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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00359-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00359-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 11 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de la referencia. Segundo. Sin costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2015-00359-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Ana Isabel Cano de Rocha

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el 11 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución 36405 del 28 de julio de 2006, que le reconoció al señor Juan Antonio
Rocha Goenaga la pensión gracia.

1 Folios 1 al 10.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
UGPP solicitó ordenar la devolución de los dineros que se pagaron por concepto de

dicho reconocimiento.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la UGPP señaló los siguientes:

i) El señor Juan Antonio Rocha Goenaga nació el 15 de julio de 1940 y prestó sus
servicios en la Normal Departamental para Varones Lacides A. Iriarte y en la
Secretaría de Educación de Ciénaga, como coordinador en la Institución Educativa
San Juan del Córdoba.

ii) Mediante Resolución 002197 del 21 de febrero de 1997, la Caja Nacional de
Previsión Social, le negó el reconocimiento de la pensión gracia, por no cumplir con
los requisitos previstos en la ley.

iii) Por Resolución 002769 del 25 de septiembre de 1997, CAJANAL confirmó en
todas sus partes el recurso de apelación interpuesto en contra de la anterior
decisión.

iv) El Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, en fallo del 16 de junio
de 2006 amparó los derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad
social, igualdad, mínimo vital y vida digna, impetrados, entre otros demandantes,
por el señor Rocha Goenaga y ordenó a Cajanal expedir los respectivos actos de
reconocimiento pensional.

v) Por medio de la Resolución 36405 del 28 de julio de 2006, CAJANAL en
cumplimiento al mencionado fallo de tutela, reconoció la pensión gracia a favor del
señor Juan Antonio Rocha Goenaga, a partir del 1 de febrero de 1991.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Como tales se señalaron los artículos 129 de la Constitución Política; las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 33 de 1997 y 91 de 1989 y el Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la UGPP expuso lo siguiente:

i) De acuerdo con los hechos se puede establecer que el señor Rocha Goenaga no
cumplió los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la
pensión gracia, toda vez que no completó veinte años de servicio en el orden
territorial.

ii) En ese sentido, el fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal del
Circuito de Bogotá, que ordenó reconocer la pensión gracia, desborda el
ordenamiento jurídico y causa grave detrimento al patrimonio del Estado.

iii) Así mismo, el reconocimiento de la prestación efectuado por Cajanal, mediante
la Resolución 36405 del 28 de julio de 2006, es contrario a derecho, ya que se
computaron tiempos nacionales.

1.2. Contestación de la demanda

La señora Ana Isabel Cano de Rocha, en calidad de cónyuge supérstite del
pensionado, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda
y expuso las siguientes razones de defensa:2

i) El causante presentó acción de tutela ante el juez treinta y uno penal del Circuito
de Bogotá, para obtener el reconocimiento pensional, por considerar que la extinta
Cajanal había vulnerado el debido proceso y otros derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política.

2 Folios 171 al 176.

3

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

ii) La demandante, a la fecha de contestación de la demanda, se niega a reconocer
y pagar la pensión gracia a favor de la señora Cano, reconocida mediante
providencia de un juez constitucional, por lo que se genera un comportamiento
omisivo de su parte.

iii) Con fundamento en la sentencia T-411 de 2016, la señora Ana Isabel Cano de
Rocha tiene derecho a seguir disfrutando de la pensión gracia, en calidad de
cónyuge del causante, quien cumplió los requisitos para su reconocimiento, «a
pesar de haber laborado en el sector nacional», y aunque esté gozando de la
pensión sustituta de vejez ya que estas no son incompatibles.

Propuso las excepciones de falta de pago e incumplimiento de la obligación.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 11 de abril de
2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:3

i) De acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente, se observa que el señor
Juan Antonio Rocha Goenaga no tenía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, toda vez que sus vinculaciones a las diferentes instituciones donde ejerció
la docencia tienen el carácter de nacionales, lo que impedía el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley.

La anterior afirmación tiene sustento en todos los elementos de juicio que reposan
en el expediente, los cuales dan cuenta de que el actor prestó sus servicios como
docente nacional en la Normal para Varones Lácides A. Iriarte y en el Instituto
Nacional San Juan del Córdoba de Ciénaga, ambas instituciones de carácter
nacional.

3 Folios 307 al 313.

4

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

ii) Ahora, si bien el señor Rocha Goenaga adquirió el derecho en 1991, es decir,
antes de que se profiriera la sentencia de unificación S-699 de 29 de agosto de 1997
por la Sala Plena del Consejo de Estado, que limitó la pensión gracia a los docentes
nacionalizados y territoriales, lo cierto es que no se configuraron derechos
adquiridos en cabeza de aquel, pues lo que hizo dicha corporación fue dejar atrás
las distintas posiciones que existían en cuanto a los beneficiarios de la pensión y,
por esa razón, la aplicación de la sentencia no dejó saneadas aquellas pensiones
otorgadas con anterioridad sin los requisitos legales.

iii) En consecuencia, procede declarar la nulidad del acto administrativo acusado.
Sin embargo, no es posible el restablecimiento del derecho solicitado por la parte
actora, en razón a que no se demostró dentro del plenario que el señor Rocha
Goenaga, en vida, o su cónyuge supérstite hubieren actuado de mala fe ni de forma
temeraria.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. El apoderado de la señora Ana Isabel Cano solicitó revocar la sentencia y, en
su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones
de inconformidad:

i) En el presente caso existe un fallo de tutela que ordenó otorgarle una pensión
gracia al señor Juan Antonio Rocha Goenaga y a otros profesores, y pese a que
esta decisión no fue impugnada por la entidad demandante, a través de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se pretende revocar la resolución que dio
cumplimiento a dicha orden judicial.

ii) La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha concluido que el cumplimiento
de las decisiones judiciales por parte de las autoridades y de los particulares
garantiza la efectividad de los derechos fundamentales de quienes acceden a la
administración de justicia, al tiempo que se constituye en una manifestación valiosa
del Estado Social de Derecho. Así mismo, ha reiterado que el incumplimiento de las
providencias judiciales por parte de una entidad pública o privada conlleva al

5

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

quebrantamiento del principio democrático, vulnera el derecho al acceso a la
administración de justicia y desconoce el debido proceso.

1.4.2. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4

i) Desconoce el despacho, al negar la solicitud de restablecimiento del derecho con
la devolución de los valores cancelados de más al demandado, el detrimento
económico que se le generó al Tesoro público y del cual tenía pleno conocimiento
el señor Juan Antonio Rocha, pues las certificaciones salariales aportadas como
prueba y las cuales él aportó para solicitar la pensión gracia, señalan que el tipo de
vinculación era nacional.

ii) El señor Rocha Goenaga sabía que no tenía derecho a la pensión gracia y aun
así la solicitó e hizo incurrir a la entidad en un error, toda vez que no cumplía con
los tiempos con vinculación territorial exigidos. La mala fe se confirma con el hecho
de que ejerció su defensa con base en argumentaciones fácticas que fueron
desvirtuadas en su totalidad.

1.5. Alegatos de conclusión

La demandante alegó de conclusión en forma extemporánea. La demandada
guardó silencio.5

1.6. El Ministerio Público

No emitió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

4 Folios 332 al 334.
5 Constancia secretarial obrante a folio 364
6 ibidem

6

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el señor Juan Antonio Rocha
Goenaga acreditaba los requisitos para acceder a la pensión gracia que le reconoció
Cajanal EICE, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás
normas que regulan dicha prestación. En caso negativo, se deberá establecer si es
procedente la devolución de los dineros percibidos por tal concepto.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10

7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

7

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

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Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

10

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

11

Radicación: 47001 23 33 000 2015 00359 01 (3770-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al Registro Civil de nacimiento, el señor Juan Antonio Rocha Goenaga
nació el 15 de julio de 1940.19

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 83.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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• El 11 de febrero de 1996, el rector de la Normal Departamental para Varones
Lácides A. Iriarte de Sahagún (Córdoba) certificó que el señor Rocha Goenaga
laboró en dicho plantel educativo, como profesor de tiempo completo en el área de
ciencias naturales, desde el 1 de febrero de 1967 hasta el 31 de enero de 1968.20

• El 20 de septiembre de 1996, el rector del «Instituto Nacional San Juan del
Córdoba» certificó que el mencionado docente «presta sus servicios en el plantel
desde el 1 de febrero de 1972 y se desempeña como coordinador académico desde
el 1 de febrero de 1988».21

• El 23 de julio de 2003, el rector del «Instituto Departamental San Juan del
Córdoba» certificó que el señor Rocha Goenaga «ha prestado sus servicios a la
Nación desde el 1 de febrero de 1972 hasta el 23 de julio de 2003», para un total de
31 años, 5 meses y 25 días.22

• El Formato Único para expedición de certificado de historia laboral del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio da cuenta de lo siguiente:23

20 Folio 53 (reverso).
21 Folio 54.
22 Folios 79 (reverso) y 80. Activo a la fecha de la certificación.
23 Folio 97 (reverso).

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• El Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios contiene la
siguiente información:24

• El 2 de agosto de 2005, el secretario administrativo de la Alcaldía Municipal de
Ciénaga le informó al señor Rocha Goenaga que, a través el Decreto 002 del 26 de
julio de 2005, fue separado del cargo de coordinador, por haber cumplido la edad
de retiro forzoso.25

24 Folio 98.
25 Folio 98 (reverso).

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• De acuerdo con el Registro Civil de Defunción, el señor Rocha Goenaga falleció el
25 de mayo de 2016.26

• El 15 de junio de 2017, el secretario de Educación Municipal de Ciénaga
(Magdalena), en respuesta al requerimiento judicial efectuado por el Tribunal,
manifestó lo siguiente:27

En atención al punto 1 donde se solicita a esta entidad territorial certificación entre el 1
de febrero de 1967 a 31 de enero de 1968, del citado docente, me permito comunicarle
que esta entidad territorial no es la competente para expedir la certificación solicitada
[…] en atención a que el señor Juan Antonio Rocha Goenaga para ese periodo prestaba
sus servicios en el departamento de Córdoba municipio de Sahagún, haciendo parte de
la planta de cargos docentes y directivos docentes de esa entidad […].

Así mismo, remitió certificación de tiempo laborado por el docente en el Instituto San
Juan del Córdoba, en los siguientes términos:28

SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
HACE CONSTAR:

Que revisado (sic) los actos administrativos que reposan en la carpeta de historia laboral
de la (sic) docente JUAN ANTONIO ROCHA GOENAGA […] prestó sus servicios en este ente
territorial, con tipo de vinculación nacional.

Que fue trasladado mediante Resolución No. 1601 de 25 de abril de 1972, expedido
(sic) por el Ministerio de Educación Nacional en el cargo de profesor de enseñanza
secundaria al Instituto Nacional San Juan del Córdoba de Ciénaga Magdalena, donde
prestó sus servicios hasta el 26 de julio de 2005 fecha en que se retira del servicio por
haber cumplido la edad de retiro forzoso según Decreto No. 002 de fecha 26 de julio de
2015 (sic).

• La Procuraduría General de la Nación certificó que el señor Juan Antonio Rocha
Goenaga, al 15 de julio de 2005, no registraba antecedentes disciplinarios.29

➢ Actuación administrativa

26 Folio 149.
27 Folio 259.
28 Folio 260.
29 Folio 83 (reverso).

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• El 12 de agosto de 1996 y el 16 de octubre del mismo año, el señor Rocha
Goenaga peticionó ante Cajanal E.I.C.E. el reconocimiento de la pensión gracia.30

• El 21 de febrero de 1997, por medio de la Resolución 2197, la Caja Nacional de
Previsión Social negó la solicitud, con el argumento de que el docente no había
laborado en primaria.31

• El 12 de marzo de 1997, el interesado interpuso recurso de apelación contra el
anterior acto administrativo.32

• El 25 de septiembre de 1997, a través de la Resolución 2769, la Caja Nacional de
Previsión Social resolvió negativamente el recurso y confirmó la decisión.33

• El 16 de junio de 2006, el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá
resolvió amparar los derechos fundamentales de los accionantes, entre ellos el
señor Rocha Goenaga, y, en consecuencia, ordenó a Cajanal reconocerles la
pensión gracia.34

• El 28 de julio de 2006, por medio de la Resolución 36405, la cual la Caja Nacional
de Previsión Social, dando cumplimiento al fallo de tutela, reconoció la pensión
gracia al docente Rocha Goenaga.35 Respecto del tiempo prestado, la entidad
consideró:

[…]

Que la (sic) peticionaria (sic) prestó los siguientes servicios al Estado, en su carácter de
Docente del Orden Nacional, en Ministerio de Educación Nacional.

Que el peticionario prestó los siguientes servicios al Estado:

Entidad Desde Hasta Días

30 Información extraída de la Resolución 2197 del 21 de febrero de 1997 (folios 59 al 63).
31 Folios 59 (reverso) al 63.
32 Folio 67.
33 Folios 69 al 71.
34 Folios 84 al 88.
35 Folios 90 al 92.

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Departamento de Córdoba 19670201 19680130 360
Departamento de Córdoba 19720201 19960923 8873

Que laboró un total de 9233, 1319 semanas.

[…]

Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de docente del Instituto
Nacional San Juan de Córdoba.

Que adquirió el status jurídico el 30 de enero de 1991, por servicios.

Que de conformidad con lo dicho se concluye que el peticionario no acreditó los
requisitos legales para ser beneficiario de la pensión gracia, no obstante en
cumplimiento del mandato del Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D.
C., se procederá a reconocer la pensión gracia […].

• El 11 de agosto de 2008, el señor Juan Antonio Rocha radicó ante Cajanal E.I.C.E.
solicitud de reliquidación de la pensión gracia.36

• El 25 de marzo de 2009, mediante la Resolución 12676, Cajanal negó la
reliquidación solicitada por el causante, con el argumento de que el tiempo prestado
en la Institución Educativa San Juan del Córdoba no resulta computable, por cuanto
laboró en carácter de docente del orden nacional.37

• El 29 de noviembre de 2010, por medio de la Resolución 28141, Cajanal negó
nuevamente la reliquidación de la pensión gracia.38

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala advierte que el
señor Juan Antonio Rocha Goenaga no reunía los requisitos legales para acceder
a la pensión gracia que le fue reconocida por Cajanal EICE.

36 Folios 100 (reverso) y 101.
37 Folios 101 (reverso) al 104
38 Folios 107 al 110.

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En efecto, de acuerdo con las certificaciones expedidas por el rector de la Institución
Educativa San Juan del Córdoba, de Ciénaga (Magdalena), el docente prestó sus
servicios a dicho plantel, como docente y coordinador académico, desde el 1 de
febrero de 1973 hasta el 26 de julio de 2005, cuando fue retirado por haber llegado
a la edad de retiro forzoso.

En relación con la naturaleza del vínculo, no se allegaron al plenario los actos de
nombramiento y/o posesión, pese a que fueron solicitados en primera instancia. Sin
embargo, los formatos para expedición de información de historia laboral y de
factores salariales dan cuenta de que se trató de una vinculación de carácter
nacional, como se aprecia en las respectivas imágenes:

20

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Así mismo, la Sala observa que en la resolución por la cual se le reconoció al señor
Rocha Goenaga la pensión gracia, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido
por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, Cajanal advirtió que este
no cumplía los requisitos para ser beneficiario de la prestación, debido a su carácter
de docente nacional.

En ese orden, si bien no se encuentran en el proceso copias de los actos
administrativos de nombramiento o de las actas de posesión del docente, lo cierto
es que la naturaleza como nacional de dicha relación legal y reglamentaria sí es
posible extraerla y determinarla en el presente caso, ello a partir de otros medios
probatorios como certificaciones, constancias y su respectiva valoración bajo
elementos propios de la sana crítica. Tal posibilidad fue contemplada por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, al considerar:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

21

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respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

En tal sentido, al verificar la certificación expedida el 15 de junio de 2017 por el
secretario de educación de Ciénaga, se logra establecer que, en efecto, la
vinculación del causante fue del orden nacional, pues así se indica expresamente.
Además, se informa que su traslado al Instituto Nacional San Juan del Córdoba se
efectuó en virtud de la Resolución 1601 del 25 de abril de 1972, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, donde prestó sus servicios hasta el 26 de julio de
2005.

Así las cosas, con base en el material probatorio obrante en el expediente es posible
concluir que todo el tiempo laborado por el señor Rocha Goenaga en la Institución

22

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Educativa San Juan del Córdoba entre el 1 de febrero de 1972 y el 26 de julio de
2005 fue en desarrollo de una vinculación del orden nacional, sostenida con el
Ministerio de Educación Nacional.

Tal afirmación no fue desvirtuada por la parte accionada, pues solamente se limitó
a afirmar, en el recurso de apelación, que la Ley 37 de 1933, que amplió el beneficio
pensional a los docentes de secundaria, no exigió que se tratara de educadores
territoriales. Por lo tanto, tal periodo no es computable para consolidar el derecho
que le fue reconocido por Cajanal E.I.C.E., en cumplimiento de un fallo de tutela y,
en consecuencia, habrá de confirmarse el fallo apelado que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, no se accederá a la devolución de las sumas percibidas, ya que al
tenor del artículo 83 de la Constitución Política, las actuaciones de los particulares
y de las entidades públicas, deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presume en todas las actuaciones que aquellos adelanten ante estas. A su vez,
el artículo 164 del CPACA establece que los actos a través de los cuales se reconocen
prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

De lo anterior, se colige que no existe la posibilidad de recuperar las prestaciones
periódicas cuando han sido pagadas de buena fe, lo que le impone a la entidad
demandante la carga de probar los actos fraudulentos del beneficiario para obtener
el reconocimiento de un derecho que no le corresponde.

Al respecto, esta Subsección precisó:39

Acorde con el estudio efectuado en apartes anteriores, para que proceda el reintegro
de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar
por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas
deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de
alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que la señora González de
Álvarez hubiese incurrido en estas, es decir, que obrase de mala fe.
39 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, Subsección A, sentencia del 8 de julio de 2021,

radicado: 70001-23-33-000-2015-00433-01.

23

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En efecto, en el sub examine no se acreditó que la libelista haya llevado a cabo
comportamientos que comprometieran la lealtad, rectitud y honestidad, o alguna
situación demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.
En ese orden de ideas, la Sala reitera que teniendo la carga probatoria la entidad
demandante para desvirtuar la presunción de buena fe del pensionado, ésta no
demostró que la señora González de Álvarez actuó de mala fe al solicitar el
reconocimiento de la pensión gracia por la extinta Cajanal EICE de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006.

En conclusión: No se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara a la
demandada porque la entidad demandante no demostró que hubiera incurrido en
actos dolosos y de mala fe con el reconocimiento de la pensión gracia por parte de
la extinta Cajanal EICE.

Ahora bien, resulta necesario aclarar que en varias oportunidades esta Sala al
resolver casos análogos al presente40 ha sostenido que interponer la acción de
tutela en un domicilio diferente al del demandante puede entenderse prima facie
como un hecho indicador de la mala fe, no obstante, en este caso tal circunstancia
no resulta suficiente para desvirtuar la buena fe del causante, comoquiera que las
normas de competencia territorial41 para esta clase de asuntos, de rango
constitucional, permiten que se pueda interponer en el domicilio de la entidad
demandada,42 criterio que se ajusta a lo manifestado por la Corte Constitucional.43

Conforme a lo expuesto, le correspondía a la entidad accionante demostrar que el
señor Rocha Goenaga, con maniobras y actos fraudulentos, indujo en error a la
administración con el propósito de obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
Sin embargo, revisado el expediente, la Sala no observa prueba que permita
evidenciar que este hubiese omitido o manipulado información respecto de los
tiempos de servicios prestados. Por lo tanto, en este aspecto, el recurso de
apelación interpuesto por la demandante no se encuentra llamado a prosperar.

40 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, subsección A, sentencia 27 de mayo de 2021,

expediente: 05001-23-33-000-2013-00282-02 (5082-2018) accionante: UGPP. Demandada: María Patricia
Freydell Chica.
41 Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
42 En similar sentido se pronunció la Sala en las sentencias del 11 de febrero de 2021, radicado 18001 2333

000 2015 00298 01 (0519-2018) y del 10 de febrero de 2022, radicado 17001-23-33-000-2015-00591-01
(1420-2019).
43 Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

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2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se

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concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 11 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de la referencia.

Segundo. Sin costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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