclama7.
3.2. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder sostuvo que los
demandantes no probaron un perjuicio cierto, actual y directo. Afirmó que la
Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994 se limitó a iniciar el procedimiento
administrativo de extinción de dominio sobre el inmueble “La Gloría” y que su
inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria tenía únicamente
efectos de publicidad, por lo que no implicaba la suspensión de los actos de
dominio ni impedía el uso, goce o explotación económica del predio.
3.2.1. Añadió que la ocupación material del inmueble por terceros campesinos y
las dificultades para su aprovechamiento no eran atribuibles al entonces Incora
ni al Incoder, sino a circunstancias anteriores y ajenas al procedimiento
administrativo. Agregó que tampoco existía relación causal entre ese trámite y el
proceso reivindicatorio promovido por los demandantes, porque la recuperación
de la posesión frente a terceros ocupantes debía adelantarse por los mecanismos
judiciales correspondientes, con independencia del procedimiento agrario.
3.2.2.Precisó que el Incora realizó el trámite de extinción de dominio con
fundamento en la legislación agraria entonces vigente, en especial en la Ley 135
de 1961, que contemplaba la “inexplotación económica agrícola o ganadera del
predio como causa para la extinción del derecho de dominio, salvo que esa
7 Folios 117 a 123, cuaderno 1.
4
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Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
situación obedeciera a fuerza mayor o caso fortuito”. En aplicación de ese marco
normativo, la entidad inició la etapa preliminar con ocasión de una solicitud de
esclarecimiento de la propiedad y de la información suministrada por
organizaciones campesinas.
3.2.3. En ese contexto, ordenó la práctica de una visita previa al predio “La
Gloria” y, con fundamento en lo verificado en dicha diligencia, expidió la
Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994. Sin embargo, al adoptar la decisión de
fondo, el Incoder valoró integralmente el material probatorio y concluyó, mediante
la Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007, que no había lugar a declarar la
extinción del derecho de dominio, pues la situación de violencia en la zona
constituía una causal de fuerza mayor.
3.2.4.Finalmente, afirmó que el trámite administrativo respetó el debido proceso
de los propietarios, quienes pudieron conocer las actuaciones, controvertir las
pruebas y ejercer su defensa. En ese contexto, consideró improcedente atribuirle
un perjuicio antijurídico derivado de la pérdida de explotación o de la ocupación
del predio, pues, en su criterio, esas circunstancias obedecieron a factores
externos y no al inicio ni al desarrollo del procedimiento de extinción de dominio8.
C. Trámite relevante en primera instancia
4. Mediante auto de 3 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo del
Magdalena inadmitió la demanda, al considerar que existía indebida escogencia
de la acción, pues estimó que la parte actora debía promover la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución 0512 de 27 de
mayo de 19949.
5. La decisión fue apelada por la parte demandante, quien afirmó que el daño
cuya indemnización se reclama no provenía de la legalidad del acto
administrativo que dio inicio al trámite de extinción de dominio, sino de la
actuación administrativa que, según sostuvo, permitió la ocupación de los predios
por terceros y afectó su goce y explotación económica, de modo que la acción
procedente no era la de nulidad y restablecimiento del derecho, sino la de
reparación directa10.
6. El 7 de abril de 2011, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el auto
apelado y, en su lugar, ordenó admitir la demanda. Consideró, en lo esencial, que
la acción de reparación directa era procedente, porque, de acuerdo con los
fundamentos de la demanda, el daño alegado no se hacía consistir en la
ilegalidad de la Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994, sino en los perjuicios
8 Folios 162 a 165, cuaderno 1.
9 Folios 57 a 59, cuaderno 1.
10 Folios 60 a 65, cuaderno 1.
5
Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
que la parte actora atribuía al procedimiento administrativo de extinción de
dominio11.
D. Sentencia recurrida
7.El 9 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda12. La decisión dispuso lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR no configurado el medio exceptivo de caducidad de la
acción formulado por el mandatario judicial de la entidad demandada NACIÓN-
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL de conformidad a
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DENEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En caso de no ser apelada la presente providencia, háganse las
correspondientes anotaciones en el Sistema Tyba Web y a continuación,
ORDÉNESE el archivo del expediente.
8. Como fundamento de esa decisión, en lo sustancial, el Tribunal de primera
instancia expuso lo siguiente:
8.1. No existe certeza fáctica suficiente para establecer el momento exacto a
partir del cual debía iniciarse el cómputo del término correspondiente. Aunque
ese término debía contarse desde la notificación de la Resolución 2760 de 2007,
mediante la cual se dejó sin efectos la decisión que habría generado los
perjuicios, dicha notificación se surtió los días 29 de enero y 6 de febrero de 2008
solo respecto de algunos de los demandantes y que, además, ese acto
administrativo únicamente resolvió la situación del inmueble “La Gloria”, mas no
la de “El Alivio” ni “Paraver”. Por ello, se abstuvo de decidir la excepción de
caducidad formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y continuó
con el estudio de la controversia13.
8.2. Habida cuenta de que la parte demandante atribuyó a las entidades
accionadas la causación de un perjuicio derivado del trámite de extinción de
dominio, abordó el análisis del caso bajo el título de imputación de daño especial.
A partir de ese entendimiento, el daño alegado consistió en la afectación de los
derechos de dominio de los demandantes y en la imposibilidad de explotar
económicamente los predios con ocasión de la expedición de la Resolución 0512
de 27 de mayo de 1994.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de abril de 2011, 47001-23-31-000-2010-00143-01
(40203), CP Ruth Stella Correa. Folios 88 a 93, cuaderno 1.
12 Folios 847 a 862, cuaderno principal.
13 Folios 855 a 859, cuaderno principal.
6
Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
8.3. Sin embargo, no había lugar a declarar la responsabilidad, porque, en lo que
atañe al daño, el acto administrativo en cuestión no impuso restricción alguna al
ejercicio legítimo del derecho de dominio sobre los inmuebles ni suspendió su
aprovechamiento económico. Del análisis de la propia demanda y de los
testimonios recaudados se infería que la imposibilidad de usar y explotar
normalmente los inmuebles, así como su posterior ocupación por terceros,
obedeció a la incursión de grupos guerrilleros y paramilitares en la zona14.
E. Recurso de apelación
9. La parte demandante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia
y que se accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes reparos15:
9.1. El Tribunal no valoró las pruebas en conjunto y, por esa vía, desconoció el
principio de unidad de la prueba. A juicio de la parte demandante, una valoración
integral del material probatorio permitía tener por acreditado el daño alegado y
su imputación a las entidades demandadas.
9.1.1. En particular, adujo que el acta de inspección ocular y lanzamiento
practicada el 13 de enero de 1995 por la Inspección de Policía de Pivijay dejó
constancia de la imposibilidad de ordenar el desalojo de los ocupantes, debido a
la existencia de un procedimiento administrativo de extinción de dominio en curso
sobre los predios. A su juicio, ello demostraba que la sola apertura del trámite y
la inscripción de la Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994 produjeron efectos
jurídicos concretos.
9.1.2. Sostuvo que el Tribunal omitió valorar en debida forma otras pruebas
documentales que demostraban que, aunque era un hecho notorio la presencia
de grupos armados al margen de la ley en la región en la que se ubicaban los
predios, los demandantes continuaban desarrollando actividades de explotación
económica antes de la expedición de la Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994.
En particular, aludió a diversos contratos de aparcería y a certificaciones
comerciales, con fundamento en los cuales afirmó que la limitación efectiva del
dominio solo se produjo a partir del inicio del procedimiento administrativo.
9.1.3. También cuestionó la valoración de los testimonios rendidos por Roberto
Campo Severini y Pedro Luis Morrón Morales, porque, en su criterio, el Tribunal
extrajo apartes aislados de sus declaraciones y no los confrontó con el resto del
material probatorio. Sostuvo que una adecuada e integral lectura de esas
declaraciones permitiría concluir que la ocupación de los predios se consolidó y
encontró respaldo en el procedimiento de extinción de dominio realizado por el
Incora.
14 Folios 859 a 861, cuaderno principal.
15 Folios 886 a 900, cuaderno principal.
7
Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
9.2. Añadió que la propia sentencia apelada incurrió en una contradicción, pues,
al estudiar la caducidad, admitió que los demandantes solo tuvieron conocimiento
del daño con el enteramiento del acto que dejó sin efectos la resolución inicial, lo
que, a su juicio, evidenciaba que el procedimiento sí afectó el dominio y la libre
disposición de los predios. Sin embargo, esa consideración no se reflejó de
manera coherente en la decisión de denegar las pretensiones.
F. Trámite relevante en segunda instancia
10. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 21 de abril de 202216.
El 28 de abril de 2022, la parte demandante solicitó decretar como prueba en
segunda instancia un dictamen pericial para determinar “las condiciones de los
predios (sic) y (…) la cuantificación de la explotación económica, de sus frutos
civiles y naturales y las indemnizaciones a las que haya lugar”17. Sin embargo, la
solicitud fue denegada, porque en primera instancia ya se había practicado una
prueba de esa naturaleza, de modo que no se configuraba el supuesto previsto
en el numeral 1 del artículo 214 del CCA18.
11. Mediante auto del 22 de enero de 2024, se dispuso correr traslado a las
partes para alegar de conclusión y se ordenó notificar al Ministerio Público para
que interviniera, si lo consideraba pertinente19. Dentro de la oportunidad
pertinente, las partes se pronunciaron en los siguientes términos:
11.1.Los demandantes insistieron en que el Tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria. También sostvuieron que la resolución que puso fin a ese
trámite reconoció que la inexplotación del predio obedeció a circunstancias de
fuerza mayor derivadas de la violencia en la zona, por lo que, en su criterio, el
Estado no debió mantener durante años el procedimiento administrativo20.
11.2. La Agencia Nacional de Tierras reiteró que la Resolución 0512 de 27 de
mayo de 1994 solo dio inicio al procedimiento de extinción de dominio sobre el
predio La Gloria y que su contenido no impuso restricción alguna al derecho de
dominio ni a las facultades derivadas de la propiedad. También insistió en que,
en la visita practicada antes del inicio del procedimiento de extinción de dominio,
ya se había constatado la presencia de 63 campesinos ocupantes en el predio,
de modo que las presuntas ocupaciones irregulares eran anteriores a la
expedición de esa resolución y no podían atribuirse al inicio de la actuación
administrativa. Finalmente, negó cualquier relación causal entre ese trámite y el
proceso reivindicatorio promovido por los demandantes, al considerar que la
16Índice 00003 de Samai.
17 Índice 00010 de Samai.
18 Índice 00013 de Samai.
19 Índice 00018 de Samai.
20 Índice 00024 de Samai.
8
Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
recuperación de la posesión frente a terceros debía surtirse con independencia
del procedimiento agrario21.
11.3.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no presentó alegatos de
conclusión y el Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
G. Sentido de la decisión
12. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará
la caducidad de la acción, por cuanto la demanda fue presentada por fuera del
término previsto en la ley.
H. Aspectos preliminares
13. El Incora fue creado por la Ley 135 de 1961 para ejecutar la política de
reforma agraria y ejercer funciones sobre administración de tierras rurales,
clarificación de la propiedad y extinción del dominio22. Luego fue suprimido y
liquidado por el Decreto 1292 de 200323, y sus funciones fueron asumidas por el
Incoder, creado por el Decreto 1300 de 200324. Posteriormente, el Incoder fue
suprimido y liquidado por el Decreto 2365 de 201525, y varias de sus
competencias agrarias, entre ellas las relativas a administración de tierras,
formalización de la propiedad rural y procedimientos agrarios, fueron asignadas
a la Agencia Nacional de Tierras, creada por el Decreto 2363 de 201526.
14. En consecuencia, para efectos de esta providencia, las referencias
efectuadas a lo largo del proceso al Incora y al Incoder, así como las actuaciones
e intervenciones surtidas por esas entidades en el ámbito de sus competencias,
se entenderán comprendidas dentro de la sucesión institucional que hoy
representa la Agencia Nacional de Tierras.
21 Índice 00030 de Samai.
22 “Artículo 3. Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria: (…) ejercitar las acciones y
tomar las medidas que correspondan conforme a las leyes en los casos de indebida apropiación de tierras
baldías o incumplimiento de las condiciones bajo de las cuales fueron adjudicadas, lo mismo que adelantar
las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado; de que trata el
artículo 6 de la Ley 200 de 1936”.
23 “Artículo 1. Suprímese el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, establecimiento público del
orden nacional, creado por la Ley 135 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. (…)”.
24 “Artículo 24. Todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, Incora, al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, al Fondo de
Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI y al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, deben
entenderse referidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder”.
25 “Artículo 1: Suprímese el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, creado mediante el Decreto
1300 de 2003, y reorganizado por los Decretos 3759 de 2009 y 2623 de 2012, como establecimiento público
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa y financiera. (…)”.
26 “Artículo 38. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias normativas
hechas al INCORA o al INCODER en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural
deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras -ANT-”.
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Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
I. Caducidad de la acción de reparación directa
15. La Sala recuerda que, para garantizar la efectividad del derecho de acción,
el legislador previó distintos medios de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuya procedencia no queda al arbitrio de la parte
demandante, sino que depende de los fines, móviles y motivos que sustentan la
demanda. En lo que respecta a la reparación de perjuicios, tanto la reparación
directa como la nulidad y restablecimiento del derecho permiten reclamar la
indemnización de los daños causados, pero cada una responde a supuestos
distintos según la fuente del daño alegado27.
16. En efecto, cuando el perjuicio cuya reparación se pretende tiene origen en un
“hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de un inmueble”, la acción procedente es, por regla general, la de
reparación directa, de acuerdo con lo reglado en el artículo 86 del CCA, vigente
para la época de ocurrencia de los hechos. Por su parte, cuando el daño proviene
directamente de un acto administrativo y para predicar su antijuridicidad es
necesario desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara, la vía idónea es
la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues solo la declaratoria de nulidad
del acto permite estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado.
17. No obstante, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha identificado
supuestos excepcionales en los cuales, aun cuando el daño guarde relación con
una actuación administrativa formalizada en un acto, el medio de control
procedente es el de reparación directa. En ese sentido, se ha señalado lo
siguiente:
(…) son cuatro las excepciones que hasta este momento se han identificado en
la jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de reparación directa es el
cauce procesal idóneo cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución de actos
administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en los que no se
controvierta su legalidad y se atente contra el principio de igualdad frente a las
cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios causados por la expedición y
ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto
de revocatoria directa por la propia administración, sin incidencia de la conducta
del sujeto pasivo del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de
la configuración de un daño derivado de una manifestación de la administración
contra la cual no procede la acción de legalidad pertinente, como ocurre con los
actos preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la
anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado
al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido causada por la
inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las
normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa28.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de julio de 2007, expediente 05001-23-31-000-2006-
01508-01 (33628), CP Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-
31-000-1999-00959-01 (26437), CP Mauricio Fajardo Gómez.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-31-000-1999-
00959-01(26437), CP Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado, entre otras, en sentencia del 24 de abril
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Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
18. En el asunto sub examine, la acción de reparación directa resulta procedente,
porque la parte demandante no cuestionó la legalidad de la Resolución 0512 de
27 de mayo de 1994 ni solicitó su nulidad. Tampoco formuló cargos de invalidez
contra ese acto administrativo. Por el contrario, sostuvo que el daño se derivó de
los efectos que produjo el trámite de extinción de dominio sobre el uso, goce,
disposición, explotación y recuperación material de los predios, y que ese
perjuicio solo se consolidó cuando, mediante la decisión final, se dejó sin efectos
la actuación al establecer que no había lugar a extinguir el dominio.
19. En particular, el reproche se dirigió a que el inicio y desarrollo de ese
procedimiento habría impedido a los demandantes ejercer plenamente las
facultades inherentes al dominio, dificultado la explotación económica de los
inmuebles, facilitado su ocupación por terceros y obstaculizado su recuperación
material, al punto de que, según se afirmó, la existencia misma del trámite
administrativo fue invocada para impedir el desalojo de los ocupantes dentro del
correspondiente proceso de lanzamiento. Así, en los hechos de la demanda se
lee:
QUINTO.- No así, y pese a nuestra insistencia de la no viabilidad de la anunciada
extinción, evidenciada en el cumulo (sic) de actuaciones adelantadas dentro del
trámite administrativo de extinción de dominio, la actividad del Estado se postulo
ferviente, aun cuando parsimoniosa, por un espacio de más de doce (12) años,
tiempo en el cual, los aquí solicitantes vieron menguados y suspendidos sus
derechos reales de dominio que sobre los predios detentaban previo al actuar
lesivo y antijurídico del estado, más que, tal disposición fue propicia para que,
personas que merodeaban la zona, con un anhelo ulterior de ser adjudicatarios y
con auspicio o no de los mencionados grupos al margen de la ley, ora bien, con
auspicio del mismo Estado y las demás entidades pasivamente involucradas,
hicieran frente a la repelencia de los verdaderos, únicos y legales propietarios de
los bienes, quienes solo tuvieron la opción de aguardar hasta la resolución del
caso concreto, desatada el día 16 de octubre de 2008, mediante acto
administrativo No. 2760 manado del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER), en favor a los intereses nuestros, pero portadora en sus
antecedentes de unos incalculables perjuicios que abordan el resorte de lo
económico, lo moral y lo social, y que en ultimas (sic), deben ser asumidos por el
mismo Estado, por conducto de la NACION, el MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL
DESARROLLO RURAL (INCODER) a título de indemnización por el daño
antijurídico perpetrado, más cuando, tal lesividad, daño o perjuicio, aún
permanecen incólumes, en virtud a que, siquiera, la propia administración en
cabeza de las entidades aquí encartadas, no fue prudente y celosa en la
restitución material de tales derechos de dominio, y de los bienes en sí, a los
signatarios, obligándolos a aventurarse en el tortuoso tramite (sic) de un proceso
reivindicatorio por vía judicial ordinaria, del cual, a la fecha, no se sabe cuál será
su veredicto.
SEXTO.- El inadecuado, desacertado, inconducente, fútil, impertinente, fatuo,
inconsulto y desproporcionado procedimiento administrativo de extinción de
dominio adelantado por la NACION, el MINISTERIO DE AGRICULTURA
de 2013, expediente 07001-23-31-000-2002-00380-01(26526), CP Enrique Gil Botero, sentencia del 24 de
enero de 2019, expediente 25000-23-26-000-2008-10182-01 (46806), CP Ramiro Pazos Guerrero.
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Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
YDESARROLLO RURAL y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LE
DESARROLLO RURAL (INCODER), sobre los predios LA GLORIA, EL ALIVIO
Y PARAVER, de propiedad de los aquí demandantes constitúya (sic) en una
operación administrativa gestora de un daño antijurídico y una vía de hecho
(…)29.
20. En esos términos, la demanda planteó la existencia de un perjuicio
antijurídico derivado de la actuación administrativa y de la carga que, en criterio
de la parte demandante, debió soportarse como consecuencia de un
procedimiento que, finalmente, concluyó sin la extinción del derecho de
dominio30.
21.En línea con esta argumentación, y de conformidad con el artículo 136.8 del
CCA, el término de caducidad para promover la acción de reparación directa es
de dos años contados “a partir del acaecimiento del hecho, la omisión o la
operación administrativa”31.
22. En este caso, ese término debía contabilizarse desde la culminación de la
actuación administrativa y, en particular, desde el conocimiento del acto por
medio del cual se resolvió no extinguir el derecho de dominio, y no desde la
expedición de la Resolución 0512 de 27 de mayo de 1994, como lo sostuvo el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, porque la parte demandante no ubicó
el daño en la sola existencia de ese acto, sino en los efectos que atribuyó al inicio
del trámite de extinción de dominio y a su desarrollo posterior.
23. Incluso, en la propia demanda se adujo que la culminación del procedimiento
y la verificación de la existencia de una causal de fuerza mayor que impedía
extinguir el derecho de dominio ponían de presente que el trámite carecía de
justificación material, porque la administración no podía atribuir a los propietarios
la falta de explotación del predio. Así, el planteamiento de la parte demandante
situó la consolidación del perjuicio en los efectos producidos durante el trámite y
en la decisión final que le puso término, sin que se hubiera restablecido
materialmente la situación de los inmuebles32.
24. Pese a ello, el Tribunal estimó que no existía certeza fáctica suficiente para
fijar una fecha única para el cómputo de la caducidad, porque encontró que la
Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007 solo aparecía notificada a algunos de
los demandantes y, además, porque consideró que ese acto se refería
únicamente al predio “La Gloria”. Con fundamento en ello, se abstuvo de efectuar
29 Folios 4 a 5, cuaderno 1.
30 En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en el auto que revocó la decisión por medio de la
cual se había rechazado la demanda por caducidad, fundada en que el Tribunal consideró procedente la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de abril
de 2011, expediente 47001-23-31-000-2010-00143-01 (40203), CP Ruth Stella Correa Palacio.
31 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa”.
32 Folios 4 a 5, cuaderno 1.
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un análisis de fondo sobre la caducidad de la acción. Sin embargo, en esta
instancia resultaba necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo, por
cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal y, por ende,
debe examinarse de oficio33.
25. Al respecto, la Sala advierte que, en el hecho octavo de la demanda, la propia
parte demandante admitió expresamente que “la última notificación que se surtió
dentro de la actuación administrativa arriba reseñada, se sucedió el día 6 de
febrero de 2008 (…)”34. En ese sentido, existe prueba que permite tener por
acreditado que, en relación con los demandantes, en esa fecha quedó
debidamente notificado el acto que puso fin a la actuación administrativa 35.
26. Tampoco resulta acertado sostener que no era posible establecer ese
término por el hecho de que la Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007 hubiera
resuelto de manera expresa la situación del predio “La Gloria”, mientras que en
la demanda también se alude a “El Alivio” y “Paraver”. Ello se explica porque,
según el propio planteamiento de la parte demandante, el daño cuya reparación
se persigue no surgió de decisiones autónomas respecto de cada inmueble, sino
del trámite de extinción de dominio iniciado con la Resolución 0512 de 27 de
mayo de 1994 y de los efectos que ese procedimiento había proyectado sobre el
conjunto de predios de su propiedad36.
27. Por ello, la notificación de la Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007
surtida el 6 de febrero de 2008 debe tomarse, en principio, como la fecha de
conocimiento del acto y, por ende, como punto de partida para el cómputo de la
caducidad.
28.No obstante, la Sala advierte que la propia resolución incorporó previsiones
específicas en torno a su firmeza y a la producción de sus efectos, por lo que se
impone examinar previamente su alcance, a fin de establecer si inciden en la
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 23001-23-31-000-
1998-09155-01(21093), CP Hernán Andrade Rincón: “(...) respecto a la oportunidad para pronunciarse
respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto
procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por
manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de
rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante
el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma,
formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la
sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”.
34 Folio 7, cuaderno 1.
35 El Decreto Ley 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil, era aplicable al momento de presentar la
demanda. Su artículo 194 señala “Confesión Judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en
ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o
espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las
formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en
cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio” (negrillas fuera del texto).
36 Al respecto, en la pretensión primera de la demanda se lee: “Declarar que LA NACION – MINISTERIO DE
AGRICULTURA DESARROLLO RURAL, INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO RURAL
(INCODER), son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados (…) en
el decurso del procedimiento administrativo procurativo (sic) de la extinción de los derechos reales
de dominio sobre los predios LA GLORIA, EL ALIVIO y PARAVER” (negrillas fuera del texto).
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Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
determinación de la fecha a partir de la cual debe comenzar a correr el término
correspondiente.
29. En específico, en los artículos segundo y tercero de la resolución se dispuso
lo siguiente:
Artículo segundo: Notificar esta resolución en forma personal al Agente del
Ministerio Público Agrario, a los actuales propietarios del predio YENIS YANETH,
JAVIER AUGUSTO Y CAMILO AUGUSTO SÁNCHEZ FLÓREZ; DANIEL
AUGUSTO, ANDRÉS CORSINO, EFRAÍM, RITA ISABEL, FANNY ESTHER,
STELLA, ROSA, TERESA ELENA, CARLOS ARTURO, MARÍA ANTONIA Y
NANCY SÁNCHEZ BERMÚDEZ o a sus apoderados, o a sus herederos, en la
forma establecida en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma solamente procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación o desfijación del edicto, según el caso; y la Acción de
Revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en
única instancia, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 128 del
Código Contencioso Administrativo y dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de la ejecutoria”.
Artículo tercero: Los efectos de esta resolución permanecerán en suspenso
durante los 15 días siguientes a su ejecutoria, término dentro del cual los
interesados podrán solicitar su revisión ante el Consejo de Estado, conforme a lo
previsto en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley 160 de 1994”.
30. Al revisar el contenido del numeral 3 del artículo 53 de la Ley 160 de 1994,
la Sala advierte que ese régimen especial solo opera respecto de las resoluciones
que declaran la extinción del derecho de dominio37. Sin embargo, en este caso,
la Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007 no declaró la extinción del derecho
de dominio, sino que concluyó que no había lugar a extinguirlo. Por ello, ni la
firmeza del acto ni la producción de sus efectos podían regirse por ese régimen
especial. En consecuencia, su ejecutoria debía establecerse con arreglo a la
regla general del CCA.
31. En todo caso, aun si se tuviera en cuenta la previsión contenida en el artículo
tercero de la Resolución 2760 de 16 de octubre de 2007, relativa a la suspensión
de sus efectos durante los 15 días siguientes a su ejecutoria, lo cierto es que esa
disposición incidía únicamente en la producción de efectos de la decisión, pero
no alteraba su firmeza ni prorrogaba el cierre del procedimiento administrativo.
En consecuencia, el cómputo de la caducidad tampoco podía desplazarse por
ese término adicional.
37 “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio, además
de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: (…) 3. Contra la resolución
que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden
el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el
numeral 8o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Durante los quince (15) días siguientes
a su ejecutoria permanecerá en suspenso la ejecución de la resolución que dicte el Instituto, con el objeto
de que los interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia.”
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Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
32. De conformidad con los artículos 50, 51 y 62 del CCA, contra los actos que
ponen fin a las actuaciones administrativas procede, por regla general, el recurso
de reposición, el cual debe interponerse en la diligencia de notificación personal
o dentro de los cinco días siguientes a ella. En consecuencia, el acto queda en
firme cuando no se interponen los recursos procedentes o cuando, habiéndose
interpuesto, estos son resueltos.
33. Ahora bien, toda vez que la notificación de la Resolución 2760 de 16 de
octubre de 2007 se entiende surtida el 6 de febrero de 2008, el término para
interponer el recurso de reposición venció el 13 de febrero de 2008. Por ello, el
acto quedó en firme el 14 de febrero de 2008. A partir del día siguiente, esto es,
del 15 de febrero de 2008, comenzó a correr el término de dos años previsto en
el numeral 8 del artículo 136 del CCA, el cual venció el 15 de febrero de 2010.
34. Como la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 25 de febrero
de 201038, esto es, con posterioridad al vencimiento de ese término, no podía
suspender la caducidad. En consecuencia, la demanda presentada el 25 de mayo
de 2010 fue extemporánea.
35. En conclusión, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se declarará la caducidad de la acción de reparación directa.
J. Costas
36. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar, DECLÁRESE la caducidad
de la acción de reparación directa.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
38 Folios 14 a 15, cuaderno 1.
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Radicado: 47001-23-31-000-2010-00143-02 (68111)
Demandante: Javier Augusto Sánchez Flórez y otros
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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