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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00027-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00027-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2015-00027-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)
Demandante: Amparo Beatriz Peñaranda Masson
Demandado: Nación–Ministerio del Trabajo y Servicio Nacional de Aprendizaje
“SENA”

Temas: Insubsistencia/ Cargo de libre nombramiento y remoción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 21 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

ANTECEDENTES

La señora Amparo Beatriz Peñaranda Masson, instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 02224 del 11 de noviembre de 2013
por medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de
Subdirector de Centro Grado 02 del Centro de Logística y Promoción Ecoturística
del Magdalena del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” - Regional Magdalena.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al cargo que
venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría; así mismo se le
reconozca y pague el valor de los sueldos y demás prestaciones sociales dejadas
de percibir, junto con los incrementos legales; se disponga que no ha existido
solución de continuidad en la prestación el servicios; se liquide la condena impuesta
conforme lo previsto en el artículo 187 del CPACA tomando como base el IPC
certificado por el DANE y, finalmente, se dictamine dar cumplimiento al fallo en el
términos previsto en los artículos 192 y 195.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ingresó al SENA producto de proceso de selección convocado en Resolución
No. 002258 de 2007.

Que mediante Resolución No. 01530 del 11 de junio de 2008 fue nombrada en el
cargo de Subdirector de Centro Grado 2 del Centro de Logística y Promoción
Ecoturística del Magdalena; cargo del cual tomó posesión el día 12 de ese mes y
año.

Que desde la fecha de su posesión cumplió con sus funciones con sentido de
pertenencia y compromiso, lo cual la llevó a ser beneficiaria de diferentes
reconocimientos y exaltaciones.

Que en el año 2011 concursó para el cargo de Directora Regional del SENA
Magdalena, ocupando el primer lugar, sin embargo, el Gobernador seleccionó al
tercero de la lista.

Que el 30 de diciembre de 2013, remitió solicitud a la doctora Gina Parody para ser
nombrada en el cargo antes anunciado, la cual fue decidida negativamente el 13
de enero de 2014.

Que mediante Resolución No. 02137 del 2 de diciembre de 2013, la Directora
General del SENA ordenó la intervención administrativa de la Regional Magdalena
y delegó la ordenación del gasto de la misma. Acto administrativo que no le fue
notificado a la actora.

Que el 4 de diciembre de 2013, a través del programa “La W Radio”, se divulgó una
cinta donde se grabó una conversación entre dos personas, con base en la cual se
arribó a la conclusión de presuntos actos de corrupción al interior de la regional
SENA Magdalena.

Que el 8 de diciembre de 2013, la demandante recibió una llamada del Director de
Planeación del SENA solicitando su presencia en la entidad al día siguiente, dado
que estaría en ella la Directora Nacional, quien no se presentó. El día 9 de ese mes
y año, la Directora Regional renunció.

Que el 10 de diciembre de 2013, la interventora del SENA Regional Magdalena se
acercó a la actora para informarle que toda la contratación estaba intervenida y que
por tanto no podía disponer, a partir de la fecha, de ningún documento relacionado
con aquella; del inventario de dichos documentos se levantó un acta.

2

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

Que, al no haberse designado Director Regional, la interventora le solicitó a la
señora Peñaranda que suscribiera las tutelas pendientes por contestar y finiquitara
las tareas relativas a la contratación de la logística para un evento de fortalecimiento
de las competencias transversales de los aprendices SENA de los municipios fuera
de Santa Marta.

Que mediante Resolución No. 02224 del 11 de diciembre de 2013, se declaró
insubsistente el nombramiento de la demandante; acto que le fue notificado el día
12 de ese mes y año.

Que la demandante no fue objeto de ningún tipo de investigaciones por lo que su
retiro del servicio no fue más que la decisión de la directora de la entidad.

Que mediante Resolución No. 02225 del 11 de diciembre de 2023, encargó al señor
Campo Elías Gutiérrez Polania en el empleo que era ocupado por la actora, quien
tenía un perfil inferior a ella.

Que durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014 se publicaron notas
de prensa en las cuales se aseveraba que el SENA- Regional Magdalena estaba
siendo usado para una campaña política de un senador del Huila.

Que el 8 de julio de 2014 se cumplió con el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 6, 25 y 29 de la Constitución
Política de Colombia y, 138, 192 y 195 del CPACA.

Se sostuvo que el acto acusado se encuentra viciado por desviación de poder por
cuanto, si bien es cierto que el cargo ocupado por la demandante es de libre
nombramiento y remoción, no es menos cierto que las autoridades al realizar
nombramientos de remplazo deben cumplir con el mejoramiento del servicio, cosa
que en este caso no sucedió, puesto que quien fue designado para ocupar el cargo
de que era titular tenía un perfil que no superaba el de ella.

Que los motivos que llevaron al retiro del servicio fue el favorecimiento de intereses
particulares, aprovechando la crisis al interior del SENA, designando personas de
otros departamentos.

Que se desconocieron los logros alcanzados por la demandante en ejercicio de su
cargo, para improvisar con personal no calificado como ella quien tiene el
conocimiento y la experiencia que la hacía idónea para continuar desarrollando las
funciones que le fueron asignadas.

3

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta donde, en auto del 16 de octubre de 2014, se ordenó su
remisión al Tribunal Administrativo del Magdalena por competencia – factor cuantía.

En proveído del 16 de junio de 2015, el Tribunal admitió la demanda.

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- se opuso a las pretensiones por
considerar que no se acreditó la causal de nulidad invocada contra el acto de
insubsistencia que, así lo precisa, se hizo respecto de un cargo cuya naturaleza es
de libre nombramiento y remoción, lo que permitía la remoción de quien ocupaba
el mismo sin necesidad de motivación alguna.

Que la naturaleza del empleo que era ocupado por la demandante no varía porque
su ingreso haya estado precedido de un proceso de selección, pues así se señala
en el artículo 3º del Decreto 1972 de 2002, la declaratoria de insubsistencia se hizo
en ejercicio de la facultad discrecional del nominador.

Propuso como excepciones de fondo: No se desvirtuó la presunción de legalidad
del acto acusado e Inexistencia del derecho reclamado y omisión al deber de asumir
la carga probatoria.

Solicitó la vinculación al proceso en calidad de tercero con intereses, al señor
Eduardo Junior Robles Panetta, quien en la fecha ocupaba el cargo.

La Nación – Ministerio del Trabajo manifestó su oposición a las pretensiones
expresando que no fue la entidad que expidió el acto acusado, ni participó en su
elaboración o notificación. Que no maneja la planta de personal del SENA, ya que
dicho ente goza de autonomía para el ingreso, elección y retiro de sus funcionarios.

Propuso las excepciones de: Falta de reclamación administrativa de la demandante
ante el Ministerio, Falta de agotamiento de requisito de la conciliación prejudicial
ante el Ministerio y Falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser el
Ministerio el llamado a responder por las pretensiones del proceso.

En auto del 16 de agosto de 2017 se ordenó vincular al proceso, en calidad de
litisconsorte, al señor Eduardo Junior Robles Panetta, Subdirector del Centro
Grado 02 del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena del
SENA; quien, en la oportunidad otorgada para ello, se pronunció sobre las
pretensiones de la demanda, oponiéndose a ellas con idénticos argumentos a los
expresados por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en su contestación.

El 9 de mayo de 2018 se realizó la audiencia inicial en la cual, entre otros, se
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la

4

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

Nación – Ministerio del Trabajo; así mismo las denominadas falta de agotamiento
del requisito de la conciliación y de la reclamación administrativa frente a la misma;
se fijó el litigio y se decretaron algunas pruebas.

El 14 de junio de 2018, se desarrolló la audiencia de pruebas y en ella se ordenó
correr traslado a las partes para que presentaran por escrito sus alegatos de
conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En Sentencia del 21 de noviembre de 2018 1, el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas, expresando
que el cargo ocupado por la demandante era de libre nombramiento y remoción y,
por tanto, la resolución que declaró insubsistente su nombramiento no debía ser
motivada, habida cuenta que la autoridad nominadora cuenta con la facultad
discrecional para remover de los cargos de esta naturaleza.

Que el hecho que el SENA hubiere decidido implementar un concurso de méritos
para la designación del cargo de Subdirector de Centro Regional Magdalena, a fin
de escoger con mayor transparencia a la persona que lo ocuparía, no cambia la
naturaleza de éste, de tal suerte que no podía la demandante arrogarse derechos
de carrera administrativa y pretender que el acto declarativo de su insubsistencia
fuera motivado.

Que no se estructura la causal de nulidad de desviación de poder por cuanto no se
acreditó que la orden de retiro hubiere obedecido a la satisfacción de intereses
políticos. Además, de la información profesional y la experiencia del señor Campo
Elías Gutiérrez Polanía, quien remplazó a la actora, se extrae que su nombramiento
se fundamentó en la relación de confidencialidad que él tenía con el SENA en el
transcurso de su vida laboral, por lo que era lógico que fuera designado para cumplir
con los compromisos y metas de la entidad.

Que, la facultad de libre remoción no está condicionada siquiera a los resultados
de evaluación del gerente público, conforme lo establecido en el artículo 50 de la
Ley 909 de 2004, por lo que los proyectos y estímulos adelantados en favor de la
demandante, conforme los cuales se acredita el compromiso que ella tenía con el
SENA, no son determinantes para su continuidad en el servicio.

Que los argumentos formulados por el extremo demandante en defensa de sus
intereses, tienen un criterio jurídico razonable, por lo que no es viable la imposición
de costas procesales.

1
Notificado el 7 de diciembre de 2018.

5

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante 2 interpuso recurso de apelación expresando que la
sentencia de primera instancia negó abiertamente el derecho de acceso a la
administración de justicia dada la superficialidad de la misma puesto que no realizó
una valoración y examen racional de la prueba.

Que son varias las pruebas que acreditaron que el acto acusado se encuentra
viciado por desviación de poder, en la medida que la decisión de finalización del
vínculo laboral obedeció a fines políticos relacionados con la alta votación obtenida
en el departamento del Magdalena por un senador del departamento del Huila, que
determinó el nombramiento de varios funcionarios provenientes de éste en
remplazo de, entre otros, la actora. Finalidad totalmente alejada del mejoramiento
del servicio.

Que, si bien es cierto que la persona que remplazó a la demandante tenía
experiencia por la labor desempeñada en el SENA, no es menos cierto que ella
también la tenía; además, que las presuntas irregularidades que se endilgaban a la
Regional Magdalena, no tenían relación con el cargo de que era titular, al punto que
en su contra no existían investigaciones de ningún tipo.

Que no reposa ninguna prueba que arribe a la conclusión que con el servicio de la
actora se desmejoró la labor adelantada por el Servicio Nacional de Aprendizaje,
por el contrario, la señora Peñaranda Masson siempre presentó unos excelentes
resultados de gestión al final de cada año de servicio.

Que con la demandante “se cumplían los fines del Estado” pues ingresó al SENA a
través de un proceso meritocrático en el cual obtuvo el primer lugar, y cumplió a
cabalidad con todas las funciones que le fueron encomendadas y, así lo afirma, “si
bien es cierto que el cargo es de libre nombramiento y remoción”, también lo es que
se trata de una entidad de carácter técnico por lo que los subdirectores deben ser
personal muy idóneas con capacidades especiales para liderar los procesos de
formación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 20 de junio de 2019, se admitió el recurso de apelación y por auto del 7 de
noviembre de ese año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

El demandado Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” insistió en la
inexistencia de la desviación de poder alegada, por considerar que no hay pruebas
que la soporten. Afirmó, que no se acreditó que la razón que llevó a la finalización
el vínculo laboral fuera distinta al mejoramiento del servicio, puesto que no se probó
que aquella perseguía fines políticos y que el servicio hubiera sufrido merma por el

2
En escrito recibido el 19 de diciembre de 2018. Apelación concedida en auto del 28 de enero de 2019.

6

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

nombramiento de su remplazo, quien se sostuvo, contaba con la experiencia y el
conocimiento necesario para ocupar el empleo de que era titular la demandante.

Que, dada la naturaleza del cargo ocupado por la demandante, la declaratoria de
su insubsistencia no requería motivación.

Que, el excelente desempeño laboral de la actora es un comportamiento que se
espera de los funcionarios que desempeñan cargos públicos y ello, por sí solo, no
confiere estabilidad laboral que enerve el ejercicio de la facultad discrecional.

La parte actora y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Advierte la Sala que ningún reparo se efectuará sobre la naturaleza del cargo
ocupado por la demandante, a saber, Subdirector de Centro Grado 02 del Centro
de Logística y Promoción Ecoturística del SENA - Regional Magdalena, en la
medida que no se discute que es de libre nombramiento y remoción; naturaleza que
no muta porque el nombramiento de la actora haya sido producto de un proceso
meritocrático que no se puede confundir con el concurso de méritos propio de la
carrera administrativa. 3

Tampoco se entrará a dilucidar sobre la facultad de remoción discrecional con que
cuentan los nominadores frente a este tipo de empleos, ni tampoco, sobre la no
obligación de motivar los actos de insubsistencia de nombramientos efectuados en
estos 4, puesto que, ningún reparo se efectuó al respecto en el escrito de alzada.

Así, en los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar
si el acto administrativo acusado, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento efectuado por el SENA en favor de la demandante, se encuentra
viciado por desviación de poder.

De la Desviación de Poder:

Se ha considerado “que este vicio está referido a «…la intención con la cual la
autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el
legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario». En otras
palabras, incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus
atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la buena marcha de la

3
Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2012, radicación: Radicación número: 52001-
23-31-000-2006-01431-02(1819-11).
4
Ver en este sentido Sentencia C-1003 de 2003 de la Corte Constitucional y entre otras las sentencias del Consejo de Estado
proferidas en los expedientes radicados: 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14) y 73001-23-33-000-2013-00447-01
(4519-14).

7

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

administración, sino por móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u
ocultos”.5

En otras palabras, la existencia de un vicio de poder se desprende de la convicción,
de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de
los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en
acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la
causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y
se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]»6

De lo cual se concluye que en los casos donde se predica la desviación del poder,
la carga de la prueba recae por regla general en la parte demandante como lo
prevé el artículo 167 del Código General del Proceso y como también lo hacía el
177 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, para destruir la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, “afirmación que,
atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso 7 de que «incumbe a
las partes, probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen” 8

En Sentencia del 28 de enero de 2021 9, sobre la figura en cita, sostuvo la
Corporación: “Por lo tanto, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas
de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha
entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la
administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para
definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente
contestó la norma”.

Caso Concreto:

Alega la parte actora que el acto acusado se encuentra viciado por desviación de
poder, bajo 3 supuestos:

5
Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12).
6
Radicación número 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
7
Artículo 167 del CGP.
8
Ídem.
9
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00801-01(3437-16)

8

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

1.Que la persona que remplazó a la demandante no tenía las mismas calidades de
ella, quien, si poseía la experiencia suficiente para continuar desarrollando su
cargo, lo que determinó un desmejoramiento del servicio.

En el punto, se recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha indicado que la
causal de desviación de poder implica llevar al juzgador la plena convicción de que
la intención de quien profirió el acto, se alejó de la finalidad del buen servicio, es
decir, se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Así, se ha sostenido
que la prueba de esta causal “ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la
determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente la intención
del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión” 10.

En el caso que nos ocupa, el acto de desvinculación -Resolución No. 02224 del 11
de diciembre de 2013 11- es anterior a aquel -Resolución No. 02225 de la misma
fecha12- en el cual se nombró en encargo a quien sustituyó a la actora y, lo es, aún
más, del que nombró a su remplazo -Resolución No. 0527 del 25 de marzo de
201513-

En tal sentido, el argumento esbozado, tratándose de un hecho posterior a la
declaratoria de insubsistencia, no puede tenerse como fundamento para acreditar
una desviación de poder, a lo sumo, puede tenerse como un indicio al cual deben
acompañarse otras pruebas al respecto, cosa que no sucedió en el sub examine.

Por tanto, se abstendrá la Sala de analizar el argumento en la forma en que fue
propuesto por cuanto, se insiste, por tratarse de hechos posteriores al acto de retiro,
no permiten acreditar la intención con que actuó el nominador 14.

2. Que la demandante ejerció sus funciones en forma idónea, atendiendo a los fines
del servicio, quien, además, siempre obtuvo excelentes resultados de gestión, lo
que, justificaba su permanencia en el servicio, más aún, cuando en su contra nunca
se inició investigación relacionada con los presuntos hechos de corrupción que
sucedían al interior de la regional del SENA, donde laboraba, y que determinaron
que la misma fuera intervenida.

Se apunta que la idoneidad y eficacia en la prestación del servicio no se pueden
considerar como argumentos contundentes que permitan desvirtuar la facultad
discrecional conferida al nominador para la libre remoción.

Ello, como quiera que, es obligación de todo servidor público prestar sus servicios
en forma óptima y eficiente, en la medida que ayuda a la consecución de los fines

10
Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011, radicado interno No.
0734-10, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
11
Folio 15 del expediente.
12
Folio 132 C. 2 del expediente.
13
Folios 395 y 396 del expediente.
14
En este mismo sentido se pronunció la Corporación en sentencia del 1º de agosto de 2024, expediente radicado: 76-001-
23-33-000-2014-00152-01 (0343-2016)

9

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

esenciales del Estado; por tanto, la buena conducta de la actora en el ejercicio de
su cargo no garantiza su estabilidad, sino que se constituye en el presupuesto
natural del ejercicio del empleo 15.

En otras palabras, el buen desempeño de la demandante en el empleo no enerva
la facultad discrecional del nominador para declarar su insubsistencia, además que
con posterioridad a su retiro no se probó ninguna circunstancia negativa que
hubiese afectado el servicio público a cargo de la dependencia donde laboraba.

Consecuente con lo cual, lo afirmado, tampoco determina la configuración de la
causal de anulación invocada.

3. El retiro del servicio de la demandante se produjo por fines políticos,
concretamente, para satisfacer las disposiciones del señor Hernán Andrade,
senador del departamento del Huila, quien obtuvo una gran cantidad de votos en el
departamento del Magdalena, lo que se ve reflejado en que varios funcionarios de
la regional del SENA fueron remplazados por personal proveniente de dicho
departamento.

Pues bien, la prueba documental que reposa en el expediente da cuenta que el
señor Hernán Andrade, candidato del partido conservador, obtuvo en las elecciones
del año 2014, un total de votos en el departamento del Magdalena superior al
obtenido en el año 2010; sin embargo, no existe medio probatorio alguno que
relacione el resultado de estas elecciones con las situaciones administrativas que
tuvieron lugar en el SENA – Regional Magdalena y, mucho menos con la
declaratoria de insubsistencia de la demandante.

La prueba testimonial que fue recaudada en el expediente se refiere a la labor
desempeñada por la señora Amparo Beatriz Peñaranda Masson, pero nada dicen
sobre la situación alegada por ella, en forma reiterativa, a lo largo del trámite
procesal.

En otra palabras, ningún medio probatorio lleva a la convicción de la incidencia que
hubiere podido tener el señor Andrade en las decisiones tomadas dentro de la
entidad demandada; ni de la existencia de relaciones de afinidad, amiguismo,
servicio, o de cualquier otra índole, entre él y quienes fueron nombrados como
funcionarios de la entidad demanda, ni con sus nominadores; ni de ningún otro
comportamiento de índole burocrático que permitiera concluir que aquellas fueron
proferidas por razones distintas al mejoramiento del servicio, más aún, cuando
obedecieron a la potestad discrecional, por tratarse, concretamente, el de la actora,
de un cargo de libre nombramiento y remoción.

15
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de febrero de 2017. Radicado No. 500012333000201300063 01 (3165-2014).

10

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

Copiosa ha sido la jurisprudencia 16 de esta Corporación respecto a la presunción
de legalidad que cobija a los actos administrativos, cuando son proferidos en
ejercicio de la potestad discrecional; presunción que permite concluir que la
decisión fue adoptada en beneficio del interés general.

De tal suerte que en la parte actora recaía la obligación de aportar las pruebas que
llevaran a la certeza de que los fines que tuvo la administración al despojarla de su
cargo fueron ajenos al buen servicio público (carga procesal) y, si no lo hace, como
sucedió en este caso, debe soportar la consecuencia de su desidia, que no es otra,
que la negación de las pretensiones.

En tal sentido, no se observa una indebida valoración probatoria por parte del
Tribunal de primera instancia, por el contrario, la prueba aportada fue analizada en
su integralidad y dicho análisis llevó a la convicción de que los fines políticos
aludidos, como fundamento de la desvinculación de la demandante, no se
encontraban acreditados; conclusión a la que igualmente arribó esta colegiatura.

Corolario a lo expuesto, deberá CONFIRMARSE la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.

De la Condena en Costas.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en las
actuaciones surtidas en el trámite procesal por el extremo demandante, no se

16
Sentencias del 24 de septiembre de 1998 Rad. 14316; 17 de noviembre de 2001 Rad. 0779-11; 3 de agosto de 2006 Rad.
0589-05; 17 de abril de 2008 Rad. 8982-2005; 12 de octubre de 2011 Rad. 0451-11; 11 de mayo de 2023 Rad. 1420-2021,
entre otras.

11

Radicación: 47-001-23-33-000-2015-00027-01 (1830-2019)

presenta una carencia de fundamentación legal que diera lugar a la condena en
costa impuesta, por lo que no se impondrán costas en esta instancia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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