Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2015-00252-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2015-00252-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2015-00252-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: ERNESTO LÓPEZ PENAGOS Y OTROS
Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO
NACIONAL
Tema: Responsabilidad del Estado por desaparición forzada cometida
por terceros – conciliación parcial de la condena / Objeto de la
apelación – se limita a los aspectos propuestos por el apelante
único – medidas de reparación no pecuniarias – proporción del
reembolso que deben pagar los llamados en garantía.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 21 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 23 de febrero de 2006 integrantes del bloque norte de las AUC arribaron a la
finca “La Reserva”, caserío “La Trocha” ubicada en el corregimiento de
Macaraquilla entre los municipios de Fundación y Aracataca, Magdalena, y
secuestraron a varios jornaleros, entre ellos, a José Arnulfo López Gámez.
Posteriormente, algunos de los secuestrados fueron asesinados y otros
entregados con vida a miembros del Ejército Nacional, desde entonces, se
desconoce el paradero de José Arnulfo López Gámez.
Los demandantes y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
suscribieron acuerdo parcial de conciliación judicial. La parte demandada apeló las
medidas de reparación no pecuniarias ordenadas en primera instancia y la
proporción en que los llamados en garantía deben reembolsar al Ejército Nacional
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
los rubros que pague por la condena, aspectos que no fueron materia de la
conciliación judicial.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 25 de junio de 20151, Elvira Penagos Terreros, Dayana Carolina López Núñez,
Pastor López Gámez, Blanca Inés López Penagos, Fernando López Penagos,
Benilda Cubillos Penagos, Diana Carolina López Penagos, Ernesto López
Penagos, Gonzalo López Gámez, Martha Cielo Cubillo López Penagos y Carlos
Cubillos Penagos, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control
de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional (en adelante el Ejército Nacional), para que se le
declarara patrimonialmente responsable por la desaparición forzada de José
Arnulfo López Gámez, ocurrida el 23 de febrero de 2006, en la finca “La Reserva”,
caserío “La Trocha” ubicada en el corregimiento de Macaraquilla entre los
municipios de Fundación y Aracataca, Magdalena.
Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan condenar a las entidades
accionadas a pagarles, por perjuicios morales, el equivalente a 300 SMLMV para
cada uno; por “alteración grave de las condiciones de existencia” la suma de 300
SMLMV para cada uno; por afectación a bienes y derechos constitucional y
convencionalmente protegidos, la cantidad de 300 SMLMV para cada uno; por
lucro cesante, la suma de $323’334.604 -sin indicar en favor de quién-; y, por daño
emergente, la suma de $54’658.800 -sin indicar en favor de quién-.
Finalmente, como medidas de reparación no pecuniarias se solicitaron las
siguientes: i) que la demandada les brinde tratamiento médico y psicológico; ii)
que se les ofrezca un mecanismo para desarrollar su plan de vida familiar; iii) que
se realice un acto de reconocimiento público de responsabilidad y la demandada
1 Fl. 1 a 54, C1.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
ofrezca disculpas por la desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez; iv)
que se investigue y sancione a los miembros del Ejército Nacional que sean
responsables por acción o por omisión de la desaparición forzada de José Arnulfo
López Gámez; v) que, una vez encontrados los restos de José Arnulfo López
Gámez, la demandada pague los gastos fúnebres; y, vi) que se construya una
placa en conmemoración a la víctima.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 23 de febrero de
2006 integrantes del bloque norte de las AUC arribaron a la finca “La Reserva”,
caserío “La Trocha” ubicada en el corregimiento de Macaraquilla entre los
municipios de Fundación y Aracataca, Magdalena, y secuestraron a varios
jornaleros, entre ellos, a José Arnulfo López Gámez. Posteriormente, algunos de
los secuestrados fueron asesinados y otros entregados con vida a miembros del
Ejército Nacional, desde entonces, se desconoce el paradero de José Arnulfo
López Gámez
Manifiesta que, posteriormente, la Fiscalía 33 de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario inició la investigación por la
desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez y de otras personas y acusó
de dicho delito a varios miembros de grupos paramilitares, investigación en la cual
se estableció que en el ilícito también participaron miembros del Ejército Nacional.
Sostiene que, el 14 de octubre de 2011, la Fiscalía 33 de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario acusó a varios miembros
del Ejército Nacional, como coautores de los delitos de secuestro simple
agravado, tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida,
desaparición forzada, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento
público agravada, siendo víctimas, entre otros, José Arnulfo López Gámez.
Destaca que la anterior decisión fue confirmada mediante Resolución del 15 de
diciembre de 2011, proferida por la Fiscalía 3ª Delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Señala que, mediante sentencia del 8 de abril de 2014, el Juzgado Penal
Especializado del Circuito de Santa Marta en Descongestión condenó a 40 años
de prisión al ex sargento Harold Enrique Cuarán y a 38 años de prisión a otros tres
miembros del Ejército Nacional, como coautores de los delitos de homicidio en
persona protegida, desaparición forzada, concierto para delinquir y falsedad
ideológica en documento público agravada, siendo víctimas, entre otros, José
Arnulfo López Gámez.
Sostiene que, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2014, la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó la anterior
providencia condenatoria.
Indica que, mediante decisión del 5 de agosto de 2015, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por los
militares condenados, contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
La parte demandante considera que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por la desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez, dada su
participación y/o complicidad con la actuación de grupos al margen de la ley.
2. Contestaciones
El 21 de julio de 20152, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.
2.1. El Ejército Nacional3 manifestó que no era responsable de la desaparición
forzada de José Arnulfo López Gámez, pues dicho ilícito fue perpetrado por
miembros de grupos paramilitares. Propuso las excepciones denominadas
“inexistencia de los presupuestos para configurar el daño” y “falta de legitimación
en la causa por activa”.
2 Fl. 264 y 265, C.1.
3 Fl. 282 a 292, C.1.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
En la misma oportunidad, el Ejército Nacional llamó en garantía4 a los soldados
Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz
Valdez y Giovani Quintero, con fundamento en que su conducta resultó
gravemente comprometida por su participación en los hechos de la demanda.
Mediante auto del 3 de febrero de 20165 el a quo aceptó el llamamiento en
garantía. No obstante, los llamados guardaron silencio.
3. Audiencia inicial
El 14 de marzo de 20176 el Tribunal Administrativo del Magdalena realizó la
audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el
objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar “si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional es responsable patrimonialmente por los hechos que dieron lugar a la
desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez y, finalmente, deberá
establecerse si los señores Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo
Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero deben ser llamados a
responder los hechos que dieron lugar a la desaparición forzada de José Arnulfo
López Gámez”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 24 de abril de 20177 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4 Fl. 305 a 319, C.1.
5 Fl. 396 a 398, C.1.
6 Fl. 518 y 519, C.1.
7 Fl. 571 a 574, C.1.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
4.1. Los demandantes8 y el Ejército Nacional9 reiteraron los argumentos expuestos
en la demanda y en la contestación a esta, respectivamente.
4.2. El ministerio público y los llamados en garantía guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de marzo de 201810 el Tribunal Administrativo del
Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar
que los militares llamados en garantía recibieron con vida de manos de integrantes
de las AUC a José Arnulfo López Gámez y que desde ese momento la víctima se
encuentra desaparecida.
Al efecto, indicó que “[…] se tiene que el 23 de febrero de 2006 en la finca ‘La
Reserva’ llegaron integrantes de las AUC en busca de varios jornaleros los cuales
se fueron llevando poco a poco sumando en total nueve (9) personas y una menor
de edad, a quienes retuvieron en contra de su voluntad alegando que eran
miembros de la guerrilla de las Farc que estaban infiltrados […] declaraciones,
sumadas a la valoración de cada una de las manifestaciones de los demás
jornaleros que presenciaron los hechos, así como los abonados celulares
encontrados dentro de las pertenencias de los NN´s presentados por tropas de la
Brigada Contraguerrilla No. 2 Guajiro - Compañía Esparta y Brigada
Contraguerrilla – Compañía Halcón adscritos al Batallón de Infantería Mecanizado
No. 5 Córdoba como bajas en combate, dentro de los que se pudo determinar que
uno de los abonados celulares pertenecía a José Arnulfo López Gámez,
constituyen serios indicios de que dentro de las cinco (5) personas entregadas a
dos (2) militares del Ejército Nacional se encontraba José Arnulfo López Gámez.
[…] En ese orden determina la Colegiatura que si bien dentro de los cuatro (4)
cuerpos sin identidad enseñados por el Ejército Nacional para soportar el
resultado de órdenes de trabajo emitidas para mitigar y contrarrestar el flagelo del
8 Fl. 581 a 601, C.1.
9 Fl. 602 a 611, C.1.
10 Fl. 623 a 658, Cuaderno Consejo de Estado.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
conflicto armado en esa zona del país, no se pudo identificar el cuerpo sin vida de
López Gámez, lo cierto es que este hacía parte del grupo de nueve (9) personas
secuestradas y dentro de los reportados por el Ejército se encontró un teléfono
celular a su nombre. Este hallazgo resulta concluyente en la imputabilidad de la
desaparición de la víctima a la entidad demandada, en tanto el teléfono celular
hace parte de los objetos personales que habitualmente llevan los propietarios del
mismo, por consiguiente, se establece que dentro de las cinco personas vivas
entregadas por las AUC a miembros del Ejército Nacional se encontraba el señor
José Arnulfo López Gámez. […] 7.1. Llamamiento en garantía de militares. […] los
militares Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto
Díaz Valdez y Giovani Quintero, en pleno conocimiento de la ejecución
extrajudicial que cometieron en abuso de poder, contraviniendo el ordenamiento
jurídico colombiano y las reglas de protección de los derechos humanos
reportaron a cuatro (4) de las cinco (5) personas que les habían sido entregadas
por los miembros de las AUC como combatientes insurgentes fallecidos en
confrontación mientras cumplían una orden militar. Es evidente para la Sala que
los militares participaron en la desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez
en hechos ocurridos en febrero de 2006, por lo que se condenará a reembolsar
proporcionalmente a su grado militar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional las sumas que por objeto de indemnización se condenó en esta
sentencia”.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena condenó al Ejército Nacional
a pagar a los demandantes perjuicios morales en cantidad de 100 SMLMV para
Elvira Penagos Terreros y Dayana Carolina López Núñez y de 50 SMLMV para
cada uno de los demás demandantes; por afectación a bienes y derechos
constitucional y convencionalmente protegidos la suma de 100 SMLMV para Elvira
Penagos Terreros y Dayana López Penagos y medidas de reparación no
pecuniarias; por lucro cesante la suma de $135’598.570,44 en favor de Dayana
López Penagos. Luego, condenó a los llamados en garantía a reembolsar
proporcionalmente a “su grado militar” las sumas que pague la demandada por
concepto de la condena; negó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
6. Conciliación judicial parcial
El 3011 de mayo y el 112 de junio de 2018, la parte actora y el Ejército Nacional
interpusieron recursos de apelación. No obstante, previo a decidir sobre su admisión,
mediante auto del 6 de julio de 201813, el a quo citó a las partes a audiencia de
conciliación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 192
del CPACA, la cual se celebró en sesiones del 1414 de agosto y del 25 de septiembre
de 201815.
Mediante auto del 25 de septiembre de 201816, el Tribunal Administrativo del
Magdalena aprobó parcialmente el acuerdo de conciliación al que llegaron la partes,
consistente en que el Ejército Nacional debía pagar el 80% de la condena impuesta
en la sentencia del 21 de marzo de 2018, limitó las medidas de reparación no
pecuniarias que debía cumplir la accionada y concedió únicamente el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada, pero exclusivamente respecto de
su desacuerdo con dichas medidas de satisfacción y de la proporción en que los
llamados en garantía debían reembolsar al Ejército Nacional el pago de la condena.
En efecto, el a quo señaló lo siguiente:
“[…] 3.2.1 De la aprobación de la propuesta conciliatoria. Reitera la Sala que la
propuesta conciliatoria de la parte demandada reconoce los perjuicios a los que se
condenó en la sentencia y formula la disminución del 20% de los valores. Así mismo,
respecto de las medidas de reparación no pecuniarias tan solo admite la publicación del
acuerdo conciliatorio en la página web del Ministerio de Defensa y en la del Ejército
Nacional. […] se logró comprobar en el análisis probatorio minucioso que realizó este
Tribunal, que militares del Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 ‘Gral. José María
Córdova’ (Tropas de la Brigada Contraguerilla No. 2, Guajiros, Compañía Esparta y
Brigada contraguerrilla, Compañía Halcón), contrariando los postulados que rigen su
actuar como representantes del Estado y de una institución cuyo objetivo misional es la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del
orden constitucional, desatendieron las reglas mínimas de protección y seguridad al
11 Fl. 672 a 675, Cuaderno Consejo de Estado.
12 Fl. 676 a 692, Cuaderno Consejo de Estado.
13 Fl. 670, Cuaderno Consejo de Estado.
14 Fl. 687, Cuaderno Consejo de Estado.
15 Fl. 719 a 728, Cuaderno Consejo de Estado.
16 Fl. 719 a 728, Cuaderno Consejo de Estado.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
ejecutar extrajudicialmente, de forma arbitraria, desproporcionada, deliberada e
irracional a cinco (5) personas que habían sido secuestradas por miembros de las AUC
y que posteriormente le fueron entregadas, dentro de las cuales se encontraba el señor
José Arnulfo López Gámez; pretendiendo legalizar hechos de violación de derechos
humanos, mediante el reporte de muertos en combate con guerrilleros. En ese orden de
ideas, los daños materiales e inmateriales que fueron reconocidos en el fallo de primera
instancia y sobre los cuales las partes conciliaron, se encuentran acreditados y, además,
se constata que existe congruencia con lo pedido en la demanda; así mismo, que lo
conciliado no deviene contrario a la normativa que regula la materia, ni quebranta la ley
ni los lineamientos jurisprudenciales en materia indemnizatoria fijados por el Consejo de
Estado en relación con la responsabilidad extracontractual del Estado. Por ende, la
propuesta de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de reconocer el 80%
del valor de la condena a la cual accedió la parte demandante, resulta admisible. […]
Ahora bien, para mayor claridad de la conciliación aprobada en esta providencia, a
continuación, se hará el cálculo de los valores en la cuantía del 80% conciliado, así: […]
perjuicios morales:
Demandantes Condena Equivalencia 80% de la
condena
Elvira Penagos 100 SMLMV $78’124.000 $62’499.360
Terreros
Dayana Carolina López 100 SMLMV $78’124.000 $62’499.360
Núñez
Pastor López 50 SMLMV $39’062.100 $31’249.680
Gámez
Gonzalo López 50 SMLMV $39’062.100 $31’249.680
Gámez
Blanca Inés López 50 SMLMV $39’062.100 $31’249.680
Penagos
Ernesto López 50 SMLMV $39’062.100 $31’249.680
Penagos
Fernando López 50 SMLMV $39’062.100 $31’249.680
Penagos
Diana Carolina 50 SMLMV $39’062.100 $31’249.680
López Penagos
Perjuicios materiales a título de lucro cesante:
Demandantes Condena 80% de la condena
Dayana Carolina López $135’598.570,44 $108’478.856,35
Núñez
Perjuicios inmateriales en la modalidad de afectación relevante a bienes y derechos
convencional y constitucionalmente amparados:
Demandantes Condena Equivalencia 80% de la
condena
Elvira Penagos 100 $78’124.000 $62’499.360
Terreros SMLMV
Dayana Carolina 100 $78’124.000 $62’499.360
López Núñez SMLMV
3.2.2 Desistimiento de la condena impuesta a título de reparación simbólica.
Respecto a la mencionada solicitud presentada por la señora Elvira Penagos Terreros,
advierte este Tribunal que conforme al ius postulandi o derecho de postulación, la
potestad exclusiva, salvo las excepciones contempladas en la Ley. para presentar la
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
demanda, solicitar el decreto y práctica de pruebas, presentar alegatos y en general de
realizar todas las actuaciones propias del trámite del proceso, radica en los abogados.
De tal forma, en los procesos judiciales se requiere que las personas vinculadas al
mismo actúen mediante apoderado judicial, quien en su nombre realizará las
actuaciones propias del respectivo trámite. […] Sin embargo, en gracia de discusión,
este Tribunal estudiaría la solicitud elevada en nombre propio por la señora Elvira
Penagos Terreros, advirtiendo que se accederá parcialmente a la misma […]. Teniendo
en cuenta los parámetros de la jurisprudencia contencioso administrativa, destaca la
Sala que las medidas de reparación no pecuniarias o simbólicas ordenadas
oficiosamente por esta Corporación en providencia del 21 de marzo de 2018,
constituyen una satisfacción impuesta en consideración a la defensa o garantía de los
derechos fundamentales, para contemplar la reparación integral del daño antijurídico
causado, y tal como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional, adquieren una
repercusión pública. Adicionalmente, se tiene que las decisiones entorno a la
reparación de este perjuicio, fueron adoptadas de oficio, quiere decir que no fueron a
solicitud de parte, pues bien los fundamentos fácticos y de derechos que sustentaron el
fallo así como la transcendencia del mismo, se constituyen en un referente para la
resolución de futuros casos análogos en los que se debata la responsabilidad del
Estado por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de ciudadanos,
eventos que han sido calificados como graves violaciones a derechos humanos y
estudiados bajo la óptica del régimen de falla del servicio; además para formular
políticas públicas a partir del comportamiento desplegado por los soldados del Ejército
Nacional. Por tal motivo, dichas órdenes deben ser satisfechas por la entidad
condenada administrativamente, de manera que las mismas no pueden ser disponibles
ni renunciables, dada la naturaleza que implican dichas medidas de satisfacción. Al
respecto, conforme a oficio de fecha 13 de agosto de 2018 (ff. 692-694) remitido por el
Ejército Nacional, se tiene que dicha entidad en procura de acatar con las órdenes
impuestas por este Tribunal dentro del proceso de la referencia cuenta con dos
dependencias que ayudan en la formación integral de los miembros de la fuerza pública
de Colombia y de países aledaños, enfatizada en la promulgación de los derechos
humanos a saber, la Escuela de DDHH y DIH y el Centro de Doctrina del Ejército.
Asimismo, la entidad accionada con el fin de realizar un seguimiento a las actuaciones
desplegadas por los miembros de dicha entidad implementó la hoja de ruta para poder
enmarcar el comportamiento de los soldados durante el desarrollo de operaciones
militares, así como en su interrelación con la población civil. De lo anterior, infiere esta
Agencia Judicial que el Ejército Nacional ha cumplido con algunas de las órdenes
impartidas por esta Corporación y teniendo en cuenta la renuncia presentada por la
señora Elvira Penagos Terreros frente a las medidas de reparación no pecuniarias […]
respecto de las demás ordenes dispuestas por este Tribunal de forma oficiosa,
ponderando el interés público, se mantendrán las siguientes:
• La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las partes en
el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, copia auténtica de esta
sentencia deberá ser remitida por la Secretaría de esta Corporación al Centro de
Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1424 de 2010 y
se convierta en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de
Colombia. - En virtud de lo establecido en los artículos 93 de la Carta Política y 1.1., 2, y
25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente
providencia a la Procuraduría General de la Nación Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de que abra las investigaciones
disciplinarias por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2006 en el corregimiento de
Macaraquilla, entre los municipios de Fundación y Aracataca (Magdalena), y se lleven
hasta sus últimas consecuencias, revelando su avance en un periodo no superior a
noventa (90) días por comunicación dirigida a esta Corporación, a los familiares de la
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
víctima y a los medios de comunicación de circulación local y nacional. - Copia de esta
providencia debe remitirse por la Secretaría de esta Corporación, al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que estas
entidades públicas en cumplimiento de los mandatos convencionales la pongan en
conocimiento de las siguientes instancias: (i) del Relator Especial para las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas que elabore actualmente
los informes de Colombia, para que se incorpore la información que comprende esta
providencia; (ii) a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos para que en su informe del país tenga en cuenta esta decisión judicial; (iii) a la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que conozca y tome en cuenta en sus
informes del país esta decisión judicial; y (iv) a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para que en su próximo informe tenga en cuenta esta sentencia. - De todo lo
ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al Tribunal informes de su
cumplimiento. En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicitará a la
Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada por
sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden disciplinario.
Precisado lo anterior, la Sala aprobará parcialmente el acuerdo conciliatorio entre las
partes, en consideración a que se cumplió con la totalidad de los requisitos solicitados
en la normatividad vigente frente a la mayoría de los puntos objeto del acuerdo. 3.2.3
Concesión recurso de apelación en lo que no fue objeto de conciliación. […]
ambas partes interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia dentro de
la oportunidad legal; por tanto, sería procedente la concesión de los mismos. No
obstante, debe precisar la Sala, en primer lugar, que no se concederá el recurso de
apelación incoado por la parte demandante, en tanto ésta no se opuso en su escrito de
alzada a las medidas no pecuniarias decretadas de forma oficiosa por esta Corporación,
que corresponden a los puntos que no fueron materia de aprobación de la conciliación,
en la medida que no se propuso nada frente a su cumplimiento. Por el contrario, los
asuntos materia de inconformidad en el recurso de apelación, refieren a los perjuicios
materiales y morales a los que se condenó al Ejército Nacional que fueron el centro de
la conciliación aquí aprobada, por lo que se entiende satisfecha al extremo activo de la
litis con lo conciliado y aprobado en esta providencia. De otra parte, se tiene el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada frente al cual sí habrá de
concederse respecto de las condenas impuestas a título de medidas no
pecuniarias, toda vez que la entidad demandada no consideró dentro de la
propuesta conciliatoria la totalidad de las medidas no pecuniarias decretadas de
oficio por la Corporación, quedando por fuera del acuerdo conciliatorio. En ese
orden de ideas se concluye que la entidad demandada mantiene su desacuerdo
frente a este punto, así como con los aspectos relacionados con la declaratoria de
responsabilidad de los llamados en garantía, según se desprende del escrito
contentivo del recurso de apelación”. (se resalta)
En suma, el Tribunal Administrativo del Magdalena aprobó el acuerdo de
conciliación parcial al que llegaron las partes, y en consecuencia ordenó el pago
del 80% de la condena impuesta en la sentencia del 21 de marzo de 2018 por
concepto de perjuicios morales, lucro cesante y afectación a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos y dejó incólumes las medidas de
reparación no pecuniarias consistentes en: i) remitir copia autentica de la
sentencia al Centro de Memoria Histórica; ii) remitir copia autentica de la
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
sentencia a la Procuraduría General de la Nación para iniciar la investigación
disciplinaria de su competencia y; iii) remitir copia autentica de la sentencia al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, para que dichas autoridades la pongan en conocimiento del Relator
Especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las
Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que estos la
incluyan en sus respectivos informes sobre Colombia.
7. Recurso de apelación
Mediante auto del 25 de septiembre de 201817, el a quo concedió el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada -únicamente respecto de su
desacuerdo con las medidas de reparación no pecuniarias y con la determinación
de la responsabilidad de los llamados en garantía-, el cual fue admitido el 30 de
abril de 201918.
7.1. El Ejército Nacional19 se opuso a las medidas de reparación no pecuniarias
impuestas por el a quo y solicitó racionalizar las órdenes impartidas, a fin de evitar
la multiplicidad de publicaciones de la sentencia y las declaraciones sobre los
hechos que dieron origen a la condena. Igualmente, reprochó que la sentencia de
primera instancia no precisó la suma o porción de dinero que los llamados en
garantía debían reembolsarle a la entidad, una vez se pagara la condena, pues no
era posible descontarles sumas de dinero de acuerdo con su “grado militar”,
porque ellos ya no pertenecían a la institución castrense y están privados de la
libertad.
17 Fl. 719 a 728, Cuaderno Consejo de Estado.
18 Fl. 754, Cuaderno Consejo de Estado.
19 Fl. 676 a 692, Cuaderno Consejo de Estado.
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8. Trámite en segunda instancia
El 15 de octubre de 202020 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. El Ejército Nacional21 reiteró lo expuesto en el recurso de apelación. La parte
actora y los llamados en garantía guardaron silencio.
7.2. El ministerio público22 presentó concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia respecto de las medidas de reparación no
pecuniarias adoptadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena, pues estas
no adolecen de duplicidad ni contradicción.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia del 21 de marzo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor23
de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación
de doble instancia ante esta Corporación24.
20 Fl. 793, Cuaderno Consejo de Estado.
21 Índice 31 Samai.
22 Índices 32 y 33 Samai.
23 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
24 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $323’334.604 y 500 SMLMV para
el 2015 equivalían a $322’175.000.
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2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14025 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño atribuido a la acción u omisión del Ejército
Nacional.
3. Vigencia del medio de control
Aunque el tribunal a quo estimó que no se produjo la caducidad ni la parte
demandada lo alegó, dado que se trata de un presupuesto procesal26, resulta
necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno.
25 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.
26 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general27, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción28, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
28 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
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La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure29 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia30, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.
29 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
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Ahora bien, por cuanto se pretende la reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, en cuanto al término para ejercer la acción – hoy medio de
control - el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., adicionado por el artículo 8 de la
Ley 589 de 2000, establecía que, en los casos de desaparición forzada, la
caducidad debe contarse “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a la desaparición”
Sin embargo, esta sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho
dañoso, pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del
afectado, ya que a partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de
acción31. Esta regla fue recogida por literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 según el cual, “cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en
fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de
reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir
de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.
Así las cosas, en el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció
en tiempo teniendo en cuenta: i) que José Arnulfo López Gámez desapareció el 23
de febrero de 2006 y aún se desconoce su paradero; ii) que el 16 de marzo de
2015 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 3 de junio de
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
marzo de 2006, exp. 15785, CP: María Elena Giraldo. Postura reiterada por esta Subsección en
sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62405.
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201532; y, iii) que la demanda se presentó el 25 de junio de 2015, es decir,
mientras la víctima se encontraba desaparecida y sin que hubiera un
pronunciamiento de la justicia penal al respecto.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis33.
4.1. Dayana López Penagos (hija), Pastor López Gámez (hermano), Blanca Inés
López Penagos (hermana), Fernando López Penagos (hermano), Diana Carolina
López Penagos (hermana), Ernesto López Penagos (hermano), Gonzalo López
Gámez (hermano) son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se
debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a que
conformaban el núcleo familiar de José Arnulfo López Gámez, según dan cuenta
las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento
obrantes en el plenario34.
4.2. En cuanto a la legitimación en la causa de Elvira Penagos Terreros con la
demanda se allegaron declaraciones extra procesales, las cuales pueden ser
valoradas35, dado que la parte demandada no solicitó su ratificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 222 el CGP36, como ya lo ha precisado esta Sala de
Subsección en situaciones similares37.
32 Fl. 262, C.1.
33 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
34 Fl. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, C.1.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62669 y Corte Constitucional, sentencia T-247 del 17 de
mayo de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
36 “Artículo 222. ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en
un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada
sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de septiembre de 2025, exp. 69063.
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Es así como en declaración del 4 de agosto de 2014, Nubia Parra Bonilla y Jorge
Uriel Castro Rico manifestaron ante el Notario Único de Cajamarca, Tolima que:
“conocemos de vista, trato y comunicación desde hace más de 30 años,
respectivamente, a la señora Elvira Penagos Terreros identificada con cédula de
ciudadanía No. […] que por dicho conocimiento es cierto y nos consta que la
señora Elvira Penagos Terreros es quien crio al señor José Arnulfo López Gámez
identificado con cédula de ciudadanía No. […] desde que tenía 6 años,
conviviendo como madre e hijo y proporcionándole los cuidados necesarios y el
estudio de su primaria ya que no quiso estudiar más, quienes vivían en la vereda
Tunjos, finca La Caucasia y La Playa del municipio de Cajamarca, Tolima. […] que
es cierto que José Arnulfo López Gámez se fue para Santa Marta en noviembre de
2005 y no se volvió a saber nada de él […]”38.
Por su parte, en la misma fecha, Jairo Forero Arteaga, declaró ante el Notario
Único de Cajamarca, Tolima que: “conozco de vista, trato y comunicación desde
hace más de 30 años a la señora Elvira Penagos Terreros identificada con cédula
de ciudadanía No. […] que por dicho conocimiento es cierto y me consta que la
señora Elvira Penagos Terreros es quien crió al señor José Arnulfo López Gámez
identificado con cédula de ciudadanía No. […] desde que tenía 6 años,
conviviendo como madre e hijo y proporcionándole los cuidados necesarios y el
estudio de su primaria ya que no quiso estudiar más, quienes vivían en la vereda
Tunjos, finca La Caucasia y La Playa del municipio de Cajamarca, Tolima. […] que
es cierto que José Arnulfo López Gámez se fue para Santa Marta en noviembre de
2005 y no se volvió a saber nada de él […] que es cierto que en la búsqueda de
José Arnulfo López Gámez hasta la fecha la señora Elvira Penagos Terreros
mensualmente ha gastado un salario mínimo legal mensual vigente, los cuales lo
han sido en llamadas, copias, envíos de documentos, viajes a la Fiscalía, entre
otros […]”39.
A lo anterior se suma la certificación expedida el 4 de agosto de 2014 por la
inspectora municipal de policía de Cajamarca, en la que señaló que conocía de
38 Fl. 66, C.1.
39 Fl. 68, C.1.
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vista y trato a Elvira Penagos Terreros y que conoció a José Arnulfo López Gámez
como pariente de esta, ambos “residentes en el municipio de Cajamarca de años
atrás, quienes se distinguieron por su reconocida honorabilidad y prestigio”40.
Igualmente, consta que fue Elvira Penagos Terreros quien el 23 de septiembre de
2009 denunció la desaparición de su hijo José Arnulfo López Gámez, ante la
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, señalando que no
tenía noticias de él desde el 5 de enero de 2006 y que su último paradero fue
Santa Marta, en donde trabajaba en una finca.41
Como consecuencia, la Sala considera que Elvira Penagos Terreros se encuentra
legitimada en la causa por activa como madre de crianza de la víctima.
4.3. Martha Cielo Cubillos Penagos, Benilda Cubillos Penagos y Carlos Cubillos
Penagos no se encuentran legitimados en la causa por activa, dado que aunque
se demostró su calidad de hijos de Elvira Penagos Terreros, madre de crianza de
la víctima, de acuerdo con las copias auténticas de los correspondientes registros
civiles de nacimiento42, no se demostró que estos crecieron junto a la víctima
como hermanos ni se allegó evidencia de que hubieran tenido una relación
afectiva que los acreditara como tal o como terceros damnificados.
4.5. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dado que se alega
que miembros de esa institución participaron y/o fueron cómplices en la
desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si: i) las medidas de reparación no pecuniarias
ordenadas en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena son
40 Fl. 69, C.1.
41 Fl. 550 a 552 y 554 a 556, C.1.
42 Fl. 63 a 65, C.1.
21
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idóneas; y ii) en qué proporción los llamados en garantía deben reembolsar al
Ejército Nacional los rubros que pague por la condena.
6. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 21 de marzo de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el Ejército Nacional manifestó su
desacuerdo con las medidas de reparación no pecuniarias y con la determinación
de la responsabilidad de los llamados en garantía relativa a la proporción en que
deben reembolsar a la accionada el pago de la condena judicial.
En este sentido, aunque como se indicó líneas atrás ambas partes apelaron, pero
solo a la parte demandada se le concedió la apelación contra la sentencia del 21
de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
exclusivamente habrá lugar a analizar aquellos aspectos frente a los que la parte
demandada manifestó su inconformidad en la alzada43 y por los cuales se
concedió la apelación, teniendo en cuenta que en el sub judice se aprobó un
acuerdo parcial de conciliación judicial en el que quedó zanjada la responsabilidad
de la demandada y el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales a los
demandantes.
En vista de lo expuesto, entonces, la Sala analizará exclusivamente los cargos
formulados contra la decisión recurrida, esto es, la idoneidad de las medidas de
reparación no pecuniarias decretadas por el a quo y en qué proporción los
43 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de
autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
22
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
llamados en garantía deben reembolsar al Ejército Nacional los rubros que pague
por la condena.
6.1. Sobre las medidas de reparación no pecuniarias
Se observa que, mediante auto del 25 de septiembre de 201844, el Tribunal
Administrativo del Magdalena aprobó parcialmente el acuerdo de conciliación
judicial celebrado entra las partes, y mantuvo vigentes las siguientes medidas de
reparación no pecuniarias decretadas de oficio en la sentencia del 21 de marzo de
201845:
“i) La presente sentencia hace parte de la reparación integral, de modo que las
partes en el proceso así deben entenderla. Como consecuencia de esto, copia
auténtica de esta sentencia deberá ser remitida por la Secretaría de esta
Corporación al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo
consagrado en la Ley 1424 de 2010 y se convierta en elemento configurador de la
evidencia histórica del conflicto armado de Colombia.
ii) En virtud de lo establecido en los artículos 93 de la Carta Política y 1.1., 2, y 25
de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente
providencia a la Procuraduría General de la Nación Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de que abra las investigaciones
disciplinarias por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2006 en el corregimiento
de Macaraquilla, entre el municipio de Fundación y Aracataca (Magdalena), y se
lleven hasta sus últimas consecuencias, revelando su avance en un periodo no
superior a noventa (90) días por comunicación dirigida a esta Corporación, a los
familiares de la víctima y a los medios de comunicación de circulación local y
nacional.
iii) Copia de esta providencia debe remitirse por la Secretaría de esta Corporación,
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, para que estas entidades públicas en cumplimiento de los mandatos
convencionales la pongan en conocimiento de las siguientes instancias: (i) del
Relator Especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las
Naciones Unidas que elabore actualmente los informes de Colombia, para que se
incorpore la información que comprende esta providencia; (ii) a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que en su
informe del país tenga en cuenta esta decisión judicial; (iii) a la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional para que conozca y tome en cuenta en sus informes del país
esta decisión judicial; y (iv) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para que en su próximo informe tenga en cuenta esta sentencia. - De todo lo
ordenado, las entidades demandadas deberán entregar al Tribunal informes de su
cumplimiento. En caso de no remitirse el informe pertinente, se solicitará a la
44 Fl. 719 a 728, Cuaderno Consejo de Estado.
45 Fl. 623 a 658, Cuaderno Consejo de Estado.
23
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Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante la orden dada
por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya lugar de orden
disciplinario”.
La entidad demandada apeló la imposición de dichas medidas al considerar que
estas debían “racionalizarse”, a fin de evitar la multiplicidad de publicaciones de la
sentencia y las declaraciones sobre los hechos que dieron origen a la condena.
Sobre el particular, es importante advertir que, de tiempo atrás, la jurisprudencia
de unificación de esta Sección46 ha adoptado las medidas de reparación no
pecuniaria como una forma de reparación integral del daño, incluso, aunque ello
conlleve restricciones a los principios de congruencia y jurisdicción rogada. Esto
ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de
los derechos humanos pues, en tales eventos, la obligación de reparar
integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de
derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno,
como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, en armonía con el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Ello con el fin de garantizar el derecho a la
reparación integral de la víctima, dado que el fundamento procesal del principio de
congruencia debe ceder ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in
integrum”, máxime cuando existe la vulneración del derecho internacional de los
derechos humanos, como ocurrió en el sub judice frente a la víctima de
desaparición forzada y demás víctimas indirectas.
La misma jurisprudencia ha señalado que las medidas de reparación integral
operan teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos,
todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las
violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia,
reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para
el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, puede decretar las
medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos
46Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 28075; Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014,
exp. 26251.
24
Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
probados (Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos).47
Pues bien, en primer lugar, en cuanto a la medida consistente en remitir copia de
la sentencia al Centro de Memoria Histórica, para así dar cumplimiento a lo
consagrado en la Ley 1424 de 201048 y se convierta en elemento configurador de
la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia, se observa que esta no
tiene su fundamento preciso en dicha normativa, pues la referida ley creó un
mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin
de recolectar, sistematizar y preservar la información que surja de los Acuerdos de
Contribución a la Verdad Histórica suscritos por los desmovilizados de grupos al
margen de la ley que hubieran cometido determinados delitos49, entre los que no
se encuentran los de desaparición forzada como ocurrió en el sub judice.
No obstante, la Sala observa que dicha medida permite preservar los archivos
sobre el conflicto armado en Colombia para garantizar el derecho a la verdad, la
reparación y la dignificación de las víctimas, manteniendo viva la memoria sobre
los hechos; además, se funda en el deber del Estado de gestionar y proteger
documentos relacionados con Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario y conflicto armado, en cumplimiento de los artículos 14350 y 14451 de
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 28804.
48 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se
conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
49 Ley 1424 de 2010, artículos 1 a 4.
50 “Artículo 143. Del deber de memoria del Estado. El deber de Memoria del Estado se traduce
en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus
diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones
sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado
que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de
reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son
titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.
PARÁGRAFO. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios
orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los
principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de
expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta
Política”.
51 “Artículo 144. De los archivos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el centro de memoria
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la Ley 1448 de 201152 y es por ello, que esta Corporación53 en varias de sus
sentencias condenatorias de reparación directa en los que se han resuelto casos
de iguales contornos al formulado o sobre otras violaciones de derechos humanos,
ha ordenado medidas de reparación no pecuniaria similares a esta, motivo por el
cual se considera que lo decidido por el a quo fue razonable, no desborda su
competencia y está amparado en la Ley54 y la jurisprudencia. Por tales razones, la
Sala confirmará dicha medida de reparación no pecuniaria.
En segundo lugar, respecto de la medida consistente en “remitir copia del
expediente y de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que
realice la investigación disciplinaria a que haya lugar por los hechos ocurridos el
23 de febrero de 2006 en la finca ‘La Reserva’, caserío ‘La Trocha’ ubicada en el
corregimiento de Macaraquilla entre los municipios de Fundación y Aracataca,
Magdalena”, la Sala la considera no solo idónea sino necesaria, pues así lo
dispone el Código General Disciplinario en el artículo 38, numeral 2555 en
concordancia con lo señalado en el artículo 13 de la misma codificación56 y en
armonía con lo señalado por la Corte Constitucional de que “la orden para que se
histórica, diseñará, creará e implementará un programa de derechos humanos y memoria histórica,
el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales
que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se
refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el
artículo 3o de la presente ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.
los archivos judiciales estarán a cargo de la rama judicial, la cual en ejercicio de su autonomía
podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en
los términos de la presente ley, encomendar su custodia al archivo general de la nación o a los
archivos de los entes territoriales. […]”.
52 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 63899; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 26013;
sentencia del 3 de febrero de 2023, exp. 68605; Subsección C, sentencia del 28 de agosto de
2014, exp. 32988; sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 31250; sentencia del 9 de abril de
2025, exp. 65273; sentencia del 21 de octubre de 2025, exp. 48587; entre otras.
54 “Ley 446 de 1998. Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales”.
55 “Artículo 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: […].
25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento,
salvo las excepciones de ley.”
56 “Ley 1952 de 2019, artículo 13. Investigación integral. Las autoridades disciplinarias tienen la
obligación de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de
falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia
o lo eximan de responsabilidad”.
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investigue una posible irregularidad con eventuales repercusiones penales o
disciplinarias no constituye solo una facultad sino una obligación de los
funcionarios. El comportamiento de quien ordena remitir copias para iniciar una
investigación no puede estimarse, en sí mismo, atentatorio de los derechos
fundamentales”57, de hecho, la Corte ha reiterado que este comportamiento de los
funcionarios judiciales “debe responder a una actuación coordinada de todas las
autoridades para proteger los derechos fundamentales en el marco de sus
respectivas competencias”58.
Igualmente, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los
derechos humanos bajo los principios de la debida diligencia, independencia,
imparcialidad y celeridad, buscando evitar la impunidad y asegurar el acceso a la
justicia, pues constituye una de las obligaciones que se desprende del artículo
1.1.59 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual el Estado
colombiano es parte.
De hecho, así lo dispuso esa Corporación Internacional en el Caso Rodríguez
Velásquez vs Honduras sobre una víctima de desaparición forzada:60
“[…] 164. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los
derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado
Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes
fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los
derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según
las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. 165. La primera
57 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-738 del 20 de septiembre de 2007,
MP: Jaime Córdoba Triviño.
58 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-280 del 8 de agosto de 2022, MP:
José Fernando Reyes Cuartas.
59 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social. […]”.
60 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras,
Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo).
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obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la
de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. […] 166. La
segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su
jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además,
el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. […]
174. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones
de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las
violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de
identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de
asegurar a la víctima una adecuada reparación. […] 176. El Estado está, por otra
parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos
humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que
tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima
en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo
mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre
o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la
Convención. 177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de
hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de
prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el
solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin
embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por
el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o
de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus
hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por
el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.
181. El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la
incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el
supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran
aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente
responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la
víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran
sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los
medios a su alcance. […]”.
Así, para la Sala esta medida no solo cumple con una de las obligaciones
consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos para el Estado
colombiano, sino que constituye un derecho de las victimas indirectas a que,
además de las condenas penales ya efectuadas, los responsables sean
investigados y sancionados disciplinariamente de forma efectiva, en aras de
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eliminar la impunidad y que a través de dicho procedimiento judicial, de ser
posible, se pueda obtener información del paradero de la víctima directa.
Así las cosas, al considerar la subsección que la medida objeto de reproche es
razonable y ajustada a derecho, se mantendrá incólume en esta decisión.
Por último, sobre la medida consistente en “remitir copia autentica de la sentencia al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
para que estas, a su vez, la pongan en conocimiento del Relator Especial para las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas; de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; de la Fiscalía de
la Corte Penal Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
para que estos la incluyan en sus respectivos informes sobre Colombia”, la Sala
considera que no resulta necesaria ni útil al propósito de este tipo de medidas, esto
es, a la reparación integral a las víctimas.
Justamente, se encuentra que ya se decretó la medida de remitir copia al Centro de
Memoria Histórica, el cual constituye un archivo histórico para el público en general,
así como existe la relatoría del Consejo de Estado, a fin de conocer los fallos
dictados en este y otros asuntos similares, que puedan servir de insumo para que los
miembros de organizaciones internacionales como la ONU cumplan sus respectivas
misiones en Colombia.
Frente a remitir la copia de la sentencia a la Corte Penal Internacional y a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha señalado la Sección
Quinta de esta Corporación, en sede de tutela, la medida resulta improcedente, pues
desconoce el principio de subsidiariedad que rige el sistema interamericano de
derechos humanos y las demás instancias internacionales, puesto que primero
deben agotarse los mecanismos judiciales internos frente al asunto, y solo en caso
de que estos sean inexistentes o resulten eficaces, es que será viable acudir a los
sistemas de justicia internacional. Así lo señaló esta Corporación frente a la
imposición de una medida similar dentro de un proceso de reparación directa en el
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que fue condenada la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional:61
“[…] En sentencia de abril veinticinco (25) del año en curso, la Sección Cuarta amparó
el derecho al debido proceso del Ministerio de Defensa–Ejército Nacional y Policía
Nacional y, en consecuencia, dejó sin efectos las medidas de reparación contenidas en
los numerales 4.5, 4.9, 4.12 y 4.13 de la parte resolutiva de las sentencias
impugnadas. Adicionalmente, ordenó al Tribunal Administrativo del Chocó que dentro
de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo, profiera nuevas decisiones
en las cuales tenga en cuenta los parámetros expuestos sobre las múltiples medidas
simbólicas de reparación y se abstenga de adoptar determinaciones similares en
futuros casos. Advirtió que la corporación demandada desconoció el procedimiento
previsto para acudir a instancias internacionales y, por tanto, el principio de
subsidiariedad de la jurisdicción internacional. Indicó que las normas contenidas en los
convenios y tratados internacionales hacen parte del ordenamiento jurídico interno y
deben ser atendidas, sin excepción, por los jueces y tribunales del país. Sostuvo que,
de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los órganos
competentes para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los
estados parte son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Agregó que es la Comisión a la que corresponde recibir y tramitar las
peticiones, denuncias o quejas presentadas por la presunta violación a los derechos
humanos o la omisión del estado parte, en cuanto a protección y garantía. Dijo que
para acudir a la Comisión Interamericana y a la Corte Penal Internacional es necesario
que ‘1) no exista legislación interna que proteja los derechos presuntamente violados,
2) que no se le haya permitido al afectado o víctima acceder a los medios o recursos
de la jurisdicción interna, 3) cuando la jurisdicción penal omita la investigación de los
hechos’. Recalcó que la competencia de la jurisdicción internacional es subsidiaria y
complementaria, lo cual implica que, si bien existen normas y procedimientos
internacionales, corresponde a los estados adoptar las medidas para respetar los
derechos en el ámbito de su jurisdicción y únicamente cuando no proporcionen la
protección adecuada y efectiva adquiere competencia la Comisión Interamericana.
Destacó que, en el caso concreto, el gobierno no está legitimado para acudir a la
Comisión, según lo establecido el artículo 44 de la Convención Americana, pues no
puede un Estado presentar petición en la que alegue su propia responsabilidad y
solicite la intervención del organismo para resolver un asunto ya fue fallado en la
jurisdicción interna. […] La Sala comparte la conclusión a la cual llegó la Sección
Cuarta en el fallo de primera instancia, pues el Tribunal Administrativo incurrió en error
al hacer una inadecuada interpretación de las normas que sustentan los mecanismos
de acceso a la instancia regional de protección de los derechos humanos y a la Corte
Penal Internacional para la investigación y sanción de los delitos contra el Derecho
Internacional. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, debe
advertirse que la exhortación hecha al gobierno nacional no está ajustada a los
requisitos exigidos para el trámite de las peticiones individuales que pueden
presentarse ante la Comisión Interamericana. Las sentencias fueron claras al señalar
en el numeral 4.5, que la alternativa de acudir al sistema regional de protección tiene
como objeto un pronunciamiento sobre las violaciones de los derechos humanos
llevadas a cabo por las FARC y las AUC en desarrollo del conflicto armado interno,
específicamente en el caso de Bojayá. Advierte la Sala que la competencia asignada
por la Convención Americana a la Comisión Interamericana, como órgano del sistema,
no incluye la posibilidad de tramitar peticiones contra los grupos armados ilegales,
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 23 de
junio de 2016, exp. 11001 03 15000 2015 03436 01.
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dado que no tienen la condición de estados parte de dicho instrumento internacional.
Sin perjuicio de poder evaluar la situación en casos específicos, la violación de los
derechos humanos atribuida a los llamados grupos armados organizados, como
actores del conflicto interno, escapa a la órbita de las funciones de la CIDH en la
investigación del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estados
miembros del sistema regional de protección. Además, en los términos del artículo 44
de la Convención Americana el gobierno no tiene la legitimación para tramitar una
petición individual, menos cuando dicho mecanismo realmente busca establecer la
propia responsabilidad del Estado en los hechos de Bojayá. La norma del instrumento
internacional fue expresa al señalar que la petición individual, que activa la
competencia del organismo, solo puede ser presentada ante la Comisión por cualquier
persona, un grupo de personas o una entidad no gubernamental legalmente
reconocida. […]”.
Adicionalmente, se observa que el Tribunal Administrativo del Magdalena no efectuó
el análisis correspondiente y necesario al requisito de subsidiariedad para que la
Corte Penal Internacional pueda ejercer jurisdicción respecto de la desaparición
forzada de José Arnulfo López Gámez, el cual resultaría improcedente, comoquiera
que la justicia penal interna ya condenó a los militares Harold Enrique Cuarán,
Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero por
la desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez62 63, entre otros delitos, de
modo que no se cumplen los requisitos del artículo 1764 del Estatuto de Roma para
62 En el expediente consta que mediante sentencia del 8 de abril de 2014, el Juzgado Penal
Especializado del Circuito de Santa Marta en Descongestión condenó a 40 años de prisión al ex
sargento Harold Enrique Cuarán y a 38 años de prisión a Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos
Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero, miembros del Ejército Nacional, como coautores de los
delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, concierto para delinquir y falsedad
ideológica en documento público agravada, siendo víctimas, entre otros, José Arnulfo López
Gámez. Dicha sentencia fue confirmada mediante providencia del 28 de noviembre de 2014, por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Igualmente, mediante
providencia del 5 de agosto de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la
demanda de casación presentada por los militares condenados, contra la sentencia del 28 de
noviembre de 2014, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta. (Fl. 191 a 247 y 523 a 537, C.1).
63 Si bien en las sentencias penales condenatorias no se señala el nombre de José Arnulfo López
Gámez como víctima, el proceso penal contra los militares por los delitos referidos fue iniciado por
la Fiscalía 33 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
que mediante Resolución del 14 de octubre de 2011 acusó a los militares de varios delitos, entre
ellos, la desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez a quien se relaciona entre las víctimas
(Fl. 4 a 88, cuaderno de segunda instancia del proceso penal).
64 “Artículo 17 Cuestiones de admisibilidad 1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del
preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción
sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no
pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste
haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya
obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
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activar este mecanismo internacional.
Como consecuencia, se revocará la medida de reparación no pecuniaria consistente
en enviar copia de la sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado para que dichas entidades la pusieran en
conocimiento de los organismos internacionales antes mencionados.
Finalmente, la Sala tampoco considera necesario que la demandada rinda
informes al Tribunal Administrativo del Magdalena sobre el cumplimiento de las
medidas de reparación no pecuniaria, pues ninguna de ellas quedó a su cargo,
sino de la Secretaría de la misma corporación que debe enviar copia de la
sentencia al Centro de Memoria Histórica.
En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, que recibirá copia del
expediente para lo de su competencia, se considera que solo resulta necesario
que informe al Tribunal Administrativo del Magdalena de la apertura de la
respectiva investigación disciplinaria sin necesidad de seguir informando de los
avances, pues a partir de la etapa de cargos, el procedimiento es público y de fácil
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia,
y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la
Corte.
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte
examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos
por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada
con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes
de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial
y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible
con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte
examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de
justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de
las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a
cabo el juicio”.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
consulta para todos los interesados en general, salvo aquellas actuaciones que
por ley tengan el carácter de reservadas65.
6.2. Sobre la proporción del reembolso que deben efectuar los llamados en
garantía a la demandada
Mediante sentencia del 21 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del
Magdalena determinó que “los militares Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón
Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero, en pleno
conocimiento de la ejecución extrajudicial que cometieron, en abuso de poder,
contraviniendo el ordenamiento jurídico colombiano y las reglas de protección de
los derechos humanos, reportaron a cuatro (4) de las cinco (5) personas que les
habían sido entregadas por los miembros de las AUC como combatientes
insurgentes fallecidos en confrontación mientras cumplían una orden militar. Es
evidente para la Sala que los militares participaron en la desaparición forzada de
José Arnulfo López Gámez en hechos ocurridos en febrero de 2006, por lo que se
condenará a reembolsar proporcionalmente a su grado militar a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional las sumas que por objeto de
indemnización se condenó en esta sentencia”.
Por su parte, el desacuerdo manifestado por el Ejército Nacional en el recurso de
apelación, no estriba en la responsabilidad de los llamados en garantía, sino que
se centra en solicitar claridad sobre la proporción en que estos deben reembolsar
65 “Ley 1952 de 2019, artículo 192. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución
o la ley, y en especial:
1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.
2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
3. Los amparados por el secreto profesional.
4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en la historia
clínica, hojas de vida, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados
con facultad expresa para acceder a esa información.
5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que
realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos
documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses
contados a partir de la realización de la respectiva operación.
PARÁGRAFO. Los documentos reservados deberán incorporarse al expediente en cuaderno
separado y conservarán su condición de forma permanente. Los sujetos procesales podrán
consultarlos pero no se expedirán copias”.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
al Ejército Nacional los rubros que pague por la condena, pues no puede
efectuarles descuentos de acuerdo con su “grado militar”, porque ya no
pertenecen a la institución y se encuentran privados de la libertad.
Pues bien, se observa que, en la sentencia del 21 de marzo de 2018, el Tribunal
Administrativo del Magdalena determinó la responsabilidad de los militares Harold
Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y
Giovani Quintero, sin especificar en qué consistió la conducta de cada uno ni
como con su actuación u omisión contribuyeron a la desaparición forzada de José
Arnulfo López Gámez, pues les dio un trato igualitario al señalar que “en abuso de
poder, contraviniendo el ordenamiento jurídico colombiano y las reglas de
protección de los derechos humanos, reportaron a cuatro (4) de las cinco (5)
personas que les habían sido entregadas por los miembros de las AUC como
combatientes insurgentes fallecidos en confrontación mientras cumplían una orden
militar”, de ahí que concluyó evidente su participación en la desaparición forzada
del señor López Gámez, pues según su inferencia, las AUC se lo entregaron con
vida a los uniformados, pero desde entonces se desconoce su paradero. Por
tanto, el a quo les otorgó igual grado de responsabilidad y participación en el
hecho objeto de la reparación directa de la referencia.
No obstante, aunque la determinación de la responsabilidad de los llamados en
garantía no es materia de apelación, encuentra la Sala que dicho análisis resulta
necesario para fijar la proporción que de la condena corresponde a cada uno de
ellos, según el grado de participación en la producción del daño, culpa grave o
dolo, como lo dispone el artículo 1466 de la Ley 678 de 2001.
Así, si son varios los sujetos, la responsabilidad será proporcional a la cuota parte
de cada uno en la causación del perjuicio. La proporción, entonces, depende de
66 “Artículo 14. cuantificación de la condena. Cuando la autoridad judicial que conozca de la acción
de repetición o del llamamiento en garantía decida que el perjuicio causado al Estado lo fue por el
dolo a la culpa grave de uno de sus agentes, aquella cuantificará el monto de la condena
correspondiente atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño, culpa
grave o dolo y a la valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de
repetición”.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
las pruebas que demuestren la responsabilidad específica de los llamados, de
modo que se ajusta individualmente para que estos respondan únicamente por la
parte del perjuicio que les corresponde según su participación demostrada en el
proceso.
Lo anterior con fundamento en que, Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón
Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero fueron llamados
en garantía por su relación con el Ejército Nacional y su participación directa en
los hechos demandados, es decir, fueron vinculados con fines de repetición de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1967 de la Ley 678 de 2001, según el cual,
la entidad pública que sea demandada en un proceso de controversias
contractuales, reparación directa o nulidad y restablecimiento del derecho podrá
solicitar el llamamiento en garantía del agente o del particular que ejerza funciones
administrativas68, frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al
haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la
responsabilidad de la administración y la del funcionario.
De modo que la base sobre la cual se sustenta el llamamiento en garantía con
fines de repetición que consagra la Ley 678 de 2001 es la existencia de una
conducta cualificada del agente llamado, es decir, la verificación de que el daño
que se causó y por el cual se exige indemnización al Estado provino del actuar
doloso o gravemente culposo del funcionario que participó por acción u omisión de
los hechos motivo de controversia.
67 “Artículo 19 de la Ley 678 de 2001. Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de
responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y
nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio
Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente identificado como aquel que
desplegó la acción u omisión causa del daño respecto del cual se reclama la responsabilidad del
Estado, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del
funcionario”.
68 “Artículo 2 de la Ley 678 de 2001: “(…) en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor
público o el particular investido de funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de
repetición. Parágrafo 1º: “Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el
asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por
lo tanto (sic) estarán sujetos a lo contemplado en esta ley”.
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Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Pues bien, para estos efectos, se tiene que en la sentencia del 8 de abril de 2014,
el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Santa Marta en Descongestión
condenó a 40 años de prisión al ex sargento Harold Enrique Cuarán y a 38 años
de prisión a los ex soldados profesionales Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos
Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero, como coautores de los delitos de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada, concierto para delinquir y
falsedad ideológica en documento público agravada, siendo víctimas, entre otros,
José Arnulfo López Gámez.
En dicha providencia, sobre la conducta de los mencionados militares, el juez
penal señaló lo siguiente:69
“[…] Hechos. De la Resolución de Acusación se extrajeron los siguientes: ‘Se
retraen a lo ocurrido el 23 de febrero de 2006 y el 1 de marzo del mismo año,
cuando un grupo de hombres armados pertenecientes a las autodefensas o
paramilitares del Bloque Norte llegan a la finca algodonera ‘La Reserva’ […] en el
departamento del Magdalena, donde luego de reunir a los recolectores de algodón
les solicitaron sus documentos de identificación, seleccionando a dos (2) de ellos
con los cuales se retiraron, para regresar más tarde por otras cinco (5) personas; al
día siguiente regresaron nuevamente y se llevaron a una (1) persona más, a los
cuatro días aproximadamente volvieron los integrantes de las autodefensas y se
llevaron a una niña de 6 años de edad aproximadamente y posteriormente
regresaron llevándose al señor José de los Santos Almanza Carillo, a este último lo
liberaron porque alguien intercedió en su favor. En total los Paramilitares retuvieron
nueve (9) personas, cinco (5) hombres, tres (3) mujeres y una niña, las cuales
fueron trasladadas a la finca ‘Las Delicias’ ubicada en el mismo sector, donde los
torturaron, dieron muerte y/o desparecieron a cuatro (4) de ellos incluyendo a la niña
y los cincos (5) restantes le fueron entregados a miembros del Ejército Nacional, de
estas, dos (2) personas fueron presentadas por el Comandante de la Compañía
Halcón adscrita al Batallón Córdoba como NNs muertos en un combate de
encuentro ocurrido en la madrugada del 28 de febrero de 2006 en la vereda
Macaraquilla jurisdicción del municipio de Aracataca Magdalena, una de estas
personas fue posteriormente identificada como José Domingo Palacio; otras dos (2)
personas fueron presentadas por el comandante de la compañía Cascabel de la
Brigada Contraguerrilla No 2 Los Guajiros como muertas en un combate de
encuentro ocurrido en la madrugada del 1 de marzo de 2006 en la vereda
Guaimaro, Corregimiento La Gran vía, municipio de Zona Bananera, departamento
del Magdalena y la otra del que aún hoy no se tiene noticias. […] Ahora bien, con el
fin de establecer si se puede configurar responsabilidad penal en cabeza de los
procesados por el resto de los punibles atribuidos a ellos, esto es, Homicidio en
Persona Protegida, Desaparición Forzada Agravada, Concierto para Delinquir
Agravado, Secuestro Simple Agravado y, además, Falsedad Ideológica en
Documento Público agravada respecto a Harold Enrique Cuaran, resulta
indispensable determinar, de acuerdo con el material probatorio obrante, si el
69 Fl. 191 a 220, C1.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
combate acontecido el 28 de febrero de 2006 en la vereda Macaraquilla de
Aracataca, entre miembros del Ejército Nacional y un grupo de personas entre las
que se encontraba alias ‘Tomás’, el occiso que en vida respondía al nombre de José
Domingo Palacios y una mujer no identificada, acaeció, o por el contrario, lo que
aconteció fue la entrega de 5 personas por parte de miembros de las AUC a
integrantes del Batallón de Infantería Córdoba No 5 de Santa Marta, para que fueran
presentados como subversivos abatidos en combate. […] Así las cosas, en atención
a todas las gruesas disparidades encontradas no queda otro camino, que tildar de
falaz la versión planteada tanto por los procesados como por el señor Wilfrido Yance
alias ‘Tomás’ y concluir que el plurimencionado enfrentamiento entre tropas del
Batallón Córdoba dentro de la operación táctica ‘Famage’ con miembros del frente
19 de las FARC o con el grupo de personas a las que refiere alias ‘Tomás, no existió
y por el contrario, estamos en presencia de un fútil acto de miembros de las Fuerza
Pública colombiana que se concertaron con un grupo armado al margen de la ley
para hacer pasar a miembros de la población civil que previamente habían sido
torturados, como subversivos abatidos en medio de un combate, pues no de otra
manera se podría entender la presencia de tantas incongruencias. […] Además, se
sostiene, que la certeza de que hubo una entrega de un grupo de secuestrados a
los integrantes del Ejército Nacional no se fundamenta solo en las incongruencias
puestas de presente, sino en un cúmulo de versiones de confesos Paramilitares que
también aceptaron haber participado en la ejecución, secuestro, tortura de los 9
recolectores de algodón de la finca la Reserva. […]. Ahora bien, se resalta también,
que el hecho con mayor fuerza indiciaria en relación con la demostración de que
hubo una entrega de secuestrados a miembros del Ejército Nacional y que algunos
de ellos fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate, es la
identificación de uno de los supuestos subversivos como José Domingo Palacios,
hombre que fue reconocido como uno de los recolectores de algodón secuestrados
de la finca la Reserva. José Domingo Palacios, fue reconocido fotográficamente por
su ex compañera permanente, por compañeros sobrevivientes del secuestro, por
varios de sus captores y, además, fue identificado plenamente por medio de cotejo
de ADN. Es decir, si el señor José Domingo Palacios fue secuestrado por miembros
de las AUC de la finca algodonera la Reserva y fue presentado como subversivo
muerto en combate por miembros del Ejército Nacional, necesariamente la referida
entrega y ejecución por parte de los militares dentro de una empresa criminal
fríamente planeada, ocurrió, atendiendo, que se encuentra desacreditada la versión
del combate, presentada por ‘Tomas’. Del mismo modo, la mujer que fue pasada
como insurgente, fue reconocida por el mismo alias ‘Tomás’ como ‘La Morena’ que
también fue secuestrada de la finca algodonera la Reserva, de tal suerte que,
atendiendo al principio de la libertad probatoria, se condenará a los procesados por
dicha muerte también.
De esta manera, resta encuadrar el comportamiento de los señores Ernesto
Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Diaz Valdés, Geovanny Quintero y
Harold Enrique Cuaran, en los tipos penales endilgados, con el ánimo de
determinar de cuáles de ellos son responsables. […] En cuanto a la
Desaparición forzada; tenemos que se encuentra en el artículo 165 del Código
Penal […] Al respecto de estructurar responsabilidad penal por el tipo descrito, se
destaca que desatendiendo la teoría del enfrentamiento armado planteada por la
defensa de los procesados, es necesario poner de presente los medios de prueba
con los que se acredite la entrega de 5 personas de las secuestradas a miembros
del Ejército Nacional. Así las cosas, tenemos que el señor Wilfrido Yance alias
Tomás’ en unas de sus declaraciones dijo que: ‘...me llamó Maicol - radio chispa de
la trocha y me dijo que iba un personal del Ejército a buscar las cinco personas que
yo tenía ahí conmigo durante una semana, a quienes sacamos de la finca La
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Reserva y llevamos a la finca Las Delicias. Yo le hago entrega como a las 3:00 pm
más o menos a los dos sujetos que iban de civil en el campero. Toyota azul con
blanco’. […] De lo acreditado hasta aquí, resulta evidente el concierto y
acuerdo de las voluntades de los procesados con miembros de las AUC,
acuerdo que consistió en cometer delitos de Desaparición Forzada y
Homicidio de un grupo de civiles que fueron secuestrados por éstos, de una
finca algodonera del Corregimiento de Aracataca. Tanto es así, que el acuerdo
de voluntades se concretó con el homicidio de dos de los recolectores de algodón
secuestrados y la desaparición de tres más, que, aunque el Fiscal los ubique como
las personas que aparecieron muertas en un combate en la zona bananera con
miembros de la Compañía Cascabel del Ejército, ello, no se ha podido corroborar.
Por tales consideraciones, se condenará a los procesados por el punible
referenciado. […] En este orden de ideas, los señores Ernesto Ramón Murillo
Fontalvo, Carlos Augusto Diaz Valdés y Geovanny Quintero serán condenados
por los delitos de Homicidio en Persona Protegida en concurso con
Desaparición Forzada y Concierto para Delinquir agravado a la pena de 38
años de prisión, multa de 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha en que ocurrieron los hechos (2006) e interdicción de derechos y
funciones públicas por 20 años, pues en virtud del artículo 51 del Código
Penal no es posible interponer condena mayor por este tipo de pena. Ahora
bien, respecto del señor Harold Enrique Cuaran Comandante del grupo
especial’ ‘Halcon’, además, debe concursársele el delito de Falsedad
Ideológica en Documento Público, punible cuya pena mínima fijada en la ley es
de 4 años de prisión, la cual, al realizar el respectivo proceso para individualizarla
resulta ser la misma. Así las cosas, si el concurso de los delitos de Homicidio en
Persona Protegida, Desaparición Forzada y Concierto para Delinquir agravado
arrojan una pena de 38 años de prisión, multa de 5000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha en que ocurrieron los hechos (2006) e interdicción de
derechos y funciones públicas por 20 años, ésta se debería aumentar, además, en
otro tanto por el delito de Falsedad Ideológica en Documento Público respecto del
señor Harold Enrique Cuaran. Dicho tanto, obedece a 2 años de prisión y 5 en
relación con la interdicción de derechos y funciones públicas, toda vez, que el tipo
consagra esa pena como principal. Quedando una pena de 40 años, multa de 5000
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que ocurrieron los
hechos (2006) e interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años, con
relación al último de los procesados mencionados. Se advierte, que, con esta pena
de prisión, no se supera la máxima permitida por la ley penal para la época de los
hechos, la cual era de 40 años (inciso segundo artículo 31 del Código Penal) ni la
concerniente a la interdicción de derechos y funciones públicas, la cual era de 20
años (artículo 50 del Código Penal). […]”. Se resalta
Igualmente, en la providencia del 28 de noviembre de 2014, por la cual la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó la
sentencia del 8 de abril de 2014, esa Corporación señaló:70
“[…] para la Sala la versión de los hechos materia de investigación que más se
acerca a la verdad material es la inicialmente entregada por Wilfrido Rafael Yance
Miranda alias. ‘Tomás’ y respaldada por los dichos de Orestes De La cruz alias ‘El
70 Fl. 221 a 247, C1.
38
Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Enano’ y Cesar Augusto Vilorla Moreno, alias ‘7.1 o cantinflas’, es decir, que los
miembros del grupo ilegal de las AUC entregaron a integrantes del Ejército las
5 personas que tenían retenidas y que posteriormente los militares simularon
un enfrentamiento donde presuntamente resultaron muertos 2 sujetos, que
coinciden, con las víctimas de la presente actuación. Para el Tribunal, en la
actual causa se alcanzó la certeza necesaria respecto a la responsabilidad
penal de los ciudadanos Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo
Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero en los punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para
delinquir agravado y de Harold Enrique Cuarán también en el delito de
falsedad ideológica en documento público, pues las declaraciones de Wilfrido
Rafael Yance Miranda alias ‘Tomás’, Orestes De La Cruz alias ‘El Enano’ y Cesar
Augusto Viloria Moreno, alias ‘7.1’ o ‘Cantinflas’ y un análisis indiciario desplegado a
partir de los hechos conocidos, permiten arribar a tal conclusión. […] En lo que tiene
que ver con las declaraciones de Wilfrido Rafael Yance Miranda alias ‘Tomás’,
reitera la Sala que dicho testigo no resulta a de fiar, pues está acreditado que
concurrió ante la justicia a dar su versión de los hechos en 5 oportunidades y que la
ha cambiado en 2, ha pasado de no saber nada de lo sucedido a manifestar que
entregó a las personas retenidas a unos militares para que los legalizaran como
guerrilleros e intentar exonerar de responsabilidad a los encartados, al señalar que
nunca entregó a las víctimas a miembros de la fuerza pública sino a dos civiles, que
describió sin más detalles sino como el ‘Gordo’ y el ‘Flaco’. Por lo tanto, su última
versión sometida a un examen de coherencia externa con los demás medios de
convicción no logra tener un pronóstico favorable, pues su relato de los hechos se
torna no creíble e inconsistente y de manera alguna coincide con el entregado por
los militares sometidos al aparato jurisdiccional del Estado, por lo que se reitera se
le resta total credibilidad, en el entendido que resulta latente su intención de
favorecer a los justiciables. […]”
Además, se sabe en este proceso que las anteriores providencias se encuentran
en firme, pues mediante decisión del 5 de agosto de 2015, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por los
militares condenados, contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta71.
Igualmente, cabe precisar que, aunque en ninguna de aquellas providencias se
menciona como víctima de desaparición forzada a José Arnulfo López Gámez, lo
cierto es que las condenas se produjeron en virtud de la acusación formulada
mediante Resolución del 14 de octubre de 2011 por la Fiscalía 33 de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contra los
militares antes mencionados, por varios delitos, entre ellos, el de desaparición
forzada, siendo víctima, entre otros, José Arnulfo López Gámez. Además, esta
71 523 a 537, C.1
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
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decisión fue confirmada por la Fiscalía 3ª Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla72, de ahí, las condenas penales proferidas.
Ahora bien, pese a que las conclusiones a las que se arriba en las sentencias
penales no son vinculantes para esta Corporación73, dado que cada operador
judicial debe efectuar un análisis propio del caso, de cara a las pruebas que
reposan en el expediente, ello no es óbice para que en este juicio de
responsabilidad patrimonial se le dé valor a estos documentos públicos y a los
hechos objetivos de los que ellos dan cuenta, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 244 del CGP. Así, las sentencias penales dan fe de una situación
objetiva, esto es, de la condena penal que recibieron los militares Harold Enrique
Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani
Quintero por varios delitos, entre ellos el de desaparición forzada, toda vez que
recibieron de manos de miembros de las AUC a cinco (5) personas que habían
sido previamente secuestradas por el grupo ilegal, ultimaron a otras cuatro (4) que
luego hicieron pasar por “bajas en combate” y otra que se encuentra
desaparecida, quien sería José Arnulfo López Gámez, pues desde entonces se
desconoce su paradero.
No obstante, observa la Sala que las sentencias penales no establecen de forma
clara y concreta en qué consistió la conducta (activa u omisiva) de cada uno de los
llamados en garantía en la comisión de la desaparición forzada de José Arnulfo
López Gámez.
Además, en las declaraciones rendidas dentro del proceso penal seguido contra
de Wilfrido Rafael Yance Miranda alias “Tomás”, desmovilizado de las AUC, quien
habría sido la persona que entregó a José Arnulfo López Gámez a los militares en
febrero de 2006, entre otras personas, este no especifica que se tratara de la
víctima mencionada, como tampoco identificó a los militares condenados
72 Fl. 4 a 86, cuaderno de segunda instancia del proceso penal.
73Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 16 de diciembre de 2020, exp. 57904 y del 9 de abril de 2021, exp. 55583;
Subsección C, sentencia del 21 de octubre de 2025, exp. 48587. Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, sentencia del 5 de febrero de 2020, exp. 55955.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
penalmente, hoy llamados en garantía, como las personas que recibieron a los
civiles que luego resultaron muertos o desaparecidos. De hecho, la misma justicia
penal en sus providencias lo señala como un testigo que “no resultaba de fiar”
porque cambió en varias oportunidades su versión y tampoco especificó qué
personas les entregó a los miembros del Ejército Nacional, cuándo se las entregó
ni quiénes eran los uniformados que recibieron a los civiles bajo su custodia74.
Igualmente, el desmovilizado de las AUC Orestes Gonzáles de la Cruz 75 declaró
que a él le comentaron que para la época de los hechos unos civiles fueron
entregados al Ejército Nacional, pero no especificó cuándo, ni a quiénes ni le
constó tal suceso. También el desmovilizado de las AUC Cesar Augusto Viloria76
quien manifestó participar de los hechos relacionados con el secuestro de varias
personas en febrero de 2006 en la finca “La Reserva”, señaló que algunas de ellas
fueron entregadas “al parecer” a miembros del Ejército Nacional, pero que era
“Felipe”, el coordinador, quien se encargaba de esas cosas.
Asimismo, las declaraciones en el proceso penal que rindieron testigos de oídas y
presenciales del secuestro perpetuado por paramilitares en la finca “La Reserva”,
dan cuenta de que fueron los delincuentes quienes se llevaron a los civiles
jornaleros del lugar, pero no refieren ni identifican a miembros del Ejército
Nacional, menos aún a los hoy llamados en garantía.
Así puede sustraerse de las declaraciones de Wilson Enrique de la Valle Torres77,
Rodolfo José de la Valle Restrepo78, William Enrique Zambrano Meza79, Grismaldo
Enrique Vizcaíno Hurtado80, Julio Bahamón Torres81, Luis Carlos Bahamón
74 Fl. 61 a 69, cuaderno No. 5 del proceso penal y Fl. 425 a 432, cuaderno No. 6 del proceso
penal.
75 Fl. 92 a 95, cuaderno No. 5 del proceso penal.
76 Fl. 96 a 99, cuaderno No. 5 del proceso penal.
77 Fl. 10 a 15, cuaderno No. 2 del proceso penal.
78 Fl. 28 a 33, cuaderno No. 2 del proceso penal.
79 Fl. 54 a 59, cuaderno No. 2 del proceso penal.
80 Fl. 292 a 296, cuaderno No. 2 del proceso penal.
81 Fl. 300 a 305, cuaderno No. 2 del proceso penal.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Vizcaíno82 todos los cuales coincidieron en afirmar que en febrero de 2006,
paramilitares llegaron a la finca a llevarse dos personas, y en los días siguientes
se llevaron al resto hasta completar 9 personas, entre ellos, a José Arnulfo López
Gámez, pero ninguno refiere la participación de miembros del Ejército Nacional en
la desaparición de la mencionada víctima.
Se advierte que estas declaraciones fueron allegadas al plenario como parte del
proceso penal adelantado por el Juzgado Penal Especializado del Circuito de
Santa Marta en Descongestión contra Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón
Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero por los delitos de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada , entre otros, siendo víctimas
José Arnulfo López Gámez y otros83; decretadas como prueba trasladada y que
son susceptibles de ser valoradas por la Sala sin restricción alguna84, comoquiera
que fueron debidamente solicitadas y ordenadas en el expediente y de ellas se
corrió traslado a las partes, de manera que ambos extremos conocieron su
contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
De ahí que de los acontecimientos ocurridos en febrero de 2006, no existe certeza
si José Arnulfo López Gámez fue asesinado entre las primeras 4 personas y luego
habría sido desaparecido por el grupo armado ilegal, o si era uno de las 5
personas que fueron entregadas con vida a los militares, uno de los cuales sigue
desaparecido.
Pues bien, en el sub judice, para calificar la conducta de los llamados en garantía
con fines de repetición, debe verificarse lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 678
de 2001, que prevé que existe conducta dolosa cuando el agente del Estado
82 Fl. 307 a 312, cuaderno No. 2 del proceso penal.
83 Expediente penal 2012-00015.
84 “Código General del Proceso, artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las
pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán
apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá
surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las
pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias
jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado y,
en su numeral 2, establece que esta se presume cuando el agente ha sido penal o
disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron
de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
No obstante, como antes se indicó, si bien las sentencias penales condenaron a
Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz
Valdez y Giovani Quintero a penas de prisión y otras accesorias por el delito de
desaparición forzada, entre otros, lo cierto es que estas no dan cuenta de la
conducta específica de los llamados en garantía frente a la desaparición forzada
de José Arnulfo López Gámez.
Tampoco se demostró en el proceso, en qué consistió la acción, omisión o
participación de cada uno de los llamados en garantía en la desaparición forzada
de José Arnulfo López Gámez, que permita a su vez acreditar con certeza la
actuación dolosa por la cual fueron condenados penalmente, de modo que, si bien
se declaró la responsabilidad patrimonial de la demandada por la desaparición
forzada del señor López Gámez -aspecto que no está en discusión en esta
instancia pues fue aceptado y conciliado por las partes-, como ya lo señaló esta
Sala de Subsección en un asunto similar85, no se demostró cómo cada uno de los
llamados en garantía contribuyó en el ilícito.
La Sala advierte que el análisis precedente resultaba necesario en aras de
establecer la forma en que se desarrolló la participación de los llamados en
garantía en el hecho objeto de la litis, pues en caso de haber sido así, se habría
podido determinar con mayor precisión, de acuerdo con su grado de
responsabilidad, los montos que cada uno reembolsaría a la entidad demandada
una vez esta pague la condena.
Así las cosas, puesto que el Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a los
llamados en garantía Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo,
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 3 de febrero de 2025, exp. 71176.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero sin distinguir la conducta o grado
de participación de cada uno en la desaparición forzada de José Arnulfo López
Gámez, como lo prevé el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 antes citado, la Sala
entenderá que todos los llamados en garantía concurrieron en la producción del
daño teniendo la misma influencia causal y, por ello, ordenará que cada uno de
ellos reembolse al Ejército Nacional el 25% de las sumas de dinero que ésta
pague a los actores según la condena conciliada judicialmente y aprobada en el
auto del 25 de septiembre de 2018.
Por todo lo antes expuesto, la Sala mantendrá las órdenes dadas en la sentencia
del 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
de acuerdo con lo aprobado en el auto del 25 de septiembre de 2018, y solo la
modificará en lo siguiente: i) declarar la falta de legitimación en la causa de Martha
Cielo Cubillos Penagos, Benilda Cubillos Penagos y Carlos Cubillos Penagos; ii)
decretar como medidas de reparación no pecuniaria que se remita copia de la
sentencia al Centro de Memoria Histórica y a la Procuraduría General de la Nación
para lo de su competencia, respectivamente, y que esta última rinda informe de
apertura de investigación al Tribunal a quo; y; iii) condenar a Harold Enrique
Cuarán, Ernesto Ramón Murillo Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani
Quintero a reembolsar a la entidad demandada el 25% de las sumas de dinero
que ésta pague a los demandantes.
Por último, se evidencia que, en esta instancia, a través de escrito del 28 de mayo
de 202186 Ana María Padilla López quien dijo actuar en calidad de representante
legal de Aritmétika SAS, apoderada de la Fiduciaria Corficolombiana S.A. informó
de la cesión de derechos económicos reconocidos a su poderdante “los cuales
fueron adquiridos en el Auto que aprueba la conciliación” en la reparación directa
de la referencia, por lo que solicita que se haga “la anotación respectiva en el
proceso referenciado”. Junto con dicho escrito adjunta copia del oficio del 18 de
mayo de 2021, suscrito por el director de Asuntos Legales del Ministerio de
Defensa en el cual este manifiesta que ese Ministerio “se da por notificado y
86 Índice 44 Samai.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
acepta la cesión referida anteriormente” bajo ciertas consideraciones señaladas en
dicho oficio.
Al respecto, es menester precisar que, el ius postulandi o derecho de postulación
se encuentra previsto en el artículo 229 de la Constitución Política, el cual
establece como regla general que el acceso a la administración de justicia debe
efectuarse por conducto de un profesional del derecho, salvo las excepciones que
la ley señale.87
Sobre este aspecto, se advierte que el escrito señalado desconoció el derecho de
postulación, pues no se allegó el poder general o especial que la Fiduciaria
Corficolombiana S.A. le otorgó a Aritmétika SAS para este tipo de gestiones ni los
documentos que acreditan a Ana María Padilla López como representante legal de
Aritmétika SAS. Además, esta tampoco realiza una solicitud en particular, solo que
se haga la anotación respectiva en el proceso, sin que esto implique tenerla como
parte, menos si se tiene en cuenta que la cesión lo fue sobre los perjuicios
materiales e inmateriales de contenido económico que fueron conciliados por las
partes, según se aprobó en auto del 25 de septiembre de 2018, lo cual no es
objeto de esta instancia.
En esos términos, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto
de la solicitud presentada por Ana María Padilla López, por cuanto requiere del
derecho de postulación, como ya se dispuso en un asunto similar88.
7. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
87 “Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de septiembre de 2025, exp. 66601.
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”
En este caso, se observa que el recurso de apelación prosperó parcialmente,
pues, aunque no se acogieron en su integridad los argumentos presentados por la
entidad demandada, es decir, no se revocaron todas las medidas de reparación no
pecuniarias que había ordenado el a quo, sí se suprimió una de ellas y se
determinó la proporción en que los llamados en garantía deberán reembolsar las
sumas que la demandada pague por la condena, como lo solicitó la apelante; en
otras palabras, no se confirmará en todas sus partes la sentencia apelada. Como
consecuencia, dado que a la parte apelante no se le resolvió desfavorablemente
todo el recurso de apelación, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 21 de marzo de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual fue sujeto de conciliación parcial
por las partes y aprobada mediante auto del 25 de septiembre de 2018, la cual
quedará así:
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Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Martha
Cielo Cubillos Penagos, Benilda Cubillos Penagos y Carlos Cubillos Penagos.
TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados a los demandantes por
la desaparición forzada de José Arnulfo López Gámez.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes
cantidades: la suma de $31’249.680 para cada uno de los demandantes Pastor
López Gámez, Gonzalo López Gámez, Blanca Inés López Penagos, Ernesto
López Penagos, Fernando López Penagos y Diana Carolina López Penagos y la
suma de $62’499.360 para cada una de las demandantes Elvira Penagos Terreros
y Dayana Carolina López Núñez.
QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de $108’478.856,35 a Dayana
Carolina López Núñez.
SEXTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar, por concepto de afectación a bienes y derechos constitucional y
convencionalmente protegidos, la suma de $62’499.360 para cada una de las
demandantes Elvira Penagos Terreros y Dayana Carolina López Núñez.
SÉPTIMO: ORDENAR las siguientes medidas de reparación no pecuniarias: i)
remitir copia de la sentencia al Centro de Memoria Histórica; ii) remitir copia del
expediente y de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que
realice la investigación disciplinaria a que haya lugar por los hechos ocurridos el
23 de febrero de 2006 en la finca “La Reserva”, caserío “La Trocha” ubicada en el
corregimiento de Macaraquilla entre los municipios de Fundación y Aracataca,
Magdalena, luego de los cuales José Arnulfo López Gámez se encuentra
47
Radicado: 47001233300020150025201 (63120)
Demandante: Ernesto López Penagos y otros
desparecido. Dicha entidad deberá informar al Tribunal Administrativo del
Magdalena de la apertura de la respectiva investigación disciplinaria.
OCTAVO: CONDENAR a Harold Enrique Cuarán, Ernesto Ramón Murillo
Fontalvo, Carlos Augusto Díaz Valdez y Giovani Quintero a reembolsar a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, cada uno de ellos, el 25% de
las sumas de dinero que ésta pague a los demandantes.
NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO: ABSTENERSE de resolver la solicitud presentada el 28 de mayo de
2021 por Ana María Padilla López, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
DÉCIMO PRIMERO: SIN COSTAS.
DÉCIMO SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF/EX8
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