Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2010-00147-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2010-00147-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2010-00147-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: LUZ NOREIDIS GARCÍA DE ÁVILA Y OTROS
Demandados: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE
Y OTROS
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA (CCA)
Temas: DAÑO A LA SALUD – Conforme a la jurisprudencia de unificación de la Sección
Tercera, las afectaciones psicofísicas se indemnizan a título de daño a la salud, no bajo
categorías como el daño a la vida de relación o la alteración grave de las condiciones de
existencia – Los demandantes no probaron una lesión psíquica, por lo que no procedía una
indemnización por daño a la salud / DAÑO PUNITIVO – Es una categoría excluida de la
responsabilidad del Estado, por lo que no se debía imponer una condena para disuadir al hospital
demandado de reincidir en una falla del servicio como la causante del daño.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia del 6 de noviembre de 2024, en la que el Tribunal Administrativo del Magdalena
accedió parcialmente a sus pretensiones1.
1
Textualmente, el tribunal decidió lo siguiente:
Primero: Declarar probada la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Declarar no probada la excepción de prescripción formulada por la empresa de seguros Cóndor
S.A., como llamada en garantía, de acuerdo con lo expuesto.
Tercero: Declarar administrativamente responsable a la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis
de Santa Marta por los daños causados a la parte demandante respecto de los hechos sucedidos el día 18
de agosto de 2018 que ocasionó la muerte del menor (…) atendiendo las razones expuestas. En
consecuencia,
Cuarto: Condenar a la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa Marta a pagar a los
demandantes los siguientes valores:
• Por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de morales:
DEMANDANTE MORALES
LUZ NOREIDIS GARCÍA DE
ÁVILA 100 SMLMV
(madre)
NORA DE ÁVILA
50 SMLMV
(abuela)
ANTONIO GARCÍA BERMÚDEZ
50 SMLMV
(abuelo)
Quinto: Condenar a la compañía de seguros Cóndor S.A., a reembolsar a la E.S.E. Hospital Universitario
Fernando Troconis de Santa Marta las sumas a las que fue condenada a entidad hospitalaria en esta
sentencia en los términos de la póliza No. 300001919 que se encontraba vigente para la época de los
hechos.
Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia.
1
Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia de primera instancia.
2. Bajo las categorías de daño a la vida de relación o alteración grave de las condiciones
de existencia y de estrés postraumático de la madre de Martín2, la parte actora reclamó
el resarcimiento de una afectación psíquica que no probó. Por tanto, el tribunal no podía
conceder su indemnización, específicamente a título de daño a la salud, que era el
aplicable conforme a las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011.
3. Al reclamar una condena que disuada al Hospital de reincidir en una falla como la
causante de la muerte de Martín, los apelantes formularon una pretensión de daño
punitivo, con lo que variaron la causa petendi. Por esto y porque tal categoría de daño
está excluida del régimen de responsabilidad estatal colombiano, se desestima dicho
reclamo.
ANTECEDENTES
Demanda
4. El 27 de mayo de 20103, Luz Noreidis García de Ávila y otros4 instauraron demanda
de reparación directa contra la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche5, el
departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y la Nación, Ministerio de Salud
y Protección Social6, para que fueran declarados responsables del fallecimiento del niño
Martín.
5. En consecuencia, solicitaron condenar a las entidades demandadas a indemnizar lo
siguiente: el lucro cesante y el estrés postraumático7 ocasionados a la señora García de
Ávila, madre de Martín, así como los perjuicios morales y de vida de relación o alteración
grave de las condiciones de existencia causados a todos8.
2 Para preservar el derecho a la intimidad de la víctima directa, quien tenía dos años al momento de su fallecimiento,
la Sala modifica su nombre.
3 Índice 2 del expediente, archivo «3ED_01Cuaderno1», páginas 2 a 65. En adelante, dicho archivo se identificará
como cuaderno 1 digitalizado.
4 Abel Antonio García Bermúdez y Nora Isabel de Ávila Rodríguez.
5 Antes Hospital Universitario Fernando Troconis, cuya denominación fue modificada por la Asamblea Departamental
del Magdalena mediante la Ordenanza 84 de 2018 (https://www.gobernaciondelmagdalena.gov.co/). En adelante, el
Hospital.
6 En adelante, el Ministerio.
7 Los demandantes denominaron ese perjuicio como «pérdida de capacidad laboral» y lo estimaron en $95.271.913,42.
8 Textualmente, las pretensiones fueron las siguientes:
1. DECLÁRESE: Que A LA NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL),
representado por el Ministro o quien haga sus veces, EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (DIRECCIÓN
SECCIONAL DE SALUD DEL MAGDALENA), representado por el Gobernador o quien haga sus veces, el
MUNICIPIO DE SANTA MARTA -DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD, representado por el Alcalde o quien haga
sus veces, La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO
TROCONIS DE SANTA MARTA, son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños
y perjuicios ocasionados a los demandantes LUZ NOREIDIS GARCÍA DE AVILA (madre), NORA DE AVILA
(abuela), ABEL ANTONIO GARCÍA BERMUDEZ (abuelo), como consecuencia directa de la negligente,
incuriosa e imperita atención médica y hospitalaria que se le dispensó al menor [MARTÍN], en los centros
asistenciales referidos y que le causaron la muerte.
2. Como consecuencia de la precedente declaración, CONDÉNESE a A LA NACIÓN COLOMBIANA
(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), representado por el Ministro o quien haga sus veces, EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DEL MAGDALENA),
representado por el Gobernador o quien haga sus veces, el MUNICIPIO DE SANTA MARTA - DIRECCIÓN
LOCAL DE SALUD, representado por el Alcalde o quien haga sus veces, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS DE SANTA MARTA, a indemnizar a los
demandantes estos perjuicios:
2
Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
Hechos y fundamentos
6. En la demanda, en síntesis, se expuso:
7. El 10 de agosto de 2008, Martín, de dos años, ingresó al Hospital por remisión del
centro de salud de Plato (Magdalena). Allí se estableció el diagnóstico diferencial entre
2.1. Morales
2.1.1. Sufridos por: LUZ NOREIDIS GARCÍA DE AVILA, NORA DE AVILA, ABEL ANTONIO GARCÍA
BERMUDEZ. 2.1.2. Causados por el dolor, la angustia, la congoja y la pena que sufren como consecuencia de la muerte del
menor [MARTÍN], producto de la negligente, incuriosa e imperita atención médica que se le brindó en los
referidos centros hospitalarios. 2.1.3. Estimados en SEISCIENTOS (600) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, para cada uno de
los demandantes, que hoy tienen un valor de $309.000.000, O LO MAS, QUE SE PRUEBE DENTRO DEL
PROCESO, reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la
fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que apruebe la conciliación y se actualizará según la variación
del índice de precios al consumidor suministrado por el DANE, entre la fecha de expedición del decreto que fije
el salario mínimo y la época de ejecutoria del fallo o del auto aprobatorio de la conciliación, acorde con el fallo
del Consejo de Estado de septiembre 6 del 2001 (o lo que esté reconociendo la Jurisprudencia al momento del
fallo por concepto de perjuicios morales y su actualización). 2.2. Daño extra-patrimonial o perjuicio a la vida de relación y/o alteración a las condiciones de existencia
2.2.1. Sufridos por: LUZ NOREIDIS GARCÍA DE AVILA, NORA DE AVILA, ABEL ANTONIO GARCÍA
BERMUDEZ. 2.2.2. Causados por la alteración que en su entorno social y familiar produjo y continuará produciendo la
negligente e incuriosa atención médica y hospitalaria que se le brindó al menor [MARTÍN] en los centros
asistenciales ya citados, y que le produjo su muerte, que afectó notoriamente su entorno social y familiar. 2.2.3. Estimados en QUINIENTOS CINCUENTA (550) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para
cada uno, que al precio actual equivalen a $283.250.000, O LO MAS QUE SE PRUEBE EN EL PROCESO,
reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de
ejecutoria de la sentencia o del auto que apruebe la conciliación y se actualizará según la variación del índice
de precios al consumidor suministrado por el DANE, entre la fecha de expedición del decreto que fije el salario
mínimo y la época de ejecutoria del fallo o del auto aprobatorio de la conciliación, acorde con el fallo del Consejo
de Estado de septiembre 6 del 2001 (o lo que esté reconociendo la Jurisprudencia en el momento del fallo por
concepto de perjuicios extrapatrimoniales y su actualización). 2.3. Lucro cesante futuro a favor de LUZ NOREIDIS GARCÍA DE ÁVILA (madre)
2.3.2. Consistente en la ayuda económica que se presumía le suministraría su hijo una vez alcanzara la mayoría
de edad y hasta la supervivencia de su madre. 2.3.3. Lucro cesante futuro estimado en OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS ($84.411.710,93) para la madre, sumas que deberán fijarse de manera definitiva
al momento de proferirse el fallo, de acuerdo a la actualización del salario mínimo legal mensual para esa fecha
con la fórmula de indexación avalada por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y liquidada de acuerdo al
cálculo actuarial establecido teniendo como parámetros la fecha en que la menor cumpliera los 18 años hasta
la supervivencia de los padres. 2.4. Pérdida de capacidad laboral de carácter permanente, que en la actualidad padece la señora LUZ
NOREIDIS GARCÍA DE AVILA, como consecuencia directa de la muerte de su hijo [MARTÍN]
2.4.1. Causados por el estrés postraumático que los aqueja, en virtud de la muerte de su hija, lo que les ha
imposibilitado reemprender sus labores habituales de la misma forma en que lo hacían y, por consiguiente,
llevar una vida normal por falta de concentración, desgano, depresión constante, pensamientos negativos, en
fin, del intenso trauma emocional que padecen y padecerán por el resto de sus días. 2.4.2.
Estimados en la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS ($95.271.913,42) para la madre, cantidades que deberán fijarse de manera
definitiva al momento de proferirse el fallo de acuerdo a la actualización del salario mínimo legal mensual para
esa fecha con la fórmula de indexación avalada por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y liquidada de
acuerdo al cálculo actuarial establecido por dicha jurisprudencia, teniendo como parámetros desde la fecha de
la muerte del menor [MARTÍN], y la vida probable de su madre, acorde con el fallo del Consejo de Estado de
septiembre 6 del 2001. 3. ORDÉNESE A LA NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), representado por
el Ministro o quien haga sus veces, EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (DIRECCIÓN SECCIONAL DE
SALUD DEL MAGDALENA), representado por el Gobernador o quien haga sus veces, el MUNICIPIO DE
SANTA MARTA - DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD, representado por el Alcalde o quien haga sus veces, la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS DE SANTA
MARTA, a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo, e imputar primero a intereses todo pago que haga en virtud de este fallo.
(Subrayado con negrilla añadido)
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
síndrome nefrítico y síndrome nefrótico9, se efectuó una valoración por nefrología y se
inició tratamiento con medicamentos, incluida albúmina.
8. El 15 de agosto del mismo año, el paciente sufrió una descompensación y, el 18 de
ese mes, a las 12:00 a.m., presentó dificultad respiratoria. Esta derivó en un paro y en la
muerte, declarada a la 1:20 a.m.
9. Se configuró una falla en el servicio médico, porque, además de que la albúmina fue
administrada tardíamente y en una dosis incorrecta, no hubo atención pediátrica.
10. Los perjuicios alegados se debían indemnizar por lo siguiente:
11. Se causó un lucro cesante a la madre del niño, en tanto se presumía que este iba a
auxiliarla económicamente cuando alcanzara la mayoría de edad.
12. Aquella sufrió un estrés postraumático por la muerte de Martín, que le impidió retomar
sus labores con normalidad.
13. Todos los demandantes sufrieron un perjuicio moral por la muerte de Martín. Esta les
generó dolor, angustia y congoja. Igualmente, padecieron un daño a la vida de relación
o alteración grave de las condiciones de existencia, porque se modificó su proyecto de
vida y su entorno social y familiar.
Contestaciones a la demanda
14. El Hospital10 se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que no se configuró
una falla en el servicio médico, porque el paciente recibió un tratamiento especializado,
adecuado y oportuno por parte de profesionales idóneos: pediatras. Además, su muerte
se produjo por la demora en su remisión, por la gravedad de su estado de salud y por
condiciones congénitas, de modo que se configuró un caso fortuito.
15. De otra parte, llamó en garantía a la Asociación Médica Sindical Colombiana
Asmedas11, en tanto celebró con ella un contrato de prestación de servicios de salud,
vigente al momento de los hechos. También llamó a Cóndor S.A. Compañía de Seguros
Generales12, porque expidió las pólizas de garantía de cumplimiento y de
responsabilidad de tal contrato.
16. El departamento del Magdalena13 alegó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, en vista de la personalidad jurídica y de la autonomía administrativa del Hospital.
17. El distrito de Santa Marta14 también alegó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, puesto que no intervino en la atención del niño y el Hospital tenía personalidad
jurídica y autonomía administrativa.
18. El Ministerio15 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no prestó
el servicio de salud. Agregó que las otras entidades demandadas eran autónomas.
9 Mientras el síndrome nefrótico provoca la excreción excesiva de proteínas en la orina, el nefrítico origina la expulsión
de sangre y de proteínas, aunque en menor medida. Información disponible en: www.carehospitals.com/es.
10 Cuaderno 1 digitalizado, páginas 251 a 261.
11 En adelante, Asmedas.
12 En adelante, Cóndor S.A.
13 Cuaderno 1 digitalizado, páginas 416 y 420 a 424, y 438 a 470.
14 Cuaderno 1 digitalizado, páginas 233 a 236.
15 Cuaderno 1 digitalizado, páginas 185 a 205.
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
Contestación al llamamiento en garantía
19. Cóndor S.A. se opuso al llamamiento formulado en su contra16, por esto:
20. Se configuró la prescripción ordinaria del contrato de seguro. De un lado, el término17
comenzó a correr el 18 de agosto de 2008, cuando el niño murió y, por ende, el Hospital
tuvo conocimiento del siniestro. De otro, el plazo no se interrumpió, pues la admisión del
llamamiento en garantía apenas se notificó el 19 de abril de 2013.
21. La póliza de cumplimiento del contrato suscrito con Asmedas no amparaba la
indemnización reclamada por los actores. Además, la póliza de responsabilidad no cubría
daños causados por profesionales no especializados, como la enfermera que administró
erróneamente la albúmina, quien ni siquiera era empleada de Asmedas.
22. Finalmente, en caso de condena, solicitó considerar el límite y el deducible pactado
en la póliza de responsabilidad, así como la exclusión de los perjuicios diferentes al daño
emergente.
23. Asmedas guardó silencio18.
Sentencia de primera instancia
24. Por sentencia del 6 de noviembre de 202419, el Tribunal Administrativo del Magdalena
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación,
Ministerio de Salud y Protección Social, porque no tuvo injerencia en el daño alegado.
También frente al departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta, ya que el
servicio se prestó en el Hospital, una entidad descentralizada con personería jurídica,
conforme al artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
25. Adicionalmente, declaró no probada la excepción de prescripción formulada por la
llamada en garantía, porque, de acuerdo con el artículo 90 del CPC, el término se
interrumpió con la presentación de la demanda, no con la notificación de su admisión.
26. De otra parte, declaró responsable al Hospital por la muerte del niño, en tanto se
probó que fue causada por una falla en el servicio médico, consistente en la falta de
valoración del paciente por nefrólogos pediatras, en el diagnóstico de una infección
urinaria inexistente, en el tratamiento tardío e insuficiente del síndrome nefrótico, en la
administración de una dosis de albúmina inferior a la ordenada y en la omisión de
suministrar nifedipina.
27. Por consiguiente, condenó al Hospital a indemnizar los perjuicios morales
ocasionados a los demandantes, así:
Demandante Condición frente al niño Valor en SMLMV
Luz Noreidis García de Ávila Madre 100
16 Índice 2 del expediente, archivo «4ED_02Cuaderno2», páginas 2 a 26 y 28 a 32. En adelante, ese archivo se
denominará cuaderno 2 digitalizado.
17 Dos años, según el artículo 1081 del Código de Comercio.
18 La notificación de la admisión del llamamiento en garantía se efectuó por aviso, el 16 de abril de 2013 (cuaderno 1
digitalizado, página 617).
19 Índice 2 del expediente, archivo «11ED_09SentenciaSegundaIn».
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
Abel Antonio García Bermúdez Abuelo 50
Nora Isabel de Ávila Rodríguez Abuela 50
28. La anterior decisión se sustentó en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014 y en que todos los demandantes probaron relaciones de parentesco de primer y
segundo grado con el niño. En particular, sus abuelos acreditaron que convivían con él
y que padecieron congoja por su muerte.
29. El tribunal negó la indemnización de los demás perjuicios así: la correspondiente a
los de vida de relación o alteración grave de las condiciones de existencia, en tanto se
pretendía el resarcimiento de la angustia, la tristeza y el dolor a título de daño moral; la
del lucro cesante, porque a falta de prueba no podía presumirse que un niño de tan corta
edad fuera el sustento futuro de su madre, quien tampoco acreditó una condición de
discapacidad; y la de la «pérdida de capacidad laboral» de la señora García de Ávila, por
falta de prueba y por su inasistencia a citas de valoración programadas por Medicina
Legal.
30. A su vez, condenó a Cóndor S.A. a reembolsar al Hospital el valor de la
indemnización, porque la póliza estaba vigente al momento del fallecimiento del niño.
31. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas.
Recurso de apelación
32. Los demandantes20 se remitieron a lo expuesto en la demanda y en el «escrito de
alegatos de conclusión»21, e indicaron:
(…) [C]on las declaraciones recepcionad[a]s en audiencia, se puede concluir que a
la familia García de Ávila sí [la] afectó de manera notoria la muerte prematura del
menor [Martín], por cuanto era su primer y único hijo y nieto situación que agravó el
dolor [causado] especialmente a la señora Luz Noreidis quien a la fecha de este
recurso no ha podido superar, situación que debe ser considerad[a] por el Despacho
para conceder perjuicios adicionales al reconocimiento del daño moral.
Se debe hacer un juicio de reproche al Despacho por no lograr con sus condenas,
hacer un llamado de atención para que los hechos en los cuales falleció el
menor [Martín] no se repitan porque de la información que reposa en el expediente
se evidencia que lo acontecido con este menor, obedeció a un acontecimiento que
pudo haberse evitado, si los profesionales de la salud encargados del cuidado de la
salud de este paciente, hubiesen seguido las recomendaciones médicas para la
salvaguarda y recuperación de las afectaciones que padecía en ese momento, y de
esta manera evitar su fallecimiento. (Énfasis de la Sala).
Trámite en segunda instancia
33. Por auto del 17 de septiembre de 202522, se admitió el recurso de apelación y, por
auto del 3 de octubre siguiente23, se corrió traslado del expediente a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir concepto, respectivamente.
20 Índice 2 del expediente, archivo «13ED_11RecursoApelacionDe».
21 En el expediente no obra ese escrito.
22 Índice 4 del expediente.
23 Índice 11 del expediente.
6
Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
34. Los demandantes24 alegaron que el tribunal se limitó a indemnizar los perjuicios
morales, aun cuando los medios de prueba, especialmente los testimonios, demostraron
la causación de los demás. Añadieron que esa corporación erró al equiparar el daño
moral al de vida de relación o alteración grave de las condiciones de existencia.
35. El departamento del Magdalena25 insistió en su falta de legitimación en la causa por
pasiva. El Ministerio26 solicitó que se confirmara la sentencia apelada y el Hospital27, que
se negaran las pretensiones de los actores.
36. El Ministerio Público guardó silencio28.
CONSIDERACIONES
Verificación de presupuestos procesales29
37. Como lo indicó el tribunal, el Ministerio, el departamento del Magdalena y el distrito
de Santa Marta carecen de legitimación en la causa por pasiva, pues, aunque fueron
mencionados en la demanda, no se expuso una sola razón para atribuirles el daño.
Además, el Hospital, que sí está legitimado por pasiva30, tiene personalidad jurídica31 y,
en consecuencia, puede obrar autónomamente como parte32.
38. Los presupuestos procesales de jurisdicción33, competencia34, oportunidad de la
demanda35, legitimación en la causa por activa36 y trámite de conciliación prejudicial37 se
24 Índice 17 del expediente.
25 Índice 15 del expediente.
26 Índice 16 del expediente.
27 Índice 18 del expediente.
28 El auto por el que se corrió traslado del expediente para emitir concepto se le notificó por estado del 8 de octubre
de 2025 (índice 13 del expediente).
29 En la sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, dictada en el proceso 46005, la Sección Tercera explicó que
el juez de segunda instancia tiene la potestad «de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que
sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de
su inconformidad con la providencia censurada (énfasis añadido)».
30 Además de que se formularon pretensiones en su contra, se le atribuyó la muerte del niño por la administración
errónea de un medicamento y por la falta de atención pediátrica.
31 Como lo indicó el tribunal, las empresas sociales del Estado, como el Hospital, fueron dotadas de personalidad
jurídica mediante el artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
32 Según el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, «toda persona natural o jurídica puede ser parte en un
proceso».
33 Según el artículo 82 del CCA, esta jurisdicción estaba instituida «para juzgar las controversias y litigios originados
en la actividad de las entidades públicas». En el presente caso, precisamente, se planteó un juicio de responsabilidad
por la actividad de una entidad pública: el Hospital.
34 De acuerdo con el numeral 6 del artículo 132 del CCA, los tribunales administrativos conocían en primera instancia
los asuntos de reparación directa cuya cuantía excediera los 500 SMLMV. Según el texto original del numeral 2 del
artículo 20 del CPC, aplicable en virtud del artículo 134-E del CCA, la cuantía se determinaba por el valor de la mayor
de las pretensiones acumuladas en la demanda. En este caso, tal pretensión fue la de indemnización de perjuicios
morales, correspondiente a 600 SMLMV, por lo que los tribunales administrativos eran competentes. Además,
conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, esta corporación es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por los actores.
35 El fallecimiento del niño ocurrió el 18 de agosto de 2008, según el registro civil respectivo (cuaderno 1 digitalizado,
página 87). Así, conforme al numeral 8 del artículo 136 del CCA, la demanda podía presentarse hasta el 19 de agosto
de 2010, so pena de que operara la caducidad. Los actores solicitaron la celebración de audiencia de conciliación
prejudicial el 23 de marzo de 2010 (cuaderno 1 digitalizado, página 169), cuando faltaban cuatro meses y veintisiete
días para la configuración del fenómeno procesal aludido. Entre esa última fecha y el 27 de mayo de 2010, día en que
se realizó la mencionada audiencia (cuaderno 1 digitalizado, páginas 167 y 168), se suspendió el término de ejercicio
de la acción, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. La demanda se instauró el mismo 27 de mayo (cuaderno
1 digitalizado, página 65), de modo que fue oportuna.
36 El registro civil de nacimiento del niño (cuaderno 1 digitalizado, página 79) evidencia que Luz Noreidis García de
Ávila era su madre. Ese documento y el registro civil de nacimiento de la señora García de Ávila (cuaderno 1
digitalizado, página 81) prueban que Abel Antonio García Bermúdez y Nora Isabel de Ávila Rodríguez eran abuelos
del menor. De ese modo, es claro que los demandantes están legitimados en la causa.
37 Ello se agotó como se explicó en el análisis de la oportunidad del ejercicio de la acción. Además, el objeto de la
solicitud de conciliación es congruente con las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
encuentran satisfechos. Por ello y porque no hay ninguna causal de nulidad que invalide
lo actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación.
Alcance de la apelación
39. En aplicación del principio pro actione38, y para adoptar una decisión de fondo que
garantice el derecho de acceso a la administración de justicia39, la Sala considera que,
aunque los argumentos expuestos en el recurso no se desarrollaron ampliamente,
permiten extraer que, en criterio de los apelantes, (i) se debían reconocer los perjuicios
diferentes a los morales, porque la muerte de Martín afectó gravemente a toda su familia,
y (ii) la condena impuesta por el tribunal fue insuficiente para disuadir al Hospital de
reincidir en una falla del servicio como la causante del fallecimiento del niño.
40. El primero de esos alegatos únicamente se relaciona con dos de los perjuicios
negados en primera instancia: primero, el antes denominado daño a la vida de relación
o alteración grave de las condiciones de existencia, pretendido por la modificación del
proyecto de vida y del entorno social y familiar de todos los demandantes; y segundo, el
estrés postraumático de la madre de Martín, reclamado por la imposibilidad de esta de
retomar sus labores con normalidad. En consecuencia, el análisis de la Sala se
relacionará con tales perjuicios, no con el lucro cesante.
41. No se abordarán los argumentos de la demanda a los que se remitieron los apelantes,
pues, en la medida en que constituyeron el objeto de la decisión impugnada, no pueden
considerarse reparos contra esta40. Además, como los recurrentes ni siquiera
presentaron alegatos de conclusión en primera instancia, es inviable efectuar cualquier
examen al respecto.
42. Finalmente, no se estudiarán los reparos formulados en los alegatos de conclusión
de segunda instancia, pues la oportunidad para plantearlos era la apelación.
Problemas jurídicos
43. La Sala resolverá si:
44. ¿El tribunal debía conceder la indemnización reclamada bajo las categorías de daño
a la vida de relación o alteración grave de las condiciones de existencia de todos los
demandantes y de estrés postraumático de Luz Noreidis García de Ávila?
45. ¿El tribunal debía imponer una condena suficiente para disuadir al Hospital de
reincidir en una falla como la causante de la muerte de Martín?
Tesis
46. Se confirmará la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:
38 En la sentencia de unificación 016 de 2026, la Corte Constitucional explicó que dicho principio «atenúa el rigor con
el que se examina el cumplimiento de los requisitos y cargas procesales en aras de privilegiar el acceso a la
administración de justicia» (énfasis añadido).
39 En la sentencia T-608 de 2019, la Corte Constitucional explicó que la efectividad del derecho de acceso a la
administración de justicia requiere de la resolución de fondo de las pretensiones.
40 Conforme al parágrafo 1 del artículo 352 del CPC, el apelante debe exponer las razones de inconformidad con la
providencia recurrida.
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
47. Los demandantes invocaron el daño a la vida de relación o alteración grave de las
condiciones de existencia y el estrés postraumático de la madre de Martín para obtener
el resarcimiento de una afectación psíquica. Esta no se probó, de modo que el tribunal
no debía conceder su indemnización, específicamente a título de daño a la salud, que
era el aplicable conforme a las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011.
48. Al reclamar una condena de tal valor que disuadiera al Hospital de reincidir en una
falla como la causante de la muerte de Martín, los apelantes formularon una pretensión
de daño punitivo, con lo que variaron la causa petendi. Por esto y porque tal categoría
de daño está excluida de la responsabilidad del Estado en Colombia, tal reclamo se
desestima.
49. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos: (i) reiteración de regla de
unificación sobre daño a la salud; (ii) exclusión de daño punitivo en lo contencioso-
administrativo; (iii) caso concreto y (iv) costas en segunda instancia.
Reiteración de regla de unificación sobre daño a la salud
50. En sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, dictadas en los procesos
con las radicaciones internas 38222 y 19031, la Sección Tercera de esta corporación
estableció, en síntesis, que las afectaciones psicofísicas se indemnizan a título de daño
a la salud, no bajo otras categorías, como el daño a la vida de relación o la alteración
grave de las condiciones de existencia.
Exclusión de daño punitivo del sistema de responsabilidad estatal colombiano
51. Según Allen41, citado y traducido al español por García Matamoros y Arévalo
Ramírez42, el daño punitivo consiste en una sanción civil, excepcional y accesoria, que
se impone a quien obró con dolo o culpa grave para impedir que conserve los beneficios
de su conducta ilícita, pese al pago de la indemnización, así como para castigar y
prevenir comportamientos de alta reprochabilidad social.
52. De acuerdo con García Matamoros y Arévalo Ramírez, el daño punitivo, de tradición
anglosajona, cumple dos funciones: compensatoria y preventiva. Esta última busca
«ejemplarizar a la sociedad y evitar la comisión de una nueva conducta que afecte el
bien jurídico tutelado por la norma».
53. Además, esos autores sostienen que, en países de tradición romano-germánica (civil
law), como Colombia, la reparación de perjuicios es de carácter compensatorio, por lo
que no contempla el daño punitivo.
41 Allen, M. P. (2004). The Supreme Court, Punitive Damages and State Sovereignty. George Mason Law Review,
13(1), 1–67. https://ssrn.com/abstract=758524
42 García Matamoros, L. V., y Arévalo Ramírez, W. (2019). Desarrollos recientes sobre daños punitivos en el derecho
continental, en el Common Law, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho internacional.
Revista de Derecho Privado, (37), 183–217. https://doi.org/10.18601/01234366.n37.08
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
54. En sentencias del 29 de junio de 201743 y del 9 de octubre de 202044, la Subsección
B de esta Sección explicó que el constituyente de 1991 concibió la responsabilidad del
Estado para resarcir daños, no para sancionar conductas. También expuso que,
conforme a la sentencia C-197 de 1993 de la Corte Constitucional, la responsabilidad
estatal no puede constituir una fuente de enriquecimiento, de modo que la reparación del
daño debe corresponder a su magnitud, no superarla.
55. Igualmente, en sentencia del 5 de julio de 201845, la Subsección C de esta Sección
señaló que, en el sistema jurídico colombiano, la responsabilidad patrimonial tiene
carácter puramente resarcitorio, no sancionatorio, por lo que la indemnización debe
responder estrictamente al daño causado, no enriquecer a la víctima.
56. Los anteriores pronunciamientos se acompasan con la concepción de reparación del
daño de Henao46, quien explicó que esta «debe dejar indemne a la persona, esto es,
como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que
existía antes de su suceso».
57. Ello, según el mismo autor, significa que «se debe indemnizar el daño, sólo el daño
y nada más que el daño», lo que se sustenta en que, «si el daño se indemniza por encima
del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la
"víctima", [pero] si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera
un empobrecimiento sin justa causa para la víctima».
58. De hecho, la concepción expuesta fue acogida por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación en sentencia del 21 de abril de 201647, en la que se explicó
que, en aplicación del principio de reparación integral, consagrado en el artículo 16 de la
Ley 446 de 1998, «se debe reparar (…) exclusivamente el daño y nada más que el daño»,
lo que excluye «la posibilidad de condenar adicionalmente al pago de daños punitivos».
59. En suma, en el sistema de responsabilidad estatal colombiano, se resarcen daños,
no se sancionan económicamente las conductas que los causan. En ese sentido, el valor
de la indemnización debe responder a la magnitud del perjuicio acreditado, no excederla,
de modo que reconocer sumas adicionales con fines disuasivos desbordaría el principio
de reparación integral previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y enriquecería sin
causa a las víctimas.
Caso concreto
A. Improcedencia de indemnización por daño a la vida de relación o alteración
grave de las condiciones de existencia y estrés postraumático
60. En primer lugar, la Sala advierte que los demandantes no reclamaron el daño a la
vida de relación o alteración grave de las condiciones de existencia a causa de la aflicción
43 Proceso con radicación interna 39826.
44 Proceso con radicación interna 52133.
45 Proceso con radicación interna 38315.
46 Henao, J. C. (2007). El daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho
colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia.
47 Proceso con radicación 19001-23-31-000-2010-00200-01.
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Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
por la muerte de Martín, como lo sugirió el tribunal, sino por la modificación de su
proyecto de vida y de su entorno social y familiar.
61. Tal razón, conjuntamente considerada con el alegato de la apelación sobre la grave
afectación que el fallecimiento del niño produjo en su familia, evidencia que los actores
persiguen la indemnización de una lesión psíquica, a título de daño a la vida de relación
o alteración grave de las condiciones de existencia.
62. Por lo anterior y porque el estrés postraumático alegado frente a Luz Noreidis García
de Ávila constituye una afectación psíquica, se entiende que los demandantes persiguen
el resarcimiento de un daño a la salud, conforme a lo establecido en las sentencias de
unificación del 14 de septiembre de 2011.
63. Dicho daño no se demostró por estas razones:
64. En la demanda, se solicitó la práctica de dos dictámenes periciales: uno para
determinar si el tratamiento de Martín fue adecuado y causó su fallecimiento48, y otro para
establecer los «traumas psíquicos» y los «desórdenes» psicopatológicos causados a los
actores por la muerte de aquel49.
65. Por auto del 5 de septiembre de 201450, se abrió el periodo probatorio y se ordenó
oficiar a la Sociedad Colombiana de Pediatría para que rindiera el dictamen sobre el
tratamiento de Martín y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses51
para que emitiera el relativo a los traumas y desórdenes causados por la muerte de aquel.
66. Mientras la Sociedad Colombiana de Pediatría informó al tribunal que no estaba
inscrita en la lista de auxiliares de la justicia y, por ende, no rendía dictámenes
periciales52; Medicina Legal, Seccional Bolívar, programó la valoración de los
demandantes por psiquiatría forense para los días 20, 21 y 22 de abril de 201553. Aquellos
no asistieron a las citas correspondientes, lo que se informó al tribunal el 4 de mayo
siguiente54.
67. Por auto del 31 de julio de 201555, se cerró el periodo probatorio. Esa decisión fue
recurrida por la parte demandante, únicamente porque no se había practicado el
dictamen sobre el tratamiento de Martín.
68. El 29 de febrero de 201656, la parte actora insistió en el requerimiento a Medicina
Legal, pero solo por la inasistencia de Luz Noreidis García de Ávila a la valoración
programada para el 20 de abril de 2015. El 17 de marzo de 201757, bajo el argumento de
que la Seccional Magdalena de Medicina Legal no tenía el servicio de psiquiatría forense,
48 Página 53 del cuaderno 1 digitalizado.
49 Página 55 del cuaderno 1 digitalizado.
50 Páginas 50 a 53 del cuaderno 2 digitalizado.
51 En adelante, Medicina Legal.
52 Páginas 487 a 491 del cuaderno 2 digitalizado.
53 Las valoraciones de los demás demandantes, quienes no asistieron a las citas correspondientes, fueron
programadas para el 21 y el 22 de abril de 2015 (cuaderno 2 digitalizado, páginas 487 y 489).
54 Página 500 del cuaderno 2 digitalizado.
55 Página 504 del cuaderno 2 digitalizado.
56 Página 600 del cuaderno 2 digitalizado.
57 Páginas 628 y 629 del cuaderno 2 digitalizado.
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
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Referencia: Reparación directa (CCA)
pidió que se oficiara a la Seccional Bolívar para que emitiera el dictamen sobre los
traumas y desórdenes causados por la muerte de Martín.
69. Por auto del 19 de junio de 201858, se repuso la providencia del 31 de julio de 2015 y
se ordenó oficiar nuevamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría para que rindiera
el dictamen relativo al tratamiento de Martín. No obstante, se guardó silencio frente a las
solicitudes del 29 de febrero de 2016 y del 17 de marzo de 2017.
70. Por auto del 7 de septiembre de 202359, se designó a la Universidad CES para que
emitiera el dictamen pericial sobre el tratamiento de Martín. El peritaje se entregó el 17
de octubre de 202360 y, por auto del 26 de abril de 202461, que no fue recurrido, se cerró
el periodo probatorio.
71. Expuesto lo anterior, es claro que se carece del medio de prueba conducente a
demostrar una afectación psíquica de los actores: el dictamen pericial sobre los traumas
y desórdenes causados por la muerte de Martín. Además, ello se debe a la inactividad
de la parte demandante, que guardó silencio frente a la falta de resolución de las
solicitudes del 29 de febrero de 2016 y del 17 de marzo de 2017, encaminadas a que se
oficiara nuevamente a Medicina Legal para el peritaje aludido, así como frente al cierre
del periodo probatorio sin su práctica.
72. De ese modo, el tribunal no tenía razón para conceder, a título de daño a la salud, la
indemnización de la afectación psíquica alegada por el fallecimiento del niño.
B. Improcedencia de condena para disuadir al Hospital de reincidir en una falla
como la causante de la muerte de Martín
73. En virtud del principio de congruencia, previsto en el artículo 305 del CPC62, así como
de la garantía del debido proceso, la sentencia debe guardar coherencia con los hechos
y las pretensiones contenidos en la demanda, es decir, con la causa petendi. Esta, por
consiguiente, no puede ser variada por el juez, porque ello sorprendería a la parte
demandada con argumentos que nunca tuvo la oportunidad de rebatir 63. Bajo esta lógica,
el juez tampoco puede permitir que la apelación sea utilizada para adicionar o modificar
la demanda.
74. Ahora, el reparo relativo a la insuficiencia de la condena para disuadir al Hospital
entraña una pretensión de daño punitivo, lo que excede la causa petendi, consistente en
el resarcimiento de los perjuicios causados por la muerte de Martín, no en la imposición
de una sanción por ella. Esto, de entrada, permite desestimar dicho cargo.
75. Sin embargo, es importante señalar que, como se explicó, la responsabilidad del
Estado en Colombia tiene una naturaleza exclusivamente resarcitoria, pues atiende a la
58 Páginas 676 y 682 del cuaderno 2 digitalizado.
59 Índice 2 del expediente, archivo «5ED_03Cuaderno3», páginas 440 a 442. En adelante, ese archivo se identificará
como cuaderno 3 digitalizado.
60 Página 448 del cuaderno 3 digitalizado.
61 Páginas 494 y 495 cuaderno 3 digitalizado.
62 «La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley».
63 Al respecto, se puede consultar la sentencia del 12 de septiembre de 2022, dictada por esta Subsección en el
proceso con radicación interna 68264.
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
reparación del daño antijurídico sufrido por la víctima, en función de su magnitud, y no a
imponer sanciones ejemplarizantes ni disuasivas de futuras conductas. Acoger el criterio
de los apelantes convertiría la reparación en una fuente de enriquecimiento sin causa,
conforme a la jurisprudencia y la doctrina referenciadas64. De manera que el tribunal no
debía imponer una condena de tal valor que disuadiera al Hospital de reincidir en una
falla como la causante de la muerte de Martín.
76. Por todo lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Costas en segunda instancia
77. Como el proceso inició en vigencia del CCA, ese estatuto procesal es el aplicable al
análisis sobre costas procesales65. Entonces, según lo dispuesto en el artículo 171 de
dicho código, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas, pues no se evidencia
temeridad ni mala fe de las partes.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente
de este proceso al tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la
plataforma Samai del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF
64 Ver párrafos 54 a 57.
65 En el artículo 308 del CPACA se estableció lo siguiente:
El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior (énfasis añadido).
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Radicación: 47001-23-31-000-2010-00147-01 (73137)
Demandantes: Luz Noreidis García de Ávila y otros
Demandados: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y otros
Referencia: Reparación directa (CCA)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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