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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2013-00155-02

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2013-00155-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción. SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., C.I. Prodeco S.A., C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S., la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA). TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO: NEGAR las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por la Agencia Nacional de Infraestructura contra Zurich Colombia Seguros S.A. QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia. SEXTO: REMITIR copia de esta sentencia al registro público centralizado de acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo. SÉPTIMO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2013-00155-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Medio de control: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: ACCIÓN DE GRUPO – Tiene naturaleza indemnizatoria y procede cuando una
pluralidad no inferior a veinte personas reúne condiciones uniformes respecto de la causa
de daños individuales / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Se configura
cuando existe una conexión material, operativa o funcional entre el demandado y los
hechos, actividades o deberes jurídicos que sustentan la imputación, sin que su
reconocimiento equivalga a declarar la responsabilidad, pues la conducta, el daño y el nexo
causal corresponden al examen de fondo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE GRUPO – El
término debe computarse desde la causación del daño o la cesación de la acción
vulnerante, según el régimen aplicable; el conocimiento del inicio histórico de la actividad
presuntamente dañosa no equivale a su cesación ni permite declarar la caducidad cuando
la causación alegada permanece en curso / DAÑO AMBIENTAL PURO Y DAÑO
AMBIENTAL CONSECUTIVO – La alteración del ambiente como bien colectivo puede
constituir la causa común de perjuicios individuales, pero su prevención, cesación o
restauración no es un objeto indemnizable autónomo de la acción de grupo, en la cual debe
probarse que aquella afectación se proyectó de manera cierta sobre la esfera personal o
patrimonial de sus integrantes / CARGA DE LA PRUEBA EN LA ACCIÓN DE GRUPO – La
existencia de una actividad potencialmente contaminante, la previsión de impactos en
instrumentos ambientales o la constatación de alteraciones puntuales no demuestran por
sí solas un daño individual ni su relación causal con la conducta de los demandados;
tampoco el juramento estimatorio o la etapa de ejecución de la sentencia pueden suplir la
ausencia de prueba sobre la lesión indemnizable.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que declaró probada la excepción de caducidad.

El grupo actor pretende la reparación de los perjuicios individuales atribuidos a la
aducida contaminación ambiental derivada del transporte, descargue,
almacenamiento y embarque de carbón en los puertos ubicados entre la bahía de
Santa Marta y la ensenada Alcatraz del municipio de Ciénaga, así como a la
autorización estatal para incrementar los volúmenes de carbón movilizados y al
presuntamente ineficiente control ambiental ejercido sobre esas operaciones por las
autoridades competentes.

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde al fallo proferido el 23 de julio de 20251 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró probada la excepción de caducidad de
la acción promovida2 por Narciso Antonio Támara Patiño y otros3 (en adelante, la
parte actora o el grupo demandante) en contra de la Nación – Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), la Nación – Ministerio de Transporte (MinTransporte), la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (CORPAMAG), Drummond Ltda., American Port Company Inc. (APC
Inc.), Colombian Natural Resources I S.A.S. (CNRI), la Sociedad Portuaria Río
Córdoba S.A., C.I. Prodeco S.A., la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., la
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y Carbosan Ltda.4, en ejercicio del
medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, cuyos hechos
principales, fundamentos de derecho y pretensiones se exponen a continuación.

Hechos

2. La actividad de embarque de carbón en la bahía de Santa Marta y en la
ensenada de Alcatraz se desarrolló desde sus inicios mediante cargue directo con
volquetas y bandas, procedimiento que por su propia mecánica, dispersó material
particulado sobre las viviendas, las playas y las áreas marinas circundantes, y
comprometió las actividades de pesca, turismo y recreación tradicionalmente
ejercidas por las comunidades de Ciénaga, Pueblo Viejo y Santa Marta. Esta

1
Expediente digital, archivo “220Sentencia_2013155AGNARCISOTAMA”. 2
Expediente digital, archivo “169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366”, págs. 3 a 34. La
demanda fue presentada el 12 de junio de 2013. 3
La demanda relacionó como integrantes iniciales del grupo demandante a: Narciso Antonio Támara Patiño, Vicente Martínez
Pianeta, Manuel Niebles Rebolledo, Alcides Alberto Miranda Rojas, Dubys Patricia Miranda Hernández, Jesús Alberto
Pacheco Guerra, Javier Antonio Vargas Brigante, Ana Isabel Hernández de Miranda, Rosmery Vargas Brigante, Adelaida
Esther Rivas Ospino, Cristóbal Alberto Cantillo Rebolledo, Alexander Reyes Marchena, Carlos Alberto Vargas Márquez,
Margarita Brigante de Vargas, Jerson David Manjarrez Silvera, Juana de Dios Rebolledo Vilorta, Karen Daletza Navarro
Navarro, Alberto Luis Rebolledo Peña, José Ramón Manjarrez Rebolledo, Isabel Silvera González, Wilfrido José Daza
Machado, Sixta Tulia Rebolledo Peña, Elena Raquel Rumbo Aguirre, Fredis Alfonso Cantillo Gómez, Yamile de Jesús Navarro
Castro, Dennys Antonio Cantillo Rebolledo, Miguel Gutiérrez Manjarrez, Ingrid María Manjarrez Rebolledo, Arturo Alberto
Correa Soto, Isaac Martín Herrera Solano, Lesvia Rosa Rebolledo Peña, Usmar Bienvenido Rebolledo Del Prado, Ana Elvira
Rebolledo Peña, Gustavo Adolfo Cantillo Peña, Pedro José Cuadrado Morelos, Laidiris Johana Cantillo Rebolledo, Oswaldo
Alcibíades Rey Rico, Marcuris Beatriz Hernández Domínguez, Liliana Beatriz Vásquez Povea, Nilson Alberto De León Potes,
Adriana Mejía Argote, Nilson Rafael Sierra Martínez, Orlando Miguel Gutiérrez Aguirre, Leticia Sofía Correa Soto, Josefa
María López Morales, Dayana Bonoli Martínez, Lieimis Niebles, Mirian Esther Rey de Rico, Carmen Rosa Valencia de Rey,
Kelly Johana Rey Valencia, Danna Rey González, Jairo de Jesús Gómez Velilla, Mirian de Jesús Restrepo Vásquez, Edgar
Antonio González, Norelsis Tatiana Gutiérrez, Yamile del Carmen Arango Jaramillo, Petrona Isabel González Palacios,
Jhonny Javier Rey Valencia, Daniel Antonio Miranda Hernández, Adriana Salomé Pardo Castro, Ediluvina del Carmen Soto
de la Rosa, Claribet Mejía Argote, Alcides Javier Miranda Hernández, Francisco Henrique Segrera, Elecia María Segrera,
Dairis Elvira Rey Valencia, Roquelina Valencia Romero, Nelson Enríquez Gutiérrez, Luz Katia López Vega, Rosa Martínez
Morelos, Diana Margarita Yacomelo Castro, Josefa Elvira Povea Maya, Siris Martínez Morelos, Lisbeth Guerra Salcedo,
Reinera Pérez Olivo, Germina Guerra Medina, María Isabel Pallares Villa, Martha Cecilia Pérez Olivo, Sandy Fuentes Navarro,
Yoemi Olivo Venera, Ebiles Guerra Medina, Maritza Cecilia Castillo Simanca, Alfonso Antonio Ebrat Mancilla y Florentino
Rodríguez Bovea. Posteriormente, por conducto de su apoderado, la parte actora aportó, mediante escrito de vinculación
fundado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, un listado de ciento setenta (170) personas con sus respectivos poderes, y,
tramitadas las subsiguientes solicitudes de integración, mediante auto del 15 de noviembre de 2017 el Tribunal admitió la
integración al grupo inicial un total de 954 personas. La decisión se mantuvo incólume, dado que mediante auto del 11 de
julio de 2018 el Tribunal resolvió no reponerla. Expediente digital, archivos
"169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366", págs. 6 a 8 y 35 a 44;
"47001233300020130015500_ACT_FIJACIONESTADO_16112017103710am_5f23670521f749f9adc7921fcaddc17b", págs. 4 a 25; y "ACT_FIJACIONESTADO_17072018100558am_0845f1b47c2842a68e7c7039fcbd7798", págs. 1 y 8. 4
Mediante auto del 25 de junio de 2015, el Tribunal, al considerar que el contradictorio no se encontraba debidamente
integrado y con fundamento en el artículo 61 del CGP, vinculó de oficio como litisconsortes necesarios al DADMA —hoy
DADSA—, a la DIMAR y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Respecto de la DIMAR, tuvo en
cuenta las funciones previstas en el Decreto Ley 2324 de 1984, en particular las relacionadas con la dirección, coordinación
y control de las actividades marítimas y con la aplicación y fiscalización de las normas orientadas a preservar y proteger el
medio marino. Al comparecer, la Procuraduría precisó que intervenía en ejercicio de las funciones constitucionales del
Ministerio Público y no como demandada. La ANI, a su vez, llamó en garantía a QBE Seguros S.A., hoy Zurich Colombia
Seguros S.A. Expediente digital, archivo “11C08 R47001233300020130015500”, folios 28 a 35, 298 a 303 y 473 a 500.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

situación se agravó a medida que los volúmenes movilizados se incrementaron y a
medida que las autoridades ambientales omitieron adoptar medidas de control
eficaces frente a la evidencia acumulada del impacto.

3. Mediante Resolución 1163 del 20 de agosto de 1993, CORPAMAG otorgó
licencia ambiental a la sociedad APC Inc. para la construcción y operación del
proyecto Puerto Carbonífero en el municipio de Ciénaga, licencia que fue objeto de
sucesivas modificaciones a través de las Resoluciones 0152 del 6 de marzo de 1997
y 1026 del 11 de noviembre de 1997 del MinAmbiente, mediante las cuales se
impusieron obligaciones adicionales en materia de manejo ambiental sin que las
mismas hubieren resultado idóneas para contener los efectos denunciados por las
comunidades vecinas.

4. A través del Decreto 3083 del 15 de agosto de 2007, el Gobierno Nacional
ordenó la implementación de los sistemas de cargue directo a partir del 12 de julio
de 2010, como medida de mitigación del impacto ambiental de la actividad portuaria
carbonífera, término cuyo cumplimiento fue reiteradamente diferido en cuanto a la
operación de C.I. Prodeco S.A. desde Puerto Zúñiga, mediante las Resoluciones
151 del 6 de marzo de 2009, 097 del 1 de marzo de 2010, 146 del 14 de marzo de
2011 y 132 del 8 de marzo de 2012, todas del MinTransporte, con lo cual se prolongó
la exposición de la población a las partículas contaminantes generadas por el
sistema de cargue tradicional.

5. En el mismo escenario temporal, por Resolución 5369 del 10 de diciembre
de 2007, el MinTransporte declaró una zona de interés público que posteriormente
fue ofrecida por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) mediante Resolución
548 del 10 de diciembre de 2008, para la construcción y operación del puerto
carbonífero denominado "Puerto Nuevo", proyecto cuya licencia ambiental fue
otorgada a C.I. Prodeco S.A. por Resolución 435 del 2 de marzo de 2009 y ampliada
por Resolución 0447 del 5 de marzo de 2010 para autorizar la etapa marítima, pese
a que en la propia motivación de esta última se advertían errores en el cálculo de
los indicadores de calidad de las aguas marinas y la ausencia de socialización de
los impactos con las autoridades locales.

6. Desde el año 2009, el MinAmbiente y la ANLA tenían conocimiento de las
deficiencias en la medición de la calidad del aire en las zonas portuarias, según se
desprende del informe final del estudio contratado por esa cartera ministerial y
entregado en diciembre de ese año, en el cual se recomendó reubicar las estaciones
de monitoreo y se advirtió la inexistencia de medidores de partículas suspendidas
totales y de PM10 en varios de los puertos, recomendaciones que no fueron
atendidas oportunamente por las autoridades competentes.

7. A través de la Resolución 091 del 18 de noviembre de 2011, la ANLA modificó
la licencia otorgada a APC Inc. para el Puerto Drummond, ubicado en la ensenada
Alcatraz del municipio de Ciénaga, autorizando la implementación del sistema de
cargue directo y elevando la capacidad de almacenamiento y embarque de diez a
setenta millones de toneladas de carbón al año, decisión que fue adoptada sin
concertación previa con la comunidad ni con las autoridades locales, sin contemplar

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

compensación por los daños morales ni por la afectación de los habitantes del área
de influencia —en particular de la comunidad de Pueblo Viejo dedicada a la pesca
artesanal— y con sustento en la misma información de calidad del aire cuya
insuficiencia constaba en el expediente ministerial desde el año 2009.

8. Durante el año 2012 se movilizaron por los puertos ubicados entre la bahía
de Santa Marta y la ensenada de Alcatraz cerca de sesenta millones de toneladas
de carbón, de las cuales aproximadamente seis y medio millones se transportaron
en tractocamiones por el corredor vial de Santa Marta, sin que el volumen
movilizado hubiera estado acompañado de un régimen efectivo de control, según
sostuvo la parte actora con apoyo en un informe de 2012 que atribuyó a la
Contraloría General de la República y en la Resolución 54 del 25 de julio de 2008
de la Defensoría del Pueblo, documentos que, a su juicio, daban cuenta de fallas en
los Informes de Cumplimiento Ambiental y en la vigilancia ejercida por el
MinAmbiente y CORPAMAG, especialmente en el monitoreo de la calidad del aire

9. En enero de 2013, la ANLA suspendió el cargue de carbón por el Puerto
Drummond mediante Resolución 123, con ocasión del mal manejo dado a la
emergencia sufrida por una barcaza desde la cual se arrojaron cientos de toneladas
de carbón al fondo marino, y en abril del mismo año, el Departamento Administrativo
Distrital del Medio Ambiente (DADMA) suspendió provisionalmente, por Resolución
116, el ingreso de tractocamiones cargados de carbón al puerto de Santa Marta,
actuaciones administrativas que reconocieron formalmente la persistencia del
impacto y que anticiparon la prolongación de los efectos vulnerantes de la actividad
carbonífera al menos hasta el año 2033, fecha de expiración de la concesión
otorgada a la Sociedad Portuaria de Santa Marta – Carbosan.

10. Como consecuencia acumulada de las autorizaciones, omisiones y
actuaciones descritas, la contaminación por polvillo de carbón, el ruido y la vibración
generados por la operación portuaria y por el paso de los trenes y tractocamiones
cargados de mineral invaden de manera permanente las viviendas ubicadas en la
zona de influencia y las áreas de circulación aledañas, con menoscabo de la salud,
del descanso, de la intimidad y del disfrute del entorno de los habitantes, así como
de la desvalorización de sus inmuebles, afectaciones que subsisten y se agravan
con el incremento de los volúmenes de carbón autorizados y cuyos efectos
vulnerantes aún no han cesado.

Fundamentos de derecho

11. El grupo demandante invocó el parágrafo del artículo 48 y el artículo 50 y
siguientes de la Ley 472 de 1998; los artículos 1, 2, 4, 8, 25, 29, 79, 80, 88, 90, 209
y 229 de la Constitución Política; los artículos 145, 152 y 164, literal h), de la Ley
1437 de 2011; la Ley 99 de 1993; y las disposiciones relativas al alcance de las
licencias ambientales y a las competencias de las autoridades encargadas de su
otorgamiento, seguimiento y control. A partir de esas normas sostuvo que las
actividades de transporte, descargue, almacenamiento y embarque de carbón
desarrolladas entre Ciénaga y Santa Marta ocasionaron daños individuales a los
integrantes del grupo y comprometieron el goce de un ambiente sano, la moralidad

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

administrativa, el equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, la seguridad y salubridad públicas, la recreación y la libre
movilidad.

12. Con apoyo en la sentencia T-046 de 1999 de la Corte Constitucional, señaló
que la perturbación del ambiente puede comportar, cuando produce una afectación
individual y concreta, la vulneración de derechos como la vida, la integridad
personal, la intimidad, la salud y la igualdad. Asimismo, invocó el informe de 2012
que atribuyó a la Contraloría General de la República y la Resolución 54 del 25 de
julio de 2008 de la Defensoría del Pueblo para sustentar que las autoridades
ambientales conocían las deficiencias existentes en el manejo de los puertos
carboníferos y, pese a ello, omitieron ejercer controles eficaces. Entre esas
deficiencias mencionó la pérdida de material particulado durante el transporte y
cargue del carbón, la inadecuada ubicación y operación de las estaciones de
monitoreo, la falta de autonomía en el manejo de los equipos, la ausencia de
mediciones en determinados corredores viales, la omisión de estudios
epidemiológicos en las licencias y planes de manejo ambiental y la falta de adopción
de las recomendaciones formuladas en los informes de cumplimiento ambiental.

13. La responsabilidad reclamada se atribuyó, de una parte, a las omisiones de
las entidades públicas en el licenciamiento, seguimiento, vigilancia y control de la
actividad portuaria y, de otra, a las infracciones ambientales y al manejo inadecuado
del carbón por parte de las sociedades operadoras. Según la demanda, esas
conductas ocasionaron daños materiales, morales, económicos, socioculturales y a
la vida de relación de los habitantes de Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo,
manifestados en la contaminación del aire, las playas y las aguas marinas; el
deterioro y la desvalorización de las viviendas; los riesgos para la salud física y
mental, en especial de los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores;
la perturbación de la intimidad y del sosiego doméstico; la restricción del acceso a
las playas y áreas marinas; y, la disminución de actividades tradicionales como la
pesca, el turismo y la recreación. Con fundamento en ello, solicitó la reparación
integral de los perjuicios individuales causados a los integrantes del grupo.

Pretensiones

14. Con fundamento en lo expuesto, en la demanda se solicitó 5 condenar
solidariamente a las entidades públicas y a las sociedades demandadas a reconocer
y pagar a los integrantes del grupo, la indemnización de los perjuicios individuales
derivados de la contaminación producida por el transporte, descargue,

5
Textualmente se pidió: “Que se condene a […] reconocer y pagar de manera solidaria a mis poderdantes, y a las personas
que integren el grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55
de la ley 472 de 1998, la indemnización de los perjuicios individuales sufridos […]. Que […] la indemnización de perjuicios
cuyo reconocimiento y pago se ordene incluya: 1.- Una reparación colectiva de los daños materiales individuales consistente
en la reparación a costa de los condenados, de todos los daños ocasionados a las casas de los barrios ubicados en la zona
de influencia directa de la red ferroviaria existente entre el municipio de Ciénaga y el distrito de Santa Marta. 2.- Una
indemnización individual de 200 s.m.m.l.v para el subgrupo 1 y de 100 s.m.m.l.v para el subgrupo 2 que incluya la reparación
del perjuicio causado a la capacidad de goce y a la vida de relación […]. 3.- Una indemnización individual en dinero equivalente
a 100 s.m.m.l.v, para las personas que conforman el subgrupo 1 y de 50 s.m.m.l.v, para quienes conforman el subgrupo 2,
por el daño emergente y lucro cesante […]. 4.- Una indemnización individual por el daño moral causado a todos los
perjudicados […] equivalente a 100 s.m.m.l.v, para las personas que conforman el Subgrupo 1, y de 50 s.m.m.l.v, para las
personas que conforman el Subgrupo 2 […]. Igualmente solicito se ordene dar aplicación a lo establecido en el numeral 6 del
artículo 65 de la ley 472 de 1998”.

5

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

almacenamiento y embarque de carbón; del incremento de los volúmenes
autorizados para su almacenamiento y movilización; y del deficiente control ejercido
sobre los puertos ubicados entre Ciénaga y Santa Marta.

15. En concreto, se pidió que la reparación integral comprendiera: (i) la
reparación, a costa de los demandados, de los daños materiales ocasionados a las
viviendas ubicadas en la zona de influencia directa de la red ferroviaria existente
entre Ciénaga y Santa Marta, en condiciones concertadas con la comunidad y que
preserven su valor patrimonial; (ii) una indemnización individual equivalente a
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes para los integrantes
del subgrupo 1 y a cien (100) para los del subgrupo 26, por los perjuicios causados
a la capacidad de goce y a la vida de relación, incluidos los relacionados con el
ambiente sano, la salubridad pública, la salud física y mental, la intimidad, la
recreación y la igualdad; (iii) una indemnización de cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes para el subgrupo 1 y de cincuenta (50) para el subgrupo
2, por concepto de daño emergente y lucro cesante originados en la desvalorización
de los inmuebles, el abandono de viviendas arrendadas o la reducción de los
cánones y los daños estructurales producidos por las vibraciones de trenes y
tractocamiones; y (iv) una indemnización por daño moral de cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para el subgrupo 1 y de cincuenta (50) para el
subgrupo 2, incluida la correspondiente a los menores de edad.

Contestaciones de la demanda

16. La ANLA7 se opuso a las pretensiones, defendió la legalidad de las licencias
tramitadas conforme a la Ley 99 de 1993 y a los Decretos 2820 de 2010 y 3573 de
2011, sostuvo que la Resolución 091 de 2011 introdujo el sistema de cargue directo
precisamente para reducir los impactos ambientales asociados al manejo del carbón
y que los sistemas de monitoreo de calidad del aire cumplen los parámetros
normativos y propuso, entre otras, las excepciones de ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de agotamiento del requisito previo, falta de legitimación en la
causa por pasiva, inexistencia de nexo causal y ausencia de prueba de los daños
cuya reparación se reclama.

17. CORPAMAG8 precisó que su función es de vigilancia, seguimiento y control
y no de expedición de licencias —competencia atribuida a la ANLA por la Ley 99 de
1993—. Expuso que opera desde 1999 el Sistema de Vigilancia de la Calidad del
Aire, integrado por estaciones de material particulado total y de PM10, cuyos
resultados se reportan al SISAIRE9 y se mantienen dentro de los límites permitidos.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia

6
El subgrupo 1 está integrado por quienes residían o laboraban en las áreas de Santa Marta y Ciénaga, identificadas como
zona de influencia directa de los puertos ubicados en la ensenada Alcatraz, Puerto Zúñiga y la bahía de Santa Marta, así
como del corredor vial que comunicaba estos dos últimos, y por los residentes de Pueblo Viejo que demostraran desarrollar
actividades de pesca marina. El subgrupo 2 comprende a las demás personas que acreditaran residir, laborar o estudiar —o
haberlo hecho— en Santa Marta, Ciénaga o Pueblo Viejo entre abril de 2011 y la presentación de la demanda, por tratarse
del área de influencia indirecta de esas actividades portuarias.
7
Expediente digital, archivo “169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366”, págs. 270 a 316.
8
Expediente digital, archivo “169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366”, págs. 335 a 343.
9
El Subsistema de Información sobre Calidad del Aire, es la plataforma oficial del IDEAM que consolida y publica los datos
de medición de contaminación atmosférica, ruido y meteorología.

6

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

de nexo causal, al no demostrarse que sus funciones de seguimiento hubiesen
generado los efectos adversos reclamados.

18. En contestaciones separadas presentadas por conducto del mismo
apoderado, la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I. Prodeco S.A.10 se
opusieron a las pretensiones y, además de la falta de legitimación en la causa por
pasiva y la ausencia de nexo causal, propusieron la excepción de caducidad del
medio de control, con el argumento de que había fenecido el derecho de acción
respecto de cualquier daño derivado de hechos anteriores al 19 de junio de 2012,
comoquiera que la Resolución 54 del 25 de julio de 2008 de la Defensoría del Pueblo
y el documento elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en diciembre de
2009 daban cuenta del conocimiento del daño con antelación superior a los dos
años previstos en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.

19. Drummond Ltda. y APC Inc.11, representadas por el mismo apoderado,
contestaron conjuntamente la demanda y se opusieron a la totalidad de las
pretensiones. Sostuvieron que su operación se desarrolla al amparo de las licencias
y de los planes de manejo ambiental debidamente aprobados, negaron la existencia
de un daño cierto atribuible a su actividad y propusieron las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de daño cierto probado y ausencia
de nexo causal, con apoyo en la distancia entre sus instalaciones y los núcleos
poblados, los monitoreos de calidad del aire dentro de los límites normativos y la
implementación del sistema de cargue directo.

20. CNRI y la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A.12 presentaron
contestaciones separadas por conducto del mismo apoderado y solicitaron su
desvinculación con fundamento en la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, al sostener que no operan los terminales portuarios señalados como
fuente del perjuicio ni guardan relación con las empresas a las que se atribuyen los
hechos, y que su actividad, cuando la desarrollan, se sujeta a los permisos y planes
de manejo ambiental expedidos por las autoridades competentes.

21. La DIMAR13 distinguió sus atribuciones sobre la actividad marítima, las naves
y las contingencias ocurridas en aguas jurisdiccionales, de las funciones
ambientales relacionadas con emisiones atmosféricas, transporte terrestre y
operación industrial. Sostuvo que podía intervenir ante accidentes marítimos dentro
del marco previsto en el Decreto 2324 de 1984, pero no era autoridad de
licenciamiento ambiental ni tenía a su cargo impedir toda dispersión proveniente de
fuentes terrestres. Con fundamento en esa separación funcional, alegó falta de
legitimación material y ausencia de imputación en su contra.

10
Expediente digital, archivo “10C07 R47001233300020130015500”, folios 301 a 343, y folios 344 a 385.
11
Expediente digital, archivos “08C05 R47001233300020130015500”, folios 41 a 376; “09C06
R47001233300020130015500”, folios 444 a 474; y “10C07 R47001233300020130015500”, folios 3 a 218.
12
Expediente digital, archivos “03C02 R47001233300020130015500”, folios 13 a 36, “10C07 R47001233300020130015500”,
folios 544 a 556, “08C05 R47001233300020130015500”, folios 433 a 561; “09C06 R47001233300020130015500”, folios 3 a
129; y “10C07 R47001233300020130015500”, folios 576 a 592.
13
Expediente digital, archivo “11C08 R47001233300020130015500”, folios 445 a 472.

7

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

22. El MinAmbiente14 sostuvo que su papel como rector de la política ambiental
y coordinador del SINA15 no lo convierte en ejecutor directo de cada licencia, plan
de manejo o medida de seguimiento. Recordó la distribución de funciones entre la
ANLA, CORPAMAG y las autoridades territoriales. Aunque reconoció la existencia
de actuaciones administrativas relacionadas con los proyectos carboníferos, negó
que de ellas pudiera inferirse una omisión ministerial causante de los perjuicios
particulares reclamados.

23. La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y Carbosan Ltda.16
afirmaron que sus operaciones se desarrollaban mediante sistemas de cargue
directo, bandas cerradas, barreras, humectación y programas de manejo ambiental
sujetos a seguimiento. Indicaron que Carbosan utilizaba cargue directo desde 2003
y que los registros técnicos no demostraban que algún material proveniente de sus
instalaciones hubiera ingresado en las viviendas de los demandantes. Negaron que
la proximidad general a Santa Marta bastara para atribuirles cualquier partícula
contaminante encontrada en la región.

24. El DADMA17, hoy Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad
Ambiental (DADSA), se opuso a las pretensiones con fundamento en su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al sostener que su competencia se circunscribe
exclusivamente al Distrito de Santa Marta y no se extiende a las situaciones
ambientales que puedan configurarse en los municipios de Ciénaga o Pueblo Viejo,
de modo que la responsabilidad por la actividad portuaria carbonífera reclamada
corresponde en todo caso a las autoridades con competencia directa sobre la
materia —en particular la ANLA y CORPAMAG—. Precisó además que su gestión
se ha ajustado al marco legal aplicable, en tanto expidió los permisos de emisión
atmosférica a favor de las sociedades operadoras dentro de su jurisdicción y adoptó
las medidas de contingencia y de suspensión que las circunstancias exigieron frente
a los eventos de contaminación puestos en su conocimiento.

25. La ANI18 afirmó que administra y supervisa infraestructura y contratos de
concesión, pero no opera los puertos ni reemplaza a las autoridades ambientales.
Explicó que la intervención administrativa vinculada con Puerto Nuevo provenía de
competencias trasladadas del antiguo INCO y no significaba que la entidad hubiera
producido emisiones, transportado carbón o causado la contingencia marítima.
Además de controvertir el daño alegado y el nexo causal, llamó en garantía a QBE
Seguros S.A., hoy Zurich Colombia Seguros S.A., con fundamento en un contrato
de seguro celebrado con ésta. La aseguradora19 alegó la improcedencia del
llamamiento por falta de responsabilidad del asegurado —al carecer de
competencias de control y vigilancia ambiental—, la ausencia de nexo causal y los
límites de la póliza de responsabilidad civil extracontractual a favor de la ANI, que
no ampara daños ambientales ni actuaciones u omisiones en el ejercicio de
funciones públicas.
14
Expediente digital, archivo “03C02 R47001233300020130015500”, folios 37 a 77.
15
Sistema Nacional Ambiental.
16
Expediente digital, archivos “03C02 R47001233300020130015500”, folios 353 a 512; “14C10
R47001233300020130015500”, folios 3 a 665 y 666 a 711; y “07C04 R47001233300020130015500”, folios 3 a 745.
17
Expediente digital, archivo “11C08 R47001233300020130015500”, folios 335 a 444.
18
Expediente digital, archivo "169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366", págs. 321 a 331.
19
Expediente digital, archivo “11C08 R47001233300020130015500”, folios 64 a 108.

8

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

26. La Defensoría del Pueblo20 intervino por medio de una defensora pública, en
virtud de la notificación prevista en el artículo 53 de la Ley 472 de 1998 y sin integrar
el extremo pasivo. En su pronunciamiento reconoció la importancia pública de los
impactos ambientales asociados a la actividad carbonífera, pero advirtió que la
acción de grupo tiene finalidad indemnizatoria y que, por ello, las afectaciones
individuales y las condiciones que permiten integrar el grupo debían quedar
probadas y delimitadas judicialmente. Señaló la necesidad de identificar
direcciones, periodos de residencia o actividad, condiciones de exposición, daños a
la salud, inmuebles o ingresos y la fuente a la que se atribuía cada menoscabo.
Cuestionó la forma de estructurar las pretensiones indemnizatorias individuales, por
falta de precisión sobre las viviendas afectadas y sobre los daños emergentes y
lucros cesantes reclamados.

27. El MinTransporte no contestó la demanda.

Alegatos de conclusión

28. Mediante auto del 10 de diciembre de 2024 el Tribunal cerró el periodo
probatorio21 y corrió traslado para alegar de conclusión, previa la audiencia de
pruebas surtida los días 4 de octubre de 2022, 24 de abril de 2024 y 6 de mayo de
2024, y el agotamiento de la audiencia inicial en la que se resolvieron las
excepciones previas y se fijó el litigio.

29. Al alegar de conclusión, el grupo demandante22 reafirmó la legitimación de la
representación colectiva conforme a la Ley 472 de 1998, insistió en que la
contaminación por el manejo del carbón afectó la salud y la calidad de vida de los
residentes de múltiples barrios, se apoyó en las sanciones de la ANLA y del DADMA
y en los informes de la Contraloría General de la República, cuestionó la
imparcialidad de los testigos vinculados a las empresas demandadas y solicitó

20
Expediente digital, archivo “08C05 R47001233300020130015500”, folios 418 a 421.
21
Mediante auto del 13 de febrero de 2019, el Tribunal declaró abierto el período probatorio y tuvo como pruebas los
documentos aportados por las partes. Entre las principales documentales provenientes de la parte actora se encuentran los
certificados de existencia y representación legal de varias de las sociedades demandadas; la Resolución 54 de 2008 de la
Defensoría del Pueblo; las Resoluciones 091 de 2011 y 0123 de 2013 de la ANLA; la Resolución 0447 de 2010 del
MinAmbiente; las Resoluciones 146 de 2011 y 132 de 2012 del MinTransporte; la Resolución 116 de 2013 del DADMA; el
informe denominado “Degradación de ecosistemas y medio ambiente de la bahía de Santa Marta y zonas de influencia”; el
informe final del documento “Diseño del programa de seguimiento ambiental permanente del estado de los recursos naturales
en varias áreas portuarias del país”; y los documentos relacionados con la contingencia de la barcaza TS-115 en Puerto
Drummond. Respecto de las documentales aportadas con las contestaciones, se encuentran las relativas, en términos
generales, a los contratos de concesión portuaria y sus modificaciones; las licencias ambientales, los planes de manejo
ambiental y los actos que los modificaron; los permisos de emisiones atmosféricas; los conceptos técnicos, informes,
comunicaciones y actuaciones de seguimiento ambiental adelantadas respecto de los diferentes terminales carboníferos; los
convenios para la operación de la red de monitoreo de la calidad del aire y sus otrosíes; y las pólizas, certificados y contratos
de responsabilidad civil asociados a la operación portuaria y a la Agencia Nacional de Infraestructura. Además, a solicitud de
la parte actora, se ordenó oficiar: (i) a la Contraloría General de la República, para que remitiera el informe “Degradación de
ecosistemas y medio ambiente de la bahía de Santa Marta y zonas de influencia”; (ii) a la ANLA, para que aportara las
Resoluciones 091 del 18 de noviembre de 2011 y 0123 del 6 de febrero de 2013; (iii) al Ministerio de Ambiente, para que
allegara la Resolución 0447 del 5 de marzo de 2010 —identificada como 0047 en la transcripción de la providencia— y el
informe final del “Diseño del programa de seguimiento ambiental permanente del estado de los recursos naturales en varias
áreas portuarias del país”; y (iv) al Ministerio de Transporte, para que remitiera las Resoluciones 146 del 14 de marzo de 2011
y 132 del 8 de marzo de 2012. También decretó los testimonios de José Manuel Poveda y Yolanda Mendoza, solicitados por
Carbosan Ltda.; los de Amílcar Valencia Núñez, Santiago Gómez, Guiomar Aminta Jáuregui y Andrés Franco Herrera, así
como los interrogatorios de parte de Alexander Reyes Marchena, Liliana Beatriz Vásquez Povea y Sandy Fuentes Navarro,
pedidos por Drummond Ltd. y APC Inc.; y los testimonios de Carolina del Toro, Cindy Consuegra y Nicolás Gómez, solicitados
por Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I. Prodeco S.A. Finalmente, negó las demás pruebas solicitadas por las partes,
entre ellas las inspecciones judiciales pedidas por Drummond Ltd. y APC Inc.
22
Expediente digital, archivo “165Agregar memoria_2EscritoAlegatosdeCo”.

9

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

declarar la responsabilidad de los demandados por la falla del servicio en el control
y vigilancia ambiental.

30. La ANLA sostuvo que no se acreditó probatoriamente un daño cierto,
personal y antijurídico ni la relación de causalidad con su conducta, y que ejerció
seguimiento y control permanente a los proyectos portuarios mediante
requerimientos, medidas preventivas y sanciones, señalando que el siniestro de la
barcaza de enero de 2013 dio lugar a la imposición de medidas frente a las
empresas involucradas, mientras que CORPAMAG reiteró que la acción de grupo,
por su naturaleza indemnizatoria, exige la prueba de un daño individual, cierto,
concreto y cuantificable, que los actores no aportaron, y que el Sistema de Vigilancia
de la Calidad del Aire arrojó resultados dentro de los límites permitidos23.

31. Las sociedades operadoras24 insistieron en que su actividad se desarrolló al
amparo de las licencias ambientales y de los planes de manejo debidamente
aprobados, que atendieron los requerimientos de las autoridades y que la
implementación del sistema de cargue directo mejoró las condiciones ambientales
de la operación, de suerte que no podía atribuírseles la producción de un daño
antijurídico, y reiteraron que la pretensión indemnizatoria carecía de soporte
probatorio en lo relativo a la existencia y cuantía de los perjuicios individuales
invocados.

32. Las demás demandadas25 reiteraron, en lo esencial, las defensas de sus
contestaciones y enfatizaron que la parte actora se limitó a formular afirmaciones
genéricas sobre afectaciones a la salud y a la propiedad, sin acompañarlas de los
elementos que demostraran el impacto patrimonial concreto en cada integrante del
grupo, ni el nexo causal con conductas u omisiones específicas, razón por la cual
solicitaron desestimar las pretensiones.

Fundamentos de la sentencia impugnada

33. Analizadas las pruebas, el Tribunal declaró probada la excepción de
caducidad propuesta por la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I. Prodeco
S.A. y, por consiguiente, se abstuvo de un pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones26. Consideró que, si bien el daño ambiental puede ser de carácter
continuado, el cómputo del término de caducidad inicia desde el momento en que

23
Expediente digital, archivos “192_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI” —alegatos de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales—, y “210_MemorialWeb_Alegatos-20250114CORPAMA” —alegatos de la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena—.
24
Expediente digital, archivos “207_MemorialWeb_Alegatos-2501132013155Al”, págs. 1 a 31 —alegatos de Drummond Ltd.
y American Port Company Inc.—, y “208_MemorialWeb_Alegatos-20250114Alegatos”, págs. 1 a 62 —alegatos de C.I.
Prodeco S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.—.
25
Expediente digital, archivos “189Agregarmemoria_21AlegatosConclusion” —alegatos de la Dirección General Marítima—;
“180_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosdeConclusi” —alegatos de C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S.—;
“182_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosdeConclusi” —alegatos de Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A.—;
“201_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosdeconclusi” —alegatos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible—;
“198Agregarmemoria_11AlegatosMinTranspo” —alegatos del Ministerio de Transporte—; “205_MemorialWeb_Alegatos-
Alegatosdeconclusi” —alegatos de Zurich Colombia Seguros S.A.—; “207_MemorialWeb_Alegatos-2501132013155Al” —
alegatos de Drummond Ltd. y American Port Company Inc.—; y “208_MemorialWeb_Alegatos-20250114Alegatos” —alegatos
de C.I. Prodeco S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.—.
26
La parte resolutiva del fallo dispuso: "PRIMERO: ACEPTAR el impedimento propuesto por la Magistrada Martha Lucía
Mogollón Sáker (…). SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control reparación de los
perjuicios causados a un grupo (…), propuesta por la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo y C.I. Prodeco S.A. (…). TERCERO:
Sin costas en esta instancia. CUARTO: DÉJENSE las constancias de rigor en el Sistema SAMAI. QUINTO: De no ser apelada
la presente decisión proceder a su archivo".

10

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

se tiene conocimiento del daño, y que en este caso la propia demanda fijó el origen
de la afectación en los años 1993, 1995 y 1998 —con el otorgamiento de las
licencias y el inicio de las operaciones portuarias, así como con el hundimiento de
una barcaza en 1998—, de modo que, presentada la demanda en junio de 2013, el
bienio del artículo 47 de la Ley 472 de 1998 se hallaba ampliamente superado.

34. Razonó que la caducidad es una figura de orden público, irrenunciable y
declarable de oficio, inspirada en los principios de preclusión y de seguridad jurídica,
y que, tratándose de daños de tracto sucesivo, la jurisprudencia computa el término
desde el cese de la afectación o desde el conocimiento del daño, pero que la
particularidad del caso radica en que los propios demandantes ubicaron el inicio de
la vulneración de sus derechos en los años 1993 y 1995, cuando se autorizaron e
iniciaron las operaciones portuarias, de suerte que dejar transcurrir cerca de veinte
años hasta la presentación de la demanda, configuró en este caso la caducidad del
medio de control.

35. Agregó que, aun si se ubicara el origen del daño en la construcción y
operación de Puerto Nuevo, las circunstancias correspondientes datan de los años
2007, 2008 y 2009 —Resoluciones 5369 de 2007, 548 de 2008 y 435 de 2009—,
con lo cual también habrían transcurrido más de dos años a la fecha de presentación
de la demanda. Apoyó su conclusión en un pronunciamiento previo de la misma
Corporación en un caso análogo, y precisó que por haber prosperado la caducidad,
resultaba innecesario pronunciarse sobre las demás excepciones de mérito, entre
ellas, la de falta de legitimación en la causa por pasiva, absteniéndose de condenar
en costas.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

36. El grupo demandante solicitó revocar la anterior decisión27 y que se profiera
fallo de fondo condenando solidariamente a las demandadas a la reparación integral
de los perjuicios causados.

37. Como principal cargo, sostuvo que el Tribunal incurrió en error en la
aplicación del artículo 47 de la Ley 472 de 1998 al computar el término de caducidad
desde el conocimiento del daño y no desde el cese de la acción vulnerante,
desconociendo con ello la naturaleza continuada o de tracto sucesivo de la
contaminación alegada. Indicó que conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación, tratándose de daños de tracto sucesivo, el término de caducidad solo
corre desde que cesa su prolongación en el tiempo, sin que el conocimiento previo
del daño sea suficiente para activarlo. Señaló que en la demanda radicada en 2013
se afirmó expresamente que los efectos vulnerantes "aún no han cesado" y que se
fundó, entre otros, en hechos recientes a esa época —la Resolución 091 de 2011
de la ANLA, que incrementó la capacidad de cargue de carbón sin consulta
comunitaria; la Resolución 123 de 2013, que suspendió el cargue en Puerto
Drummond por el hundimiento de una barcaza; y la Resolución 116 de 2013 del
DADMA, que suspendió el ingreso de tractocamiones cargados de carbón—, de

27
Expediente digital, archivo "222_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION”.

11

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

manera que el Tribunal confundió el conocimiento inicial del daño con el cese de la
conducta dañosa.

38. Agregó que la sentencia desatendió la prueba de que la acción vulnerante no
ha cesado con posterioridad a 2013, para lo cual invocó la Resolución ANLA 0505
de 2016 —que suspendió a Carbosan por infracciones ambientales— y una serie
de elementos posteriores a la demanda y en su mayoría del año 2025, entre ellos
una conferencia internacional sobre carbono azul en Santa Marta, denuncias
comunitarias por un presunto colapso ambiental en la Ciénaga Grande, un estudio
de INVEMAR sobre el estado del ecosistema, información publicada por Puerto
Nuevo y Puerto Drummond sobre su capacidad operativa vigente, el informe de
gestión 2024 de la ANLA y un estudio sobre riesgos laborales en las minas de
Drummond y Prodeco. Con apoyo en tales elementos, concluyó que la
contaminación persiste y que, al no haber cesado la acción vulnerante, la demanda
de 2013 fue oportuna.

39. Finalmente, invocó los principios de acceso a la administración de justicia,
pro homine y prevalencia del derecho sustancial, señalando que una interpretación
restrictiva de la caducidad impidió la reparación de una comunidad expuesta durante
años a la contaminación.

Actuaciones relevantes en segunda instancia

40. El recurso de apelación fue admitido mediante proveido del 19 de noviembre
de 2025, y por auto del 9 de diciembre siguiente, se corrió traslado a las
demandadas y al Ministerio Público para que se pronunciaran frente a la
impugnación28.

41. Presentaron escritos frente al recurso de apelación el MinAmbiente, la ANLA,
CORPAMAG, Drummond Ltd., APC Inc., C.I. Prodeco S.A., Sociedad Portuaria
Puerto Nuevo S.A., Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y Carbosan
Ltda., CNRI, Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., Zurich Colombia Seguros S.A.
y el Ministerio Público29. Todos solicitaron confirmar la sentencia y sostuvieron, en
términos generales, que las afectaciones alegadas eran conocidas desde la
expedición de las licencias ambientales y el inicio de las operaciones portuarias en
la década de los noventa, por lo que la apelación confundía la permanencia de sus
eventuales consecuencias o perjuicios con la existencia de un daño continuado.
Agregaron que los documentos y actuaciones posteriores invocados por la parte
actora no acreditaban un daño autónomo y que, aun si se superaba la caducidad,
no estaban demostrados los daños individuales, ciertos y homogéneos reclamados,

28
Expediente digital, archivos “003Autoqueadmite_73670AdmiteParafirma”, y “016Autoquecorre_73670TrasladoCGPPara”.
29
Expediente digital, archivos “025_MemorialWeb_Otro-Pronunciamientofren” —Drummond Ltd. y American Port Company
Inc.—; “024_MemorialWeb_Otro-20260115Oposicion” —C.I. Prodeco S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.—;
“029_MemorialWeb_Otro-20260116_ME_Pronunci” —Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y Carbosan Ltda.—
; “041RECIBEMEMORIAL_Consideracionesrecur” —CNRI S.A.S. y Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A.—;
“037_MemorialWeb_Otro-20251201CORPAMAG” —CORPAMAG—; “030_MemorialWeb_Alegatos-Oposicionarecurso” —
Zurich Colombia Seguros S.A.—; “031_MemorialWeb_Otro-20261410052481_42256” —ANLA—; “059_MemorialWeb_Otro-
PronunciamientoRecu” —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible—; y “017Memorial_CHM_Concepto 150-2025” —
Ministerio Público—.

12

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

el vínculo de los integrantes del grupo con la zona afectada ni el nexo causal con la
conducta de cada demandada.

42. La demandante solicitó decretar nuevas pruebas, incluida la actualización de
los informes ambientales de la ANLA y de CORPAMAG sobre el estado de la
contaminación en la zona30. Mediante auto del 4 de mayo de 2026 se negó la
solicitud, porque la recurrente no la sustentó en ninguno de los supuestos
excepcionales previstos en el artículo 327 del CGP para la práctica de pruebas en
segunda instancia. En consecuencia, la apelación debe resolverse con fundamento
en el material probatorio válidamente incorporado durante la primera instancia 31.

III. CONSIDERACIONES

Procedencia del medio de control

43. La acción de grupo32 tiene naturaleza exclusivamente indemnizatoria y
procede cuando un número plural de personas, no inferior a veinte, reúne
condiciones uniformes respecto de una misma causa que produjo daños
individuales. La uniformidad relevante recae en el origen común de las lesiones y
en los elementos que permiten atribuirlas, sin exigir que todos los integrantes hayan
padecido perjuicios idénticos o por la misma cuantía. Esta exigencia de procedencia
debe diferenciarse de la prueba del daño y de la pertenencia material al grupo,
asuntos que corresponden al examen de fondo.

44. En este caso, la demanda identificó un grupo inicial ampliamente superior al
mínimo legal y atribuyó sus lesiones a una causa común: la dispersión y el depósito
de carbón derivados del transporte, almacenamiento y embarque en los terminales
ubicados entre Santa Marta y Ciénaga, junto con la expedición de autorizaciones y
la supuesta insuficiencia del seguimiento y control estatal. Posteriormente, mediante
auto del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal resolvió las solicitudes de integración
y relacionó 976 registros nominales, correspondientes a 954 personas, decisión que
permitió la comparecencia procesal de quienes afirmaron encontrarse en las
mismas condiciones, sin anticipar que todos ellos hubieran probado el vínculo con
la zona o un perjuicio individual.

45. Las pretensiones también corresponden al objeto del medio de control.
Aunque las operaciones con el carbón y la consecuente contaminación del aire, las
playas y el medio marino se invocaron como causa común, la parte actora no pidió
la restauración autónoma del ambiente ni la protección abstracta de un derecho
colectivo. Solicitó condenas dinerarias destinadas a reparar desvalorización de

30
La solicitud probatoria fue formulada en términos generales, pues la parte actora pidió ordenar “las pruebas adicionales que
se requieran” y únicamente individualizó la actualización de los informes ambientales de la ANLA y de CORPAMAG acerca
del estado actual de la contaminación en la zona. Aunque en el recurso también aludió a la Conferencia Internacional sobre
Carbono Azul celebrada en Santa Marta; a una denuncia de comunidades de la Ciénaga Grande de Santa Marta; a un estudio
de INVEMAR sobre la salud de ese ecosistema; a la información publicada en los portales de Puerto Nuevo y Drummond
acerca de la continuidad de sus operaciones; al informe de gestión de la ANLA correspondiente a 2024; y a un estudio sobre
riesgos laborales en las minas de Drummond y Prodeco, tales elementos fueron invocados como “actualizaciones recientes”,
pero no se individualizaron como pruebas cuya práctica o incorporación se solicitara expresamente.
31
Expediente digital, archivo “222_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION”, y archivo
“071Autoqueniega_73670Niegapruebasseg”.
32
Regulada por los artículos 46 y siguientes de la Ley 472 de 1998.

13

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

inmuebles, menores cánones, gastos de limpieza y mantenimiento, afectaciones a
la salud, pérdidas derivadas de la pesca y el turismo, y daños extrapatrimoniales
atribuidos a cada integrante. Se trata, por tanto, de pretensiones resarcitorias
individuales, aun cuando se hayan formulado mediante sumas uniformes y se
sustenten en un mismo contexto ambiental.

46. En consecuencia, concurren los presupuestos para tramitar la reparación de
los perjuicios causados a un grupo; se está ante una pluralidad superior a veinte
personas, se propuso una fuente común susceptible de examen conjunto y se
formularon pretensiones indemnizatorias.

Objeto de la apelación

47. Corresponde a la Sala determinar: (i) si el Tribunal incurrió en error al declarar
probada la excepción de caducidad; (ii) en caso de concluirse que la acción se ejerció
oportunamente, si la Sala puede pronunciarse de fondo sobre las pretensiones o si
debe devolver el expediente al a quo; y (iii) de asumirse el estudio de fondo, definir
si se acreditaron los presupuestos de la responsabilidad patrimonial reclamada.

El daño cuya reparación se reclama
48. La acción de grupo prevista en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 y
145 del CPACA tiene una finalidad esencialmente indemnizatoria, permitiendo que
un número plural de personas que reúne condiciones uniformes respecto de la
causa de perjuicios individuales obtenga, en un solo proceso, el reconocimiento y
pago de las reparaciones que correspondan33. Por ello, aunque la fuente común
pueda comprometer el ambiente y otros intereses colectivos, el objeto propio de
este medio de control no es la protección abstracta de tales bienes, sino el
resarcimiento de los menoscabos que se hayan proyectado sobre la esfera jurídica
de los integrantes del grupo.

49. Atendiendo a lo anterior, en materia de responsabilidad ambiental, la
jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre el daño ambiental puro y el
daño ambiental consecutivo, también denominado impuro, reflejo o indirecto. El
primero consiste en la alteración, degradación, deterioro, modificación o destrucción
del ambiente —el agua, el aire, la flora, la fauna, los paisajes o los ecosistemas—,
considerado como un bien jurídico colectivo, unitario y autónomo, mientras que el
segundo, corresponde al perjuicio patrimonial o extrapatrimonial que esa afectación
proyecta de manera concreta sobre una persona determinada o determinable.
Aunque una misma conducta puede producir simultáneamente ambos daños, ello
no desdibuja sus diferencias en cuanto al titular, el objeto y la forma de reparación34.

50. Esta distinción determina el mecanismo judicial procedente según la
naturaleza del daño y la finalidad de la pretensión. Cuando se busca prevenir la
amenaza, hacer cesar la vulneración o restablecer el derecho colectivo al ambiente

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2005, C.P. Ramiro
Saavedra Becerra, Exp. 25000-23-25-000-2003-01166-01(AG).
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de
2014, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Exp. 41001-23-31-000-2000-02956-01(29028).

14

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

sano, la vía adecuada es la acción popular, pues el objeto de protección recae sobre
el ambiente en sí mismo considerado. En cambio, cuando se persigue la
indemnización de los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales que la afectación
ambiental haya ocasionado de manera concreta a personas determinadas o
determinables —por ejemplo, sobre su patrimonio, salud o condiciones de
existencia—, procede la acción de grupo para examinar el daño consecutivo. Ambos
mecanismos pueden concurrir frente a una misma conducta, porque protegen
objetos distintos, razón por la que su procedencia no depende del origen ambiental
del hecho, sino de la naturaleza colectiva o individual del daño cuya reparación se
pretende35.

51. Lo anterior no significa que el daño ambiental puro sea ajeno al litigio
promovido mediante la acción de grupo, pues la alteración del entorno puede
constituir el antecedente causal común, integrar el contexto en el que se valoran las
acciones u omisiones atribuidas a las demandadas y servir como elemento para
establecer el nexo con las lesiones individuales, aunque no puede convertirse, por
sí misma, en una partida indemnizatoria distribuible entre los integrantes del grupo.
Por tanto, la demostración de la afectación del ambiente o de la vulneración del
derecho colectivo al ambiente sano no acredita automáticamente un perjuicio cierto
para cada persona ni autoriza el reconocimiento uniforme de una suma por el solo
hecho de residir en el área de influencia, dado que la indemnización colectiva
prevista en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 corresponde a la suma ponderada
de las indemnizaciones individuales y no sustituye la identificación del daño
resarcible, de las condiciones uniformes ni de su relación causal con la fuente
común36.

52. En este caso, las referencias a la dispersión de polvillo de carbón sobre el
aire, las playas y las aguas marinas, al depósito de mineral en el lecho del mar, al
deterioro de esos recursos y a las deficiencias en el monitoreo y control ambiental,
describen la afectación colectiva que la parte actora atribuye a la actividad portuaria
y conforman el sustrato fáctico de la imputación, por lo que deben valorarse como
antecedentes causales y probatorios, pero sin que la lesión del ambiente así
considerada constituya el objeto autónomo de la indemnización solicitada mediante
esta acción de grupo.

53. Los daños individuales cuya reparación se persigue en el caso concreto, son
los que la demanda hace recaer sobre los integrantes del grupo —mas no en
abstracto sobre la colectividad—, consistentes en: (i) el ingreso de partículas de
carbón a las viviendas y los mayores costos de limpieza y mantenimiento; (ii) el ruido,
la vibración y el deterioro o agrietamiento de los inmuebles atribuidos al paso de
trenes y tractocamiones; (iii) la desvalorización de esos bienes y la pérdida o
disminución de cánones de arrendamiento; (iv) las afectaciones a la salud derivadas
de la exposición al material particulado; (v) la restricción del uso de las playas y áreas

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, C.P.
Ricardo Hoyos Duque, Exp. 52001-23-31-000-2002-00226-01(AG), y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Primera Especial de Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021, C.P. María Adriana Marín, Exp. 76001-23-31-000-2002-
04584-02(AG)REV-SU.
36
Ley 472 de 1998, artículo 65.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

marinas, con incidencia en la recreación y en las actividades productivas; y (vi) el
daño moral asociado a la convivencia con esas condiciones. Algunos de estos
menoscabos son consecutivos a la alteración ambiental, mientras que otros, como
el ruido, la vibración o los daños estructurales, pueden derivarse directamente de la
operación industrial sin requerir la demostración previa de un daño ecológico, pero
todos se predican de intereses individuales y, para ser reparados por esta vía,
deben acreditarse tanto en su existencia como en su relación causal con la
operación portuaria carbonífera y con las acciones u omisiones que la demanda
identifica como causa común de los perjuicios.

54. Bajo esa comprensión, las pretensiones que aluden a la afectación del
ambiente sano, la salubridad pública, la intimidad, la recreación, la igualdad y la
salud física y mental no pueden interpretarse como encaminadas a obtener una
indemnización por la vulneración abstracta de esos derechos e intereses —varios
de los cuales figuran en el catálogo del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y encuentran
su cauce natural en la acción popular—, sino que, en aplicación del deber de
interpretar la demanda para desentrañar su verdadero sentido y privilegiar la
decisión de fondo, han de entenderse como referencias a la forma en que la
actividad cuestionada habría repercutido sobre la esfera individual de los integrantes
del grupo y a la entidad de los perjuicios reclamados. Por consiguiente, tales
afectaciones únicamente pueden dar lugar a reparación en la medida en que se
concreten en lesiones ciertas e individualizables, sin que la dimensión colectiva de
los intereses comprometidos autorice el reconocimiento automático de las sumas
solicitadas ni releve a la parte actora de demostrar las condiciones uniformes y los
elementos objetivos que permitan adoptar una decisión y efectuar una liquidación
colectiva.

55. Esta delimitación permite precisar que la oportunidad de la acción no puede
establecerse, sin más, a partir de la primera alteración del ambiente, el inicio de la
actividad carbonífera o el otorgamiento de las licencias, pues esos hechos dan
cuenta del comienzo o del conocimiento histórico de la actividad cuestionada, pero
no necesariamente de la causación definitiva del daño ni de la cesación de la acción
vulnerante.

La oportunidad de la demanda

56. La oportunidad para promover el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo fue regulada, sucesivamente, por el artículo 47 de
la Ley 472 de 199837 y por el literal h) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA38.
Las dos disposiciones establecieron un término de dos años contado desde la
causación del daño, mientras que la primera contempló, además, como supuesto
alternativo, la cesación de la acción vulnerante que lo produjo. El régimen aplicable

37
Ley 472 de 1998, artículo 47: "Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la
acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción
vulnerante causante del mismo".
38
Ley 1437 de 2011, artículo 164, numeral 2, literal h): "Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de
los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño (…)".

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

se determina, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, por la ley vigente
cuando comenzó a correr el respectivo término.

57. La causación del daño no se identifica necesariamente con el inicio de la
actividad a la cual se atribuye, con la expedición del acto que la autorizó ni con el
momento en que los afectados conocieron sus primeras manifestaciones. Cuando
la acción u omisión señalada como vulnerante continúa produciendo el menoscabo,
la causación permanece en curso y, bajo el artículo 47 de la Ley 472 de 1998,
adquiere relevancia el momento en que aquella cesa. En esa misma dirección,
aunque el CPACA no reprodujo expresamente este último supuesto, la
jurisprudencia ha entendido que frente a un daño cuya producción se prolonga en
el tiempo el término no puede computarse mientras su causación continúe.

58. Lo anterior no significa que la sola permanencia de una actividad industrial
mantenga indefinidamente abierta la posibilidad de demandar. Para resolver la
oportunidad es necesario establecer si la conducta que se presenta como causante
del daño había cesado o si, por el contrario, según la configuración fáctica de la
demanda, los acontecimientos que la sustentan y las pruebas, continuaba
produciendo las afectaciones reclamadas. Este examen es previo y no equivale a
declarar probado el daño, su magnitud o su imputación, pues únicamente permite
establecer si la reclamación fue presentada dentro del término legal.

59. En este caso, el Tribunal declaró la caducidad porque la demanda relacionó
el origen de la actividad carbonífera con las licencias y operaciones portuarias de
los años 1993, 1995 y 1998 y con los actos de estructuración de Puerto Nuevo
expedidos entre 2007 y 2009. Consideró que esos antecedentes demostraban que
los demandantes conocían la situación desde hacía más de dos años y que, por
tanto, el término se encontraba vencido cuando la acción fue promovida el 12 de
junio de 2013. De ese modo, tomó el conocimiento histórico de la actividad como
punto de partida del bienio y lo extendió a la totalidad de la reclamación.

60. La Sala no comparte esa conclusión. Las fechas señaladas por el Tribunal
permiten establecer el comienzo y el conocimiento de las operaciones cuestionadas,
pero no demuestran que la acción presentada como causante de los daños hubiera
cesado o que su producción hubiera concluido. La demanda no afirmó que las
afectaciones se hubieran agotado con el otorgamiento de las licencias o con los
primeros años de funcionamiento de los puertos; por el contrario, sostuvo que la
dispersión y el depósito de carbón, así como las deficiencias atribuidas al
seguimiento y control estatal, continuaban cuando se acudió a la jurisdicción.

61. Esa afirmación no se apoyó únicamente en la existencia material de los
terminales portuarios. El relato comprendió actuaciones y acontecimientos próximos
a la presentación de la demanda, entre ellos, la Resolución 091 del 18 de noviembre
de 2011, que modificó la licencia de APC Inc. y autorizó el incremento de la
capacidad de almacenamiento y embarque; la Resolución 132 del 8 de marzo de
2012, mediante la cual se prorrogó la autorización temporal para continuar el
embarque desde Puerto Zúñiga; la contingencia de la barcaza TS-115 de enero de

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
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2013, documentada en la Resolución 0123 del 6 de febrero siguiente; y la
Resolución 116 del 2 de abril de 2013, por la cual la autoridad ambiental distrital
suspendió provisionalmente el ingreso de tractocamiones cargados de carbón al
puerto de Santa Marta.

62. Estos documentos no demuestran por sí solos la contaminación extensa
afirmada en la demanda ni la existencia de los daños individuales cuya reparación
se pretende, pero, para efectos de la caducidad, evidencian que el relato sometido
a juzgamiento no quedó agotado en las licencias iniciales o en los acontecimientos
ocurridos durante la década de los noventa, sino que comprendió operaciones,
decisiones administrativas y contingencias producidas dentro de los dos años
anteriores a la presentación de la acción. Por tanto, no era jurídicamente posible
concluir que el término hubiera comenzado y vencido a partir del solo conocimiento
de los primeros antecedentes de la actividad carbonífera.

63. Tampoco obra elemento que permita establecer que la acción vulnerante
descrita en la demanda hubiera cesado antes de que se promoviera el proceso. Los
actores explicaron que las operaciones y sus efectos permanecían, mientras que
las resoluciones y actuaciones mencionadas muestran que durante 2011, 2012 y
2013 continuaron adoptándose decisiones y medidas relacionadas con el
transporte, almacenamiento y embarque de carbón y con las contingencias
ambientales atribuidas a esas actividades. La veracidad y el alcance dañoso de
esas afirmaciones pertenecen al examen probatorio, pero su ubicación temporal
impide mantener la conclusión adoptada por el a quo.

64. En consecuencia, el conocimiento que los demandantes pudieran tener
acerca del inicio de las operaciones portuarias o de la expedición de las licencias
no permitía declarar configurada la caducidad, pues la acción señalada como
causante de los daños fue continuada y comprendió hechos ocurridos dentro de los
dos años anteriores a la radicación de la demanda.

65. Por ende, el cargo de apelación prospera y se revocará la sentencia en tanto
declaró probada esa excepción. Esta conclusión se limita a establecer la
oportunidad del medio de control y no implica que la contaminación afirmada, los
daños cuya reparación se solicita o su imputación a las demandadas se encuentren
demostrados, cuestiones que serán resueltas al valorar de fondo el material
probatorio.

Legitimación en la causa por pasiva
66. La legitimación de hecho surge de la relación procesal constituida a partir de
las imputaciones contenidas en la demanda y de la vinculación formal de quienes
son llamados a responder por ellas. La legitimación material, en cambio, depende
de que exista una conexión real entre el sujeto demandado y los hechos, la actividad
o la relación jurídica sustancial de la cual se hace derivar la pretensión. Esta última
no exige demostrar anticipadamente que el convocado causó el daño o que debe
responder por él, pues la acreditación de la conducta, el daño, la imputación y el
nexo causal pertenece al juicio de responsabilidad. Sin embargo, tampoco se

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
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satisface únicamente con la afirmación de la parte actora, sino que requiere
establecer que el demandado tuvo una participación operativa o una competencia
funcional relacionada con los hechos que fundamentan el reclamo.

67. En el caso concreto, las sociedades portuarias y operadoras cuentan con esa
conexión material porque desarrollaron actividades relacionadas con la recepción,
manipulación, almacenamiento, transporte o embarque de carbón en los terminales
comprendidos dentro del ámbito espacial y temporal señalado por la demanda.
Drummond Ltd. y APC Inc. estuvieron vinculadas con la operación de Puerto
Drummond y con la contingencia de la barcaza TS-115; Prodeco y Puerto Nuevo,
con la operación de Puerto Zúñiga y la estructuración y puesta en funcionamiento
de Puerto Nuevo; la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y Carbosan
Ltda., con las actividades carboníferas desarrolladas en el terminal de la bahía de
Santa Marta; y CNRI y la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., con el proyecto
portuario y las actividades que el proceso examinó como posibles fuentes de las
afectaciones reclamadas.

68. La discusión acerca del periodo durante el cual operó cada sociedad, la
titularidad o el alcance de las respectivas licencias ambientales, el cumplimiento de
los planes de manejo, la implementación del cargue directo, la procedencia concreta
de las partículas encontradas o la intervención de cada empresa en los episodios
examinados no elimina esa vinculación material. Tales aspectos deben valorarse al
establecer si se probó una conducta jurídicamente relevante y si esta puede ser
relacionada causalmente con el daño reclamado.

69. La misma conclusión se impone respecto de las autoridades demandadas.
La ANLA, CORPAMAG, el MinAmbiente y el DADMA —hoy DADSA— ejercían,
dentro de ámbitos competenciales diferentes, funciones de licenciamiento,
seguimiento, vigilancia, control o adopción de medidas ambientales relacionadas
con los proyectos portuarios y con las afectaciones denunciadas. El MinTransporte
y la ANI intervinieron en autorizaciones, relaciones concesionales y decisiones
concernientes a la infraestructura y a la actividad portuaria, mientras que la DIMAR
tenía atribuciones sobre la seguridad marítima, las naves, las operaciones en aguas
jurisdiccionales y la investigación de la contingencia ocurrida con la barcaza TS-
115. Esta relación funcional constituye una conexión material suficiente con los
hechos sometidos a juzgamiento.

70. La imputación formulada contra esas entidades no consiste en que hubieran
emitido o vertido materialmente carbón, sino en que autorizaron diferentes
componentes de la actividad portuaria o presuntamente omitieron el ejercicio
adecuado y oportuno de sus competencias de prevención, seguimiento y control
frente a riesgos que, según la demanda, eran conocidos. Determinar si tales
omisiones existieron, si las entidades actuaron dentro del marco de sus atribuciones
y si alguna conducta administrativa incidió causalmente en los daños invocados
corresponde al análisis de responsabilidad.

71. En consecuencia, las sociedades y entidades contra las cuales se dirigieron
las pretensiones indemnizatorias se encuentran legitimadas materialmente por

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pasiva. Esta conclusión no significa que hubieran causado un daño ambiental o
individual, incumplido sus obligaciones o quedado obligadas solidariamente a
indemnizar al grupo, ni anticipa juicio alguno sobre la imputación; reconoce
únicamente que su participación operativa o sus competencias funcionales guardan
una relación suficiente con los hechos enjuiciados para que las pretensiones sean
decididas de mérito respecto de cada una.

72. En estas condiciones, se declararán no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasivas propuestas por la Sociedad Portuaria Puerto
Nuevo S.A., C.I. Prodeco S.A., CNRI, la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. y el
DADMA —hoy DADSA—, así como los cuestionamientos que en el mismo sentido
formularon la DIMAR y la ANI. Las razones invocadas para sustentarlas —referidas,
entre otros aspectos, a la ausencia de intervención causal, al cumplimiento de las
licencias, a los límites de las competencias administrativas o a la actuación de otros
operadores— no eliminan la conexión material de esas demandadas con los
hechos, sino que pertenecen al examen de la imputación y el nexo causal como
presupuestos de la responsabilidad.

Valoración del material probatorio

73. Establecida la oportunidad de la demanda y resuelta la legitimación en la
causa por pasiva, corresponde establecer si el daño que se pidió reparar fue
efectivamente demostrado. La demanda no reclamó el costo de restauración del
ambiente como bien colectivo, sino la reparación de viviendas y el reconocimiento
de sumas uniformes por desvalorización, menores cánones, daño emergente, lucro
cesante y afectaciones a la salud, la intimidad, la recreación, la pesca, el turismo, la
tranquilidad, el daño moral y la modificación de sus condiciones de existencia,
presentando la contaminación del aire, las playas y el mar como la causa común de
esas lesiones personales. De ahí que el daño ambiental puro deba verificarse en
cuanto constituye el presupuesto fáctico del daño consecutivo alegado, sin que ello
desplace el objeto indemnizable de esta acción, que sigue siendo el menoscabo
individual, cierto y personal sufrido por quien pertenezca al grupo afectado.

74. La distinción anterior impide utilizar como equivalentes la actividad, el riesgo,
la alteración ambiental, el daño individual y el perjuicio. El transporte y embarque de
carbón integran la fuente común alegada; una licencia puede identificar impactos
previsibles, y un monitoreo puede demostrar una alteración ambiental. Sin embargo,
ninguno de esos elementos acredita por sí solo un daño consecutivo, pues este se
configura cuando la alteración lesiona de manera cierta un bien, derecho o interés
individual, mientras que el perjuicio designa, para los fines de esta decisión, la
consecuencia patrimonial o extrapatrimonial susceptible de reparación. Por ello, la
falta de prueba de la cuantía del perjuicio no equivale necesariamente a la
inexistencia del daño, pero la sola actividad, el riesgo o la alteración del ambiente
tampoco demuestran la lesión individual.

75. Conforme al artículo 167 del CGP, la parte actora debía probar los hechos
de los cuales derivaba la reparación, sin que las particularidades del litigio ambiental

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alteren esa premisa, pues aunque en esta materia el juez puede valorar indicios
técnicos, aplicar los principios de prevención y precaución y distribuir la carga
cuando una empresa o autoridad se encuentre objetivamente en mejor posición
para aportar información sobre su operación, tales herramientas facilitan la
demostración de la fuente y del comportamiento del contaminante sin crear una
presunción general de perjuicio ni relevar a quien reclama de acreditar un interés
individual afectado, toda vez que la pertenencia al grupo y la existencia del daño
individual deben demostrarse dentro del proceso y no pueden aplazarse
íntegramente hasta la etapa de ejecución de una eventual condena39.

76. El auto del 13 de febrero de 2019 tuvo como pruebas los documentos
acompañados con la demanda y con las contestaciones y decretó los informes, las
resoluciones, los testimonios y los interrogatorios solicitados en los términos allí
señalados40, y en la audiencia del 4 de octubre de 2022 el Tribunal puso a
disposición de las partes los documentos recaudados, sin que ninguna formulara
objeciones41. Esta precisión resulta relevante porque el expediente contiene los
discos aportados con las contestaciones, en los cuales obran los informes de
cumplimiento ambiental, las mediciones de calidad del aire, los análisis
mineralógicos de playas y fondos marinos y el estudio elaborado por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano sobre la contingencia de la TS-115, piezas todas aportadas en
oportunidad y que, por tanto, deben valorarse con sus alcances y limitaciones.

77. Distinta es la situación de los documentos que Amílcar Valencia Núñez
ofreció después de rendir testimonio —entre ellos un estudio de 2015 sobre cinco
playas, un ensayo de disolución del carbón, una comunicación sobre la cantidad
vertida y un mapa— y del informe aludido por Guiomar Aminta Jáuregui en la
audiencia de abril de 2024, cuya incorporación negó el Tribunal por haber fenecido
la oportunidad probatoria, al punto de rechazar la solicitud del Ministerio Público de
agregar las gráficas utilizadas como apoyo de la declaración42. A lo anterior se suma
que tampoco quedaron incorporados los anexos allegados con los alegatos ni las
pruebas pedidas de forma general en la segunda instancia, cuya solicitud fue
negada, razón por la cual la valoración no se apoyará en esas piezas tardías, aun
cuando algunos asuntos semejantes aparezcan en estudios distintos que sí
acompañaron oportunamente las contestaciones.

78. También debe depurarse el valor de dos informes invocados de manera
reiterada por la demanda, pues al atender el requerimiento judicial la Contraloría
General de la República informó que, luego de revisar su inventario y su archivo
físico, no encontró ingreso ni existencia del documento denominado “Degradación
ecosistemas y medio ambiente bahía de Santa Marta y zonas de influencia”,
mientras que la ANLA señaló que el informe final del “Diseño del programa de
seguimiento ambiental permanente del estado de los recursos naturales en varias
áreas portuarias del país” no derivaba de una obligación del proyecto Puerto Nuevo

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 21 de febrero
de 2025, C.P. María Adriana Marín, Exp. 68.086, y del 7 de marzo de 2025, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 66.072.
40
Expediente digital, archivo “12C09 R47001233300020130015500”, págs. 654 a 659.
41
Expediente digital, archivo “55. ACTA DE AUDIENCIA”, pág. 6.
42
Expediente digital, archivos “55. ACTA DE AUDIENCIA”, págs. 14 y 15, y “87. ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS 2013-
155”, págs. 15 y 16.

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y no reposaba en sus archivos43, de donde las citas o los resúmenes incluidos en la
demanda conservan el valor de afirmaciones de parte, sin sustituir los informes
completos, cuya autoría, metodología, datos y conclusiones no pudieron ser
examinados ni contradichos.

79. Los estudios encargados o aportados por las operadoras tampoco resultan
ineficaces por su procedencia privada, aunque su origen imponga verificar la
independencia del equipo, el diseño, la fecha del muestreo, el área cubierta y la
correspondencia entre los datos y las conclusiones, de manera que la Sala les
reconoce fuerza cuando describen mediciones verificables y compatibles con otros
medios, sin convertir sus apreciaciones generales sobre cumplimiento o ausencia
de responsabilidad en una verdad incontrovertible, del mismo modo que las medidas
preventivas y las sanciones administrativas constituyen documentos públicos
relevantes para establecer hechos y valoraciones técnicas, sin que la
responsabilidad sancionatoria equivalga de modo automático a la responsabilidad
indemnizatoria propia de esta acción.

La prueba del daño ambiental puro

80. La demanda planteó una contaminación única, continuada y extensa sobre
el aire, las viviendas, las playas, las aguas, el lecho marino, la flora y la fauna de
Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo, formulación que no puede tenerse por cierta
por la sola existencia histórica de operaciones carboníferas ni por la previsión de
impactos en las licencias, comoquiera que el expediente únicamente permite
constatar tres fenómenos puntuales y de alcance desigual: (i) depósitos terrestres
localizados en un corredor vial; (ii) presencia de partículas de carbón en playas y
fondos marinos antes de la contingencia de 2013, en proporciones bajas dentro de
las muestras examinadas; y (iii) una modificación localizada y mensurable del lecho
marino en el área de las maniobras de la barcaza TS-115, con efectos
predominantemente edáficos y signos de reversibilidad en los componentes
biológicos evaluados. Estos hallazgos no autorizan a sumar espacios, periodos y
fuentes heterogéneos para construir, sin prueba adicional, una degradación
homogénea de toda la franja costera, ni permiten afirmar, desde este punto del
análisis, un daño ambiental puro de la magnitud y extensión sostenidas en la
demanda como se expone a continuación.

Componente terrestre y atmosférico

81. La Resolución 116 del 2 de abril de 2013 del DADMA documentó que durante
las visitas efectuadas al corredor de ingreso de tractocamiones al puerto de Santa
Marta se observaron rastros, manchas, montículos y material fino de carbón en
andenes, bordes de la vía y zonas verdes, y ordenó la suspensión preventiva del
ingreso de vehículos cargados, dirigiendo la medida a Transportes Sánchez Polo
S.A., Xira Investments Inc. y Carbones y Transporte Trayso S.A.S.44, empresas

43
Expediente digital, archivo “15C10 R470012333000201300155001”, págs. 14 y 15, y 62 a 67.
44
Expediente digital, archivos “169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366”, págs. 35 a 44, y
“01C01 R47001233300020130015500”, págs. 46 a 60.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
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transportadoras que no integran el extremo pasivo de esta acción, de suerte que el
acto demuestra una alteración física exterior, concreta y contemporánea a la
demanda, en tanto no se limita a reproducir una queja comunitaria y constituye
prueba directa de depósitos de carbón en determinados puntos de la ruta.

82. No obstante, el alcance probatorio de la resolución debe conservar sus
límites, pues la visita no incluyó mediciones intradomiciliarias, muestreos
representativos en los barrios de los tres municipios, análisis de composición que
identificara la procedencia de las partículas ni un modelo de dispersión que
permitiera atribuir los depósitos a un terminal o a una sociedad específica, de modo
que la presencia de material sobre la vía, aunque hace posible su resuspensión por
el viento y el tránsito y resulta coherente con molestias locales, no prueba que el
carbón hubiera ingresado a todas las viviendas relacionadas por los actores, que la
exposición hubiese sido permanente desde 2011 ni que una concentración
equivalente hubiera alcanzado a Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo.

83. La precisión sobre la fuente resulta igualmente relevante, comoquiera que el
DADMA adoptó la medida frente a tres transportadoras y registró reuniones o
actuaciones en las que participaron entidades portuarias, sin individualizar qué
carga produjo cada depósito ni establecer que el material proviniera de una sola
operadora, razón por la cual la resolución no basta para imputar solidariamente a
todas las sociedades demandadas una afectación atmosférica regional, aunque sí
acredite que el sistema de transporte terrestre presentaba, en abril de 2013,
pérdidas localizadas que exigieron limpieza, carpado y control, sin que el paso
desde ese hecho hasta una lesión en una vivienda o en la salud de un demandante
pueda darse por probado sin evidencia adicional.

84. Los anexos de los informes de cumplimiento ambiental contienen registros
de partículas en suspensión durante 2012 en estaciones del área portuaria, Don
Jaca y Ciénaga, cuyas tablas exhiben variaciones diarias y consignan varias
incidencias operativas —tiempos de muestreo insuficientes o excesivos, fallas del
motor, filtros en mal estado, restricciones de acceso y problemas de flujo eléctrico—
, circunstancia que obliga a no convertir cada dato aislado en una descripción
completa de la exposición, sin perjuicio de que, en su conjunto, los reportes
institucionales de la ANLA y de CORPAMAG indicaran que los promedios aplicables
se mantuvieron dentro de los límites normativos45.

85. El cumplimiento promedio de una norma de calidad del aire no equivale a la
inexistencia de toda contaminación, pues puede coexistir con episodios breves, con
material sedimentable de mayor tamaño y con depósitos localizados que la misma
métrica no captura, del mismo modo que la existencia de algunas mediciones
elevadas o de fallas en los equipos tampoco prueba una superación general y
persistente, ni identifica el carbón como fuente exclusiva, comoquiera que los
muestreadores registraban partículas provenientes de fuentes naturales, vías,
construcción y otras actividades, de suerte que la lectura jurídicamente sostenible

45
Expediente digital, archivo “INFORME ICA ANUAL 2012-PUERTO DRUMMOND-EXP.150-APCI/Anexos/Anexo I. Calidad
aire/Anexo I-aire”, págs. 1 a 9; y archivo “169_Incorporaexped_01C01R47001233300020_0_20240626091905366”, págs. 335
a 343.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

es intermedia, en cuanto el expediente demuestra pérdidas terrestres puntuales y
un riesgo real de dispersión, mas no una lesión atmosférica regional caracterizada
en extensión, duración, composición y fuente.

86. La Resolución 091 del 18 de noviembre de 2011, que autorizó la ampliación
y el sistema de cargue directo en Puerto Drummond46, tampoco colma ese vacío,
comoquiera que evaluó escenarios prospectivos, delimitó áreas de influencia,
reconoció fuentes de emisión y fijó obligaciones de manejo y seguimiento, de suerte
que constituye prueba de la capacidad potencial de la operación para producir
impactos y de los deberes administrativos impuestos para prevenirlos o mitigarlos,
mas no de que cada impacto previsto se hubiera materializado, en la medida en que
la elevación de la capacidad autorizada de 10 a 70 millones de toneladas anuales
no demuestra por sí misma la cantidad efectivamente movilizada, el material
perdido, la concentración alcanzada en una vivienda o el daño individual resultante.

Playas y sedimentos marinos anteriores a la contingencia

87. Entre las piezas válidamente incorporadas se encuentra el informe técnico
final de INVEMAR sobre el análisis mineralógico de sedimentos de playa, elaborado
con muestras tomadas el 25 de julio de 2012 en ocho sectores —Costa Verde,
Alcatraces, Aeropuerto, Irotama, Pozos Colorados, El Rodadero, Santa Marta y
Taganga—, que identificó partículas de carbón en la fracción analizada en
porcentajes de entre 0,32 % y 0,75 %, siempre inferiores al 1 % en peso, y que al
comparar 2011 y 2012 registró aumentos en varios puntos, en especial en Costa
Verde —de 0 a 0,47 %— y Alcatraces —de 0,1 a 0,75 %—, los más próximos a las
zonas de transporte, acopio y embarque47.

88. El resultado demuestra que antes de la contingencia de enero de 2013
existían partículas de carbón en las playas muestreadas y que su proporción
aumentó en varios sectores frente al año anterior, aunque a la vez delimita la entidad
del hallazgo, comoquiera que las concentraciones del estudio de 2012 fueron
inferiores al 1 % y el informe de 2011 de la misma serie había calificado la presencia
de carbón como un porcentaje poco representativo dentro de las muestras
examinadas. A esto se agrega que el documento de 2012 formuló la cercanía a las
actividades portuarias y las condiciones ambientales apenas como una explicación
posible que debía investigarse, sin realizar una identificación química o isotópica
que asignara el material a una empresa y sin estudiar toxicidad, pérdida de servicios
ecosistémicos, cierre de playas, afectación de organismos o impedimento del uso
recreativo, de suerte que la presencia de un material ajeno justificaba seguimiento,
pero resulta insuficiente para sustentar una degradación de las playas en la
magnitud afirmada en la demanda o una pérdida ecológica funcional.

89. El análisis de fondos marinos realizado por INVEMAR en mayo de 2012
ofrece una línea de base igualmente relevante, pues en doce estaciones de la zona

46
Expediente digital, archivo “A_1774638_2022315Resolucion_091_del_18_11_2011”.
47
Expediente digital, archivos “Estudio mineralógico de sedimento de playas de los años 2010, 2011 y 2012 -
INVEMAR/Mineralogia playas - oct2012”, págs. 25 a 29, y “Estudio mineralógico de sedimento de playas de los años 2010,
2011 y 2012 -INVEMAR/ITF-DRUMMOND-V-playas-2011”, pág. 15.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

de fondeo de Puerto Drummond encontró partículas de carbón de entre 0,01 % y
0,8 % en las fracciones examinadas, con algunos fragmentos de hasta dos
centímetros, advirtiendo que la fracción correspondiente representaba menos del
veinte por ciento en la mayoría de las estaciones y conservaba una proporción muy
baja dentro del sedimento total48, prueba que confirma que la presencia de carbón
en el fondo antecedía al evento de la TS-115 y obliga a diferenciar el depósito
histórico asociado a la operación ordinaria de la acumulación excepcional producida
en enero de 2013.

90. Considerados en conjunto, los informes de playas y fondos acreditan una
huella material de carbón en sectores costeros y marinos de influencia portuaria
durante 2012, sin permitir, con todo, reconstruir una trayectoria única desde cada
terminal hasta todos los puntos, separar las contribuciones de las distintas
operaciones o establecer que la proporción encontrada hubiera superado la
capacidad de asimilación del ecosistema y ocasionado una pérdida funcional, de
suerte que solo permite tener por demostrada una alteración física acotada, mas no
la contaminación ecológica homogénea y severa de todas las playas, aguas, flora y
fauna afirmada por los demandantes.

La contingencia de la barcaza TS-115

91. El componente marino de mayor entidad se relaciona con la barcaza TS-115,
pues la Resolución 0123 del 6 de febrero de 2013 dejó constancia de que la
embarcación, cargada en Puerto Drummond, sufrió un hundimiento parcial y de que
durante las maniobras realizadas para reflotarla se extrajo agua mezclada con
carbón y se removió parte de la carga hacia el mar, registrando la cantidad recibida
por la barcaza, la fracción transferida al buque y la imposibilidad inicial de precisar
cuánto mineral permaneció en la embarcación, cuánto fue trasladado y cuánto
ingresó al ecosistema49, incertidumbre cuantitativa que no elimina la certeza del
vertimiento ni su conexión con la operación de Drummond Ltd. y APC Inc.

92. El estudio “Evaluación de impacto ambiental – Barcaza TS-115 – Puerto
Drummond”, elaborado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, realizó
muestreos aproximadamente un mes después del incidente y, en el componente
edáfico, determinó el predominio de cienos, observó carbón embebido y
consolidado entre diez y treinta centímetros, fragmentos adheridos a organismos y
una modificación directa de la textura, el color y la compactación, estimando un área
de acumulación principal de entre 10.200 y 11.100 m², un tramo circundante con
fragmentos de entre 25.700 y 29.900 m² y un área de partículas finas de entre
80.300 y 89.500 m², para un ámbito total aproximado de 116.200 a 130.500 m² con
intensidades diferenciadas50.

93. En conjunto, esas observaciones permiten tener por acreditada una
modificación física localizada del lecho marino en el área examinada después de la

48
Expediente digital, archivo “INFORME ICA ANUAL 2012-PUERTO DRUMMOND-EXP.150-APCI/Anexos/Anexo IV.
Mineralogía fondos marinos/Anexo IV. Mineralogía fondos marinos”, págs. 25 a 29.
49
Expediente digital, archivo “A_1212197_2019225Resolución 123 del 6 de febrero de 2013”, págs. 1 a 17.
50
Expediente digital, archivo “DOCUMENTO FINAL DRUMMOND/Capitulo 1/CAPITULO 1”, págs. 4 y 5.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
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Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

contingencia, toda vez que la prueba no da cuenta únicamente de carbón
transitoriamente suspendido en la columna de agua ni de un impacto meramente
potencial previsto en la licencia, sino de material depositado e incorporado al
sustrato, asociado con cambios en su textura, color y compactación y con efectos
físicos sobre organismos epifaunales. Aunque antes del incidente se había
registrado la presencia de carbón en la zona, esa circunstancia no desvirtúa el valor
comparativo del estudio, pues los antecedentes reportaban concentraciones de
entre 0,3 % y 0,4 %, mientras que las muestras posteriores arrojaron un promedio
cercano al 25 %, resultado que el informe relacionó con las maniobras de extracción
y vertimiento de agua mezclada con carbón, el movimiento de la embarcación y la
posterior dispersión del material por las corrientes. El alcance de esta inferencia, sin
embargo, es espacialmente circunscrito y no permite tener por acreditado un daño
ambiental de la magnitud y extensión regional afirmadas en la demanda.

94. En efecto, la anterior caracterización no respalda la destrucción general del
ecosistema, comoquiera que los valores de pH conservaron condiciones
típicamente básicas y no evidenciaron acidificación de las aguas, los sedimentos
mantuvieron una composición lito clástica concordante con la registrada
históricamente —aunque con porcentajes de carbón superiores en las áreas
afectadas— y los análisis efectuados un mes después no detectaron cambios
significativos en las comunidades examinadas. La evaluación calificó el impacto
sobre fitoplancton y zooplancton como de magnitud media, reducido, temporal y
reversible, y el relativo a la comunidad bentónica como de magnitud baja, focal y
reversible. Para el componente edáfico, en cambio, consignó una magnitud baja y
un radio de acción focal, pero una duración permanente y un carácter irreversible, y
consideró significativo el impacto para el lecho marino en el área específica de
derrame y acumulación51.

95. La coexistencia entre el depósito físico constatado y la ausencia de cambios
biológicos significativos se explica por el objeto y el momento de cada medición. El
carbón se incorporó al sustrato y produjo presión o cubrimiento de algunos
organismos, mientras que un mes después las comunidades muestreadas no
evidenciaron una variación estadística concluyente frente a los puntos de referencia.
Las señales de recuperación o recolonización se predican, entonces, de los
componentes biológicos evaluados y no desvirtúan la calificación edáfica del propio
informe, y al mismo tiempo, impiden extrapolar la afectación localizada, sin
evidencia adicional, a toda la bahía, a todas las especies o a un deterioro irreversible
de la productividad pesquera.

96. El propio estudio recomendó un seguimiento de entre 6 y 12 meses porque
una medición efectuada un mes después no permitía describir por completo la
dinámica posterior. Esa serie no obra en el expediente y su ausencia limita la
inferencia en ambos sentidos, pues no permite afirmar la recuperación integral del
área o la desaparición del material, ni establecer cómo evolucionó posteriormente
el depósito, esto es, si permaneció bajo las mismas condiciones, disminuyó, se

51
Expediente digital, archivos “DOCUMENTO FINAL DRUMMOND/Capitulo 8/CAPITULO 8”, págs. 16 a 18, 24 y 27, y
“DOCUMENTO FINAL DRUMMOND/Capitulo 9/CAPITULO 9”, págs. 4 a 15.

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Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

dispersó, se expandió hacia las playas de Santa Marta o Pueblo Viejo o se agravó.
Esta limitación no desconoce la calificación del impacto edáfico como focal, de baja
magnitud, permanente e irreversible efectuada por el estudio, sino que impide
determinar su evolución material posterior. En cuanto a los componentes bióticos,
el mismo informe clasificó el impacto sobre el fitoplancton y el zooplancton como
temporal y reversible y el relativo a la comunidad bentónica como permanente en
su duración, pero reversible, además de concluir que, al momento del muestreo, no
se evidenciaban cambios significativos en esas comunidades. La conclusión
probatoria debe conservar, entonces, los límites del informe, esto es, el ingreso y la
acumulación de carbón y la modificación física de un espacio marino definido, sin
que del estado observado un mes después pueda inferirse una afectación mayor o
distinta de la constatada.

97. En síntesis, el daño ambiental puro no quedó probado en la amplitud
territorial y material afirmada en la demanda, comoquiera que el expediente
únicamente permite constatar: (i) depósitos terrestres localizados en el corredor de
tractocamiones en abril de 2013, sin demostración de una afectación atmosférica
regional; (ii) presencia e incremento de partículas de carbón en playas y fondos
estudiados durante 2012, en proporciones bajas y sin caracterización suficiente de
una pérdida ecológica funcional ni atribución individual por operador; y (iii) una
alteración localizada del lecho marino en el área de la contingencia de la TS-115,
de alcance espacial delimitado y con signos de recuperación en los componentes
biológicos examinados, constataciones de las que no puede inferirse la degradación
general de las playas, aguas, flora, fauna y caladeros de toda la franja costera.

98. En todo caso, aun de admitirse que una o varias de esas constataciones
alcanzan jurídicamente la entidad de un daño ambiental puro, la prueba disponible
solo permitiría reconocer alteraciones localizadas y de alcance limitado frente a la
contaminación extensa, generalizada y continuada afirmada en la demanda.
Además, la restauración del ambiente considerado como bien colectivo no
constituye un objeto indemnizable autónomo en esta acción de grupo, pues su
protección corresponde a la acción popular y a las actuaciones preventivas,
sancionatorias, correctivas y compensatorias de las autoridades ambientales, cuyos
mecanismos fueron activados con ocasión de la contingencia.

99. En este proceso, por tanto, aquellas constataciones conservan relevancia
únicamente como presupuesto fáctico y posible causa común de los daños
consecutivos reclamados, pero no demuestran por sí mismas una lesión personal
ni permiten presumirla. Su relevancia indemnizatoria depende de que el expediente
acredite que se proyectaron concretamente sobre uno o varios integrantes del grupo
y produjeron alguna de las afectaciones individuales cuya reparación se pretende.

La prueba de los daños ambientales consecutivos y de los demás daños
individuales

100. Con la delimitación precedente, el interrogante central consiste en establecer
si las constataciones ambientales examinadas se proyectaron como una lesión

27

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
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cierta sobre un bien, derecho o interés individual de uno o varios integrantes del
grupo o de un subgrupo objetivamente determinable. La respuesta es negativa, no
porque falte una cuantificación exacta de los perjuicios ni porque fuera
indispensable documentar separadamente la situación de cada persona, sino
porque el expediente no ofrece una cadena convergente que conecte la fuente, la
exposición y una modificación perjudicial en la esfera individual de los afectados. Lo
que se echa de menos, por tanto, es la prueba del daño individual cierto y de su
relación causal con los hechos examinados; solo después de acreditar esa lesión
sería posible identificar a sus titulares mediante criterios comunes y determinar o
liquidar sus consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales.

Ingreso de polvo a las viviendas y mayores costos de limpieza

101. Las declaraciones de Liliana Beatriz Vásquez Povea y Alexander Reyes
Marchena constituyen el principal elemento personal sobre la presencia de polvo en
los hogares, pues relataron molestias, mayor frecuencia de limpieza, cuidados
frente a los alimentos y desasosiego. Estas afirmaciones guardan coherencia
general con los depósitos exteriores observados por el DADMA y no deben
descartarse por su condición de integrantes del grupo52, aunque su fuerza se
circunscriba a lo que percibieron, comoquiera que no se acompañaron de muestras
del material, registros fotográficos, declaraciones de vecinos independientes,
inspecciones o mediciones que permitieran verificar esa realidad e identificar la
composición, la frecuencia y la fuente del polvo.

102. Tampoco quedó establecida la situación espacial y temporal necesaria para
valorar esas versiones, comoquiera que el expediente no permite precisar, con el
grado requerido, la distancia de cada vivienda respecto del corredor o de las
instalaciones, el tiempo de residencia, la orientación frente a los vientos, las fuentes
alternativas de polvo ni la intensidad de los episodios, de modo que, aun aceptando
que los dos declarantes experimentaron ingreso de partículas y molestias, no existe
una base técnica o muestral para extrapolar esa experiencia a los restantes
integrantes del grupo, ubicados en barrios y municipios diferentes.

103. Las declaraciones aportadas sugieren el ingreso de polvo y la realización de
mayores labores de limpieza en dos hogares, pero no permiten establecer
suficientemente la composición, la fuente, la frecuencia y la intensidad de las
partículas, ni proporcionan una base para atribuir esa situación a las demandadas
o extenderla mediante criterios objetivos a otros integrantes del grupo. Los recibos
de insumos, las variaciones de consumo o los pagos a terceros habrían sido medios
útiles para demostrar y cuantificar la consecuencia patrimonial, pero no constituyen
una tarifa legal ni su ausencia es la razón exclusiva de la decisión. El déficit previo
consiste en que no obra un conjunto convergente de medios personales, técnicos o
indiciarios que permita tener por acreditada una afectación cierta atribuible a la
operación portuaria en una vivienda vinculada al grupo o respecto de un subgrupo
determinable.

52
Expediente digital, archivos “55. ACTA DE AUDIENCIA” y “87. ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS 2013-155”.

28

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Ruido, vibraciones, grietas y deterioro estructural

104. La demanda atribuyó al paso de trenes y tractocamiones ruidos, vibraciones,
perturbación del descanso y daños en las edificaciones. En el proceso no obran
mediciones acústicas o de vibración correspondientes a inmuebles determinados,
mapas de isófonas, registros de frecuencia y carga de los convoyes ni otros
elementos probatorios que establezcan la capacidad de esos eventos para producir
las lesiones alegadas, de manera que la existencia del corredor ferroviario y del
tránsito de vehículos demuestra la fuente potencial, mas no su intensidad en una
residencia, la superación de un umbral, ni una afectación individual cierta.

105. Respecto de las grietas y los daños constructivos la ausencia probatoria es
aún más elemental, comoquiera que no se identificó una casa lesionada, ni se allegó
certificado, inspección, fotografías fechadas o informes, ni se describieron
dimensiones, antigüedad, evolución y costo de alguna reparación, sin lo cual, no
solo resulta imposible identificar la presunta lesión, sino también diferenciar las
vibraciones de los asentamientos del terreno, la humedad, la calidad de los
materiales, las modificaciones constructivas u otras causas. La pretensión de
reparar “todas” las viviendas ubicadas en la zona de influencia, no autoriza a
trasladar a una etapa posterior la prueba de cuáles bienes estaban dañados y cuál
era su relación causal con la operación.

Desvalorización de inmuebles y disminución de cánones

106. La desvalorización exigía identificar los inmuebles y la relación jurídica de los
reclamantes con ellos, establecer valores comparables antes y después, y aislar,
hasta donde fuera razonable, la incidencia de la operación portuaria frente a otras
variables de mercado. A pesar de ello, el expediente no contiene una matriz de
certificados de tradición, avalúos comerciales, transacciones comparables, ofertas
frustradas, dictámenes por sectores, o algún medio probatorio tendiente a demostrar
la presunta desvalorización, sin que un certificado catastral allegado demuestre por
sí mismo una pérdida de valor y menos aún una depreciación común para
propiedades con localizaciones y características distintas.

107. La alegada reducción de cánones presenta el mismo déficit, comoquiera que
no se allegaron contratos de arrendamiento, recibos, periodos de vacancia,
comunicaciones de inquilinos, declaraciones tributarias o comparaciones entre
inmuebles expuestos y no expuestos, ni se estableció cuáles integrantes eran
propietarios arrendadores, de suerte que la menor amenidad de una zona sometida
a actividad industrial puede formularse como hipótesis económica, pero solo se
convierte en daño cierto cuando se demuestra que un bien identificable perdió valor
o produjo una renta inferior por la causa imputada, circunstancia ausente en este
proceso.

Daños a la salud

29

Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
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108. Las afectaciones a la salud se formularon en términos generales, esto es,
como enfermedades respiratorias, molestias oculares y cutáneas, estrés y riesgos
especiales para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, y aunque las
quejas comunitarias, las licencias y los documentos de gestión acreditan que la
exposición a material particulado era un riesgo que debía vigilarse, no se identificó
una patología de algún integrante del grupo, de manera que el riesgo y el daño no
se confunden, pues la acción indemnizatoria requiere que el evento adverso se haya
producido o que exista una lesión cierta jurídicamente reconocible.

109. No se aportaron historias clínicas relacionadas con los demandantes,
diagnósticos, incapacidades, fórmulas, pruebas funcionales, dictámenes de
medicina laboral, estudios epidemiológicos o comparaciones con poblaciones no
expuestas, y aun si se hubiera probado una enfermedad respiratoria, sería
necesario valorar el tiempo y el nivel de exposición, la ocupación, el tabaquismo, los
antecedentes personales, las condiciones de la vivienda y otras fuentes, exigencia
que no impone una certeza científica absoluta, comoquiera que una inferencia
causal puede apoyarse en elementos clínicos y ambientales convergentes, pero en
este caso, no existe siquiera una lesión individual debidamente identificada sobre la
cual construir esa inferencia.

Pesca artesanal y lucro cesante

110. El expediente contiene una caracterización de los recursos pesqueros
realizada por ECOMAR Consultoría Ambiental S.A.S. para Drummond Ltd. durante
el trimestre octubre-diciembre de 201253, en sitios de desembarco de Ciénaga y
Santa Marta —entre ellos Barrio Abajo, Costa Verde, Ojo de Agua, Piedra Hincada,
Don Jaca y Aeropuerto—. El informe registró unidades económicas de pesca,
embarcaciones, artes, faenas, capturas, gastos y valores y, al describir los puntos
de Papare y Ojo de Agua, consignó que en el primero se observaba influencia de
los puertos carboníferos y que los pescadores se asentaban principalmente en el
segundo. Esa observación describe una relación espacial entre la infraestructura
portuaria y los lugares de asentamiento de algunos pescadores, pero no determina
en qué consistió la influencia, cuándo comenzó, cuál actividad portuaria específica
la produjo ni si se tradujo en una modificación perjudicial de las faenas, como una
restricción de acceso, un cambio obligado de zona, un mayor esfuerzo o una menor
disponibilidad del recurso. Además, los datos fueron obtenidos antes de la
contingencia de la TS-115 del 13 de enero de 2013, por lo que no tienen aptitud
para demostrar que ese episodio hubiera afectado la pesca. El documento aporta,
entonces, contexto sobre la actividad y su relación espacial con la infraestructura
portuaria, pero no permite, por sí solo, tener por acreditado el daño consecutivo
reclamado.

53
Expediente digital, archivo “Anexo V. Cumplimiento Resolución 0091-2011”, págs. 459 a 511 —“Caracterización de recursos
pesqueros en el área de influencia (directa e indirecta) del Puerto Drummond”, informe trimestral correspondiente a octubre-
diciembre de 2012, elaborado por ECOMAR Consultoría Ambiental S.A.S. para Drummond Ltd.—; en especial, págs. 459,
464, 467, 471 y 509.

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111. Por su objeto y diseño, el monitoreo caracterizó la actividad y estimó los
desembarcos y el esfuerzo durante el periodo observado; el propio documento
calificó los resultados como preliminares, advirtió que los datos presentados no
podían ser concluyentes respecto de la actividad pesquera del área de muestreo y
explicó que, para obtener un diagnóstico completo, era necesario cubrir como
mínimo un ciclo anual. Tampoco construyó una comparación anterior y posterior que
demostrara una modificación perjudicial de las capturas, del esfuerzo, del acceso a
las zonas de pesca o de los ingresos causada por las operaciones portuarias, ni
permite relacionar a las personas monitoreadas con los integrantes de esta acción.
Adicionalmente, describe una actividad económica regional sin identificar a los
integrantes de esta acción como titulares de embarcaciones, participantes de las
faenas o perceptores de esos ingresos, comoquiera que no se aportaron carnés,
constancias de asociaciones, registros de desembarco, aparejos, compradores
habituales ni comparaciones de ingresos de las personas que reclamaron lucro
cesante por este concepto.

112. La informalidad propia de la pesca artesanal impide exigir matrículas
mercantiles, registros oficiales o una reconstrucción contable como condición para
demostrar el oficio o su afectación. En virtud de la libertad probatoria, esos hechos
podían acreditarse mediante cualquier conjunto de indicios contextualizados,
incluidos, a título ilustrativo, testimonios concordantes de pescadores o
compradores, censos comunitarios, constancias de asociaciones, evidencia de
artes o embarcaciones y registros de desembarco. Sin embargo, valorado en
conjunto, el acervo no relaciona a los integrantes del grupo ni a un subgrupo
determinable con las unidades económicas registradas en el monitoreo, ni
demuestra que alguno de ellos hubiera soportado una restricción, un cambio forzado
de su zona de pesca, un mayor esfuerzo u otra modificación perjudicial de la faena
atribuible a los hechos examinados. La insuficiencia no reside, por tanto, en la falta
de documentos formales o de una contabilidad retrospectiva, sino en la ausencia de
prueba alguna respecto de la existencia y proyección personal del daño consecutivo
alegado.

113. Asimismo, el estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano no evaluó peces
ni producción pesquera, circunstancia que no demuestra que la afectación hubiera
ocurrido ni que fuera inexistente, sino que torna ese informe neutral para resolver
tal aspecto. La alteración bentónica y edáfica constatada hace ecológicamente
plausible una hipótesis de incidencia sobre los recursos asociados al fondo; sin
embargo, el expediente no contiene una medición ni un conjunto de indicios
convergentes que demuestre que aquella produjo una modificación perjudicial de la
disponibilidad o accesibilidad del recurso, de las zonas habituales de pesca o de las
condiciones materiales de las faenas, ni que algún integrante del grupo o un
subgrupo determinable hubiera debido suspender o modificar su actividad. Por
tanto, lo que se echa de menos no es una reconstrucción contable ni la
cuantificación exacta del lucro cesante, sino el enlace probatorio entre la alteración
ambiental localizada y una lesión individual cierta.

Turismo, recreación y uso de las playas

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
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114. En el componente turístico no se acreditó que uno o varios integrantes del
grupo, o un subgrupo objetivamente determinable, desarrollaran una actividad
concreta y hubieran soportado una restricción, pérdida de clientela o modificación
perjudicial atribuible a los hechos examinados. Las matrículas, contratos, recibos o
series de ventas constituían medios posibles, pero no indispensables, para
demostrar la actividad y cuantificar su consecuencia económica, pues también
podían emplearse testimonios, registros comunitarios, declaraciones de clientes u
otros indicios concordantes. Sin embargo, no obra ningún elemento con ese
alcance, de manera que la presencia física de carbón encontrada en algunas playas
no permite inferir por sí sola una afectación turística ni un lucro cesante uniforme.

115. La restricción del uso recreativo puede constituir un perjuicio extrapatrimonial
cuando se prueba la pérdida relevante de una actividad habitual, o de una relación
comunitaria con un espacio, pero lo cierto es que en este caso no se identificó qué
persona utilizaba cuál playa, con qué frecuencia, durante qué periodo dejó de
hacerlo y por qué hecho concreto, comoquiera que, aunque las zonas de seguridad
portuaria establecen límites objetivos en determinados lugares, la demanda no
demostró que los integrantes ejercieran allí una práctica recreativa o cultural cuya
supresión modificara de manera cierta sus condiciones.

Intimidad, tranquilidad, daño moral y afectación a las condiciones de
existencia

116. La afectación de la intimidad y la tranquilidad se fundó en el ingreso de polvo,
el ruido y la modificación de las rutinas domésticas, y aunque las dos declaraciones
personales aportan un indicio de molestias y desasosiego, tales incomodidades no
alcanzan la entidad de un daño moral indemnizable, que supone un padecimiento
cierto y de suficiente intensidad, toda vez que no se estableció su permanencia, su
fuente ni su alcance. Del mismo modo, ni la contingencia de la TS-115 ni la
alteración localizada del lecho permiten presumir una aflicción individual,
comoquiera que el daño moral no se deriva de manera automática de un episodio
ambiental circunscrito y en su mayoría reversible, sino de un padecimiento cierto y
personal que en este proceso no se acreditó respecto de ese u otro episodio.

117. El daño moral debe ser cierto y personal, y aunque puede inferirse mediante
presunción judicial de un hecho lesivo grave y de vínculos debidamente acreditados,
sin exigir una historia clínica, esa inferencia presupone un suceso individual del cual
sea razonable derivar aflicción —una enfermedad, la pérdida de ingresos, el
deterioro del hogar o la privación relevante de una actividad—, sin que tal
presunción se extienda a la simple alteración del ambiente ni a la pertenencia formal
al grupo. Empero, como esas lesiones no quedaron demostradas respecto del
grupo, no existe base para reconocer a cada integrante una suma uniforme por
estrés, tristeza, impotencia o baja autoestima, cuya tasación, deferida al arbitrio
judicial según la intensidad del padecimiento, presupone un daño previamente
acreditado.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

118. La llamada afectación a la vida de relación o a las condiciones de existencia
exige acreditar una modificación grave y objetivable de las actividades personales,
familiares o comunitarias de quien la alega, sin que obren pruebas de abandono de
oficios, ruptura de redes, desplazamiento, pérdida de prácticas habituales o
restricciones distintas de las afirmaciones generales efectuadas en la demanda, y
la residencia en una ciudad con operación industrial no implica que todos sus
habitantes sufran la misma modificación, como tampoco autoriza a fijar tarifas según
una clasificación amplia de influencia directa o indirecta que no fue contrastada con
la situación de cada persona.

Imposibilidad de diferir la prueba del daño

119. El artículo 65 de la Ley 472 de 1998 no autoriza a trasladar a la etapa de
ejecución la demostración de los presupuestos de la responsabilidad. La fijación de
una suma ponderada, la definición de los requisitos para acogerse al fallo y la
intervención administrativa de la Defensoría del Pueblo presuponen que la
sentencia haya establecido la causa común, la existencia de daños individuales
indemnizables, los criterios objetivos de pertenencia al grupo y las bases para
determinar la reparación54. En esa etapa podrá verificarse si un solicitante satisface
las condiciones previamente definidas y liquidarse la indemnización con arreglo a
los parámetros fijados en el fallo, pero no resulta posible determinar por primera vez
si hubo viviendas deterioradas, enfermedades, pérdidas derivadas de la pesca o
disminución de ingresos turísticos, ni establecer el nexo causal entre esas lesiones
y las conductas atribuidas a las demandadas, pues ello supondría construir la
responsabilidad después de la sentencia y no ejecutar una condena ya sustentada.

120. El juramento estimatorio tampoco suple esa insuficiencia. Conforme al
artículo 206 del CGP, su eficacia probatoria se circunscribe en lo pertinente a la
cuantía razonadamente discriminada de los perjuicios patrimoniales y no
comprende la demostración del hecho dañoso, la lesión cierta de un interés
individual ni su relación causal con la conducta imputada; además, la norma excluye
expresamente su aplicación para la estimación de los daños extrapatrimoniales. En
este caso, las sumas de 200, 100 y 50 salarios mínimos fueron asignadas
globalmente, sin identificar el bien afectado, el gasto asumido, el ingreso previo
dejado de percibir, la actividad económica restringida o la intensidad de la afectación
personal, y la estimación fue controvertida por las demandadas55. Por consiguiente,
tales cifras no acreditan la existencia de los daños reclamados ni permiten
cuantificarlos, pues el valor pretendido no puede convertirse en prueba del
presupuesto fáctico que debía precederlo.

Conclusión

121. El recurso prospera en cuanto cuestionó la declaratoria de caducidad. El
Tribunal computó el término desde el conocimiento histórico de las licencias y del
inicio de la operación portuaria, aunque esos hitos únicamente acreditan
antecedentes de la actividad y no permiten establecer cuándo se causaron todos

54
Ley 472 de 1998, artículo 65.
55
Código General del Proceso, artículo 206.

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

los daños reclamados ni que la acción señalada como causante hubiera cesado
más de dos años antes de la presentación de la demanda. Como no se acreditó un
referente temporal cierto que permitiera concluir que el término había vencido, se
revocará la decisión apelada y corresponde resolver de fondo las pretensiones.

122. Las sociedades portuarias y operadoras, así como las autoridades
ambientales, marítimas, de transporte e infraestructura demandadas, se encuentran
legitimadas materialmente por pasiva, porque el expediente permite establecer su
conexión operativa o funcional con las actividades, autorizaciones, actuaciones y
deberes de prevención, vigilancia o control a los que se refiere la imputación. Esta
conclusión no equivale a declarar que causaron el daño o incumplieron sus deberes,
asuntos que pertenecen al juicio de responsabilidad.

123. El material probatorio no tiene aptitud causal probada para explicar los
perjuicios individuales reclamados. La restauración del ambiente como bien
colectivo no constituye el objeto indemnizable autónomo de la acción de grupo.

124. Tampoco se acreditó que personas determinadas hubieran padecido
deterioro o desvalorización de sus viviendas, enfermedades, pérdidas derivadas de
la pesca o el turismo, disminución de ingresos, mayores gastos, afectaciones
relevantes a la intimidad, la tranquilidad o las condiciones de existencia, ni se probó
daño moral alguno, menos aún, atribuible a los hechos examinados. La ausencia de
esa prueba no puede suplirse con las afirmaciones generales de la demanda, el
juramento estimatorio o la posibilidad de que otros integrantes se acojan a la
sentencia durante su ejecución.

125. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada que declaró probada la
excepción de caducidad, se declararán no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuestas por algunas de las demandadas y
se negarán las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó un daño
individual cierto atribuible a los hechos examinados.

126. Finalmente, se advierte que Zurich Colombia Seguros S.A. no compareció
como autora del daño, sino como llamada en garantía de la ANI. La relación procesal
derivada del llamamiento depende de la existencia de una condena contra la
asegurada y del alcance del contrato de seguro. Como las pretensiones
indemnizatorias serán negadas frente a la ANI, no se realizará el riesgo cuya
cobertura se discute y, por ello, se negarán las pretensiones del llamamiento sin
que sea necesario definir las exclusiones o los límites económicos de la póliza.

Costas

127. En materia de costas en el medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo resultan aplicables las disposiciones del CGP, por remisión
del artículo 68 de la Ley 472 de 1998. Conforme al numeral 3 del artículo 365 de
aquel estatuto, la condena en costas de segunda instancia procede cuando el
superior confirma en todas sus partes la providencia recurrida, supuesto que no se
configura en este caso, pues el recurso prosperó en cuanto cuestionó la declaración

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

de caducidad de la acción respecto de todas las pretensiones, decisión que se
revocará, aunque, al asumir el estudio de fondo, las pretensiones indemnizatorias
serán negadas por falta de prueba del daño individual.

128. En esas condiciones, el resultado de la impugnación es mixto, por cuanto la
parte actora obtuvo la revocatoria de la decisión que había impedido el examen de
fondo, pero no alcanzó el reconocimiento indemnizatorio pretendido. En
consecuencia, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia,
determinación que corresponde al alcance parcialmente favorable del recurso
interpuesto.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró probada la excepción de caducidad de
la acción.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, propuestas por la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., C.I.
Prodeco S.A., C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S., la Sociedad Portuaria Río
Córdoba S.A. y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental
(DADSA).

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: NEGAR las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por la
Agencia Nacional de Infraestructura contra Zurich Colombia Seguros S.A.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO: REMITIR copia de esta sentencia al registro público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.

SÉPTIMO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
(salvamento de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Expediente: 47001-23-33-000-2013-00155-02 (73670)
Demandante: Narciso Antonio Támara Patiño y otros
Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Acción: Reparación de perjuicios causados a un grupo

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.

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