Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2012-00287-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2012-00287-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2012-00287-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
8 de agosto de 2023
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 47001-23-31-000-2012-00287-01(60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
Demándado: Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional
• -
Referencia Acción de reparación directa
Tema: Responsabilidad del Estado por falla del servicio en procedimiento de control e inspección
policial. Subtema 1: Uso desmedido de la fuerza. Subtema 2: Liquidación de perjuicios.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional
contra la sentencia del 8 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Jair Javier Castro Sanjuan, el 25 de febrero de 2010, se movilizaba en una
motocicleta -como copiloto.- por el centro de la ciudad de Ciénaga (Magdalena). Al
pasar por un puesto de patrullaje, registro, control e identificación de personas y
motocicletas -sin señalizar- conformado por dos miembros de la Policía Nacional,
los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso a la señal de pare y se dieron
a la huida, razón por la que fueron perseguidos por los uniformados. En el curso de
la persecución, la motocicleta perdió el control. No obstante, el conductor se repuso
y logró salir en dirección distinta y escapar, mientras que el aquí demandante quedó
en la vía, pudiendo ser alcanzado por uno de los agentes, quien le propinó un
disparo con su arma de dotación oficial en su glúteo izquierdo, acto que le ocasionó
secuelas permanentes e incapacidad laboral del 44.50%.
H. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Jair Javier Castro Sanjuan -en calidad de ofendido directo- y sus familiares más
próximos, presentaron, el 15 de mayo 20121, demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa contra la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, con
• -
la pretensión que se la declare administrativamente responsable «por los daños
ocasionados [ ... ] por las injustas Lesiones Personales que sufrió [ ... ] por la acción
irregular de un miembro de la Policía Nacional en hechos ocurridos [ ... ] en el
Municipio de Ciénaga Magdalena", lo expuesto, con fundamento en los supuestos
fácticos sintetizados en el acápite anterior. En consecuencia, reclamó que se
condenara al órgano demandado por perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente ($3'000.000), lucro cesante ($975'000.000), daños morales
($300.160.000), ya la salud ($107'000.000)2.
1
Sello de radicación y acta de reparto de folios 1 y 13 Cuaderno 1.
2
Estimación de las pretensiones vistas a folios 4 a 7 Ci.
1
4J'
Radicado: 47001-23.31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
2.2. Trámite procesal relevante
La demanda fue admitida por medio de auto del ti de diciembre de 2012,
surtiéndose para los efectos legales la debida notificación y el respectivo
traslado a los sujetos procesales 4.
La Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional` contestó oportunamente
• -
la demanda5, con oposición a los hechos y pretensiones formuladas, para los
efectos, arguyó que en el presente asunto no se acreditaron los elementos
constitutivos de responsabilidad estatal comoquiera que los agentes policiales
actuaron de conformidad con la constitución y la ley, pues según lo probado, Jair
Javier Castro Sanjuan se movilizó en una motociçléta, sin portar el casco
reglamentario y sin que el automotor tuviera placas., razón por la cual, los
uniformados les dieron orden de parar, sin embargo, este y su acompañante
hicieron caso omiso. Agregó que, en el curso de la persecución seguida a
continuación, el aquí demandante, mientras se lanzaba.de la motocicleta, le arrojó
una granada a uno de los uniformados, de ahí que este, con el ánimo de proteger
su vida, accionó su arma de dotación y lo impactó en glúteo para reducirlo, hecho
por el que se produjo su aprehensión, procedimiento ayalado judicialmente con la
legalización de la captura en flagrancia. Propuso el rnedio exceptivo intitulado
"hecho exclusivo de la víctima", con fundamento en los anteriores descargos.
Surtido el traslado de la demanda, mediante auto del 12 de abril de 2013 se abrió
el proceso a pruebas6, y posteriormente, una vez concluida dicha etapa, con
proveído del 11 de septiembre de 2015 se dio trasladp a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que rindieraconcepto7.
La parte demandante se pronunció en esta oportunidad procesal haciendo
énfasis en los hechos probados, que a su juicio, demuestran la acreditación del daño
antijurídico padecido y su imputación a la llamada por pásiva, aunado a ello, solicitó
que la condena fuera reconocida por quantum superiár al deprecado en el escrito
inicial8; por su parte, el órgano demandado reiteró los argumentos expuestos en la
contestación9; y, el Ministerio Público conceptuó que,analizado el asunto al tenor
del régimen general de responsabilidad consagrado en, el canon 90 Superior, las
pretensiones debían reconocerse, en tanto que los agentes del Estado no
atendieron las directrices oficiales sobre el manejo de armas, además, que el fallo
penal desvirtuó que la víctima hubiera incidido en la causación del daño10.
2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia el 8 de marzo de 201711,
con la que declaró responsable al órgano demandado por las lesiones ocasionadas
a Jair Javier Castro Sanjuan en el curso de un operativo policial en el que resultó
herido con arma de fuego de dotación oficial. En consecuencia, accedió
parcialmente a las súplicas y condenó al pago de perjuicios morales -80 SMLMV
Folios 50 a 51 del C. 1 -Admisorio de Demanda-
Folios 54 a 57 C.1 -Notificaciones Admisorio de Demanda-
Folios 58 a 63 Ci. -Respuesta de Demanda Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
6 Folios 75 a 76 C.1. -Decreto de Pruebas-
Folio 183 del C. l. -Traslado para Alegaciones
8 Folios 189 a 193 Ci. -Alegación Actora-
Folios 184 a 188 Ci. -Alegación Policía Nacional-
10 Folios 196 a 198 C. l. -Concepto del Ministerio Público-
11 Sentencia de primera instancia. Folios 200 a 214 C. apelación.
2
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01(60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
para Jair Javier Castro Sanjuan y sus padres, y 40 SMLMV para sus hermanos-;
daño a la salud -80SMLMV para la víctima directa12-; y perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante consolidado y futuro -$122'919.036,64 para el afectado
principal-.
El fallador de primera instancia encontró probado el daño invocado, y a su vez,
concluyó que el mismo le era imputable a la Policía Nacional, toda vez que se
demostró el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza por parte del
patrullero, quien le propinó un disparo a la víctima justo cuando este últimó huía al
desatender una orden de pare. De otro lado, consideró que no se acreditó la
configuración del eximente de responsabilidad alegado por el órgano demandado,
comoquiera que no acreditó que efectivamente el señor Castro Sanjuan hubiera
lanzado una granada contra de la humanidad del uniformado con el cometido de
asegurar su escapada. Precisó que justamente la jurisdicción ordinaria absolvió al
aquí demandante en juicio penal, porque no se comprobó que portara el artefacto
explosivo que sirvió de fundamento para legitimar la agresión, y aunado a ello, le
restó total credibilidad a la versión del policía implicado en los hechos, sobre quien
coligió que estaba faltando a la verdad y, por lo tanto, ordenó la compulsa de copias
en su contra por el aparente actuar irregular, argumentos sobre el fallo que fueron
de recibo por el juez de daños.
2.4. Recurso de apelación
La Policía Nacional interpuso recurso de apelación13 contra el fallo de primera
instancia, para que esta Corporación proceda a su revocación, y en su lugar,
deniegue las súplicas de la demanda. Los motivos de disenso fueron los
siguientes:
(1) Insistió en la anotación realizada el 26 de febrero de 2010 en la MINUTA DE
POBLACIÓN de los libros de la Estación de Policía de Ciénaga, en la que se
dejó constancia de los pormenores del procedimiento policial en el que
resultó herido el demandante; descripción que afirmó ser veraz, y por lo tanto,
debe dársele credibilidad.
(II) De conformidad con. lo anterior, arguyó que en el presente asunto se
demostró que la fuente del daño provino de la conducta desplegada por la
propia víctima, razón por la cual debería absolverse de responsabilidad al
órgano demandado, y por contera, negarse las pretensiones formuladas en
su contra.
2.5. Conciliación
Según lo prescrito en el Artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a
audiencia de conciliación14, la cual fue evacuada el 23 de agosto de 201715, y hubo
de declararse fallida.
12
Según corrección de la sentencia de folios 224 a 225 C. Apelación.
13
Recurso de apelación. Folios 219 a 223, C. apelación.
14
Auto de folios 246 a 249 C. Apelación.
15
Acta de folio 266 C. Apelación.
3
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01(60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
2.6. El trámite procesal relevante de segunda instancia
Admitida la apelación el 23 de octubre de 201716, esta Corporación con auto del 6
de diciembre de 201717 corrió traslado a los extremos procesales y al representante
del Ministerio Público, para alegar de conclusión en segunda instancia y emitir
concepto, respectivamente; oportunidad en la que intervino solamente el
Delegado del Ministerio Público, quien a través de Concepto No. 018/201818,
propuso la confirmación de la sentencia impugnada, en consideración a que la parte
actora demostró la falla del servicio endilgada a a Policía Nacional, pues
efectivamente el uniformado, con su arma de dotación oficial, abusó de la fuerza y
disparó en contra de la humanidad de Jair Javier Castro Sanjuan, pues de ninguna
manera resultaba admisible y proporcionado haber procedido de tal forma ante la
renuencia a la orden de pare, como así lo resolvió el a quo.
Se precisa que el doctor Nicolás Yepes Corrales fungió como Procurador Judicial
Delegado ante esta Corporación, razón por la que, en dicha calidad, fue quien
presentó el concepto en el sub examine, motivo por elcual formuló su respectiva
manifestación de impedimento para conocer el asunto, que le fue aprobada
mediante proveído del 9 de julio de 201919, de ahí que el proyecto fuera discutido y
aprobado por Sala dual.
III. CONSIDERACIONES
La Sala es competente para conocer del presente asdnto iniciado en ejercicio de
la acción de reparación directa, pues el proceso tiene vocación de segunda instancia
en atención a su cuantía que, determinada como se en'cuentra, por el valor de las
pretensiones20, supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso
Administrativo (CCA)21.
El daño objeto de las pretensiones resarcitorias de la derianda, esto es, las lesiones
sufridas por Jair Javier Castro Sanjuan en el curso de un procedimiento policial,
ocurrió el 25 de febrero de 201022. Por tanto, como el demandante radicó la solicitud
de conciliación extrajudicial el 8 de febrero de 201223,la constancia que declaró
fallida la diligencia se expidió el 9 de mayo del mismo añ y la demanda se presentó
el 15 de mayo siguiente 24; el ejercicio del derecho de acción fue oportuno25.
16
Auto de 270 C. Apelación.
17
Auto de folio 273 C. Apelación.
18
Folios 275 a 283 C. Apelación
19
Auto de folios 287 a 288 C. Apelación.
20
Demanda. Folio 12. Cuaderno 1. En el acápite de "Estimación razonada de la Cuantía y
Competencia", el accionante indicó: "Estimo la cuantía en 1.385.000.000", que equivale a 2.443,97
SMLMV.
21
El monto de las pretensiones superá la cuantía requerida por el artículo 132 del CCA, con la
modificación introducida por la Ley 954 de 2005 —500 SMLMV— al momento de la presentación de la
demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como
de doble instancia ante esta Corporación.
22
Conforme las anotaciones del libro de minuta de población, historia clínica, sentencia penal de
primera instancia y el dictamen de la junta regional para la calificación de invalides del Magdalena.
23
Constancia conciliación extrajudicial. Folio 38, cuaderno 1.
24
Sello de radicación y acta de reparto de folios 1 y 13 Cuaderno 1,..
25
El numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para
formular pretensiones en sede de reparación directa es de dos años que se cuentan a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación adn)inistrativa que originó el daño
reclamado.
4
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
Jair Javier Castro Sanjuan26 está legitimado por activa, al encontrarse acreditada
su condición de víctima directa por la lesión causada el 25 de febrero de 2010 con
arma de fuego de dotación oficial accionada por un agente de la fuerza pública; así
como sus padres, Gloria Cecilia Sanjuan Manotas y Jorge Luis Castro Viloria27;
y hermanos, Xiomara María28, Cindy Marcela Castro Sanjuan29 Por pasiva, se .
observa que el daño que se invoca parte de actuaciones imputadas a la Nación-
Ministerio de Defensa Policía Nacional, motivo por el cual, dicho órgano está
-
llamado a ejercer su derecho de contradicción, a través del Director General de la
Policía, o su delegado.
3.1. Problema jurídico
3.1. De acuerdo con el Artículo 320 del Código General del Proceso (CGP)30,
aplicable de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo conforme
el artículo 267 del CCA, dispone que «el recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión", de ahí que el Canon 328 íd. prevé que la competencia funcional del juez
de segunda instancia será 7...] solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley". Así, es apenas lógico comprender que el margen de apreciación
del juez de la apelación se encuentra limitado por los argumentos expuestos por el
recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y
que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o interés31.
Ahora bien, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada1,32 .
3.2. Ahora bien, en el sub examine el recurso de alzada fue interpuesto únicamente
por la Policía Nacional, sujeto procesal que, si bien no cuestionó la existencia del daño
invocado por la parte actora, sí reprochó que este no le resulta atribuible, al haberse
configurado la causal eximente de responsabilidad por hecho de la víctima. En este
sentido, esta Colegiatura centrará su atención en determinar si, de acuerdo con lo
26 Registro civil de Nacimiento No. 34290842 de folio 14 C.1. /Ver también nota al pie No. 37/
27 Registro civil de Nacimiento No. 34290842 de folio 14 Ci.
28 Registro Civil de Nacimiento No. 34290841 de folio 15 Ci.
29 Registro Civil de Nacimiento No. 34290843 de folio 16 C
. 1.
30 Normatividad aplicable al caso concreto debido a que la interposición del recurso de apelación
sub
examine se realizó el 12 de junio de 2017, y de acuerdo con lo señalado en el auto proferido por la
Sala Plena de esta Corporación, el 25 de junio de 2014, expediente 2012-00395-01 (IJ), la Ley 1564
de 2012 (CGP) empezó a regir, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a partir del 11de
enero de 2014.
31
Se recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la
potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para
proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" CONSEJO DE ESTADO, Sección
Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 20104 y sentencia de unificación del 6 de
abril de 2018, exp. 46005.
32
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 20104
y sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01(60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
probado en el proceso, el daño padecido por Jair Javier Castro Sanjuan es
imputable al órgano demandado, esto, por cuanto la acreditación del primer
presupuesto de responsabilidad patrimonial del Estado (daño) quedó calificada en
la sentencia de primera instancia, de ahí que, como no fue objeto de censura en la
alzada, el estudio del caso parte de la imputación, concretamente, frente a la
verificación del eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.
Así las cosas, corresponde dar respuesta al siguiente interrogante:
3.2.1. ¿La lesión sufrida por Jair Javier Castro Sanjun, el 25 de febrero de 2010
como consecuencia del disparo propinado por un agente de la Policía Nacional
con su arma de dotación oficial, es atribuible exclusivamente a su propia
conducta, por hacer caso omiso a la orden de pare en el curso de un operativo
de patrullaje, registro, control e identificación de peronas y motocicletas?
Si la respuesta al anterior problema se revela negat(va, y, por el contrario, se
determina la responsabilidad de la demandada o, si fuere el caso, una concurrencia
de culpas entre esta y el actor, deberá la Sala establecer si los perjuicios
reconocidos a los actores se liquidaron de acuerdo con los lineamientos de la
jurisprudencia unificada por esta Corporación sobre la nateria.
3.3. Hechos probados relevantes para la resoluci*n del problema jurídico
enunciado
Al respecto, la Sala precisa que las copias de los,, documentos simples que
respaldan los hechos que se relacionan a continuación,.estuvieron a disposición de
las partes en este contencioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual
constituyen medios de prueba válidos33-34.
3.3.1. En la historia clínica allegada al plenario por la otrora ESE Hospital
Universitario Fernando Troconis de Santa Marta -hoy ESE Hospital Universitario
Julio Méndez Barreneche- se reporta la epicrisis de Jair1Javier Castro Sanjuan. con
fecha de ingreso 25 de febrero de 2010 y egreso 8 de marzo siguiente, en la que se
resume la atención médica prestada, así:
"Motivo de consulta: Paciente remitido de Sincelejo. Enfermedad actual: masculino
[ ... ] cuadro clínico de más o menos 2 horas de evólüción, con herida de arma de
fuego en glúteo de lado (derecho) izquierdo. Dolor intenso a la movilización de/fémur
del mismo lado" E. -.1 "Diagnóstico de ingreso: Fractura de cadera. Diagnóstico de
egreso: Fractura de cadera post operatoria. Resumen de la enfermedad actual:
Paciente de 21 años de edad aproximadamente. Cón diagnóstico de fractura de
33 El artículo 187 del CPC, aplicable en este caso, enuncia que las pruebas deberán ser apreciadas
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicip de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos De las pruebas documentales
allegadas como medios de convicción a este proceso, los documentos aportados en copia auténtica
serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será vlorada conforme a las reglas de
la sana crítica; así mismo, las copias simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que
no han sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance,
los documentos públicos, de conformidad con el artículo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento,
de la fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionaio que lo autoriza; a su vez, los
documentos privados tal como lo dispone el artículo 279 del CPC, ,tienen el mismo valor probatorio
que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como
respecto de terceros. /
34 Al respecto, ver sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera del 28 de agosto
de 2013, exp. 25022.
6
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
cadera, se realiza reducción abierta más tornillos. Se da de alta`. Se adjuntan
varias órdenes médicas y notas de enfermería.
3.3.2. Según anotación registrada el 26 de febrero de 2010 a las 00:40 horas en la
MINUTA DE POBLACIÓN de los libros de la Estación de Policía de Ciénaga36,
"En la fecha y hora indicadas se deja constancia del caso sucedido el día 25-02-
2010 siendo aproximadamente las 17:15 horas, donde la patrulla A-1 conformada
por el Patrullero FERNÁNDEZ LEONARDO DAVID y Patrullero PALOMINO CRUZ
DIEGO ANDRÉS cuando realizábamos labores de patrullaje, registro, control e
identificación de personas y motocicletas, esto, teniendo en cuenta los hechos
sucedidos el día de :ayer [ ... ] donde informan que por el sector del matadero
municipal fue hurtada 01 una motocicleta [ .. . 1 pasa una motocicleta de similares
características a la hurtada [...] sin placa, a gran velocidad en la cual se
movilizaban dos (2) sujetos, quienes no portaban casco y chaleco reflectivo, donde
se observa la placa de identificación de la motocicleta, al notar esto se inició el
desplazamiento con el fin de interceptar la motocicleta [...] se alcanzó la
motocicleta y con el megáfono de la panel [ ... ] se dio voz de para, a lo cual estos
hicieron caso omiso y pasando por el frente de la patrulla emprendieron la huida
[...] en ese instante se inicia la persecución de los sujetos, los cuales identificamos
[...] con el fin de coordinar el apoyo y lograra la identificación plena de las personas
y la motocicleta. La persecución en vehículo se dio hasta [ ... ] donde los sujetos de
la motocicleta pierden el control de la misma [ ... ] el sujeto 'parrillero' saca una
granada de fragmentación tipo l-M-26 de color verde con el fin intimidar al policial
que lo [ilegible] amenazando con lanzar el artefacto explosivo a su integridad. El
sujeto al notar que aún se seguía con la persecución lanzó la granada al patrullero
Palomino, y es en esta instancia, que este último acciona su arma de dotación al
notar el ataque del sujeto, y logra impactarlo en el glúteo, por fortuna la granada
no hizo explosión por lo cual la granada fue asegurada por el policial, y es ahí
cuando el patrullero Fernández aseguró al hoy capturado JAIR JAVIER CASTRO
SANJUAN [ ... ] el cual fue trasladado del lugar de los hechos hasta el hospital [ ... ]
para que le prestaran atención médica [ ... ] se diligenció el acta de incautación de
elementos, es de anotar que estos documentos fueron firmados por el capturado
de forma voluntaria, sin que los policiales lo coaccionaran o maltrataran para esta
actividad, de misma forma cabe resaltar que durante el tiempo que duró el
procedimiento le fueron respetados sus derechos fundamentales E.. .1" —sic a lo
transcrito—.
3.3.3. El Juzgado Penal del Circuito especializado de Santa Marta, a través de
sentencia del 5 de agosto' de 2011, absolvió a Jair Javier Castro Sanjuan de los
cargos en su contra por el delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ARMAS DE
FUEGO DE Uso PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES, proceso que fue instruido con
ocasión de los hechos descritos anteriormente37. El operador jurídico absolvió por
duda probatoria, con fundamento en las siguientes consideraciones:
"En cuanto a lo atinente a la responsabilidad penal que le podría asistir al procesado
en la presente causa; habrá que manifestarse que dentro del presente debate se
escucharon en calidad de prueba testimonial a los señores patrulleros Diego Andrés
Palomino y Leonardo David Fernández adscritos a la Policía Nacional, quienes
participaron de manera directa en los hechos que dieron origen al presente proceso,
testimoniales (sic) estos que a prima fase (sic) podrían ser creíbles, porque proviene
de agentes de la fuerza pública quienes al parecer no tienen ningún tipo de interés
en el asunto que nos ocupa; pero que al ser pasadas por el rasero de la valoración
35 Folios 116A 159 C. l.
36 Folios 91 a94C.1.
37 Sentencia de folios 17 a 27 C. 1.
7
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
' Javier Castro Sanjuan, y otros
Demandante: Jair
probatoria, encuentra este juzgador que no existe cqherencia entre ellas, realidad
innegable de la cual el despacho se ocupará en los siguientes términos.'
Observa este juzgador que en el informe de captura que suscribió el patrullero Diego
Andrés Palomino y la entrevista que este mismo vertiera ante funcionarios del CTI,
elementos materiales que la Fiscalía los aportó comq; evidencia, el señor Palomino
asegura que su compañero Leonardo lo acompañó erja persecución de/procesado
y que él observó todo lo sucedido, es decir, que su compañero observó cuando el
procesado le lanzó la granada y le realizó las manifestaciones ofensivas de las
cuales se tiene conocimiento. Ahora bien, si se analiza la entrevista realizada por
parte del patrullero Leonardo David Fernández rendidá ante funcionarios del CTI se
observa en ella que este policial (sic) manifiesta que no escoltó a su compañero en
el proceso de persecución al procesado, omitiendo en su entrevista el hecho de que
el acusado traía consigo una granada, pues recuérdese que solo manifestó que
cuando llegó al lugar de la captura, el procesado ya había sido sometido por parte
del patrullero Palomino, este aspecto desde ya nos hace dudar acerca de que el
señor Castro Sanjuan llevaba consigo el artefacto explosivo en ese momento.
[...] Aquí no puede obviarse que en muchos eventos la contradicción del testigo
puede llevar a evidenciar la falta de fiabilidad del mismo, y esto permitirá al fallador,
como en el presente caso, a (sic) no basarse en su testimonio para fundar la
sentencia, pues el testigo que cambia su declaración, omite detalles de vital
relevancia, se retracta de lo dicho o que su declaración no sea concordante con la
de las demás personas que observaron los mismos hechos, se puede predicar que
lo vertido por este se constituye como voluble y poco dreíble, a menos que el fallador
encuentre una razón convincente para explicar el cambio producido, razón que solo
podría ser que el patrullero Palomino disparó de manera indiscriminada y sin razón
alguna en contra de/procesado y cuando se dio cuenta de este error, trató de ocultar
su responsabilidad creando la historia que este le había lanzado un artefacto
explosivo, siguiendo esta lógica argumentativa se entiende porqué su compañero
en la entrevista que suministrara horas después de los hechos ante funcionarios del
CTI omitiera el detalle de la granada, lo cual indica qte este artefacto nunca estuvo
en las manos del procesado ya que le único que súpuestamente observó en las
manos la granada a Castro Sanjuan fuera el patrullero Diego Palomino, quien por
su condición de miembro de la Policía, sabía cómo debía proceder en un caso como
estos para que la evidencia fuese recolectada de r,anera idónea y tuviera plena
entidad probatoria, al parecer estos conocimientds de manera extraña se le
olvidaron y procedió a llevar el elemento explosivo a lás instalaciones del CTI sin la
respectiva cadena de custodia recibiendo como respuesta su no admisión, como se
puede colegir el señor Palomino fue variando de manera intencional su declaración
con la finalidad de no verse comprometido desde el punto de vista penal y
disciplinario en estos hechos, además recuérdese que esta persona tenía un interés
marcado en estos hechos, pues ha sido objeto de investigación disciplinaria en
ocasión a ellos, interés que a la fecha permanece, púes teme que sea investigado
penalmente por este equívoco. Ahora bien, en casos como este en los cuales de
manera clara se evidencia con el cambio de declaración un comportamiento doloso
del testigo, es deber del juez compulsar las copias, pertinentes para que se le
investigue por el eventual falso testimonio en que pudo incurrir, además de las
conductas de fraude procesal y lesiones personales en las cuales también considera
este despacho realizó. En ese orden de ideas también habrá que ordenar en igual
sentido compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación al patrullero
Leonardo David Fernández para que sea investigado por la posible comisión de los
reatos de fraude procesal y falso testimonio".
3.3.4. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena valoró a Jair
Javier Castro Sanjuan y emitió dictamen pericia¡ datado del 6 de noviembre de
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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
201438, en el que afirmó: "Fundamentos de/hecho: Paciente de 25 años de edad, quien
el día 25-02-2010 recibió herida con arma de fuego en el glúteo izquierdo, tuvo fractura de
la cabeza del fémur [ ... ] Conclusión: Esta Junta Regional, determina que, de acuerdo a
informes del paciente, el evento ocurrido el día 25-02-2010 se califica [ ... ] PCL 44,50%"
3.3.5. El Departamento de Policía del Magdalena, a través de oficio No.-2013-
007559C0MAN-ASJUR-39 del 17 de mayo de 2013, informó que "UNA VEZ
REVISADO EL Sistema Jurídico de la Policía Nacional SIJIR y/os libros radiadores (sic) de
quejas e informes e investigaciones, se logró constatar que no se encontró Investigación
Disciplinaria en contra del señor Subintendente DIEGO ANDRÉS PALOMINO CRUZ por
los hechos ocurridos con el señor JAIR JAVIER CASTRO SANJUAN, hechos sucedidos el
25 de febrero de 2010"
3.3.6. En este proceso con'tencioso, Julia María Lara Sanjuan 40 y Leoncio Rafael
Juvinao Molina 41, rindieron testimonio sobre los hechos relacionados con la herida
causada con arma de fuego en la humanidad del señor Castro Sanjuan y las
afectaciones que derivó tal acontecimiento. Sobre el particular, manifestaron que
tuvieron conocimiento directo de lo acaecido comoquiera que eran vecinos de la
familia y por tal motivo prestaron su colaboración para la manutención del paciente
a través de la realización de colectas económicas para sufragar su asistencia
médica, de igual modo, ionstataron la conformación del núcleo familiar y las
aflicciones morales padecidas por sus parientes a causa de la agresión física. Ahora
bien, en lo que respecta a !a pertinencia, conducencia y utilidad de dicha prueba, si
llegare a ser necesario, la Sala realizará la valoración respectiva de acuerdo con el
análisis de responsabilidad, que se siga, caso en el cual, procederá en acatamiento
de las reglas previstas en el Capítulo IV del Título XIII del CPC.
3.3.7. Resulta pertinente precisar que la Sala se abstiene de hacer cualquier tipo de
consideración y valoración sobre las notas periodísticas allegadas al expediente 42,
comoquiera que, conforme a la jurisprudencia de la Corporación, las noticias
difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, no
dan, por si mismas, fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino
simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, su
valor probatorio debe apreciarse en conjunto con los medios de prueba allegados al
proceso43.
3.4. Consideraciones sobre el problema jurídico: La imputación del daño a las
demandadas
3.4.1. El análisis de la imputación, entendido como el juicio conducente a la atribución
de un daño antijurídico a un patrimonio determinado y diferente al de la propia víctima,
se debe adelantar en dos fases: una, en el plano fáctico, que se verifica en función
del principio de causalidad, y otra, en el plano valorativo o jurídico, que se verifica
en función de los deberes jurídicos que pesaban sobre la demandada44; y de la
prueba recaudada en relación con la conducta de la víctima y de su aptitud para
38 Visto afolios166a 175 C. l.
39 Oficio de folio 87 C. 1.
40 Acta del testimonio de folio 103 C. l.
41 Acta del testimonio de folios 104 a 105 C. 1.
42 Notas periodísticas de folios 29 a 31 C. 1.
43 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 13338; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera sentencia del 17 de junio de 2014, expediente 15450.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014, expediente
29195.
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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
fungir como elemento determinador de esa lesión 45.., En el primer aspecto, la
causalidad tiene excepciones, entre ellas, en relación con los daños antijurídicos
ocasionados por la acción de los agentes públicos. Por tanto, en tales casos, el juicio
de atribución implica que se demuestre una relación causal entre el padecimiento y
actuar del agente, evidenciando entonces que de no haber existido tal proceder bien
pudo haberse evitado la consecuencia dañosa. En fase jurídica, y en un plano
puramente normativo, el artículo 90 de la Constitución. Política, fuente formal en
nuestro ordenamiento del derecho administrativo de daños, no define un único título
de atribución del daño y, por el contrario, defiere al juez de la responsabilidad su
selección en función del caso, y a explorar, en consecuencia, en las canteras tanto de
la responsabilidad subjetiva, como de la objetiva46.
3.4.2. Bajo esta perspectiva, la Sala identifica que la relación predicada por la
demandante entre el daño y la conducta reprochada es de carácter activo, en cuanto
se acusa a la Policía Nacional de haber abusado de su poder en el desarrollo de un
procedimiento de patrullaje, registro, control e identificación de personas, mediante el
cual, se lesionó a Jair Javier Castro Sanjuan con un impacto de arma de fuego de
dotación oficial, justo cuando se rehusaba a atender una orden de pare.
Así, con el propósito de demostrar la causalidad anteriormente referida, la parte actora
probó, con elementos de prueba legal y válidamente aportados al plenario, los hechos
relevantes relacionados en el acápite 3.3 de esta providencia, frente a los cuales, la
Sala procede a su análisis para determinar si, en tales términos, resulta atribuible
fácticamente el daño al órgano demandado.
3.4.3. Dos son las versiones de lo sucedido que reatan los hechos probados
(Cfr.3.3.) en lo que atañe a la causa del daño: por un-lado, la de los agentes de
policía Leonardo David Fernández y Diego Andrés.. Palomino Cruz, quienes
señalaron que aquella residió en la víctima, por eludir trna orden de pare y arrojar
contra la humanidad del segundo uniformado una granada de fragmentación tipo 1-
M-26 (Cfr. 3.3.2.); y por el otro, la versión de Jair Javier Castro Sanjuan, quien
aseveró que el motivo de la agresión radicó exclusivamente en el comportamiento
abusivo y desproporcionado del patrullero Palomino Cruz, agente que le propició el
disparo por el solo hecho de desatender la orden de pare (Cfr. Hechos y
fundamentos de derecho de la demanda)47.
45 La doctrina, tanto como la jurisprudencia, consideran de di erentes maneras el lugar que
corresponde a la culpa de la víctima en la estructura de la responsabilidad. Algún sector estima que
su prueba es causa de la quiebra del nexo de causalidad; otro, qué obra como un factor impediente
de la imputación del daño a la demandada. Sin embargo, una''elemental consecuencia con la
definición que ya ha quedado sentada, del daño antijurídico, permite inferir válidamente que, si el
daño que la propia víctima determina por su obrar gravemente negiigente, imprudente o inexperto,
es, por antonomasia, un daño que sólo ella debe soportar, tal daño no puede reputarse antijurídico.
46 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-078 de 2018: 'En ese orden, la Corte ha considerado
que el artículo 90 Superior permite acudir tanto a la fa/la del servicio como a un título de imputación
objetivo, de esa manera, para decidir diferentes casos ha matizado posturas rígidas afirmando que
el daño antijurídico no excluye la posibilidad de exigir la demostradión de una actuación irregular del
Estado. II 81. De la misma forma, se anota que la Corte y el Cpnsejo de Estado comparten dos
premisas: la primera, que la responsabilidad del Estado se deducéa partir de la constatación de tres
elementos: (,) el daño, (u) la antijuridicidad de este y (II,) su producción a partir de una actuación u
omisión estatal (nexo de causalidad). La segunda, que el artículo 90 de la Constitución no define un
único título de imputación, lo cual sugiere que tanto el régimen,, subjetivo de la falla del servicio
coexiste con títulos de imputación de carácter objetivo comó el daño especial y el riesgo
excepcional".
41
Ver folios 7 a 11 C.1.
10
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Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
Estas versiones tienen fuentes que acusan motivo de sospecha. La de los agentes
(consignada en la anotación registrada en la MINUTA DE POBLACIÓN de los libros de
la Estación de Policía de Ciénaga), por el vínculo legal y reglamentario que tienen,
y, además, por el interés que a ellos les asiste en las resultas de un eventual proceso
penal y disciplinario que se adelante en su contra por los mismos hechos que aquí
se debaten 48. La versión de Castro Sanjuan, por su lado, es enunciada por la parte
directamente interesada en las resultas de esta litis en su escrito inicial.
Sin embargo, confrontadas las versiones con el material probatorio obrante en
plenario, la Sala concluye que las pruebas traídas al proceso no sustentan la tesis
de la defensa con la que pretende acreditar la configuración de la culpa exclusiva
de la víctima como eximente de responsabilidad, tópico frente el cual, valga
rememorar que la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación49 lo ha
descrito como la conducta jurídicamente relevante de la víctima producto del
incumplimiento culposo de. un deber jurídico a cargo suyo50 o del deber general de
cuidado51 con la que se incrementa el riesgo asociado a la producción del daño.
Así las cosas, la hipótesis de descargo carece de sustento por lo siguiente:
3.4.3.1. En el expediente se observa la anotación registrada a las 00:40
horas del 26 de febrero de 2010 en la MINUTA DE POBLACIÓN de los libros de
la Estación de Policía de Ciénaga (Cfr. 3.3.2.), según la cual, se recuenta
el desarrollo de un procedimiento policivo llevado a cabo el día anterior,
en el que observaron a dos (2) sujetos que se trasladaban en una
motocicleta a altas velocidades, automotor que no tenía placas y que
aparentemente correspondía con las características de otro que había sido
hurtado. Por tal razón, una patrulla conformada por dos (2) agentes
procedió a hacerles voz de pare, a lo que estas personas hicieron caso
omiso y emprendieron la huida, de ahí que se iniciara la persecución en su
contra hasta que el conductor del vehículo salió de la dirección, y el aquí
demandante quedó a pie y fue alcanzado por uno de los agentes, justo
cuando este intimidó con una granada de fragmentación al uniformado y
posteriormente se la lanzó, agresión esta que motivó que el policía
percutiera un disparo con su arma de dotación oficial que alcanzó su glúteo
izquierdo. Se dejó constancia que el artefacto explosivo no alcanzó a
detonar.
Bajo tal descripción fáctica, se indicó que Jair Javier Castro Sanjuan fue
reducido y capturado en flagrancia52 por el delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN
48
Código de Procedimiento Civil. Articulo 217. "Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las
personas que, en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas".
49
CONSEJO DE ESTADO. Ver sentencias: Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 1 de octubre de 2018,
exp.46328
50 CONSEJO DE ESTADO. Ver sentencias: Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 12 de octubre de
2010, exp. 40426; Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de agosto de 2017, exp. 44734; Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de agosto de 2017, exp. 43835; Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia de 24 de agosto de 2017, exp. 43649; Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de agosto
de 2017, exp. 41921; y, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. 43550.
51
CONSEJO DE ESTADO. Ver sentencias: Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 11 de julio de 2012;
y, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 28 de septiembre de 2017, exp. 39324.
52
Ley 906 de 2004. Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida
inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona
como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración.
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O PORTE DE ARMAS DE FUEGO DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES;
punible por el Cual fue procesado ante el Juzgado Penal del Circuito
especializado de Santa Marta, sin embargo, dicha célula judicial lo absolvió
por duda probatoria (Cfr.3.3.3).
3.4.3.2. La recurrente insistió en la fiabilidad del contenido del informe de
policía, empero, una vez cotejada dicha narración con lo probado en este
asunto, no se hallan elementos de convicción que respalden lo allí descrito,
pues la hipótesis oficial fue desvirtuada en fse de juzgamiento por el
Juzgado Penal del Circuito especializado de Santa Marta, célula judicial
que, al valorar el contenido de las declaraciones de los agentes implicados
en el operativo, dejó en evidencia, las siguientes contradicciones, a saber:
a) El patrullero Diego Andrés Palomino, quiqn suscribió el informe de
captura y accionó su arma de fuego contra la humanidad del aquí
demandante, adujo que su compañero, el patrullero Leonardo David
Fernández, lo acompañó durante el curso de todo el procedimiento, sin
embargo, el Operador Judicial destacó que ,este último, en entrevista
rendida ante el CTI negó su presencia directa toda vez que le indicó al
cuerpo investigador que "no escoltó a su compañero en el proceso de
persecución al procesado, omitiendo en su entrevista el hecho de que el acusado
traía consigo una granada, pues recuérdese que soto manifestó que cuando llegó
al lugar de la captura, el procesado ya había sido scir7etido por parte del patrullero
Palomino, este aspecto desde ya nos hace dudar acerca de que el señor Castro
Sanjuan llevaba consigo el artefacto explosivo en ese momento" (Crf.3.3.3.).
b) El juez penal encontró serios motivos para áoñsiderar que el patrullero
Palomino pudo haber faltado a la verdad, dado qUe en su narración encontró
notorias contradicciones y cambios de versión. Por tal razón, a su juicio, las
circunstancias modales de los acontecimientos en realidad correspondieron
a que el agente policial "disparó de manera indiscriminada y sin razón alguna en
contra del procesado y cuando se dio cuenta de éste error, trató de ocultar su
responsabilidad creando la historia que este le había lanzado un artefacto
explosivo, siguiendo esta lógica argumentativa se entiende porqué su compañero
en la entrevista que suministrara horas después de los hechos ante funcionarios
del CTI omitiera el detalle de la granada, lo cual indica que este artefacto nunca
estuvo en las manos del procesado ya que le únicó que supuestamente observó
en las manos la granada a Castro Sanjuan fuera el patrullero Diego Palomino"
(Crf.3.3.3.). No en vano, en la parte resolutiva dé¡ fallo de primera instancia
se ordenó la compulsa de copias en contra dé los policías, para que se
investigara su proceder.
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales
aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de ( haber participado en él.
4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión qe un delito en un sitio abierto al
público a través de la grabación de un dispositivo de video, y aprehendida inmediatamente
después.
La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video só realiza en un lugar privado con
consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo
5. La persona se encuentre en Ufl vehículo utilizado momento antes para huir del lugar de la
comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que, el sujeto no tenga conocimiento
de la conducta punible.
PARÁGRAFO. La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá el, Y del beneficio de
que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
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Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
c) Sin perjuicio de lo resuelto por el juez de la causa penal, sea del caso
destacar que, si la intención del órgano aquí demandado era demostrar sin
equívoco alguno que, efectivamente, Jair Javier Castro Sanjuan portaba
consigo la granada que supuestamente lanzó justo cuando ocurrieron los
hechos en los que fue herido, lo propio era que allegara, por ejemplo, la
respectiva cadena de custodia del artefacto explosivo53. Sin embargo, a
pesar de tal obviedad, ello no ocurrió en este contencioso administrativo,
así como tampoco en el escenario en el que, por antonomasia, debió
presentarse: el sumario penal, como así destacó el Juzgado54. Portal razón,
no atinó el ente castrense en pretender darle plena veracidad a una mera
anotación contenida en el libro de seguimiento de acontecimientos
policiales, cuando brillan por su ausencia los elementos de convicción que
ratifiquen tales descripciones, y, antes bien, existen pruebas que contrastan
con lo allí registrado.
3.4.3.3. Frente a la ausencia del fallo de segunda instancia penal con el que
se concluyó la actuación punitiva, tampoco puede esta Colegiatura suponer
-sin más- un cambio del sentido absolutorio, dado que la parte interesada
(Policía Nacional) nuevamente desatendió la carga de la prueba que le asistía
al respecto (art. 177 C.P.C.). Valga precisar que tal argumento tampoco sirve
de sustento para exonerar de responsabilidad a la recurrente, pues, por el
contrario, en este escenario no se demostró que el agente de la policía
estuviera facultado para emplear de manera legítima el uso de la fuerza55.
3.4.4. Con fundamento en la anterior valoración, la Sala encuentra elementos de
juicio para considerar que, en este caso, el hecho dañoso (herida con arma de fuego
de dotación oficial) se produjo por el uso excesivo de la fuerza de un agente de
policía en el curso del operativo de patrullaje, registro, control e identificación de
53 Ley 906 de 2004 "artículo 208. Actividad de policía, cuando en ejercicio de la actividad de policía
los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia
física como los mencionados en este código, en desarrollo de reqistro personal, inspección corporal,
registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán
técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o
por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y
el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará llegar, con las
seguridades del caso, a la policía judicial". Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-789 de 2006, en el entendido de que se trata de una revisión
externa, superficial y no invasiva. El texto en cursiva fue declarado INEXEQUIBLE, en la misma
providencia.
54"[..,J el patrullero Diego Palomino, quien, por su condición de miembro de la Policía, sabía cómo
debía proceder en un caso como estos para que la evidencia fuese recolectada de manera idónea y
tuviera plena entidad probatoria, al parecer estos conocimientos de manera extraña se le olvidaron
y procedió a llevar el elemento explosivo a las instalaciones del CTI sin la respectiva cadena de
custodia recibiendo como respuesta su no admisión [.]" Cfr. 3.3.3.
55 "Decreto 1355 de 1970 "ARTICULO 29. Solo cuando sea estrictamente necesario, la policía
-
puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo.
Así , podrán los funcionarios de policía utilizarla fuerza:
a) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades;
b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía;
c) Para asegurar la captura de la que deber ser conducido ante la autoridad;
d) Para vencerla resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente;
e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública;
0 Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y
sus bienes;
g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves".
13
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01(60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
personas y motocicletas, en el que resultó afectada la integridad de Jair Javier
Castro Sanjuan, pues de ninguna manera la huida justificaba una agresión de tal
magnitud, máxime que con dicho comportamiento no estaba atentando contra un
bien jurídico de igual dimensión, como lo era su vida e integridad personal, razón
por la que tampoco puede dársele cabida una hipótesis de culpa compartida o
concurrente. -
En suma, no se demostró que Jair Javier Castro Sanjuan con incumplimiento de un
deber jurídico o del deber general de cuidado hubiera incrementado el riesgo
relevante asociado a la producción del daño, consistente en una lesión en su
humanidad, por cuanto:
3.4.4.1. No se probó que portara la granada, ni que la hubiera lanzado en contra
de la humanidad del agente de policía que le disparó, 'con el fin de cubrir la huida.
3.4.4.2. No tenía el control de la situación, que genero la huida, por cuanto era el
pasajero y no el conductor de la motocicleta.
3.4.4.3. En todo caso, el hecho de no atender la órden de pare, de ninguna
manera facultaba al agente policial para hacer uso de la fuerza valiéndose de
armamento de dotación oficial con fines lesivos -
En ese orden, como no se demostró la configurción de la eximente de
responsabilidad alegado por la recurrente, se confirmará la declaración de
responsabilidad imputada en su contra, a título de fal,lá del servicio, por el acto
abusivo con el que se dejó secuelas permanentes a JairJavier Castro Sanjuan. Por
tal razón, la Sala verificará el monto de los perjuicios reconocidos en primera
instancia.
3.4.1 Consideraciones sobre la liquidación de los perjuicios
3.4.1.1 Perjuicios morales y daño a la salud
La demandante solicitó que se condenara a la Policía 'Jacional a pagar perjuicios
morales y daño a la salud. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander
concedió dichas súplicas en total de 400 SMLMV, desagregada así: (i) perjuicios
morales: -80 SMLMV para Jair Javier Castro Sanjuan y cada uno de sus padres, y
40 SMLMV para cada hermano-; y (Ii) daño a la salud: 80 SMLMV para la víctima
directa56-.
En relación con la indemnización de perjuicios morales, cuando el daño proviene de
lesiones causadas a la integridad sicofísica, psíquica o psicológica de las personas,
la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de11a sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2014 57 , definió que el juez administrativo efectuaría su
reconocimiento, dependiendo de la gravedad de la lesión y del grado de parentesco
o de cercanía que cada uno de los demandantes tuviera con la persona lesionada,
para lo cual constituye un parámetro el porcentaje de pérdida de la capacidad
laboral sufrida por el lesionado, así:
• 56
Según corrección de la sentencia de folios 224 a 225 C. Apelación.
57 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de
2014, expediente 31172.
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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
FEPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES
NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL
GRAVEDAD DE LA LESIÓN Vlctima directa Relación afectiva Relación afectiva Relación Relaciones
y relaciones del 2° de del 31 de afectiva del 40 afectivas no
afectivas consanguinidad consanguinidad de familiares -
conyugales y o civil (abuelos, o civil consanguinidad terceros
paterno- hermanos y o civil, damnificados
filiales nietos)
S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al
50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e Inferior al
40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al
30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al
20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3.5 2,5 1.5
Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa,
que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas
indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que
éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro. La gravedad o levedad
de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de
conformidad con lo probado en el proceso.
En el expediente, se encuentra un dictamen realizado el 6 de noviembre de 2014
por la Junta de Calificación. de Invalidez del Magdalena (Cfr. 3.3.4.), que registra un
porcentaje de 44,50% de pérdida de capacidad laboral en el señor Jair Javier Castro
Sanjuan, en el que se establece que el hecho generador de dicha disminución
ocurrió el 25 de febrero de 2010, producto de la herida causada con arma de fuego
en su glúteo izquierdo que-conllevó la fractura de la cabeza del fémur de aquel lado
de su cuerpo; circunstancias que fueron ratificadas en las anotaciones de la historia
clínica (Cfr. 3.3.1.), e inclusive en los reportes fotográficos aportadas por la parte
actora58 y las atestaciones de Julia María Lara Sanjuan y Leoncio Rafael Juvinao
Molina, quienes se mostraron voluntariosas al momento de recontar lo que les
constaba, no tenían relación con la causa -más allá de la relación de buena vecindad
y ayuda mutua expuesta-, sin animosidades, claridad respecto de la exposición de
la causa de su conocimiento y el relato del hecho percibido; lo que dota las
aserciones de credibilidad en cuanto a su contenido y forma (Cfr. 3.3.6.). Por tanto,
atinó el Tribunal en condenar con fines de compensación por este concepto.
La tasación del monto de la compensación por el perjuicio moral causado a la
víctima será entonces determinada conforme a los siguientes parámetros: a) el juez
debe obrar bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título
de compensación, -pues "la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto
del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su
ocurrencia"-, más no de restitución, ni de reparación; b) debe desarrollar su labor
con observancia del principio de equidad prescrito en el artículo 16 de la Ley 446
de 1998; c) su estimación del valor de la compensación debe estar sustentada en
los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su
intensidad y d) la tasación debe armonizar, cuando sea del caso, con lo dispuesto
en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.
58 Fotografías de folios 31
y 32 Ci. Sobre el particular se precisa que, si bien en las fotografías
aportadas no se plasmó la fecha de su toma, lo cierto es que, al efectuar una valoración integral de
las pruebas, las imágenes que allí se aprecian, coinciden con la descripción de las lesiones y el relato
de los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2010, aconteceres que no fueron desconocidos u
objetados por el órgano demandado. Razón por la cual, las fotografías hacen mérito para ser
valoradas.
15
Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01(60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
Para el caso, el principio de igualdad resulta honrado con la aplicación de los
baremos que han sido fijados por la Sección yque quedaron descritos en el cuadro
referido precedentemente. Por tanto, y en consideración a la descripción del
menoscabo físico que dejó unas lesiones, según el dictamen médico presentado
por el Junta de Calificación de Invalidez del Magdalena,:se confirmará el monto de
la condena fijada por el Tribunal para dicho concepto comoquiera que el porcentaje
de pérdida de la capacidad laboral corresponde con el quantum fijado en primera
instancia.
Respecto al daño a la salud, se itera, el Tribunal condenó al órgano demandado a
pagarle a la víctima directa 80 SMLMV. Sobre esta tipología de menoscabo, la
Sección Tercera de esta Corporación, a través de la sentencia del 28 de agosto de
2014 (expediente 31170), unificó la jurisprudencia en relación con la tasación. Para
ello, reiteró los criterios contenidos en los fallos de urificación dictados por esa
misma Sección el 14 de septiembre de 2011 (exps. 19931 y 38222), en el sentido
de advertir que la indemnización está sujeta a lo probado en el proceso, única y
exclusivamente para la víctima directa, y por una cuantía que no podrá exceder de
100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y
razonada. En función de lo anterior, esta Colegiatura estableció esta tabla:
REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD - REGLA GENERAL
Gravedad de la lesión Víctima directa
Igual o superior al 50% 100 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 1% e inferior al 10% ,10 S.M.L.M.V.
Bajo ese criterio, el a quo tasó el perjuicio en la suma equivalente a 80 SMLMV para
la víctima directa, monto aquel que, además de encontrarse ajustado al estándar
jurisprudencia¡, tampoco fue recurrido en sede de apelaçión, por lo tanto, la Sala no
se pronunciará al respecto por tratarse de un punto de,la controversia ya zanjado
en su discusión; y, en consecuencia, confirmará la decisión adoptada por el juez de
primera instancia.
3.4.1.2. Lucro cesante
Por otra parte, la Sala encuentra que en el ordinal tercero de la sentencia proferida
el 8 de marzo de 2017, se condenó a la Nación Ministerio de Defensa Policía
• -
Nacional a pagar al señor Jair Javier Castro Sanjuan, por concepto de perjuicios
-
materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, la suma de
CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y
SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($127919.036,64).
Ahora bien, como la anterior decisión no fue cuestionada por el órgano demandado,
la Sala está imposibilitada para auscultar el derecho al reconocimiento del perjuicio,
pues se trata de un asunto de la litis que quedó definidó conla decisión de primera
instancia, sin embargo, valga precisar que de conformidad con el criterio
jurisprudencia¡ unificado59, para la liquidación de la suma a reconocer debe, entre
otros requisitos, acreditarse que el directo afectado, al momento de producirse su
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Expediente 73001-
23-31-000-2009-00133-01 (44.572). Sentencia del 18 de julio de 2019.
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'
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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
lesión, desempeñaba una la ctividad económica, y que debido a esta, dejó de percibir
ingresos -lo que no demostró la parte actora-, empero, se insiste, como frente a tal
arista no se formuló reproche alguno, se superará el análisis sobre el particular y la
atención de la Colegiatura se centrará en verificar el correcto cálculo del perjuicio.
Pese a la anterior precisión, conviene acotar que, en dicho pronunciamiento de
unificación, se dispuso que sería viable el reconocimiento del veinticinco por ciento
(25%) por prestaciones sociales, solamente en caso de que se acreditara una
relación laboral subordinada, y, siempre y cuando se haya solicitado en la demanda.
De acuerdo con los lineamientos sentados por esta Corporación, lo cierto es que en
la sentencia impugnada se incluyó el emolumento equivalente al veinticinco por
ciento (25%) adicional porprestaciones sociales, empero, como se ilustró, la parte
interesada no acreditó en este plenario la existencia de una relación laboral
subordinada como fuente de ingreso directo del señor Castro Sanjuan, motivo por
el cual, fuerza la actualización de la condena, previa exclusión de dicho concepto,
así:
Ra = Rh índice final / Índice inicial
Donde (Rh) es igual a la renta histórica, esto es, la suma neta de la condena menos
el veinticinco por ciento (25%)60 de las prestaciones sociales ($92189.277,48)61 ,
monto que se multiplicará por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al
consumidor del mes anterior al de esta sentencia por el índice de precios al
consumidor vigente en el mes en que se profirió la sentencia de primera instancia.
Índice final —julio/2023 (134,45)
Ra = $92189.277,48
Índice inicial - marzo/2017 (95,46)
Ra: $129'843.372,69
Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS.
Por tanto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido dé
reconocer la condena de reembolso debe comprender la distribución del riesgo
tomado bajo el coaseguro, el deducible pactado y cada una de las estipulaciones
pactadas en el contrato de seguro suscrito entre el municipio de Santiago de Cali y La
Previsora.
W. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
60 Que corresponde a $30729759,16.
61 Suma que resulta de restar el veinticinco por ciento (25% = $30729759,16) al monto total de la
condena ($122919036,64).
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Radicado: 47001-23-31-000-2012-00287-01 (60052)
Demandante: Jair Javier Castro Sanjuan, y otros
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
dictada el 8 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
quedará así:
'TERCERO: CONDÉNASE a la Nación Ministerio de Defensa
• - Policía
Nacional, por concepto de daños materiales, a pagar:
• A Jair Javier Castro Sanjuan, en la modalidad de lucro cesante
consolidado y futuro la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (129'843.372,69).
SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 8 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
c
1-4
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNC LUQUE
Magistrado aso
Aclara ión de voto. Cfr. Rad.
34.326-17 y voto disidente Rad.
48.84-16 #6.
OJMZ
18
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