Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2015-00029-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2015-00029-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2015-00029-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 470012333000 2015 00029 01
Demandante: Sandra Rubiano Layton
Demandado: Contraloría General del Departamento del Magdalena
Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Régimen probatorio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 3 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda1
1. La señora Sandra Rubiano Layton2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en
adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20113.
1 Cfr. fls. 2 a 7 del cuaderno principal núm. 1.
2 Por intermedio de apoderado
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
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Demandante: Sandra Rubiano Layton
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que como consecuencia de la ilegalidad de los mismos se declare la Nulidad
del Acto Administrativo fecha 17 de Marzo del 2014, mediante el cual se profirió fallo
de Responsabilidad Fiscal, del Auto de fecha de Junio 13 del 2014 que resolvió la
reposición y del Auto de fecha 19 de Junio de 2014 que resolvió la Apelación
confirmado la decisión adoptada en el fallo de inicial. Toda vez que tanto el Auto que
declara Responsabilidad fiscal, así como los que confirmaron el mismo, se encuentran
viciados de nulidad por infracción de una norma superior, expedición irregular del acto
y falsa motivación.
2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se decrete el archivo del
expediente y en caso de que se hubiese iniciado el proceso de jurisdicción coactiva
respectiva que también se dé por terminado. […]”
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] 3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene:
a. Exonerar a la señora SANDRA RUBIANO LAYTON del pago solidario de la
suma $3.031.560.771.98 a la que fue condenada por los actos administrativos
demandados.
b. Ser excluida de la lista de Responsables Fiscales que informa el boletín de
responsabilidad fiscal y del grupo SIRl de la Procuraduría General de la Nación.
c. Que el departamento del Magdalena - Contraloría General del Departamento del
Magdalena es responsable patrimonialmente por daños y perjuicios extra
patrimoniales causados a la demandante SANDRA RUBIANO LAYTON, al haberla
declarado fiscalmente responsable y como consecuencia de ello.
i. Debe reconocerse pagar a la SEÑORA SANDRA RUBIANO LAYTON, la suma
de 100 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes a título de
indemnización por los perjuicios morales causados.
ii. Que dichos perjuicios se indexen hasta la fecha efectiva del pago y de
conformidad a lo establecido en el C.P.C.A. (sic)
iii. Que el demandado sea condenado a pagar las agencias en derecho como
consecuencia de la presente actuación. […]”
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:
4 Cfr. fls 2 a 7 del cuaderno principal núm. 1.
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Demandante: Sandra Rubiano Layton
5. La Contraloría General del Departamento del Magdalena, inició indagación
preliminar con base en la denuncia realizada por las presuntas irregularidades sobre
el contrato relacionado con el parque Tayku, celebrado por el Departamento de
Magdalena.
6. Como presuntos responsables fiscales se vinculó, entre otros, a la señora Sandra
Rubiano Layton, en su calidad de Gobernadora Encargada entre el 12 de marzo al
25 de junio de 2007.
7. El 17 de marzo de 2014 se profirió fallo con responsabilidad fiscal por la suma de
$ 3.031.560.771,98, contra la parte demandante, entre otros.
8. Mediante auto de 13 de junio de 2014, se decidió el recurso de reposición
interpuesto, confirmando el fallo con responsabilidad fiscal y se concedió el recurso
de apelación.
9. Mediante auto de 19 de junio de 2014, se resolvió el recurso de apelación y se
confirmaron las decisiones adoptadas.
10. Sostuvo que, los actos administrativos demandados “[…] se encuentran viciados
de nulidad por expedición irregular con violación al debido proceso, infracción de una
norma y falsa motivación […]”.
Normas violadas
11. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 1, 2, 6, 29 y 209 de la Constitución Política.
• Artículos 99 y 103 de la Ley 338 de 19975
• Artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 19986.
• Artículos 22, 30, 41, 42, 44, 45 y 46 de la Ley 610 de 20007.
5 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”
6 "[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]"
7 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías […]"
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Concepto de violación
12. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
Primer cargo: “[…] de la infracción de normas superiores […]”
13. Señaló que, “[…] El proceso ordinario de responsabilidad fiscal está viciado de
nulidad por haber quebrantado los artículos 1, 2, 6, 29 y 209 de la Constitución
Nacional; 22, 30, 41 numeral 4, 42, 44, 45 y 46 de la ley 610 de 2000; articulo 3 y 4
de la ley 489 de 1998: como consecuencia de ello, están viciados de nulidad de los
actos administrativos adelantados. […]”.
14. Al respecto indicó que, en el proceso de responsabilidad fiscal, se transgredieron
las normas indicadas supra “[…] por cuanto el funcionario competente, al momento
de expedir el auto de apertura de responsabilidad fiscal, obrante a folio 55 a 64 del
cuaderno 11, no identifico claramente la entidad estatal afectada […]”
15. Afirmó que hubo “[…] una transgresión directa […]” a lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 610 de 2000, en atención a que la parte demandada profirió auto de
imputación de responsabilidad fiscal, sin haber escuchado la versión libre de
algunos vinculados al proceso de responsabilidad fiscal. Al respecto indicó que para
garantizar el debido proceso debe recibirse la versión libre de todos los implicados.
16. Señaló que, “[…] mediante auto de fecha noviembre 16 de 2012, profirió una
decisión mixta, consistente en que imputó responsabilidad fiscal a unos sujetos (art.
48 ley 610 de 2000) y a otros los desvinculó […] Posteriormente, mediante auto de
diciembre 3 de 2013, modificó el artículo 2 del auto de noviembre 16 de 2012,
ordenando la vinculación de algunos y manteniendo la desvinculación del proceso
a los doctores JAIME GUZMAN y PAUL CORREA SILVA. […] ha sido criterio
jurídico de la Contraloría General de la Republica como de la Auditoria General de
la Republica "que cuando se profieran las denominadas providencias mixtas,
en caso de desvinculación de alguno de los implicados la decisión deberá
someterse a grado de consulta ante superior" […] En consecuencia, al no
surtirse dicho requisito se violó el debido proceso, aspecto que afecta la legalidad
de la actuación. […]”
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17. Indicó que, a su juicio se infringió el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 “[…] por
cuanto estaba en el deber legal de vincular al proceso, como tercero civilmente
responsable, a las compañías aseguradoras que amparaban no solo el manejo
global de los recursos del Departamento del Magdalena que por la ley están
obligados a otorgar los representantes legales de las entidades territoriales y en
general los funcionarios que administran recursos públicos de las entidades
estatales; sino los contratistas del Estado; con la finalidad de amparar los daños y
perjuicios ocasionados por la acción, omisión o extralimitación de los servidores
públicos […]”.
18. Y aseveró que “[…] en el auto de imputación y el fallo con responsabilidad fiscal
se debe indicar claramente que sus efectos se hacen extensivos al garante en los
términos establecidos en las pólizas en lo que tienen que ver con los riesgos
amparables, fechas que cobija la póliza, sumas asegurables y en su calidad de
tercero civilmente responsable […]”.
19. Igualmente, afirmó que se vulneraron los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de
2000, al no respetar los términos probatorios en el tramite del proceso de
responsabilidad fiscal. Además, mencionó que no se debió vincular al Consorcio
Gamma y a la Unión temporal parque Tayku, pues ambas carecían de “[…]
personalidad jurídica […]” para ser parte del proceso.
Segundo cargo: “[…] de la falsa motivación […]”
20. Refirió que, en los actos administrativos demandados se menciona “[…] que
para la ejecución de la obra se requería de la licencia de construcción […]”,
argumentos que sirvieron de base para declarar la responsabilidad fiscal; al
respecto, sostuvo que “[…] la obra de construcción de la primera etapa del parque
Tayku, no constituye una obra de edificación, urbanización o parcelación de terreno
urbano, como tampoco de expansión urbana y rural, ni implica una intervención u
ocupación del espacio público. Por tal motivo no requería de licencia de
construcción […]”.
21. Resaltó que “[…] el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORAL DEL DISTRITO
DE SANTA MARTA, incluyó el proyecto de recuperación del Centro Histórico como
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Macroproyecto y en el Plan Especial de Protección - PEP-, se definieron los
parámetros de construcción para las obras de recuperación del espacio público que
se adelantaran en el plan de recuperación del espacio público […] considerado
proyecto prioritario, connotaciones que permitían desarrollar la obra sin la
expedición de la licencia de construcción, por considerarse un macroproyecto, obra
estratégica para la ciudad. Dicho de otra manera, el parque tayku hace parte de las
obras de espacio público de PEP, como se ratifica y prioriza su desarrollo en el
convenio interadministrativo No. 1377-06 celebrado entre el Ministerio de Cultura,
El Distrito de Santa Marta y el Departamento del Magdalena. […]”.
Tercer cargo: “[…] de la expedición de manera irregular […]”
22. Señaló que “[…] No se especificó en los actos demandados, el momento en que
se produjo, se presentó o inició el daño patrimonial, dicho de otra manera, en el fallo
con responsabilidad fiscal no se determinó en qué fecha o momento exacto tuvo
lugar la conducta gravemente culposa causante del daño patrimonial. Acaso fue ¿Al
momento de celebrar el contrato?, ¿Al momento de dar inicio en su ejecución?, ¿Al
momento de efectuar el pago al contratista U.T. PARQUE TAYKU?, ¿Al momento
de la liquidación del contrato No. 081 de febrero 9 del 2007? Estos aspectos generan
como consecuencia que los actos demandados fueron irregularmente expedidos.
Motivo por el cual están viciados de nulidad […]”
Contestación de la demanda8
23. La Contraloría General del Departamento del Magdalena9 contestó la demanda,
oponiéndose a las pretensiones de la parte demandante y argumentó que la
demanda carece de fundamentos jurídicos y probatorios.
Excepción propuesta
24. La parte demandada, propuso como excepción la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con base en los siguientes
argumentos:
8 Cfr. fls. 428 a 437 del cuaderno principal núm. 1.
9 Por intermedio de apoderado.
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24.1. Adujo que “[…] se observa entonces que en el cuaderno #8, visible a folio
1673, la constancia de ejecutoria del fallo de responsabilidad fiscal, donde se
indica que el mismo quedo debidamente ejecutoriado el día 25 de junio de
2014 […]” (Negrilla del texto original)
24.2. Y en ese sentido, señaló que “[…] la actora tenía hasta el día 25 de octubre
del 2014 para presentar la demanda. No obstante, en fecha 24 de octubre de 2014
presento ante la Procuraduría No 43 judicial II para asuntos administrativos solicitud
de conciliación prejudicial. En fecha 20 de enero de 2015 se celebró audiencia de
conciliación y se expidió la constancia de no conciliación. Posteriormente la
demanda fue presentada el día 26 de enero de 2015, lo que a todas luces
contraviene la norma precedentemente citada y como consecuencia sobre este
medio de control opero la caducidad de la acción. […]”
25. Frente a los cargos propuestos por la parte demandante, se opuso a ellos y
expuso sus consideraciones así:
Frente al primer cargo “[…] el derecho al debido proceso en materia de
responsabilidad fiscal […]”
26. Señaló que, el proceso de responsabilidad fiscal se adelantó con las garantías
constitucionales y legales, además afirmó que, se le permitió a la parte demandante
ejercer su derecho de defensa y contradicción, como también presentar los medios
de prueba que considerará conducentes y pertinentes.
27. Refirió que “[…] Debe entender la demandante que las pruebas se analizan en
conjunto y se toma la decisión a que haya lugar pronunciándose sobre las que, a
juicio del fallador, resulten más relevantes y conducentes para motivar la decisión.
Luego no puede pretender la accionante que el fallo deba ser apoyado o justificado
en las pruebas que a ella más le guste o le convengan. […]”.
28. Ahora, frente a los argumentos expuestos por la presunta vulneración al debido
proceso estimó que “[…] con la expedición del Acto de Imputación de Cargos y así
violando la Ley 610 de 2000 en su artículo 42, por que manifiesta que el señor
JAIME GUZMAN no fue escuchado en versión libre. Al respecto, debo manifestar a
los Honorables Magistrados que, en el Auto de Imputación, visible a folio 1.020 del
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proceso de responsabilidad fiscal No. 310, en su artículo segundo se abstuvo de
imputar responsabilidad fiscal en contra del señor JAIME GUZMAN de acuerdo a la
parte motiva del mismo Acto. […]”
Frente al segundo cargo “[…] falsa motivación […]”
29. Refirió que en el fallo de responsabilidad fiscal “[…] no se evidencia que el fallo
haya sido emitido con una falsa motivación, por el contrario, existe suficiente
motivación en el mismo donde se demuestra fehacientemente la responsabilidad de
la actora y la forma o el modo en que ella participo (sic), y se pudo demostrar que
la señora SANDRA RUBIANO LAYTON por ejercer un (sic) gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, en razón a que omitió ejercer su deber de
vigilancia y control; así mismo, ordeno (sic) ejecutar un contrato sin el lleno de los
requisitos para ello, específicamente por ordenar el inicio del proyecto parque
Tayku, sin contar con la debida licencia de construcción, incumpliendo lo señalado
en los artículos 99 y 103 de la Ley 388 de 1997, lo que engendro posteriormente
una orden de suspensión de las obras por el termino de 45 días, con mayores costos
y permanencia en la obra; además por no verificar junto con el interventor, estas
omisiones que fueron definitivas para que el proyecto se frustrara. […]”.
30. Afirmó que “[…] Es en este entendido es que se responsabiliza al citado
procesado, porque la vigilancia de la gestión fiscal por parte de este ente de control
tiene como fin la protección del patrimonio público, la transparencia y moralidad en
todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y
recursos públicos y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento
de los fines del Estado. […]”.
Frente a la “[…] actuación de la Contraloría del Departamento del Magdalena,
con base en la autonomía del órgano y de la función de control fiscal […]”
31. Señaló que conforme a los principios constitucionales y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la autonomía de la Contraloría General de la República y de
las Contralorías Territoriales respecto a la función de control fiscal “[…] consiste,
básicamente, en el establecimiento de una estructura y organización de
naturaleza administrativa especializada, a la cual se le ha asignado un haz de
competencias específicas que pueden ejercerse de manera autónoma e
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independiente, a través de órganos propios, y que dispone, al mismo tiempo,
de medios personales y de recursos materiales de orden financiero y
presupuestal que puede manejar, sin la injerencia ni la intervención de otras
autoridades u órganos. […]”. (Negrillas y subrayado del texto original)
32. Precisó que “[…] de acuerdo con los principios que orientan la organización del
Estado Colombiano, la competencia asignada a los órganos de control fiscal se
ejerce de manera autónoma e independiente y sin que su ejercicio pueda ser
objeto de sujeción o condicionamiento a las decisiones de cualquiera de los
órganos que componen las ramas del poder público o de los demás órganos
a los que la Constitución reconoce la misma autonomía. […]” (Negrillas y
subrayado del texto original)
Sentencia apelada10
33. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el 3 de
octubre de 2018, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En caso de no ser apelada la presente providencia, archívese el
expediente. […]” Negrillas de texto original
Consideraciones en la sentencia proferida en primera instancia
34. El a quo señaló que de conformidad con el material probatorio obrante en el
proceso y el expediente administrativo contentivo del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 310 de la Contraloría General del Departamento del Magdalena,
concluyó que, la parte demandante no logró acreditar que existiera falsa motivación
y expedición irregular de los actos acusados.
35. Y con fundamento en ello, consideró que el fallo de responsabilidad fiscal y el
auto confirmatorio, se encontraron fundados en pruebas legalmente producidas y
allegadas al trámite de responsabilidad fiscal.
10 Cfr. fls. 562 a 579 del cuaderno principal núm. 1
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Sobre el análisis de los presupuestos establecidos en la Ley 610 de 2000 para
atribuirle responsabilidad fiscal a la parte demandante
36. El a quo analizó: i) que se haya cometido una conducta dolosa o culposa en el
ejercicio de su gestión fiscal; ii) que se haya ocasionado un daño patrimonial al
erario público; y iii) la relación de causalidad entre la conducta y el daño.
Respecto a la acreditación de una conducta dolosa y gravemente culposa de
quien ejerció gestión fiscal
37. Refirió que “[…] De conformidad con las pruebas allegadas al plenario, está
acreditado en el proceso que la señora SANDRA RUBIANO LAYTON fungió como
gobernadora encargada del Departamento del Magdalena desde marzo 30 de 2006
en varios días y en año 2007 especialmente desde el 12 de marzo de 2007 hasta el
25 de junio de la misma anualidad, y en calidad de tal, participó como gerente del
proyecto del Parque Tayku en la licitación pública, suscribió el contrato de obra No.
081 del 09 de febrero de 2007, cuyo objeto consistía en la construcción de la primera
etapa del proyecto en virtud del convenio interadministrativo No. 1377 del 12 de
octubre de 2006, celebrado con el Ministerio de Cultura, el Departamento del
Magdalena y el Distrito de Santa Marta; y además pasó a desembolsar al contratista
el dinero por concepto de anticipo pactado en la etapa precontractual […]”.
38. Señaló que “[…] La demandante para el periodo en que fue encargada de la
Gobernación del Magdalena a la cual se le atribuye la función de ordenación del
gasto y como tal fungió como gestora fiscal en la actividad contractual, razón por la
que se colige que la misma estaba en el deber legal de vigilar adecuadamente la
etapa previa al contrato so pena de incurrir en las sanciones a que hubiere lugar
[…]”.
39. Igualmente indicó que “[…] está probado en el expediente que en el curso de la
gestión contractual de la entidad de orden departamental se incurrió en una serie
de fallas técnicas y administrativas que consistieron en la mala estructuración de los
diseños arquitectónicos e hidrosanitarios, tal como se indicaron en los informes del
CTI allegados al proceso, y en igual sentido el inicio de la ejecución de la obra sin
la respectiva licencia de construcción, así como fue manifestado por la actora en su
versión libre, que conllevo a la suspensión de la misma en varias oportunidades […]”
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40. Mencionó que el Decreto 564 de 2006, vigente para al momento de suscribir el
contrato obra, establecía la necesidad de la licencia de construcción, concordante
con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, por lo cual sostuvo que
“[…] se entiende que para la realización de una construcción, edificación o
desarrollo urbano es requisito sine qua non la expedición de la correspondiente
licencia de construcción conforme con el Plan de Ordenamiento Territorial y con las
normas urbanísticas del municipio o distrito […]”.
41. Al respecto mencionó que en el fallo de responsabilidad fiscal se indicó que:
“[…] “(...) el incumplimiento notorio, se presenta en el no acatamiento de lo
preceptuado en los articulo 99 y 103 de la Ley 388 de 1997 (...)
(...)
Este hecho, se denota con una simple lectura de lo normado, lo que resulta en una
omisión en el cumplimiento de la normativa, ya que como se conoció dentro de la
investigación, el acta de inicio de obras, se firma por las partes el 8 de marzo de 2007
y la licencia de construcción fue expedida el 18 de noviembre de 2007; es decir casi
diez (10) meses después de firmada esa acta.” (...) […]”
42. Concluyó que “[…] con las anteriores omisiones se evidencia la configuración
de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de la accionante en el
tiempo que le fue asignado por encargo el Despacho de la Gobernación del
Magdalena, y por ende se le atribuyo la dirección y manejo de la actividad
contractual en dicha Entidad Departamental, la cual es objeto de discusión en el
presente asunto. […]”
Respecto a la existencia del daño patrimonial
43. Anotó que “[…] Del acta de liquidación del contrato número 081 de 2007 visible
a folios 88 a 95 del cuaderno de pruebas II, se observa la paralización de la obra de
la primera etapa del proyecto del Parque Tayku por 305 días, y por ende, la
terminación definitiva del precitado contrato, seguido de unos saldos a favor del
contratista; por lo que se encuentra probado la deficiente inversión de unos recursos
estatales en cabeza del Departamento del Magdalena. […]”
44. Y advirtió que “[…] la Gobernación del Departamento del Magdalena realizó
pagos como consecuencia del contrato 081 del 09 de febrero de 2007, por la suma
de $2.483.603.340,oo, y como la obra no se terminó de ejecutar, se evidencia el
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daño ocasionado por una obra inconclusa, en menoscabo de los derechos
colectivos de los ciudadanos al obviarse el cumplimiento de una finalidad estatal
que implicaba la recuperación de espacio público del Centro Histórico de la ciudad
de la Santa Marta con la construcción del precitado proyecto; estando así las cosas,
a juicio de esta Corporación se encuentra acreditado este segundo presupuesto
consistente en la existencia de un daño patrimonial causado al ente departamental.
[…]”
Respecto a la relación de causalidad entre la conducta y el daño
45. Consideró que “[…] para la Sala no hay dudas que la ineficiente gestión fiscal
adelantada por la señora SANDRA RUBIANDO (sic) LEYTON en calidad de
Gobernadora Encargada, en la etapa precontractual del proyecto objeto de disputa
influyó indiscutiblemente en la falta de planes, procesos y estudios previos
tendientes a evitar una mala ejecución contractual; razón por la cual quedó
demostrado el nexo causal entre la conducta dolosa o gravemente culposa incurrida
por la demandante y el daño patrimonial generado. […]”
46. Respecto a los cargos propuestos por la parte demandante el a quo se pronunció
de la siguiente manera:
Frente a “[…] infracción de las normas superiores […]”
47. El a quo señaló que “[…] La demandante afirma que en la actuación
administrativa, esto es, en la formulación de imputación de responsabilidad fiscal no
se identificó la entidad estatal afectada y con ello, se desconoció lo establecido en
el artículo 41 de la Ley 610 de 2000; sin embargo, tal aseveración no es de recibo
para la Sala pues a lo largo del mencionado proveído el órgano de control fiscal
determinó con suficiencia que la entidad pública que resultó patrimonialmente
afectada fue el Departamento del Magdalena al haber invertido la suma de
$2.483.603.340,oo en una obra que no se concluyó y que además tampoco satisfizo
la finalidad para la cual estaba destinada […]”.
48. Frente a la presunta vulneración del artículo 42 de la Ley 610 de 2000, indicó
que “[…] si bien los hechos conexos por presunta responsabilidad fiscal deben ser
investigados y decididos de manera conjunta según lo preceptuado por el artículo
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14 de la Ley 610 de 2000, en igual sentido, se estima que tal situación no afecta su
derecho fundamental al debido proceso, entretanto que en el expediente existían
suficientes elementos probatorios para imputarle responsabilidad,
independientemente de las circunstancias fácticas que rodearon el caso del señor
Jaime Guzmán Rozón […] Por lo anterior, no hubo violación directa a norma
superior alguna […]”.
49. Precisó que, respecto “[…] a la formulación de imputación de responsabilidad
fiscal concomitante con la desvinculación de varios implicados, cuya decisión mixta
se haya contenida en los autos de fecha 16 de noviembre de 2012 y 3 de diciembre
de 2013, y que en palabras de la accionante debieron ser estudiados en grado de
consulta; la Sala estima que para efectos de resolver este cargo de nulidad
planteado se impone recordar que, conforme a lo consagrado en el artículo 18 de la
ley 610 de 2000 […] es dable para el Tribunal que el cargo de violación al debido
proceso formulado por la actora en lo atinente a la decisión mixta contenida en los
proveídos inicialmente mencionados tampoco tiene vocación de prosperidad, por
cuanto su situación no encuadra dentro de los presupuestos para que proceda la
consulta conforme el artículo 18 de la ley 610 de 2000 […]”.
50. Refirió que “[…] En cuanto a la falta de vinculación de las compañías
aseguradoras como tercero civilmente responsable de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, expone esta Corporación que
la vinculación del garante lo es a título de responsabilidad civil y no fiscal. En el
expediente obra resolución número 023 del 06 de marzo de 2007 […] en la cual se
aprueba la póliza de seguro 935576 y 160988 de la Compañía de Seguros Liberty
Seguros S.A. suscrita por la Unión Temporal Parque Tayku, y cuyo objeto consiste
en garantizar a favor del Departamento del Magdalena, el anticipo, cumplimiento,
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil
extracontractual del Contrato No. 081 del 9 de febrero de 2007 […]”
51. Resaltó que “[…] el contrato de seguros tenía por objeto garantizar (al
Departamento del Magdalena) que el contratista Unión Temporal Parque Tayku
cumpliera su obligación y no a la inversa; por lo que es menester destacar que en
lo absoluto incidiría la vinculación de la compañía aseguradora en la responsabilidad
fiscal atribuida a la demandante […]”; y concluyó que “[…] el no haber vinculado la
Contraloría del Departamento del Magdalena en el proceso de responsabilidad fiscal
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a la compañía de seguros mediante el cual se amparó el contrato de obra No. 081
del 9 de febrero de 2007, no da lugar a declarar la nulidad de los actos demandados,
pues como ya se indicó su vinculación no se realiza en calidad de responsable fiscal,
sino en calidad de tercero civilmente responsable […]”.
52. Frente al término de la práctica de pruebas, adujo que “[…] a juicio de la Sala si
bien se excedió el termino para adelantar la indagación preliminar o para resolver
de fondo el asunto como lo alega la demandante, de ello no se deriva
automáticamente el archivo de la actuación […] no comparte este Tribunal que las
probanzas decretadas, solicitadas y recaudadas con posterioridad al 10 de octubre
de 2008 o en el año 2013, resultan inexistentes o por el contrario no podían ser
valoradas ni tenidas en cuenta para proferir el auto de apertura de responsabilidad
fiscal, como bien lo afirma la demandante, como quiera que por remisión expresa
del articulo 66 ibidem para aquellos asuntos no regulados, la Ley 1474 de 2011 […]
en su artículo 107 preceptúa que a pesar de ser preclusivos los plazos legalmente
previstos para la práctica de las pruebas en la indagación preliminar y en la etapa
de investigación en los procesos de responsabilidad fiscal; el periodo probatorio en
el proceso ordinario de responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años
contados a partir del momento en que se notifique la providencia que las decreta,
situación que en el caso de estudio no se observó a más que las pruebas
recaudadas se sometieron a los principios de publicidad, contradicción y no fueron
tachadas de falsas. […]”.
53. Finalmente, frente a la vinculación del Consorcio GAMMA y la Unión Temporal
Parque Tayku dentro del proceso de responsabilidad fiscal señaló que “[…] Si bien
es cierto los consorcios y uniones temporales no cuentan con personería jurídica,
también es cierto que dichas sociedades se conforman con el objeto de presentar
una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal y su responsabilidad será de
acuerdo a su conformación (Artículo 7 de la Ley 80 de 1993). Así las cosas,
considera la Sala que esta situación no vulnera los derechos al debido proceso,
defensa y contradicción de la actora, los cuales fueron respetados durante el curso
de la investigación y tramite del proceso ordinario fiscal. […]”.
Frente a la “[…] falsa motivación […]”
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54. Al respecto, el a quo manifestó que “[…] de conformidad con el Decreto 564 de
2006 vigente para la época de los hechos y el artículo 99 de la Ley 388 de 1997,
normas que fueron citadas en el numeral 2.6. de esta providencia, el proyecto
denominado parque Tayku, requería de manera previa a su ejecución la obtención
de la licencia urbanística, tanto así que posteriormente a la suscripción del contrato
de obra No. 081 del 9 de febrero de 2007, mediante la Resolución No. 308 del 22
de noviembre de 2007, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de Santa Marta, se
le otorgó al proyecto la respectiva licencia. Por tal razón el presente cargo tampoco
tiene vocación de prosperidad […]”.
Frente a la “[…] expedición irregular de los actos acusados […]”
55. Consideró que este cargo tampoco tenía vocación de prosperidad, toda vez que
“[…] se evidencia que los actos acusados analizan la conducta de cada uno de los
implicados y especifican el daño patrimonial que se le causo a la gobernación el
Magdalena, por no observar los principios de planeación en la estructuración del
mencionado proyecto objeto de debate en el presente proceso y no se ejecutó en
su totalidad […]”.
56. Y en atención a lo anterior, consideró que “[…] el actuar de la demandante quedo
demostrado con el material probatorio aportado al expediente de la referencia, el
cual da cuenta del inicio de una obra que no fue terminada según se observa en el
acta de liquidación del contrato de obra No. 081 del 9 de febrero de 2007, por ende,
las decisiones subsiguientes, obedecieron a la imposición de su responsabilidad
fiscal. […]”.
Recurso de apelación11
57. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación
contra la sentencia proferida en primera instancia el 3 de octubre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena; para lo cual expone los siguientes
argumentos:
58. Afirmó que, en la sentencia proferida en primera instancia “[…] no se encuentran
estructurados los elementos que determinan la responsabilidad de la demandante
11 Cfr. fls. 591 a 621 del cuaderno principal núm. 2.
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[…]”, al respecto sostuvo que “[…] comete yerros al hacer el análisis de la existencia
de la conducta dolosa y del nexo causal […]”.
59. Frente a la existencia de la conducta dolosa refirió que, “[…] no está demostrado
la falta de planeación del contrato inserto dentro un Proyecto denominado PARQUE
TAYKU […] Lo que está demostrado, es justamente que si hubo una etapa previa
que contempló la estructuración del proceso, con la participación de entidades tan
serias como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Universidad de los Andes y
la Universidad Javeriana y no pueden ser desconocidas como la fase de planeación
del Proyecto Tayku en el que se insertaba el contrato 081 de 2007 […]”.
60. Indicó las actuaciones que se adelantaron de manera previa a la celebración del
contrato de la construcción del parque y aseveró que “[…] Todas estas actuaciones,
constituían el soporte de los estudios previos, y fueron aportadas al proceso de
responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría Departamental del Magdalena
[…]”; sin embargo, refirió que “[…] En el Fallo de primera instancia no se observa
cual es el mérito el Tribunal le asigna a las pruebas presentadas por la demandante,
para demostrar que si hubo planeación […]”.
61. Afirmó que “[…] señala el Fallo de Primera Instancia que hubo fallas técnicas y
administrativas, que consistieron en la mala estructuración de los diseños
arquitectónicos e hidrosanitarios; pero NO dice que es lo que hace "malos" los
diseños arquitectónicos y los diseños hidrosanitarios […]”; además anotó que “[…]
si con las fallas administrativas y técnicas se refiere el fallo a la supuesta falta de la
Licencia de Construcción como requisito para adelantar el Proyecto, encontramos
que a la luz de la normatividad vigente, tal licencia no era necesaria por la naturaleza
de la entidad que adelantaba el proyecto y la condición de adquisición del bien […]”.
62. Mencionó que “[…] en gracia de discusión, no expone la sentencia, y mucho
menos se encuentra probado en el expediente o en la investigación de la
Contraloría, que la falta de licencia de construcción haya sido el hecho generador
del daño ocasionado por la parálisis de la obra, mas allá de una mera mención del
acta u orden de suspensión en los informes de la Contraloría sostenido
específicamente como "acta de suspensión" del contrato 081 del 2007 con plazo de
45 días calendarios por orden de la policía Nacional por controvertir, según su
postura, no tener licencia de construcción, no obstante, con todo y se verifica la
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suspensión, se evidencia que la obra se reinició el 12 de noviembre del 2007 con
fecha de terminación 24 de enero del 2008, teniendo en cuenta que la licencia de
construcción fue otorgada el 22 de noviembre del 2007 […]”.
63. Respecto al nexo causal entre la conducta desplegada por la parte demandante
y el daño patrimonial, refirió que “[…] Las pruebas obrantes en el proceso
demuestran que el hecho que impidió la continuidad del proyecto fue la falta de
recursos o refinanciación en que quedó el proyecto debido a (sic) al embargo
efectuado por parte de FONPRECON el 28 de noviembre del año 2007 por la suma
de ($1.377 Millones), dineros que había dejado la doctora RUBIANO al momento de
terminar su cargo, y que estaban destinados a la terminación del proyecto, por tal
motivo queda inconcluso, todo por cuenta de causas ajenas a la voluntad y cargo
de mi poderdante […]”
64. Destacó que “[…] si bien se produjo un daño al patrimonio, este no tiene como
responsable fiscal a la señora Sandra Rubiano, ya que. (sic) por un lado el hecho
generador, según las pruebas militantes en el proceso demuestran que el hecho
generador del daño ocurrió después de que esta había dejado su cargo de
gobernadora encargada del Departamento del Magdalena y, al contrario de lo
afirmado por el Aquo los otros dos elementos concurrentes de la responsabilidad-
una conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo de causalidad entre esta y el
daño - no se configuran según el acervo probatorio que se detalló en los acápites
precedentes de este recurso; acervo probatorio que no fue valorado, conforme lo
ordena la regla de apreciación integral de las pruebas […]”.
65. Respecto al cargo de falsa motivación, insistió en que “[…] se deben estudiar de
manera particular y especifica si la demandante incurrió en esos cargos puntuales
señalados en la sentencia, pues de las pruebas obrantes en el plenario, se logra
inferir que la obra se paralizo por el embargo, y adicionalmente, por la exigencia de
la licencia urbanística el cual a todas luces es un hecho que no puede imputarse a
mi poderdante, más aún, si se tiene en cuenta que la doctora RUBIANO no participó
en la evaluación o adjudicación del contrato, pues solo estuvo como gobernadora
por un lapso corto, por lo que merece que su conducta sea analizada precisamente
por ese tiempo y no endilgar la responsabilidad por todo el fracaso de la obra […]”.
Trámite en segunda instancia
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66. El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 201912, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 3 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
67. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de junio de 2023, negó las
solicitudes probatorias.
68. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de diciembre de 202313, corrió
traslado común a las partes por el término de 10 días, para que presentaran los
alegatos de conclusión por escrito, y ordenó surtir el traslado al Agente del Ministerio
Público.
69. Las partes presentaron alegatos de conclusión por escrito: i) la parte
demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación, y en consecuencia solicitó se declarará la nulidad de los actos
administrativos demandados y, ii) la parte demandada reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
70. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de las
atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría General de la Republica en los
procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del proceso de
responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo de la culpa como elemento de la
responsabilidad fiscal; vii) el marco del debido proceso administrativo; viii) el marco
normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal; y ix) el
análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
12 Cfr. fl. 4 del cuaderno de segunda instancia.
13 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 21 “[…] Auto que corre traslado para alegar […]”
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71. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo14 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda
instancia.
72. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
73. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 15 sobre los
fines de la apelación y la competencia del superior, la Sala procederá a examinar
únicamente las argumentaciones expuestas por la parte demandante en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2018 por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda, porque estas, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
Actos administrativos acusados
74. Los actos administrativos acusados16 son los siguientes:
74.1. El acto administrativo que contiene el fallo con responsabilidad fiscal de 17 de
marzo de 201417 resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal de conformidad con el
artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de TRES MIL TREINTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.031.560.771,98) en contra de los señores
TRINO LUNA CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.635.659 en
su calidad de Gobernador del Magdalena para el periodo 2004-2007, SANDRA
RUBIANO LAYTON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.762.144 en su
calidad de Gobernadora encargada para el periodo 2007, OMAR DIAZGRANADOS
14 “[…] Artículo 150. Inciso modificado por el artículo 25, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]
15 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
16 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin
perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
17 Cfr. fls. 136 a 148 del cuaderno principal núm 1.
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VELASQUEZ identificado con la cédula de ciudadanía N°. 85.450.739 en su calidad
de Gobernador del Magdalena, señor WILLIAM RIZCALA MUVDI identificado con la
Cédula de Ciudadanía N° 8.736.244 en su calidad de representante legal de la UNIÓN
TEMPORAL PARQUE TAYKU y al señor EDINSON VASQUEZ CAMPOS
identificado con la cédula de ciudadanía N° 85.450.739 en su calidad de
Representante Legal de la Firma Consorcio GAMMA e interventor de la obra
cuestionada, los cuales responderán de manera solidaria por las razones expuestas
en esta providencia. […]"
74.2. El Auto de 13 de junio de 201418, “[…] Auto por el cual se decide sobre unos
recursos de reposición […]”, que confirmó en su totalidad el fallo con
responsabilidad fiscal de 17 de marzo de 2014.
74.3. El Auto de 19 de junio de 201419, “[…] Por medio del cual se decide un recurso
de apelación […]”, que confirmó en su totalidad el fallo con responsabilidad fiscal de
17 de marzo de 2014.
Problema jurídico
75. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar:
76. Si el Fallo con responsabilidad fiscal de 17 de marzo de 2014 fue expedido con
falsa motivación.
77. Si los actos administrativos acusados infringieron el artículo 29 de la
Constitución, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa de la parte
demandante.
78. Si es procedente o no declarar la nulidad del Fallo con responsabilidad fiscal de
17 de marzo de 2014, y en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera
instancia.
79. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
18 Cfr. fls. 218 a 238 del cuaderno principal núm. 1
19 Cfr. fls. 242 a 272 del cuaderno principal núm. 1
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Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría
General de la República y las contralorías departamentales en los procesos
de responsabilidad fiscal
80. Visto el numeral 5.° del artículo 26820 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
81. Visto el artículo 272 de la Constitución Política, “[…] La vigilancia de la gestión
fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías,
corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la
República […]”; y “[…] La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales
[…]”.
82. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República, y en
el caso de las entidades territoriales, los contralores departamentales, distritales o
municipales, según sea el caso, establecen la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de
resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
83. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
establece:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
20 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
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84. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 21 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.
85. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.
86. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se configura
sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.
87. Visto el artículo 5.° ejusdem, los elementos de la responsabilidad fiscal son los
siguientes:
88. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.
89. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio público
por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el deterioro
de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos, generada por
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que, en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
21 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”21.
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del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías22.
90. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
91. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.
Marco normativo de la culpa como elemento de la responsabilidad fiscal
92. La Ley 42 reglamentó en los artículos 72 y siguientes el proceso de
responsabilidad fiscal, pero no hizo mención al grado de culpa en que debían incurrir
quienes tuvieran a su cargo la gestión fiscal para efectos de declarar su
responsabilidad.
93. Visto el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 610, se refirió al grado de culpa
generador de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:
“[…] Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.
Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.
22 Artículo 6.° de la Ley 610
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Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer
responsabilidad fiscal será el de la culpa leve." […]”. (Destacado fuera de texto)
94. Visto el artículo 53 de la Ley 610, respecto del mismo concepto dispuso:
“[…] "Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente
proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes. […]”. (Destacado fuera de texto)
95. La Corte Constitucional23 declaró inexequibles los textos acusados con los
siguientes argumentos:
“[…] 6. (…) En el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de
imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el
inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los
agentes frente al Estado.
6.1. (…) a diferencia de lo que ocurre con la acción de repetición, el constituyente no
señala un criterio normativo de imputación de responsabilidad fiscal -entendiendo por
tal una razón de justicia que permita atribuir el daño antijurídico a su autor […]
6.2. En ese contexto, es entendible que el criterio normativo de imputación de la
responsabilidad fiscal sea determinado por el legislador con base en el artículo 124
de la Carta, de acuerdo con el cual "La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva" […]
6.3. Pero entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿El legislador es autónomo
para determinar la fuente de la responsabilidad fiscal? Desde luego que no. En
ejercicio de la libertad de configuración política, en particular para regular los
procedimientos judiciales y administrativos, aquél se encuentra sometido al conjunto
de valores, principios, derechos y garantías que racionalizan el ejercicio del poder en
el Estado constitucional. […]
6.4. […] El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha
determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales
en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede
concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de
equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos
elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el
caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta […]
6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las
expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un
23 Corte Constitucional. Sentencia C- 619 de 8 de agosto de 2002.
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régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el
constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la
acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a
la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de
responsabilidad y remite a la culpa leve […]
6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura
un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un
fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para
la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.
Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación
proporcional […]
6.8. Téngase en cuenta que ambas modalidades de responsabilidad -tanto la
patrimonial como la fiscal- tienen el mismo principio o razón jurídica: la protección del
patrimonio económico del Estado. En este sentido, la finalidad de dichas
responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir
una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están
determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se
estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos
axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión
imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del
agente. […]
6.11. […] desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la
diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente
discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que,
por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad
material. […]”. (Destacado fuera de texto)
96. Conforme la sentencia citada supra, al legislador le está vedado establecer un
régimen de responsabilidad patrimonial con una exigencia de conducta mayor que
aquella que es utilizada para determinar la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos a través de acción de repetición, en los términos previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.
Marco normativo del debido proceso administrativo
97. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se aplicará
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo, “[…] [n]adie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio […]”.
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98. El Decreto 1 de 2 de enero de 198424 y la Ley 1437 regulan, de acuerdo con el
régimen de transición y vigencia, los procedimientos administrativos: entendidos
como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que
sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto
administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica,
general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la
manifestación de la voluntad.
99. Las normas citadas constituyen el marco general para el trámite de los
procedimientos administrativos a los que es aplicable esa normativa, salvo el evento
en que el trámite se encuentre regido por una norma especial, caso en el cual la
administración tiene la obligación de aplicar ese procedimiento, por disposición
expresa de los artículos 1.° del Decreto 1 de 1984 y de la Ley 1437.
Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal
100. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:
101. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado25.
102. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]”26.
24 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
25 Artículo 23
26 Artículo 24
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103. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquier medio de prueba27 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional28.
104. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal29.
105. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado del
auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.
106. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de
traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República
debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que
considere pertinentes y conducentes.
107. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.
108. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.
109. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.
27 Artículo 25
28 Artículo 26
29 Artículo 32
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110. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.
111. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.
Análisis del caso concreto
112. Conforme al marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales indicados en
la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
113. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 156430, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
Acervo y análisis probatorio
114. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo
que contiene el proceso de responsabilidad fiscal31.
30 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
31 Cfr. los cuadernos de pruebas núms. 1, 2 y 3.
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115. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la parte
demandante en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.
116. En el caso sub examine, la parte demandante señaló que, contrario a lo
expuesto por el a quo, y en aras de probar que la falta de planificación fue el hecho
generador del daño, señaló que “[…] Esta demostrado que la Señora Sandra
Rubiano fue encargada como Gobernadora durante los periodos anotados, como
igualmente lo ésta que suscribió el Contrato 081 de 2007, pero en cambio no está
demostrado la falta de planeación del contrato inserto dentro un Proyecto
denominado PARQUE TAYKU […]”.
117. Al respecto, hizo referencia a las actuaciones adelantadas de manera previa a
la suscripción del contrato e indicó que “[…] estas actuaciones, constituían el
soporte de los estudios previos, y fueron aportadas al proceso de responsabilidad
fiscal adelantado por la Contraloría Departamental del Magdalena, así como a la
presente demanda ilustradas dentro de la Audiencia Inicial celebrada el 18 de julio
de 2018 y anexos a los alegatos de conclusión […]”.
118. Refirió que “[…] el Fallo judicial de primera instancia que se impugna- como
tampoco el fallo administrativo emitido por la Contraloría General del Departamento
• no realiza ninguna apreciación de los anexos que se aportan en los alegatos de
conclusión, ni sobre los documentos que soportan las citadas actuaciones previas
al contrato […]”.
119. Ahora bien, la Sala advierte que, el a quo relacionó en la sentencia los
siguientes documentos que fueron allegados al proceso por las partes para que
obraran como medio probatorio:
“[…] Auto por medio del cual la Contraloría General del Departamento del Magdalena
ordena la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal radicado bajo el número
310, proferido el 30 de junio de 2009. (fls. 15-23)
Auto por medio del cual el ente demandado declara la nulidad dentro del proceso de
responsabilidad fiscal radicado bajo el número 310, emitido el 06 de diciembre de
2010. (fls. 24-32)
Auto de imputación de responsabilidad fiscal dentro del expediente número 310.
expedido el 16 de noviembre de 2012 (fls. 33-67)
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Copia del Convenio Interadministrativo No. 1377 celebrado ente el Ministerio de
Cultura, la Gobernación del Magdalena y el Distrito Turístico Cultural e Histórico de
Santa Marta el 12 de octubre de 2006 (fls. 84-89)
Auto por medio del cual se modifica el artículo segundo de la parte resolutiva del auto
de imputación de responsabilidad fiscal de fecha 16 de noviembre de 2012, dentro
del expediente número 310 expedido el 03 de diciembre de 2013 (fls. 93- 127)
Auto por medio del cual se resuelve una petición de nulidad y de pruebas, emitido el
08 de enero de 2014 (fls. 150-156)
Fallo de responsabilidad fiscal del día 17 de marzo de 2014, proferido en contra de la
demandante al interior del expediente número 310 (fls. 158-182)
Auto por medio del cual se niega una solicitud de nulidad contra el fallo de
responsabilidad fiscal, adiado el 24 de abril de 2014(fls. 222 - 225)
Auto por medio del cual se niega por improcedente recurso de apelación interpuesto
contra el proveído del 24 de abril de 2014, y se confirma en todas sus partes (fls. 240-
247)
Auto por medio del cual se declara una suspensión de términos dentro del proceso
de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorio y jurisdicción coactiva, y se
resuelve confirmar por vía del reposición el fallo de responsabilidad fiscal de fecha 17
de marzo de 2014, proferido el día 29 de mayo de 2014 (fls. 250-271)
Auto por medio del cual se revuelve recurso de apelación contra el fallo de
responsabilidad fiscal de fecha 17 de marzo de 2014 y se decide confirmar en todas
sus partes tal providencia, emitido el 19 de junio de 2014 (fls. 276-306)
Certificación emitida por el Jefe de Oficina de Talento Humano de la Secretaria
General de la Gobernación del Magdalena el día 07 de julio de 2015, en la cual hace
constar los periodos por los que fue nombrada la demandante como Secretario de
Despacho, especialmente en el periodo del 12 de marzo al 25 de junio de 2007 (fls.
379-382)
Copia del Decreto No. 452 de 26 de junio de 2001, por medio del cual se modifica el
Manual de funciones y requisitos de la Gobernación del Departamento del Magdalena,
para la planta de personal establecida mediante Decreto 451 de 26 de junio de 2001
(fls. 390-395)
Copia del Decreto No. 082 del 19 de febrero de 2004, por medio del cual se adiciona
el Manual de funciones y requisitos de la Gobernación del Departamento del
Magdalena, el cual se estableció mediante Decreto No. 452 de 26 de junio de 2001
(fls. 410-412)
Copia del Decreto 1577 del 07 de abril de 2006, por el cual se delegan y
desconcentran funciones y se fijan procedimientos en materia de contratación
administrativa en el Departamento del Magdalena (fis. 413-448)
Copia del Decreto No. 170 de 23 de abril de 2007, por medio del cual se adopta la
estructura de la Administración Central del Departamento del Magdalena y se dictan
otras disposiciones (fls. 395-402)
Copia del Decreto No. 221 de 18 de mayo de 2007, por el cual se adopta el Manual
especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos adscritos
a la Administración Central del Departamento del Magdalena (fls. 383- 389)
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Copia del Decreto No. 257 del 25 de abril de 2008, por el cual se crea una
dependencia en la estructura orgánica de la Administración Central del Departamento
del Magdalena y se dictan otras disposiciones (fls. 453-459)
Certificación emitida por el Jefe de Oficina de Talento Humano de la Secretaria
General de la Gobernación del Magdalena el día 04 de diciembre de 2017, en la cual
hace constar los periodos por los que fue nombrada la demandante como Secretario
de Despacho, especialmente en el periodo del 12 de marzo al 25 de junio de 2007
(fls. 595-596)
Certificación emitida por el Jefe de Oficina de Tesorería de la Secretaría de Hacienda
de la Gobernación del Magdalena, en la cual hace constar los anticipos cancelados a
la Unión Temporal Parque Taykú en virtud del contrato número 081 de 2007 (fls. 597-
598)
Informe de órdenes de pago a la Unión Temporal Parque Taykú en virtud del contrato
número 081 de 2007 (fls. 599-609)
Cuaderno de pruebas allegado por la Contraloría General del Departamento del
Magdalena, en la cual hace entrega de todo el expediente del fallo de responsabilidad
número 310 seguido contra la señora SANDRA RUBIANO LAYTON. (fls. 1-507
cuaderno II) […]”
120. La sentencia, además realiza la valoración probatoria de los documentos
enunciados supra y de las actuaciones desplegadas por la parte demandada en el
trámite del proceso de responsabilidad fiscal, el a quo al momento de examinar si
se encontraban acreditados los requisitos para determinar la responsabilidad fiscal
de la parte demandante resaltó que:
120.1. Frente a la acreditación de una conducta dolosa o gravemente culposa de
quien ejerció la gestión fiscal, encontró probado que: i) “[…] la señora SANDRA
RUBIANO LAYTON fungió como gobernadora encargada del Departamento del
Magdalena desde marzo 30 de 2006 en varios días y en año 2007 especialmente
desde el 12 de marzo de 2007 hasta el 25 de junio […]”; ii) “[…] participó como
gerente del proyecto del Parque Tayku en la licitación pública, suscribió el contrato
de obra No. 081 del 081 del 09 de febrero de 2007 […]”; iii) “[…] para el periodo en
que fue encargada de la Gobernación del Magdalena a la cual se le atribuye la
función de ordenación del gasto y como tal fungió como gestora fiscal en la actividad
contractual […] estaba en el deber legal de vigilar adecuadamente la etapa previa
al contrato […]”; iv) “[…] está probado en el expediente que en el curso de la gestión
contractual de la entidad de orden departamental se incurrió en una serie de fallas
técnicas y administrativas que consistieron en la mala estructuración de los diseños
arquitectónicos e hidrosanitarios […] el inicio de la ejecución de la obra sin la
respectiva licencia de construcción […]”; y en ese sentido concluyó que se había
configurado una conducta dolosa o gravemente culposa de la parte demandante en
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el tiempo que le fue asignado por encargo el Despacho de la Gobernación del
Magdalena.
120.2. Respecto a la existencia del daño patrimonial, encontró probado que: i) “[…]
Del acta de liquidación del contrato número 081 de 2007 […] se observa la
paralización de la obra de la primera etapa del proyecto del Parque Taykú por 305
días, y por ende, la terminación definitiva del precitado contrato, seguido de unos
saldos a favor del contratista […]”; ii) “[…] la Gobernación del Departamento del
Magdalena realizó pagos como consecuencia del contrato 081 del 09 de febrero de
2007, por la suma de $2.483.603.340,oo, y como la obra no se terminó de ejecutar,
se evidencia el daño ocasionado […]”; y su juicio se acreditó la existencia del daño
patrimonial.
120.3. Finalmente, en relación a la causalidad entre la conducta y el daño, concluyó
que “[…] no hay duda que la ineficiente gestión fiscal adelantada por la señora
SANDRA RUBIANO LEYTON en calidad de Gobernadora Encargada, en la etapa
precontractual del proyecto objeto de disputa influyó indiscutiblemente en la falta de
planes, procesos y estudios previos tendientes a evitar una mala ejecución
contractual […]”.
121. La parte demandante, en el recurso de apelación insiste en que el a quo no
valoró las pruebas aportadas al proceso al momento de proferir la sentencia de
primera instancia, al respecto esta Sala, estudiará las pruebas que fueron allegadas
oportunamente e incorporadas al proceso indicadas en el numeral 108 supra.
122. Sobre el particular, obra en el expediente constancia suscrita por la Jefe de
Oficina de Talento Humano de la Gobernación del Departamento del Magdalena en
donde se relacionaron los cargos desempeñados por la señora Sandra Rubiano
Layton32, así:
Cargo Fecha de ejercicio del cargo Decreto de designación
Secretario de Despacho, Decreto núm. 1519 de 30 de
Desde el 31 de enero de 2006
Código 020, Grado 02 enero de 2006
Secretario de Despacho, Decreto núm. 003 de 2 de
Desde el 2 de enero de 2007
Código 020, Grado 03 enero de 2007
32 Cfr. folios 327 a 330 del Cuaderno Principal núm. 1
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Gobernador del Departamento
30 y 31 de marzo y 1.° y 2 de Decreto núm. 1569 de 29 de
del Magdalena (Encargada de
abril de 2006 marzo de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1571 de 4 de
del Magdalena (Encargada de 4 al 7 de abril de 2006
abril de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1582 de 17 de
del Magdalena (Encargada de 18 al 21 de abril de 2006
abril de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1595 de 26 de
del Magdalena (Encargada de 26 al 28 de abril de 2006
abril de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1599 de 8 de
del Magdalena (Encargada de 8 al 10 de mayo de 2006
mayo de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1605 de 15 de
del Magdalena (Encargada de 16 y 17 de mayo de 2006
mayo de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1606 de 18 de
del Magdalena (Encargada de 18 y 19 de mayo de 2006
mayo de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
30 y 31 de mayo y 1.° a 4 de Decreto núm. 1616 de 30 de
del Magdalena (Encargada de
junio de 2006 mayo de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1620 de 5 de
del Magdalena (Encargada de 5 al 8 de junio de 2006
junio de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1646 de 16 de
del Magdalena (Encargada de 17 al 26 de junio de 2006
junio de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1659 de 27 de
del Magdalena (Encargada de 28 de junio de 2006
junio de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1662 de 28 de
del Magdalena (Encargada de 29 y 30 de junio de 2006
junio de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1680 de 4 de
del Magdalena (Encargada de 5 al 8 de julio de 2006
julio de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1695 de 17 de
del Magdalena (Encargada de 17 de julio de 2006
julio de 2006
las funciones)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1753 de 25 de
del Magdalena (Encargada de 26 al 28 de julio de 2006
julio de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1759 de 2 de
del Magdalena (Encargada de 2 al 4 de agosto de 2006
agosto de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1792 de 11 de
del Magdalena (Encargada de 13 al 17 de agosto de 2006
agosto de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1818 de 18 de
del Magdalena (Encargada de 18 de agosto de 2006
agosto de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1819 de 22 de
del Magdalena (Encargada de 22 al 28 de agosto de 2006
agosto de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1824 de 28 de
del Magdalena (Encargada de 28 y 29 de agosto de 2006
agosto de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
11 al 14 de septiembre de Decreto núm. 1857 de 11 de
del Magdalena (Encargada de
2006 septiembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
18 al 20 de septiembre de Decreto núm. 1863 de 18 de
del Magdalena (Encargada de
2006 septiembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1878 de 29 de
del Magdalena (Encargada de 29 de septiembre de 2006
septiembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1880 de 2 de
del Magdalena (Encargada de 2 al 4 de octubre de 2006
octubre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1886 de 9 de
del Magdalena (Encargada de 9 al 13 de octubre de 2006
octubre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1944 de 9 de
del Magdalena (Encargada de 21 de octubre de 2006
octubre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1945 de 23 de
del Magdalena (Encargada de 23 al 26 de octubre de 2006
octubre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1962 de 7 de
del Magdalena (Encargada de 8 al 10 de noviembre de 2006
noviembre de 2006
las funciones)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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13 al 17 de noviembre de Decreto núm. 1967 de 14 de
del Magdalena (Encargada de
2006 noviembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
22 al 26 de noviembre de Decreto núm. 1977 de 21 de
del Magdalena (Encargada de
2006 noviembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
28 al 30 de noviembre de Decreto núm. 1986 de 27 de
del Magdalena (Encargada de
2006 noviembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 1999 de 11 de
del Magdalena (Encargada de 13 de diciembre de 2006
diciembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
21 al 25 y 27 al 31 de Decreto núm. 2010 de 20 de
del Magdalena (Encargada de
diciembre de 2006 diciembre de 2006
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 010 de 17 de
del Magdalena (Encargada de 17 al 19 de enero de 2007
enero de 2007
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 024 de 17 de
del Magdalena (Encargada de 24 al 26 de enero de 2007
enero de 2007
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 035 de 1.° de
del Magdalena (Encargada de 1.° al 3 de febrero de 2007
febrero de 2007
las funciones)
Gobernador del Departamento
Decreto núm. 115 de 8 de
del Magdalena (Encargada de 8 y 9 de marzo de 2007
marzo de 2007
las funciones)
Decreto núm. 118 de 9 de
Gobernador del Departamento A partir del 12 de marzo de marzo de 2007
del Magdalena (Encargada de 200733 Decreto núm. 2354 de 25 de
las funciones) Hasta 25 de Junio de 2007 junio de 2007 (Designan nuevo
Gobernador Encargado)
Decreto núm. 258 de 29 de
Gerente de proyectos abril de 2008
departamental Código 039, Desde el 6 de mayo de 2008, Decreto núm. 077 de 17 de
Grado 06 del Despacho del y hasta 17 de febrero de 2011 febrero de 2011 (Declara
Gobernador insubsistente el
nombramiento)
33 “[…] Mediante Decreto No. 783 del 12 de Marzo de 2007, emanado del Ministerio del Interior y de Justicia, es
encargada DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, por haber sido suspendido el titular, y mientras el Partido Político Nacional efectúa la
correspondiente designación. Hasta cuando por Decreto 2354 del 25 de junio de 2007, fue designado nuevo
Gobernador Encargado, mientras dura la suspensión del titular. Con Decreto No. 381 del 26 de Junio de 2007,
se le acepta la renuncia del cargo de Secretaria de Despacho de la Secretaría del Interior del cual era titular.
[…]” Cfr. folios 327 a 330 del Cuaderno Principal núm. 1
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123. De este modo, esta Sala advierte, que la parte demandante, no solo estuvo
encargada de la Gobernación del Departamento del Magdalena entre el 12 de
marzo al 25 de junio de 2007, sino que además ejerció el mencionado cargo por 79
días durante el año 2006 y 106 días durante el año 2007.
124. La parte demandante, en el recurso de apelación resaltó que “[…] no está
demostrado la falta de planeación del contrato […]”, sobre el particular, en el
expediente administrativo de responsabilidad fiscal aportado al presente proceso,
se encontraron los siguientes medios probatorios:
125. La Gobernación del Magdalena, presentó un informe de proyecto de
construcción del parque cultural Tayku34, en donde se indicó que:
“[…] El proyecto inicio en el 2006 cuando el gobierno departamental en poyo al
desarrollo del Centro Histórico decidieron el Gobernador TRINO LUNA CORREA y el
Alcalde JOSE FRANCISCO ZUÑIGA desarrollar conjuntamente un parque en el
centro de la ciudad que apoyara la oferta lúdica cultural para los Samarios y turistas
que visitan la ciudad.
1. Como resultado del proceso de adjudicó el contrato a la UNIÓN TEMPORAL
PARQUE TAYKU, presentó propuesta que fue finalmente escogida y otorgada por
medio de Contrato 081 de Febrero 09 DE 2007, en un valor de $3.200.000,00 y un
plazo contractual de Seis meses.
2. Que el Valor Total de las Obras Ejecutadas por el Contratista conforme se
desprende del informe de Interventoría es por la suma MIL SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVETA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS $ (1.769.499.759), lo cual queda constancia en el
Acta de Recibido final de fecha DICIEMBRE 29 DE 2008 del 2008 (sic) suscrita entre
el contratista y la Interventoría. […]”.
126. En el mismo informe se indicaron las suspensiones que tuvo la obra, la primera
de ellas “[…] debido a la Notificación de suspensión de obra del 25 de septiembre
impartida por la Policía Nacional por contravenir la ley 388 de 1997 que estipula
como requerimiento indispensable el tener la Licencia de construcción […] se
suspende la obra por un término de 45 días calendario mientras se culminan dichos
tramites y se obtiene la Licencia construcción […]”.
34 Cfr. Folios 203 a 207 del Cuaderno de Pruebas núm. 1 del expediente
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127. Igualmente, se encuentra un “[…] RESUMEN COMPARATIVO ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL PROYECTO […]”35, en el cual, entre otras,
se señala que:
“[…]
FECHA ASPECTO ADMINISTRATIVO ASPECTO TECNICO
Antes de la fecha de inicio y presencia de
Acta de inicio el 8 de marzo
la interventoría se habían ejecutado
Marzo de 2007, luego de aprobadas
Actividades actividades de limpieza y descapote por
8 de Acta de Inicio las pólizas respectivas y
Preliminares orden de la gobernación, luego se inicia
2007 realizadas las gestiones para
con actividades de Localización y
el desembolso del anticipo.
replanteo.
Reunión interdisciplinaria,
donde participan: No se tienen firmados todos los planos
Diseñadores Arquitectónico, correspondientes a los diseños
Estructural e Hidrosanitario; Arquitectónicos, Estructurales e
la delegada del Ministerio de hidrosanitarios, se solicita a cada uno de
Cultura Leonor Gómez, los proyectistas su entrega.
Delegado de la Gobernación
Pedro Bonilla, el Contratista y No se tiene un diseño eléctrico y en
la Interventoría. comité de obra No.1 se autoriza la
realización del mismo con el
Se realiza una presentación presupuesto respectivo.
general del proyecto por
Estudio de parte de los Se verifican las condiciones reales del
Marzo Estudio de
Reunión de diseñadores y su terreno de acuerdo al levantamiento
16 de Diseños y
presentación compromiso de topográfico, y se encuentran
2007 Especificaciones
asesoramiento continuo importantes inconsistencias respecto
durante el desarrollo de la al diseño arquitectónico, entre las más
obra. importantes se encuentran que el
perímetro de diseño es mayor al del
El Ministerio y la lote, el proyecto se plantea sobre un
Gobernación aclaran la terreno totalmente plano y realmente se
participación de cada uno en tiene un desnivel en promedio de 1,50 m
los aportes de recursos para desde la avenida de los estudiantes
el proyecto y se dan a hasta la avenida del ferrocarril, además
conocer algunos no tiene claro la localización de cada
lineamientos generales en uno de los bloques constructivos
cuanto a requerimientos de respecto al lote.
tipo contractual.
Marzo
Desembolso Desembolso de un 45% del Continúan actividades preliminares y
30 de Estado de la obra
anticipo anticipo comunicación constante con los […]
2007
Por parte de la interventoría Se define la localización del proyecto y
se gestiona y se asumen los puntos de amarre, y por parte del
Visita al
Abril 7 costos de la visita del diseñador se aclara que las diferencias
proyecto del Respuesta a
de arquitecto diseñador para de niveles es un factor crítico en el
Diseñador Inconsistencias
2007 aclarar las inconsistencias diseño y que implica modificaciones
Arquitec.
encontradas y se realiza un importantes en cuanto a la nivelación de
comité de obra. cada uno de los bloques, variaciones de
35 Cfr. folios 252 a 261 del Cuaderno de pruebas núm. 1 del expediente.
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todas las rampas aéreas y de piso,
modificaciones en todos los taludes en
piso duro y engramado, entre otros y
aclara que es un sobrecosto al diseño
original, ya que para el diseño no contó con
una topografía real y solo se le suministró
un levantamiento perimetral de linderos.
[…]
De acuerdo a la demanda
Fundidas 100% plataforma A y B, y 100%
instaurada por la veeduría
armado plataforma C, se había fundido en
ciudadana y el
un 70% la plantilla inferior de esta plantilla
incumplimiento por parte de
aproximadamente unos 700 m2.
la Gobernación del pago del
Se tenía completamente excavado los
impuesto predial del Lote. No
tanques de aguas lluvias, agua potable y
Sept se obtuvo la Licencia de
Suspensión pozo eyector y se tenía un avance de un
28 de Construcción definitiva y se Estado de la obra
No. 1 80% la red principal de aguas lluvias del
2007 notificó por parte de la
parqueadero.
Policía Nacional la
Se tenían fundidas las cimentaciones del
Suspensión inmediata de la
bloque de cafe y comidas y se había
obra, se realizan las actas de
iniciado el levante de los muros en
suspensión respectivas y se
mampostería en bloque No. 5 y se había
notifica a la Gobernación de
iniciado con la […]
esta situación.
[…]
Se realiza el acta de reinicio
Se estiman los siguientes daños por causa
del proyecto, se evalua el
del efecto invernal:
estado de la obra y se listan
Deterioro total de la plantilla fundida en los
los daños a algunas
700 m2 de la plataforma C, ya que por
actividades ejecutadas por
efectos del invierno se desnivelaron los
Febrero efectos del periodo invernal,
Reinicio del tacos de la formaletería ocasionando la
04 de y se acuerda valorar estos Estado de la obra
proyecto rotura de la plantilla.
2008 daños y luego de la
Desnivelación de la totalidad de los 80 m
aprobación por parte de la
instalados de la tubería principal de aguas
interventoría y la Supervisión
lluvia, es necesario retirarla, limpiarla,
del contrato ser pagados
nivelarla y rellenar nuevamente la brecha.
dentro del contrato como
Deterioro de 100 sacos de cemento.
obra no prevista.
[…]” (Negrillas del “[…] aspecto técnico […]” de la Sala)
128. El 11 de diciembre de 2009, el Profesional Universitario de la parte demandada
presentó un “[…] informe final sobre actuación de denuncia […]”36, en el que, entre
otros, y luego de señalar las características físicas del proyecto, la descripción de
las obras ejecutadas, pagos realizados al contratista y suspensiones, indicó como
observaciones finales que:
“[…] El Departamento del Magdalena suscribió el contrato de obras No. 081 de 2007
sin el lleno de requisitos técnicos para el perfeccionamiento del proyecto del Parque
Tayku, debido a que no contaba con la Licencia de Construcción violando la Ley 388
de 1997, siendo este uno de los requisitos principales para la ejecución de dicho
36 Cfr. folios 372 a 379 del Cuaderno de pruebas núm. 1 del expediente
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proyecto. Se anota que la mencionada Licencia fue expedida el 23 de noviembre de
2007.
Debido a lo anterior, las obras fueron suspendidas por orden policial el 28 de
septiembre de 2007 y reiniciadas el 4 de febrero de 2008, periodo en el cual las obras
sufrieron daños por efectos ambientales, generando perjuicios económicos al
proyecto que fueron reclamados por el contratista y pagados por el Departamento del
Magdalena, por $30.019.500 sin incluir AIU (administración, imprevistos y utilidad) ni
IVA sobre utilidad.
Mediante Acta de Liquidación el Departamento del Magdalena reconoció al contratista
la suma de $147.910.470 debido al tiempo muerto de equipo y formaletería en obra
equivalentes a 305 días de suspensión total de la obra; como la primera suspensión
relativa al trámite de la Licencia de Construcción duró 129 días, equivalentes a
$62.558.854, estos también se adicionan a los perjuicios económicos generados al
proyecto.
Para el mismo periodo de la primera suspensión, el Departamento también reconoció
al contratista $200.000 diarios por concepto de un (1) almacenista y costos parciales
de un (1) director de obra y un (1) coordinador, equivalentes a $25.800.000, en la
misma Acta de Liquidación.
También hay que recalcar que debido a las suspensiones atribuibles a la inadecuada
planeación por parte de la Gobernación del Departamento del Magdalena, se
generaron mayores costos constructivos y contractuales que no debieron ocurrir […]
Con base en las anteriores consideraciones, existe presunto detrimento patrimonial
al Estado por los valores ante enunciados, debido a que el Departamento del
Magdalena incurrió en gastos que pudieron ser evitados si hubiera celebrado el
contrato de obras con todo el lleno de requisitos técnicos.
La inadecuada planeación se refiere a que los diseños tuvieron que ser modificados
debido a que no correspondían o cabían en el terreno asignado, además de que los
mismos se realizaron sin tener en cuenta la topografía del terreno, al considerarlo
como totalmente plano, además los presupuestos de obras tuvieron que ser
modificados para incluir ítems que permitieran el funcionamiento adecuado de las
obras. Todo lo anterior generó retrasos y sobrecostos representados en rediseños por
$11.600.000 sin incluir AIU (administración, imprevistos y utilidad) ni IVA sobre
utilidad, los cuales se estiman también como presunto detrimento patrimonial al
Estado […]”
129. En el mismo informe indicado supra, a modo de conclusión de resaltó que:
“[…] 1. Debido a la inadecuada planeación y debido a la suscripción del contrato de
obras No. 081 de 2007 sin el lleno de requisitos técnicos, se generaron sobrecostos
en la ejecución del proyecto Parque Tayku por $45.955.140 (daños por efectos
ambientales, reposición de cerramiento en tela verde y rediseño arquitectónico) sin
incluir AIU (administración, imprevistos y utilidad) ni IVA sobre utilidad, más
$88.358.854 (tiempo muerto de equipos formaleteria y gastos de almacenista y otros)
reconocidos en el Acta de Liquidación, por lo que el Departamento del Magdalena
violó los principios de economía y responsabilidad establecidos en los artículos 5 y 26
de la ley 80 de 1993.
2. Existen obras parcialmente ejecutadas, inoperantes y en obra negra por
$1.769.499.759. Junto con otros valores y gastos realizados en el proyecto, tales
como interventoría, diseños, prestación de servicios profesionales, costo del lote,
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licencias y permisos y reconocimientos asumidos por el Departamento al contratista,
en el proyecto se han invertido suma de $6.972.362.661.
3. Debido a la ausencia de la Licencia de Construcción, incertidumbre con respecto a
los recursos disponibles y vigentes que respaldaran el contrato, además de los
embargos de las cuentas del Departamento, el transcurrir de las obras no fue normal
por lo que fueron suspendidas en tres (3) ocasiones. […]”
130. El 30 de noviembre de 2009, se elevó el acta de visita de inspección de obras37,
suscrito por un ingeniero del Consorcio Gamma, ingenieros de la Secretaría de
Infraestructura del Departamento de Magdalena e ingenieros de la Contraloría
General de la Republica, indicando que durante la inspección a la obra de determino
que:
“[…] 1. Las obras de la primera etapa del Parque Taykú se encuentran parcialmente
ejecutadas; solo existen las áreas de parqueadero, galería, café y comidas, bodegas,
cuartos técnicos y baños. Todos estos en obra negra.
2. Están construidas en elementos estructurales de concreto reforzado (columnas,
vigas, placa aligerada y muros), presentan aceptable apariencia y adecuada
compacidad. También hay muros en mampostería parcialmente pañetados.
3. Se encontró servicio de seguridad privada para las obras.
4. El área de parqueaderos y primer piso en general quedó cimentado a un nivel muy
inferior con respecto al nivel de la Avenida de los Estudiantes o carrera 12 destinado
para la construcción de las obras, ocasionando mayores volúmenes de excavación,
además de que dichas áreas estarán sujetas a inundaciones de aguas lluvias ya que
la ciudad no posee alcantarillado pluvial, toda vez que las obras se encuentran
inconclusas con respecto al terreno.
5. Se encontró también el tanque de aguas residuales y pozo de inspección y la
tubería hidrosanitaria.
6. Hay alta presencia de malezas y arbustos alrededor de las obras construidas y hay
partes donde el acero se encuentra a la intemperie presentando así corrosión; debido
a la presencia de esta, el cero embebido en el concreto podrá afectar la estructura.
[…]”
131. La parte demandante, refirió que la parte demandada al momento de proferir
el fallo de responsabilidad fiscal no realizó “[…] apreciación de todas las pruebas
relevantes presentadas […]”.
132. Sobre el particular, esta Sala advierte que, en el fallo con responsabilidad fiscal,
dentro del acervo probatorio, la parte demandada tuvo en cuenta, entre otros, los
diferentes informes rendidos respecto a la ejecución de la construcción del Parque
Tayku, las actas de visita de la obra, relación de pagos efectuados y copia de los
documentos que hicieron parte del contrato celebrado entre el Departamento del
Magdalena y la Unión Temporal Parque Tayku.
37 Cfr. folios 380 y 381 del cuaderno de pruebas núm. 1 del expediente
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133. En el mismo fallo, frente a los elementos constitutivos de la responsabilidad
fiscal y respecto a la parte demandante, refirió que:
“[…] A la señora SANDRA RUBIANO LAYTON, por ejercer gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, en razón a que omitió ejercer su deber de
vigilancia y control; así mismo ordenó ejecutar un contrato sin el lleno de los requisitos
para ello, específicamente por ordenar el inicio del proyecto parque Tayku, sin contar
con la debida licencia de construcción, incumpliendo lo señalado en los artículos 99 y
103 de la Ley 388 de 1997, lo que engendró posteriormente una orden de suspensión
de las obras por el término de 45 días, con mayores costos y permanencia en la obra
además por no verificar junto con el interventor; estas omisiones que fueron definitivas
para que el proyecto se frustrara.
[…]
En este sentido, se hace imperativo denotar que con antelación a los procesos
licitatorios o a la contratación directa, los responsables de la ejecución del
presupuesto y de la dirección y manejo de la actividad contractual deben realizar y
constatar que el proceso cuente con los análisis y estudios requeridos que le permitan
tener una clara definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer la
necesidad que motiva su actuar y garantizar que los fines pe seguidos con la
contratación surtan el efecto pretendido. Por lo que la planeación del proceso
contractual es una etapa fundamental, pues de ella depende el buen suceso de la
contratación, por lo tanto la falta de adecuados estudios o la ausencia total de estos,
genera que se presenten vacíos en la definición técnica de la forma como se puede
cumplir el objeto proyectado, comprometiendo el éxito de la necesidad especifica que
pretende atender la administración a través de la contratación efectuada.
Los estudios requeridos, necesariamente deben ser previos a la contratación a
efectuar, pues ellos permitirán establecer las especificaciones técnicas de las obras,
bienes o servicios a contratar y el presupuesto oficial necesario, y deben efectuarse
en todo proceso de contratación, en aras de cumplir con una adecuada planeación
que garantice la efectiva protección del patrimonio público que se comprometerá para
la ejecución de la obra, porque una contratación sin los estudios técnicos preliminares
requeridos o incompletos genera graves pérdidas para el Estado, origina retrasos,
sobrecostos, obras inconclusas o abandonadas, condenas a los entes contratantes
porque la falta de éstos impide el cumplimiento, y compromete la credibilidad de los
gobernantes frente a los asociados.
Por lo tanto, la planeación está estrecha e inseparablemente relacionada con el
principio de responsabilidad previsto en el artículo 26.3 de la Ley 80 de 1993, en
cabeza de las entidades y servidores públicos por adelantar el proceso contractual
sin contar previamente con los estudios necesarios.
En el caso bajo estudio, la deficiente planeación se vio reflejada indefectiblemente en
la etapa de ejecución, en la cual se presentaron toda serie de inconvenientes, lo que
implica que no es admisible ninguna justificación que releve a los agentes fiscales de
la responsabilidad que les asiste en su calidad de representantes legales de la entidad
territorial, de la dirección y manejo de la actividad contractual. […]”.
134. Conforme a lo expuesto, esta Sala considera que, contrario a lo afirmado por
la parte demandante, la Contraloría Departamental de Magdalena cumplió con la
carga probatoria de recopilar los documentos necesarios en la investigación
adelantada de responsabilidad fiscal y en esa medida analizó en conjunto las
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pruebas allegadas y, que la llevaron a adoptar la decisión de fallar con
responsabilidad fiscal.
135. Igualmente la Sala advierte que, el a quo realizó el estudio probatorio de las
pruebas que fueron allegadas al proceso por las partes, y en atención a ellas
encontró ajustada la decisión adoptada por la parte demandada en los actos
acusados.
136. Esta Sala considera que, atendiendo lo indicado supra y, de la revisión de las
pruebas obrantes en el expediente, la parte demandante al fungir como
Gobernadora encargada del Departamento del Magdalena, tenía el deber legal de
ejercer en debida forma el manejo y administración de los recursos y bienes públicos
del Estado.
137. Al respecto, esta Sala resalta que el principio de planeación, es uno de los
pilares en la actividad contractual, el cual impone que la decisión de contratar no
puede ser el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de
las autoridades, sino que obedezca a las necesidades reales de la comunidad, y en
ese sentido, tal principio emerge con obviedad de los deberes, la diligencia, el
cuidado, la eficiencia y la responsabilidad con que ha de conducir sus actuaciones
todo administrador público a quien se le confía el manejo de dineros y recursos, que
son de carácter oficial, que han de destinarse a la satisfacción del interés general,
en desarrollo de las funciones y precisas competencias, con miras al cumplimiento
de los fines estatales y la satisfacción del interés general.
138. Sobre el particular, esta Sección38 ha considerado que:
“[…] Asimismo, esta Corporación ha establecido que abarca el acatamiento a los
planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo
urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el
interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones
político - administrativas y de organización física contenidas en los mismos. Así como
el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas
máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones
técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener
licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios
públicos domiciliarios, entre otros.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 21 de mayo de
2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00407-01
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57. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º de la
Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los
preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como
progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y
material, asentada en una determinada entidad territorial, bien sea en sus zonas
urbanas o rurales, con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
[…]” (Negrillas de la Sala)
139. En el caso sub examine, para la Sala resulta evidente que, la parte demandante
debía cumplir con una adecuada planeación contractual, es decir, debió prever la
obligación legal de contar con la respectiva licencia de construcción para la debida
ejecución del contrato de obra núm. 081 de 9 de febrero de 2007.
140. Además de ello, esta Sala advierte que, en el documento de resumen
comparativo de aspectos administrativos y técnicos del proyecto, se indicó que con
posterioridad a la suscripción del contrato de obra no se contaba con todos los
planos correspondientes a los diseños arquitectónicos, estructurales e
hidrosanitarios, no se contaba con un diseño eléctrico y al verificar las condiciones
reales del terreno de acuerdo al levantamiento topográfico, se encontraron
importantes inconsistencias, lo que da lugar a establecer que hubo fallas en la etapa
precontractual del proyecto de la construcción del Parque Tayku.
141. Por lo tanto, al no cumplir con las obligaciones a su cargo, la parte demandante
está en el deber jurídico de soportar las consecuencias de su negligente proceder,
no resultando válido jurídicamente el argumento según el cual no está probado la
supuesta omisión en su gestión contractual, dado que se demostró que fungió como
Gobernadora encargada en diferentes momentos desde el año 2006 y ejerció el
cargo de Gerente de proyectos del departamento desde el 2008 al 2011.
142. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que en el caso sub examine
se logró acreditar los tres elementos de la responsabilidad fiscal, debido a que: i)
existió una conducta gravemente culposa en cabeza de quien, actuando como
Gobernadora encargada del departamento del magdalena, omitió el cumplimiento
de sus funciones; ii) hubo daño patrimonial al Estado consiste en la no culminación
del proyecto de la construcción del Parque Tayku en la ciudad de Santa Marta; y iii)
se probó el nexo causal, toda vez que se pudo demostrar que el daño al patrimonio
público fue producto de la omisión, entre otros, de la señora Sandra Rubiano Layton,
debido a la falta de planificación contractual, no solo porque no se contó con todos
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Demandante: Sandra Rubiano Layton
los diseños arquitectónicos de la obra ajustados a la realidad del terreno, si no que
se suscribió el contrato de obra sin siquiera haber tramitado la licencia de
construcción requerida por la Ley.
143. Finalmente, esta Sala advierte que, el artículo 119 de la Ley 1474 dispone que
“[…] en los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de
repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el
Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares,
responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o
entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran
al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto). Lo anterior significa que cuando más de una persona
participa en la causación del hecho dañoso, todas deberán responder
solidariamente por el monto de este.
Condena en costas
144. Visto el artículo 365 numeral 8.° de la Ley 1564 sobre condena en costas, y
atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.
Conclusiones de la Sala
145. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandante
no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, se
verificó que durante el trámite del procedimiento de responsabilidad fiscal se
respetaron las garantías procesales al debido proceso y derecho a la defensa, en
todas y cada una de las etapas procesales, como tampoco desvirtuó que hubo falsa
motivación.
146. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en
primera instancia.
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Demandante: Sandra Rubiano Layton
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Magdalena, el 3 de octubre de 2018, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Con Salvamento de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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