Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2015-00438-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2015-00438-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2015-00438-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: ZAMMY ISABEL BLANCO ROVIRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN
GENERAL MARÍTIMA Y PORTUARÍA Y OTRAS
Tema: Irregularidades en resolución que otorgó en concesión un bien
de uso público y autorizó la construcción de la “Marina
Internacional de Santa Marta”. Erosión costera y contaminación.
Indebida integración del grupo. Criterios para identificar el grupo
afectado. Ausencia de condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva. Falta de legitimación en la causa por activa.
Condena en costas en el trámite de segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la
sentencia del 27 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, la Nación – Ministerio de
Defensa – Dirección General Marítima (en adelante la “DIMAR”) otorgó en
concesión a la sociedad Inversiones Marina Turística S.A. un bien de uso público,
ubicado en la Bahía de Santa Marta, con el fin de que allí se construyera y operara
una “marina”. El grupo accionante considera que la DIMAR, el distrito de Santa
Marta e Inversiones Marina Turística S.A. son patrimonialmente responsables por
la erosión costera y la contaminación de la bahía del citado municipio, ocasionados
por la construcción de la “Marina Internacional de Santa Marta”, pues aducen que
la resolución que otorgó la concesión de un bien de uso público y autorizó la
realización de dicha obra fue expedida sin el cumplimiento de los requisitos legales.
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Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 25 de septiembre de 20151, Zammy Isabel Blanco Rovira y otros, mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, presentaron demanda en contra de la DIMAR y de la sociedad
Inversiones Marina Turística S.A.2, con la pretensión de que se les declare
patrimonialmente responsables por la erosión costera y contaminación de la Bahía
de Santa Marta, ocasionados por la construcción de la “Marina Internacional de
Santa Marta”, pues aducen que la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007,
que otorgó la concesión de un bien de uso público y autorizó la realización de dicha
obra, fue expedida sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
i) En primera medida, el extremo activo solicita condenar a la DIMAR y a la
sociedad Inversiones Marina Turística S. A. a pagarle, por perjuicios morales,
la suma de $64.435.000 a cada una de las “familias afiliadas en Santa Marta al
Sisbén”. El fundamento de la pretensión fue el siguiente:
“El daño general se estimará teniendo en cuenta el número de familias afiliadas en
Santa Marta al sisbén multiplicado por $76.939.000 (setenta y seis millones
novecientos treina y nueve mil pesos). […] por daño moral se estima un daño por
valor de $ 64.435.000 (sesenta y cuatro millones, cuatrocientos treinta y cinco mil
pesos) […]”.
1 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 1 a 19, índice 2, Samai.
Expediente digital.
2 Se advierte que la demanda se dirigió solamente contra la DIMAR y la sociedad Inversiones Marina
Turística S.A., no obstante, mediante auto del 18 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo del
Magdalena resolvió vincular al distrito de Santa Marta.
“ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 229 a 231, índice 2, Samai.
Expediente digital.
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Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
ii) En segundo lugar, la parte actora solicita condenar a las accionadas a
pagarle, por “alteración de las condiciones de existencia”, la suma de
$12.504.000 a cada una de las “familias afiliadas en Santa Marta al Sisbén”.
"El daño general se estimará teniendo en cuenta el número de familias afiliadas en
Santa Marta al sisbén multiplicado por $76.939.000 (setenta y seis millones
novecientos treinta y nueve mil pesos). […] Por la alteración de las condiciones de
existencia el daño se estima en $12.504.000 (Doce millones quinientos cuatro mil
pesos). […] La concesión de la marina tiene un término de 20 años. Son 52,14
semanas por año, en 20 años son 1.042 semanas. Como se va al mar dos veces
por semana serían 2.084 semanas. El transporte de cinco (5) personas por grupo
familiar sería 10.420 viajes a $12.504.000- (Doce millones quinientos cuatro mil
pesos)".
En apoyo de sus pretensiones, el grupo demandante afirma que, mediante
Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, la DIMAR otorgó en concesión a
Inversiones Marina Turística S.A. un bien de uso público, ubicado en la Bahía de
Santa Marta, para que allí se construyera y operara una “marina”, por un periodo
inicial de diez años, el cual posteriormente fue ampliado a veinte años.
Indica que, la mencionada resolución fue expedida en contravención de lo previsto
en el “numeral 1 del artículo 169 del Decreto 2342 de 1969”, puesto que i) la obra
se construyó en un bien de uso público, lo cual ocasionó afectaciones a la
comunidad local y a los turistas; ii) la construcción de la “Marina Internacional de
Santa Marta” generó erosión costera; iii) el proyecto afectó el desarrollo turístico de
la zona; y iv) para la ejecución de la obra no se realizaron correctamente los estudios
de impacto ambiental, pues su construcción ocasionó un grave daño ambiental en
la Bahía de Santa Marta.
Relata que, al presentar la solicitud de la concesión, Inversiones Marina Turística
S.A. entregó a la DIMAR “una serie de documentos y expresó afirmaciones contra
evidentes que originaron el desastre ambiental que ocurrió”, los cuales fueron
validados por la DIMAR pese a presentar distintas inconsistencias.
Señala que, la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007 fue expedida en
desconocimiento del principio de precaución ambiental, toda vez que la DIMAR y la
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sociedad Inversiones Marina Turística S.A. no previeron el daño ambiental que
podía ocasionar la construcción de la marina en la Bahía de Santa Marta, la cual
presentaba problemas de erosión costera.
Explica que, la construcción y operación de la “Marina Internacional de Santa Marta”
ocasionó un grave daño ambiental en la bahía de dicho municipio, pues generó
problemas de erosión costera y de contaminación de la playa por el estancamiento
de agua.
Sostiene que, la construcción de la “Marina Internacional de Santa Marta” causó
afectaciones a la comunidad local y a los turistas de dicho municipio, pues
obstaculizó la vista de la “bahía más linda de América”. Asimismo, señala que la
obra impidió que la población de Santa Marta, y en especial las “familias pobres”,
tuvieran acceso a las playas públicas, como zona de esparcimiento y recreación.
El grupo accionante considera que la DIMAR y la sociedad Inversiones Marina
Turística S.A. son patrimonialmente responsables por la erosión costera y la
contaminación de la Bahía de Santa Marta, ocasionados por la construcción de la
“Marina Internacional de Santa Marta”, pues aducen que la Resolución No. 0338 del
5 de octubre de 2007, que otorgó la concesión de un bien de uso público y autorizó
la realización de dicha obra, fue expedida sin el cumplimiento de los requisitos
legales.
Textualmente, en el escrito de la demanda el grupo accionante solicitó:
“1. Se condene solidariamente a la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR y a
la firma INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A. a reconocer y a pagar a mis
poderdantes, y a las demás personas que se incorporen al grupo demandante o se
acojan a los efectos de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 de la ley 472 de 1998, una indemnización de los perjuicios sufridos a causa de la
catástrofe ambiental y sanitaria ocasionada por la construcción de la obra
denominada INVERSIONES MARINA TURISTICA S.A. localizada en la Bahía de
Santa Marta cuyos efectos vulnerantes aún no han cesado.
2. En consecuencia y en cumplimiento del principio constitucional y legal de
reparación integral y equitativa de un daño, solicito se condene a las entidades
demandadas a pagar una indemnización de perjuicios cuyo reconocimiento y pago
se ordene y que incluya:
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Una indemnización en dinero efectivo, debidamente actualizada, que incluya la
reparación del perjuicio causado a los integrantes del grupo por las alteraciones de
las condiciones de existencia, a la vida de relación y otros, por los siguientes
conceptos:
A. Por el daño irrogado al derecho constitucional de gozar de un ambiente sano.
B. Por la reparación del daño causado por la erosión y por ende de la eliminación de
la playa que quedaba frente al Paseo Bastidas en la bahía de Santa Marta que impide
a las víctimas a gozar de esta playa pública.
C. Por la reparación del daño causado a la salubridad pública por la contaminación
de las aguas anexas a la referida playa impidiéndole a las [ilegible] su derecho a
bañarse en condiciones de salubridad.
D. […] Indemnización a los daños causados a la salud mental de cada una de las
personas afectadas por la catástrofe sanitaria y ambiental.
E. Por la indemnización por el daño individual causado en el derecho a la recreación
y disfrute del tiempo libre, vulnerado por la situación ambiental creada que les impide
su ejercicio.
F. Por la indemnización por el daño individual causado en el derecho a la igualdad, al
haber sido sometido a los afectados a una carga excesiva e injusta que vulnera el
principio de la distribución equitativa de las cargas públicas, obligándolos a soportar
a ellos y solamente a ellos, las consecuencias de tener que pagar un trasporte que
ellos con sus familias no pagaban antes de la construcción de la marina al verse
obligados a concurrir a un nuevo lugar de recreación.
3. Una indemnización por el daño moral causado a las personas pertenecientes al
grupo, que sufrieron y sufren de una situación que les genera un sufrimiento moral
por la legal construcción de la marina que les impide recrearse y gozar de un ambiente
sano”.
2. Contestaciones
El 18 de diciembre de 20153, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la
demanda y ordenó su notificación a las accionadas y al ministerio público.
Asimismo, el a quo resolvió vincular al distrito de Santa Marta y a la Defensoría del
Pueblo.
2.1. La DIMAR4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los
demandantes no probaron los daños reclamados. Asimismo, sostuvo que la
3 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 229 a 231, índice 2, Samai.
Expediente digital.
4 ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 258 a 279, índice 2, Samai.
Expediente digital.
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Resolución No. 0338 del 05 de octubre de 2007 fue expedida de conformidad con
los requisitos establecidos en el artículo 169 del Decreto Ley 2324 de 1984.
Seguidamente, señaló que el medio de control procedente era la acción popular y
no la acción de grupo, dado que en la demanda se solicitaba la protección de
derechos colectivos. Formuló como excepciones las que denominó “ineptitud de la
demanda”, “caducidad”, “inexistencia del daño”, “inexistencia de imputación”,
ausencia de nexo de causalidad, falta de legitimación en la causa por pasiva y la
“genérica”.
2.2. El distrito de Santa Marta5 se opuso a las pretensiones de la demanda,
aduciendo que en su contra no se esgrime ni se prueba hecho alguno que
lo relacione con los eventos causantes de los daños pretendidos, ni que
comprometa su responsabilidad patrimonial. En sustento, explicó que no tuvo
injerencia en la expedición de la Resolución No. 0338 del 05 de octubre de 2007 ni
en la ejecución de la obra de la “Marina Internacional de Santa Marta”. Asimismo,
señaló que el grupo accionante no acreditó que la erosión costera fuera
consecuencia de la construcción de la marina ni que hubieran sufrido un perjuicio
individual derivado del daño ambiental alegado. Seguidamente, sostuvo que los
criterios para identificar el grupo expuestos en el libelo introductorio no permiten
identificar los afectados por la “erosión supuestamente imputable a la construcción
de la marina”.
Al efecto, afirmó que “no obra explicación alguna en la demanda que permita
comprender por qué la población pobre usuaria del SISBEN presuntamente ha
sufrido un daño superior al resto de la población pueda catalogarse como daño
individual y/o daño ambiental consecutivo o impuro que pueda ser objeto de
reparación, y cuál es el nexo entre la afiliación al SISBEN y los daños a la vida en
relación y morales que distinguen al grupo del resto de la población que reside en
la ciudad, e incluso de los visitantes o turistas”.
5 ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 234 a 250, índice 2, Samai.
Expediente digital.
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Finalmente, formuló como excepciones las que denominó falta de legitimación en la
causa por pasiva, “falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de un
grupo como personas con daños individuales frente a una causa común –
inexistencia de daños individuales […]” y ausencia probatoria.
2.3. Inversiones Marina Turística S. A.6 sostuvo que no se probó la causación del
daño ambiental alegado. En sustento, enfatizó que no se acreditó que la
construcción de la “Marina Internacional de Santa Marta” hubiera ocasionado
erosión costera en la bahía de dicho municipio ni que hubiera impedido que la
comunidad local y los turistas pudieran acceder a las playas de la zona. Asimismo,
señaló que el “proyecto de la Marina” cumplió con todos los requisitos legales y que
los reparos de ilegalidad contra la Resolución No. 0338 de 2007 debieron ventilarse
en sede administrativa o a través del “control de legalidad en sede judicial”. Propuso
las excepciones de caducidad, inexistencia del nexo causal y ausencia de daño.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 15 de junio de 20227 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. El distrito de Santa Marta8 e Inversiones Marina Turística S. A.9, reiteraron los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
3.2. El ministerio público10 conceptuó que debían negarse las pretensiones de la
demanda, toda vez que no se probó que la construcción y operación de la “Marina
Internacional de Santa Marta” hubiera ocasionado contaminación ni erosión costera,
asi como tampoco se acreditó que el grupo accionante hubiera sufrido un perjuicio
individual derivado del daño ambiental alegado.
6 ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 484 a 250, índice 2, Samai.
Expediente digital.
7 Índice 59, Samai del tribunal.
8 Índice 66, Samai del tribunal.
9 Índice 64, Samai del tribunal.
10 Índice 65, Samai del tribunal.
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3.3. La parte actora y la DIMAR guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 27 de julio de 202211, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva y caducidad propuestas por el distrito de Santa Marta y la DIMAR,
respectivamente. Seguidamente, negó las pretensiones de la demanda, al constatar
que el extremo activo no acreditó el daño consistente en la erosión costera en la
bahía de Santa Marta ni que aquella se hubiera ocasionado como consecuencia de
la construcción de la “Marina Internacional de Santa Marta”. Finalmente, el tribunal
no condenó en costas.
De hecho, textualmente sostuvo: “Ahora bien, frente al daño alegado por el grupo
demandante, consistente en la presunta catástrofe ambiental y sanitaria, esto es, la
erosión costera que se viene generando en la bahía de Santa Marta, como
consecuencia de la construcción de la obra denominada INVERSIONES MARINA
TURÍSTICA S.A., considera la Colegiatura que el mismo no se encuentra acreditado
en el expediente. En efecto, se observa que, el extremo demandante no desplegó
ninguna actividad probatoria necesaria para acreditar, ni siquiera con meridiana
claridad que la erosión costera en la bahía de Santa Marta sea producto de la
construcción de denominada INVERSIONES MARINA TURISTICA S.A., pues dicho
extremo procesal únicamente se limitó a aportar al plenario copia de las cédulas de
ciudadanía de los demandantes, así como los certificados que indican que fueron
incluidos en el SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES – SISBEN –, sin que ello sea
suficiente para probar el daño cuya reparación se impetra”.
11 Índice 69, Samai del tribunal.
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5. Recurso de apelación
El 10 de noviembre de 202212, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido el 27 de enero de 202313 y admitido el 12 de mayo siguiente14.
5.1. El extremo activo15-16 sostuvo que la erosión costera en la Bahía de Santa Marta
se acreditó con las fotografías aportadas con la demanda, frente a las cuales no
existe duda sobre su origen, lugar y fecha en que fueron tomadas. Además, señaló
que el daño alegado “está probado porque fue aceptado por el Magistrado Ponente”.
Asimismo, manifestó que la ausencia de prueba del daño se ocasionó porque “el
honorable Magistrado Ponente omitió practicar una prueba que más tarde consideró
que no existía y le hacía falta para poder acceder a las pretensiones de la demanda.
Esto sucedió porque el Magistrado insistió en practicar la prueba solicitada en un
lugar diferente al solicitado y los peritos consientes (sic) del error se limitaron a no
aceptar el encargo”.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202117 y habida cuenta que no se
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.
12 Índice 73, Samai del tribunal.
13 Índice 75, Samai del tribunal.
14 Índice 73, Samai del tribunal.
15 Índice 11, Samai.
16 La Sala advierte que no tendrá en cuenta los memoriales aportados por el grupo accionante el 16
y 22 de febrero de 2023 (índice 3, Samai; índice 81, Samai del tribunal), con el fin de “sustentar la
apelación interpuesta”, pues aquellos fueron presentados extemporáneamente, de conformidad con
el artículo 247 del CPACA.
17 “Artículo 247, modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202018, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 19, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6820 de la Ley 472 de 199821 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 25 de septiembre de 201522, los demandantes
ejercieron el derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios
causados a un grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones
contenidas en la Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia
uniforme y pacífica de esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida
disposición – Ley 472 de 1998 - en lo atinente a las normas que regulan la pretensión,
caducidad y competencia23.
2. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto
de 2020, Rad. 64778.
19 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
20 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
21 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
22 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 1 a 19, índice 2, Samai.
Expediente digital.
23 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los
jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas
jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso
administrativo, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi) la
especial para la paz.
Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la
asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.
Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de
las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la
jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del
territorio.
Al efecto, esta Corporación ha definido que24 la competencia para conocer de los
diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o
materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones
especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza
de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y
resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y
desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente
determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez
absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser
promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)25.
En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o entre
estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para
vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad
pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015.
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
atribuyen en el libelo introductorio26.
Precisamente la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto
de 200727, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde
la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe
una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto
con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.
En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto
de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado ante
la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la
responsabilidad de todos los accionados28.
De conformidad con lo anterior, el fuero de atracción implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en
conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales
la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en
sentencia del 18 de junio de 201529 la Sección Tercera del Consejo de Estado
manifestó lo siguiente:
“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública
el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso
con particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento
de los pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra
atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo
contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos
ellos.
[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción
contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.:
43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2007, Rad.:15526. Consejo
de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.:
A.G.20050207601
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714.
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Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
figura, a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo
conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya
competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe
adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual
tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos
demandadas”
Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir
controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación
con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir,
que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida30.
Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de
modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de abril de 202031, en
la que se señaló que para la procedencia del fuero de atracción es mandatorio que
“la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente
tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les
pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.
Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso
sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de
esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el
demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u
omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta
jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la
sentencia absuelve o no a la entidad pública.
Es así como en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra
una entidad estatal como en contra de un sujeto de derecho privado de manera
concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el
30 Ibídem.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.
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juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
responsabilidad de todos los demandados32, siendo menester, para dichos efectos,
estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se
alega33.
Pues bien, en el sub examine el grupo demandante presentó demanda contra la
DIMAR y la sociedad Inversiones Marina Turistica S.A. Seguidamente, el Tribunal
Administrativo del Magdalena vinculó al proceso al Distrito de Santa Marta. Frente
a los demandados, el grupo accionante solicita declararlos patrimonialmente
responsables por la erosión costera y contaminación de la Bahía de Santa Marta,
ocasionados por la construcción de la “Marina Internacional” de dicho municipio,
pues aducen que la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, que otorgó la
concesión de un bien de uso público y autorizó la realización de dicha obra, fue
expedida sin el cumplimiento de los requisitos legales. De hecho, el escrito de
demanda textualmente solicita: “Se condene solidariamente a la DIRECCIÓN
GENERAL MARÍTIMA - DIMAR y a la firma INVERSIONES MARINA TURÍSTICA
S.A a reconocer y a pagar a mis poderdantes, y a las demás personas que se
incorporen al grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 472 de 1998, una
indemnización de los perjuicios sufridos a causa de la catástrofe ambiental y
sanitaria ocasionada por la construcción de la obra denominada INVERSIONES
MARINA TURISTICA S.A localizada en la Bahía de Santa Marta cuyos electos
vulnerantes aún no han cesado”.
Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto la responsabilidad de las
entidades públicas accionadas puede verse comprometida, al igual ocurre con la
sociedad de carácter privado también demandada por los mismos hechos y con
igual propósito, pues los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el
petitum realizado en el libelo introductorio así lo permite establecer.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:
51687.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.
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En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada
para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial de Inversiones Marina
Turística S. A., toda vez que según lo dispuesto en el artículo 10434 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA –, se
trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de entidades públicas que
también fueron demandadas y esto comprende la competencia para decidir sobre
la responsabilidad patrimonial predicada respecto de la sociedad antes
mencionada, pues el fuero de atracción permite la vinculación de esa persona
jurídica de derecho privado. No está de más resaltar que respecto de la sociedad
Inversiones Marina Turística S. A., el fundamento del deber de reparar corresponde
a criterios propios del derecho privado y no al de la falla del servicio, pues esta
última solo puede reputarse frente a una entidad pública35.
Por demás, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones
de la demanda, en virtud de lo establecido en los artículos 5036 de la Ley 472 de
1998 y, 15037 y 152.1638 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sin la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
34 Artículo 104: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucrados las entidades públicas, a los particulares cuando
ejerzan función administrativa. 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier
entidad pública, cualquiera que sea el régimen”.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 56489.
36 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
37 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
38 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
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Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.1239
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la parte actora se encuentra legitimada para
actuar en la causa por activa, al haber acreditado su vocación para integrar un grupo
que reúna condiciones uniformes respecto de la causa común que les generó
perjuicios individuales y, en consecuencia, si el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo es procedente.
4. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 27 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la
demanda, el extremo activo sostuvo que la erosión costera en la Bahía de Santa
Marta se acreditó con las fotografías aportadas con la demanda, frente a las cuales
no existe duda sobre su origen, lugar y fecha en que fueron tomadas. Además,
señaló que el daño alegado “está probado porque fue aceptado por el Magistrado
Ponente”. Asimismo, manifestó que la ausencia de prueba del daño se ocasionó
porque “el honorable Magistrado Ponente omitió practicar una prueba que más tarde
consideró que no existía y le hacía falta para poder acceder a las pretensiones de
la demanda. Esto sucedió porque el Magistrado insistió en practicar la prueba
solicitada en un lugar diferente al solicitado y los peritos consientes del error se
limitaron a no aceptar el encargo”.
No obstante, antes de estudiar si se acreditó la causación del daño ambiental
alegado, se analizará si la parte actora se encuentra legitimada para actuar en la
39 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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causa por activa, al haber acreditado su vocación para integrar un grupo que reúna
condiciones uniformes respecto de la causa común que les generó perjuicios
individuales, pues de no haber sido así habrá lugar a declarar probada de oficio
dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán estudiarse los demás
presupuestos procesales ni el fondo del asunto.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si en el caso de autos se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por activa.
4.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías y “acuarela”
aportadas por la parte demandante40 se les dará el valor correspondiente, según
criterio uniforme de esta Sala41, conforme al artículo 244 del Código General del
Proceso, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que
pretenden acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material
fotográfico fue arrimado al plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó
ni tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron,
pues carecen de georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar
y tiempo en que se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la
demanda.
Así las cosas, debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso
por la parte demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las
cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron
40 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 207 a 213, índice 2, Samai.
Expediente digital.
41 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2014, Rad. 28.832
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tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación42, no pueden ser cotejadas
con otros medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso43, por lo
que no podrán ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.
Igualmente, es pertinente recordar que los recortes de prensa44 serán valorados
según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
la sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la
Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los
hechos45.
4.1.1. Consta que, mediante Resolución No. 099 del 2 de abril de 2007, el
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta otorgó la
licencia ambiental a Inversiones Marina Turística S.A. para la construcción “de una
Marina que albergue las embarcaciones de recreo, que transitan por el Área y las
mantenga fuera de peligro, estará localizada sobre aguas marítimas de al bahía de
Santa Marta entre las calle 2 y 23”. De ello da cuenta copia del citado acto
administrativo46.
4.1.2. Se acreditó que, mediante Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, la
DIMAR dispuso otorgar “en concesión a la Sociedad Inversiones Marina Turística
S.A., un área de doscientos trece mil metros cuadrados (213.000 m2), localizada en
bien de uso público de la Nación, y autorizar unas construcciones que corresponden
a Setenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve coma ochenta y cuatro metros
cuadrados (78.429,84 m2.) bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima […]”, por un
periodo de diez años. Asimismo, en la parte resolutiva del citado acto administrativo,
42 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar.
43Ibídem.
44 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 214 y 215, índice 2, Samai.
Expediente digital.
45 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800.
46 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 386 a 397, índice 2, Samai.
Expediente digital.
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se ordenó la publicación del mismo en el Diario Oficial, de conformidad del literal d)
del artículo 95 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 199547, asi como su
notificación al representante legal de Inversiones Marina Turistica S.A. De ello da
cuenta copia de dicho proveído48.
4.1.3. Se demostró que en fecha indeterminada, la Resolución No. 0338 del 5 de
octubre de 2007 fue publicada en el Diario Oficial, según da cuenta copia de la
respectiva publicación49.
4.1.4. Consta que el 9 de noviembre de 2007, Inversiones Marina Turística S.A.
presentó recurso de reposición en contra del precitado acto administrativo y solicitó
que se extendiera el plazo de la concesión a un periodo de treinta años, según da
cuenta copia escrito50.
4.1.5. Se probó que, mediante Resolución No. 0002 del 2 de enero de 2008, la
DIMAR resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad demandada y
modificó la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, en el sentido de extender
el término de la concesión a veinte años, según da cuenta copia de dicha decisión51.
4.1.6. Se probó que el 21 de enero de 2008, la Resolución No. 0002 del 2 de enero
de 2008 fue publicada en el Diario Oficial No. 46.878, según da cuenta copia de la
respectiva publicación52.
4.1.7. Se constató que, mediante Resolución No. 0485 del 2 de noviembre de 2010,
la DIMAR aclaró y adicionó la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, “en el
47 “Artículo 95. Publicaciones en el Diario Oficial. A partir de la vigencia del presente Decreto, sólo
se publicarán en el Diario Oficial, los siguientes documentos públicos: […] d) Los actos de
disposición, enajenación, uso o concesión de bienes Nacionales”.
48 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 280 a 285, índice 2, Samai.
Expediente digital.
49 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 449, índice 2, Samai.
Expediente digital.
50 “ED_DOCUMENTOS_7DOCUMENTOSDIMAR(.zip)”, “INVERSIONES MARINA TURISTICA S.A-
2.pdf”, pág 115 a 120, índice 2, Samai. Expediente digital.
51 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 306 a 309, índice 2, Samai.
Expediente digital.
52 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 448, índice 2, Samai.
Expediente digital.
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sentido de indicar que el área y obras autorizadas son las contenidas en el concepto
técnico CT-33-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 1 de octubre de 2010, el cual modifica
en lo pertinente al concepto CT-047-A-DILEM-ALIT-613 del 12 de septiembre de
2007”. De ello da cuenta copia de dicho proveido53.
4.1.8. Se probó que, mediante oficio No. 142016101142 del 19 de febrero de 2015,
Inversiones Marina Turistica S.A. informó a la Capitanía del Puerto de Santa Marta
que, de acuerdo a distintos estudios técnicos realizados, “la erosión costera de la
Bahía de Santa Marta y la inestabilidad de su borde costero es un proceso histórico
que ha venido sucediendo durante varias décadas atrás previo a la construcción de
la Marina de Santa Marta, por lo cual su causa no es imputable a la existencia de la
misma”. De ello da cuenta copia del mencionado escrito54.
4.1.9. Se demostró que, mediante Resolución No. 0067 del 19 de febrero de 2015,
la DIMAR modificó las Resoluciones No. 0338 del 5 de octubre de 2007, 0002 del 2
de enero de 2008 y 0485 del 2 de noviembre de 2010, en el sentido de autorizar a
Inversiones Marina Turistica S.A. a efectuar cambios en las “obras correspondientes
al cuadro No. 8 del CT. 35- A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 18 de noviembre de 2014”.
De ello da cuenta copia del citado acto administrativo55.
4.1.10. Se encuentra probado que, mediante Resolución No. 0628 del 16 de marzo
de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena modificó la Resolución
No. 099 del 2 de abril de 2007, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental a
Inversiones Marina Turistica S.A. para la construcción de la “Marina Internacional
de Santa Marta”. La modificación consistió en la inclusión de “actividades de
construcción y operación de helipuerto, zona de taller y dragado de mantenimiento”.
De ello da cuenta copia de dicho proveido56.
53 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 311 a 314, índice 2, Samai.
Expediente digital.
54 “ED_EXPEDIENTE_14CUADERNOCUARTOP”, pág. 255 a 266, índice 2, Samai. Expediente
digital.
55 “ED_EXPEDIENTE_14CUADERNOCUARTOP”, pág. 214 a 246, índice 2, Samai. Expediente
digital.
56 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 340 a 344, índice 2, Samai.
Expediente digital.
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4.1.11. Consta que, mediante Resolución No. 0657 del 20 de octubre de 2015, la
DIMAR adicionó el artículo 1 de la Resolución No. 0067 del 19 de febrero de 2015,
en el sentido de otorgar un término adicional a Inversiones Marina Turistica S.A.
para adelantar unas obras en la “Marina Internacional de Santa Marta”, según da
cuenta copia de dicho proveido57.
4.1.12. Se constató que, mediante Oficio No. 0993 del 29 de marzo de 2022, la
Secretaría de Planeación del distrito de Santa Marta informó al Tribunal
Administrativo del Magdalena que, para dicho momento, existían 155.282 personas
registradas en el Sisbén, con residencia en el citado municipio, según da cuenta
copia de dicho escrito58.
4.2. Improcedencia del medio de control por ausencia de condiciones
uniformes del grupo respecto de la causa lesiva cuya reparación se pretende.
La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dichas acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que son
"interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".
En consonancia con lo anterior, los artículos 359 y 4660 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
57 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 359 a 363, índice 2, Samai.
Expediente digital.
58 “ED_11RESPUESTPLENACION(.pdf)”, índice 2, Samai. Expediente digital.
59 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
60 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
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prescriben que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior
de demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C-116 de 200861:
“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:
‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’
De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
61 Corte Constitucional, Sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.
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menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”62. (Se resalta)
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia.
Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria
para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio.”
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional63 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo64. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
62 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
63 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
64 Sentencia C-569 de 2004.
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por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".
En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo – sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 65. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.
Con todo, en reciente jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 66. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia67.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
67 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que
incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. Guayacán Ortíz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.
25
Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
En similar sentido, la Sala Primera Especial de Decisión de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la Corporación68, mediante sentencia de unificación
del 10 de junio de 2021, precisó la metodología para definir los criterios para
determinar el grupo afectado y la individualización de sus miembros, de conformidad
con el criterio jurisprudencial fijado mediante providencia del 2 de agosto de 200669.
Al efecto, allí se estableció lo siguiente:
“Primero, se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda
y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo, mediante el
análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un mayor enfoque
jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad
con los daños sufridos por los miembros del grupo. El resultado de este análisis debe
ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños
originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo
contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y
por consiguiente la improcedencia de la acción”.
Por otro lado, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo – antes acción de grupo -, es pertinente señalar que la Sección Tercera
de esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa
en el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”70.
Ahora bien, en el sub examine, el grupo accionante solicita que se declare
patrimonialmente responsables a las demandadas por la erosión costera y
contaminación de la Bahía de Santa Marta, ocasionados por la construcción de la
“Marina Internacional” de dicho municipio, pues aducen que la Resolución No. 0338
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de
Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021, radicado: 76001-23-31-000-2002-04584-02.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 2 de agosto
de 2006, radicado: 25000- 23-24-000-2005-00495-01.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de
febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026,
Rad. 69982.
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
del 5 de octubre de 2007, que otorgó la concesión de un bien de uso público a
Inversiones Marina Turística S.A. y autorizó la realización de dicha obra, fue
expedida sin el cumplimiento de los requisitos legales.
A estos efectos, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra
acreditado lo siguiente: i) que mediante Resolución No. 099 del 2 de abril de 2007,
el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta otorgó
la licencia ambiental a Inversiones Marina Turística S.A. para la construcción de la
“marina” en la Bahía de Santa Marta (hecho probado 4.1.1); ii) que mediante
Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, la DIMAR otorgó en concesión a la
sociedad Inversiones Marina Turística S.A. un bien de uso público, ubicado en la
Bahía de Santa Marta, con el fin de que allí se construyera y operara una “marina”,
proveido que fue publicado en fecha indeterminada en el Diario Oficial (hechos
probados 4.1.2 y 4.1.3); iii) que el 9 de noviembre de 2007 Inversiones Marina
Turistica S.A. presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo
(hecho probado 4.1.4); y iv) que mediante Resolución No. 0002 del 2 de enero de
2008, la DIMAR resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad
demandada y resolvió extender el término de la concesión a veinte años, proveido
que fue publicado en el Diario Oficial No. 46.878 del 21 de enero de 2008 (hechos
probados 4.1.5 a 4.1.6).
Asimismo, se probó v) que, mediante Resolución No. 0485 del 2 de noviembre de
2010, la DIMAR aclaró y adicionó la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007,
respecto al área y obras autorizadas del proyecto de construcción (hechos probado
4.1.7); vi) que, mediante oficio No. 142016101142 del 19 de febrero de 2015,
Inversiones Marina Turistica S.A. informó a la Capitanía del Puerto de Santa Marta
que la erosión costera de la Bahía de Santa Marta era producto de un proceso
histórico, por lo que dicho fenómeno no se ocasionó por la construcción de la marina
(hecho probado 4.1.8); vii) que, mediante Resolución No. 0067 del 19 de febrero de
2015, la DIMAR autorizó a la sociedad demandada a efectuar cambios en las obras
del proyecto de construcción de la “Marina Internacional de Santa Marta” (hecho
probado 4.1.9); viii) que, mediante Resolución No. 0628 del 16 de marzo de 2015,
la Corporación Autonoma Regional del Magdalena modificó la licencia ambiental
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
otorgada a Inversiones Marina Turistica S.A. para la construcción de la “Marina
Internacional de Santa Marta”, en el sentido de incluir “actividades de construcción
y operación de helipuerto, zona de taller y dragado de mantenimiento” (hecho
probado 4.1.10); ix) que, mediante Resolución No. 0657 del 20 de octubre de 2015,
la DIMAR otorgó un término adicional a la sociedad accionada para adelantar unas
obras en la “Marina Internacional de Santa Marta” (hecho probado 4.1.11); y x) que,
el 29 de marzo de 2022, existían 155.282 personas registradas en el Sisbén, con
residencia en Santa Marta (hecho probado 4.1.12).
Ahora bien, debe recordarse que la administración manifiesta unilateralmente su
voluntad mediante actos que producen efectos jurídicos, en tanto crean, modifican
o extinguen situaciones de los afectados, frente a los cuales la
legislación contencioso administrativa ha establecido las acciones y medios de
control dispuestos para verificar su legalidad.
Así, conviene advertir que a través del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo puede solicitarse la nulidad de un acto administrativo particular
que hubiera afectado por lo menos veinte personas individualmente determinadas,
según lo dispone el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo71.
En este orden de ideas, se advierte que la fuente de la controversia sub examine
radica en la Resolución No. 0338 del 5 de octubre de 2007, proferida por la DIMAR,
pues dicho acto administrativo otorgó en concesión a la sociedad Inversiones
Marina Turística S.A. un bien de uso público, ubicado en la Bahía de Santa Marta,
con el fin de que allí se construyera y operará una “marina” (hecho probado 4.1.2),
71 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente
a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una
misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula
la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para
determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el
recurso administrativo obligatorio”. (se señala)
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
sin reunir los requisitos legales, como se afirma en la demanda. En efecto, en el
libelo introductorio se afirma lo siguiente:
“El señor Carlos AUGUSTO SOCARRAS ZUNIGA, gerente en esa época, de la firma
INVERSIONES MARITIMA TURISTICAS S.A. presentó ante la Capitanía del puerto
de Santa Marta una solicitud para que se le concediera una concesión para la
construcción de una marina en la bahía de Santa Marta. Mediante resolución No 0338.
el 5 de octubre del 2007 la DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA -DIMAR-, autorizó a
la firma INVERSIONES MARINA TURÍSTICAS S.A. para que construyera una marina
internacional en la bahía de Santa Marta, concediéndole, sin contraprestación alguna,
el goce de gran parte de la pania por un periodo de 10 años, periodo que
posteriormente fue ampliado a 20 años.
La DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA- DIMAR - al autorizar la concesión no tubo
(sic) presente el principio de prevención, pilar del derecho ambiental, para evitar, el
daño que posteriormente se le causó a la Bahía de Santa Marta por no haberle dado
aplicación de este principio.
La firma INVERSIONES MARINA TURÍSTICAS S.A. aportó a la DIMAR una serie de
documentos y expresó afirmaciones contra evidentes que originaron el desastre
ambiental que ocurrió y que actualmente esta ocurriendo en la Bahía de Santa Marta
y a su vez la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA- DIMAR le dio validez a esas
afirmaciones y documentaciones que adolecían de muchas fallas, así:
En el literal numeral 1 literal a) del artículo 169 del decreto 2342 de 1969, del Ministerio
de Defensa Nacional mediante el cual se reorganiza la Dirección Portuaria se
estatales (sic) los requisitos para el otorgamiento de concesiones se dispone que: ‘el
terreno sobre el cual se va a construir no esté ocupado por otra persona; que no esté
destinado a ningún uso público, ni a ningún servicio oficial; que la construcción
proyectada no ofrezca ningún inconveniente a la respectiva municipalidad’.
A este requisito no se le dio cumplimiento, porque no existe duda de que el terreno
(la playa) materia de la decisión era de uso público y era utilizado normal y diariamente
para el esparcimiento público de turistas y de toda la comunidad samaria y que por
tal motivo la obra presentaba muchos inconvenientes a la municipalidad.
En el Literal c) del artículo 169 del decreto 2342 de 1969, en la que se establecía que
‘que (sic) las explotaciones o construcciones para las cuales se solicita el permiso no
son contrarias a las normas de conservación y protección de los recursos naturales
renovables existentes en la zona’.
A este requisito no se le dio cumplimiento, porque no existe duda de que la
construcción de la marina iba en contravía de la protección de los recursos naturales,
como está demostrado con la existencia de la erosion que posteriormente se na
presentado.
En el Literal d) del artículo 169 del decreto 2342 de 1969, en la que se establecia que
‘las explotaciones o construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los
programas de desarrollo turístico de la zona’, sin que tuvieran en cuenta que era
evidente que dicha obra por ser de carácter exclusivo para el desarrollo de la marina,
impedía en el desarrollo turístico general de la zona.
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
En el Literal e) del artículo 169 del decreto 2342 de 1969, en la que se establecia que
para la ejecución de una obra se requerían ‘Estudios de vientos, mareas, corrientes y
profundidades, así como de constitución y resistencia de los suelos;’ estudio que la
realidad demostró que no fueron bien hechos, porque está plenamente demostrado
que ocurrió un grave daño ambiental en la Bahía de Santa Marta.
Es un hecho público y notorio innegable de que La DIRECCIÓN GENERAL
MARÍTIMA -DIMAR y la firma INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A. privatizaron
gran parte de la playa de la bahía de Santa Marta porque al pueblo se le impide entrar
libremente en se (sic) sitio, asi como a las aguas adyacentes, limitando de manera
grave el espacio público y el medio ambiente.
Es el caso de que está plenamente demostrado que la construcción de la matina
causó una erosión que acabó con la playa vecina a la obra.
Por consiguiente está plenamente demostrado que la DIRECCIÓN GENERAL
MARÍTIMA -DIMAR autorizó la construcción de una obra que causa un perjuicio a los
ciudadanos […]”.
Bajo el anterior contexto, en el escrito introductorio el grupo accionante señala que
la DIMAR es responsable por el daño alegado porque “fue la autoridad que autorizó
la ejecución de la obra sin el lleno de los requisitos legales exigidos en el decreto
del Ministerio de Defensa Nacional numero 2324 de 19845 (sic), y por esto es
responsable del daño causado a la bahía, porque la DIMAR fue advertida del daño
que se le causaría a la bahía con la construcción de la marina y no tuvo en cuenta
el principio de precaución cuando expidió la Resolución 0338 de 5 de octubre de
2007”. Asimismo, frente a la sociedad demandada se adujo que aquella “fue quien
ejecutó la obra sin sujeción al principio de prevención y por lo tanto es responsable
junto con la DIMAR, con presunción de culpa o dolo, artículo 1° de la ley 1333 de
2.009 de los daños causados a la bahía de Santa Marta, porque aportó una serie
de documentos que contenía afirmaciones contraevidentes y pasó por alto el
principio de precaución”.
De lo anterior se observa que el menoscabo cuya reparación se pretende en
ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, no
se causó en virtud de operaciones, hechos u omisiones de la administración, pues
se evidencia que, el referido daño se originó en la Resolución No. 0338 del 5 de
octubre de 2007, mediante la cual la DIMAR otorgó en concesión un bien de uso
público a Inversiones Marina Turística S.A. y autorizó la construcción de la “marina”
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
en la Bahía de Santa Marta, la cual -según la demanda- fue expedida sin el
cumplimiento de los requisitos legales, por lo que a raíz de dichas irregularidades
en la estructuración y autorización de la obra se ocasionaron los fenómenos de
erosión costera y contaminación en las playas aledañas, según se alega en la
demanda.
De esta forma, se advierte que los argumentos y fundamentos del libelo introductorio
para obtener la declaratoria de responsabilidad del Estado devienen de
cuestionamientos sobre la legalidad del citado acto administrativo. Así, pese a que
en la sentencia el Tribunal Administrativo del Magdalena haya manifestado que el
hecho dañoso corresponde a la construcción y operación de la “Marina Internacional
de Santa Marta”, lo cierto es que, con base en los supuestos fácticos y las
pretensiones planteadas, el daño antijurídico que la actora estima irrogado se deriva
de un acto administrativo particular y concreto, esto es, de la Resolución No. 0338
del 05 de octubre de 2007, proferida por la DIMAR.
Ahora bien, habiendo identificado el hecho dañoso, la Sala procederá a verificar las
condiciones uniformes del grupo respecto de la causa lesiva cuya reparación se
pretende.
Pues bien, en el caso concreto, el grupo demandante argumenta que la construcción
de la “Marina Internacional de Santa Marta” ocasionó erosión costera y
contaminación por el estancamiento de aguas en la playa aledaña, pues la
Resolución No. 0338 del 05 de octubre de 2007, que otorgó la concesión de un bien
de uso público a Inversiones Marina Turística S.A. y autorizó la construcción de la
citada obra, se expidió sin el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo,
aducen que como consecuencia de lo anterior se vulneraron sus derechos a “gozar
de un medio ambiente sano”, “gozar de la playa pública”, “salubridad pública”, “salud
mental”, “recreación y disfrute del tiempo libre” e “igualdad”. Asimismo, en la
demanda se establecieron los siguientes criterios para identificar el grupo afectado:
“Si bien el daño ocasionado por la construcción de la marina en la bahía de Santa
Marta afectó en general a todos los samarios en general, al presente acción se grupo
solo cobija a las personas pobres de Santa Marta, pertenecientes al Sisbén, que
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Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
fueron y son las que más han sufrido las consecuencias de la desaparición de la
playa.
El grupo que interpone la presente acción está integrado por personas que:
A. Que pertenecen al Sisbén.
B. Que se encuentran domiciliados en Santa Marta.
C. Está conformado por grupos familiares de tres personas, por lo menos,
representados por la persona cabeza de familia que me otorgó poder para actuar en
la presente esta acción”.
Frente a este punto, se reitera que el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo debe ser presentado por un número plural de personas, que
no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una causa
común que les originó perjuicios individuales. De esta forma, este último aspecto,
esto es, la causación de perjuicios individuales, es un elemento esencial de este
medio de control, cuya finalidad es obtener la reparación de los daños individuales
causados a un grupo de personas.
Pues bien, la Sala observa que la delimitación del grupo efectuada en la demanda
resulta imprecisa, general y abstracta, de forma que no permite establecer de
manera clara y certera las condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales a los demandantes.
En efecto, ante la vaguedad de los criterios fijados por el grupo accionante no es
posible identificar ni delimitar las personas que sufrieron daños individuales con
ocasión de la expedición irregular de la Resolución No. 0338 del 05 de octubre de
2007, mediante la cual se autorizó la construcción de la “Marina Internacional de
Santa Marta”. Precisamente, en la identificación del grupo afectado se expone que
“la construcción de la marina en la bahía de Santa Marta afectó en general a todos
los samarios”. Seguidamente, en la demanda se aduce que, pese a la afectación
general y colectiva generada por la construcción de la marina, “las personas pobres
de Santa Marta, pertenecientes al Sisbén, […] fueron y son las que más han sufrido
las consecuencias de la desaparición de la playa”. Así, la Sala advierte que dicho
criterio resulta inocuo e impreciso para delimitar el grupo accionante, pues no
permite identificar las personas que sufrieron un daño individual o subjetivo como
consecuencia de la expedición del citado acto administrativo.
32
Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
Asimismo, la Sala observa que en el libelo introductorio se identifica de manera
generalizada a las “personas pobres” de Santa Marta, como aquellas “que
pertenecen al Sisbén”. De esta forma, para acreditar el requisito de existencia de
condiciones uniformes frente a la causa común del daño, el extremo activo aportó
distintos documentos sobre la consulta del puntaje y el “listado de fichas en
histórico” del Sisbén de las 56 personas que interpusieron la demanda72.
Sobre el particular, se tiene que el artículo 2.2.8.1.1. del Decreto 1082 de 201573
prevé que “el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (Sisbén), es un instrumento de la política social, para la focalización del
gasto social, el cual utiliza herramientas estadísticas y técnicas que permiten
identificar y ordenar a la población, para la selección y asignación de subsidios y
beneficios por parte de las entidades y programas con base en las condiciones
socioeconómicas en él registradas”.
De esta forma, se advierte que el Sisbén es un sistema de identificación y
clasificación de la población para el acceso a programas sociales, de forma que la
inclusión de una persona en dicho sistema no implica per se que se encuentre en
situación de pobreza, ni mucho menos conlleva a concluir que aquella sufrió un daño
como consecuencia de la expedición irregular de la Resolución No. 0338 del 05 de
octubre de 2007, mediante la cual se autorizó la construcción de la “Marina
Internacional de Santa Marta”. Asimismo, aunado a la vaguedad de los criterios
enunciados en la demanda para identificar el grupo, se advierte que estos no
guardan una conexión clara y cierta con el hecho dañoso alegado, de forma
que no permiten identificar a las personas que sufrieron un daño como
consecuencia de la construcción de la Marina de Santa Marta.
Bajo el anterior contexto, la Sala concluye que en el caso concreto no es posible
72 “ED_EXPEDIENTE_13CUADERNOTERCERO(.pdf) NroActua 2”, pág. 21 a 194, índice 2, Samai.
Expediente digital.
73 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de
Planeación Nacional".
33
Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
determinar con certeza la existencia de un grupo de personas que hubiera sufrido
daños individuales, de forma que no se puede predicar la existencia de condiciones
uniformes respecto de la causa lesiva cuya reparación se pretende, pues ni siquiera
es posible establecer la existencia de aspectos de hecho o de derecho que sean
comunes entre los demandantes dada la imposibilidad de delimitar e identificar los
miembros del grupo.
Al respecto, se reitera que la acción de grupo debe ser presentada por un número
plural de personas que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes
respecto de una causa común que generó los perjuicios individuales. Asimismo,
frente la exigencia referente al número de integrantes del grupo no es necesario que
las 20 personas acudan ante el juez, sino que quien actúe señale la identidad de los
demás integrantes o, al menos, indique los criterios que permitan su identificación
por parte del juez.
Así las cosas, se advierte que en el sub examine no es posible determinar la
existencia de un grupo que reúna condiciones uniformes respecto del hecho
generador de los daños individuales que sufrieron. De esta forma, la imposibilidad
de identificar el grupo afectado conlleva a la improcedencia del medio de control
invocado por carecer del presupuesto procesal de falta de legitimación en la causa
por activa74.
En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la
sentencia del 27 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena que negó las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, se declarará
la improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo por la falta de legitimación en la causa por activa, derivada de la indebida
conformación del grupo, habida cuenta las consideraciones atrás expuestas.
74Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 23 de febrero de 2026, Rad. 67722.
34
Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
5. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
35
Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
En relación con las agencias en derecho75 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora76.
En relación con las agencias en derecho en procesos de doble instancia, de
conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, en
concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10 de diciembre
de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de
procesos ordinarios que se surten en dos instancias la tarifa de agencias en derecho
será de hasta el 5% de las pretensiones “confirmadas o revocadas total o
parcialmente”.
En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte demandada no
solicitó pruebas ni presentó alegatos de conclusión. En consecuencia, se deniegan
las agencias en derecho de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, DECLARAR la improcedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo por la falta de legitimación en la causa por activa,
derivada de la indebida integración del grupo, habida cuenta las razones expuestas
en la parte considerativa de este proveído.
75 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
76 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
36
Radicado: 47001233300020150043801 (69554)
Demandante: Zammy Isabel Blanco Rovira y otros
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: Sin agencias en derecho.
CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto Aclaración de voto
VF
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