Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2013-00185-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2013-00185-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2013-00185-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Actor: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros
Medio de control: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Tema 1: Interpretación de la demanda. Subtema 1.1: Diferencia entre daño y perjuicio. Tema 2:
Vulneración al derecho a la vivienda digna. Subtema 2.1: Elementos del derecho a la vivienda digna.
Subtema 2.2: Ausencia de daño antijurídico Subtema 2.3: Asignación condicionada subsidio familiar
de vivienda. Tema 3: Compulsa de copias.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante, por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y por el
Fondo Nacional de Vivienda contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Un grupo de personas ejerció el medio de control de reparación de perjuicios en
contra de los organismos que consideraron responsables de la vulneración de su
derecho a la vivienda digna, concretamente, por la asignación condicionada del
subsidio familiar de vivienda y por la entrega tardía de las casas que les fueron
adjudicadas. El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la sola demora en la entrega de las viviendas no podía
derivar en una declaración de responsabilidad del Estado. El colectivo demandante,
la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de
Vivienda recurrieron la decisión.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Aldo Omar Mejía Contreras, Elis María Rodríguez Pabón, Alex María Rodríguez
Contreras, Miladys Esther Blanco Martínez y Juan Ronal de Arce Guzmán, en
nombre propio y en representación del grupo constituido por aquellas personas
a las que les fue adjudicada una vivienda en la Urbanización Una Nueva Luz,
presentaron demanda 1 , en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013),
con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo
de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Fondo Nacional de
Vivienda – FONVIVIENDA –, del Municipio de Fundación, del Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo – FONADE –, de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
– FINDETER S.A. –, de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena y de los
1 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 110D804FE0537205 F19E3C78AD7305A6
2D1B4E181312ED92 65337070DA0BA660, ubicado en el índice 24 de SAMAI.
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Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
integrantes de la Unión Temporal La Luz, con motivo de la asignación condicionada
del subsidio familiar de vivienda y del retraso en la entrega de los hogares ofertados
en el proyecto Urbanización Una Nueva Luz.
En criterio de los actores, los subsidios aplicables única y exclusivamente en el
proyecto Urbanización Una Nueva Luz se encontraban sometidos a la voluntad del
constructor en cuanto a la fecha de terminación de las viviendas. Alegaron que, a
escasos días de cumplirse nuevamente el plazo de utilización de los subsidios –
treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) –, ninguna vivienda había sido
entregada.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en auto del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013) 2 , admitió 3 la demanda; decisión que fue
notificada a las entidades demandadas4.
2.2.2. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 5 contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Destacó que la entidad procedió conforme a las competencias que la ley le ha
atribuido y en desarrollo de los convenios celebrados con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, esto es, únicamente, realizó la evaluación jurídica, financiera y
técnica del proyecto de acuerdo con los documentos aportados por el oferente y la
normatividad vigente. Adicionó que no le corresponde asignar subsidios, ejecutar la
obra ni efectuar labores de supervisión o de interventoría.
2.2.3. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo6, al pronunciarse sobre la
controversia, solicitó que se resuelvan desfavorablemente las demandas
formuladas. Planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que no existe comportamiento omisivo alguno imputable a la empresa,
puesto que, con arreglo a sus facultades, ha informado a Fonvivienda y a los demás
entes que intervienen en el desarrollo del proyecto sobre el estado de ejecución de
este; y, además, sus actos no han ocasionado la demora en la finalización de la
construcción.
Adujo que su función consiste en supervisar y certificar la correcta aplicación de los
subsidios de vivienda, tarea que ha cumplido en lo que atañe a la Urbanización Una
Nueva Luz tal como dan cuenta los informes y las actas que contienen las
recomendaciones y los requerimientos generales al proyecto. Precisó que no ha
realizado solicitud de evaluación de declaración de incumplimiento toda vez que,
según información suministrada por Fonvivienda, los recursos asignados para esa
obra no han sido desembolsados al oferente, teniendo en cuenta que la modalidad
2
Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 7A4CA3583AE71F31 AEAF1206FF5343B3
BDB4EC9CB855D026 119B014FC9B9F525, ubicado en el índice 35 de SAMAI. La magistrada ponente de
primera instancia, en proveído del cinco (5) de noviembre del dos mil trece (2013), adicionó la parte resolutiva
del auto admisorio, en el sentido de incluir a un demandado y ordenar unas notificaciones.
3 Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena inadmitió la demanda, con el fin de que la demandante
subsanara las siguientes falencias: (i) incongruencias entre el poder y la demanda; y (ii) ausencia de prueba de
la integración de las uniones temporales demandadas.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8E0AED2297828790 EB82707FB77A9381
6E8334A88384D312 1414949643B3105B, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E73BDF0A18E73B5A 40D90F44AD007149
4244AFDD841D9087 32B482A027146753, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E6D2C03CAFF55C6A B93FF68D21A51AB8
23C50B1BFF1AA4F6 9B054725E7AECA7C, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
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Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
de cobro escogida fue la de “contra obra ejecutada” para las obras de urbanismo y
“contra escritura” para las obras de vivienda.
2.2.4. El Fondo Nacional de Vivienda7 requirió que se desestimen las pretensiones
de la demanda.
Esgrimió que no es el sujeto llamado a responder por los eventuales perjuicios
derivados de la falta de entrega de las viviendas ubicadas en la Urbanización Una
Nueva Luz, por cuanto, si bien es el ente encargado de ejecutar las políticas del
Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, al tenor del
Decreto 555 de 2003, no ejecuta proyectos. Aseguró que no están acreditados los
elementos que configuran la responsabilidad del Estado.
2.2.5. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio8 solicitó, también,
sean desestimadas ls pretensiones de la demanda.
Advirtió que no está legitimada en la causa por pasiva, en tanto no tiene competencia
en los hechos objeto de censura, pues no ejecuta proyectos de vivienda de interés
prioritario ni de otra naturaleza. Enfatizó que la responsabilidad sobre el desarrollo
del proyecto, así como en lo referente a la calidad de las obras, es exclusiva del
oferente al que Findeter S.A. le aprobó el plan.
En último término, alegó que los presupuestos para declarar la responsabilidad del
Estado deben ser demostrados por los demandantes, y que no ocurrió así en el
asunto objeto de análisis.
2.2.6. La Caja de Compensación Familiar del Magdalena9 se pronunció en contra
de las pretensiones del medio de control.
Argumentó que no es cierto que sea responsable, como entidad operadora, de no
tomar correctivos para que el proyecto Una Nueva Luz no sufriera retrasos, dado
que sus funciones, de conformidad con el contrato de encargo de gestión suscrito
con Fonvivienda, se limitan a “divulgación, comunicación, información, recepción de
solicitudes, verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP,
prevalidación, apoyo a las actividades de preselección y asignación a cargo de
Fonvivienda, seguimiento y verificación de los documentos para hacer efectivo el
pago de los subsidios de vivienda en todas sus modalidades, con el fin de garantizar
la debida inversión de los recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones que
rigen el subsidio familiar de vivienda”.
Reiteró que, dentro del proceso de tercerización de los trámites del subsidio familiar
de vivienda, no es la entidad competente para dar apertura a convocatorias para
postulación al subsidio en cualquiera de sus modalidades o para otorgar prórrogas
o declarar vencimientos, atribuciones que están en cabeza de Fonvivienda.
Arguyó que la asignación del subsidio únicamente se efectúa a los hogares que
propongan su nombre, entonces, el acto de postulación implica la aceptación por
parte del beneficiario de las condiciones bajo las que se otorga el auxilio. En su
sentir, en este caso, los demandantes se postularon bajo su libre voluntad para
adquirir una vivienda de interés social ubicada en el municipio de Fundación,
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 06A857DF5B169A65 BFB5EC523E11DAD1
AFF2197F6EA48A33 9BB4D824A1B13286, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 06A857DF5B169A65 BFB5EC523E11DAD1
AFF2197F6EA48A33 9BB4D824A1B13286, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
9 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 499C2AB19D997B5F 0809E98F35A30AD2
C43576F292733A4A 0A8EF2EA3B3B18ED, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
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particularmente, en el proyecto “Una Nueva Luz”, es decir, los beneficiarios optaron
por la solución de vivienda que se acomodaba a sus necesidades.
2.2.7. La sociedad Rodrigo Rodríguez Díaz G. y Cía. Ltda. 10, integrante de la
Unión Temporal La Luz, pidió negar las pretensiones del escrito inicial.
Indicó que no está corroborada la existencia de daño alguno, ya que, aun cuando la
ejecución de la obra fue objeto de retraso por problemas con la anterior
representante legal, a la fecha de contestación estaban cumpliendo,
específicamente, entregaron cincuenta y cinco (55) viviendas a los beneficiarios del
proyecto, y el Gobierno Nacional les concedió hasta el treinta (30) de junio del dos
mil catorce (2014) para entregar las ciento sesenta y tres (163) casas restantes.
Mencionó que solo hasta el treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014) podría
hablarse de incumplimiento en el término de ejecución de las obras, puesto que cada
plazo otorgado ha sido producto de visitas y de justificaciones legales. Además,
aseveró que el Estado jamás ha desamparado a los beneficiarios de las viviendas,
pues les consigna ayudas humanitarias para solventar sus necesidades.
Finalmente, recordó que la Nación no ha girado monto alguno para la ejecución de
las obras de la Urbanización Una Nueva Luz.
2.2.8. La curadora ad litem de Luis Carlos Corredor Mendoza11, integrante de la
Unión Temporal La Luz, manifestó atenerse a lo que resulte probado en este
proceso.
2.2.9. La audiencia de conciliación de que trata el artículo 67 de la Ley 472 de 1998
fue llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016)12; diligencia que
fue declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio.
2.2.10. Agotada la etapa probatoria, el a quo corrió 13 traslado para alegar de
conclusión; oportunidad que fue aprovechada por la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A.14, por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo15, por la Unión
Temporal La Luz16, por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio17 y
por la demandante18.
2.2.11. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en providencia del ocho (8) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)19, vinculó a la Unión Temporal de Cajas de
Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social.
10 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A4E350102A6804AC B39E6E4992023EF0
1C0EC50383878467 DDD787419B2C5B92, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1BB1220BD48A1D3F 0D49645FCA68F130
B6CCEC55246FF6FF DC336AD0359715F0, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
12 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 7005269E9AC08067 634B25BA07974959
440848BC63BF48CD B71A51B276F07092, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
13 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado D84F0ECE35EDDA1B
EA363BC27115EC6D 4E752C969FE3ABC6 E9AC2AEF7E2F1E42, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
14 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 782EA5C2000D95B6 66B6C9418803EC7D
2CFB974768F26EAD DBA3DFD7A534C6F4, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
15 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F15B548AF9E6DCFD
8395119CBC26033A 29CAB95498623C77 C31FC5C112529EA8, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
16 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 3560B03596B5EE15 CAEB0FC7429683D9
8DDE779FD6B456D8 E026F11175E0C812, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
17 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 782EA5C2000D95B6 66B6C9418803EC7D
2CFB974768F26EAD DBA3DFD7A534C6F4, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
18 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F7AA753B1E627441 85F58E974A65174D
AEB83BD7F27AB45F 67E322323B9678F6, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
19 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 9322863A6A2E93AF 34BB0DE728BBD15E
713EBC255694A0EE 412961BFEFE70A58, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
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2.2.12. La Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio
de Vivienda de Interés Social – CAVIS UT –20, luego de realizar un recuento de
las disposiciones que regulan el mentado apoyo económico, aclaró que no forma
parte de sus funciones la ejecución de los proyectos, el seguimiento o la supervisión
de aquellos ni tampoco la entrega efectiva de las soluciones de vivienda; y que
cumplió con su labor de intermediación entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda y la Caja de Compensación Familiar del
Magdalena.
2.2.13. La magistrada ponente en primera instancia, nuevamente, corrió 21 traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos. En esta ocasión, lo hicieron el
colectivo actor22, la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio23, la Unión
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés
Social 24 , el Fondo Nacional de Vivienda 25 , la Unión Temporal La Luz 26 , y la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.27 Por su parte, el Ministerio Público28 solicitó
la negación de las súplicas de la demanda al encontrar ausente la prueba del daño.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del veintidós (22) de
agosto de dos mil dieciocho (2018)29, negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, razonó que, si bien es cierto que el término
inicialmente convenido para la ejecución del proyecto de urbanización Una Nueva
Luz fue superado, la sola demora no es suficiente para declarar la responsabilidad
del Estado por la falta de entrega oportuna de las viviendas. Denotó que, de
conformidad con los informes presentados por la entidad supervisora de dicha obra
y por los encargados de los subsidios familiares de vivienda, varias viviendas han
sido debidamente legalizadas y entregadas, y las edificaciones restantes se
encuentran en construcción. Expuso que no hay discusión sobre la salvaguarda que
debe otorgarse al colectivo actor en lo que respecta al derecho a la vivienda digna,
garantía que se ve materializada en el proyecto de vivienda en comento.
Frente al argumento del grupo consistente en que están sometidos a la voluntad del
constructor en cuanto a la fecha de terminación y de entrega de las viviendas porque
los subsidios son aplicables única y exclusivamente en el mentado proyecto, acotó
que, contrario a ello, sí es posible renunciar a los planes de vivienda y aplicar el
20 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8F7A2C87B4E9FE9F 275C3C029138F318
6E5DFBA557EA3CC3 FEC59B53BCA035C4, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
21 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F8065FED0C6ECFE1
54325B935DC5FDC9 50B8F7C88946C28D 547CECF47F15A7EE, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
22 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 715421315DFB0446 6BC0166059EBC5F1
C71DC56DD0944030 D68EA007882D48E8, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
23 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado BA4A872AF531A49E
0A1EEC9AB9AFF3DA B6AE0F6EF95DEBE3 979241A8E3EEED49, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
24 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 2FBA010C3477D0BB
C699E96E48C6EDBA BD63E9D56B18D4A6 94191E8C3017F161, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
25 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 77F22679C1ACE989 08829E3A445953A3
ACA536C6A88CFFCA F8DF39F403D8C8B1, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
26 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1295CE169BA7CC15
AB3A61F5FC43EBEA 3B36721507C75E69 C7C9FB5142196640, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
27 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado CDB13BC311D415FB
B5E4F78D057A181D 90FC21D6377F25D6 DE83E1AFCCA31F67, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
28 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 584F40AA8E8A8055 2EB96BF64FF6810D
CA47B28E949BF080 4481FD48C90CEC1B, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
29 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 98ECB0712AD195FA
DE0FF783D502E0DB 3CD14F73B3F8F402 44EAC137BD68FF9C, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
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subsidio en otra zona del país, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la
Resolución 691 de 2012, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Finalmente, concluyó que no están acreditados los supuestos perjuicios materiales
y morales causados a los actores, toda vez que no fueron allegados elementos
probatorios que dieran fe de su ocurrencia. Con todo, estimó pertinente, por un lado,
conminar al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para que continuara con los trámites administrativos necesarios para
prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de los beneficiarios que aún
no habían recibido su inmueble, y, por otro, compulsar copias a la Procuraduría
General de la Nación con el fin de que investigara las posibles faltas disciplinarias
ante el retraso en la entrega de las viviendas.
2.4. Los recursos de apelación
2.4.1. La parte demandante30 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.
En su escrito, planteó que los jueces deben realizar un examen de compatibilidad
entre las disposiciones y los actos internos que tienen que aplicar a un caso concreto
con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En esa línea, puntualizó que el derecho a la vivienda digna está
establecido en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Manifestó que está demostrada su condición de desplazados, el retraso en el inicio
de las obras del proyecto de vivienda Una Nueva Luz, la ostensible mora en la
entrega de la totalidad de las casas y el carácter de derecho fundamental que tiene,
para las personas afectadas por el desplazamiento forzado, el acceso a una vivienda
digna.
Añadió que, frente al “daño material”, el a quo contrarió el criterio del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, dado que la petición sobre el particular va
dirigida a que, en su condición de desplazados, y en atención a la mora en la entrega
de las viviendas, se les reconozca una compensación, específicamente, los recursos
necesarios para el arrendamiento de una vivienda digna hasta tanto les sea
entregada su propio inmueble; método utilizado por la Corte Constitucional en un
caso similar. Asimismo, aseguró que, si se aceptara la tesis del Tribunal
Administrativo del Magdalena sobre la falta de recibos de arrendamiento para
demostrar el “daño” irrogado, hay que recordar que, como desplazados que son, no
cuentan con vivienda y, por ende, cualquier retraso en la entrega del bien, por simple
lógica, les obliga a arrendar un sitio para habitar.
En lo concerniente al “daño moral”, alegó que, con el retraso en el cronograma de
ejecución del proyecto Una Nueva Luz, es “evidente” que a las familias desplazadas
beneficiarias del subsidio se les transgredió no solo el derecho fundamental de
acceso a una vivienda digna, sino otras garantías como la salud, la integridad física
y el mínimo vital, además de profundizar el grave deterioro psicosocial ocasionado
por la incertidumbre desde el momento de su desplazamiento, de ahí que sea
“ilógico” la exigencia de mayores pruebas sobre la existencia de “daños” morales.
Para cerrar, precisó que: (i) el a quo desconoció que en el expediente obra la
respuesta dada por el subdirector de Promoción y Apoyo Técnico del Ministerio de
30 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B3672EBC4BE1ACFE
744E9AEECD9D0F62 5996AC704DA0660B 7F06C5A817B51D7D, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
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Vivienda, Ciudad y Territorio a los señores Alix María Lafaurie, Miladys Esther Blanco
y Víctor Manuel Castillo, en el sentido de que el subsidio solo es aplicable en el
proyecto de vivienda Una Nueva Luz; y (ii) el Tribunal Administrativo del Magdalena
interpretó erróneamente el artículo 30 de la Resolución 691 de 2012, pues la realidad
es que quien renuncia al subsidio de vivienda lo pierde.
2.4.2. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio31 formuló recurso
de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Concretamente, edificó la alzada en lo siguiente: (i) no tiene legitimación en la causa
por pasiva al no estar encargada de la ejecución de los proyectos de vivienda ni de
su entrega; y (ii) si bien existe una población beneficiada a la que no se le entregó
vivienda por parte del encargado, la actora no demostró la intervención u omisión del
ente ministerial, motivo por el que queda derrumbada cualquier posibilidad de que la
Administración sea condenada, conminada o llamada a ser investigada
disciplinariamente.
2.4.3. El Fondo Nacional de Vivienda32 recurrió la sentencia de primera instancia,
básicamente, porque el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en una
incongruencia al resolver que no se configuraron los elementos para declarar la
responsabilidad del Estado, y al mismo tiempo compulsar copias a la Procuraduría
General de la Nación para que se investiguen posibles omisiones que llevaron a la
demora en la entrega de los hogares.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
El despacho sustanciador, en auto del once (11) de marzo de dos mil diecinueve
(2019)33, admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante,
por el Fondo Nacional de Vivienda y por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio. Más adelante, en proveído del veintitrés (23) de abril de la misma
anualidad 34 , corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad
que fue utilizada por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio35 y por el
Fondo Nacional de Vivienda36.
III. PROBLEMA JURÍDICO
La Sala procederá, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le
asiste, a dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿Está probado que la asignación condicionada del subsidio familiar de vivienda y el
retraso en la entrega de las casas del proyecto Una Nueva Luz ocasionaron un daño
antijurídico a los demandantes?
31 Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificados 9FC4334FFE6EAE36
7D74B6F2268ECEC7 5EBEED8C89EF4742 CA5BC41035C2885C, ubicados en el índice 35 de SAMAI.
32 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 2EEA4E1AAB8E6E7B
0DD3988B3542821B 71B26EA06D252439 082A331739C170D6, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
33 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B73F21EEAAF483C2 44E42582F0013FA3
3B123F8778207012 8EF1256A714F106D, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
34 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 7726F684ADEC785F
45CB7F8BA22D2ADC A4B59B3FB43B3378 38E573E59974E39F, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
35 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 444E557CDCA4008B
41DBBDEB4DC08570 C0B8A9843D8DDAF9 DFF12079F70C2AB9, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
36 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 646303D2403AA433 2FE52B108A3FC07E
F489BA6BAD569B6A BE02677FB1A734B8, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
De ser afirmativa la respuesta, efectuará el juicio de imputación y, en función de sus
resultas, pasará a establecer si el grupo actor allegó los elementos necesarios para
una tasación en concreto de los perjuicios cuyo resarcimiento depreca.
Al final, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Magdalena incurrió en una
incongruencia al no declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, pero
aun así ordenar la compulsa de copias ante la Procuraduría General de la Nación.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Normativa rectora del medio de control
En vista de que la demanda, en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, fue presentada el dieciséis (16) de mayo de dos mil
trece (2013), resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998,
con las modificaciones que, respecto de la pretensión, la caducidad y la competencia,
introdujo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)37, estatuto procesal que entró en vigor el dos (2) de julio de
dos mil doce (2012).
La Sala 38 procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, de acuerdo con los artículos
5039 de la Ley 472 de 1998 y 15040 y 152.1641 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior,
sin perjuicio de la previa verificación del cumplimiento de los presupuestos de la
sentencia de mérito42.
Pese a que algunos de los demandados son sujetos de derecho privado, la parte
actora reclama la declaración de responsabilidad de diversos organismos públicos,
y la consecuente reparación de perjuicios, de modo que, en virtud del fuero de
atracción, el asunto es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo.
4.2. Sobre el problema jurídico planteado
4.2.1. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, quien
pretenda una indemnización de perjuicios por la responsabilidad patrimonial del
Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico; y (ii) la imputación
de este al Estado, por la acción u omisión de las autoridades públicas.
37 Sobre la aplicación de las modificaciones realizadas por la Ley 1437 de 2011, entre otras, consultar: Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera - Subsección C, auto del treinta y uno (31)
de enero de dos mil trece (2013), radicación número 63001-23-33-000-2012-00034-01; y Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, autos del diez (10) de febrero de dos
mil dieciséis (2016) y del dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017), radicación números 05001-23-33-
000-2015-00934-01 y 76001-23-33-000-2013-00583-01.
38 El numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 establece que le corresponde a la Sección Tercera
resolver las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en materia de acciones
grupo.
39
“Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas
y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. (…)”.
40 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. <Artículo
modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. > El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos (…)”.
41 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 16. De
los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito
desempeñen funciones administrativas”.
42 Inicialmente, la Sala tendrá por legitimados de hecho a todos los demandados, y, de ser procedente el estudio
de imputación, estudiará la legitimación material.
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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
Como regla general, esta Sección43 ha indicado que el estudio de la responsabilidad
derivado del artículo 90 de la Constitución debe partir de una verificación de la
existencia del daño, porque si dicho elemento se encuentra ausente carece de
sentido cualquier juicio de imputación. En otros términos, “si el daño no aparece
demostrado, las actuaciones del sujeto resultan inocuas desde el punto de vista de
los derechos de los administrados. Aún el comportamiento más riesgoso, o la
conducta más ineficiente o temeraria de la Administración carecerán de relevancia
jurídica frente a las personas si no se traducen en perjuicios apreciables” 44.
4.2.2. En el presente asunto, el colectivo actor solicitó la declaración de
responsabilidad de los organismos demandados por la asignación condicionada del
subsidio familiar de vivienda, esto bajo la consideración de que esa ayuda solo podría
aplicarse en el proyecto Una Nueva Luz, y por la demora en la entrega de las casas
ofertadas en la mentada urbanización. Apoyó sus súplicas de condena en la
configuración de diferentes “daños”: moral, material y a la vida de relación.
En primera medida, ha de aclararse que el daño y el perjuicio responden a supuestos
diferentes y sus conceptos no son equiparables, lo que los ata es una relación de
causalidad. Por un lado, el daño hace referencia a la vulneración del derecho o
interés jurídico tutelado, mientras que el perjuicio alude a las consecuencias que esa
lesión trae consigo.
La anterior precisión viene relevante en este caso, pues, revisada integralmente la
demanda45, lo que encuentra esta Sala es que lo que motivó el ejercicio del medio
de control fue una vulneración al derecho a la vivienda digna, y esa transgresión, que
concretó el grupo en una asignación condicionada del subsidio familiar de vivienda y
en una demora en la entrega de sus casas, irrogó unos perjuicios de distinto orden.
Así, el estudio del primer elemento de la responsabilidad se circunscribirá a verificar
si, en efecto, las autoridades demandadas menoscabaron la garantía establecida en
el artículo 51 de la Constitución Política y causaron así un daño susceptible de
reparación.
4.2.3. La Constitución Política de 1991 prescribe que Colombia es un Estado Social
de Derecho y que son fines esenciales del Estado, entre otros: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los
derechos y los deberes constitucionales.
43 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del tres
(3) de febrero de dos mil diez (2010), radicación número 52001-23-31-000-1998-00088-01; Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias del veintitrés (23) de
septiembre de dos mil quince (2015) y del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022), radicación
números 68001-23-31-000-2007-00168-01 y 76001-23-31-000-2010-02042-01, respectivamente; Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del siete (7) de
septiembre de dos mil veinte (2020), radicación número 13001-23-31-000-2010-00080-01;; Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del cuatro (4) de octubre de
dos mil veintitrés (2023), radicación número 25000-23-36-000-2017-01397-03.
44 Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública. Citado, entre
otras, en las siguientes decisiones: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera
– Subsección A, sentencias del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015) y del veinticinco (25) de
julio de dos mil diecinueve (2019), radicación números 68001-23-31-000-2007-00168-01 y 25000-23-26-000-
2011-01063-01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección
C, sentencias del doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), radicación números 76001-23-31-000-2008-
00572-01 y 76001-23-31-000-2011-01532-01.
45 “El juez en el marco de su autonomía funcional y siendo garante del acceso efectivo a la administración de
justicia, debe interpretar de manera integral, y como un todo, el escrito de demanda extrayendo el verdadero
sentido y alcance de la protección judicial deprecada por quien acude a la jurisdicción. Así, corresponde a la
judicatura adentrarse en el estudio de los extremos fácticos que circunscriben la causa petendi y los
razonamientos jurídicos de manera armónica con lo pretendido, de modo tal que más que aferrarse a la literalidad
de los términos expuestos interesa desentrañar el sentido del problema litigioso puesto a su consideración, eso
sí, sin desquiciar los ejes basilares de la misma demanda. (…)”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, auto del diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016),
radicación número 25000-23-36-000-2015-02529-01.
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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, que el Estado
Social de Derecho es “la fórmula política del Estado colombiano a partir de 1991;
más que un artificio simbólico, o que “una simple muletilla retórica que proporciona
un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del Derecho y del Estado”46, se
trata de un principio cardinal de nuestro ordenamiento constitucional, que le imprime
un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a la organización estatal en su
conjunto, y que resulta – en consecuencia – vinculante para las autoridades, quienes
deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos particulares propios de
tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para todas las personas, y
la solución de las desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras
a instaurar un orden justo”47.
La connotación social del Estado responde a la necesidad de garantizar, de manera
real y efectiva, unas condiciones vitales de dignidad para las personas. Ello, a través
de la remoción de todos los obstáculos que impiden su concreción y que promueven
la desigualdad material de los ciudadanos48. Por ejemplo, una de las expresiones del
Estado Social de Derecho corresponde a la inclusión de los derechos económicos,
sociales y culturales en nuestro ordenamiento jurídico, entre los que encontramos el
derecho a la vivienda digna.
El artículo 51 de la Constitución Política prescribe que todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna, y que el Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda.
La Corte Constitucional, después de varios años en los que consideró que el derecho
a la vivienda digna no tenía rango fundamental ni correspondía a un derecho
subjetivo propiamente dicho, reconoció su carácter subjetivo, fundamental y exigible.
Pero, además, ha advertido que, pese a su naturaleza fundamental, su
materialización debe ser progresiva conforme a la disponibilidad de recursos y a la
capacidad humana.
La antedicha limitación resulta natural, pues el derecho fundamental a la vivienda
digna, como las demás garantías sociales, supone para el Estado el cumplimiento
de obligaciones que implican una inversión notable de recursos públicos, que, como
es bien conocido, son limitados; adicionalmente, si se tiene en consideración que
todas las personas tienen la necesidad imperiosa de proveerse un techo, el país
presenta altas cifras de pobreza y desigualdad y el desplazamiento forzado ha
dejado víctimas por muchos años en todo el territorio nacional.
En relación con la vivienda digna de víctimas de desplazamiento forzado, la Corte
Constitucional49 ha indicado que este derecho fundamental es autónomo y merece
una protección reforzada en vista de que: (i) el desplazamiento genera que las
personas se vean obligadas a abandonar intempestivamente sus hogares y lugares
de origen, y deban asentarse, en condiciones precarias, en otros sitios con los que
no tienen arraigo; (ii) el desplazamiento forzado, aunque se cometa por grupos al
margen de la ley, comporta el incumplimiento de los deberes del Estado, pues no
brindó las medidas de protección y de seguridad para que este suceso no se
46 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003.
48 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime. Derecho administrativo del estado social y democrático de derecho: Ediciones
Olejnik, 2023.
49 Corte Constitucional, Sentencia SU-016 de 2021.
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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
produjera; y (iii) la actuación estatal no ha logrado proteger ni restablecer los
derechos de la víctimas de desplazamiento forzado, lo que configura un estado de
cosas inconstitucional que involucra las omisiones estructurales en la debida
atención de aquellas.
Esta protección constitucional reforzada de las víctimas de desplazamiento forzado
se traduce en deberes y responsabilidades a cargo de la Administración, para
garantizar la vivienda digna a esta población. En concreto, la jurisprudencia ha
determinado que las obligaciones consisten, como mínimo, en: “(i) brindarle
soluciones de vivienda de carácter temporal en condiciones dignas; (ii) facilitarle el
acceso a soluciones de carácter permanente; (iii) proporcionarle asesoría sobre los
procedimientos que deben seguir para acceder a programas de vivienda; (iv) tomar
en consideración los subgrupos de la población, como niños, personas de la tercera
edad o madres cabeza de familia, en el diseño de planes y programas; y (v) eliminar
las barreras de acceso a los programas de asistencia social del Estado”50.
4.2.4. Pues bien, establecido el marco jurídico que guiará el análisis del daño,
corresponde verificar lo que está probado en este contencioso.
4.2.4.1. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 510 del veinte (20) de
diciembre de dos mil siete (2007), asignó doce mil setecientos cuarenta (12.740)
subsidios familiares de vivienda de interés social, por valor de cien mil ochocientos
cincuenta y nueve millones novecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos
($105.859.938.166), correspondientes a recursos para población en situación de
desplazamiento.
4.2.4.2. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 600 del dieciséis (16) de
diciembre de dos mil ocho (2008), asignó veintitrés mil noventa y cuatro (23.094)
subsidios familiares de vivienda de interés social, por valor de doscientos treinta mil
setecientos cincuenta y dos millones doscientos treinta y un mil trescientos seis
pesos ($230.752.231.306), correspondientes a recursos para población en situación
de desplazamiento.
4.2.4.3. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 901 del diecisiete (17) de
diciembre de dos mil nueve (2009)51, asignó nueve mil setenta y un (9.071) subsidios
familiares de vivienda de interés social, por valor de ciento veinticinco mil setecientos
dieciséis millones doscientos seis mil quinientos cuarenta pesos ($125.716.206.540),
correspondientes a recursos presupuestales para población en situación de
desplazamiento.
4.2.4.4. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 902 del diecisiete (17) de
diciembre de dos mil nueve (2009), asignó mil trecientos ochenta y tres (1.383)
subsidios familiares de vivienda de interés social, correspondientes a recursos
presupuestales para la Bolsa Especial de Población en Situación de
Desplazamiento.
4.2.4.5. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 750 del ocho (8) de junio de
dos mil diez (2010), asignó subsidios familiares de vivienda de interés social,
correspondientes a recursos presupuestales para población desplazada.
50 Estas reglas jurisprudenciales fueron establecidas en la Sentencia T-585 de 2006, y han sido reiteradas en las
sentencias T-440 de 2012, T-188 de 2016, SU-016 de 2021, entre otras.
51 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 3729D5500B7B6371
FBD4BDBAB9DD6FB0 470209FB7D5E02EC E6A72D9A37D39BA4, ubicado en el índice 91 de SAMAI.
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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
4.2.4.6. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 1470 del treinta (30) de
diciembre de dos mil diez (2010), asignó mil trescientos cuarenta y ocho (1.348)
subsidios familiares de vivienda de interés social, por valor de veinte mil doscientos
dos millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
($20.202.743.750), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa
Especial de Población en Situación de Desplazamiento.
4.2.4.7. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 1474 del treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil diez (2010), asignó mil doscientos setenta y ocho (1.278)
subsidios familiares de vivienda de interés social, por valor de diecinueve mil
cuatrocientos doce millones novecientos veinticinco mil pesos ($19.412.925.000),
correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial de Población en
Situación de Desplazamiento.
4.2.4.8. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 410 del treinta y uno (31) de
mayo de dos mil once (2011), asignó dos mil quinientos treinta (2530) subsidios
familiares de vivienda de interés social, correspondientes a recursos presupuestales
para población desplazada.
4.2.4.9. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 790 del cinco (5) de octubre
de dos mil once (2011), asignó seis mil trescientos ochenta (6.380) subsidios
familiares de vivienda de interés social, por valor de cien mil novecientos noventa y
cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos ochos pesos
($100.994.187.208), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa
Especial para Población en Situación de Desplazamiento.
Los citados actos administrativos fueron las decisiones que adjudicaron52 un subsidio
familiar de vivienda a las doscientos dieciocho (218) personas que conforman el
grupo actor.
4.2.4.10. El Municipio de Fundación – Magdalena, la Fundación Una Nueva Luz y la
arquitecta Yulitza Quintero Peñaloza constituyeron una unión temporal53, el cinco (5)
de octubre de dos mil diez (2010). Inicialmente, el objeto de ese convenio asociativo
era “unir esfuerzos para canalizar recursos, con el fin de construir el proyecto de
vivienda de interés social denominado Urbanización Una Nueva Luz que consta de
218 viviendas de interés social, el cual se encuentra localizado en el municipio de
Fundación (Magdalena), cuya financiación se hará a través de adjudicaciones de
subsidios de VIS que realiza el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a través del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, recursos del
Municipio, recursos de la Fundación y recursos del Constructor”, posteriormente, en
otrosí del cinco (5) de abril de dos mil once (2011)54, fue reformado.
4.2.4.11. Findeter S.A. declaró elegible55 el proyecto de vivienda de interés social
denominado “Urbanización Una Nueva Luz”, el dos (2) de junio de dos mil once
(2011), presentado bajo la modalidad de adquisición de vivienda para postulantes al
subsidio familiar de vivienda, específicamente, caracterizado como reubicación
52 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 465480E2F94AA10E 02BF2CA4DFAE0197
1081702C67A25C6E E53C94C37886A464, ubicado en el índice 91 de SAMAI. No todas las resoluciones fueron
aportadas al expediente, pero aquellas son documentos públicos que obran en la página web de la entidad y allí
pudieron ser consultadas.
53 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 4A4F21CEF52C3D10
6644BA6DAEFF18C7 39BB3BB615BFB4CC 755553AA72CF6BCE, ubicado en el índice 35 de SAMAI. Los
integrantes de la unión temporal cambiaron más adelante.
54 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E73BDF0A18E73B5A 40D90F44AD007149
4244AFDD841D9087 32B482A027146753, ubicado en el índice 35 de SAMAI, página 52 a 54.
55 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E73BDF0A18E73B5A 40D90F44AD007149
4244AFDD841D9087 32B482A027146753, ubicado en el índice 35 de SAMAI, página 58.
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Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
desplazados por la violencia. En aquel certificado de elegibilidad, quedó consignado
que el proyecto constaba de doscientos dieciocho (218) soluciones de vivienda e
implicaba una inversión total de tres mil novecientos treinta millones novecientos
setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos ($3.930.976.176), monto modificado56,
el veintisiete (27) de diciembre de dos mil once (2011), a cuatro mil cuatrocientos
treinta millones setecientos nueve mil ciento treinta y seis pesos ($4.430.709.136).
4.2.4.12. El Fondo Nacional de Vivienda, en Resolución 0564 del primero (1) de
agosto de dos mil once (2011)57, determinó los cupos de asignación de aportes para
financiar las actividades de promoción de oferta y demanda, conforme al artículo 7
de la Resolución 1024 de 2011, a los planes de adquisición y construcción de
vivienda de interés social prioritario para la población en situación de
desplazamiento. Al proyecto Urbanización Una Nueva Luz le asignó ochocientos
cincuenta y cuatro millones quinientos diez mil quinientos catorce pesos
($854.510.514).
4.2.4.13. En diversos informes y actas de visita quedaron plasmadas las
observaciones y las recomendaciones dadas por la supervisión del proyecto, así
como el avance que presentaba la construcción58.
4.2.4.14. Según información remitida por la Unión Temporal La Luz, el nueve (9) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), en ese momento habían entregado 81 casas, de
las cuales algunas fueron ocupadas por el beneficiario y otras por arrendatarios. Esta
última circunstancia – viviendas arrendadas – fue corroborada en la inspección
judicial realizada por la magistrada ponente en primera instancia.
4.2.4.15. Durante la inspección judicial llevada a cabo el veintiocho (28) de marzo de
dos mil diecisiete (2017)59, la encargada de la obra puso de presente que estaban
construidas cuatro (4) manzanas de casas de nueve (9) proyectadas, y que faltaban
cien (100) casas por construir. La magistrada ponente de primera instancia ingresó
a varias viviendas durante la visita, en una de ellas los propietarios manifestaron que
su casa fue entregada en el año dos mil trece (2013).
4.2.4.16. De acuerdo con el último informe de Enterritorio con fecha del nueve (9) de
junio de dos mil veintiuno (2021)60, el proyecto se encontraba terminado al cien por
ciento (100%). De los doscientos dieciocho (218) subsidios familiares de vivienda
asignados, ciento noventa y ocho (198) se encontraban certificados y legalizados61,
seis (6) se encontraban liberados y legalizados y trece (13) se liberaron.
56 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E73BDF0A18E73B5A 40D90F44AD007149
4244AFDD841D9087 32B482A027146753, ubicado en el índice 35 de SAMAI, página 5.
57 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8F7A2C87B4E9FE9F 275C3C029138F318
6E5DFBA557EA3CC3 FEC59B53BCA035C4, ubicado en el índice 35 de SAMAI, página 21 a 24.
58 Documentos visibles en el expediente digitalizado con certificados E66983DDBD10161E 4D8AB6B23746412D
C3BB658A159B725F 5DFDA8704689970D, 8998FDB8172083E3 C04DF74264DABB2A 0A843872F67ABE98
DAC9AF0F90F7C6B0, 021BC8E546DE1F9F 5FFABD29465322D4 DA3C9AAD95722374 EB446A498C252E27
y 9820F0D70B3425DD 8F556F1794797C92 ABD98E88B7FE1066 C6AC138A4AF070A8, ubicados en el índice
35 de SAMAI. La totalidad de los informes de supervisión pueden consultarse en
https://www.enterritorio.gov.co/geotec/proyectos/main/home.php?show_report_xls_w=Y&ubicacion_w=Magdale
na%20-
%20Fundaci%F3n&nombre_w=URBANIZACI%D3N%20UNA%20NUEVA%20LUZ&id_proyecto_w=DES-2011-
0002-01.
59 Diligencia visible en el expediente digitalizado con certificado 5DC86698B628A040 4EAAEF13E7CB09C1
5BDC8300AF26E734 9B6AD7ECE5A197B6, ubicado en el índice 35 de SAMAI.
60 Consultado en:
https://www.enterritorio.gov.co/geotec/proyectos/main/home.php?show_report_xls_w=Y&ubicacion_w=Magdale
na%20-
%20Fundaci%F3n&nombre_w=URBANIZACI%D3N%20UNA%20NUEVA%20LUZ&id_proyecto_w=DES-2011-
0002-01.
61 Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el término legalizado hace referencia a “cuando una vez
la vivienda es certificada, entregada a los beneficiarios, y se ha realizado el trámite de escrituración o se le ha
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4.2.5. La Sala parte de cuatro premisas fundamentales: (i) no hay duda del retraso
en la entrega de las viviendas construidas en la Urbanización Una Nueva Luz, así
como es perceptible que cada demandante tuvo un tiempo de entrega distinto; (ii) el
presente proceso busca la reparación de perjuicios por la causación de un daño
antijurídico atribuible al Estado, no se trata de una acción de tutela; (iii) la causa
petendi de la demanda no está enmarcada en el desplazamiento forzado del que
fueron víctimas los aquí actores, es decir, si bien eso es un punto a tener en cuenta
al examinar el derecho a la vivienda digna, ese hecho, en sí mismo considerado, es
ajeno al objeto de este litigio; y (iv) existe una inactividad probatoria importante por
parte de ambas partes – no están acreditadas las condiciones por las que
atravesaron los miembros del grupo ante la demora en la entrega de su hogar, los
documentos de la construcción de la urbanización fueron allegados parcialmente, no
fueron remitidos todos los actos administrativos concernientes a la asignación de
subsidios, sus prórrogas y demás circunstancias, no existe certeza de la fecha de
entrega de todas y cada una de las casas, entre otras falencias –.
Los supuestos antes planteados son importantes porque: (i) no puede derivarse
automáticamente un daño antijurídico de la mora en la entrega de unas viviendas,
aun cuando la población sea de especial protección constitucional, y eso será un eje
importante al analizar, a continuación, si está acreditada la existencia del primer
elemento de la responsabilidad; y (ii) por cuanto el proceso contencioso
administrativo observa el principio dispositivo y, por ende, es un deber de las partes
probar lo que alegan62, contrario a una solicitud de amparo, en la que el juez no solo
tiene amplios poderes oficiosos, sino que la acción tiene una finalidad
completamente diferente a los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción.
En este contencioso, está demostrado que: (i) el Fondo Nacional de Vivienda asignó
subsidios de vivienda de interés social a los demandantes, y que, en virtud de ello,
estos tomaron la decisión de aplicar este auxilio en el proyecto Urbanización Una
Nueva Luz; (ii) el Municipio de Fundación, según documento de constitución de la
unión temporal, estaba encargado de aportar los terrenos donde se desarrollaría el
proyecto; (iii) el proyecto obtuvo licencias de urbanismo y de construcción; (iv)
Fonade y luego Enterritorio ejercieron labores de supervisión y realizaron visitas
expedido la Resolución de Adjudicación (Art 43 Ley 1537 de 2012), ha surtido el trámite ante las oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos y posteriormente el oferente presenta ante la Caja de Compensación Familiar
la documentación, para dar inicio al trámite de solicitud de pago del subsidio familiar de vivienda de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y su resolución reglamentaria 019 de 2011, para los subsidios
ejecutados bajo la modalidad de giro anticipado”.
62 Ante un hecho no probado por la demandante, no es el operador judicial, a través del auto de mejor proveer,
el llamado a remediar la incuria de la parte en cuanto a la debida integración del acervo probatorio . Sobre el
particular, consultar: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del
nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017), radicación número 41001-23-33-000-2016-00080-01: “Ha de
recordarse que este auto está sometido al arbitrio del juez pues hace parte de su poder instructivo facultativo, en
contraste con el impositivo que propende por el esclarecimiento de la verdad dentro de las instancias y bajo el
iter de la facultad instructiva propiamente dicha (…). Por eso, ante hecho o supuesto fáctico no planteado, no
probado o inexistente, lo procedente es negar las súplicas de la demanda, porque con el auto de mejor proveer
no se puede pretender integrar o completar el acervo probatorio. (…) Esa diferencia de propósito, que por regla
general pasa desapercibida, tiene un efecto procesal determinante para fijar y tener claro el pequeño límite del
poder instructivo del juez dentro de las dos modalidades de prueba de oficio, a fin de que el juez no termine
completando o ampliando lo que las partes estaban obligadas a cumplir conforme a la carga probatoria que les
correspondía. (…) De tal suerte, que el operador jurídico para dictar auto de mejor proveer, no puede ni debe
retrotraerse a su potestad instructiva propiamente dicha que ejerce durante las instancias y en forma paralela
con la postulación de las partes, con el argumento de esclarecer la verdad, porque no le es permitido y se
excedería en su labor, afectando el debido proceso y el derecho de defensa, dado que la facultad instructiva que
debe ejercer con parámetros de excepcionalidad, en el auto de mejor proveer, pues con ella no está llamado a
suplir la incuria del interesado en probar. Además, el punto oscuro y difuso responde al concepto de vaguedad o
imprecisión, lo que supone que el hecho o supuesto fáctico que se busca clarificar siempre ha estado en el
proceso – no es el oculto ni el inexistente – sino el impreciso (…)”.
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periódicas a la obra; (v) el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en diversas
oportunidades, amplió la vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados
por el Fondo Nacional de Vivienda; (vi) las casas fueron entregadas en distintas
fechas63, algunas ocupadas por los beneficiarios del subsidio y otras no; y (vii) a día
de hoy, quienes decidieron continuar en ese proyecto de vivienda ya cuentan con su
casa – unos cuantos beneficiarios renunciaron voluntariamente al cupo del proyecto
Una Nueva Luz o a la asignación del subsidio familiar de vivienda – y les fue
reconocida la subvención correspondiente 64 , lo que deja sin asidero uno de los
temores de los accionantes que era que el subsidio perdiera vigencia y no pudiera
cobrarse.
Nótese cómo, en este asunto, el Estado, en cumplimiento de sus funciones, y con el
propósito de hacer efectivo el derecho a la vida digna, desplegó distintas acciones
enfocadas en atender las carencias del grupo demandado65. Claro está, la garantía
de una vivienda digna, como ha sido reiterado ampliamente a lo largo de esta
decisión, es parte de una política integral del Estado que requiere el trabajo
coordinado de múltiples organismos tanto estatales como privados y de los
integrantes de la sociedad, y no produce resultados inmediatos. Mal haría este
Subsección concluyendo que existe un daño susceptible de reparación por la sola
demora en la entrega de las viviendas sin consideración a las situaciones particulares
de los miembros del grupo, máxime cuando está corroborado que la Administración
ha destinado esfuerzos en procura de asegurar, permanentemente, el derecho a la
vivienda digna de la población accionante, que es una de las obligaciones dispuestas
por la Corte Constitucional para atender ese flagelo, por supuesto, con todos los
inconvenientes que pueden devenir en el transcurrir del proceso.
Son palmarios, aunque insuficientes evidentemente, los esfuerzos que ha hecho el
Estado para contrarrestar la falta de vivienda digna en la población colombiana, así
como lo son los problemas estructurales que afectan a nuestro país, y ello puede
corroborarse con el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte
Constitucional, que hasta hoy persiste.
Recuérdese que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de los
cuales se encuentra la vivienda digna, son de implementación progresiva. El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2,
establece que cada uno de los estados se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive
la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos allí
reconocidos. El principio de progresividad se traduce “en la obligación del Estado de
adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, para lograr gradual,
sucesiva, paulatina y crecientemente la plena efectividad de los derechos
económicos sociales y culturales”66 (negrillas fuera del texto).
De suerte que, para esta Sala, teniendo en cuenta que el derecho a la vivienda digna
es una garantía constitucional que no puede ser salvaguardada para todos los
miembros de la sociedad de manera inmediata, del simple paso del tiempo no puede
63 Según las actas de entrega que obran en el expediente, desde octubre de dos mil catorce (2014) empezaron
a entregarse las casas progresivamente hasta el año dos mil veinte (2020). Documentos contenidos en el
expediente digital con certificado 70B7F17648B49FF5 81E79AA18F1562D8 F1169251534B53E2
2775890366E78940, ubicados en el índice 82 de SAMAI.
64 Índice 82 de SAMAI.
65 “(…) las autoridades, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, deban proveer a las víctimas del
desplazamiento forzado apoyo para la consecución de vivienda, obligación que en parte se satisface con
programas de subsidio, como el que adelanta Fonvivienda.(…)”. Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 2010.
66 Corte Constitucional, Sentencia C-767 de 2014.
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sobrevenir un daño, con mayor razón si se tiene en cuenta que el Estado, pese a
que esté desarrollando proyectos para garantizar una vivienda de manera
permanente, conserva la función de proveer a las víctimas los medios para solventar
un hogar transitorio.
Vale decir que, indudablemente, los demandados vieron vulnerado el derecho
fundamental a la vivienda digna, pero con motivo del desplazamiento forzado del que
fueron víctimas, circunstancia que no es objeto de análisis en esta providencia. Aquí
el hecho generador del daño lo hacen consistir los demandantes en la mora en la
entrega de las casas.
En concreto, en el asunto bajo discusión, desde el plano de facilitar el acceso a
soluciones de carácter permanente, no puede concluirse que existió una vulneración
al derecho a la vivienda digna. Quedaría, entonces, pendiente evaluar si, mientras
las entidades trabajaban para garantizarles una vivienda permanente a los
demandantes, desconocieron sus obligaciones atinentes a brindarles soluciones de
vivienda de carácter temporal, lo que llevaría a una transgresión de dicho derecho.
Sin embargo, en el presente medio de control, los actores no allegaron medios de
prueba que acreditaran la referida circunstancia, de ahí que no pueda tenerse por
violada la garantía constitucional, especialmente por lo siguiente:
La Ley 1448 de 201167 dispone que la atención humanitaria es un derecho que tienen
las personas y los hogares víctimas del desplazamiento forzado dirigido a mitigar o
suplir temporalmente sus necesidades básicas relativas al derecho a la subsistencia
mínima, particularmente, el alojamiento temporal y la alimentación.
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas, en obedecimiento al decreto oficioso de pruebas efectuado por esta
Subsección 68 , remitió una documentación destinada a informar cualquier auxilio
otorgado a cada una de las doscientas dieciocho (218) personas que integran el
colectivo demandante, desde el año dos mil siete (2007) hasta la fecha, con ocasión
del desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
En su respuesta 69 , dio cuenta de que existen medidas dirigidas a atenuar las
condiciones de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado interno incluidas
en el Registro Único de Víctimas y a generar escenarios que les permitan volver a
gozar efectivamente de los derechos que les han sido vulnerados. Como muestra de
ello: la “atención humanitaria por desplazamiento forzado”, auxilio que, a solicitud de
parte, cubre los componentes de alojamiento temporal y de alimentación. Varias
personas del grupo fueron beneficiarias70 de este programa, entre esos, Aldo Omar
Mejía Contreras, Elis María Rodríguez Pabón, Alex María Rodríguez Contreras y
Miladys Esther Blanco Martínez, quienes confirieron poder para ejercer este medio
de control y dicen representar al grupo.
En un panorama general, el organismo indicó que giró la suma de cuatrocientos
setenta y nueve millones setecientos setenta y un mil pesos ($479.771.000),
distribuidos así:
67 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
68 No se tiene en cuenta la respuesta dada por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, pues envió
un listado general que incluye los auxilios de todo tipo entregados a los demandantes, incluso aquellos que no
son necesariamente otorgados con motivo del desplazamiento forzado. La contestación no se ciñó a lo pedido
en el auto dictado por esta Sala.
69 Índice 101 de SAMAI.
70 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 43F273C1EB12791D 7CD38A7740B4504D
B7C82740D6546EE6 7452BC14AF9F633B, ubicado en el índice 101 de SAMAI.
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Esto demuestra que los demandantes tuvieron la posibilidad de acudir a mecanismos
transitorios para paliar las dificultades que padecían en cuanto a vivienda. Algunos
aprovecharon las oportunidades dadas por el Estado y otros no, cuestión que quedó
al arbitrio de cada uno de los afectados. Lo que es relevante aquí es que, en lo que
refiere a la obligación en cabeza de la Administración de brindar soluciones de
vivienda de carácter temporal en condiciones dignas, no se probó una transgresión
en este contencioso. Tanto es así que algunos beneficiarios de los subsidios
familiares de vivienda no residen en sus casas, sino que decidieron arrendarlas.
Esta judicatura desconoce si fue suscrito algún tipo de negocio jurídico entre los
miembros del colectivo actor y los ejecutores del proyecto de vivienda, aquellos
generalmente celebran contratos de promesa de compraventa, de ser así, la demora
en la entrega de las edificaciones podría comportar un incumplimiento contractual.
Hasta aquí lo relativo a la mora en la entrega de los viviendas, ahora se pronunciará
la Sala sobre la asignación condicionada de las subsidios.
4.2.6. Para sustento del cargo de la aplicación exclusiva del subsidio familiar de
vivienda, la parte demandante alegó que la Ley 1420 de 2010, en su artículo 66,
dispone que “los hogares beneficiarios del programa de subsidio familiar de vivienda,
podrán aplicar este subsidio en cualquier parte del país o modalidad de solución de
vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual
se postuló o asignó. (…)”.
Al respecto, ha de decirse que el artículo 9 del Decreto 4911 de 200971 dispone que
la población en situación de desplazamiento beneficiaria del subsidio familiar de
vivienda otorgado por el Gobierno a través del Fondo Nacional de Vivienda podrá
aplicar el beneficio en cualquier municipio del país o tipo de solución de vivienda,
tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual se
postuló o en la cual le fue asignado el subsidio, y que aquella población podrá
modificar la modalidad a la cual se postuló.
En esa misma línea, el artículo 2 de la Resolución 472 de 2010 72 dictada por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial preceptúa que, para solicitar
la aplicación del subsidio familiar de vivienda para población desplazada en una
71 “Por el cual se modifican los artículos 2°, 5°, 8°, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 2001 y se dictan otras
disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda para la población en situación de desplazamiento”.
72 “Por la cual se reglamenta el Decreto 4911 de 2009, y se dictan otras disposiciones en relación con el Subsidio
Familiar de Vivienda para la Población en Situación de Desplazamiento”.
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modalidad diferente a la que se postuló y en la cual fue asignado de acuerdo con el
artículo 9 del Decreto 4911 de 2009, el hogar beneficiario deberá acreditar, al
momento del cobro, el cumplimiento de los requisitos indicados para la nueva
modalidad en la cual aspira aplicar el subsidio, de conformidad con el artículo 2
ibidem, que modificó el artículo 5 del Decreto 951 de 2001, y con el Título V del
Decreto 2190 de 2009.
A su vez, el artículo séptimo 73 de la Resolución 022 de 2012 74 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio estableció la posibilidad de renunciar a la inscripción en
el respectivo plan de vivienda, con las consecuencias que eso traía consigo según
la etapa75 en que se encontrara el beneficiario del subsidio. La anterior normativa fue
derogada por la Resolución 691 de 201276, pero este, en su artículo 3077, mantuvo
73 “Artículo 7°. Renuncia de los hogares a la inscripción en planes de vivienda. Los hogares en situación de
desplazamiento vinculados a planes de vivienda, a quienes se les asignó el subsidio familiar de vivienda de
conformidad con lo previsto en el capítulo IV de la Resolución 1024 de 2011, podrán renunciar a la inscripción
en el respectivo plan de vivienda, de manera escrita, ante el operador autorizado por el Fondo Nacional de
Vivienda - Fonvivienda en el formato establecido para el efecto. En todo caso, la renuncia a la inscripción en el
plan de vivienda generará como consecuencia, para los hogares señalados en el artículo 10 de la Resolución
1024 de 2011, la renuncia al subsidio familiar de vivienda, asignado para su aplicación en el respectivo plan. El
Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda antes de proceder a la aceptación de la solicitud mediante resolución,
informará al oferente del plan de vivienda y a la respectiva entidad territorial dicha situación para efectos de
verificar la posibilidad de sustitución de que trata el artículo 9º de la presente Resolución. Aceptada la renuncia
de que trata el presente artículo, para los hogares que antes de la inscripción al plan de vivienda se encontraban
en estado calificado dentro de la convocatoria especial para población en situación de desplazamiento realizada
por el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda mediante Resolución 174 de 2007, estos volverán a dicho
estado, y se dará cumplimiento al artículo 1º del Decreto 170 de 2008. Los demás hogares, quedarán habilitados
para postularse nuevamente en las convocatorias que adelante el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda.
Los hogares que previo a la inscripción en el plan de vivienda respectivo contaban con el subsidio familiar de
vivienda asignado y cuya renuncia a la inscripción se haya aceptado, podrán aplicarlo en cualquier modalidad,
en cualquier parte del país, en zona urbana o rural de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Resolución 472 de 2010”.
74 “Por la cual se modifica la Resolución número 1024 del 31 de mayo de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
75 “1. Etapa uno – (Hogares con subsidio asignado convocatorias 2004 y 2007). Los hogares vinculados en el
proceso de promoción de oferta de la Resolución 1024 de 2011, a los cupos disponibles en los proyectos
enunciados en las Resoluciones 0564, 0608 y 0696 de 2011, con estado asignado a través de la Bolsa Especial
para Población Desplazada mediante las convocatorias de 2004 y 2007 (Etapa 1), e incluidos en las resoluciones
695 y 696 de 2011, que decidan renunciar voluntariamente al cupo asignado en el plan de vivienda al cual se
inscribieron deberán diligenciar (…). Es importante aclarar que en esta etapa, cuando se haya aceptado por parte
de este Ministerio la renuncia del hogar inscrito, se liberará el compromiso adquirido por parte del hogar al
proyecto en el cual se inscribió y por lo tanto podrá aplicar el subsidio asignado en otro proyecto o modalidad, a
excepción de la modalidad de arrendamiento de vivienda (…). 2. Etapa dos – (Hogares en estado calificado en
la Convocatoria 2007 Población Desplazada). Los hogares vinculados en el proceso de promoción de oferta de
vivienda de la Resolución 1024 de 2011, a los cupos disponibles en los proyectos enunciados en las
Resoluciones 0564, 0608 y 0696 de 2011, con estado “Calificado” a través de la Bolsa Especial para Población
Desplazada y mediante la Convocatoria de 2007 (Etapa 2), antes de la inscripción efectuada en los planes de
vivienda, que fueron beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda mediante las Resoluciones 790 y 864 de
2011, pero que su decisión es renunciar voluntariamente al cupo asignado, dicha renuncia se aplicará tanto a la
inscripción en el plan de vivienda como al Subsidio Familiar de Vivienda asignado (…) para los hogares que
antes de la inscripción al plan de vivienda se encontraban en estado calificado dentro de la convocatoria (…)
estos volverán a dicho estado (…). 3. Etapa tres – (Hogares “no asignados” o “no calificados” en las
convocatorias 2004 y 2007 para Población Desplazada). Los hogares vinculados en el proceso de promoción de
oferta de la Resolución 1024 de 2011, a los cupos disponibles en los proyectos enunciados en las Resoluciones
0564, 0608 y 0696 de 2011, con estado “no asignados” o “no calificados” (…) renuncia se aplicará tanto a la
inscripción al cupo en el plan de vivienda como al Subsidio Familiar de Vivienda asignado (…) dichos hogares
podrán solicitar el subsidio familiar de vivienda en cualquier de las modalidades para las que cumpla requisitos,
en futuras convocatorias (…)”. Circular 0004 del veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012).
76
“Por la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para la asignación de recursos destinados a la
promoción de oferta y demanda en cumplimiento de lo previsto en el artículo octavo del Decreto 4911 de 2009”.
77 “Artículo 30. Renuncia de los hogares a la inscripción en planes de vivienda. Los hogares en situación de
desplazamiento vinculados a planes de vivienda, que se hayan inscrito a los mismos conforme a los términos
previstos en el capítulo IV de la presente resolución, podrán renunciar a la inscripción en el respectivo plan, de
manera escrita, ante el operador autorizado por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), en el formato
establecido para el efecto. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) antes de proceder a la aceptación de la
solicitud mediante resolución, informará al oferente del plan de vivienda y a la respectiva entidad territorial dicha
situación para efectos de verificar la posibilidad de sustitución de que trata el artículo 32 de la presente
Resolución. En todo caso, la renuncia a la inscripción en el plan de vivienda generará como consecuencia la
renuncia al cupo asignado para su aplicación en el respectivo plan, caso en el cual los recursos girados
correspondientes a los cupos objeto de renuncia deben ser reintegrados a la Dirección General de Crédito Público
y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el término de quince (15) días hábiles
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la alternativa de renunciar. El director ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en
Circular 0004 del veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012), puso en
conocimiento de las cajas de compensación familiar el proceso establecido para la
aplicación de las renuncias de los hogares a la inscripción en planes de vivienda, en
cumplimiento a lo prescrito en el artículo séptimo de la Resolución 0022 de 2012, por
la cual se modificó la Resolución 1024 de 2011, en concordancia con las etapas de
inscripción y postulación del Proceso de Promoción de Oferta de Vivienda,
establecidas en la Circular 09 de 2011 del Fonvivienda.
Vista la citada normativa, no cabe duda de que los miembros del colectivo actor
tenían la posibilidad de renunciar al cupo que les había sido asignado en la
Urbanización Una Nueva Luz. Basta remitirse a la documentación que obra en el
expediente para tener por acreditado que los beneficiarios de los subsidios familiares
de vivienda no estaban obligados a continuar en el proyecto Una Nueva Luz, sino
que podían decantarse por aplicar a otra clase de solución de vivienda. Por ejemplo,
los señores Zaida Elena Rodríguez Carrillo, José Narciso Charris, Pedro Manuel
Murillo Talaigua, Adalis Marina Céspedes Mendoza, Marina Isabel Ortiz Polo y Rosa
Matilde Castillo Reyes, personas enunciadas en la demanda como parte del grupo,
renunciaron al cupo que tenían en el proyecto Una Nueva Luz y mutaron a la
modalidad de compra de vivienda usada78.
Si bien es cierto que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en respuesta a
escritos remitidos en ejercicio del derecho de petición por tres (3) de los
demandantes, informó que “(…) de conformidad con lo establecido en la Resolución
929 de 2011, el hogar se inscribió voluntariamente y surtió todo el proceso ya
enunciado con el fin de dar aplicación al subsidio familiar de vivienda que le fue
asignado el cual solo tendrá aplicación en el proyecto denominado Una Nueva Luz
ubicado en el Municipio de Fundación – Magdalena (…)”, la Sala entiende que a lo
que hacía referencia la cartera ministerial es que, en principio, surtido el trámite
correspondiente, esa especifica postulación y asignación era para la Urbanización
Una Nueva Luz, pero en modo alguno significaba que estaban supeditados a
continuar en ese proyecto o que no pudieran renunciar. Es que ese procedimiento
que llevaron a cabo era para la modalidad de adquisición de vivienda nueva y,
particularmente, para obtener una casa en la Urbanización Una Nueva Luz, por lo
tanto, no podían automáticamente alternar a otra clase de solución sin cumplir los
requisitos contenidos la norma.
A juicio de esta Sala, es censurable que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
no comunicara la opción que tenían los actores de renunciar a su cupo ni explicara
claramente la situación en la que aquellos se encontraban, no obstante, ello no
significa que los demandantes estuvieran condicionados a permanecer en el referido
proyecto, tal como lo demuestran no solo las normas expuestas anteriormente, sino
contados a partir de la aceptación, salvo que haya lugar a la sustitución y que la aceptación se produzca dentro
de la misma vigencia fiscal. Aceptada la renuncia de que trata el presente artículo, para los hogares que antes
de la inscripción al plan de vivienda se encontraban en estado calificado dentro de la convocatoria especial para
población en situación de desplazamiento realizada por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) mediante
Resolución 174 de 2007, estos volverán a dicho estado, y se dará cumplimiento al artículo 1º del Decreto 170 de
2008. Los demás hogares, quedarán habilitados para postularse nuevamente en las convocatorias que adelante
el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). Los hogares que previo a la inscripción en el plan de vivienda
respectivo contaban con el subsidio familiar de vivienda asignado y cuya renuncia a la inscripción se haya
aceptado, podrán aplicarlo en cualquier modalidad, en cualquier parte del país, en zona urbana o rural de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto 4911 del 2009 y el artículo 2º de la Resolución
472 de 2010. Parágrafo. Si el hogar renuncia al cupo en el plan de vivienda por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente certificado por la autoridad competente, podrá aplicar el subsidio familiar de vivienda
asignado en cualquier modalidad, en cualquier parte del país, en zona urbana o rural de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2º y 9º del Decreto 4911 del 2009 y el artículo 2º de la Resolución 472 de 2010, previa
aprobación del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), mediante acto administrativo”.
78 Documentos contenidos en el expediente digital con certificado 70B7F17648B49FF5 81E79AA18F1562D8
F1169251534B53E2 2775890366E78940, ubicado en el índice 82 de SAMAI.
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los integrantes del grupo que eligieron otro camino. Adicionalmente, una respuesta
a una petición bajo ningún punto de vista puede dejar sin efectos las disposiciones
legales sobre la materia, y, en estricto sentido, el ministerio no les impidió renunciar
al cupo en la mentada urbanización.
Por consiguiente, no quedó acreditado que el subsidio familiar de vivienda tuviera
que aplicarse exclusivamente en la Urbanización Una Nueva Luz y, en ese sentido,
no puede hablarse de una lesión al derecho a la vivienda digna.
En último término, no huelga reiterar que el escrito de demanda presentado por el
grupo actor se circunscribió a solicitar la responsabilidad del Estado por la entrega
tardía de las viviendas de la Urbanización Una Nueva Luz y por la asignación
condicionada del subsidio, por ende, cualquier alusión posterior que hiciere el
apoderado de los actores encaminada a discutir las condiciones en que fueron
entregadas las casas desborda la causa petendi y no será objeto de
pronunciamiento79.
4.3. Compulsa de copias
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Magdalena decidió compulsar
copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara las posibles faltas
disciplinarias con ocasión del retraso en la entrega de las viviendas de la
Urbanización Una Nueva Luz. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y el Fondo Nacional de Vivienda expresaron su desacuerdo con esa orden, ya que,
al no estar probados los elementos de la responsabilidad, no podría procederse de
esa manera. En sentir del último de los organismos, la sentencia de primera instancia
es incongruente.
Ante la existencia de una posible irregularidad con eventual repercusión disciplinaria,
la compulsa de copias no solo es una facultad de los funcionarios públicos sino una
obligación. Y, en ese sentido, es la autoridad competente, en este caso la
Procuraduría General de la Nación, quien deberá determinar si hay elementos
suficientes para iniciar una investigación o si no encuentra conductas que sean
relevantes para el derecho disciplinario.
No le asiste razón a los recurrentes cuando indican que si en este contencioso no se
profiere una sentencia condenatoria por falta de elementos probatorios, menos
podría compulsarse copias. Sea lo primero precisar que no solo los elementos
requeridos para la prosperidad del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo son totalmente diferentes a los exigidos para estar inmerso en
responsabilidad disciplinaria, sino que en este proceso se analiza la responsabilidad
institucional, mas no personal, como sí ocurre en una investigación disciplinaria.
79 “(…) debe recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la decisión de forma congruente con la
demanda, la sentencia y el recurso; en tal sentido, no puede abordar materias que se señalan en la apelación,
que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso o sobre los cuales
no se haya cumplido la carga procesal de sustentación que permita cuestionar la sentencia impugnada, pues se
vulneraría la garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial. En efecto,
en la referida sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, esta Corporación se pronunció sobre la
improcedencia de la “variación en segunda instancia de la causa petendi”, ya que el principio de congruencia que
rige la función del juez al proferir sentencias se constituye como una garantía del derecho fundamental al debido
proceso, por lo que, el pronunciamiento judicial únicamente puede recaer sobre lo alegado, pedido y
excepcionado oportunamente. En este orden de ideas, explicó que no le era dable al juez ni a las partes modificar
la causa petendi mediante señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales previstas legalmente para
ello, esto es, la demanda, su corrección o adición, momentos que la ley dispuso para que se precise la extensión,
contenido y alcance de la controversia que se propone y frente a los cuales se garantiza la oportunidad de la
contraparte para pronunciarse. (…)”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección A, sentencia del doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022), radicación número
05001-23-33-000-2012-00576-01.
20
Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
Entonces, no es contrario al principio de congruencia que la autoridad judicial, si lo
estima pertinente, envíe copias a la Procuraduría General de la Nación para que, en
cumplimiento de sus funciones, tome las decisiones a que haya lugar. El Tribunal
Administrativo de Magdalena, conforme a la competencia conferida por la ley, se
pronunció sobre la responsabilidad del Estado, tal como fue solicitado en la
demanda, y, amparada por la normativa, se limitó a informar al ente encargado de
la posible existencia de conductas con incidencia disciplinaria, sin emitir juicio de
valor alguno.
En consecuencia, esta Subsección confirmará integralmente la decisión de primera
instancia.
V. COSTAS80
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 81 y 366 82
ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 6883 de la Ley 472 de 1998,
prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza,
de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso
en primera instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las
agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de
la Judicatura.
Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado que
sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal
Administrativo de Magdalena deberá efectuar la correspondiente liquidación y
tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fijarán agencias en derecho,
por medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta sentencia, a
80 El despacho del ponente se aparta de la tesis que ha venido observando en relación con la disposición de
costas en los procesos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo. En
diversas decisiones, el magistrado ponente consideró que no había lugar a la imposición de costas debido a que
no se cumplía el presupuesto establecido en el artículo 65.5 de la Ley 472 de 1998 – imposición procede en los
eventos en que la sentencia acoge las pretensiones incoadas –. Sin embargo, en esta oportunidad, rectifica tal
postura en el sentido de admitir la imposición de costas conforme lo preceptúa el Código General del Proceso,
por las siguientes razones: (i) el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 dispone que la sentencia que ponga fin al
proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil. Es decir, en todos los casos,
deberá observarse la normativa procesal general, y, cuando se acojan las pretensiones incoadas, además de
acudir al Código General del Proceso, tendrá que acatar lo allí prescrito; (ii) la Ley 472 de 1998 no reguló lo
relativo a la imposición de costas cuando no se accede a las pretensiones de la demanda; y (iii) el artículo 68 de
la Ley 472 de 1998, para resolver los aspectos no regulados, remite al Código de Procedimiento Civil.
81 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe. (…)”.
82 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
83 “Artículo 68. Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se
aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
21
Radicado: 47001-23-33-000-2013-00185-01 (63291)
Demandante: Aldo Omar Mejía Contreras y otros
favor de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional
de Vivienda84, de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 3.2. del
artículo sexto85 del Acuerdo 1887 de 200386, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018), de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la parte actora, que serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo del Magdalena de
acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda por la suma de medio (0.5)
salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta sentencia.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
Administrativo del Magdalena para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP
84 Únicas entidades que actuaron ante esta Corporación.
85 “Artículo sexto. Tarifas. Fijas las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…) III. Contencioso Administrativo.
3.2. Acciones populares y de grupo. (…) Segunda instancia. Hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
(…)”.
86 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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