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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-31-000-2011-00004-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-31-000-2011-00004-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María Dolores Ramírez Mosquera en contra de la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 28

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-31-000-2011-00004-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-31-000-2011-00004-01 (3069-2023)
Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta1

Temas: Insubsistencia de empleo en provisionalidad. Magistrada de la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Magdalena

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 29 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Magdalena mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Dolores Ramírez Mosquera presentó demanda2 en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 88 del Código
Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Acuerdo 43

1 En adelante DESAJ
2 La demanda fue radicada el 16 de diciembre de 2010 según se extrae del auto inadmisorio del 2

de marzo de 2011 visible en los folios 298 y 299 del expediente digitalizado en Samai, en atención a
la ilegibilidad del acta de reparto.
3 En adelante CCA. Vigente para el momento de radicación de la demanda.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-31-000-2011-00004-01 (3069-2023)
Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

del 4 de mayo de 2010 proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura en el que se declaró la insubsistencia de su nombramiento en
provisionalidad como magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura del Magdalena.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro al cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de
igual o superior categoría; ii) la declaratoria de que no existió solución de
continuidad; iii) el pago de los salarios, incrementos y prestaciones sociales dejados
de pagar desde el momento en que ocurrió el retiro hasta la fecha en que ocurra el
reintegro; iv) el reconocimiento de los perjuicios morales causados4; v) la
actualización del valor total de la condena; y vi) la condena en costas y agencias en
derecho a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

3.1. María Dolores Ramírez Mosquera se desempeñaba en provisionalidad como
magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Chocó, por virtud del nombramiento efectuado mediante el Acuerdo 40 del 14 de
mayo de 2008, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y tomó posesión
del empleo el 30 de mayo de ese año. Finalmente fue trasladada, en el mismo
empleo, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Magdalena a partir del 24 de noviembre de 2009.

3.2. Por medio de la Resolución 11 del 28 de abril de 2010, expedida por el presidente
del Consejo Seccional, le fue concedido un permiso para «ausentarse del despacho»
durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo de ese año.

3.3. A través del Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010 la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena declaró la insubsistencia de su
nombramiento y designó en su reemplazo a Irma Alexandra Cárdenas Castañeda a
partir del día 5 de ese mismo mes y año.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 15, 21, 25, 29, 40 (ordinal 7),

4 En el acápite de pretensiones no se indicó el monto solicitado por este concepto.
5 Folios 6 y 7 del expediente digitalizado.

2

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

48, 53, 83, 121, 125 y 209 de la Constitución Política de 1991; 83, 84, 112 (ordinal
5), 127, 128, 130, 13, 152 (ordinal 5), 158, 161 (parágrafo 1), y 164 de la Ley 270
de 19966; 12 de la Ley 790 de 2002; 44, 45, 47, 48 y 84 del CCA; y 12 del Decreto
190 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:

5.1. Ejerció la docencia universitaria en la Universidad La Gran Colombia y fue jefe
del Área Jurídica y directora de estudios de esa institución entre los años 1982 y
1985. Además, fungió como magistrada de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional del Chocó entre los años 1993 a 1998, fue designada como gobernadora
del departamento del Chocó por el entonces presidente de la República César
Gaviria Turbay, lideró el proceso de implementación de los consejos seccionales de
la judicatura en todo el territorio nacional. Se desempeñó como secretaria general y
gerente encargada del Instituto Resurgir, empleo de rango ministerial, y recibió
felicitaciones por parte del ministro de gobierno de esa época8.

5.2. Superó las etapas del proceso de selección para el empleo de carrera de
magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del
Chocó realizado a través de los acuerdos 12 y 49 de 1993, pero se le negó su
inscripción en carrera porque el Consejo Superior de la Judicatura consideró que
ese proceso «no constituía un verdadero concurso de méritos».

5.3. Cuando fue nombrada magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del
Chocó encontró un despacho con una delicada mora judicial que solo se superó con
su llegada, lo que demuestra su idoneidad y eficiencia en el ejercicio de su labor,
situación que también ocurrió en la seccional Magdalena.

5.4. Días antes de la declaratoria de insubsistencia de su empleo recibió una llamada
por parte de Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, quien le solicitó que presentara la renuncia porque el
cargo «lo necesitaban», ante su negativa la entidad demanda procedió con la
insubsistencia que hoy se cuestiona.

5.5. Es claro que la decisión adoptada por la demandada no obedeció a razones
objetivas ni a la mejora del servicio público, pues la persona que fue nombrada en
su reemplazo no contaba con su misma o mejor experiencia profesional y no superó

6 En adelante LEAJ

7 Folios 17 al 47 del expediente digitalizado.
8 Se refirió al exministro Humberto de la Calle Lombana quien ejerció ese cargo entre los años 1991

y 1993.

3

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

las pruebas de conocimientos del concurso de méritos XVII y XVIII de la Rama
Judicial, pues su nombre no aparecía en la lista de aprobados prevista en la
Resolución 463 del 13 de noviembre de 2008.

5.6. El nombramiento de Irma Alexandra Cárdenas Castañeda obedeció a razones
políticas porque, aunque el empleo de magistrado de los consejos seccionales de
la judicatura es de carrera9, su designación era una facultad de los magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura, quienes «son elegidos para un periodo de ocho
años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno» [sic] al paso que
para esa época había «un nuevo Congreso de la República».

5.7. El acto demandado fue proferido en medio de un periodo de incapacidad médica
que se extendió por más de 30 días y no le fue notificado en debida forma, toda vez
que la citación debió enviarse dentro de los 5 días siguientes a la expedición del
acto, pero al no poder realizarse de manera personal se acudió a la notificación por
edicto que se fijó el 12 de mayo de 2010 y se desfijó el 26 de mayo siguiente, por lo
que el acto cobró ejecutoria el 31 de ese mes y año. Sin embargo, la verdadera
notificación se llevó a cabo el 8 de junio, con posterioridad a la finalización del
periodo de incapacidad.

5.8. Ante la citada situación presentó acción de tutela ante el Tribunal Administrativo
del Magdalena identificada con el radicado 25000-23-15-000-2010-001861-00 en la
que se negó el amparo de los derechos al trabajo, igualdad, salud y mínimo vital,
sin tener en consideración que la defensa de la entidad se basó en una supuesta
pérdida de confianza y en la aparente facultad para disponer de los empleos de libre
nombramiento y remoción, a pesar de que el cargo ejercido era en realidad de
carrera.

5.9. Se desconoció su condición de sujeto de especial protección por su calidad de
jefe de hogar, madre cabeza de familia, pre pensionable y con una delicada
condición de salud debido al diagnóstico de poliartritis, oligoartritis severa y bursitis
de hombro derecho. También se desconoció que es la encargada de sufragar los
gastos de sus 2 hijas estudiantes y de una familiar de la tercera edad a quien
auxiliaba con vivienda y manutención.

5.10. La declaratoria de insubsistencia le causó un delicado cuadro depresivo al no
contar con los medios económicos para asumir sus gastos y los de su familia,
además de la aflicción por haber «salido por la puerta de atrás», no pudo seguir
asistiendo a eventos académicos y su imagen pública se vio muy desmejorada. Con

9 Tal como lo indica el artículo 130 de la LEAJ.

4

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

posterioridad tuvo conocimiento de que su retiro obedeció a un acto de corrupción
conocido como el «carrusel de las pensiones» en el que se nombraron magistrados
durante cortos periodos para mejorar sus asignaciones pensionales y que generó la
apertura de procesos penales y fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y la
Contraloría General de la República10.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DESAJ se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por las
razones que se expresan a continuación11:

6.1. La provisión de empleos de carrera está sujeta a un proceso de selección
gobernado por la meritocracia, por su parte las causales de retiro del servicio se
encuentran expresamente enlistadas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 36 de 1982, la provisión transitoria
de los empleos de carrera se realiza a través de la figura de la provisionalidad.

6.2. Hay una marcada diferencia entre los nombramientos de empleos de carrera y
los provistos en la modalidad de provisionalidad, porque mientras que de los
primeros se predica una prerrogativa de estabilidad laboral y protección que aunque
no es absoluta sí tiene mayor vocación de permanencia en el ejercicio de la labor,
de los segundos no puede predicarse la existencia de la citada estabilidad y, por el
contrario, su permanencia se encuentra ligada a la potestad o discrecionalidad del
nominador, de modo que puede disponerse su retiro del servicio sin necesidad de
motivar dicha decisión, postura que ha sido así desarrollada por el Consejo de
Estado12.

6.3. El servidor que desempeña un empleo de carrera en provisionalidad goza de
una estabilidad laboral intermedia porque a pesar de ostentar «todas las prerrogativas
de los funcionarios de carrera, en ningún caso puede recibir el tratamiento del funcionario
que se nombra y remueve de manera libre».

6.4. Finalmente propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía
gubernativa, inexistencia de la obligación, falta de jurisdicción y competencia en
atención a que el acto demandado fue proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura con sede en Bogotá, y caducidad.

10 Estos argumentos fueron desarrollados en la adición a la demanda presentada el 5 de febrero de

2013. Folios 359 al 367.
11 Folios 343 al 351.
12 Sentencia del 13 de marzo de 2003, radicado interno 3739-2002.

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia proferida el 29 de junio de
202213, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en los
siguientes términos:

7.1. A pesar de que el empleo de magistrado de los consejos seccionales de la
judicatura es de carrera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 de la LEAJ,
se ha admitido la posibilidad de proveer dichos empleos en provisionalidad cuando
exista una vacante sin que haya lista de elegibles disponibles14. En ese sentido, el
argumento relacionado con el hecho de que Irma Alexandra Cárdenas no hubiese
superado el XVII o el XVIII concurso de méritos de la Rama Judicial no tenía
vocación de prosperidad porque mientras no se hubiera convocado a concurso de
méritos y no existiera un empleado en la planta que pudiera asumir el cargo, podía
proveerse en provisionalidad.

7.2. De acuerdo con las hojas de vida aportadas al proceso se advierte que María
Dolores Ramírez Mosquera acreditó títulos de pregrado en derecho y posgrado en
derecho laboral, además de cursos adicionales, y una experiencia laboral de un
poco más de 12 años en la universidad La Gran Colombia, la Empresa de Energía
de Bogotá, el Fondo de Reconstrucción Resurgir, Comfenalco, el Ministerio del
Trabajo y la Seguridad Social y el Consejo Superior de la Judicatura.

7.3. Por su parte, Irma Alexandra Cárdenas un título de pregrado en derecho, dos
posgrados en derecho de la responsabilidad y el daño resarcible y procedimiento
penal y justicia penal militar y cursos en derecho penal general, actualización del
Código Penal y Procedimiento Penal, técnicas de oralidad, actualización en el
Sistema Penal Acusatorio, gramática, ortografía y redacción y derecho internacional
humanitario, entre otros. Así como un poco más de 10 años de experiencia
profesional en la Universidad Externado de Colombia, la empresa Coljurídicas Ltda
y la Defensoría del Pueblo y como conjuez.

7.4. Apesar de que María Dolores Mosquera contó con mayor experiencia
profesional, Irma Alexandra Castañeda acreditó mayor nivel académico,
consideraciones que se plasmaron en el Acuerdo 49 del 4 de mayo de 2010, en las
que constan las razones por las cuales debía declararse la insubsistencia del
nombramiento de la demandante y la designación de su reemplazo. En ese sentido,
no se demostró que el acto demandado estuviese viciado de falsa motivación.

13Documento 7 del expediente digitalizado
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de septiembre de 2010, radicado 25000-

23-25-000-2005-01341-02 (0883-08).

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

7.5. Tampoco se logró probar la desviación de poder, pues la parte demandante no
demostró que la declaratoria de insubsistencia obedeciera a propósitos distintos de
la mejora del servicio. Así, ninguno de los medios probatorios allegados da cuenta
de que haya existido una llamada telefónica por parte de la entonces secretaria
judicial de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para solicitar
la renuncia de la demandante, menos aun si se toma en consideración que se
intentó realizar la notificación por varios medios, esto es a través de fax del 4 de
mayo de 2010, edicto emplazatorio desfijado el 26 de mayo siguiente y, finalmente,
solo se le pudo poner en conocimiento de esa decisión el 8 de junio de ese año, al
reintegrarse de la incapacidad médica que le fue concedida.

7.6. Es cierto que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la
Nación dieron apertura a investigaciones de responsabilidad fiscal y penal en contra
de algunos magistrados y ex magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, entre ellos Emma Garzón Gómez, quien suscribió el
Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010, por movimiento de 16 magistrados auxiliares
entre los años 2008 y 2010 para reemplazarlos por personas que ya se encontraban
pensionadas o por quienes necesitaban mejorar sus ingresos con fines pensionales.
Sin embargo, Irma Alexandra Cárdenas no hacía parte de ese listado de
magistrados auxiliares.

7.7. La persona que fue nombrada en reemplazo de la demandante contaba con 37
años de edad, de modo que no tenía expectativas pensionales para ese momento,
lo que quiere decir que no podía concluirse que su nombramiento estuviese
relacionado con las citadas investigaciones y, por ende, con un hecho de corrupción.
Por el contrario, quien sí contaba con una expectativa pensional era María Dolores
Ramírez Mosquera, pero «mal haría la Sala en inferir que las situaciones administrativas
que favorecieron a la actora tenían relación con el proceso que se siguió contra los
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura».

7.8. No se advierte irregularidad por el tiempo transcurrido entre el traslado desde el
Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó hacia el Consejo Seccional de la
Judicatura Seccional del Magdalena. Tampoco es contrario a derecho que no se le
haya dado la oportunidad de interponer recurso de apelación contra el acto
demandado porque frente a ellos no procede la alzada comentada, misma razón
por la que el citado acto no era pasible de notificación, sino de comunicación15.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de marzo de 2017, radicado 13001-23-33-

000-2013-00224-01 (2663-14).

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

7.9. En esa misma línea, aunque a la demandante se le concedió permiso entre el 3
y el 7 de mayo de 2010 y acudió a una cita médica el 5 de ese mes y año en la que
se le concedió una incapacidad a partir de ese día, no hay constancia de que haya
puesto esa situación en conocimiento del empleador, deber legal que le asistía16,
razón por la que era una situación que no podía ser valorada por la parte
demandada.

7.10. La Corte Constitucional17 ha señalado que no toda mujer puede ser considerada
madre cabeza de familia por tener a su cargo la dirección del hogar y que para ello
es necesario que acredite lo siguiente:

«(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas
incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente;
(iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino
que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien
que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un
motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental
o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda
de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la
madre para sostener el hogar» [sic].

7.11. No obstante, la demandante no acreditó los citados requisitos de modo que no
podía entenderse que sea madre cabeza de familia y que por ello goce de una
protección laboral reforzada. Menos aún si se valora que sus hijas no son menores,
pues contaban con 25 y 26 años de edad, y no son personas en condición de
discapacidad.

1.4. El recurso de apelación

8. María Dolores Ramírez Mosquera presentó recurso de apelación con base en los
siguientes argumentos18:

8.1. El acto administrativo demandado sí está viciado de nulidad por incurrir en falsa
motivación y desviación de poder. Es evidente la falsa motivación porque el
argumento para declarar la insubsistencia discutida fue la supuesta mayor
experiencia profesional de Irma Alexandra Cárdenas Castañeda, afirmación que fue
desvirtuada con las pruebas aportadas y reconocido en la sentencia de primera
instancia. Además, no se tomó en consideración su desempeño como gobernadora
del departamento del Chocó, que ya había fungido como magistrada del Consejo

16 Así lo ha desarrollado el Consejo de Estado en sentencia del 18 de junio de 2016, radicado 25000-

23-42-000-2012-00122-01 (2181-2015).
17 No se citó la providencia, pero podría tratarse de la sentencia SU-388 de 2005.
18 Documento 8 del expediente digitalizado

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

Seccional de la Judicatura en el Chocó, su ejercicio docente y que superó un
concurso de méritos que luego fue desestimado por la judicatura.

8.2. IrmaAlexandra Cárdenas Castañeda no tenía experiencia en el cargo de
magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura, lo que evidencia que no es cierto
que tuviera una mejor experiencia profesional, motivo por el cual sí es falsa la
motivación del acto demandado. En todo caso, el cargo debió proveerse en favor
de una persona que integrara la lista de elegibles, luego de adelantar el respectivo
concurso de méritos.

8.3. También quedó probada la desviación de poder en atención a la llamada recibida
días antes de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, la cual fue
autorizada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues hubo
una proximidad cronológica entre la negativa a presentar la renuncia al cargo y la
expedición del acto de insubsistencia.

8.4. El cargo de desviación de poder rara vez logra probarse por la confesión del
autor, de modo que el juez debe acudir a los indicios o pruebas indirectas que en
esta oportunidad corresponden al traslado intempestivo del departamento del
Chocó al Magdalena, la citada llamada en la que se solicitó la presentación de la
renuncia, el gran número de renuncias al cargo de magistrado de los consejos
seccionales durante el año 2010 y el sesgo político de los magistrados de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que son elegidos por el
Congreso de la República, circunstancia reconocida por el magistrado Francisco
Escobar Henríquez en un artículo publicado por el diario El Tiempo.

8.5. Todo lo anterior hace muy creíble la afirmación sobre la llamada telefónica y, por
contera, la desviación de poder con la que fue expedido el acto de insubsistencia
que atendió intereses personales y no de mejora del servicio.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

9. La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en el recurso de
apelación sobre la configuración de la falsa motivación y desviación de poder en el
acto demandado y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia para
que, en su lugar, se accediera a sus pretensiones19.

1.6. El Ministerio Público

19 Índice 14 de Samai.

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10. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia20.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia21, se circunscribe a establecer
¿si el Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010 proferido por la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura en el que se declaró insubsistente el
nombramiento de María Dolores Ramírez Mosquera como magistrada de la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y se nombró en
su reemplazo a Irma Alexandra Cárdenas Castañeda está viciado de falsa
motivación y desviación de poder?

2.2. Marco normativo. Aspectos generales de la función pública

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

12. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12522 que, por

20 Constancia en el índice 15 de Samai.
21 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
22 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

13. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió, en el caso de los servidores judiciales, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, y en el artículo 130 de esta última normativa se
determinó que hacían parte de la función pública los empleos de i) carrera, ii) libre
nombramiento y remoción y iii) período individual. Respecto de los primeros, enlistó
a los magistrados de las altas cortes, a los miembros del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y al Fiscal General de
la Nación. En relación con los segundos, inscribió al magistrado auxiliar, director de
unidad y jefe de división del Consejo Superior de la Judicatura; director de unidad y
directores administrativos de la DEAJ; y empleados de los despachos de magistrado
de las altas cortes, entre otros. Y, en referencia a los terceros, registró a los
magistrados de tribunal superior de distrito judicial, de tribunal administrativo, de los
consejos seccionales de la judicatura, de las comisiones seccionales de disciplina
judicial, de los fiscales no previstos en los incisos anteriores, de juez de la República
y los demás de la Rama Judicial.

14. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos23 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son
meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas
para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia
sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
23 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».

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siguiente clasificación:

15. i)De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficiencia y eficacia en el desarrollo de la función pública24, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.

16. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente25 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador26; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.

17. Respecto de este sistema el artículo 156 de la LEAJ determinó:

«Artículo 156. Fundamentos de la carrera judicial. La carrera judicial se basa en el
carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la
garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los
ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal
para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio».

18. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera, el cual, entre otros garantiza la estabilidad del
empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la confianza de que
solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño
del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no

24 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
25 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó

la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
26 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.

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será removido de él27. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la
función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.

19. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal.

20. ii) De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la
discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán
ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica
una decisión política28, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan
obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de
plena confianza de sus colaboradores29. La provisión de dichos cargos responde a
la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir, sin sujeción a ciertas
formalidades para su designación.

21. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de
los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de
establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los
criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se
encuentran previstos en el artículo 130 de la LEAJ.

22. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional30 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el
cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener
fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera;
ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de
confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.

23. A
propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los

27 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández

Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
28 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
29 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
30 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-

553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.

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cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se
ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece lineamientos
institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan
actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo,
siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos
funcionarios.

24. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para
producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar,
debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador
no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma
naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la
Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la
función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una
decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder
a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia
y evaluación»31.

25. iii) De período. Por mandato constitucional32 o legal33 son aquellos empleos que
se proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en
razón a su representación política o democrática o la independencia e imparcialidad
que se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración
se ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo, como es el caso
de los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el registrador
nacional del estado civil, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo,
el auditor general de la nación, los rectores de universidades públicas, miembros de
las Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones, gerentes o
directores de las empresas sociales del Estado, entre otros.

26. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se

31 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
32 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del

A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual
este fue elegido.
33 A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994;

15, 34, 44, 53,76 y 130 de la LEAJ; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.

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subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.

26.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole. Dichos cargos se vinculan con la administración como representantes
políticos y democráticos del constituyente primario34.

26.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra
determinada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo,
este tipo de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e
imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la designación son
variados35.

27. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 36, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la entidad
y las tareas oficiales que se le asignan37; de ahí que exista una diferencia sustancial
entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por las razones
aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus labores; esto
es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales de retiro
están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los principios de
especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una fecha cierta de
inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable en relación
con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento objetivo
del empleo38 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que no se
extiende más allá del lapso fijado para su culminación39.

2.2.2. Formas de provisión de los empleos

34 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,

expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
35 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,

expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
36 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
37 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
38 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,

radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
39 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,

C.P. Gustavo Aponte Santos.

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28. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.

29. i) En propiedad se vincula con la administración a aquellas personas que,
además de cumplir con los requisitos generales y especiales para desempeñar el
cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que siendo de libre
nombramiento y remoción así ha sido designado por su nominador, al y como lo
dispone el artículo 130 de la LEAJ.

ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que ocupan
empleos de carrera. En efecto, el artículo 132, numeral 3, de la LEAJ permite al
nominador designar en encargo a los funcionarios o empleados que se desempeñen
en propiedad, por un periodo de un mes prorrogable hasta por otro igual, vencido el
cual procede el nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso.
De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye en
una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del personal
de carrera40.

30. iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal de
las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera
administrativa»41.

31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.2 de la LEAJ42 esta forma de
provisión se realiza en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la
designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de 6 meses,
o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o
la misma sea superior a 1 mes. La norma prevé que cuando el cargo sea de carrera,
el nominador debe solicitar al Consejo Superior o Seccional de la Judicatura el envío
de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos
mínimos para el desempeño del cargo. Y que, en caso de vacancia temporal en la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
42 Sin las modificaciones que introdujo la Ley 2430 de 2024.

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Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará
directamente por la respectiva Corporación.

32. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya naturaleza es
de carrera.

33. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 1973, las leyes 61 de 1987, 27 de
1992, 443 de 1998, 909 de 2004 y LEAJ, en las cuales se previó que ante la
imposibilidad de proveer el cargo de carrera a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por falta de
personal.

2.2.4. Los servidores de la Rama Judicial. Naturaleza del cargo de magistrado
del Consejo Seccional de la Judicatura

34. En la Rama Judicial, el régimen de carrera está concebido como un sistema
especial que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación,
disciplina y otras actividades de los jueces, fiscales, magistrados y demás
profesionales, cualquiera que sea su categoría o nivel.

35. En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, la carrera judicial tenía como
fundamento legal el Decreto 52 del 13 de enero de 198743 en cuyo artículo 1
establecía que «[l]a carrera Judicial tiene por objeto garantizar la eficiente administración
de justicia y, con base en el sistema de méritos, asegurar en igualdad de oportunidades el
ingreso y ascenso en el servicio de funcionarios y empleados con estabilidad e
independencia». Por su parte, el artículo 2 ibidem señalaba que «son funcionarios los
magistrados, jueces y fiscales de la República. Las demás personas que ocupen cargos en
la Rama Jurisdiccional y en las fiscalías tienen la calidad de empleados».

36. Posteriormente, la Constitución Política de 1991, en el artículo 256, numeral 1,
dispuso que correspondería al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos
seccionales [jurisdicción creada por el Constituyente de 1991], administrar la carrera
judicial.

43 «Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial».

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37. En desarrollo de los anteriores presupuestos constitucionales, se expidió la Ley
270 del 7 de marzo 1996 «Estatutaria de Administración de Justicia», en virtud de la
cual se estableció lo relativo a la carrera judicial, y para lo cual tuvo como referente
que la justicia es un valor orientador de la actuación del Estado y por ende de
quienes prestan esta loable función de administrar justicia como servicio público
esencial.

38. Es así como los artículos 156 al 175 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, regulan lo relativo a los fundamentos de la carrera judicial; la administración
de la carrera como tal; el campo de aplicación; el régimen de carrera en la Fiscalía
General de la Nación; el concurso de méritos; las causales de retiro y la competencia
para administrar la carrera, entre otros aspectos. Asimismo, el artículo 86 de la
norma, señala que los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los
consejos seccionales se designarán por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las normas sobre carrera judicial.

39. En ese contexto, el legislador previó los supuestos con fundamento en los cuales,
procedería el retiro o la exclusión de un servidor público de la carrera judicial. Es así
como las causales de retiro o exclusión de la carrera judicial se encuentran
señaladas en el artículo 173 ibidem que establece lo siguiente:

«Artículo 173. Causales de retiro de la carrera judicial. La exclusión de la Carrera
Judicial de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas de retiro
del servicio y la evaluación de servicios no satisfactoria.

Parágrafo. El retiro de la Carrera Judicial lleva consigo el retiro del servicio y se
efectuará mediante acto motivado, susceptible de los recursos de la vía gubernativa».

40. De acuerdo con la norma transcrita, la exclusión de un servidor público de la
carrera judicial tiene como fundamento dos causales a saber: i) el retiro del servicio
por las causales genéricas y ii) la evaluación de servicios no satisfactoria. Por tanto,
se trata de un presupuesto legal que remite a otro como lo es el del artículo 149
ibidem, que dispone lo siguiente:

«Artículo 149. Retiro del servicio. La cesación definitiva de las funciones se produce
en los siguientes casos:
1. Renuncia aceptada.
2. Supresión del Despacho Judicial o del cargo.
3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.
4. Retiro forzoso motivado por edad.
5. Vencimiento del período para el cual fue elegido.
6. Retiro con derecho a pensión de jubilación.
7. Abandono del cargo.

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8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaración de insubsistencia.
10. Destitución.
11. Muerte del funcionario o empleado» [Se resalta].

41. Valga precisar que a partir de la sentencia SU-250 de 1998, la Corte
Constitucional ha sostenido que «pese al carácter eminentemente transitorio de este tipo
de nombramientos, las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad gozan
de cierta estabilidad laboral, pues su desvinculación no puede hacerse de manera
discrecional como está permitido para los cargos de libre nombramiento y remoción». Esta
posición ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010, en la que
indicó que es deber de la administración motivar los actos administrativos por los
cuales se declara la insubsistencia de los empleos nombrados en provisionalidad
en cargos de carrera. Sobre el particular, señaló «que respecto del acto de retiro de un
servidor público que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad
laboral propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la
obligación de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber
de manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión».

42. De igual manera, en sentencia SU-556 de 2014 dispuso que cuando se produce
la desvinculación de un servidor público nombrado en provisionalidad en un cargo
de carrera, sin que el acto sea motivado, se desconocen los derechos
fundamentales a la igualdad, al mérito, de acceso a los cargos públicos, al debido
proceso y a la estabilidad laboral relativa. Este criterio fue asumido en sentencia
SU-053 de 2015, en la que se reiteró que los actos de retiro de los servidores que
ejercen un cargo de carrera en provisionalidad deben ser motivados, con el fin de
garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

43. En igual sentido, sobre la declaración de insubsistencia de los empleados que
ostentan cargos en provisionalidad en la rama judicial, el Consejo de Estado, en
providencia del 26 de noviembre de 201844 reiteró lo expuesto en la decisión del 23
de septiembre de 2010 [expuesta en líneas anteriores] según la cual, con la entrada
en vigor de la Ley 909 de 2004, los actos administrativos de insubsistencia de
empleados provisionales del sistema general de carrera deben contener una
motivación expresa, debido al mandato consignado en el parágrafo 2 del artículo 41
de la aludida norma, según el cual la competencia para el retiro de los empleos de
carrera, es reglada, de conformidad con las causales establecidas en la Constitución
Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado, norma que resulta
aplicable al régimen de la Rama Judicial; todo, en vigencia de los derechos

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018,

radicado 05001-23-31-000-2003-04443-02 (3429-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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fundamentales a la igualdad, de defensa y al debido proceso, así como el de
estabilidad.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

44.1. María Dolores Ramírez Mosquera fue nombrada magistrada de la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó por medio del
Acuerdo 40 del 14 de mayo de 2008, empleo del que tomó posesión el 30 de mayo
de ese año45.

44.2. Por medio de la Resolución 46 del 20 de noviembre de 2009 fue trasladada al
Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena46.

44.3. A través del Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010 fue declarado insubsistente su
nombramiento y se designó en su reemplazo a Irma Alexandra Cárdenas
Castañeda. Las consideraciones del acto administrativo fueron las siguientes47:

«Que de conformidad con lo decidido en Sesión Extraordinaria N° 049 de mayo 04 de
2010, los Honorables Magistrados decidieron declarar insubsistente el nombramiento en
provisionalidad de la doctora MARÍA DOLORES RAMIREZ MOSQUERA […] en el cargo
de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena, a partir del 05 de mayo de 2010 y en su reemplazo nombrar
en provisionalidad a la doctora IRMA ALEXANDRA CARDENAS CASTAÑEDA.

Que como ha quedado expresado, se reitera que es conveniente desarrollar políticas
administrativas que logren mejorar el servicio frente a las personas que se encuentran
ocupando en provisionalidad para ser reemplazados por quienes realmente acrediten
tener mayor experiencia profesional, mayor nivel académico y ejerzan o hayan ejercido
la docencia universitaria, garantizando con ello el mejoramiento del servicio.

En cuanto a la doctora IRMA ALEXANDRA CARDENAS CASTAÑEDA, tiene dos
especializaciones, tres (03) diplomados, curso de especialización derecho penal general,
curso de gramática, redacción y ortografía, y 21 seminarios. COMO EXPERIENCIA
LABORAL ha trabajado como profesional especializado en la Unidad Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación; Asesora despacho del
Vicefiscal General de la Nación, Asesora de Gestión, Coordinadora Consultorios
Jurídicos, Defensoría del Pueblo; Defensora Pública, Defensoría del Pueblo; Abogada
Litigante; Abogada Externa, Coljurídicas; Conjuez Tribunal Superior de Bogotá; Abogada

45 Folios 55 y 66 del expediente digitalizado.
46 Folio 57 del expediente digitalizado.
47 Folios 58 y 59 del expediente digitalizado.

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Radicado: 47001-23-31-000-2011-00004-01 (3069-2023)
Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

Asesora, Sala Penal, Consultorio Jurídico, Universidad Externado de Colombia;
Asistente Judicial del doctor EDUARDO UMAÑA MENDOZA.

COMO EXPERIENCIA ACADÉMICA, ha sido Abogada Asesora, Sala Penal, Consultorio
Jurídico de la Universidad Externado de Colombia, Técnicas de Oralidad en el Proceso
Penal Colombiano; Consultorio Jurídico de la Universidad Externado de Colombia;

Asistente Módulo de Técnicas de Juicio Oral en el proceso penal colombiano, curso de
derecho procesal penal, Universidad Externado de Colombia; Coordinadora de auxiliares
jurídicos en el desarrollo del proyecto “Diagnóstico sobre Violencia intrafamiliar y el
abuso sexual en 20 localidades de Bogotá” y Monitora, Sala Penal, Consultorio Jurídico,
Universidad Externado de Colombia; como las conferencias dictadas “La Conciliación en
materia penal, Asista Ltda.”, “El nuevo Sistema Procesal Penal, Colombia” y “Derecho
Procesal, Capitulo Atlántico, Barranquilla”.

Que a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le fue
presentada la mencionada Hoja de Vida, la cual resulta evidente que supera
académicamente, en especializaciones y en perfil profesional en la Rama Judicial a la
doctora MARÍA DOLORES RAMIREZ MOSQUERA […] quien actualmente ejerce el
cargo en provisionalidad, razones que motivaron a la sala para que en Sesión
Extraordinaria N° 049 de mayo 04 de 2010, los Honorables Magistrados aprobaran la
declaratoria de insubsistencia y la consecuente designación de su reemplazo en la
persona de la Doctora IRMA ALEXANDRA CARDENAS CASTAÑEDA […] con quien se
espera lograr los fines de mejoría del servicio».

44.4. El 5 de mayo de 2010, la EPS Sanitas le concedió una incapacidad médica de
33 días contados a partir de esa fecha hasta el «31 de mayo de 2010» [sic]48. Entre
el 11 de noviembre de 2008 y el 30 de junio de 2009 se le concedieron 5
incapacidades médicas para un total de 16 días; la última por padecimientos de
artrosis de rodilla derecha49. El médico internista Carlos Alberto Rentería certificó el
10 de junio de 2010 que la demandante padecía «hipertensión arterial de difícil control,
requiriendo seguimiento frecuente, obesidad mórbida que dificultaba la obtención de metas,
depresión por obesidad, más ansiedad originada por patologías no controladas, el
sobrepeso también originó compromiso articular en rodillas, tobillos y hombro, gran
compromiso de manguito rotador que no mejora a pesar de infiltraciones y terapia física »
[sic]50.

44.5. El30 de junio de 2010 promovió acción de tutela en contra de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, al mínimo vital y a la igualdad,
presuntamente vulnerados con la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
del empleo que desempeñaba51. El mecanismo constitucional fue radicado ante el

48 Folio 75 del expediente digitalizado.
49 Folios 78 al 82 del expediente digitalizado.
50 Folio 86 del expediente digitalizado. Además, se aportaron resultados de exámenes médicos y de

diagnóstico y, aparte de la historia clínica y certificaciones se asistencia a citas médicas.
51 Folios 60 al 69 del expediente digitalizado.

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se identificó con el radicado 25000-23-
15-000-2010-001861-00 y en sentencia del 16 de julio de ese año se negó el amparo
deprecado52. La anterior decisión fue confirmada por el Consejo de Estado en
sentencia del 27 de octubre de 201053.

44.6. Seaportaron copias de los registros civiles de nacimiento de Lina María
Escobar Ramírez y Rita Mercedes Escobar Ramírez, hijas de la demandante,
quienes nacieron el 1 de mayo de 1984 y el 17 de septiembre de 1985. Además, se
aportaron certificaciones de inscripción en cursos de posgrado en la Universidad del
Rosario y del IED Milano54.

44.7. De acuerdo con la hoja de vida aportada al proceso, para el momento de
expedición del Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010 María Dolores Ramírez Mosquera
acreditó pregrado en derecho de la Universidad La Gran Colombia y especialización
en derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia y una experiencia
laboral aproximada de 12 años en los sectores público y privado, entre las que se
encuentran el ejercicio docente en la Universidad La Gran Colombia y el desempeño
del cargo de magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Chocó y del Magdalena entre el 30 de noviembre de 1993 y el 30 de
junio de 1998 y desde el 1 de junio de 2008 hasta el momento en el que se produjo
el retiro55.

44.8. Por su parte, Irma Alexandra Castañeda Cárdenas contaba con pregrado en
derecho y especialización en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad
Externado de Colombia y especialización en procedimiento penal constitucional y
justicia penal militar de la Universidad Militar Nueva Granada. En cuanto a la
experiencia acreditó alrededor de 10 años y 8 meses de ejercicio profesional en los
sectores público y privado, pues laboró como docente en su alma mater, en calidad
de abogada en la empresa Coljurídicas Ltda y en la Defensoría del Pueblo, además
ejerció como conjuez durante alrededor de 8 meses56.

52 Folios 242 al 273 del expediente digitalizado.
53 Sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
conformada por los magistrados Víctor Hernando Alvarado Ardila, Gerardo Arenas Monsalve y
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
54 Instituto europeo de diseño de Milán. Folios 125 al 149 del expediente digitalizado.
55 Expediente administrativo en el cuaderno 9 del expediente digitalizado. Además, se certificaron

cursos de actualización, asistencia a simposios y formación no oficial.
56 Expediente administrativo en el cuaderno 9 del expediente digitalizado. Además, se certificaron

cursos en derecho penal de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Externado de
Colombia, en técnicas de oralidad de la Universidad de México, gramática y redacción de la
Universidad Nacional de Colombia y derecho internacional humanitario de la Universidad Autónoma
de Bucaramanga.

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

2.4. Análisis sustancial

45. El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones porque no se
logró desvirtuar la presunción de legalidad del Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010,
en atención a que el acto acusado estuvo motivado por las calidades profesionales
de Irma Alexandra Cárdenas Castañeda, no se demostró que el nombramiento
estuviera relacionado con los actos de corrupción alegados, no se encontró
irregularidad en la comunicación del acto y no se acreditó la existencia de una
condición que le brindara una protección laboral reforzada.

46. María Dolores Ramírez Mosquera apeló la anterior decisión por considerar que sí
se configuraron los vicios alegados, toda vez que no era cierto que la persona que
fue nombrada en su reemplazo tuviera mejor experiencia profesional y que sí
existían indicios suficientes para concluir que la insubsistencia de su nombramiento
obedeció a razones políticas y no de mejora del servicio.

47. Luego de analizar los argumentos expuestos por la apelante única y los
elementos probatorios allegados al proceso, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de acuerdo con las
siguientes razones:

48. Respecto del cargo de falsa motivación, la demandante sostuvo que el acto
acusado se fundó en la supuesta mayor experiencia profesional de la persona
designada en su reemplazo, afirmación que, en su criterio, fue desvirtuada dentro
del proceso, pues se acreditó que contaba con una trayectoria profesional superior,
así como con experiencia específica en el ejercicio del cargo de magistrada
seccional. A partir de ello concluyó que la motivación del acto carecía de veracidad
y que la decisión obedeció a razones distintas de las expresamente explicadas.

49. No obstante, del contenido del acto administrativo demandado se advierte que la
motivación de la decisión no se sustentó exclusivamente en el criterio aislado de la
experiencia profesional, como lo plantea la recurrente, sino en una valoración
integral de los perfiles de ambas profesionales, tomando en consideración
elementos tales como la experiencia profesional, el nivel académico y la experiencia
docente.

50. En efecto, en el Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010 se dejó constancia de que
Irma Alexandra Cárdenas Castañeda acreditaba 2 especializaciones, 3 diplomados,
múltiples cursos de formación jurídica especializada, experiencia laboral en distintas
entidades públicas y privadas y trayectoria académica vinculada a la enseñanza

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

universitaria, circunstancias que fueron valoradas por la autoridad nominadora al
momento de adoptar la decisión de reemplazo.

51. Por su parte, se encuentra acreditado en el proceso que María Dolores Ramírez
Mosquera contaba con título profesional en derecho, especialización en derecho
laboral y una experiencia profesional aproximada de 12 años en distintas entidades,
incluida la Rama Judicial como magistrada de la Sala Disciplinaria de los consejos
seccionales de la Judicatura del Chocó y del Magdalena.

52. De la comparación de las hojas de vida allegadas al proceso se concluye que,
aunque la demandante acreditaba mayor experiencia profesional, la funcionaria
designada en su reemplazo contaba con una formación académica superior,
representada en un mayor número de especializaciones, cursos y actividades
académicas, de modo que la decisión administrativa respondió a una valoración
comparativa entre sus perfiles profesionales.

53. Ahora bien, aunque Irma Alexandra Cárdenas Castañeda no acreditaba
experiencia previa como magistrada de consejo seccional, sí había ejercido como
conjuez, circunstancia que, aun cuando no equivale al desempeño formal y
permanente de un cargo judicial, sí podía ser apreciada por la autoridad nominadora
como antecedente relacionado con el conocimiento y trámite de asuntos
jurisdiccionales para la valoración global de su hoja de vida.

54. En ese contexto, no resulta admisible afirmar que la administración haya incurrido
en falsa motivación, pues las razones expresadas en el acto administrativo
encuentran respaldo en los documentos aportados al expediente y revelan una
ponderación global de los antecedentes académicos y laborales de ambas
funcionarias. La discrepancia de la demandante frente al criterio adoptado por la
administración no constituye por sí sola una demostración de que la motivación
invocada fuera falsa o contraria a la verdad.

55. Debe recordarse que la falsa motivación como causal de nulidad exige la
demostración de que los supuestos de hecho invocados en el acto administrativo
son contrarios a la realidad o estos son inexistentes. En el presente caso, la
demandante no logró desvirtuar que la persona nombrada en su reemplazo no
acreditara mejores condiciones académicas ni tampoco probó que la valoración
efectuada por la autoridad nominadora hubiera sido arbitraria, subjetiva o carente
de sustento fáctico.

56. En consecuencia, al no evidenciarse que la motivación contenida en el acto
acusado se fundara en hechos inexistentes o contrarios a la realidad, el cargo de

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

falsa motivación no está llamado a prosperar, razón por la cual se impone confirmar
la conclusión adoptada por el a quo sobre este aspecto.

57. En relación con el cargo de desviación de poder, la demandante sostuvo que la
declaratoria de insubsistencia obedeció realmente a finalidades distintas de las del
mejoramiento del servicio, afirmación que fundamentó principalmente en una
supuesta llamada telefónica en la que se le habría solicitado la renuncia días antes
de la expedición del acto administrativo.

58. Sin embargo, en el expediente no obra prueba alguna que permita acreditar la
existencia de dicha llamada ni mucho menos el contenido que la demandante le
atribuye. No se aportaron registros, testimonios ni otro medio probatorio idóneo que
permitiera corroborar que efectivamente se le hubiese exigido la renuncia como acto
previo a la declaratoria de insubsistencia.

59. Laausencia de prueba sobre ese hecho impide tener por demostrado un
propósito incorrecto por parte de la entidad demandada, más aún si se tiene en
cuenta que la desviación de poder exige acreditar que la autoridad ejerció la
competencia con fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico, carga
probatoria que correspondía asumir a la parte actora y que no fue satisfecha en el
presente caso. Conviene resaltar que no se aportó elemento probatorio alguno
tendiente a demostrar el supuesto de hecho alegado, lo que impide arribar a la
conclusión pretendida por la demandante incluso, a partir de pruebas indiciarias
como lo reclama, las que, se insiste, no se aportaron.

60. Si bien para la apelante las circunstancias que expone pueden generar
suspicacias sobre las razones que motivaron la decisión administrativa cuestionada,
lo cierto es que los hechos invocados, valorados tanto de manera individual como
conjunta, no constituyen prueba suficiente de la alegada desviación de poder. En
efecto, el traslado intempestivo, la supuesta solicitud de renuncia, las renuncias
presentadas por otros funcionarios en el mismo periodo y las afirmaciones
generales sobre eventuales afinidades políticas del órgano nominador apenas
configuran conjeturas que, aunque pueden despertar dudas subjetivas, no permiten
inferir de manera clara y concluyente que el acto demandado hubiera sido expedido
con una finalidad distinta a la prevista en la ley.

61. La desviación de poder exige acreditar que la autoridad utilizó formalmente una
competencia legítima con el propósito de satisfacer un fin ajeno al interés general.
Sin embargo, los indicios alegados no evidencian de forma directa ni permiten
deducir que el propósito del acto administrativo demandado respondiera a móviles
ilegítimos. En consecuencia, aun cuando se comprende que los hechos relatados

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

por la demandante pueden ser interpretados como señales de desviación de poder,
lo cierto es que tales elementos no son idóneos para demostrar el vicio invocado,
pues no desvirtúan las razones formales que sustentaron la decisión.

62. De igual forma, los demás elementos probatorios allegados tampoco permiten
concluir que su retiro y el nombramiento de Irma Alexandra Cárdenas Castañeda
obedecieran a un acto de corrupción. La postura planteada por la demandante se
relaciona con presuntas prácticas orientadas a favorecer a personas próximas a
obtener beneficios pensionales; no obstante, se acreditó que la funcionaria
nombrada en reemplazo tenía 37 años de edad para la época de los hechos, por lo
que no se encontraba próxima a pensionarse ni podía derivar de su nombramiento
un beneficio pensional inmediato.

63. Así las cosas, los elementos de convicción obrantes en el expediente no permiten
establecer que la decisión administrativa hubiera perseguido intereses particulares
o espurios, ni que la finalidad invocada en el acto [el mejoramiento del servicio]
hubiera sido una mera apariencia para encubrir propósitos ilegítimos. Por el
contrario, la motivación dispuesta en el acto encuentra sustento en la valoración de
las hojas de vida y no fue desvirtuada por la parte actora.

64. Aunado a lo anterior, tampoco se acreditó en el proceso que la persona
designada en reemplazo de la demandante careciera de las condiciones de
idoneidad necesarias para el ejercicio del cargo. Por el contrario, las pruebas
allegadas dan cuenta de que Irma Alexandra Cárdenas Castañeda cumplía con los
requisitos académicos y profesionales exigidos y contaba con experiencia laboral
relevante en el sector jurídico, sin que se hubiera demostrado que su designación
implicara un desmejoramiento del servicio o la elección de una persona
manifiestamente carente de las calidades necesarias para el desempeño del
empleo.

65. En esas condiciones, no es posible inferir que la decisión administrativa careciera
de sustento objetivo, ni que la valoración efectuada por la autoridad nominadora
hubiese resultado irrazonable o arbitraria. Así las cosas, al no haberse demostrado
la configuración de falsa motivación ni de desviación de poder en la expedición del
Acuerdo 43 del 4 de mayo de 2010, la Sala confirmará la sentencia apelada, en
cuanto negó las pretensiones de la demanda, al permanecer incólume la presunción
de legalidad que ampara el acto administrativo acusado.

2.5. Costas

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

66. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 171 del CCA que dispuso:

«Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil».

67. El enunciado de la norma no presupone la causación de costas per se contra la
parte que pierda el litigio, sino que esta decisión tendrá en consideración la conducta
asumida por las partes.

68. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma57.

69. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

70. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la falsa
motivación ni la desviación de poder como vicios predicables respecto del Acuerdo
43 del 4 de mayo de 2010 que declaró insubsistente el nombramiento de María
Dolores Ramírez Mosquera como magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena y nombró a Irma Alexandra Cárdenas
Castañeda en su reemplazo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

57En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: María Dolores Ramírez Mosquera

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María Dolores
Ramírez Mosquera en contra de la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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