Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2011-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-31-000-2011-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2011-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2011-00003-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
5 de diciembre de 2022
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús DinRedondo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado número: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Demandante: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
Demandado: La Nación — Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial.
Referencia: Acción de Reparación Directa
Tema: Responsabilidad del Estado por la Administración de justicia.
Subtema 1: Privación injusta de la libertad.
Subtema 2: Daño Antijurídico
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y por las
demandadas Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia
proferida el 29 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Omar de Jesús Díaz Redondo fue capturado en flagrancia por miembros de la Policía
Judicial SIJIN —junto con otras tres (3) personas- el 10 de junio de 2005, sindicado de
estar al mando de una bant a criminal dedicada al hurto y fleteo en la ciudad de Santa
Marta; justo en el momento de su aprehensión, a sus acompañantes se les incautaron
dos (2) armas de fuego y una (1) granada de fragmentación sin permiso para portarlas,
así como dos (2) motocicletas y dos (2) teléfonos celulares con los cuales —
teóricamente— se valían para ejecutar dichos actos delictivos. Posteriormente, la
Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa
Marta, mediante resolución del 1° de julio de 2005, resolvió su situación jurídica con
imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto
coautor de las conductas punibles de concierto para delinquir agravado; fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas agravado y,
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal agravado. Luego, dicha
Delegada calificó el mérito del sumario con resolución de acusación del 23 de enero de
2006. En fase de juicio, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa
Marta, dictó sentencia condenatoria el 9 de octubre de 2006; sin embargo, la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta — Sala de Decisión Penal,
revocó la anterior decisión el 16 de diciembre de 2008 y, en su lugar, absolvió al aquí
demandante en aplicación del principio del in dubio pro reo. Los demandantes
consideran que la privación de la libertad padecida por el señor Díaz Redondo fue
injusta y reclaman la indemnización de perjuicios.
II. ANTECEDENTES
2.1 La demanda'
Omar de Jesús Díaz Redondo, en calidad de víctima directa de la privación, y sus
familiares cercanos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el cometido
Escrito de folios 1 a 14 Cl.
o
Radicado: 47001-23-31-002-2011430003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
que se las declare patrimonialmente responsables por los perjuicios2 materiales y
morales ocasionados con la privación injusta de la libertad padecida por más de tres
años, producto del proceso penal seguido en su contra en el que fue absuelto en
segunda instancia.
2.2 Trámite procesal relevante
La demanda fue admitida por medio de auto del 1 de juliolde 20113, surtiéndose para
los efectos legales la debida notificación y el respectivo traslado del escrito petitorio4.
La Nación — Rama Judicial presentó oportunamente escrito de contestación6, a
través del que solicitó la denegación de las súplicas formuladas en la demanda. En su
defensa, arguyó que las actuaciones a su cargo se llevaron a cabo conforme a derecho,
motivo por el cual propuso las excepciones intituladas: Yalta de prueba fehaciente de
la privación de la libertad en establecimiento carcelarió" e "inexistencia del daño
antijurídico"; esta última con fundamento en que el Tribunal Superior de Santa Marta
reconoció la existencia de indicios graves y serios que comprometían la responsabilidad
de los acusados en los delitos imputados por la Fiscalía, sin embargo, concluyó que
resultaron insuficientes para llegar al grado de certeza requerido para condenar, motivo
por el cual, el hecho de darle aplicación al principio in dubio pro reo para absolver a los
procesados, no constituía, automáticamente, motivo para ,declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado.
La Nación — Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro del término
del traslado6, con oposición a los hechos y a la prosperidad de las pretensiones
formuladas. Como fundamentos de defensa argumentó qu'e la instrucción del sumario
penal se ajustó a la normatividad vigente, y que su participación en las diligencias
provino de la actuación de la policía y del informe de captura presentado, documento
en el que se dio a conocer que habían sido aprendidas varias personas sindicadas de
pertenecer a una estructura criminal dedicada al hurto y fleteo en la ciudad de Santa
Marta, a las cuales, inclusive, se les había incautado material bélico, armas de fuego y
motocicletas. El ente demandado agregó que las pesquisas se soportaron en otros
medios de convicción que inculpaban al accionante, constituyéndose, de esta manera,
el plexo probatorio determinante que incidió en su vinculación y procesamiento. En tales
condiciones no podía hacer caso omiso a la noticia criminal, ni abstenerse de adelantar
los actos instructivos del sumario penal.
Respecto de la privación de la libertad, manifestó que la, Fiscalía tiene la obligación
constitucional de asegurar la comparecencia de los supuestos infractores de la Ley
penal; que frente a Omar de Jesús Díaz Redondo adelantó un procedimiento o aduar
legal en la etapa instructiva, y que, en tales condiciones, éste tenía el deber jurídico de
soportar la acción de la justicia, y el daño objeto de sus pretensiones de reparación no
constituye daño antijurídico. Concluyó que la medida de aseguramiento de detención
preventiva de la libertad debe ser entendida como una determinación que, en el
momento procesal en que fue impuesta, estaba soportada por indicios suficientes que
comprometían la responsabilidad del sindicado y, por ende, debía ser decretada, por lo
que solicitó la denegación de las súplicas. Finalmente, propuso las excepciones que
intituló: "culpa determinante de un tercero", "inexistencia de daño antijurídico", y
2 Folio 11 C.1. En el capítulo pretensiones de la demanda, en síntesis, la a' rte actora solicitó a título de lucro
cesante el pago equivalente a 200 smlmv más prestaciones sociales pot la totalidad del periodo en que se
produjo la privación de la libertad; por daño emergente 50 smlmv y; por daño moral el estimativo de 200 smlmv
para la víctima directa y 100 smlmv para cada familiar demandante.
3 Folios 128 y 129 C.1.
4 Folios 132 y 133 Cl.
5 Folios 145 a 147 Cl.
6 Folios 148 a 156 C.1.
2
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
"configuración de la culpa de la víctima en los términos del artículo 79 de la Ley 270 de
1996"7; y se opuso a la estimación de los perjuicios al considerarlos cuantiosos y no
probados.
Surtido el traslado de la demanda, mediante auto del 27 de noviembre de 2012, el
Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes°, dentro de las cuales se
incorporaron los documentos aportados por ambos extremos y los pedidos de modo
oficiado por la accionante, a saber: la remisión del proceso penal seguido contra Omar
de Jesús Díaz Redondog; también decretó la testimonial pedida por dicho extremo".
Concluida dicha etapa, a través de auto del 28 de mayo de 2014, se corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
conceptoil.
La parte actora" y la Rama Judicial" allegaron escritos conclusivos con reiteración
de sus posiciones, mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio.
2.3. Sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de providencia del 29 de octubre
de 201414, declaró administrativa y patrimonialmente responsables a la Fiscalía General
de la Nación y Rama Judicial, por el daño antijurídico causado a los demandados como
consecuencia de la privación injusta de la libertad padecida por Omar de Jesús Díaz
Redondo y, en consecuencia, condenó al pago de perjuicios materiales y morales15.
Para arribar a la mentada decisión, el Tribunal, bajo la égida del régimen de
responsabilidad objetiva consideró, inicialmente, que el hecho de haberse proferido
sentencia absolutoria en favor del procesado daba mérito para considerar que el daño
padecido era antijurídico; sin embargo, se valió también de los mismos motivos de
absolución desplegadas por el ad quem de la causa penal para concluir que no existían
razones valederas para haber capturado, investigado y procesado al accionante, lo que
evidenciaba aún más la antijuridicidad del daño padecido. En ese sentido, coligió que
no cabía duda respecto del daño ocasionado y su imputabilidad a la Fiscalía General
de la Nación y Rama Judicial, pues en la sentencia absolutoria se consideró que no
existían medios de convicción suficientes que permitieran señalar al sindicado como
cabecilla de una estructura criminal dedicada al hurto y fleteo en la ciudad de Santa
Marta, ni para suponer que los elementos bélicos incautados habían sido por él
portados al momento de su captura, lo que implicaba la ausencia de razones para
sindicarle las conductas punibles por las que fue procesado, ni imponerle medida de
aseguramiento, y mucho menos, para proferir sentencia condenatoria en su contra.
7 Folios 152 a 155 Cl.
6 Folio 201 Cl.
9 Se aprecian cinco (5) cuadernos y dos (2) anexos, mediante los cuales el Juzgado Único Penal Especializado
de Santa Marta atendió la prueba decretada por el Tribunal. // A folio 220 C.1. Oficio remisorio.
1° Se aprecia a folios 209 a 211 C.1 copia de las diligencias de recepción de testimonios.
11 Folio 233 Cl.
12 Folios 234 a 236 Cl.
13 Folios 237 a 238 Cl.
14 Folios 240 a 271 C. Apelación.
16 Por concepto de daño moral, para la víctima directa y cada uno de sus familiares 100 smlmv; y por lucro
cesante, para Omar de Jesús Díaz Redondo $56018.258. Negó el daño emergente para la víctima directa y el
moral para la menor Kelly Cristina Chacuto Angulo por carencia de legitimación..
3
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
2.4. Recursos de apelación16
2.4.1. La Fiscalía General de la Nación17 impugnó la sentencia de primera instancia,
en consecuencia, solicitó su revocación y el despacho desfavorable de las súplicas.
Como razones de disenso reiteró que, en el presente asunto, no le asiste
responsabilidad extracontractual, toda vez que actuó de conformidad con los artículos
250 Superior y 356 de la Ley 600 de 2000 (norma procesal vigente para la época de los
hechos), motivo por el cual insistió que la medida de aseguramiento proferida se
fundamentó en elementos materiales probatorios allegados al sumario penal que
sugerían la posible participación del sindicado en la conducta investigada, razón por la
que concluyó que no existía duda para considerar que la indagación y medida de
aseguramiento decretada resultaban procedentes, máxime que toda la instrucción de
las diligencias obedeció al resultado del análisis y apreciáción del material probatorio
con el que se contaba, acervo que hizo imperiosa la vinculación del sindicado en los
términos que fue ordenada.
Destacó que la absolución del demandante no obedeció, a su inocencia en estricto
sentido, sino por aplicación del principio in dubio pro reo, particularidad sobre la cual
aseveró, con base en la sentencia C-037 de 1996, que la medida cautelar que restringió
la libertad del actor, no se ordenó en forma desproporpionada y violatoria de los
procedimientos legales, motivo por el cual la detención constituía una carga jurídica
inherente a los deberes de convivencia pacífica que le asiste a todo asociado cuando
es investigado, de ahí que, suponer como antijurídica cualquier restricción a la libertad,
limitaría el ejercicio de las funciones que le asisten al ente instructor.
2.4.2. La Rama Judicial", se opuso a las declaraciones y condenas detalladas en la
sentencia de primera instancia. Como razones de desacuerdo inicialmente reiteró que,
en el presente asunto, no se acreditó el daño alegado, esto es, la privación de la libertad
padecida por Omar de Jesús Díaz Redondo, así como tampoco se cumplió el requisito
de procedibilidad de la acción. De otro lado, indicó que do le asistía responsabilidad
extracontractual, pues de conformidad con la norma proce.sal vigente para la época de
los hechos (L.600/2000), la Fiscalía General de la Nación Ira el órgano que detentaba
facultades jurisdiccionales para decidir sobre restricciones a las libertades individuales,
significando con ello que, en tales menesteres, no intervenían los jueces de la
República. Finalmente precisó que, en gracia de discusión, la vinculación, detención e
investigación, no obedeció a caprichos del ente instructor, sino por el contrario, a
pruebas recaudadas que lo señalaban como posible infractor de la ley penal.
2.4.3. A su turno, la parte actora" también impugnó el fallo del Tribunal. No obstante,
los reproches en este caso estuvieron dirigidos a que, sin ir en contra de la declaratoria
de responsabilidad y condena proferida en primer grado; en esta instancia, procedía el
resarcimiento de los perjuicios reclamados en favor de Kelly Cristina Chacut Angulo
asociados al daño moral, en su calidad de hijastra del dernandante20, y para la víctima
directa, el daño emergente derivado de los gastos inherentes a la defensa en la causa
penal21.
16 La parte actora y las demandadas (Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial) interpusieron recursos de
alzada tal como obra en auto de 16 de marzo de 2015 visto a folio 297 C. Apelación.
17 Folios 274 a 280 C. Apelación.
16 Folios 285 a 288 C. Apelación.
19 Folios 289 a 292 C. Apelación.
20 Que se estimaron en 100 SMLMV
21 Calculados en 50 SMLMV
4
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
Esta Corporación, por medio de auto del 9 de marzo de 201622 admitió el recurso
interpuesto por las partes23 y, con proveído del 7 de abril de 201624 corrió traslado a
los sujetos procesales para que alegaran de conclusión, así como al Ministerio Público
para que rindiera concepto de fondo, oportunidad en la que solamente intervino el
delegado del Ministerio Público26, quien conceptuó, con base en las mismas
consideraciones del fallo absolutorio emitido en el proceso penal, que debía confirmarse
el sentido condenatorio de la sentencia aquí impugnada; sin embargo, sugirió que se
accediera al monto de los perjuicios por concepto de daño emergente y moral dejados
de reconocer en primera instancia y se procediera a la revocación de lo atiente al
descuento del arancel judicial de acuerdo con lo previsto en la Ley 1653 de 2013 y la
Sentencia C-169 de 201426.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
En atención a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado que, en
nuestro caso, deben inferirse del artículo 90 de la Constitución Política, yen función de
los reproches que los recurrentes formulan contra la sentencia de primera instancia, la
Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos:
3.1.1. ¿Es constitutiva de daño antijurídico, a cargo de la Fiscalía General de Nación y
la Rama Judicial, la privación de la libertad padecida por Omar de Jesús Díaz Redondo
con ocasión al trámite del 'proceso penal seguido en su contra en el que se decretó
medida de detención preventiva y se dictó sentencia condenatoria de primera instancia,
no obstante, la actuación concluyó con la absolución del procesado?
3.1.2. En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, esta
Subsección procederá a determinar si ¿Los perjuicios reconocidos en primera instancia
a la parte accionante, cumplen los presupuestos de indemnización conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación?
IV. HECHOS PROBADOS
Procede esta Colegiatura a relacionar las pruebas que obran en el expediente,
contrastándolas con los supuestos fácticos que dieron lugar a las pretensiones de
declaración de responsabilidad, así como, con la contestación que recibieron del
extremo pasivo del proceso27.
4.1. El 11 de junio de 2005, la Policía Judicial SIJIN, mediante informe No. 060328, dejó
a disposición de la FISCALÍA URI EN TURNO de la ciudad de Santa Marta, ocho
22 Folio 354 C. Apelación.
23 Comoquiera que se cumplió con el requisito de conciliación ante el Tribunal, según se aprecia en actas de
audiencia celebradas el 7 y 9 de abril de 2015. Folio 310 y 332 C. Apelación.
24 Folio 356 C. Apelación.
25 Según constancia de folio 371 C. Apelación.
26 Folios 358 a 371 C. Apelación.
27 Es criterio de esta Sala, que en el proceso contencioso administrativo la prueba trasladada deba
cumplir los
presupuestos del Artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para apreciarla en su propia naturaleza sin la
exigencia de formalidades adicionales. Los medios probatorios trasladados se practicaron en aquella
oportunidad con la audiencia de los órganos demandados, pues la Fiscalía General de la Nación adelantó la
investigación y la Rama Judicial hizo lo propio con el juzgamiento. Por lo tanto, la Sala valorará las pruebas
practicadas en dicho trámite. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 20 de febrero de 1992, rad. 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, rad. 13.476 y sentencia del
5 de junio de 2008, rad. 16.174, entre otras.)
20 Fl.
1 a 4 C.4.
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
personas capturadas, entre las que se encontraba el señor Omar de Jesús Díaz
Redondo a quien se le halló en compañía de tres (3) sujetos que tenían en su poder
dos (2) revólveres, doce (12) cartuchos de 38 largo, una (1) granada de fragmentación
y dos (2) motocicletas. Así mismo, a las otras personas capturadas también se les
incautó una (1) granada de fragmentación, equipos de comunicaciones y una (1)
motocicleta. Sobre el procedimiento de captura se señaló en el informe lo siguiente:
"(...) Los antes mencionados fueron retenidos por personal de la Policía
Nacional el 10-06-05 a eso de las 19:45 horas en el sector del barrio Chimila
residencia ubicada en la calle 9 No. 55-28, cuando mediante labores de
inteligencia y seguimiento que efectuaba hacía varios meses por esta
unidad investigativa a una organización delincuencial dedicada al atraco
mediante fieteo (...) por informe de inteligencia originado de la seccional de
inteligencia de este Departamento, se tenía la ubicación de los lugares
donde se reunían de cinco a seis personas (...) siendo liderado el grupo por
un sujeto de nombre OMAR DE JESÚS DIAZ REDONDO alias "Don Ornar
ex agente de la Policía Nacional (...) fue así como el día 10-06-05 a eso de
las 19:00 horas, se observaron cinco sujetos incluyendo a OMAR DE
JESUS DIAZ REDONDO, reunidos en los predios dé la iglesia del Bardo
Bastidas, junto a ellos dos motocicletas, una color gris y otra color azul.
Después de quince minutos aproximadamente qué esperamos que se
terminara la reunión, se montaron en las motocicletas cuatro de estos
sujetos, siendo interceptados inmediatamente por personas de esta unidad,
encontrando en su poder las armas de fuego y una de las granadas en
mención (...)". (sic a lo transcrito).
4.2. El 11 de junio de 2005 Omar de Jesús Díaz Redondo, suscribió acta de derechos
del capturado29, en la que se indicó el siguiente motivo de aprehensión: "por conformar
bandas delincuenciales"; documento que también rubricarán sus acompañantes39, así
como los recibos de incautación durante el procedimiento de requisa correspondientes
a las armas de fuego, munición, granada, motocicletas y eqtripo de comunicación, como
consta en las copias de los referidos31.
4.3. Según Oficio No. 031/ADEPE-GRUARMI-SIJIN-DEMAG del 11 de junio de 2005
elaborado por el Grupo Investigativo de Armados Ilegales, el señor Omar de Jesús Díaz
Redondo tenía vigente orden de captura por el delito de hurto calificado emanada por
la Fiscalía 15 Local de Santa Marta al interior del proceso 55917,quien dentro del
procedimiento policial se identificó con la cédula de ciudadanía de Hugo Alberto Díaz
Redondo, al parecer era su hermano32, documento qué fue también incautado al
momento de la aprehensión33
4.4. La Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Santa Marta mediante proveído del 1° de julio de 200534, tesolvió la situación jurídica
de Omar de Jesús Díaz Redondo y sus acompañantes, con imposición de medida de
aseguramiento de detención preventiva al sindicarle la coautoría de las conductas
punibles de concierto para delinquir agravado35; fabricación, tráfico y porte de armas de
fuego de uso privativo de las fuerzas armadas agravado y; fabricación, tráfico y porte
de armas de fuego de uso personal agravado. Sobre el, particular, el acto fundó la
decisión en las siguientes razones:
29 F. 17 C.4.
39 Víctor Manuel Ortiz Torres, José David Aguilar y Jorge Antonio Ospino folios 12, 13 y 15 C.4.
31 Fls. 18,20 y 21, 22, 23, 26, C.4.
32 Fls. 5 a 9 CA.
" FI. 27 C.4. // Acta de incautación de documento//
34 Fl. 246 a 284 C.2
39 Con dicho calificativo al sindicársele el liderato de la estructura criminal.
6
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
"(...) Por haberse dado la captura en forma simultánea en el parque aledaño
a la iglesia del Barrio Bastidas de esta ciudad y cuando habían terminado
una de sus reuniones, haremos mención de los señores VÍCTOR MANUEL
ORTIZ TORRES, JOSÉ DAVID AGUILAR MARRIAGA, JORGE ANTONIO
OSPINO TETE y OMAR DE JESÚS DÍAZ REDONDO en forma simultánea,
por la estrecha relación que la misma les da.
Al efecto reitera este Despacho que su captura no fue producto de
improvisación, sino de los seguimientos y vigilancias de los cuales venían
siendo objeto por parte de los policiales y precisamente en tal virtud, fue que
se sirvieron de los testimonios acomodados y ajenos a la verdad y realidad
fáctica, de varias personas que no tuvieron reparo alguno de faltar a la
verdad que bajo juramento habían prometido cumplir y por haber sido
analizado en precedencia, omitiremos referirnos ahora a ellos en forma
detallada.
Recordemos en primera instancia que al señor JORGE ANTONIO OSPINO
TETE le fue encontrado e incautado un revólver marca Taurus Brasilero,
calibre 38 largo (...) al señor VICTOR MANUEL ORTIZ TORRES le fue
encontrado e incautaba un revólver marca Llama Trade Mark, calibre 38
largo, niquelado (...) 9 al señor JOSE DAVID AGUILAR MARRIAGA le fue
encontrada e incautada una granada de fragmentación (...) que llevaba
escondida en sus interiores al lado de los genitales.
En principio y alejándonos de su fallida estrategia defensiva, es apenas
obvio concluir que la reunión sostenida debajo de un árbol en ese parque,
tenía como finalidad la ejecución inmediata de un ilícito, pues no de otra
manera podría entenderse el porte simultáneo de tales elementos bélicos.
Es tan clara la responsabilidad de estos cuatro personajes en las conductas
que le son atribuidas y tan evidente la concertación criminal, en virtud de la
cual llevaban reunidos por un lapso de quince minutos ultimando detalles,
que todo el esfuerzo defensivo estuvo orientado a desvirtuar esa reunión y
a aparentar el lícito ejercicio de una actividad liberal como es la de moto-
taxista en esta región del país y por parte de dos de ellos y la calidad de
pasajeros que asumían los otros dos. Tanto así que basta con citar las
versiones de Edilsa Rosa Mercado Guerrero en favor de los intereses de
JORGE OSPINO TETE; Alexandra Patricia Gamez Rodríguez, igualmente
procura sostener la trama defensiva de este imputado; Alex Enrique
Babilonia Márquez por parte, hace lo suyo en relación con los intereses de
su amigo OMAR DE JESÚS DÍAZ REDONDO (...) versiones éstas
analizadas en precedencia e indignas de valor probatorio alguno en favor
de quienes pretendieron auxiliar en estas diligencias y que como se ha
sostenido, se erigen cama un indicio grave en desfavor de ellos.
( )
No pueden ser en consecuencia de recibo para el Despacho las versiones
exculpatorias de estos ciudadanos cuyo compromiso es a todas luces
evidente con relación a las conductas punibles que les fuera endilgadas en
sus diligencias de inquirir, pues habrá de sostenerse que su estrategia
defensiva es tan pueril y alejada por completo de la realidad fáctica y
probatoria, que se satisface con relación a ellos a plenitud las exigencias
adjetivas para afectados con medida de aseguramiento sin beneficio de
liberatorio, como en efecto se hace en esta decisión, pues además de
7
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
evidente estado de flagrancia en que fueran capturados, existe en el
paginado prueba legal y oportunamente aducida a la encuesta y suficientes
indicios graves de responsabilidad en las mismas." (sic a lo transcrito).
4.5. La Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal dl Circuito Especializado de
Santa Marta, profirió resolución de acusación el 23 de enero de 200638 en contra de
Omar de Jesús Díaz Redondo, con base en los siguientes fundamentos:
"(...) Con relación a la prueba que milita en autos contra los imputados y la
consecuente responsabilidad que les asiste en las conductas ilícitas por las
cuales deberán responder ante la sociedad, tenemos en principio que los
señores VICTOR MANUEL ORTIZ TORRES, JOSÉ DAVID AGUILAR
MARRIAGA, JORGE ANTONIO OSPINO TETE y OMAR DE JESÚS DIAZ
REDONDO, quienes fueron capturados en forma simultánea en el parque
del barrio Bastidas de esta ciudad y cuando habían terminado una de sus
reuniones, tenemos que al señor JORGE ANTONIO OSPINO TETE le fue
encontrado e incautado un revolver marca Taurus (...) al señor VICTOR
MANUEL ORTIZ TORRES le fue encontrado e incautt:lo un revólver marca
Llama Martial calibre 38 largo (...) con capacidad para,Seis cartuchos y con
carga completa (...) y al señor JOSÉ DAVID AGUILÁR MARRIAGA le fue
encontrada e incautada una granada de fragmentación.
Es inadmisible entonces sostener que estas personas no se encontraban
concertadas y en actividad previa a una de sus manifestaciones al margen
de la Ley, pues aunque al unísono negaron las armaS y elementos bélicos
que les fuera encontrados y con argumentos mendaces sostuvieron que no
estaban juntos, que inclusive se encontraban distanciados unos de otros,
que unos en calidad de moto taxistas y otros como pasajeros se
encontraban por razones del azar en ese sitio y que en una mal sana e ilegal
actitud policial les fueron adjudicadas las armas y explosivo; la verdad es
otra, estaban ultimando los detalles de uno de los ilícitos, pues no a otra
conclusión lógica se puede llegar si se tiene en cuenta que estaban bien
armados, la reunión que en la mañana habían realizado en uno de los
inmuebles registrados y la llegada a la ciudad de otros compinches
provenientes de la ciudad de Barranquilla, de donde venían cuando iban a
ejecutar sus fechorías. (...).
De otra parte, el señor OMAR DE JESÚS DÍAZ REDONDO deberá
responder por la conducta de concierto para delinquir prevista en el Art. 340
del C. penal AGRAVADA de acuerdo con lo dispuesto en el tercer inciso de
la misma y dada su calidad de líder o cabecilla de la agrupación ilegal, o
mismo que por el ilícito de falsedad personal, en virtud a que en su
pretensión de evadir la acción de la justicia, se identificó ante los policiales
con un documento de identificación que no le correspondía, como se
informa por quienes llevaron a cabo su aprehensión.
(.4
No discutimos que algunos de los justiciables se desempeñaran en algunos
momentos como moto taxistas de acuerdo con lo expresado por algunos
ciudadanos en sus versiones juramentadas que obran en el paginario, de
todas maneras no es ese el objetivo de la encuesta, IO que sí ha quedado
suficientemente claro es que de hacerlo, esa actividad les servía como
36 Fl. 462 a 524 C.2.
8
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Diaz Redondo y otros
fachada de la paralela y de orden ilícito que realizaban y por la cual deberán
responder ante la sociedad." (sic a lo transcrito).
4.6. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta37, en audiencia
pública celebrada el 9 de octubre de 200638, dictó sentencia condenatoria —trece (13)
años de prisión— en contra de Omar de Jesús Díaz Redondo y otros, al encontrarlo
responsable de los delitos de tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas
militares agravado; concierto para delinquir y, tráfico y porte de armas de fuego de
defensa personal. Para fundar su decisión, el operador jurídico consideró que, si bien,
el acusado no portaba en estricto sentido el material bélico, el hecho de encontrarlo
reunido con las personas que efectivamente lo cargaban justo cuando se dio la
aprehensión colectiva, lo incriminaba, máxime de la preexistencia de denuncias en su
contra y de sus acompañantes por actos punibles que presentaban modalidades
similares por las cuales eran procesados —hurto a mano armada— y la coincidencia de
los objetos de los cuales se valían para ejecutar sus propósitos criminales —transporte
en motocicletas, armas de fuego y uso de elementos de comunicación—, lo anterior, en
detrimento del exiguo grado de convencimiento de las pruebas de descargo que
resultaron insuficientes para justificar la teoría de la defensa, según la cual, la
incriminación obedecía a una represalia por haber sido policía años atrás y que
simplemente su comparecencia en el lugar de los hechos se dio por la casualidad de
haber adquirido un servicio de moto taxi.
4.7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta — Sala de Decisión Penal,
mediante sentencia del 16 de diciembre de 200839, revocó la anterior providencia y, en
su lugar, absolvió de cargos y ordenó la libertad inmediata de Omar de Jesús Díaz
Redondo. El principal fundamento para su dictado partió de la falta de certeza de la
prueba de cargos aportada por órgano acusador que, a su juicio, no permitió llegar al
grado de convencimiento exigido por el artículo 232 inciso 2 del C.P.P. para proferir
condena; por lo que concluyó que °a diferencia de lo solicitado por la Fiscalía, lo que se
debe proferir es sentencia absolutoria en una clara aplicación del principio de
presunción de inocencia y por esa vía del in dubio pro reo a favor de f.] OMAR DE
JESÚS DIAZ REDONDO [..1". Esta decisión fue notificada por edicto y no fue objeto
de recurso extraordinario de casación, por lo que quedó ejecutoriada a partir del 11 de
febrero de 200949
4.8. Mediante Oficio No. 2.440 del 18 de diciembre de 200841 se observa orden de
libertad inmediata a nombre de Omar de Jesús Díaz Redondo, dirigida al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC — Cárcel Rodrigo de Bastidas, mediante la
que se comprueba que el procesado estuvo privado de su libertad desde el 10 de junio
2005 hasta el 18 de diciembre de 2008, es decir, 3 años, 6 meses y 8 días.
V. CONSIDERACIONES
La Sala procede a resolver el fondo de la litis, habida consideración de los siguientes
elementos:
37 Se halla a folios 162 a 164 C.6 acta de la audiencia preparatoria llevada a cabo por esta célula
judicial el 9
de junio de 2006, en la que se decretaron las pruebas solicitadas por ambas partes, sin recursos.
38 Fl. 670 a 686 C.2. Sin embargo, el juicio se desarrolló en varias sesiones, a saber: 5 y 9
de octubre y 6 de
diciembre de 2006, según consta en folios 298 a 776 C.2.
39 FI. 14 a 45 C. de pruebas, sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta.
4° Folio 80 Cl.
41 Fl. 84, C. Ppal.
9
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
(i) La competencia que le asiste para ello en atención a la naturaleza del asunto42-43;
(ii) el oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó
su demanda el 16 de diciembre de 201044, esto es, dentro de los 2 años posteriores al
día siguiente en que la privación de la libertad padecida se enrostró como injusta, que
para el caso corresponde al 11 de febrero de 2009, fecha de ejecutoria del fallo
absolutorio de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, decisión notificada por edicto fijado el 14 de enero de
200r y que no fue objeto de recurso extraordinario de casación46, máxime que el
término de caducidad se suspendió entre el 13 de octubre hasta el 9 de diciembre de
201047.
En esta fase del análisis, se hace pertinente hacer alusión al argumento expuesto por
la Rama Judicial, según el cual, la parte actora no acreditó el cumplimiento del requisito
de procedibilidad de la acción asociado a la conclusión de la conciliación extrajudicial.
Sobre el particular, se observa en el expediente copia del acta expedida el 9 de
diciembre de 2010 por la Procuraduría Judicial No. 155 para asuntos Administrativos
de Santa Marta", según la cual, la parte interesada presentó solicitud el 13 de octubre
de 2010, empero, se corrobora que dicha etapa preprocesal fue "declarada cerrada" y,
en consecuencia, "agotado el requisito"49 comoquiera que la Fiscalía General de la
Nación no acreditó en los términos del artículo 65 de CPC., el mandato del abogado
que la asistiría para asegurar su representación y, porque re Rama Judicial no presentó
fórmula conciliatoria ante la imposibilidad de que el comitá de conciliación se reuniera
previamente para los efectos. En ese orden, el recurrente pretende que por situaciones
ajenas a la parte actora se declare insatisfecho el requisito de procedibilidad, cuando,
por el contrario, se aprecia un proceder ajustado a la norma, máxime que el artículo 20
de la Ley 640 de 2001 —norma vigente para el momento de los hechos- prescribía que
la diligencia debería internarse, tal como se hizo, y si erí gracia de discusión, no se
presentó formula de arreglo, fue por omisiones imputables a las convocadas. Por lo
expuesto, tal como lo consideró el Agente del Ministerio Publico en audiencia, así como
el Tribunal en la sentencia apelada, esta Colegiatura halla acreditado el multicitado
requisito por lo que no le asiste razón al censor.
Superada la anterior cuestión, frente al último presupuesto procesal, demostraron estar
(iii) legitimados en la causa por activa Omar de Jesús Díaz Redondo, en calidad de
víctima directa de la privación; así como también, su madre Urcina Redondo Díaz50; sus
hijos Karen Dayana Díaz Flores, Jader Augusto Díaz Flores, Andrés Felipe Díaz Flores,
Omar Alfonso Díaz Grisales, Yennifer Paola Díaz Grisales; Omar de Jesús Díaz Angulo
42 Proceso con aplicación del Decreto 01 de 1984, por lo que le concierne el Art. 73 Ley 270 de 1996 "De la
disposición legal referida se derivan dos presupuestos básicos: primero, que cuando se pretenda la declaración
de responsabilidad del Estado por razón de los perjuicios ocasionados por la Administración de Justicia, por
expreso mandato legal, la procedente será la acción de reparación directa y, segundo, que el conocimiento de
dicha acción se atribuye al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos, Corporaciones que deberán
tramitada con sujeción a las reglas comunes de distribución de competencia. II De esa manera es claro que la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se ocupó, en forma expresa, de establecer las directrices
básicas que deben atenderse en materia de competencia para la tramitación de los procesos que se promuevan,
en ejercicio de la acción de reparación directa, con elpropósito de demandarla responsabilidad extracontractual
del Estado por los hechos derivados del ejercicio de las funciones jurisdiccionales". Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-
2008-00009-00.
43 Artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 37 de la Ley
446 de
1998.
44 Según sello de radicación visto a folio 14 Cl. y acta individual de reparto de infolio 1 íd.
45 Folio 79 Cl.
46 Folio 80 C.1. // Artículo 136.8 del CCA, en concordancia con el Hecho probado 3.2.7.
47 Según acta de conciliación prejudicial No. IUS 2010-340470 de folios 122 a 126 Cl.
48 A folios 122 y 126 Cl. acta de conciliación prejudicial No. IUS 2010-340470 y constancia de la misma
fecha.
49 Folio 122 Cl. vto.
59 Registro civil de nacimiento de Omar de Jesús Díaz Redondo, indicativo serial 690121, que da cuenta de que
su madre es la señora Urcina Redondo, f. 20, al.
10
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
y Osman José Díaz Angulo51 y; su compañera permanente Dimantina Esther Angulo
lbarra52. Por el contrario, tal como lo dispuso el Tribunal en la sentencia", Kelly Cristina
Chacuto Angulo, no acreditó su interés para concurrir al presente asunto, toda vez que
en el expediente no se halló prueba idónea que demostrara la calidad de hija de crianza
del señor Díaz Redondo, comoquiera que no se allegaron medios de convicción que
demostraran la estrecha relación familiar con su presunto padre de crianza, elemento
que supondría la existencia real y permanente de la convivencia, así como tampoco se
acreditó la deteriorada o ausente relación de lazos familiares con sus padres biológicos,
lo que hace inviable determinar certidumbre frente a la condición que reclama dada la
precaria información que, sobre el particular, brindaron Lennys Esther Gaitán Escobar
y Marinella del Carmen Fernández Ibarra en las declaraciones extraprocesales
militantes en el plenario", motivo por el cual, se declarará la falta de legitimación en la
causa por activa55.
Por su parte, sobre la legitimación en la causa por pasiva (iv), la Sala observa que
el hecho reputado como generador del daño, parte del dictado de la medida de
aseguramiento de detención preventiva gestada por la Fiscalía Segunda Delegada ante
el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, así como de la sentencia
condenatoria dictada en primera instancia por el el Juzgado Único Especializado de
Santa Marta. Por lo tanto, la Nación, representada por el Fiscal General de la Nación y
el Director Ejecutivo de Administración Judicial están llamados a acudir por pasiva a
este proceso, pues la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son los órganos
que tramitaron la actuación penal seguida contra Omar de Jesús Díaz Redondo.
5.1. Consideraciones sobre el primer problema jurídico — La responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad —
La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90
de la Constitución Política, establece que el Estado tiene la obligación de responder
"patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas".
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de
responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el
daño antijurídico" y (ii) la imputabihdad al Estado, que se centra en constatar si el
menoscabo es atribuible a la acción u omisión de la parte demandada. Esta
imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, que se verifica en
función del principio de causalidad, y otra en el plano jurídico, que se verifica en función
de la carga obligacional del órgano demandado52.
51 Registro civil de nacimiento de Karen Dayana Díaz Flores, indicativo serial 910518;
Registro civil de
nacimiento de Jader Augusto Díaz Flores, indicativo serial 970805; Registro civil de nacimiento de Andrés Felipe
Díaz Flores, indicativo serial 970314; Registro civil de nacimiento de Omar Alfonso Díaz Grisales, indicativo
serial 950824; Registro civil de nacimiento de Yennifer Paola Díaz Grisales, indicativo serial 32760384; Registro
civil de nacimiento de Omar de Jesús Díaz Angulo, indicativo serial 32159391; Registro civil de nacimiento de
Osman José Díaz Angulo, indicativo serial 32159393, documentos que dan cuenta de que son hijos de Omar
de Jesús Díaz Redondo, f. 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, c. 1.
52 Según declaraciones extra juicio rendidas por Lennys Esther Gaitán Escobar y
Marinella del Carmen
Fernández Ibarra, quienes de manera uniforme, manifestaron conocer a la pareja desde hace más de trece (13)
años y dieron cuenta de la convivencia que, por dicho lapso ha sostenido la demandante con Omar de Jesús
Díaz Redondo, producto de la que gestaron a sus hijos Osman José y Omar de Jesús Díaz Angulo. Vistas a
folios 29 y 31 Cl.
53 Folio 270 vto C. Apelación.
54 Vista a folios 29 y 31 Cl.
55 Sobre la prueba de hijos de crianza ver Sentencia T-705 de 2016 de la Corte
Constitucional y sentencia
SC1171-2022 de la Corte Suprema de Justicia — Sala Civil Familia.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2018,
expediente 46932.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014,
expediente 29195.
11
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el
daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un bien
jurídico tutelado, ii) que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o
moral del titular, iii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo".
En los eventos en los que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en virtud
de las facultades de investigación de los delitos que están en cabeza del Estado, a
través de la imposición de la medida de detención preventiva y excepcional, el daño
que genera tal restricción será indemnizable solo cuandé se configure una privación
injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria
de Administración de Justicia-, bajo la consideración de que el término injusticia hace
referencia a una actuación "abiertamente arbitraria, desproporcionada y violatoria de
los procedimientos legales", parámetros fijados en la sentencia de constitucionalidad C-
037/96 .
En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la
libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política establece que
la detención esté precedida de una orden expedida por aUtoridad judicial competente,
por motivos previamente definidos y con las formalidades previstas en la ley.
Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su
determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual se
restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue
proporcionada y razonada, previa la verificación de su coñformidad a derechon6°. Bajo
ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien palifica de injusta la medida
restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la #actuación fue "abiertamente
arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de razonabilidad y
necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad debe ser
excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con ese propósito exige
"valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una
interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 efe 1996, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, sí la decisión adoptada por el
funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad"61.
De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el título de
privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una decisión
preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal en aplicación de un régimen objetivo
de responsabilidad, como lo expuso el a-quo en la sentencia apelada conforme a los
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010 y del 25 de abril de 2012, expediente
21861.
59 Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. Declaró exequible el articulo 68 de la Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación
de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, bino abiertamente arbitraria".
6° Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. "En el casó de la privación injusta de la libertad
la code, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuedta las dos premisas señaladas, esto
es, que el artículo 90 de la Constitución no define un titulo de imputaci6h y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia c-ó37 de 1996 que el significado de la
expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a travél de la cual se restringió la libertad a
una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y Monada, previa la verificación de su
conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos contenidos en dicha norma
exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos en los cuales procede la
detención preventiva tienen ínsito el juicio de razonabilidad y proporcionalidad; por ejemplo, en el Decreto Ley
2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de Seguramiento que contra el sindicado
resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en
el proceso".
61 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
12
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
lineamientos que la Sección Tercera de esta Corporación tenía trazados para esa época
en la materia, dado que, con ocasión de lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-
072/18, es necesario que en cada caso particular se analicen los presupuestos de
procedencia de la medida de aseguramiento al momento de su imposición, para
determinar si se ajustó o no a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y
necesidad que la rigen, análisis que, en lo que atañe a la razonabilidad, está
directamente relacionado con el estándar probatorio previsto en cada etapa del proceso
penal (principio de progresividad penal)82.
Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la medida
privativa de la libertad impuesta en contra de Omar de Jesús Díaz Redondo se revela
razonable, proporcional y necesaria.
En el presente asunto, se encuentra acreditado que la privación de la libertad que
soportó Omar de Jesús Díaz Redondo" produjo un menoscabo en su libertad personal,
esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 Constitucional",
detrimento este que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a los seres queridos
más cercanos a quién resultó privado de su libre locomoción". En consecuencia, a
pesar de lo manifestado por la Rama Judicial, se honró la carga de demostrar la
existencia del daño.
Ahora, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre un
interés tutelado por el derecho, es necesario verificar, inicialmente, que no exista un
título legal de acuerdo con el ordenamiento constitucional que lo justifique o legitime".
Al respecto, resulta preciso considerar como punto de partida, que el mismo
ordenamiento constitucional permite, de manera excepcional y por vía cautelar o
preventiva, la privación de la libertad en sede de instrucción criminal, sin que aún se
haya demostrado la culpabilidad del incriminado en los casos establecidos por las leyes
preexistentes" que, en el caso bajo estudio, era la Ley 600 de 200088. De acuerdo con
dicho estatuto, el artículo 332 facultaba a la Fiscalía para ordenar la captura de quien
62 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021, expediente
00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal tiene dos
vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácterpreclusivo que
lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, en tanto que la segunda apunta a la definición progresiva y
vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecerla verdad de los hechos investigados. Por lo anterior, la
queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado ajuicio (...) no es el mismo por el cual se
le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del debido proceso caracterizado por el
principio de progresIvidad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la certeza".
63 Ver hecho probado 3.2.1. y 3.2.8
64 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, expediente
46681, acápite R — Reglas de Unificación; en concordancia con la sentencia del 14 de abril de 2010, expediente
18960, fundamentos jurídicos 2.1, 2.2 y 2.3; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente
25022, fundamento jurídico 5.1.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149,
fundamento jurídico 7.1.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018,
expediente 46932.
67 Constitución Politice de Colombia. "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser
molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley. II La persona detenida preventivamente será puesta a disposición deljuez competente dentro
de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que
establezca la ley. II En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas
de seguridad imprescriptibles".
66 Según los hechos acaecidos, la comisión del punible fue el 10 de junio de 2005 y en vista
de que la Ley 906
de 2004, en el artículo 530 estableció que "el sistema se aplicará a partir del lo. de enero de 2005 en los distritos
judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del lo. de enero de 2006 incluirá
a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal
Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa
María, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir delprimero
(lo.) de enero de 2008.".
13
Radicado: 47001;23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
se considerara autor o partícipe de la infracción penal, con base en los resultados de
la indagación previa o por flagrancia y, concretamente, el qrtículo 336 disponía que el
Fiscal podía ordenar la captura del imputado con fines de.indagatoria si, conforme a
las pruebas allegadas, existían razones para considerar que se trataba de un delito que
lo obligaba a resolver la situación jurídica; situación que, conforme al artículo 354 "[.
deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención
preventiva". En ese orden, bajo la égida de la norma adjetiva, la medida de
aseguramiento habrá de proceder cuando se imputen delitos castigados con pena de
prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.
En el caso concreto, está demostrado que Omar de Jesús Díaz Redondo fue sindicado
por varias conductas punibles, dentro de las cuales se encuentra la de concierto para
delinquir y fabricación, tráfico y pode de armas y municiones de uso privativo de las
fuerzas armadas, delitos que tienen prevista una pena de pilsión de 4 a 9 y 8 a 27 años,
respectivamente (artículos 340 y 366 del Código Penal). Eh ese orden, su dictado fue
legalmente procedente, comoquiera que el artículo 357 del C.P.P.69 habilitaba su
decreto siempre que el punible analizado estuviera castigado con pena de prisión cuyo
mínimo fuera o excediera de cuatro (4) años.
Asimismo, la Sala encuentra que la Fiscalía Segunda Delehda ante el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Santa Marta, al proferir la resolución del 1° de julio de
200570 por medio de la cual impuso medida de detenció.n preventiva en contra del
demandante quien, vale decir, estaba privado de su libertad desde el 10 de junio de
2005 producto de la aprehensión en flagrancia y ejecución de la orden de captura
vigente dictada en otro sumario donde era implicadon, infirió razonablemente de los
medios de prueba recaudados hasta ese momento que el;imputado podía ser autor o
partícipe de las conductas investigadas72. Entre los elementos que soportaron la
decisión se mencionaron: i) informe de la SIJIN, Santa Marta, No. 0603 del 11 de junio
de 2005, que daba cuenta del funcionamiento de una estructura criminal dedicada al
fleteo y hurto de personas, y del operativo de inspección realizado el 10 de junio anterior
en que fueron aprehendidas varias personas sindicadas dé pertenecer a aquel, dentro
de las cuales se encontraba el señor Omar de Jesús- Díaz Redondo, quien se
encontraba en compañía de otros tres (3) sujetos que portaban armamento bélico y se
transportaban en motocicletas, destacándose en el citado documento que este
individuo tenía orden de captura vigente y, además, regislaba anotaciones por hurto
calificado; ii) los objetos incautados a los detenidos, dentro d? los que se encontraban dos
(2) armas de fuego y una (1) granada de fragmentación, asi como dos (2) motocicletas;
iii) la indagatoria rendida por los sindicados; iv) los testimonios y versiones juramentadas
de descargos del implicado rendidos por Alex Enrique Babildnia Márquez, María Eugenia
Pelufo Meza y la menor Katherine Yamile Correa López; y) la versiones juramentadas de
los tres (3) policiales que participaron en las diligencias: Roger José Díaz Barreto, Franklin
William Espinosa Navarro y Ermecías Castañeda García, quienes inculparon al
investigado y adujeron que, producto de labores de investigación realizadas, se le había
identificado como el líder de la estructura criminal objeto de desarticulación y; vi) informe
de policía judicial del 30 de junio de 2005 que detalló los antecedentes e investigaciones
que tenía cada uno de los sindicados, dentro del cual figura el señor Omar de Jesús
Díaz Redondo con dos sumarios [Hurto agravado y Hurto Calificado]73.
69 "ARTICULO 357. PROCEDENCIA. <Para los delitos cometidos con posterioridad al lo. de enero de
2005
rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Articulo 526> La medida
de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
FE de cuatro (4) años.
I. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo minimo sea o exceaa
7° Hecho probado 4.4.
71 Hechos probados 4.1., 4.2 y 4.3.
72 Concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo
de las
fuerzas armadas agravado y, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego-de uso personal agravado.
73 Folios 246 a 284 C.2.
14
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
Frente a los informes de policía rendidos en ejercicio de funciones de policía judicial, la
Sala precisa que no constituyen prueba válida de los hechos que narran, porque "si
bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en
otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que
estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar
una prueban".
De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto, revisada la fundamentación de la
medida de aseguramiento en contra del señor Díaz Redondo, esta Subsección
concluye que el ente investigador cumplió con el estándar mínimo preestablecido por
el legislador, toda vez que, para su dictado, en su momento consideró que el procesado
se encontraba seriamente comprometido, pues fue capturado en flagrancia y
concurrieron elementos que lo incriminaban, tales como: (i) denuncias en su contra por
actos punibles que presentaban modalidades similares por las cuales estaba siendo
investigado; (h) el informe de las autoridades; (iii) estar acompañado de personas que
tenían en su poder dos (2) armas de fuego y una (1) granada de fragmentación, así
como dos (2) motocicletas en las que se transportaban y; (iv) la versión de los policiales
que participaron en el operativo de aprehensión. Elementos de juicio que dieron mérito
para concluir que la escena de los hechos estaba presta para delinquir.
Lo anterior, aunado a que las explicaciones dadas en la indagatoria y por los testigos
de descargos no resultaron satisfactorias, por ejemplo, en relación con su presencia en
el sitio de los hechos y encontrarse en compañía de personas fuertemente armadas sin
permiso para ello. Con base en el anterior acervo, la Fiscalía estructuró en el acto tres
(3) indicios —de presencia, oportunidad y mala justificación- para imponer la medida de
aseguramiento al investigado; inclusive, en esta instancia la Sala encuentra acreditados
otros cinco (5) -ordinario, material, anterior, contingente y de necesidad-75.
Bajo este escenario, la Subsécción concluye que la medida de aseguramiento impuesta
a Omar de Jesús Díaz Redondo, se ajustó al derecho penal vigente al momento de
los hechos y se revela razonable, por lo que en esta instancia se desvirtúa lo
considerado por el Tribunal en la sentencia recurrida, quien a pesar de haber anunciado
que haría aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, consideró, con base en
las apreciaciones del ad quem de la causa penal, que la Fiscalía se basó en elementos
endebles de prueba para su inferencia.
Continuando con el análisis, es pertinente señalar que el Artículo 355 de la Ley 600 de
2000, pregonaba que la imposición de la medida de aseguramiento tenía como
finalidad: "garantizar la comparecencia del sindicado alproceso, la ejecución de la pena
privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las
labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios
importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria".
74 Corte Constitucional, sentencia C-1315 de 26 de septiembre de 2000, que declara estarse a lo resuelto en
sentencia C-392 de 6 de abril del mismo año, que decidió sobre la constitucionalidad de los artículos
demandados de la Ley 504 de 1999. En igual sentido, sentencia C-793 de 29 de junio de 2000.
75 De acuerdo con los soportes que sirvieron de fundamento para edificar la instrucción del sumario penal, a
saber: Informe de captura en flagrancia No. 0603 del 11 de junio de 2005 / Fl. 1 a 4 C.4./; Oficio No. 031/ADEPE-
GRUARMI-SIJIN-DEMAG del 11 de junio de 2005 elaborado por el Grupo Investigativo de Armados Ilegales /
Fls. 5 a 9 C.41; recibos de incautación durante el procedimiento de requisa correspondientes a las armas de
fuego, munición, granada, motocicletas y equipo de comunicación / Fls. 18, 20 y 21, 22, 23, 26, C.4./; los
testimonios y versiones juramentadas de descargos del implicado rendidos por Alex Enrique Babilonia Márquez,
María Eugenia Pelufo Meza y la menor Katherine Yamile Correa López /FI.. 200 a 205 C.2. I; las versiones
juramentadas de los tres (3) policiales que participaron en las diligencias: Roger José Díaz Barreto, Franklin William
Espinosa Navarro y Ermeclas Castañeda García /206 a 229 C2/; y el informe de policía judicial del 30 de junio de
2005 que detalló los antecedentes e investigaciones que tenía cada uno de los sindicados III. 238 a 239 C.2. /
15
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
Pues bien, en el caso que se examina, con base en los elementos de prueba en que se
cimentó la medida de aseguramiento, puede inferirse que su imposición resultaba
necesaria para evitar la continuación de la actividad delictiva del procesado porque,
como lo afirmó la Fiscalía General de la Nación, la gravedad del punible y la claridad
de los indicios que lo incriminaban como autor de los delitos investigados, exigían su
aprehensión material hasta que se produjera una decisión definitiva; pero, además,
porque la prueba recaudada hasta ese momento, daba cuenta de la pertenencia del
sindicado a un colectivo criminal, elemento que permitía advertir el peligro que su
permanencia en libertad mientras cursaba la investigación denotaba para la sociedad.
La medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a que el
tiempo en que estuvo detenido el demandante, que correspondió a tres (3) años, seis
(6) meses y ocho (8) días", no puede considerarse como una sanción equivalente a la
pena de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con el
de tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas agravado y; tráfico
y porte de armas de fuego de defensa personal agravado, por los que resultó procesado
con el equivalente a una pena común de 13 años".
Finalmente, en lo atinente a la responsabilidad de la Rama Judicial, por intermedio del
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta -quien condenó a Omar
de Jesús Díaz Redondo como autor responsable de los punibles de tráfico y porte de
armas de uso privativo de las fuerzas militares agravado; concierto para delinquir y;
tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal- y de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta —quien la absolvió- es preciso reseñar los
fundamentos expuestos para el dictado de cada decisión, así:
• La sentencia que condenó en primera instancia a Omar de Jesús Díaz Redondo,
encontró demostrada la existencia del hecho ilícito por el que fue privado de su
libertad, valiéndose para ello del análisis de las pruebas solicitadas y aportadas
por los sujetos procesales frente a las que concluyó que si bien el acusado no
portaba en estricto sentido el material bélico, el hecho de encontrarlo reunido con
las personas que efectivamente lo cargaban justo cuando se dio la aprehensión
colectiva, lo incriminaba, máxime de la preexistencia de denuncias en su contra
y de sus acompañantes por actos punibles que presentaban modalidades
similares por las cuales eran procesados —hurto a mano armada- y la coincidencia
de los objetos de los cuales se valían para ejecutar sus propósitos criminales -
transporte en motocicletas, armas de fuego y uso de elerinentos de comunicación-
; lo anterior, en detrimento del exiguo grado de convencimiento de las pruebas de
descargo que resultaron insuficientes para justificar la teoría de la defensa, según
la cual la incriminación obedecía a una represalia por haber sido policía años
atrás y que simplemente su comparecencia en el lugar de los hechos se dio por
la casualidad de haber adquirido un servicio de moto taxim.
Por su parte, la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, proveído mediante el cual, al amparo de los
principios de autonomía judicial y libre valoración probatoria, consideró que los
elementos demostrativos arribados al plenario punible no acreditaban
ciertamente la consumación de los delitos enjuiciados, toda vez que, partió de la
falta de convicción de la prueba de cargos aportada por órgano acusador, a su
juicio, no permitía llegar al grado de convencimiento exigido por el artículo 232
inciso 2 del C.P.P. para proferir condena, por lo que concluyó sobre el particular
76 Ver hechos probados 3.2.1 y 3.2.8.
77 Resuelve de la sentencia de primera instancia visto a folio 683 C.2
78 Fl. 670 a 686 C.2. Sin embargo, el juicio se desarrolló en varias sesiones, a saber 5 y 9 de octubre y 6 de
diciembre de 2006 según consta en folios 298 a 776 C.2.
16
S Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
que, "a diferencia de lo solicitado por la Fiscalía, lo que se debe proferir es
sentencia absolutoria en una clara aplicación del principio de presunción de
inocencia y por esa vía del in dubio pro reo a favor de t." OMAR DE JESÚS DÍAZ
REDONDO [...T79.
Conforme a lo anterior, concluye esta Colegiatura que el juicio condenatorio llevado a
cabo por el fallador de primera instancia en el proceso penal de marras se basó en
elementos y análisis suficientes para alcanzar la certeza sobre la autoría de Omar de
Jesús Díaz Redondo en los punibles sindicados, pues los argumentos desplegados
fueron todos ellos sustentados en el estudio de la prueba arribada por la Fiscalía y
defensa, brillando por su ausencia arbitrariedad que hubiera servido de fundamento
para la condena impuesta, tal como así lo quiso enrostrar el demandante en su escrito
inicial; por su parte, el ad quem, en el recurso de apelación resuelto, adoptó una
posición distinta a la de su inferior jerárquico, lo que en sí, no implica que se hubiera
configurado un daño antijurídico, pues dicha decisión se libró en virtud del respeto y
acatamiento de los principios de independencia, especialidad y autonomía funcional del
juez, pues la interpretación de los hechos, la valoración probatoria y la aplicación del
derecho no siempre arroja resultados jurídicos unificados, en cuanto juega un papel
importante el margen de apreciación fáctica y de interpretación del derecho que,
precisamente, estos principios le otorgan materialmente a quien administra justicia, lo
cual da como resultado que sea válido y, por lo demás, aceptable dentro del
ordenamiento jurídico, que distintos operadores jurídicos apliquen la misma norma o
valoren la misma situación fáctica a partir de entendimientos o conceptos diferentes
que, igualmente, proyectarán tesis dispares, por cuanto, no en todos los eventos es
posible arribar a una única respuesta.
Así las cosas, el que una decisión proferida por un juez de la República, investido de
autonomía judicial sea modificada o revocada por una autoridad judicial
jerárquicamente superior en virtud de la interposición de recursos en contra de dicha
providencia, automáticamente no configura la responsabilidad del Estado, sino que
garantiza el debido proceso y el principio de doble instancia que brinda seguridad
jurídica.
Sin perjuicio de la anterior consideración, esta Subsección itera que la parte actora en
esta instancia no aportó elementos de juicio para considerar que la condena dictada en
primera instancia hubiera sido producto de caprichos y animadversión del operador
jurídico para con la defensa del aquí demandante, lo que hace que tal cargo sea una
mera apreciación carente de fundamento. En vista de lo expuesto, se concluye que, ni
el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, así como tampoco
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta ocasionaron un
daño antijurídico a la parte actora, encontrándose por el contrario que, ambas
sentencias fundaron sus tesis en el análisis de las pruebas válidamente allegadas al
proceso, reiterando que, por la falencia demostrativa de la parte actora, no se logra
establecer que los citados Operadores Jurídicos, por llegar a conclusiones distintas
hubiesen vulnerado norma sustancial o procesal alguna que diera al traste con la
legalidad del trámite procesal, o que se hubiera significado alguna suerte de desmejora
o vulneración de derecho' derivado del proceso del cual fue objeto el sindicado.
Según lo discernido, la Sála colige que la parte actora no demostró la existencia de un
daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace
infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio y, por ende,
del problema jurídico residual, pues, debe recordarse que la responsabilidad es una
institución que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la
79 FI. 14 a 45 C. de pruebas sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta.
17
Radicado: 47001-23-31-002-2011-00003-01 (56548)
Actor: Omar de Jesús Díaz Redondo y otros
totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, resulta
improcedente la obligación de reparar.
Por consiguiente, esta Subsección concluye que al ser procedente y satisfacer los
presupuestos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, la privación de la libertad
que soportó Omar de Jesús Díaz Redondo no tuvo un carácter injusto. En
consecuencia, al no haberse acreditado la antijuridicidad del daño, la Sala negará las
pretensiones de la demanda y, debido a ello, revocará la sentencia de primera instancia.
VI. COSTAS PROCESALES
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia, en el caso
concreto, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección "C", administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído,
SEGUNDO: NIÉGASE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: DECLÁRASE la falta de legitimación por pasiva de Kelly Cristina Chacuto
Angulo.
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
ICOL C\-
114/Z
President
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SANCHE UQUE
Magistrado o
Aclaración de voto. Cfr. Rad. 36.146-15
#1 y Rad. 50.668-20
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.