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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2011-00446-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2011-00446-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Magdalena Despacho de Descongestión. SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control impetrado. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-31-000-2011-00446-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 47001-23-31-000-2011-00446-01 (55123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
Adecuación título de imputación - Firmeza de la decisión impide aplicar el título de
imputación por error judicial – Falla genérica del servicio – Caducidad de la acción
– Operó

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Fiscalía General de la Nación incurrió en un error
jurisdiccional contenido en la decisión que decretó medidas cautelares sobre los
bienes inmuebles de propiedad de la señora Gala Isabel Donado Bustamante,
quien fue vinculada como tercera civilmente responsable al proceso penal que se
adelantó con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 7 de enero de 2002.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 25 de febrero de 2015, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Magdalena, despacho de descongestión, negó las
pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 11 de noviembre de
20111, por la señora Gala Isabel Donado Bustamante (afectada directa), Oriana
Margarita Recolde Donado (hija), Sergio Marcelo Sanza (esposo), Orietta Cristina y
Sibila del Carmen Donado Bustamante (hermanas), Jairo Andrés Ávila Donado,
Mateo y Sergio González Rubio Donado (sobrinos), en contra de la Nación –
Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son, los siguientes:

1
Según sello de presentación personal visible a folio 7 del cuaderno 1.

1

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Pretensiones

3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la
consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le
fueron causados por el supuesto error jurisdiccional en que incurrió la Fiscalía 30
Seccional de Santa Marta, al vincular a la señora Gala Isabel Donado Bustamante
como tercera civilmente responsable y, en tal condición, decretar medidas
cautelares que afectaron sus bienes, ello en el marco del proceso penal que se
adelantó con motivo del accidente de tránsito ocurrido el 7 de enero de 2002, sin
que ella tuviera injerencia alguna en este hecho.

4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) 100 SMLMV por
concepto de perjuicios morales y daño a la vida de relación, respectivamente, para
cada uno de quienes alegaron las calidades de afectada directa, esposo e hija y 50
SMLMV para cada uno de los demás demandantes; así como ii) la suma que se
demuestre por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante2.

Hechos

4. Como supuesto fáctico de las pretensiones, se indicó que el 22 de febrero de
1999, la señora Gala Isabel Donado Bustamante vendió el vehículo de placas EUW
371, marca Toyota Land Cruiser, por intermedio del Concesionario Futurauto Ltda.,
a la señora Gina Luz Vengoechea Riascos3.

5. El 7 de enero de 2002, la señora María Yaneth Gutiérrez Rojas falleció y cuatro
personas más resultaron lesionadas como consecuencia del accidente de tránsito
que comprometió al citado vehículo, que estaba siendo conducido por el señor
Hernán Darío Vengoechea Riascos.4

6. En virtud de lo anterior, la Fiscalía 30 Seccional de Santa Marta abrió una
investigación penal en contra de Hernán Darío Vengoechea Riascos por los delitos
de homicidio y lesiones personales. 5

7. El 8 de febrero de 2002, se admitió la demanda de constitución de parte civil
de las víctimas; además, se vinculó a la señora Gala Isabel Donado Bustamante,
como tercera civilmente responsable, en tanto aparecía en la licencia de tránsito
como propietaria del vehículo de placas EUW 371. Finalmente, ante la solicitud de
medidas cautelares que elevó la parte civil -apoderado de las víctimas- se le
ordenó prestar caución en cuantía de quince millones de pesos ($15.000.000.00)

2
Folios 3 y 4 del cuaderno 1.
3
Folio279 a 283 Cuaderno 1
4
Folio 340 Cuaderno 1
5
Folio 370 Cuaderno 1

2

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

para garantizar el pago de costas y perjuicios que se llegaren a causar con la
práctica de las medidas cautelares sobre los bienes de la tercera civilmente
responsable.6

8. El 12 de febrero de 2002, la Fiscalía ordenó la entrega provisional del vehículo
de placas EUW 371 a la señora Gina Luz Vengoechea, como poseedora del
mismo.

9. El 19 de febrero de 2002, la Fiscalía decretó las medidas cautelares solicitadas
por el apoderado de la parte civil, por lo que ofició al Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados de Santa Marta a fin de que las inscribiera en los respectivos
folios de matrícula inmobiliaria de los bienes de propiedad de la señora Gala Isabel
Donado Bustamante – Local 38 ubicado en el Centro Comercial Plazuela 23 y
apartamento 202 del Edificio Lina Isabel-.7

10. En la misma fecha, la tercera civilmente responsable radicó el trámite de
traspaso del vehículo de placas EUW 371 ante el Instituto de Transporte y Tránsito
del Atlántico, en virtud del contrato de compraventa suscrito el 22 de febrero de
1999 entre las señoras Gala Isabel Bustamante -vendedora- y Gina Luz
Vengoechea -compradora-.8

11. El 11 de marzo de 2002, la señora Donado Bustamante contestó la demanda
de constitución de parte civil manifestando que para el día de los hechos no tenía
la tenencia o control del rodante, por cuanto había sido vendido desde 1999. En
tal virtud, solicitó el levantamiento de la cautela impuesta sobre sus bienes.9

12. Surtido el trámite de la instrucción, el 25 de julio de 2003, la Fiscalía profirió
resolución de acusación en contra del conductor del vehículo de placas EUW 371
y negó, por improcedente, el levantamiento de las medidas decretadas sobre los
bienes de la tercera civilmente responsable.10

13. El 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa
Marta profirió sentencia condenatoria en contra del señor Hernán Darío
Vengoechea Riascos, como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones
personales culposas; a su vez, absolvió a la señora Gala Isabel Donado
Bustamante como tercera civilmente responsable, por lo que ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares que habían sido practicadas sobre bienes
de su propiedad.11

6
Folios 473 a 476 Cuaderno 1
7
Folio 512 Cuaderno 1
8
Folio 571 Cuaderno 1
9
Folio 458 a 472 Cuaderno 1
10
Folios 783 a 796 Cuaderno 2
11
Folios 381 a 393 Cuaderno 1

3

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

14. El 18 de enero de 2005 quedó notificada la providencia del 14 de diciembre de
200512.

15. Inconforme con la anterior determinación, el apoderado del condenado
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente el 31 de
julio de 2007, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta.13 Esta decisión fue objeto del recurso extraordinario de casación, el cual fue
inadmitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 9 de julio de 2009.14

16. El 23 de septiembre de 2009, la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa
Marta, desanotó las medidas cautelares decretadas, conforme la instrucción
impartida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta.15

17. Por lo anterior, la parte actora sostiene que la decisión adoptada por la Fiscalía
30 Seccional de Santa Marta al decretar medidas cautelares sobre los bienes
inmuebles de propiedad de la señora Gala Isabel Donado Bustamante, causó
perjuicios morales y materiales susceptibles de indemnización, por cuanto la
referida señora “… ningún tipo de injerencia tenía ni responsabilidad en la
ocurrencia del accidente de tránsito que tuvo como consecuencia la muerte de la
señora MARÍA YANETH GUTIERREZ ROJAS”.

La defensa

18. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 16
de enero de 201216 y, el 6 de marzo siguiente, la Fiscalía General de la Nación la
contestó, oponiéndose a las pretensiones de la misma17.

19. Precisó que no se demostró una falla que le resulte atribuible, por cuanto su
actuación se ajustó al cumplimiento de las funciones que constitucional y legalmente
le fueron encomendadas, contenidas en los artículos 250 de la Constitución Política
y 120 del Código de Procedimiento Penal. Agregó que, para el momento del
accidente, la señora Gala Donado Bustamante figuraba en calidad de propietaria
del vehículo de placas EUW 371, de manera que, aunque había vendido el bien, no
había realizado el traspaso respectivo, circunstancia que permitía acreditar la
configuración de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima 18.

12
Folios 903 a 904 Cuaderno 2
13
Folios 194 a 217 Cuaderno 2
14
Folios 218 a 248 Cuaderno 2
15
Folio 55 A Cuaderno 1
16
Folio 970 a 971 cuaderno 2.
17
Folio 981 a 988 cuaderno 2.
18
Folio 1051 cuaderno 2.

4

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Alegatos

20. Al concluir la etapa probatoria19, el Tribunal, en auto del 30 de mayo de 2014,
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera concepto20.

21. En esta oportunidad, la parte demandante insistió en los planteamientos de la
demanda y puntualizó que en el expediente se probó que, por cuenta de la actuación
de la Fiscalía General de la Nación en torno del decreto de medidas cautelares, los
actores debieron soportar afectaciones en su patrimonio y daños morales 21.

22. El Ministerio Público conceptuó que el contrato de compraventa del vehículo
de placas EUW 371 celebrado entre la señora Gala Isabel Donado Bustamante y
Gina Luz Vengoechea era suficiente para concluir que la señora Donado no era
titular del bien causante del accidente, de ahí que, no era viable la imposición de las
medidas cautelares que pesaron sobre sus bienes; así, solicitó que se acceda a las
pretensiones de la demanda22 .

23. La parte demandada guardó silencio en esa etapa procesal.

La decisión

24. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las
pretensiones de la demanda, para lo cual consideró que se probó la eximente de
responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.23

25. Como sustento de su decisión, indicó que el tema de debate se centró en
establecer si la Fiscalía General de la Nación incurrió en un posible error
jurisdiccional contenido en la providencia del 19 de febrero de 2002 que ordenó el
decreto de medidas cautelares en relación con los bienes de propiedad de la señora
Gala Isabel Donado Bustamante, dada la calidad de propietaria del vehículo de
placas EUW 371 involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el 7 de enero de
2002.

26. Bajo ese contexto señaló que, si bien la información contenida en la licencia de
tránsito daba cuenta que, para la fecha del accidente, el referido vehículo se

19
En auto de pruebas del 25 de abril de 2014 (folio 1051 del cuaderno principal), el Tribunal decretó las pedidas y aportadas
por las partes. Como pruebas de la demandante: i) incorporó las documentales aportadas con la demanda, entre ellas, los
poderes conferidos por los poderdantes, copia íntegra y auténtica del proceso penal seguido bajo la radicación 11646 (folios
648 a 977 del cuaderno 2) y avalúo comercial de local comercial 38 del Centro Comercial Plazuela 23 de Santa Marta (folios
19 a 42 del cuaderno 1), promesa de compraventa de bien inmueble (folio 43); y; ii) decretó como prueba testimonial las
declaraciones visibles a folios 1052 y ss.
20
Folio 1055 cuaderno 2
21
Folios 1059 a 1061 cuaderno 2.
22
Folios 1062 a 1069 cuaderno 2.
23
Folios 1073a 1090 Cuaderno 3

5

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

encontraba a nombre de la aquí demandante Gala Isabel Donado Bustamante, lo
cierto es que, con anterioridad a esa fecha, el rodante había sido vendido a la señora
Gina Luz Vengoechea Riascos, por intermedio del concesionario de vehículos
Futuroautos Ltda.

27. Sobre la titularidad del derecho real de dominio sobre bienes muebles
automotores, el a quo aclaró que, para su perfeccionamiento, convergen dos
elementos puntuales, el título y el modo, tema que ha sido objeto de diferentes
desarrollos normativos; así, citó como referente el Código de Comercio que en su
artículo 922 estipuló que la tradición de los vehículos implicaba la inscripción ante
las autoridades correspondientes, recogiendo de esta manera lo que ya se había
regulado sobre el registro terrestre automotor en el Decreto 1344 de 1970, norma
que retomó la Ley 53 de 1989, en la cual se señaló que el registro de vehículos
tiene, entre otros fines, el de determinar la propiedad y por ende la inscripción de
cualquier acto o contrato que implicara la tradición de la propiedad; así mismo, citó
el Decreto 1809 de 1990 que en su artículo 88 estableció que el Registro Nacional
Automotor constituye la prueba idónea para determinar la propiedad de un vehículo.

28. En línea con lo anterior, el Tribunal concluyó que para la fecha del accidente -
7 de enero de 2002- la señora Gala Isabel Donado Bustamante figuraba como
propietaria del vehículo de placas EUW 371, por lo que la actuación en relación con
la cual se ordenaron las medidas cautelares por parte de la Fiscalía se encontraba
ajustada a derecho; así, la conducta de la víctima resultó determinante en el daño
reclamado.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

29. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.24

30. Para el efecto, alegó que, contrario a los señalamientos del Tribunal, la
actuación de la Fiscalía fue errada al no reconocer que la señora Gala Isabel
Donado Bustamante realizó la venta del vehículo de placas EUW-371 mediante un
contrato de compraventa abierto el cual se formalizó el 30 de septiembre de 1999,
fecha en la que aparecen autenticadas las firmas de vendedor y comprador en el
formulario único nacional de traspaso No. 097202326, por lo que su vinculación
como tercera civilmente responsable, fue injustificada.

24
Folios 1092 a1095 Cuaderno 3

6

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

31. Resaltó que a lo largo del proceso penal, la demandante acreditó que para
cuando tuvo lugar el accidente de tránsito -7 de enero de 2002-, ella no era la
propietaria del automotor, lo cual fue corroborado por los mismos compradores del
vehículo; sin embargo, la medida cautelar estuvo vigente hasta el momento en el
que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta profirió la decisión del 14
de diciembre de 2005.

31. En proveído del 31 de mayo de 201625, esta Corporación admitió el recurso de
apelación antes referido y, el 31 de enero de 201726 corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

32. La Fiscalía General de la Nación insistió en que su actuación se ajustó al
cumplimiento de las funciones a su cargo y precisó que, a pesar de que se evidenció
que el vehículo involucrado en el accidente había sido vendido dos años antes del
accidente, la demandante no realizó el traspaso respectivo. Indicó que las medidas
cautelares tuvieron como base el certificado de tradición que se allegó al proceso
penal, la cual demostraba que la accionante ostentaba la calidad de propietaria del
vehículo involucrado en el siniestro.

33. Sobre esta base, sostuvo que en el presente asunto se evidenció la causal de
exclusión de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, pues, fue su
negligencia la que propició la afectación sobre sus bienes, ya que era su obligación
realizar el traspaso del vehículo.27

34. La parte demandante reiteró que se presentó un error judicial, por cuanto la
Fiscalía no ordenó el levantamiento de las medidas decretadas, a sabiendas que la
señora Donado Bustamante no tuvo nada que ver con los delitos investigados. 28

35. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia recurrida, en tanto se
acreditó la causal eximente de responsabilidad denominada “Culpa Exclusiva de la
víctima”.29

III. C O N S I D E R A C I O N E S

36. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una
nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el
recurso de apelación ya indicado.

25
Folio 1102 cuaderno 3.
26
Folio 1104 cuaderno 3
27
Folios 1107 a 1110 Cuaderno 3
28
Folios 1124 a 1127 Cuaderno 3
29
Folios 1141 a 1146 Cuaderno 3

7

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

37. En la demanda se solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Nación –
Fiscalía General de la Nación-, por el supuesto error jurisdiccional en el que incurrió
la Fiscalía 30 Seccional de Santa Marta en el auto del 8 de febrero de 2002, por
medio del cual vinculó a la señora Gala Isabel Donado Bustamante, como tercera
civilmente responsable y decretó como medidas cautelares la inscripción de
demanda de dos inmuebles de propiedad de la referida señora, medida que se
mantuvo vigente hasta cuando se dispuso la desanotación respectiva en el mes de
septiembre del año 2009, como consecuencia de sentencia que definió la
responsabilidad penal del acusado y la responsabilidad penal del tercero civilmente
responsable .

38. En punto a la responsabilidad del Estado por la actividad de los órganos que
conforman la rama judicial del poder público, la Ley 270 de 1996, en su artículo 66,
dispuso que el error judicial “Es aquel cometido por una autoridad investida de
facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado
a través de una providencia contraria a la ley”.

39. A partir de lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que, para efectos de
activar el citado mecanismo resarcitorio, se deben cumplir dos presupuestos, los
cuales se encuentran previstos en el artículo 67 ibídem, a saber: i) la interposición
de los recursos de ley por parte del afectado con la decisión que se reprocha como
contentiva del yerro, excepto en los casos de privación de la libertad cuando esta
se produzca en virtud de una providencia judicial, y ii) la firmeza de la providencia
cuestionada.

40. Ha de precisarse, entre otras circunstancias, que el agotamiento de los recursos
ordinarios es exigible frente al afectado que hizo parte del proceso judicial en el cual
se produjo la decisión cuestionada, en la medida en que pudo intervenir en esa
causa y, por lo mismo, se encontraba habilitado para disponer de los mecanismos
procesales de contradicción.

41. En cuanto al segundo presupuesto que se deriva del primero indicado, es
exigible que la providencia cuestionada se encuentre en firme, esto es, cuando ya
no pueda ser objeto de contradicción a través de los medios de impugnación
correspondientes o cuando los mismos operaron y se ha mantenido la decisión
cuestionable.

42. Visto lo anterior, en el evento sub examine, si bien se alegó que el supuesto
error judicial estuvo contenido en la decisión proferida por la Fiscalía Treinta
Seccional de Santa Marta mediante la cual se decretó la medida cautelar de
inscripción de demanda, lo concreto es que esta medida fue levantada por orden
del juez de conocimiento cuando profirió sentencia.

8

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

43. En este escenario, la imputación del daño alegado no podrá analizarse desde
la perspectiva del error jurisdiccional, sino bajo la óptica de la falla en el servicio, por
cuanto uno de los presupuestos para la configuración del error judicial es que la
providencia judicial atacada se encuentre en firme y, precisamente, este supuesto
no se cumple en este caso.

Ejercicio oportuno de la acción

44. La caducidad establece un límite temporal o plazo perentorio de orden público
para el ejercicio de una acción; institución de origen legal que determina una
consecuencia de cara al hecho de no ejercer dentro de la oportunidad fijada el
derecho de acción. Se trata, entonces, de un término preclusivo de orden público
para que quien considere conculcados sus derechos acuda a la jurisdicción en
busca de la protección de los mismos.

45. Conforme lo anterior, es una institución de orden público que no admite
renuncia y solo se suspende durante el término que se acude al mecanismo de la
solución alternativa de conflictos de la conciliación30; así mismo, la caducidad se
debe declarar aún de manera oficiosa por el juez en cualquier estado del proceso.

46. Sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa, el
numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.- norma aplicable al presente caso- dispone
que: “ (…) La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa del trabajo público o cualquiera otra causa.
(…)”

47. En relación con el momento desde el cual debe computarse el término de
caducidad del medio de control, esta Corporación ha identificado dos eventos: (i)
desde el día siguiente a aquél en el que ha sucedido la conducta u omisión
generadora del daño antijurídico, o (ii) a partir del momento en que el daño es
conocido por quien la ha padecido.

48. En el presente asunto, el término para la contabilización de la caducidad está
determinado por el momento en que la demandante estaba en posibilidad de
reclamar el eventual daño derivado de las medidas cautelares que se dispusieron
sobre sus bienes; así, tal momento se ubica cuando el Juez Primero Penal del

30
ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. <Ley derogada a partir del 30 de
diciembre de 2022 por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022> La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial
en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el
acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por
la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola
vez y será improrrogable.

9

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Circuito de Santa Marta profirió sentencia en la cual definió su responsabilidad penal
como tercera civilmente responsable, esto es, el 14 de diciembre de 200531,
oportunidad en la cual el juez ordenó el levantamiento de las mencionadas medidas,
decisión que le fue notificada el 18 de enero de 200632.

49. Fue entonces, desde el momento en el que el juez profirió sentencia penal,
que la acá actora estaba habilitada para demandar ante esta jurisdicción los
posibles efectos adversos de la actuación que se materializó con el decreto de las
medidas cautelares, ello si se tiene en cuenta que su situación como sujeto procesal
en el proceso penal se definió y culminó con tal sentencia, siendo claro que no tenía
interés para intervenir en el trámite de los recursos de apelación y extraordinario de
casación que se promovieron contra esa decisión por el condenado; de allí que la
interposición de esos medios de Impugnación no estaban llamados a variar la
sentencia proferida en su favor.

50. En estas condiciones, el término para demandar en ejercicio de la acción de
reparación directa, en los términos previstos en el artículo 136 del C.C.A. -aplicable
a este asunto-, corrió entre el 19 de enero de 2006 -fecha en que se notificó la
sentencia penal- y el 19 de enero de 2008; sin embargo, como la demanda se
presentó el 11 de noviembre de 201133, resultó palmario que para ese momento
había operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

51. Con todo, la Sala advierte que, en el presente caso, el plazo en el que
transcurrió la conciliación extrajudicial no suspendió el término para presentar la
demanda, pues el agotamiento de ese requisito de procedibilidad se dio de manera
posterior al 19 de enero de 2008, a saber, entre el 16 de agosto de 2011 y el 3 de
noviembre de esa anualidad34.

52. Se precisa, además que, si bien las medidas cautelares se mantuvieron
vigentes hasta el 23 de septiembre de 2009, cuando se resolvió el recurso de
casación promovido por el condenado, tal situación solo puede ser interpretada
como una prolongación de los efectos del daño, no susceptible de ser interpretado
como una extensión del término de caducidad cuya contabilización empezó a correr
con la sentencia que, dispuso considerar que la hoy demandante no estaba llamada
a responder por los perjuicios causados con un vehículo que se acreditó no era de
su propiedad para la época en que ocurrió el accidente de tránsito; ésta decisión,
no fue recurrida en apelación ni en casación, quedando concluido el tema del
tercero civilmente responsable en el proceso penal, por lo que desde ese momento
habría podido solicitar la materialización del levantamiento de las medidas
cautelares.

31
Folios 381 a 393 Cuaderno 1
32
Folios 903 a 904 Cuaderno 2
33
Según sello de presentación personal visible a folio 7 del cuaderno 1.
34
Folios 50 a 52 cuaderno 1

10

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

53. Ha de señalarse que la constitución de parte civil en desarrollo de procesos
penales tenía como fin que los afectados con la conducta penal pudieran obtener la
indemnización de perjuicios frente a los daños irrogados con la comisión del ilícito
penal de llegarse a establecer la responsabilidad correspondiente. Así, con este
objetivo, a más de vincular al sujeto activo de la conducta, se podía vincular a un
tercero civilmente responsable, quien en virtud de la ley estaba llamado a responder
desde el punto de vista civil por el hecho, como ocurre en los accidentes de tránsito
donde el propietario del automotor responde de manera solidaria por los daños
causados por el mismo.

54. En el presente caso, lo que se plantea en la demanda como actuación contraria
al ordenamiento legal, reside en el decreto de medidas cautelares a solicitud de la
parte civil sobre bienes de la ahora demandante, para lo cual es importante traer a
colación lo que disponía la norma legal vigente para la época – Ley 600 de 2000-
que, en su artículo 54,35 determinaba que este tipo de acciones se podían adelantar
dentro del proceso penal pero en cuaderno separado, de allí que se remitía al
Código de Procedimiento Civil para su trámite en lo que no contrariara la norma
penal; con igual orientación, el artículo 72 ibídem36, remitía a las normas civiles, de
lo que se infiere que se trataba de una actuación paralela pero con un régimen
especial en lo que hace relación al tema indemnizatorio.

55. Bajo este contexto, en la medida que la sentencia de primera instancia del
proceso penal adoptó una decisión de fondo frente al proceso del tercero civilmente
responsable, actuación que si bien podía ser objeto de impugnación por los sujetos
procesales de la acción penal en los términos del numeral 7 del artículo 345 del
Código de Procedimiento Civil, lo cual no tuvo lugar, de cara al interés que la hoy
demandante trae ante la jurisdicción contencioso administrativo para reclamar por
una falla en el servicio de administración de justicia, no puede concluirse de manera
distinta, que fue a partir la decisión primera instancia que tuvo total certeza que esta
decisión no sería objeto de modificación, por lo que el término de caducidad de la
acción empezó a contabilizarse desde esa fecha.

56. Como consecuencia de lo anterior, dado que la presentación de la demanda
deviene en extemporánea, se impone revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, declarar la caducidad de la acción.

Condena en costas

35
Ley 600 de 2000 ARTICULO 54. FORMALIDADES. La acción civil, dentro del proceso penal, se
adelantará en cuaderno separado en el que se allegarán todas las pruebas y actuaciones
relacionadas con la pretensión patrimonial, y se regulará por las normas aquí señaladas y las de los
Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en cuanto no se opongan a la naturaleza del proceso penal.
36
Ley 600 de 2000 ARTICULO 72. MEDIDAS CAUTELARES. El embargo y secuestro de bienes del tercero
civilmente se podrá solicitar una vez ejecutoriada la resolución de acusación. En lo demás, se seguirán las
normas consagradas en el procedimiento Civil.

11

Radicación: 470001-23-31-000-2011-00446-01 (55.123)
Actor: Gala Isabel Donado Bustamante y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

57. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena Despacho de Descongestión.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control
impetrado.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe
en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

12

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