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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2015-00221-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2015-00221-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Número único de radicación: 47001-23-33-000-2015-00221-01 Actora: ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE TENERIFE en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales quinto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: “[…] QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG que implemente un plan de manejo ambiental de recuperación y rehabilitación de las Ciénagas Morro, Tapegua y Zura, en cuanto a flujos hídricos, calidad de aguas y repoblamiento de especies ictiológicas que eviten la sedimentación, contaminación de la Ciénagas así como la extinción de las especies hidrobiológicas objeto de aprovechamiento tradicional por parte de las comunidades pesqueras, para lo cual se dispondrá el término de seis (6) meses seguidos a la ejecutoria de esta providencia procedan a la realización y ejecución del mismo. […] SEPTIMO: Para efecto de la verificación del cumplimiento de ésta sentencia CONFORMASE un Comité de Verificación compuesto, en lo pertinente, por el actor popular; un representante de la Defensoría del Pueblo; un representante de la Personería Municipal de Tenerife; el Agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal Administrativo de Magdalena: el Procurador 13 Judicial ll Agraria y Ambiental del Magdalena el representante legal de CORPAMAG; el representante legal de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA; un presentante del Departamento de Magdalena; el Alcalde del Municipio de Tenerife: y el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Magdalena, quien lo presidirá; los integrantes deberá deberán informar cada dos (02) meses a éste Tribunal, por conducto de su Secretaria, sobre el cumplimiento de las ordenes impartidas en la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2015-00221-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 47001-23-33-003-2015-00221-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE TENERIFE

TESIS: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL RÍO GRANDE LA
MAGDALENA – CORMAGDALENA TIENE A SU CARGO EXPRESAS
FACULTADES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, DENTRO DE
LAS CUALES SE DESTACAN LAS ACCIONES TENDIENTES AL
CONTROL DE INUNDACIONES.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DEL AMBIENTE SANO Y LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO
SOSTENIBLE

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA1, la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA2

y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA3

1
En adelante el DEPARTAMENTO.
2 En adelante CORMAGADLENA.,
3 En adelante CORPAMAG

2

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Actora: ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE TENERIFE

contra la sentencia de 17 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal

Administrativo del Magdalena4.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE TENERIFE, en ejercicio de

la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó

demanda contra CORPAMAG, tendiente a la protección de los

derechos colectivos al goce del ambiente sano y a la existencia del

equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.

I.2. Hechos

Indicó que el 10 de enero de 2014 comunicó a la Presidencia de la

República la crisis de pesca en las ciénagas de Morros, Tapegua y

Zura y Caños por causa de la deforestación, actividades agrícolas y

ganaderas que generan sedimentación de esos cuerpos de agua.

4
En adelante el Tribunal.
5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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3

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Sostuvo que solicitaron la puesta en marcha de un proyecto

específico para la recuperación de los cuerpos de agua, no obstante,

se realizaron excavaciones incompletas en los caños Morros y Zura,

desde el río Magdalena hacia las orillas de las ciénagas, ocasionando

sequía.

Manifestó que la recuperación de las ciénagas debe prever obras de

dragado en las zonas sedimentadas, y desde éstas iniciar

excavaciones de los caños hasta asegurar la salida de agua mediante

el uso de compuertas. Sin embargo, CORPOMAG y el Ministerio de

Agricultura han hecho caso omiso.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó:

“[…] 4.1. […] Solicitamos con todo respeto amparar los derechos
colectivos de la Asociación de Pescadores de Tenerife Magdalena
para disfrutar del bienestar del medio ambiente y de las expensas
de las ciénagas que son nuestras fuentes de sustento.

4.2 Señores Magistrados pedimos que se le obligue a las entidades
demandadas, reparar las ciénagas en mención, afectadas por los
daños ecológicos que produjo el río Magdalena en las inundaciones
del 2010, provocando los boquetes por donde entraron las
cantidades de sedimentos que hoy es uno de los factores de la

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sequía, como también la excavación de los caños que realizó
Corpamag, sin prever la salida del agua. […]”.

I.4. Defensa

I.4.1 CORPAMAG adujo que no se probó la vulneración de los

derechos colectivos invocados y, además, solicitó vincular al proceso

al MUNICIPIO DE TENERIFE6.

I.4.2. CORMAGDALENA7 señaló que carece de competencia

respecto de la problemática ventilada.

Aseguró que las causas de la sedimentación de las ciénagas

obedecen a distintas prácticas humanas como la deforestación,

actividades agrícolas y ganaderas, cuyos factores fueron referidos

por la misma accionante en la demanda.

Afirmó que la solución requerida por la parte actora no cuenta con

estudios técnicos ni de impacto ambiental y tampoco con diagnóstico

sobre otras alternativas ambientales para atender la situación.

6 En adelante el MUNICIPIO.
7 Vinculada por el Tribunal en providencia de 23 de agosto de 2017

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Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, con

fundamento en que, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 99 de

1993, está sometida a un régimen jurídico especial y, por tanto, no

funge como autoridad ambiental.

I.4.3. El MUNICIPIO8 omitió pronunciarse sobre la demanda.

I.4.4. El DEPARTAMENTO9 alegó que no debía responder por las

acciones adelantadas por CORPAMAG, ni por las de la naturaleza, lo

cual daba lugar a la exclusión de responsabilidad por el hecho de un

tercero o por causas naturales como la ola invernal que provocó el

desbordamiento del río Magdalena.

Propuso las siguientes excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. Expuso

que no es el llamado a responder por la eventual prosperidad de las

pretensiones de la demanda al no serle atribuibles las conductas

dañinas alegadas.

8 Vinculado al proceso por el Tribunal mediante auto de 24 de febrero de 2016.
9 Vinculado al proceso mediante auto de 23 de agosto de 2017.

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“EXCLUSIÓN DE RESPONSBILIDAD POR LA CAUSA DE UN

TERCERO Y POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO”. Indicó

que la demandante afirmó expresamente que los hechos que

sustentan esta acción son la ola invernal de 2010 y la acción u

omisión de CORPAMAG.

“NO SE ACREDITA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS

COLECTIVOS”. Manifestó que la naturaleza a diario genera

accidentes geográficos sin que de ello se predique la vulneración del

derecho al goce de un ambiente sano.

Aseguró que el sedimento que afectó las ciénagas fue transportado

por el río Magdalena incluso desde el interior del país.

I.4.5. La AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA10

alegó su falta de competencia, habida cuenta que, por las causas de

los eventos denunciados, los llamados a intervenir son las

autoridades ambientales.

10 En adelante la AUNAP.

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Aclaró que es una autoridad pesquera y acuícola a la que le

corresponde adelantar procesos de planificación, investigación,

ordenamiento, fomento, regulación, registro, información,

inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y

acuicultura.

I.4.6. La NACIÓN – DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD

SOCIAL11 afirmó que no tiene competencias en materia ambiental,

como sí las tiene las Corporaciones Autónomas Regionales.

Propuso las siguientes excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. Anotó

que las controversias expuestas en la acción popular están en cabeza

de CORPAMAG, sin perjuicio de las competencias que le asistan en

materia ambiental a entidades del orden nacional, departamental y

municipal.

“INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD QUE COMPROMETA

LA RESPONSABILIDAD AMDINISTRATIVA DEL

11Vinculada al proceso por auto de 23 de agosto de 2017 (fls. 241 a 243 “01.C01
R47001233300020150022100.pdf”.

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL CON EL SUPUESTO DAÑO ALEGADO”. Indicó que la

parte actora conoce que no ha incurrido en responsabilidad por

inobservancia de sus funciones.

“AUSENCIA DE MATERIAL PROBATORIO QUE COMPROMETA

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL”. Sostuvo que las pruebas aportadas con la demanda no

demuestran el daño alegado, y mucho menos su responsabilidad en

su causación.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 28 de

septiembre de 2016, declarándose fallida por la ausencia de fórmulas

de acuerdo entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 17 de mayo de 2023, declaró la falta de

legitimación en la causa por pasiva del DPS y la AUNAP, y la

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vulneración de los derechos colectivos al goce del ambiente sano y a

la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento

racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo

sostenible.

Encontró probado que la afectación hidráulica y ambiental de las

ciénagas del Morro, Tapegua, Zura y los caños Real Obispo y Zura

obedece a hechos de la naturaleza como las inundaciones provocadas

por el río Magdalena en el 2010, el ingreso de sedimentación a través

de los caños y el fenómeno de la niña, pero también a las actividades

agrícolas, ganaderas y a la deforestación.

Sostuvo que las obras encaminadas a retirar la sedimentación que

transfiere el río a las ciénegas, a través de los caños, deben ser

continuas en aras de conjurar la afectación advertida, empero, en el

expediente se acreditaron acciones de dragado en el año 2013 y

2019, de tal manera que en el tiempo transcurrido entre una y la otra

se acumularon sedimentos que empeoraron la problemática.

Indicó que las compuertas requeridas por la demandante carecen de

un estudio técnico sobre su procedencia, y aun cuando en la

audiencia de pacto de cumplimiento se allegó como prueba el

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proyecto presentado con tal finalidad ante el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, no fue acreditado que este hubiere sido

estructurado por profesionales idóneos y tampoco su aprobación por

parte dicha cartera ministerial.

En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:

“[…] CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena CORPAMAG, al municipio de Tenerife y a la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –
CORMAGDALENA, que en el término de (06) meses seguidos a la
ejecutoria de esta providencia procedan a iniciar todos los trámites
administrativos, presupuestales y contractuales pertinentes, a fin
de realizar unos estudios técnicos para establecer la viabilidad de
las obras que se requieren para mitigar el impacto hidráulico y
ambiental de Tenerife y una vez se cuente con los estudios de
viabilidad técnica y proyecto elaborado a los accionados se le
conceda un plazo de un (01) año para que ejecuten y entreguen
las obras civiles a las que hay lugar, conforme con lo expuesto en
la parte considerativa de la presente providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena CORPAMAG, al municipio de Tenerife y a la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –
CORMAGDALENA, que implementen un plan de manejo ambiental
de recuperación y rehabilitación de las Ciénagas Morro, Tapegua y
Zura, en cuanto a flujos hídricos, calidad de aguas y repoblamiento
de especies ictiológicas que eviten la sedimentación, contaminación
de la Ciénagas así como la extinción de las especies hidrobiológicas
objeto de aprovechamiento tradicional por parte de las
comunidades pesqueras, para lo cual se dispondrá el término de
seis (6) meses seguidos a la ejecutoria de esta providencia
procedan a la realización y ejecución del mismo.

SEXTO: ORDENAR al Departamento del Magdalena que, en el
marco de sus competencias, colabore en la elaboración e
implementación del plan de manejo ambiental de recuperación y
rehabilitación de las Ciénagas Morro, Tapegua y Zura, en cuanto a

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flujos hídricos, calidad de aguas y repoblamiento de especies
ictiológicas, que eviten la sedimentación, contaminación de la
Ciénagas así como la extinción de las especies hidrobiológicas
objeto de aprovechamiento tradicional por parte de las
comunidades pesqueras.

SEPTIMO: Para efecto de la verificación del cumplimiento de ésta
sentencia CONFORMASE un Comité de Verificación compuesto, en
lo pertinente, por el actor popular; un representante de la
Defensoría del Pueblo; un representante de la Personería Municipal
de Tenerife; el Agente del Ministerio Público delegado ante el
Tribunal Administrativo de Magdalena: el Procurador 13 Judicial ll
Agraria y Ambiental del Magdalena el representante legal de
CORPAMAG; el representante legal de la Corporación Autónoma
Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA; un
presentante del Departamento de Magdalena; el Alcalde del
Municipio de Tenerife: y el Tribunal Administrativo de Magdalena,
quienes deberán informar cada dos (02) meses a éste Tribunal, por
conducto de su Secretaria, sobre el cumplimiento de las ordenes
impartidas en la presente providencia.

OCTAVO: NEGAR las demás súplicas de la demanda […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1 El DEPARTAMENTO reiteró la excepción de legitimación en la

causa por pasiva, con fundamento en que no puede endilgársele

responsabilidad por las acciones u omisiones de CORPAMAG, ni

mucho menos por las consecuencias de la ola invernal en esa zona,

como la afectación de los diques de contención del río Magdalena que

generó un desastre natural.

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Anotó que en el presente caso se evidencian las causales de exclusión

de responsabilidad de “hecho de un tercero”, frente a las actuaciones

y omisiones de CORPAMAG, y “fuerza mayor o caso fortuito”, en

relación con el hecho de la naturaleza.

Sostuvo que las autoridades ambientales, esto es,

CORMAGDALENA y CORPAMAG, son la que cuentan con la

capacidad técnica y la experticia necesaria para elaboración e

implementación de planes de manejo ambiental para la rehabilitación

de las Ciénagas Morro, Tapegua y Zura.

III.2. CORPAMAG refirió que está en total disposición de prestar

apoyo subsidiario y complementario frente a los proyectos que

implemente el MUNICIPIO como primer encargado de formular,

poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de

gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en

la planificación del desarrollo departamental acciones estratégicas y

prioritarias en materia de gestión del riesgo.

A su juicio, la orden que le fue impartida no corresponde a lo que de

manera taxativa establece la Ley frente a sus competencias para

impulsar estudios, proyectos, obras civiles o procesos de gestión del

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riesgo, porque se trata de un estudio o proyecto que corresponde a

los entes territoriales; máxime si se tiene en cuenta que actúa con el

propósito de prestar ayuda complementaria y subsidiaria, en

cumplimiento de lo previsto en la Ley 1523 de 2012.

Indicó que el término otorgado para la implementación del Plan de

Manejo Ambiental es corto, teniendo en cuenta que para ello deben

cumplirse los parámetros dispuestos en la Resolución núm. 196 del

1o. de febrero de 200612.

III.3. CORMAGDALENA alegó que no es una autoridad ambiental

en los términos del artículo 31 de la Ley 99 y tampoco tiene a su

cargo atender y prevenir desastres, en tanto que sus funciones son

las previstas en el artículo 331 de la Constitución Política en armonía

con la Ley 161 de 1994 y el artículo 8º del Decreto 790 de 1995.

Aseguró que tiene unos fines, funciones y competencias

administrativas específicas consistentes en asegurar y garantizar el

manejo adecuado y coordinado de la cuenca del río Magdalena, por

lo que cada una de sus funciones y facultades se enmarcan en los

12
“Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en
Colombia”.

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límites de sus objetivos constitucionales, en cuanto sirvan a su

materialización.

Reiteró que las acciones de recuperación ambiental son propias de

CORPAMAG, incluso por esa razón dicha entidad adelantó las obras

en el marco del contrato núm. 97 de 2013 y el convenio

interadministrativo núm. 247 de 2019.

Afirmó que su función en relación con el control de las inundaciones

no es en el marco de la atención de desastres, sino de los programas

de adecuación de tierras, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 6º, numeral 8 de la Ley 161 y 30 de la Ley 41 de 1993, que

se refieren a las obras destinadas a dotar un área con riego, drenaje

o protección contra inundaciones a efectos de aumentar la

productividad del sector agropecuario.

Solicitó que se revoque la sentencia objeto de la alzada y, en su

lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda y se condene al

demandante al pago de costas.

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IV.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte actora solicitó confirmar la sentencia apelada argumentando

la extemporaneidad de los recursos de alzada, la ausencia de

acciones por parte de CORPAMAG en la zona afectada y la

improcedencia de la condena en costas por no existir temeridad ni

mala fe.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El delegado del Ministerio Público ante esta Corporación solicitó

confirmar la sentencia impugnada, porque, a su juicio, las actividades

ordenadas a cada entidad y autoridad se emitieron para que sean

ejecutadas en el ámbito de las competencias propias de cada una de

ellas y en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia

y subsidiariedad.

Estimó que el plazo concedido por el a quo era razonable ante la

necesidad de solucionar de manera permanente la problemática

padecida desde hace varios años.

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión Previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito de

26 de junio de 202513, manifiesta que se declara impedido para actuar

dentro del proceso de la referencia, por cuanto su hermano JOSÉ

FERNANDO OSORIO CIFUENTES se desempeña como Procurador

Judicial II en la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,

entidad vinculada en el presente proceso, por lo que estima que se

encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el

numeral 3 del artículo 130 del CPACA.

Para el efecto, el señor consejero manifestó lo siguiente:

“[…] La configuración de la causal de que trata el precepto en cita se
sustenta en los siguientes hechos y consideraciones:

i) Dentro del proceso de la referencia, el Tribunal Administrativo del
Magdalena en la audiencia de pacto de cumplimiento de 28 de
septiembre de 2016 ordenó poner en conocimiento de la Procuraduría
13 Judicial II Agraria y Ambiental del Magdalena el proceso indicado.

ii) El 1.° de diciembre de 2016 la Procuraduría 13 Judicial II Agraria
y Ambiental del Magdalena presentó pretensiones independientes a

13 Visible en el índice 72 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.

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las del actor popular, solicitó la vinculación de otras entidades y pidió
el decreto de pruebas.

iii) La Procuraduría 13 Judicial II Agraria y Ambiental del Magdalena
hace parte del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
de 17 de mayo de 2023, proferida por el tribunal en primera instancia.

iv) Conforme al expediente de la referencia, la Procuraduría 13
Judicial II Agraria y Ambiental del Magdalena fue vinculada a este
proceso.

v) El señor José Fernando Osorio Cifuentes, quien es pariente del
suscrito dentro del segundo grado de consanguinidad (hermano), se
encuentra vinculado en el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, entidad vinculada en el proceso de
la referencia […]”.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Visto lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento que se

invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA, que

dispone:

“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:

(…)

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3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o
ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al
respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado
[…]” (Resaltado fuera del texto).

Respecto de la configuración de la causal en comento en un asunto

similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de agosto de

2023, consideró lo siguiente:

“[...] los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez manifiestan,
coincidentemente, que se encuentran incursos en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA,
pues sus cónyuges están vinculadas a la Procuraduría General de la
Nación como procuradoras judiciales II.
[...]
La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que la
causal de impedimento se configure; no se requiere que el cónyuge
tenga algún interés o relación con el asunto objeto del proceso, por
lo que basta con que esté probado el vínculo con la entidad y el nivel
jerárquico correspondiente.

En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el
Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la nomenclatura
de los empleos de la entidad y señala que los procuradores judiciales
II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el código 3PJ y
el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional,
en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que
son cargos del nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones
de dirección, definición de políticas y de representación del Procurador
General. En el numeral 10 de ese artículo señala como funciones
generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir como agentes
del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en
los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del Ministerio
Público que, entre otras, ejercen funciones de intervención judicial en

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representación del Procurador General de la Nación, lo que
igualmente se ve refrendado en el artículo 416 del Decreto Ley 262
de 2000, de manera que la simple ubicación formal del mencionado
artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede tenerse en consideración
para los efectos de esta decisión.

En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros Yepes
Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en la entidad
demandada en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una
perspectiva material y funcional, corresponde al nivel directivo, ya
que, en los términos del Decreto 264 de 2000, ejerce funciones
delegadas del Procurador General de la Nación en calidad de agente
del Ministerio Púbico, por lo que se configura la causal de
impedimento invocada, circunstancia que, además, releva a la Sala
de analizar las demás causales señaladas por el magistrado Ibarra
Martínez [...]”.

En el caso concreto, la Sala advierte que en la audiencia de pacto de

cumplimiento llevada a cabo el 28 de septiembre de 2016, el Tribunal

dispuso lo siguiente:

“[…] Se les concede la palabra a las partes del proceso para que
intervengan.
[…]
Ministerio Público: Solicita que se ponga en conocimiento a la agente
del Ministerio Público delegado para el medio ambiente.
La magistrada ordena poner en conocimiento al agente del Ministerio
Público Delegado para el medio ambiente doctor Antonio Escobar
Silebi […]”.

En cumplimiento de lo anterior, la Procuraduría 13 Judicial II Agraria

y Ambiental del Magdalena en Oficio de 2 de diciembre de 2016

intervino en el proceso y, en consecuencia, solicitó: i) vincular como

demandados a CORMAGDALENA, a la AUNAP, al DPS y al

DEPARTAMENTO; ii) pretensiones adicionales; y iii) pruebas.

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Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala

Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el consejero GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

presupuestos para la configuración de la causal alegada, toda vez

que su hermano14, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO

CIFUENTES, se desempeña actualmente como procurador judicial

II, cargo de nivel directivo, en la Procuraduría General de la Nación,

entidad vinculada en la acción popular de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

14 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,

de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es
la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o
raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.

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amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para el amparo de derechos colectivos como los invocados en la

demanda, presuntamente trasgredidos por la afectación hídrica y

ambiental derivada de la sedimentación de los caños que van desde

el río Magdalena hasta las ciénagas Morro, Tapegua y Zura.

Problemas jurídicos

En atención a lo argumentado en los recursos de alzada, a la Sala

corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:

i) ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva

respecto de CORMAGDALENA y el DEPARTAMENTO?

ii) ¿CORPAMAG, CORMAGDALENA y el DEPARTAMENTO son

competentes para cumplir las órdenes impartidas por el juez popular?

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iii) ¿Es procedente ampliar el plazo otorgado para la implementación

del Plan de Manejo Ambiental?

• De la legitimación en la causa por pasiva

En materia de acciones populares, el estudio y análisis de esta

excepción supone establecer la relación jurídica material existente

entre los extremos de la litis y, a partir de esta, determinar quién

tiene injerencia real en la causa o fuente del hecho constitutivo de la

trasgresión de los derechos colectivos15.

En consecuencia, están legitimados por activa y pasiva, según los

artículos 13 y 14 de la Ley 472, las personas naturales o jurídicas

que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los derechos

e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u omisión, sean

las que producen dicha violación o amenaza.

15 Sobre el particular ver sentencia de 18 de mayo de 2017, proferida por esta Sección dentro del

proceso con radicado 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP), de la cual se destaca lo siguiente: “[…] el
análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de
la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella
realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia
de mérito favorable a una o a otra”24 (Subrayado y negrillas fuera de texto). De acuerdo con lo
jurisprudencia antes transcrita, la cual se prohíja en esta oportunidad, la legitimación material en la
causa por pasiva exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional
o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se examinará desde la óptica
de las responsabilidades que legalmente corresponden al organismo demandado […]”.

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Lo anterior, pone de manifiesto que la excepción en comento

constituye a su vez un presupuesto procesal que de no acreditarse,

conlleva a la imposibilidad del juez de emitir un pronunciamiento de

fondo respecto del sujeto procesal en quien recae la falta de

legitimación para concurrir al litigio, siendo procedente disponer su

desvinculación del proceso.

Con fundamento en lo expuesto, y revisados los supuestos fácticos

de la demanda como las pretensiones de la misma, se advierte que

los asuntos ventilados en esta acción constitucional están

relacionados directamente con los deberes y el quehacer propio de

CORMAGDALENA16 y el DEPARTAMENTO17 respecto de las

cuestiones de orden ambiental en su respectiva jurisdicción.

Bajo ese entendido, los argumentos planteados por

CORMAGDALENA y el DEPARTAMENTO no están llamados a

prosperar, por lo que se confirmará la decisión de negar su

desvinculación del proceso.

16
De acuerdo con lo establecido en el artículo 331 de la Constitución Política, la Ley 161 de 1994 y el
Decreto No. 790 de 12 de mayo de 1995.
17
Conforme con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 99 de 1993.

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• De las competencias de CORMAGDALENA, CORPAMAG y el

DEPARTAMENTO

De las competencias de CORMAGDALENA

La Ley 161 de 1994 dispuso la creación de CORMAGDALENA, para

lo cual le asignó la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“ARTÍCULO 1º. ORGANIZACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA.
Organízase la Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena, cuya sigla será Cormagdalena, creada por el
artículo 331 de la Constitución Política, como un ente
corporativo especial del orden nacional con autonomía
administrativa, presupuestal y financiera, dotado de
personería jurídica propia, el cual funcionará como una
Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las
reglas de las Sociedades Anónimas, en lo no previsto por la
presente Ley.

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena podrá constituir sociedades de economía mixta
para vincular el capital privado al cumplimiento de actividades
económicamente rentables, en desarrollo de sus objetivos
constitucionales, cuando ellas no impliquen el ejercicio de
funciones propias de la autoridad administrativa.

ARTÍCULO 2º. OBJETO. La Corporación tendrá como objeto la
recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la
adecuación y conservación de tierras, la generación y
distribución de energía así como el aprovechamiento
sostenible y la preservación del medio ambiente, los
recursos ictiológicos y demás recursos naturales
renovables.

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ARTÍCULO 3º. JURISDICCIÓN. La Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena Cormagdalena tendrá
jurisdicción en el territorio de los municipios ribereños del Río
Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano, en
la colindancia de los Departamentos de Huila y Cauca,
jurisdicción de los Municipios de San Agustín y San Sebastián
respectivamente, hasta su desembocadura en Barranquilla y
Cartagena. Así mismo, su jurisdicción incluirá los Municipios
ribereños del Canal del Dique y comprenderá además los
Municipios de Victoria, en el Departamento de Caldas,
Majagual, Guaranda y Sucre en el Departamento de Sucre, y
Achí, en el Departamento de Bolívar.

ARTÍCULO 4º. ORDENAMIENTO DE LA CUENCA. Cormagdalena
estará investida de las facultades necesarias para la
coordinación y supervisión del ordenamiento
hidrológico y manejo integral del Río Magdalena. La
Corporación coordinará, con sujeción a las normas superiores
y a la política nacional sobre medio ambiente, las actividades
de las demás corporaciones autónomas regionales
encargadas por la ley de la gestión medio ambiental en
la cuenca hidrográfica del Río Magdalena y sus
afluentes, en relación con los aspectos que inciden en el
comportamiento de la corriente del río, en especial, la
reforestación, la contaminación de las aguas y las
restricciones artificiales de caudales.

Cormagdalena participará en el proceso de planificación y
armonización de políticas y normas regulatorias que se dicten
por las distintas autoridades competentes, para un manejo
adecuado y coordinado de la cuenca hidrográfica del Río
Magdalena.

[…]

ARTÍCULO 6º. FUNCIONES Y FACULTADES. La Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena,
tendrá las siguientes funciones y facultades:

1. Elaborar, adoptar, coordinar y promover la ejecución de un plan
general para el desarrollo de sus objetivos, en concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo.

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2. Participar en la preparación y definición de los planes y programas
de desarrollo de las entidades territoriales, regionales o sectoriales
comprendidas en su jurisdicción: en las materias relacionadas con
su objeto, con el fin de asegurar la realización de las actividades que
se contemplan en los planes adoptados por la Corporación.

3. Formular y adoptar mecanismos para la coordinación y ejecución
de sus planes, programas y proyectos, por parte de las entidades
públicas y privadas delegatarias, concesionarias o contratistas, así
como para su evaluación, seguimiento y control.

4. Promover y facilitar la participación comunitaria en los procesos
de toma de decisiones y en las acciones de ejecución de los planes
y programas de la Corporación.

5. Asesorar administrativa, técnica y financieramente a las
entidades territoriales de su jurisdicción en las actividades
que contribuyan al objeto de la Corporación.

6. Promover, impulsar y asistir técnica y financieramente la
formación y actividades de asociaciones, cooperativas y toda clase
de agrupaciones comunitarias que persigan el desarrollo y la
explotación adecuada de los recursos ictiológicos y agrícolas en el
área de actividades de la Corporación, dentro de los parámetros de
protección de los recursos naturales y del medio ambiente.

7. Promover y participar en la creación de sociedades portuarias en
las poblaciones ribereñas del Río Magdalena, que contribuyan a
desarrollar el servicio del transporte fluvial y su integración con otros
medios complementarios. Para el efecto, la Corporación podrá ceder
en concesión o aportar las instalaciones y equipos de su patrimonio.

8. Promover la ejecución o ejecutar directamente, o en asocio
con otros entes públicos y privados, proyectos de adecuación
de tierras, avenamiento y control de inundaciones, operar y
administrar dichos proyectos o darlos en concesión y delegar
su administración y operación en otras personas públicas o
privadas, así como establecer las contribuciones de
valorización correspondientes y las tarifas y tasas por la
utilización de sus servicios, de conformidad con las normas y
políticas del sistema nacional de adecuación de tierras.

9. Participar en sociedades o asociaciones que se creen y organicen
con o sin la participación de personas privadas, para cumplir más

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adecuadamente con sus funciones, o para objetos análogos o
complementarios.

10. Ejercer las funciones correspondientes a la dirección general de
navegación y puertos y a las Intendencias Fluviales del Ministerio de
Transporte, para los efectos de la navegación y la actividad portuaria
en la totalidad del Río Magdalena y sus conexiones fluviales, excepto
las relativas a la reglamentación y control del tráfico fluvial, que
continuará siendo de competencia de dicha dirección.

11. Ejercer las funciones que otras entidades públicas le deleguen,
siempre y cuando sean compatibles con las funciones de que trata
el numeral 2º o que contribuyan a su ejercicio.

12. Establecer y cobrar tasas o tarifas por los servicios que preste,
así como contribuciones por valorización, originada por la ejecución
de sus proyectos y peaje, por el uso de las vías que construya o
adecue.

13. Fomentar y apoyar financieramente la adecuación y explotación
de las posibilidades que para la recreación social, ofrecen el Río
Magdalena y sus zonas aledañas.

14. Adoptar las disposiciones necesarias para la preservación del
equilibrio hidrológico de la cuenca, conforme a las disposiciones
medio ambientales superiores y en coordinación con las
Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de la gestión
medio ambiental en el área de su jurisdicción.

15. Ejecutar y promover la ejecución de proyectos de generación y
distribución de energía eléctrica, conforme a las discusiones
superiores y a las políticas sectoriales.

16. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiológicos y demás recursos naturales renovables,
conforme a las políticas nacionales y con sujeción a las
normas superiores y adelantar programas empresariales que
involucren a la comunidad ribereña y propendan por el
aumento de su nivel de vida.

17. Imponer las sanciones y multas por violaciones a la
normatividad, conforme a la ley o los reglamentos.

18. Asesorar, armonizar y coordinar las actividades, desde
todas las entidades públicas y privadas, que incidan en el
comportamiento hidrológico de la cuenca.

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19. Elaborar los estudios y programas tendientes a la
configuración o complementación de un plan general de
ordenamiento y manejo integral de la cuenca, que deberá ser
adoptado por la Corporación para su progresiva aplicación,
bajo la supervisión y coordinación de la misma […]” (Resaltado
fuera del texto).

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-593 de 1995,

al estudiar la constitucionalidad de la Ley 161 de 1994, se refirió a la

naturaleza jurídica de CORMAGDALENA, en el sentido precisar que

funciona como una empresa industrial y comercial del Estado

del orden nacional, sometida a un régimen especial para el

cumplimiento de sus funciones, centradas en la gestión, recuperación

y conservación del río Magdalena. Para el efecto, indicó:

“[…] La mencionada corporación autónoma regional es una entidad
administrativa de creación constitucional y de regulación legal del
orden nacional, que funciona como empresa industrial y comercial
del Estado, y bien puede adquirir compromisos financieros para
asegurar una mejor ejecución de su objeto, si así lo prevé su
estatuto, en este caso, la Ley 161 de 1994. Todo el error del
demandante radica en la apreciación según la cual se trata de una
entidad territorial y no de una entidad del orden nacional y
descentralizado regulable por la ley, en los términos de la
Constitución Nacional.

Pero, además, su autonomía no la hace independiente del Estado ni
de la Nación y bien puede gestionar los créditos y los convenios de
compensación que necesite con el aval del Gobierno Nacional, de
conformidad con las normas vigentes aplicables a las restantes
entidades y organismos nacionales de la Administración central o
descentralizada […]”.

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De las competencias de CORPAMAG

Dentro de las funciones que delimitan el ámbito competencial de las

Corporaciones Autónomas Regionales como administradoras de los

recursos naturales y autoridades ambientales en sus respectivas

jurisdicciones, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, prevé las

siguientes:

“[…] ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:

[…] 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente;

[…] 6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales,
otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de
lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor
manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan
al ejercicio de funciones administrativas;

[…]

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento,
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean
necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y
avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos
requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.

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20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con
las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria
para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;

[…]

26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de
proyectos en materia ambiental que deban desarrollarse con
recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de
destinación semejante;

[…]

PARAGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán
sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y
con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia […]”.

De las competencias del Departamento

Ahora, en lo atinente al rol de los departamentos en los asuntos de

naturaleza ambiental, el artículo 64 ídem, dispone:

“[…] ARTICULO 64. Funciones de los Departamentos.
Corresponde a los Departamentos en materia ambiental, además de
las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le
deleguen a los Gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente o
por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales:

[…]

1)Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y
administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a

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los municipios y a las demás entidades territoriales que se
creen en el ámbito departamental, en la ejecución de
programas y proyectos y en las tareas necesarias para la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

[…]

6) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los
entes directores y organismos ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones
Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua.
para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas
hidrográficas. […]”.

Precisado lo anterior, la Sala se detendrá en el análisis del material

probatorio que resulta relevante a efectos de establecer sí, como lo

concluyó el Tribunal, hay lugar a atribuir responsabilidad a las

entidades apelantes en punto a la trasgresión de los derechos

invocados.

Así las cosas, en comunicación de 26 de diciembre de 201318, algunos

de los integrantes de ASOPETEN, entre ellos su presidente, puso de

presente ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la

reparación de los caños El Morro, Tapegua, Zura y Caños, así como

la construcción de compuertas de control de niveles de agua, a raíz

de su deterioro ambiental.

18 Fls. 57 y 58, “01.C01 R4701233300020150022100.pdf”, expediente digital obrante en OneDrive.

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32

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Luego, mediante Oficio núm. 8210-E2-3039 de 3 de febrero de

201419, la Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible20

comunicó al Presidente de ASOPETEN que conforme con el artículo

1º de la Ley 99 de 1993, no es competencia de dicha cartera aginar

recursos para ejecutar un proyecto como el requerido para los

cuerpos de agua El Morro, Tapegua, Zura y Caños, por ende impartió

la recomendación de radicar ante CORPAMAG la propuesta de

intervención solicitada.

En igual sentido, en Oficio núm. 8230-E2-6606-C1 de 2 de abril de

201421, la directora de Gestión Integral del Recurso Hídrico del MADS

informó al representante de ASOPETEN que dentro de sus funciones

no está contemplada la construcción de obras hidráulicas como

excavaciones del Caño Zura para el control de inundaciones, sino que

se trata de acciones radicadas en CORPAMAG como la autoridad

ambiental que debe definir las acciones a seguir para atender la

problemática descrita.

19
Fls. 41 y 42, “01.C01 R4701233300020150022100.pdf”, expediente digital obrante en OneDrive.
20
En adelante MADS.
21
Fls. 39 y 40, ídem.

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A su turno, el director general de CORPAMAG por medio de Oficio

núm. 002624 de 24 de julio de 201522 informó al presidente de

ASOPETEN que en el marco del contrato de obra núm. 097 de 2013

se llevó a cabo una obra de recuperación hidráulica, espacio ecológico

y funcional del Caño Zura, mediante labores mecánicas de dragado,

conforme con los diseños previamente establecidos, e indicó,

además, que las compuertas para el manejo y control de aguas no

fueron incluidas en el proyecto.

En el contrato de obra núm. 097 de 201323, suscrito entre

CORPAMAG y Servicios de Dragados y Construcciones S.A., fueron

consignadas las siguientes consideraciones:

“[…] PRIMERA: Que una de las funciones que la Ley 99 de 1993,
consagrar para las Corporaciones Autónomas Regionales, como
autoridad ambiental, es la atinente a la protección, conservación y
administración de los Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente dentro del área de jurisdicción que les corresponda.
SEGUNDA: Que en virtud de ello y en su búsqueda por mejorar los
servicios que presta en su ejercicio como autoridad ambiental en el
Departamento del Magdalena, requiere la “Obra pública para la
Protección y Recuperación de humedales como estrategia de
conservación ambiental y reducción del riesgo en el departamento
del Magdalena. TERCERA: Que luego de un diagnóstico ambiental
regional y a partir de las demandas sociales e institucionales
generadas a partir de la formulación del Plan de Acción Corporativo
Ambiental – PACA 2012-2015, se logró establecer un listado
prioritario de humedales a recuperar por su importancia ecológica y
por su contribución al desarrollo económico y social de catorce

22
Fls. 31 y 32, “01.C01 R4701233300020150022100.pdf”, expediente digital obrante en OneDrive
23
Fls. 120 a 128, ídem.

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municipios del departamento del Magdalena. CUARTA: Que como
parte de la gestión desarrollada que apunta a la implementación de
esta iniciativa se logró la formulación y financiación del proyecto
“PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO
ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, a través del cual
se materializará esta iniciativa estructural integral que tiene como
propósito mejorar las condiciones ambientales, sociales y
económicas del departamento. QUINTA: Que el proyecto […] tiene
como objeto general recuperar las condiciones ambientales de los
humedales como estrategia para el mejoramiento de la calidad de
vida de los Magdalenenses, mediante el cumplimiento de los
siguientes objetivos específicos: (i) Mejorar la interconexión hídrica
de siete (7) humedales del departamento a través de obras de
dragados y limpiezas mecánicas, (ii) Implementar acciones formales
de relimitación de las siete (7) rondas de los caños a intervenir; (iii)
Diseñar e implementar un Plan de sensibilización ambiental
relacionado con la conservación y protección de humedales […].

En el clausulado contractual se acordó:

“[…] CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El contrato se
obliga para con CORPAMAG a realizar la Obra pública para la
Protección y Recuperación de humedales como estrategia de
conservación ambiental y reducción del riesgo en el departamento
del Magdalena, en las cantidades y actividades descritas en el
alcance del objeto, de conformidad con lo preceptuado en el
documento de estudios previos, el Pliego de Condiciones Definitivo
y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLÁSULA TERCERA:
ALCANCE DEL OBJETO: El alcance a desarrollarse en cada uno de los
7 municipios es: […] (v) Tenerife: Recuperación hidrológica espacio
ecológico y funcional del Ciénaga Zura y Ciénaga Real del Obispo
mediante dragado mecánico de Caño Zura y Ciénaga Real del Obispo
[…]”.

De lo expuesto, la Sala concluye que, en efecto, a CORPAMAG le

asiste responsabilidad en la vulneración de los derechos colectivos

que suscitó esta acción constitucional, pues en la zona afectada dicha

entidad funge como autoridad ambiental y, en tal virtud, de acuerdo

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con el artículo 31 de la Ley 99, son de su resorte las obras que se

tornen necesarias para el control de inundaciones, la regulación de

fuentes hídricas, la preservación y recuperación del medio ambiente

y los recursos naturales, así como la aprobación del plan de manejo

ambiental que demanda la situación sub examine.

Precisamente, en cumplimiento de sus obligaciones, CORPAMAG ha

adelantado intervenciones encaminadas a la recuperación de las

condiciones hidráulicas y ambientales de los humedales ubicados en

ese sector, tal y como se constató con el contrato de obra núm. 097

y de lo manifestado por dicha entidad en el Oficio núm. 000533 de

25 de febrero de 201524, en el que se indicó:

“[…] En atención a su comunicación, con radicado del asunto, nos
permitimos manifestarle que al peticionario Lie Martin Isaac Barrios
Patencia, representante legal de la asociación de pescadores de
Tenerife “ASOPETEN” - “José Nicomedes Peña”, se le han resuelto
dos peticiones desde la Subdirección técnica, las cuales
relacionamos a continuación:

• Por intermedio de derechos de petición 0615 y 0848 del 2014, se
realizó requerimiento, que fue resuelto a través de oficio 0552 de
fecha 20 de febrero de 2014 (adjunto a la presente).

• A través de oficio radiado en la corporación, con consecutivo 3750
de 2014 (04 de A través de oficio radicado Junio de 2014), se
extendió requerimiento con relación a los trabajos inconclusos y a
información sobre las actividades de repoblamiento, cuido y control
de pesca en el sector; a dicha comunicación, se le dio respuesta con

24
Fls. 114 a 117, ídem.

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el consecutivo 2116 con fecha 26 de Junio de 2014 (adjunto a la
presente).

Así mismo, nos permitimos informarle lo siguiente a modo de
información general sobre la situación de los requerimientos en el
marco del proyecto de recuperación de Humedales:

Las obras realizadas en los caños Zura y Caño San Juan en Real del
Obispo fueron realizados bajo las condiciones de Diseños propuestos
en el contrato de Obra No 97 de 2013, con el fin de recuperar las
condiciones Hidráulicas de los cuerpos Cenagosos que tiene una
interconexión el cual aumentó la regulación Hídrica y la
productividad de bienes y servicios como lo son los recursos
pesqueros y el abastecimiento de agua a poblaciones rurales.

De igual manera fondones como reguladores de inundaciones que
cumplían otros complejos cenagosos como la Ciénaga Grande de
Santa Marta, Cetro de San Antonio, Zura, El Morro, Zapayán, Jaraba,
El Sapo, Pijiño, Tamalameque, Chilloa y Zapatosa entre otras, se ha
visto reducida por la alta sedimentación y la perdida de conectividad
que garantiza los flujos y reflujos dependiendo de las condiciones
climáticas dadas, por lo tanto los trabajos realizados de dragado
mecánico e Hidráulicos en distintos caños del Departamento fueron
de gran ayuda para recuperar esta interconexión.

Con el desarrollo del proyecto en el departamento requirió para su
recuperación efectiva y su sostenibilidad acciones integrales a través
de la “RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, con el cual se pretendió incidir
a través de unas acciones de competencias Internas y externas que
permitieron modificar las condiciones ambientales de los complejos
cenagosos y de esta manera mejorar las condiciones sociales de su
entorno.

Como primera medida se intervinieron los caños que alimentan y
son los generadores de los procesos de flujo y reflujos entre las
ciénagas y el río Magdalena, esta primera fase tuvo el desarrollo de
un sistema de seguimiento y monitoreo ambiental que permitirá en
corto, mediano y largo plazo tomar decisiones certeras a la hora de
que se genere alguna problemática. Esta actividad va
complementada con acciones de educación ambiental y participación
ciudadana, repoblamiento piscícola, acuerdos legales de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la
implementación de un programa dirigido al fortalecimiento de las

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capacidades institucionales para el ejercicio de los humedales
intervenidos.

El proyecto ejecutó actividades en los municipio del Banco Caño
Salitre en la Ciénaga de Tamalamequito, en el Municipio de Santa
Ana en el caño Jaraba en la Ciénaga de Jaraba, Municipio de Santa
Bárbara de Pinto Caño de San Pedro Ciénaga del Sapo, Municipio de
Tenerife Caño Zura en la ciénaga de Zura, también se intervino el
caño de San Juan en el corregimiento Real del Obispo que alimenta
la ciénaga de Real del Obispo, el Municipio de Zapayán se intervino
el Caño de Zapayán que alimenta la Ciénaga de Zapayán, el
municipio de Cerro de San Antonio que se intervino el caño de Cerro
de San Antonio que alimenta la ciénaga de Cerro de San Antonio, y
por último los caños Central, Viejo y el Río Sevilla en el Municipio de
Zona Bananera que entrega a las Ciénaga Grande de Santa Marta.

Dentro de las obras físicas, los trabajos consistieron en remoción,
transporte y descarga de 1.008.945,00 metros cúbicos de material
de fondo de áreas acuáticas, utilizando para ello los métodos de
dragado mecánico para remover 554.537 metros cúbicos y dragado
Hidráulico para 454.408 metros cúbicos. Así mismo se construyeron
estructuras hidráulicas tipo muro de gavión y tierra armada con
geotextil (estructura de protección en las márgenes de los cauces),
los cuales se ejecutaron en los municipios de Zona Bananera y Cerro
de San Antonio, respectivamente […]”.

A juicio de la Sala, el argumento que plantea el carácter subsidiario

de su intervención con fundamento en la Ley 1523 de 2012, no tiene

vocación de prosperidad, comoquiera que el razonamiento jurídico

que precedió a la decisión del Tribunal, y que se comparte en esta

oportunidad, se centró en las afectaciones ambientales causadas por

la alteración de las condiciones hidráulicas de los cuerpos hídricos y,

consecuencialmente, en las funciones que en esa materia

corresponden a CORPAMAG, CORMAGDALENA y el

DEPARTAMENTO, por lo que no resulta procedente la aplicación de

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los preceptos atinentes al sistema de gestión del riesgo para la

determinación de su nivel de responsabilidad.

En esa misma línea, del marco legal precedente, la Sala considera

que CORMAGDALENA debe concurrir a la definición y

materialización de la solución técnicamente idónea para atender, de

forma efectiva y definitiva, las causas de la afectación a las ciénagas

y los caños de interconexión con el río Magdalena, pues de acuerdo

con el artículo 6º de la Ley 161, le compete la asesoría técnica y

financiera en asuntos relacionados con su objeto, así como promover

y ejecutar proyectos que tengan por fin el control de inundaciones.

Sobre el particular, la Sala destaca que la interpretación sugerida por

CORMAGDALENA con el fin de desvirtuar su responsabilidad

respecto de dicho control, no es de recibo, habida cuenta que, como

se precisó anteriormente, el fundamento normativo para considerarla

responsable por el control de las inundaciones no radicó en el rol que

desempeñe como integrante del sistema de gestión del riesgo, sino

en sus competencias asignadas en pro de la conservación del medio

ambiente.

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Así las cosas, la sala mantendrá la orden atinente a la realización de

estudios y ejecución de obras pertinentes en cabeza de CORPAMAG

y CORMAGDLENA; sin embargo, en lo que concierne al plan de

manejo ambiental ordenado en primera instancia, se radicará tal

obligación en CORPAMAG, en razón a los deberes que son de su

cargo en esa jurisdicción y, concretamente, en cumplimiento de lo

dispuesto en los artículos 3º y 4º de la Resolución núm. 157 de 12 de

febrero 200425 que son del siguiente tenor:

“[…] Artículo 3. Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades
ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar planes de
manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción,
los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y
zonificación para la definición de medidas de manejo con la
participación de los distintos interesados. El plan de manejo
ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de
su diversidad y productividad biológica.

Las autoridades ambientales que a la fecha de la entrada en vigencia
de la presente resolución hayan formulado o implementado planes
de manejo en humedales de su jurisdicción, deberán
complementarlos o actualizarlos con base en lo establecido en la
presente Resolución y en la guía técnica que para el efecto
determine el ministerio.

Artículo 4. Autoridades Ambientales Competentes. Son
autoridades ambientales para los efectos de la presente Resolución
la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques
Naturales, Las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones
de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las
Autoridades Ambientales Distritales a que se refiere la Ley 768 de
2002 […]”

25
“Por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar”

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Ahora bien, en lo que concierne a las causales de exoneración de

responsabilidad invocadas por el DEPARTAMENTO, valga decir que

la intervención de CORPAMAG en ejecución del contrato núm. 097,

y los fenómenos naturales como determinantes de la afectación, la

Sala de forma reiterada26 ha puntualizado que la acción popular no

reviste un carácter indemnizatorio y, en esa medida, el juicio de

responsabilidad que comporta ese tipo de acciones reparatorias no

tiene cabida en este escenario constitucional, de suerte que las

causas extrañas encaminadas a desvirtuar el nexo de casualidad

entre una acción u omisión y la trasgresión de los derechos

colectivos, no resultan relevantes.

Adicionalmente, la Sala advierte que las órdenes impartidas al

DEPARTAMENTO no derivan de su mayor o menor nivel de

injerencia en los hechos constitutivos de la trasgresión, sino en el

carácter de garante que reviste frente a los derechos involucrados,

conforme con los deberes legales previstos en el artículo 64 de la Ley

99 referentes al apoyo de las labores y programas que tengan por fin

26Ver entre otras las sentencias de 14 de octubre de 2021, expediente núm. 13001 33 33

004 2015 00164 01 y 9 de junio de 2022, expediente núm. 05001 23 33 004 2012 00614
02.

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la conservación del medio ambiente y los recursos naturales

renovables en su jurisdicción.

Bajo tales consideraciones es claro que los fundamentos del

recurso de la entidad territorial deben ser desestimados y, por

ende, la decisión que esta atañe se mantendrá en los términos

dispuestos por el juzgador de primera instancia.

• De la ampliación del plazo

Con el fin de emitir pronunciamiento sobre este argumento de la

apelación, a continuación, se hará referencia a la orden cuestionada:

“[…] QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena CORPAMAG, al municipio de Tenerife y a la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –
CORMAGDALENA que implementen un plan de manejo ambiental
de recuperación y rehabilitación de las Ciénagas Morro, Tapegua y
Zura, en cuanto a flujos hídricos, calidad de aguas y repoblamiento
de especies ictiológicas que eviten la sedimentación, contaminación
de las Ciénagas así como la extinción de las especies
hidrobiológicas objeto de aprovechamiento tradicional por parte de
las comunidades pesqueras, para lo cual se dispondrá el término
de seis (6) meses seguidos a la ejecutoria de esta providencia
procedan a la realización y ejecución del mismo[…]”.

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Sobre el particular, la Sala considera que en consideración a que la

sedimentación de los caños y las ciénagas viene presentándose

desde hace más de diez (10) años, conforme con los medios de

convicción allegados, es apremiante la adopción y ejecución de

medidas definitivas para conjurar los impactos ambientales

generados en la zona y el largo periodo de tiempo que ha

transcurrido luego del vencimiento del plazo fijado en Resolución 196

de 2006 para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, el

término otorgado por el Tribunal para el cumplimiento de la orden

impartida en este aspecto se torna proporcional y razonable de cara

a la efectiva protección de los derechos.

En todo caso, de sobrevenir en el trámite de dicho Plan una causa

que justificada y razonablemente amerite la ampliación del plazo en

mención, será del resorte del Comité de Verificación determinar la

procedencia o no de conceder un tiempo adicional, sin perder de vista

la necesidad de garantizar en forma oportuna la protección concedida

por el juez constitucional27.

27 Al respecto, ver entre otras: Sentencia del 1 de junio de 2020. Radicado: 68001 23 31

000 2021 00091 01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 9 de
febrero de 2023. Radicado: 68001 23 33 000 2019 00410 01. Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López.

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Finalmente, en atención a la solicitud de CORMAGDALENA de que

se condene en costas a la parte demandante, la Sala considera que

ello no resulta procedente, habida cuenta que no resultó vencida en

el proceso.

Además de lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal en la

sentencia apelada, al disponer la conformación del Comité de

Verificación omitió referir que el mismo sería presidido por el

magistrado ponente de esa Corporación Judicial. En consecuencia, se

modificará el numeral séptimo de la parte resolutiva del fallo

apelado en el sentido de incluirlo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas

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en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales quinto y séptimo de la parte

resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

“[…] QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena CORPAMAG que implemente un plan de manejo
ambiental de recuperación y rehabilitación de las Ciénagas Morro,
Tapegua y Zura, en cuanto a flujos hídricos, calidad de aguas y
repoblamiento de especies ictiológicas que eviten la sedimentación,
contaminación de la Ciénagas así como la extinción de las especies
hidrobiológicas objeto de aprovechamiento tradicional por parte de
las comunidades pesqueras, para lo cual se dispondrá el término
de seis (6) meses seguidos a la ejecutoria de esta providencia
procedan a la realización y ejecución del mismo.

[…]

SEPTIMO: Para efecto de la verificación del cumplimiento de ésta
sentencia CONFORMASE un Comité de Verificación compuesto, en
lo pertinente, por el actor popular; un representante de la
Defensoría del Pueblo; un representante de la Personería Municipal
de Tenerife; el Agente del Ministerio Público delegado ante el
Tribunal Administrativo de Magdalena: el Procurador 13 Judicial ll
Agraria y Ambiental del Magdalena el representante legal de
CORPAMAG; el representante legal de la Corporación Autónoma
Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA; un
presentante del Departamento de Magdalena; el Alcalde del
Municipio de Tenerife: y el Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo de Magdalena, quien lo presidirá; los integrantes
deberá deberán informar cada dos (02) meses a éste Tribunal, por
conducto de su Secretaria, sobre el cumplimiento de las ordenes
impartidas en la presente providencia.

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TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 17 de mayo

de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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