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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2016-00238-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2016-00238-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 109 Número único de radicación: 47001 23 33 000 2016 00238 01 Actoras: NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS Y VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO PRIMERO: REVOCAR, parcialmente, la sentencia de 25 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, DECLARAR la nulidad parcial tanto del Fallo con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de 2015, como del Auto de 4 de noviembre de 2015 y de la Resolución núm. CON 100- 22-406 de 4 de diciembre de 2015, solo en lo que guarda relación con la condena fiscal que se le impuso a la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, por el detrimento patrimonial originado en la ausencia de recaudo y pago de la contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en el contrato civil de obra núm. CO-002- 2009 de 16 de abril de 2009, celebrado entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ, manteniéndose incólume, en lo demás, los actos acusados por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO no está llamada a responder fiscalmente, ni en forma solidaria, por el daño patrimonial calculado en $43.932.390.78, por concepto de la contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 que debió recaudarse y pagarse, exclusivamente, en el contrato civil de obra núm. CO-002-2009 de 16 de abril de 2009, celebrado entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ. TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 25 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 110 Número único de radicación: 47001 23 33 000 2016 00238 01 Actoras: NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS Y VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO CUARTO: NEGAR la condena en costas a la parte vencida. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2016-00238-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 47001233300020160023801
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actoras: NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS Y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO

TESIS: SE REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO QUE GUARDA RELACIÓN CON LA CONDENA FISCAL QUE SE LE IMPUSO
A LA SEÑORA VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, POR EL DETRIMENTO
PATRIMONIAL ORIGINADO EN LA AUSENCIA DE RECAUDO Y PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 1106 DE 2006, EN EL
CONTRATO CIVIL DE OBRA NÚM. CO-002-2009 DE 16 DE ABRIL DE 2009. SE
CONFIRMA EN LO DEMÁS LA SENTENCIA APELADA, QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
de las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA
LUISA BENAVIDES MERLANO, contra la sentencia de 25 de julio
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2016 00238 01
Actoras: NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS Y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

Las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA
LUISA BENAVIDES MERLANO, mediante apoderado, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA,
presentaron demanda contra la CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en adelante la
CONTRALORÍA, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del
fallo con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de 2015, del auto
de 4 de noviembre de 2015 y de la Resolución CON-100-22-406 de
4 de diciembre de 2015; y que, en consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, se disponga la cancelación de la
inscripción en el Boletín de Responsables Fiscales y del reporte ante
la Procuraduría General de la Nación, además de que se condene a
la demandada al pago de los perjuicios materiales y morales y a las
costas del proceso.

I.2.- Hechos

Las actoras señalaron que la CONTRALORÍA profirió auto de
apertura e imputación de responsabilidad en su contra y otros, el 23
de agosto de 2013, por la no retención del 5% a que hace referencia

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BENAVIDES MERLANO

el artículo 6º de la Ley 1106 de 22 de diciembre 20061, en contratos
suscritos entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y los
contratistas vinculados.

Indicaron que el 20 de septiembre se citó a audiencia de descargos,
en la que se dio lectura al auto de apertura e imputación y se
propusieron nulidades, las cuales fueron resueltas posteriormente de
manera negativa y se presentaron descargos.

Manifestaron que el fallo con responsabilidad fiscal fue proferido el 6
de mayo de 2014, sin que existiera la debida motivación, razón por
la que interpusieron recursos de reposición y apelación contra dicha
decisión.

Aseveraron que por medio de la Resolución CON – 100 – 22- 167 de
21 de julio de 2014, el contralor general del departamento del
Magdalena al resolver el recurso de apelación revocó el fallo y decretó
la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura e
imputación de responsabilidad, con el fin de incluir como presuntos
responsables fiscales a SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ y a
VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO.

Sostuvieron que el 14 de agosto de 2014, se solicitó el desembargo
de los bienes de la señora NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS
como consecuencia de la declaratoria de nulidad efectuada; no

1 Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada

por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones.

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obstante, el contralor departamental mediante la Resolución CON
100 – 22- 189 de ese mismo día, aclaró el Auto de 21 de julio de
2014 aduciendo un error de digitación, para indicar que la nulidad
era a partir del auto de decisión de 6 de mayo de esa anualidad.

Anotaron que contra la anterior decisión se interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente el 10 de
septiembre de 2014 por considerarlo improcedente.

Mencionaron que mediante auto de 10 de marzo de 2015 se adicionó
el auto de apertura e imputación de 23 de agosto de 2013, en el
sentido de vincular al proceso a VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO y a SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ.

Refirieron que se profirió Fallo Con Responsabilidad Fiscal de 13
de octubre de 2015, bajo argumentos carentes de solidez y
contrarios al orden jurídico, decisión contra la cual se interpusieron
los recursos de reposición y de apelación.

Manifestaron que el recurso de reposición fue desatado
negativamente con decisión de 4 de noviembre de 2015 y el de
apelación a través de la Resolución CON – 100 – 22 – 406 de 4 de
diciembre de 2015, en la que se confirmó en todas sus partes el
fallo de primera instancia.

Afirmaron que el referido fallo fue notificado indebidamente, razón
por la que sólo hasta el 3 de febrero de 2016 fue notificado

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correctamente por aviso, es decir, que la decisión quedó ejecutoriada
el 4 de febrero de 2016.

Por último, agregaron que el 8 de marzo de 2016 presentaron
solicitud de revocatoria directa de los actos administrativos objeto de
la presente demanda, la cual fue resuelta, de manera negativa, a
través de la Resolución núm. 100-22-131 de 3 de mayo de esa
anualidad.

I.3.- Fundamentos de derecho

Las actoras indicaron como normas violadas por los actos
administrativos demandados, las siguientes:

1. Constitución Política: artículos 2º, 13, 21, 25, 29, 83 y 209.
2. Ley 1437 de 18 de enero de 20112: artículos 3º, 44, 45 y demás
concordantes.
3. Código de Procedimiento Civil: artículos 309, 310 y demás
concordantes.
4. Ley 1474 de 12 de julio de 20113.
5. Ley 610 de 15 de agosto de 20004: artículo 5º y demás normas
concordantes.

2 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
3 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública, artículo 73.
4 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia

de las contralorías.

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Seguidamente, explicaron el alcance del concepto de la violación en
los siguientes términos:

I.3.1.- Falsa motivación: A juicio de la parte actora, los actos
administrativos enjuiciados incurrieron en esta causal de nulidad, en
atención a que fue declarada la responsabilidad fiscal sin encontrarse
acreditados los elementos necesarios para su existencia.

Para sustentar su afirmación, se refirieron a los elementos previstos
en el artículo 5º de la Ley 610, para indicar que ante la ausencia de
uno de ellos era improcedente la declaratoria de responsabilidad, tal
y como ocurrió en su caso, pues durante el transcurso del proceso
administrativo aquellos fueron desvirtuados.

Sostuvieron, frente a la conducta dolosa o culposa atribuible a quien
realiza gestión fiscal, que en el caso concreto no era procedente
endilgársela, pues la empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. no se encontraba obligada a efectuar la retención del impuesto
consagrado en el artículo 6º de la Ley 1106, como lo ha determinado
la misma CONTRALORÍA, la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES, DIAN y la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Se refirieron a algunos procesos adelantados por la CONTRALORÍA
en los cuales se han archivado las investigaciones por hechos como
los aquí planteados e, igualmente, relacionaron el Concepto 2-2011-
002693 de 2 de febrero de 2011 expedido por la DIAN, en el cual se

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precisó que para efectuar el recaudo de la contribución del 5% de los
contratos de obra pública o de cualquier tributo, era necesario que
fuera establecido por medio de acto administrativo expedido por el
Concejo o Asamblea y que se haya incluido en el presupuesto de
ingresos de la respectiva entidad territorial.

Estimaron que para que resultara aplicable la deducción del impuesto
a AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., que hace referencia el
artículo 6º de la Ley 1106, no bastaba con lo preceptuado en la citada
norma, sino que era necesario que se consagrara expresamente
dentro del ámbito de aplicabilidad del acto administrativo mediante
el cual se creó el Fondo de Seguridad del departamento del
Magdalena, presupuesto que no se cumplió en el caso concreto, ya
que la Ordenanza núm.014 de 30 de diciembre de 2008, no incluyó
a la empresa como recaudadora del citado impuesto.

Así pues, no existían argumentos para que la CONTRALORÍA las
condenara, pues de ninguna manera se probó un hecho generador
de detrimento patrimonial en su comportamiento, debido a que no
obró en todo el expediente administrativo un documento que le
permitiera determinar la existencia de un acto administrativo
expedido por la Asamblea Departamental del Magdalena, que fijara
dentro de su ámbito de aplicación a AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. y que le asignara la función de recaudar el impuesto previsto
en el artículo 60 de la Ley 1106; por lo tanto, concluyen que los actos
administrativos demandados adolecen de falsa motivación.

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Indicaron que en el hipotético caso en que existiera el deber de
retención del mencionado impuesto, lo cierto era que no se probó la
existencia de dolo o culpa grave en las actuaciones desplegadas por
ellas, pues no se encuentran dentro de las causales taxativamente
establecidas en el artículo 118 de la Ley 1474 para que se presumiera
su responsabilidad.

Señalaron que, debido a que no eran abogadas, fueron asesoradas
por el secretario general de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.
en cuanto al cobro del mencionado impuesto, quien a través de oficio
AMG-570-2011 de 1o. de agosto de 2011 les indicó que los
argumentos contenidos en el obiter dictum de la sentencia C-736 de
2006, no eran doctrina vinculante por no ser las razones de la
decisión adoptada.

Seguidamente, aluden a la naturaleza jurídica de la empresa AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. para determinar si le era aplicable el
impuesto consagrado en la Ley 1106 para los contratos de obra
celebrados por la entidad, pues lo que la norma prevé es que debe
ser aplicable a las personas naturales o jurídicas que celebran este
tipo de contratos con entidades públicas, presupuesto que no se
cumplió en el presente caso, pues AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. no es destinataria de la norma y por lo tanto, no era exigible
a las demandantes el cobro del impuesto.

Manifestaron que no era posible catalogar la conducta desplegada
por las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA

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LUISA BENAVIDES MERLANO a título de culpa grave, ya que
aplicaron una interpretación totalmente razonable, consistente en la
no retención del aludido impuesto, asesorándose para el efecto del
secretario general de la entidad.

Anotaron que, en síntesis, en el curso del proceso de responsabilidad,
no se probó la existencia de una acción u omisión, dolosa o
gravemente culposa por parte de las investigadas, razón por la que
los actos acusados adolecen de falsa motivación.

En cuanto al daño patrimonial, la parte accionante arguyó que ante
la inexistencia de obligación de retener el impuesto a que hace
alusión el artículo 6º de la Ley 1106, por parte de AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P., no era posible endilgarles la causación de
daño alguno.

Sostuvieron que aun en el supuesto en que hubiese existido la citada
obligación, lo cierto era que al momento de la ocurrencia de las
actuaciones que dieron origen al proceso de responsabilidad fiscal
núm. 514, existían dos tesis completamente válidas y, por lo tanto,
la certeza del daño se vio afectada por lo que hubo ausencia de uno
de sus elementos estructurales.

Comentaron que, sumado a lo anterior, se encuentra la ausencia del
carácter personal del daño, pues si bien es cierto que AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos
mixta, en la cual el departamento del Magdalena ostenta el 75% del

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capital accionario, también lo es que esto no puede interpretarse
como que pertenece o se encuentra vinculada al ente territorial y por
lo tanto, que a favor de este hubiese tenido que pagarse el impuesto
del artículo 6º de la Ley 1106; de ahí que el departamento del
Magdalena no podía ser tomado como beneficiario de la contribución
especial a que se ha hecho referencia.

Frente al nexo de causalidad, pusieron de presente que al no
probarse los elementos daño y culpa, era evidente que este también
se tornaba inexistente.

Finalmente, hicieron referencia a la tasación de la condena hecha a
la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, ya que, a su
juicio, se violó el principio de congruencia que debía regir el
procedimiento fiscal, pues en el auto de imputación se le endilgó la
suma de $51.298.177,25, mientras que en el fallo con
responsabilidad fiscal se le ordenó reembolsar $661.707.628,48,
siendo posible ordenarle el resarcimiento del daño únicamente por la
acción u omisión explícita que se hubiese probado.

I.3.2.- Falta de competencia: Para sustentar esta causal, se hizo
referencia al artículo 1º de la Ley 330 de 11 de diciembre de 19965,
que hace referencia a la competencia de las contralorías
departamentales, para indicar que la CONTRALORÍA por medio de

5 Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan

otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales.

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su contraloría auxiliar solo tiene competencia frente a eventos que
afecten directamente a las entidades del orden departamental.

Adicionalmente, acudió al artículo 6º de la Ley 1106 que establece
que la contribución del 5% a que hace referencia, debe ser pagado a
favor de la Nación, el departamento o el municipio, según el nivel al
que pertenezca la entidad contratante.

En consecuencia, que como la empresa AGUAS DEL MAGDALENA
S.A. E.S.P. no se encuentra adscrita ni vinculada al departamento,
aducen que no era posible entender que a su favor debiera cancelarse
la mencionada contribución; y que en caso de que existiera un
detrimento patrimonial por la no retención del impuesto, la entidad
afectada no se encontraba dentro de su jurisdicción.

I.3.3.- Los actos de los que se solicita la nulidad fueron
proferidos en forma irregular: sustentaron esta causal de nulidad
en que los actos administrativos demandados fueron proferidos
infringiendo normas de carácter procesal, específicamente, la
Resolución núm.100-22-167 en la que se indicó que se declaraba la
nulidad desde el auto de apertura e imputación de 23 de agosto de
2013, pero que posteriormente y por un “error involuntario de
digitación” fue aclarado, en el sentido de afirmar que la nulidad era
a partir del auto de decisión de 6 de mayo de 2014.

Lo anterior, a juicio de las demandantes, no comportó una corrección
o aclaración de errores formales, sino que significó un cambio

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sustancial de la decisión, pues lo ocurrido no se ajustaba ni a la
definición de aclaración ni de corrección contemplada en los artículos
309 y 310 del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, como la CONTRALORÍA en la Resolución CON 100-
22-189 desbordó las facultades que la ley le había otorgado, forzoso
es afirmar que esta circunstancia vició de nulidad todos los actos
posteriores surtidos durante el proceso.

I.3.4.- Desviación de poder: Este cargo se fundamentó en el hecho
de que del análisis del expediente fiscal era posible evidenciar, a
pesar de la inexistencia de pruebas y los argumentos expuestos por
la defensa, que se terminó profiriendo fallo condenatorio, con base
en argumentos subjetivos y elucubraciones que prescindieron de los
principios de buena fe y presunción de inocencia.

Indicaron que se evidenció la existencia de la desviación de poder,
toda vez que el órgano de control excedió las atribuciones que la ley
le otorga, cuando haciendo uso de su posición dominante, sin contar
con las pruebas que respaldaran la responsabilidad, decidió emitir un
fallo condenatorio, causando graves perjuicios a las demandantes.

I.4.- Contestación de la demanda

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La demanda fue admitida por auto de 27 de julio de 20166, en el que
se ordenó la notificación a la entidad que expidió los actos acusados
y al Ministerio Público

La CONTRALORÍA, actuando por conducto de apoderada, contestó
la demanda en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Como argumentos de defensa, manifestó que de acuerdo con el
concepto 20031 de 9 de marzo de 2009 emitido por la DIAN y la
sentencia que analizó su legalidad, no se presentó falta de certeza
en la definición del hecho gravado, pues la Ley 1106 prescribe que la
contribución que se causa por el hecho de suscribir contratos de obra
pública o contratos de adición con entidades de derecho público,
razón por la que no cabe interpretación distinta de aquella que indica
que el contrato al que se refiere es el regulado en el estatuto de
contratación a partir de elementos subjetivos, referentes a la calidad
pública de la entidad contratante.

Por lo tanto, a su juicio, AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. está
sometida al estatuto general de contratación pública, a los principios
generales de la contratación administrativa y a los principios de la
función administrativa, razón por la que debía fungir como agente
retenedor de la contribución establecida en el artículo 6º de la Ley
1106.

En cuanto a los elementos de la responsabilidad, precisó que en el
proceso administrativo quedó probado que existió una omisión

6 Folio 453 C.1.

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injustificada al no retener y pagar la contribución especial del 5% de
los contratos de obra pública establecida en el artículo 6º de la Ley
1106, por parte de la representante legal principal y suplente de
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., así como de los contratistas
al no pagar este porcentaje, pese a ser una obligación clara y
expresamente establecida en el ordenamiento jurídico, razón por la
que, al ser un hecho generador demostrado, se debía pagar una
suma líquida de dinero por concepto de resarcimiento al
departamento del Magdalena.

En cuanto a la conducta gravemente culposa que desplegaron las
accionantes, el ente fiscal manifestó que consistió en la omisión de
no retener y pagar la contribución especial equivalente al 5% de los
contratos de obras públicas que se celebraron por parte de la
empresa y no ejecutaron el deber de realizar lo reglamentado en el
artículo 6º de la Ley 1106, lo que pudo haber evitado una presunta
irregularidad en la contratación por razones de hecho y de derecho
con el fin de evitar el daño.

De acuerdo con lo anterior, la conducta desplegada por parte de las
señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO como representantes legales, principal y
suplente, de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., fue
determinante y condicional de causa efecto para la declaración de
responsabilidad fiscal.

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BENAVIDES MERLANO

Resaltó que se garantizó el derecho constitucional al debido proceso
de las demandantes, pues está probado que se les permitió intervenir
en la oportunidad legal para que asumieran su defensa; asimismo,
se les notificaron los autos y providencias emanadas dentro del
proceso fiscal; pudieron rendir versión libre y solicitar las pruebas
que estimaron conducentes y pertinentes.

Con relación a la falsa motivación, señaló que los actos
administrativos acusados fueron los suficientemente motivados ya
que se demostró fehacientemente la responsabilidad de las actoras
y la forma o modo en que ellas participaron, pues se pudo acreditar
que ejercieron una función fiscal antieconómica, ineficaz e
ineficiente, al no recaudar la contribución establecida en el artículo
6º de la Ley 1106.

Finalmente, puso de presente que la competencia de control
asignada a los órganos de control fiscal se ejerce de manera
autónoma e independiente, sin estar sujeta o condicionada a las
decisiones de cualquier otro órgano de las ramas del poder público o
de los demás órganos a los cuales se les reconoce autonomía.

I.5.- Audiencia Inicial

La audiencia se celebró el 24 de enero de 2018, en la cual luego de
identificadas las partes, se realizó el saneamiento del proceso, se fijó
el litigio, se hizo referencia a la medida cautelar solicitada, se

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manifestó no existir ánimo conciliatorio y se decretaron las pruebas
pertinentes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal, mediante sentencia de 25 de julio de 2018, denegó las
pretensiones de la demanda, para lo cual adujo, en síntesis, lo
siguiente:

Se refirió a la falsa motivación alegada por las accionantes, indicando
que de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 1106 la sociedad AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., representada legalmente, en su
momento, por las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y
VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, no efectuó las
respectivas retenciones sobre la contribución establecida, tal y como
se aceptó en el proceso de responsabilidad fiscal.

En cuanto a la naturaleza jurídica de AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P., consideró que si bien se encuentra conformada por las reglas
societarias de derecho privado con participación accionaria tanto
pública como privada que la convierte en una Empresa de Servicio
Públicos Mixta, lo cierto es que su objeto social consiste en la
prestación del servicio público de acueducto, aseo y alcantarillado.

Igualmente, el a quo se refirió a la jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa para indicar que la sociedad AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P., como empresa de servicios púbicos

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mixta, estaba en la obligación legal de efectuar las retenciones en la
fuente al momento de realizar el pago a los contratistas de los
contratos de obra pública que hubiese suscrito, en aplicación del
artículo 6º de la Ley 1106.

Asimismo, que la actuación de AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. con el consentimiento de su representante legal de no retener
el porcentaje del 5% del valor de los contratos de obra establecidos
en la ley, generó un detrimento al patrimonio del Estado, el cual le
es imputable a la decisión omisiva de su representante legal, razón
por la que se encontraba acreditado el nexo causal entre el daño y el
actuar de las funcionarias.

Indicó que la omisión en el cumplimiento de un deber funcional
vulnera de forma objetiva las obligaciones que le asisten a un
servidor público, circunstancia que sin lugar a dudas otorga un grado
de culpabilidad como ocurrió en el caso de las accionadas.

Consideró que no había causal que eximiera de responsabilidad a las
demandantes, pues el eventual desconocimiento de la obligatoriedad
de practicar la retención del 5% de los contratos de obras celebrados
por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., no las exoneraba de las
sanciones a que se hicieron acreedoras por su incumplimiento, en
virtud de la regla ignorantia juris excusat.

Precisó, en cuanto a la falta de competencia alegada, que comoquiera
que los aportes de la empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A.

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E.S.P. eran mayoritariamente del departamento del Magdalena y que
la jurisdicción en la cual presta el servicio de acueducto, aseo y
alcantarillado era el departamento, resultaba claro que la
competencia para su investigación fiscal se encontraba en cabeza de
la CONTRALORÍA del departamento, en virtud del artículo 1º de la
Ley 330.

Sobre la expedición irregular de los actos demandados, estimó que
le asistía parcialmente razón a la demandante habida cuenta que el
acto administrativo que aclaró la Resolución CON 100-22-167 cambió
el sentido de lo decidido por la misma CONTRALORÍA en el acto
primigenio que declaró la nulidad de lo actuado, pero que, no
obstante, dicha falencia en el trámite no tuvo la entidad para viciar
de nulidad los actos administrativos acusados.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado que para que proceda la declaratoria de nulidad
de un acto por expedición irregular, ésta debe ser grave ya que
existen fallas en el proceso administrativo que en virtud de los
principios de celeridad y eficacia pueden ser saneados, como ocurrió
en el presente caso, en el cual un acto de trámite dentro del proceso
sancionatorio, no vulneró el debido proceso de las accionantes, al
limitarse a aclarar que la nulidad no era desde la apertura de la
investigación sino desde la audiencia de descargos del fallo, para así
vincular a la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, a
quien se le respetaron todas sus garantías procesales.

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Finalmente, con relación a la desviación de poder, se remitió a lo
expuesto sobre los elementos que configuran la responsabilidad
fiscal, los cuales se probaron dentro del proceso administrativo
adelantado contra las demandantes, motivo por el que el Tribunal
consideró descartados los argumentos relativos a esta causal de
nulidad.
III.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA
LUISA BENAVIDES MERLANO, a través de apoderado, solicitan la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, refiriéndose a la
falsa motivación de los actos y a los argumentos esgrimidos por el
Tribunal para despachar desfavorablemente este cargo, indicando
que no se encontraban acreditados los elementos constitutivos de la
responsabilidad fiscal.

Manifiestan que no podía tenerse como indicio en su contra el hecho
de que otra de las investigadas, la señora SARA INÉS CERVANTES
MARTÍNEZ, efectuara el pago de la suma que le era endilgada como
presunta responsable fiscal, en atención a que tal razonamiento
resulta violatorio de sus derechos fundamentales y de los principios
que rigen el procedimiento fiscal.

Abordan cada uno de los elementos de la responsabilidad, iniciando
por la conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal, respecto del cual afirmaron que no se encuentra
acreditado en el presente caso, por dos razones, a saber: i) AGUAS

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DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. no se encontraba obligada a efectuar
la retención del impuesto previsto en el artículo 6º de la Ley 1106,
conforme a lo dicho por la misma CONTRALORÍA en situaciones
similares, la DIAN y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS y, ii) aun en el evento en que se
considerara que debía realizarse la retención, no se probó la
existencia de dolo o culpa grave en las actuaciones desplegadas por
las accionantes.

Las apelantes indicaron que la CONTRALORÍA GENERAL DE
ANTIOQUIA ha archivado procesos de responsabilidad fiscal en
situaciones similares a las aquí planteadas, con base en argumentos
igualmente aplicables al presente asunto. Es así como para que
existiera la obligación de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. de
realizar la deducción del impuesto a que hace referencia el artículo
6º de la Ley 1106, no bastaba con lo dispuesto en la norma, sino que
debe haberse consagrado expresamente dentro del ámbito de
aplicabilidad del acto administrativo mediante el cual se creó el Fondo
de Seguridad correspondiente, en este caso, del departamento del
Magdalena.

Sostienen que de la lectura de la Ordenanza núm. 014 de 30 de
diciembre de 2008, por medio de la cual se creó el referido Fondo en
el departamento del Magdalena, se deduce que la empresa AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. no fue incluida dentro del ámbito de
aplicación del aludido acto administrativo, motivo por el cual no podía
ser conminada a efectuar la retención allí establecida.

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Adicionalmente, para el momento de los hechos, no existió
requerimiento alguno por parte del departamento del Magdalena
para que la empresa realizara el recaudo del citado gravamen. En
consecuencia, la decisión adoptada por la CONTRALORÍA en los
actos administrativos acusados carece de justa motivación y
desconoce los principios de legalidad tributaria y de certeza del
tributo señalado en la sentencia C-1153 de 2008.

Aducen que no se probó el dolo o la culpa grave de las actoras, pues
su actuar no se ajustó a ninguna de las causales taxativamente
establecidas en el artículo 118 de la Ley 1474, de manera que para
haber emitido fallo con responsabilidad fiscal era necesaria la prueba
fehaciente de la existencia de la culpa grave, la cual no existió.
Apuntan que ellas no son abogadas, por lo que tuvieron que ser
asesoradas por el entonces secretario general de la empresa, el que
concluyó que era improcedente el cobro del citado impuesto, como
quedó plasmado en el oficio AMG – 570 – 2011 del 1o. de agosto de
2011.

Mencionan que en el caso de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.
se está ante un caso paradigmático de descentralización por
colaboración, en el cual los particulares participan en las empresas
de servicios públicos mixtas o en la creación de empresas privadas;
de manera que, sea cual fuere el caso, lo cierto es que no existía
norma ni decisión judicial que permitiera concluir que las empresas
mixtas prestadoras de servicios públicos son en estricto sentido
entidades de derecho público.

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De manera que al no poder ser catalogada AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. como una entidad pública, el concepto
emitido por el señor RICARDO TORRES BENJUMEA, secretario
general de la empresa y testigo en el presente proceso, fue serio y
fundado respecto de no estar obligada a realizar la deducción
señalada en el artículo 6º de la Ley 1106.

Con relación al daño patrimonial, las apelantes reiteraron que ante
la inexistencia de obligación de retener el impuesto a que hace
referencia el artículo 6º de la Ley 1106 por parte de AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. no puede endilgárseles la causación de
daño alguno; de manera que al no acreditarse este elemento
imprescindible para un fallo con responsabilidad fiscal, forzoso es
concluir que los actos deben ser declarados nulos en su integridad.

Señalan que para la época de los hechos objeto del proceso de
responsabilidad fiscal núm. 514, no existía posición unánime en la
jurisprudencia y la doctrina sobre el tema; no había certeza sobre la
obligatoriedad de las empresas de servicios públicos mixtas de
efectuar la retención de la contribución especial a que hace referencia
la Ley 1106 y menos aún de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.
que no fue expresamente incluida en el ámbito de aplicación de la
Ordenanza núm. 014 de 30 de diciembre de 2008, razón por la que
resulta claro que no se podía declarar la existencia del daño, como
erróneamente lo hizo la CONTRALORÍA.

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Agregan que queda claro que tampoco se constituye el elemento del
daño, ya que al no estar vinculada AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. al departamento, la no retención del 5% no le generó perjuicio
alguno, pues no era el beneficiario de la contribución.

Frente al último de los elementos de la responsabilidad, esto es, el
nexo de causalidad, las apelantes argumentaron que al no estar
probado el daño y la culpa, era evidente que el nexo causal se
tornaba inexistente.

Arguyen que en el hipotético caso de que la CONTRALORÍA hubiese
tenido argumentos para dictar fallo con responsabilidad, se cometió
un ostensible error en el acto administrativo demandado, relacionado
con el alcance de la condena impuesta a la señora VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO, toda vez que su vinculación obedeció a
unas órdenes de pago en las cuales la deducción del 5% correspondía
a $51.298.177,25, mientras que en el fallo con responsabilidad se
desconoció este monto y se le conminó a pagar de manera solidaria
la suma de $661.707.628,48, cuando era evidente que de existir
responsabilidad esta debía limitarse a la suma por la que fue
investigada.

Por lo tanto, aducen que la decisión de la CONTRALORÍA violó el
principio de congruencia que debe regir el procedimiento fiscal,
además de desconocer el carácter subjetivo de la responsabilidad.
Indicaron que si bien la Ley consagra el principio de solidaridad entre
el ordenador del gasto y el contratista, lo cierto es que en el caso de

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la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, en su
condición de representante legal suplente de AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P., solo asumía su posición de ordenadora en
ausencia de la representante legal principal, por lo que no puede
responder por actuaciones desplegadas por otra persona, cuando
evidentemente tenía una función de carácter residual.

Por último, las recurrentes se refirieron a las causales de nulidad de
falta de competencia, “los actos de los que se solicita la nulidad
fueron expedidos en forma irregular” y desviación de poder, en los
mismos términos y reiterando en su integridad los argumentos
expuestos en la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Las demandantes insisten en que se revoque la decisión de
primer grado y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la
demanda.

Precisan que el proceso de responsabilidad fiscal en el que se
expidieron los actos administrativos acusados estuvo encaminado a
determinar si ellas ocasionaron un detrimento patrimonial al Estado
al no efectuar las retenciones del tributo previsto en el artículo 6° de
la Ley 1106 de 22 de diciembre de 20067, sobre los contratos de obra

7 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y
modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus
disposiciones”.

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suscritos por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., cuando
fungieron en representación de esta.

Aseguran que para que exista responsabilidad fiscal debe
configurarse de manera concurrente tres elementos: i) una conducta
dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal;
ii) un daño patrimonial del estado; y iii) un nexo causal entre los dos
elementos anteriores, los cuales fueron desvirtuados en el proceso
adelantado en su contra y, por tanto, no podían haber sido
condenadas.

Sostienen que AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., no se
encontraba obligada a efectuar la retención del impuesto previsto en
la normativa en mención, como ha sido determinado en situaciones
similares por la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE
ANTIOQUIA, por lo que adoptar una decisión diferente afectaría
indudablemente su derecho a la igualdad. Para el efecto trajeron a
colación los autos de archivo dictados por dicha entidad el 9 de
diciembre de 2013, en el proceso de responsabilidad fiscal núm. 264
de 2010 y de 28 de febrero de 2014, en el proceso núm. 370 de
2010.

Indican que para que le asista obligación a AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. de realizar la deducción del impuesto a
que hace referencia la referida normativa, no basta solamente con
que allí se establezca, sino que debe haber sido señalado
expresamente dentro del ámbito de aplicabilidad del acto

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administrativo mediante el cual se creó el Fondo de Seguridad del
correspondiente nivel territorial, es decir, del departamento del
Magdalena.

Manifiestan que no existían argumentos para que la parte
demandada las condenara, pues no se logró demostrar un hecho
generador de detrimento patrimonial en su actuar, puesto que no
existe en todo el expediente administrativo un solo documento que
permita determinar la existencia de un acto dictado por la Asamblea
Departamental del Magdalena que expresamente fije dentro del
ámbito de aplicación a AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., y le
asigne funciones de recaudadora del impuesto previsto en el artículo
6° de la Ley 1106 de 2006.

Aducen que al contar con un respaldo suficiente para no efectuar la
retención del tributo aludido, es muestra clara que no actuaron con
imprudencia o negligencia; cosa distinta sería si hubiesen obrado con
necedad o temeridad, elementos indispensables para que se
configure la culpa grave.

Por último, señalan que la parte demandada expidió los actos
acusados de manera irregular y también incurrió en falta de
competencia y desviación de poder.

IV.2.- Por su parte, la parte demandada solicitó confirmar el fallo de
primera instancia.

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Sostiene que dentro del proceso de responsabilidad fiscal objeto de
controversia se logró probar que hubo un detrimento patrimonial a
las arcas del Estado por un valor de $1.014.779.143,25, por concepto
del no pago de la retención del 5% ordenado y previsto en el artículo
6° de la Ley 1106 de 2006.

Indica que la conducta investigada y endilgada dentro del
procedimiento administrativo corresponde al de culpa grave, en
atención a la omisión de no retener y cancelar la contribución especial
equivalente al 5% de los contratos de las obras públicas que se
celebraron por parte de la entidad contratante “el deber de realizar”,
lo establecido en la referida normativa, acción que pudo haber
evitado una presunta irregularidad en contratación por razones de
hecho y derecho.

Asegura que frente a la responsabilidad de la parte actora, debieron
ejercer el control total sobre la ejecución, más aún sobre los deberes
legales a observar en la ejecución contractual. En el proceso de
responsabilidad fiscal se logró demostrar que las demandantes son
responsables por ejercer una gestión fiscal “antieconómica, ineficaz
e ineficiente”, lo cual incidió en la producción del daño.

IV.3.- El Ministerio Público, en esta instancia del proceso guardó
silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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V.1.- Actos administrativos demandados

1. Fallo con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de 2015,
por medio del cual se declaró responsable fiscalmente a las señoras
NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO, en su calidad de representante legal
principal y suplente, respectivamente, y se ordenó resarcir la suma
de $1.352.342.582,oo, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

“[…] VI. ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE
LA REPRESENTACIÓN FISCAL EN EL CASO CONCRETO

I. Detrimento patrimonial al erario

[…] Finalmente de las pruebas allegadas se determinó que la
naturaleza jurídica de la entidad contratante corresponde a la de
una empresa de Servicios Públicos Mixta, cuya composición
accionaria es la siguiente:

1. Departamento del Magdalena (Público): 75% del capital
accionario
2. CORPOTAYRONA (Público): 10.25% de capital accionario
3. CESMAG (PÚBLICO): 2.25% de capital accionario
4. Cámara de Comercio de Santa Marta (Privado): 6.25% de capital
accionario
5. FUNDEBAN (Privado): 6.25% de capital accionario

Ello implica inequívocamente que la participación del Departamento
del Magdalena, es superior al 50%, luego se cumplen las
condiciones que constituyen el hecho generador del mencionado
impuesto, se deduce que el sujeto activo de la contribución fijada
en el canon 6 de la Ley 1106 de 2006 es el Departamento del
Magdalena, siendo esta la entidad afectada en su patrimonio.

[…]

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Así las cosas, a juicio de esta Contraloría Auxiliar para las
Investigaciones, no se presenta una falta de certeza en la definición
del hecho gravado, pues cuando la norma acusada expresamente
prescribe que la contribución que regula se causa por el hecho de
suscribir “contratos de obra pública” con "entidades de derecho
público" o celebrar contratos de adición al valor de los existentes,
no cabe otra interpretación plausible distinta de aquella que indica
que el contrato al que se refiere es el definido en el estatuto de
contratación a partir de elementos subjetivos, referentes a la calidad
pública de la entidad contratante.

Por lo anterior, este ente de control territorial, colige
irrefragablemente que en materia de contratación, AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. está sometida al Estatuto General de la
contratación pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios; así mismo se encuentra sujeta a los
principios de la contratación administrativa y los principios de la
función administrativa.
Además, se debe tener en cuenta que siendo Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P una entidad estatal sometida al Estatuto de contratación
según la ley 80 de 1993 y el estar ejecutando recursos públicos,
aportados por la nación, el departamento y los municipios, no existe
razón alguna para que no se aplique el Estatuto de contratación
General Colombiano.

[…]

Por tanto, es criterio de este ente de control, que todas las personas
naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con
entidades de derecho público como AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P., o celebren contratos de adición al valor de los existentes,
deberán pagar a favor del Departamento del Magdalena, la
contribución de que trata el artículo 6º de la ley 1106 del 22 de
diciembre de 2006. Ahora bien, resulta claro que la entidad
contratante actúa como agente retenedora (sujeto activo) y el
contratista es el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

No debe olvidarse que según la Sentencia C-736/07 de la Corte
Constitucional "Las empresas de servicios públicos mixtas y
privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de
participación pública, son entidades descentralizadas y
constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva".

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Frente a la supuesta ausencia de los elementos daño y culpa, estima
el despacho que en el proceso que hoy nos ocupa, quedó
comprobado que existió una omisión injustificada al no retener y
cancelar la contribución especial del 5% de los contratos de obra
pública, contemplado en el artículo 6 de la Ley 1106 del 2006 por
parte de la representante legal principal y las suplentes de la
empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P (entidad contratante) y
apadrinadas del Doctor Sigifredo Wilches Bornacelli y de los
contratistas en no cancelar este porcentaje siendo una obligación
clara y expresa establecida dentro del marco legal, por ser un hecho
generador demostrado se debe cancelar una suma líquida de dinero
por concepto de resarcimiento a la entidad afectada, el
Departamento.

Tenemos entonces que realizando un análisis exhaustivo de los
hechos fácticos y dado los presupuestos jurídicos ampliamente
denotados, se evidenció irrefragablemente que no se canceló ni
recaudó el impuesto de guerra pluricitado, por parte de los
contratistas y la representante legal de AGUAS DEL MAGDALENA,
para la época de los hechos.

De la conducta desplegada por los presuntos responsables, se
deduce una causación del daño, al no retener y cancelar la
contribución especial del 5% consagrada en la Ley 1106 de 2006,
configurando una omisión que evidencia el menoscabo en el
patrimonio público en el presente caso; por lo que se estima un
presunto detrimento patrimonial de $1.014.779.143,25

[…]

2. Conducta dolosa o gravemente culposa de una persona que
realice gestión fiscal.

[...] La conducta endilgada al sujeto procesal corresponde al de
culpa grave, en virtud a la “OMISIÓN” de no retener y cancelar la
contribución especial equivalente al 5% de los contratos de obras
públicas que se celebraron por parte de la entidad contratante "el
deber de realizar" lo reglamentado en el artículo 6 de la Ley 1106
de 2006, acción que pudo haber evitado una presunta irregularidad
en contratación por razones de hecho y de derecho con el fin de
evitar el daño que se podía generar.

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Número único de radicación: 47001 23 33 000 2016 00238 01
Actoras: NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS Y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO

Se endilga tal conducta a título de culpa grave los señores: NHORA
ELENA CAGHUANA BURGOS, quien se desempeñó como
Representante Legal de la Empresa Aguas del Magdalena S.A E.S.P
para la época de los hechos, VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO y SARA INÉS CERVANTES, quienes se desempeñaron
como Representantes Legales Suplentes de la Empresa Aguas del
Magdalena S.A E.S.P para la época de los hechos, […] quienes para
el presente proceso fungen como presuntos responsables fiscales.

[…]

Existe entonces prueba idónea demostrativa de una conducta
omisiva o de falta grave, toda vez que si examinamos juiciosamente
los documentos obrantes en el plenario, nos vemos apremiados a
discurrir que con tales piezas procesales (Contratos, respuesta del
contratista Edward Egurrola Hernández y de las representantes
legales de AGUAS DEL MAGDALENA S.A., ordenes de pagos, etc.)
sí se evidencia la no retención y cancelación de la contribución del
5%, lo que acredita la conducta omisiva y la falta grave imputada a
los presuntos responsables.

En gracia de discusión, podría anotarse que las señoras CAGHUANA
BURGOS, VICTORIA BENAVIDES, SARA CERVANTES y los
contratistas, no sabían que existía una norma que le generaba LA
OBLIGACIÓN DE RETENER Y CANCELAR la contribución especial del
5% del impuesto de guerra a los contratos que suscribía la empresa
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. , pero dicho razonamiento no
tiene cabida, de una parte, porque la ignorancia de la ley no sirve
de excusa, y de otra, porque era y es del dominio del común de las
personas, y en especial de los presuntos responsables, que las
normas legales y jurisprudenciales que regulan la materia de que
trata, los conminaba a retener y cancelar la contribución del 5% del
impuesto de guerra. Esto significa que para la época de los hechos
investigados, los presuntos responsables tenían la obligación de
retener y cancelar el impuesto señalado; prueba fehaciente de ello,
es el pago que hizo la señora SARA CERVANTES del impuesto del
5% dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, aunado a
los descuentos y retenciones que esta ha venido haciendo en su
condición de Gerente de Aguas del Magdalena, a los contratos
íntimamente ligados con la materia de que se trata.

Al respecto, esta Contraloría Auxiliar para las Investigaciones
considera que no le asiste razón a los apoderados de los presuntos
responsables cuando pretenden con sus argumentos alegar su

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inocencia o no responsabilidad por inexistencia de dolo o culpa
grave, pues existen las pruebas que demuestran el conocimiento de
las disposiciones legales que los obliga a ello, como los conceptos
jurídicos requeridos al doctor RICARDO TORRES relacionados con la
materia de que se trata, motivo por el cual la estructuración de la
culpa grave en este caso surge del conocimiento que se tenía de la
situación, y de la conducta omisiva asumida por estos. Es decir, que
era del conocimiento de ellos tal imposición contributiva, y pese a
tal conocimiento, decidieron actuar en sentido contrario, de manera
culposa, de donde a juicio de este Despacho, surge la culpa grave
de sus procederes.

[…] 3.- Nexo Causal.-
Acorde con los elementos anteriores, queda demostrado dentro de
este proceso, que entre la conducta desplegada por parte de la
señora NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS en su calidad de
representante legal principal, VICTORIA BENAVIDES MERLANO y
SARA CERVANTES como representantes legales suplentes y los
contratistas quienes fungen como presuntos responsables y el daño
patrimonial ocasionado al Departamento del Magdalena (entidad
afectada) por parte de Aguas del Magdalena (entidad contratante),
existe una relación determinante y condicionante de causa-efecto
exigida para poder determinar la responsabilidad fiscal.

Este elemento se encuentra demostrado con el acervo probatorio
allegado al expediente contentivo de esta investigación, como los
Contratos, las respuestas del contratista Edward Egurrola
Hernández y de las representantes legales de AGUAS DEL
MAGDALENA S. A. E. S. P., órdenes de pagos, entre otros; en virtud
a la conducta materializada por el gestor fiscal y/o implicado (s); es
decir, la omisión de retener la contribución especial equivalente al
5% de los citados contratos de obras públicas y suscritos por parte
de la EMPRESA AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., y de sus
representantes legales y por otra parte, la de los contratistas en no
cancelarla.

La conducta omisiva fue determinante y condicionante en virtud a
que sin ella no se hubiese generado daño alguno al patrimonio
público.

Conforme con lo anterior, se encuentran estructurados los tres
elementos: a) un daño patrimonial al estado; b) una conducta
dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal

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y; c) un nexo causal entre el daño y la conducta, el cual se deduce
que está plenamente demostrado dentro de este proceso.

[…] CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Del examen detenido del acervo probatorio obrante en el expediente
contentivo del presente proceso, se evidencia que con la omisión de
los señores Nhora Elena Caghuana Burgos, Victoria Benavides en
calidad de Representante Legal de la EMPRESA AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P, […] quienes para el presente proceso
fungen como presuntos responsables fiscales, se ha causado un
daño patrimonial por la suma de MIL CATORCE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
-MIL PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MIL
($1.014.779.143.25) según consta en el informe del hallazgo y en
la indagación preliminar No 86111 80473 014 869 remitida a este
ente de control (visible folio 339) como se demostró a lo largo de
este proceso donde se configura la no retención del 5% del valor de
los contratos de obra pública plurimencionado, configurando una
omisión que evidencia el menoscabo en el patrimonio público; en el
presente caso no se hizo por parte de la entidad contratante AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P, la citada contribución especial
teniendo la obligación de hacerlo recayendo la responsabilidad fiscal
en quien actuó como ordenador del gasto de dicha empresa para la
época de los hechos y de los contratistas ejecutor al no haber
cancelado esta contribución especial del 5% contemplada en el
artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 por lo que el daño se encuentra
demostrado […]”.

2. Auto de 4 de noviembre de 2015, mediante el cual se
resolvieron los recursos de reposición interpuestos en contra del Fallo
con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de ese mismo año, en el
que, en esencia, se reiteraron los argumentos expuestos en el fallo
recurrido.

3. Resolución núm. CON 100-22-406 de 4 de diciembre de
2015, por medio de la cual se resolvieron los recursos de apelación
presentados por los declarados responsables, en la que se decidió

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confirmar la declaratoria de responsabilidad fiscal contra las señoras
NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO, con base en las siguientes
consideraciones:

“[…] CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA

Encuentra este despacho que a lo largo del proceso que nos atañe
se ha logrado evidenciar que el actuar de los presuntos responsables
fiscales ha sido a título de culpa grave, ello por cuanto, existiendo
un precepto legal que debía obedecerse, puntualmente el mandato
estipulado en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, prefirieron,
tanto las representantes legales de AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. como los contratistas, abstenerse de efectuar su
cumplimiento, alegando en su defensa el hecho de existir
controversias interpretativas sobre si debía descontarse o no el
porcentaje señalado en la citada norma, correspondiente al 5% de
los contratos de obra pública por ellos suscritos.

Al respecto, como bien lo ha señalado el A quo, considera este
despacho que no es admisible que los presuntos implicados intenten
escudarse en el hecho de no tener claridad sobre el alcance
normativo de la disposición antes señalada y pretender arroparse
en los conceptos jurídicos que les fueron rendidos, los cuales
contemplaban el no pago o descuento del porcentaje ordenado por
ley, cuando, frente a la disparidad de criterios, los presuntos
implicados debieron haber optado por escoger el camino más
equilibrado y ajustado a derecho, el cual era sin duda, el
cumplimiento de la prenombrada norma, con lo cual hubiesen
actuado de manera prudente, diligente, cuidadosa, como lo haría un
buen hombre de negocios, sin embargo, escogieron la alternativa
contraria, esto es, omitir el pago y/o descuento del referido
impuesto de guerra, demostrando con ello que su conducta fue a
título de culpa grave.

Aunado a ello se tiene que, los implicados tenían conocimiento del
deber de efectuar dichos descuentos y/o pagos, lo cual se ha
demostrado mediante elementos probatorios documentales que
reposan en el expediente donde se muestra que anteriormente se
había cancelado o descontado dicho porcentaje en los contratos de
obras públicas celebrados por Aguas del Magdalena S.A. ES P.
decidiendo en esta ocasión omitir dicho pago.

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[…] Con lo anterior, se evidencia claramente que la empresa AGUAS
DEL MAGDALENA S A. E.S.P., independientemente del régimen al
que se ajuste, es una entidad estatal y como tal le es aplicable la
normatividad tributaria nacional, es decir, que debía cumplir con lo
señalado en el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006, por lo que este
despacho comparte la posición del A quo en el entendido que no es
suficiente aducir en su favor que existían posturas opuestas y
contradictorias sobre la interpretación de la norma, ya que, la
normativa expresamente señalaba una obligación que esta empresa
en un actuar diligente y precavido, como un buen padre de familia
debió haber cumplido, reiterando que en caso de haber dudas se
debía inclinar por la que estuviera más ceñida a la ley, como era en
el caso concreto, la del descuento del valor del impuesto que dicha
ley prevé, pues al preferir la postura contraria se obró con
negligencia, descuido y de forma imprudente, por lo que se
constituye en una conducta ejecutada con culpa grave, máxime
cuando esta empresa debía ser conocedora de la normatividad
tributaria que le es aplicable, pues es algo del giro ordinario de sus
negocios en el ámbito de los contratos de obras públicas que dicha
empresa suscribe, igualmente se aplica este razonamiento para los
contratistas, quienes, al estar dedicados a este tipo de actividades
de forma profesional, debían conocer los impuestos que les
correspondía pagar en el marco de la celebración de los mentados
contratos de obra.

DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO

La configuración del daño patrimonial al Estado deviene
específicamente de la omisión por parte de las Gerentes de AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P al no descontar a los contratistas el
impuesto equivalente al 5% del valor de los contratos de obra
suscritos entre ellos, pues dicha omisión genera un daño Patrimonial
a una entidad pública, esto es, a la Gobernación del Magdalena, que
es la destinataria de dicho impuesto y a quien en últimas se le
genera un detrimento patrimonial, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 6° de la ley 610 de 2000.

[…] Tal como se puede observar en el pantallazo de dicho sitio web,
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. es una entidad del nivel
departamental, por lo que la destinación del impuesto previsto en el
artículo 6° de la ley 1106 de 2006 va claramente al Departamento
del Magdalena, quien es el beneficiario del impuesto y por tanto,
frente a su no pago es el directamente afectado y quien sufre el

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daño patrimonial, no como lo afirmaba el recurrente, que no existía
(sic) afectado con la omisión por lo que no se configuraba el daño,
por el contrario, se ha demostrado que el daño es real, actual y
cierto.

En este sentido, se ha probado la ocurrencia del daño patrimonial
mediante las pruebas documentales que obran en el expediente,
tales como los contratos de obra públicas suscritos entre la empresa
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. y los respectivos contratistas, las
órdenes de pago y las mismos oficios y conceptos que figuran en el
proceso, donde se demuestra que, pese a haberse suscrito los
mentados contratos de obras públicas, en el momento de su pago
no se hicieron los descuentos del 5% del impuesto que prevé la ley,
pues tanto las gerentes de Aguas del Magdalena como los
contratistas conocían la norma tributaria y sin embargo decidieron
no cumplirla, ocasionando con ello un daño patrimonial al Estado.

NEXO CAUSAL

Del análisis de los elementos de la responsabilidad mentados
anteriormente, se desprende innegablemente que entre los hechos
existe un nexo causal, dado que, de la conducta con culpa grave
desplegada por las gerentes de Aguas del Magdalena S A. E.S P. al
no descontar el impuesto señalado en el artículo 6o de la ley 1106
de 2006 y los contratistas a no cancelarlo, se desprende
incuestionablemente el daño patrimonial al Estado, específicamente
al Departamento del Magdalena, quien no pudo percibir los recursos
que por disposición legal le están destinados, puesto que, de
haberse cancelado dicho porcentaje del 5% del valor de los
contratos de obras públicas dicho daño patrimonial nunca hubiese
acaecido, con lo que se demuestra que entre la conducta con culpa
grave y el daño patrimonial existe un nexo causal, ya que, el daño
deviene directamente de dicha conducta u omisión en el caso que
nos atañe […]”.

V.2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer, si le asiste razón a las recurrentes
cuando afirman que los actos administrativos demandados adolecen
de nulidad, en atención a que no se acreditaron los elementos de la

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responsabilidad fiscal; o si, por el contrario, acertó el a quo al
considerar que: i) la CONTRALORÍA motivó en debida forma los
actos demandados, ii) tenía competencia para decidir el asunto, iii)
no hubo irregularidad alguna en su expedición y (iv) tampoco hubo
desviación de poder.

V.3.- De la responsabilidad fiscal

El proceso de responsabilidad fiscal está previsto en la Constitución
Política en el numeral 5 del artículo 2688 y en el artículo 2729, en los
que se establece que el contralor General de la República y los
contralores de las entidades territoriales, tienen competencia para
“establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal,
imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su

8 Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:

[…] 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo
cual tendrá prelación. […]”
9 Artículo 272. <Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo

texto es el siguiente:> La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y
municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la
Contraloría General de la República.
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la
ley determine respecto de contralorías municipales.
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la
Contraloría General de la República.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las
respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y
presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías
territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo para que la Contraloría
General de la República intervenga administrativamente las contralorías territoriales y
asuma competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el
artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y
subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente
en los términos que defina la ley.
[…]”

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monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos
de la misma”.

A través de la Ley 610 se reguló el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal, en la que se estableció que el objeto de estos
es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de
quienes realizan gestión fiscal.

De manera que, conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley
610, hay lugar a proferir fallo con responsabilidad cuando “en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del
daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la
individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor
fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se
establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo
del responsable”10.

Así pues, la Sala precisa que la responsabilidad fiscal, de conformidad
con el artículo 4° de la Ley 610, no tiene carácter sancionatorio, ni
penal; tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo

10 La sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 8 de agosto de 2002, declaró inexequible

el parágrafo 2° del artículo 4° y la expresión “leve” del artículo 53, pero no por considerar
que la culpa sea ajena a la responsabilidad fiscal, sino por exigirla en la modalidad de la
culpa leve; en este sentido la Corte Constitucional consideró que “el criterio normativo de
imputación no podía ser mayor al establecido por la Constitución Política en el inciso 2° de
su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado”,
por conducta dolosa o gravemente culposa.

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tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad
penal o disciplinaria que pueda corresponder por la misma conducta,
por lo que cada proceso trae consigo consecuencias diferentes,
aunque si se percibe indemnización de perjuicios dentro del proceso
penal, no es procedente obtener un nuevo reconocimiento.

V.4.- Caso concreto

La Sala, para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se
referirá a los hechos probados y en esa medida, al material
probatorio obrante en el expediente, así:

-. Auto núm.090 de 13 de mayo de 2011, por medio de la cual se dio
apertura a una indagación preliminar que se adelantaría en las
instalaciones de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.

-. Auto núm.165 de 9 de septiembre de 2011, por medio del cual se
cerró una indagación preliminar, cuya apertura se dio mediante auto
núm.090 de 13 de mayo de 2011, adelantada a AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P.

-. Auto de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal
núm.514 de 23 de agosto de 2013, en contra de la señora NHORA
ELENA CAGHUANA BURGOS, en calidad de Representante Legal
Principal de la empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., del
cual se resalta lo siguiente:

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“[…] En cumplimiento de la función misional de adelantar la
vigilancia fiscal a los sujetos de control, la Contraloría Delegada de
Minas y Energía Auxiliar, desarrolló una Auditoría Gubernamental
con Enfoque Integral – modalidad especial, en las regalías del
Departamento del Magdalena, para la vigencia fiscal 2009, en las
dependencias administrativas de la EMPRESA AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P., que originó la existencia de un hallazgo
con alcance o incidencia fiscal, donde se advierte como hecho
irregular el no cobro de la retención del 5% ordenado y contemplado
en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en contratos de obra
pública por parte de la empresa, remitido el día 19 de septiembre
de 2011 a esta dependencia y recibido el día 20 de septiembre de
2011 como indagación preliminar No.86111-80473-014-869, los
hechos que se desprenden de los soportes remitidos.

[…]

En el formato del hallazgo presentado se expresa que en virtud de
lo dispuesto y señalado en el Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, del
valor de los contratos de obra mencionados precedentemente se
debió pagar el porcentaje del 5% a favor de la Nación – Ministerio
del Interior y de Justicia, y no se hizo, por lo que se estima un
presunto detrimento patrimonial de $1.014.779.143,25,
inicialmente se señaló como entidad afectada a la Nación –
Ministerio del Interior y Justicia, ya que con los documentos
allegados no se estableció con certeza a que nivel (sí nacional,
departamental o municipal), pertenece la empresa Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P., para determinar la entidad afectada.

Finalmente las pruebas allegadas dentro de la etapa de indagación
preliminar, donde se determinó a través de la escritura pública de
constitución No.1.499 de 23 de junio de 2006 que la empresa Aguas
del Magdalena S.A. E.S.P. (entidad contratante), se constituyó como
una empresa de servicios públicos mixta del orden departamental –
Departamento del Magdalena, se deduce que el sujeto activo a la
contribución fijada en el canon 6 de la Ley 1106 de 2006 es el
Departamento del Magdalena, siendo esta la entidad afectada en su
patrimonio.

[…] El hecho que se investiga, obtuvo su génesis en la EMPRESA
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., (entidad contratante), no
realizó el cobro de la retención del 5% ordenado y contemplado en
el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 y demás normas concordantes,
de los contratos de obra pública […]

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La omisión en la obligación por parte de la entidad contratante sin
justa causa, generando así un daño patrimonial. Como se puede
detallar, la EMPRESA AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., es una
empresa de carácter de Servicios Públicos Mixta, en su condición de
Gestor del Plan Departamental para el manejo empresarial de los
servicios de agua y saneamiento – PDA, está constituida como una
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.

Finalmente, los contratos mencionados anteriormente cuyos
objetos eran ejecución de obras de construcción de aguas
residuales, construcción de las redes de alcantarillado, ampliación y
optimización del sistema de acueducto, construcción de cámaras de
inspección, empalmes y ramales domiciliarios, como podemos
deducir los hechos generadores de esta contribución especial se
dan, el CONTRATO ES DE OBRA PÚBLICA.

Con base en lo anterior, esta contribución especial, tiene como
destino el Departamento del Magdalena (entidad afectada), ya que
se cumplen las condiciones que constituyen el hecho generador
[…]”.

-. Fallo con responsabilidad fiscal de 6 de mayo de 2014, por medio
del cual se declaró la responsabilidad de la señora NHORA ELENA
CAGHUANA BURGOS y otros, en cuantía de $1.265.315.167,56,
por la no retención del 5% del valor de los contratos de obra pública
celebrados por parte de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.,
configurándose una omisión por parte del ordenador del gasto que
causó detrimento patrimonial al Estado.

-. Auto de 7 de julio de 2014, a través del cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de
confirmar el fallo con responsabilidad fiscal.

-. Resolución CON 100-22-167 de 21 de julio de 2014, por medio de
la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo

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de primera instancia, en la que se revocó en todas sus partes
dicho fallo y se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir
del auto de apertura e imputación de responsabilidad de 23
de agosto de 2013.

-. Resolución CON 100-22-189 de 14 de agosto de 2014, a través de
la cual se aclaró la Resolución núm. 100 – 22 – 167 del 21 de julio
de ese mismo año, en el sentido de que la nulidad decretada era
a partir de la audiencia de decisión y no del auto de apertura
e imputación, como quedó en la mencionada resolución.

-. Auto de 10 de marzo de 2015, por medio del cual se hizo una
adición al auto de apertura e imputación de 23 agosto de 2013, en
el sentido de vincular a las señoras SARA INÉS CERVANTES
MARTÍNEZ y VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, en su
condición de Gerente y Gerente Suplente de la empresa AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. para la época de los hechos, las cuales
debían responder por la suma de $51.298.177,25 como presunto
daño patrimonial.

-. Fallo con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de 2015,
por medio del cual se declaró responsable fiscalmente a las señoras
NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS, VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO y otros, en su calidad de representante
legal principal y suplente, respectivamente, y se dispuso resarcir de
forma solidaria la suma de $1.352.342.582,00.

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-. Auto de 4 de noviembre de 2015, mediante el cual se
resolvieron los recursos de reposición interpuestos en contra del fallo
con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de ese mismo año, en el
que en esencia se reiteraron los argumentos expuestos en la decisión
recurrida.

-. Resolución Núm. CON 100-22-406 de 4 de diciembre de
2015, por medio de la cual se resolvieron los recursos de apelación
presentados por los declarados fiscalmente responsables, en la que
se decidió confirmar la declaratoria de responsabilidad fiscal contra
las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA
LUISA BENAVIDES MERLANO.

-. Resolución núm. 100-22-131 de 3 de mayo de 2016, por la cual
se resolvió de manera negativa la solicitud de revocatoria directa del
fallo con responsabilidad fiscal de 13 de octubre de 2015, de la
decisión de 4 de noviembre de 2015 que resolvió la reposición y de
la Resolución núm.100-22-406 de 4 de diciembre de 2015, proferidas
dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm.514.

De acuerdo con el anterior material probatorio reseñado, la Sala
encuentra demostrado que, en cumplimiento de su función de
vigilancia fiscal, la CONTRALORÍA realizó un hallazgo fiscal en la
empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. consistente en el no
cobro de la retención del 5% ordenada y prevista en el artículo 6º de
la Ley 1106, para los contratos de obra pública que celebrara la
empresa.

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Como consecuencia de lo anterior, se dio apertura a una
investigación preliminar que arrojó como resultado la imputación de
responsabilidad fiscal en contra de la entonces Representante Legal
principal de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., la señora
NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y otros, por cuanto no se dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1106,
causándose un detrimento patrimonial al departamento del
Magdalena como entidad afectada.

Luego de recaudadas las respectivas pruebas y culminada la totalidad
de las etapas procesales, se profirió fallo con responsabilidad fiscal
el 6 de mayo de 2014 en contra de la señora NHORA ELENA
CAGHUANA BURGOS y otros, decisión contra la cual fueron
interpuestos los recursos de reposición y apelación, siendo resuelto
el primero de ellos el 7 de julio de 2014, en el sentido de confirmar
la decisión.

No obstante, por medio de la Resolución CON 100-2- 167 de 21 de
julio de 2014, la CONTRALORÍA decidió revocar en todas sus partes
el fallo apelado y decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del
auto de apertura e imputación de responsabilidad, en atención a que
revisado el material probatorio, obrante en el expediente, se pudo
evidenciar que las señoras SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ y
VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, en calidad de gerente
y gerente suplente, respectivamente, ordenaron algunos pagos de
contratos en los que se omitió la obligación prevista en el artículo 6º

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de la Ley 1106, razón por la que era necesario vincularlas como
presuntas responsables fiscales.

La anterior decisión fue aclarada a través de la Resolución CON 100-
22-189 de 14 de agosto de 2014, en el entendido que la nulidad
decretada era a partir de la audiencia de decisión y no del auto de
apertura e imputación, como se había señalado.

Asimismo, la CONTRALORÍA realizó una adición al auto de apertura
e imputación de responsabilidad el 10 de marzo de 2015, en el
entendido que se debía vincular a las señoras SARA INÉS
CERVANTES MARTÍNEZ y VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO, en su condición de gerente y gerente suplente de la
empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.

Una vez vinculadas y surtidas las respectivas etapas procesales, se
profirió el Fallo Con Responsabilidad Fiscal de 13 de octubre de
2015 con el que se excluyó a la señora SARA INÉS CERVANTES
MARTÍNEZ, por haber pagado el monto del detrimento fiscal que se
le imputó, y se declaró solidariamente responsables fiscales a las
señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO, por el daño patrimonial ocasionado al
Estado en la suma de $1.352.342.582,00, luego de haberse
constatado que, en calidad de gerente y gerente suplente de la
entidad, autorizaron y pagaron las facturas durante la ejecución de
los contratos civiles de obra de AGUAS DEL MAGDALENA S.A.

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E.S.P., omitiendo la recaudación de la contribución especial del
artículo 6º de la Ley 1106, los que se relacionan a continuación:

(i) CO-001-2007 de 6 de junio de 2007, celebrado con el
CONSORCIO SAN ÁNGEL, con una duración inicial de dieciocho
(18) meses, por valor de $9.170.303.948, cuyo objeto fue la
ejecución de obras de construcción de la primera fase del interceptor
de aguas residuales zona sur Rodadero del Distrito de Santa Marta
de la Invitación núm. 001 de 2007 y con las Especificaciones Técnicas
para Construcción de Acueductos y Alcantarillados implementadas
por el Grupo Empresarial Triple A.

(ii) CO-002-2007 de 6 de junio de 2007, suscrito con la SOCIEDAD
SUÁREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS (HOY
ODEKA), con una duración inicial de dieciocho (18) meses, por valor
de $10.029.048.106, con el objeto de ejecutar las obras de
construcción de las redes de alcantarillado en los sectores de
Concepción, Loma Fresca-Las Margaritas, Montecristo, Nazareth-
Esperanza, Nelson Pérez, Paraíso y Porvenir del municipio de Ciénaga
(Magdalena) de la Invitación núm. 002 de 2007 y con las
Especificaciones Técnicas para Construcción de Acueductos y
Alcantarillados implementadas por AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P.

(iii) CO-002-2009 de 16 de abril de 2009, firmado con el señor
EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ, con una duración
inicial de tres (3) meses, por valor de $724.043.281, cuyo objeto fue

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la ejecución de la obra de ampliación y optimización del sistema de
acueducto del municipio de Algarrobo (Magdalena), según la
Invitación Pública núm. 003 de 2009.

Y (iv) CO-005-2009 celebrado con el señor JAIME ENRIQUE DE
LEÓN BALLUT, con una duración inicial de tres (3) meses, por valor
de $280.187.530, cuyo objeto fue la ejecución de la obra
construcción de cámaras de inspección, empalmes y ramales
domiciliarios en los barrios Nelson Pérez, Loma Fresca, Nazaret y
Esperanza, del municipio de Ciénaga (Magdalena), según la
Invitación Privada núm. 006 de 2009.

Este fallo condenatorio fue confirmado, en su integridad, a través del
auto de 4 de noviembre de 2015 y de la Resolución Núm. CON
100-22-406 de 4 de diciembre de 2015.

V.4.1.- De la contribución especial del artículo 6º de la Ley
1106 o comúnmente denominada ‘impuesto de guerra’

La Sala, al analizar los argumentos con los que las apelantes
sustentan el cargo de falsa motivación, encuentra que la
contribución especial cuya omisión de recaudo es materia de
controversia en el asunto bajo examen, es la comúnmente conocida
en el territorio nacional como ‘impuesto de guerra’, -aunque
técnicamente no es un impuesto sino una contribución-, creada por
el Gobierno Nacional al amparo del estado de conmoción interior de

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199211 decretado por el presidente de la República de ese entonces,
mediante el Decreto Legislativo 2009 de 14 de diciembre de 199212,
con el fin de dotar a las fuerzas militares de fuentes de financiación13,
así:

“[…] Artículo 1º. Todas las personas naturales o jurídicas
que, a partir de la vigencia del presente Decreto, suscriban
contrato de obra pública para la construcción y
mantenimiento de vías con entidades de derecho público, o
celebren contratos de adición al valor de los existentes,
deberán pagar a favor de los entes territoriales respectivos,
de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la entidad pública
contratante, una contribución equivalente al 5% del valor
total del correspondiente contrato o de la respectiva adición
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta contribución, de conformidad con lo establecido en el Decreto
265 de 5 de febrero de 199314, debía ser pagada por los contratistas
cuando la respectiva licitación hubiese sido abierta con posterioridad
al 1o. de enero de 1993 o en los casos en que no hubo licitación,
cuando la oferta o cotización se haya presentado a las entidades de
derecho público a partir de la misma fecha.

11 Declarada mediante Decreto 1793 de 8 de noviembre de 1992.
12 “[…] Por el cual se crea una contribución […]”.
13 “[…] Decreto Legislativo 2009 de 1992. Artículo 4º. Los recursos que recaude la
Nación por concepto de lo dispuesto en el presente Decreto deberán destinarse a dotación,
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de
equipos de comunicaciones, montaje y operación de redes de inteligencia, pago
de recompensas a las personas que colaboren con la justicia y seguridad de las
mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados
o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la
seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo
comunitario y, en general, todos aquellos gastos que permitan hacer presencia
real del Estado siempre y cuando estén encaminados a conjurar la crisis o a
prevenir la extensión de la misma […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
14 “[…] Por el cual se implementa el pago de una contribución […]”.

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La disposición fue prorrogada por el término de noventa (90) días
calendario por el Decreto Legislativo 1515 de 4 de agosto de 199315
y se incorporó, por primera vez, a la legislación ordinaria a través de
la Ley 104 de 30 de diciembre de 199316, modificada y prorrogada
por el lapso de dos (2) años, a su vez, por la Ley 241 de 26 de
diciembre de 199517, así:

“[…] Artículo 123. Todas las personas naturales o jurídicas
que suscriban contratos de obra pública para la construcción
y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o
celebren contratos de adición al valor de los existentes,
deberán pagar a favor de la Nación, departamentos o
municipios, según el nivel al cual pertenezca la entidad
pública contratante, una contribución equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato
o de la respectiva adición.

PARÁGRAFO. La celebración o adición de contratos de concesión
de obra pública no causará la contribución establecida en este
capítulo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Artículo 124. Para los efectos previstos en el artículo
anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco
por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de
cada cuenta que cancele el contratista.

El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser
consignado inmediatamente en la institución financiera que señale,
según sea el caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la
entidad territorial correspondiente.

Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser
remitido por la entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales
o a la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad territorial,

15 “[…] Por el cual se prorroga la vigencia de algunos decretos expedidos en desarrollo del

Estado de Conmoción Interior […]”.
16 “[…] Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la

eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones […]”.
17 “[…] Por la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona la Ley 104 de 1993 […]”.

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dependiendo de cada caso. Igualmente, las entidades contratantes
deberán enviar a las entidades anteriormente señaladas, una
relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor
de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Continuando con su consolidación legal a través del tiempo, la
contribución especial fue incluida en la Ley 418 de 26 de diciembre
de 199718, -que derogó las leyes 104 y 241-, la cual fue modificada
y prorrogada por el término de tres (3) años por la Ley 548 de 23 de
diciembre de 199919, así:

“[…] Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas
que suscriban contratos de obra pública, con entidades de
derecho público o celebren contratos de adición al valor de
los existentes deberán pagar a favor de la Nación,
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca
la entidad pública contratante una contribución equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adición.

Las concesiones de construcción, mantenimiento y
operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial,
puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a
los fondos de seguridad y convivencia de la entidad
contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total
del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.

18 “[…] Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la

eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones […]”.
19 “[…] Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de

1997 y se dictan otras disposiciones […]”. En su artículo 3º adicionó lo siguiente: “[…]
Artículo 3o. La dirección, administración y ordenación del gasto del Fondo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Fonsecon, estarán a cargo del Ministerio del Interior o quien éste
delegue.
Además de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, los recursos a
que se refiere el artículo 121 de la misma ley deberán invertirse en recompensas
a personas que colaboren con la justicia o con organismos de seguridad del Estado,
apoyo económico para la reconstrucción de instalaciones municipales del Ejército
y de Policía afectadas por actos terroristas y en la construcción de instalaciones
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen
o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que
otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el
recaudo de sus impuestos o contribuciones.

Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes
Municipales y Distritales para celebrar convenios
interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato
inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de
policía.

PARÁGRAFO 1°. En los casos en que las entidades públicas
suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales,
que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento,
los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta
contribución.

PARÁGRAFO 2°. Los socios, copartícipes y asociados de los
consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que
se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago
de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus
aportes o de su participación […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[…] Artículo 121. Para los efectos previstos en el Artículo
anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco
por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de
cada cuenta que cancele al contratista.

El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser
consignado inmediatamente en la institución que señale, según sea
el caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad
territorial correspondiente.

Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser
remitido por la entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales
o la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad territorial,
dependiendo de cada caso. Igualmente, las entidades contratantes
deberán enviar a las entidades anteriormente señaladas, una
relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor

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de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Posteriormente, a través de la Ley 782 de 23 de diciembre de 200220,
se modificó y prorrogó la Ley 418 por el término de cuatro (4) años,
modificada, a su vez, por la Ley 548, de la siguiente forma:

“[…] Artículo 37. El artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada
por la Ley 548 de 1999, quedará así:

“Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que
suscriban contratos de obra pública para la construcción y
mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial,
puertos aéreos, marítimos o fluviales con entidades de
derecho público o celebren contratos de adición al valor de
los existentes deberán pagar a favor de la Nación,
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca
la entidad pública contratante una contribución equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adición.

Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes
Municipales para celebrar convenios interadministrativos con el
Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deba
construirse las sedes de las estaciones de policía sin necesidad de
aprobación de las respectivas corporaciones públicas.

PARÁGRAFO 1o. En los casos en que las entidades públicas
suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales,
que tengan por objeto la construcción o mantenimiento de estas
vías, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de
esta contribución.

PARÁGRAFO 2o. Los socios, copartícipes y asociados de los
consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que
se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago
de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus
aportes o de su participación.

20 “[…] Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y

modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones […]”.

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PARÁGRAFO 3o. La celebración o adición de contratos de
concesión de obra pública no causará la contribución establecida en
este capítulo […]”.

Es así como la Ley 1106 de 22 de diciembre de 200621, -norma
vigente para la época de la omisión en el caso concreto-, que
prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia de la Ley 418,
prorrogada y modificada por las leyes 548 y 782, y modificó algunas
de sus disposiciones, decidió ampliar el alcance de la contribución
especial a todos los contratos de obra pública, -no solo a aquellos
destinados a la construcción y mantenimiento de vías de
comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o
fluviales-, así:

“[…] Artículo 6o. De la contribución de los contratos de obra
pública o concesión de obra pública y otras concesiones. El
artículo 37 de la Ley 782 de 2002 quedará así:

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública, con entidades de derecho público
o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán
pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según
el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una

21 “[…] Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y

modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus
disposiciones […]”.
Esta Ley 1106 fue prorrogada por el término de cuatro (4) años por la Ley 1421 de 21 de
diciembre de 2010 “[…] Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 […]”.
Finalmente, la Ley 1738 de 18 de diciembre de 2014, dispuso la vigencia permanente de la
pluricitada contribución especial, en los siguientes términos: “[…] Artículo 8o. De la
vigencia y derogatoria de la ley. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4) años a
partir de la fecha de su promulgación y deroga las demás disposiciones que le sean
contrarias y el penúltimo inciso del artículo 6o de la Ley 1106 de 2006. PARÁGRAFO.
No estarán sometidos a la vigencia de la presente ley y tendrán una vigencia de
carácter permanente los artículos 5o y 6o de la Ley 1106 de 2006, y los artículos
6o y 7o de la Ley 1421 de 2010 […]”.

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contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de
vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos
o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y
convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por
mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva
concesión.

Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen
o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

<Inciso derogado por el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014>.

Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes
Municipales y Distritales para celebrar convenios
interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato
inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de
policía.

PARÁGRAFO 1o. En los casos en que las entidades públicas
suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales,
que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento,
los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta
contribución.

PARÁGRAFO 2o. Los socios, copartícipes y asociados de los
consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que
se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago
de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus
aportes o de su participación.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 39 de la Ley
1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El recaudo por
concepto de la contribución especial que se prorroga mediante la
presente ley en contratos que se ejecuten a través de convenios
entre entidades del orden nacional y/o territorial deberá ser
consignado inmediatamente en forma proporcional a la participación
en el convenio de la respectiva entidad […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

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La Corte Constitucional a través de sentencia C-930 de 7 de
noviembre de 2007, al declarar la exequibilidad de esta disposición,
consideró lo siguiente:

“[…] Como quedó anotado, mediante el artículo 6º de la Ley 1106
de 2006 el legislador modificó el artículo 37 de la Ley 782 de 2002
y, por lo tanto, en lugar de efectuar una simple referencia o
alusión a la contribución sobre los contratos de obra pública
y otras concesiones la reguló de manera a tal punto
detallada que el artículo contiene la autorización legal de la
exacción y define los elementos del tributo.

Así pues, la lectura del precepto demandado permite
establecer que el hecho generador es la celebración o
adición de contratos de obra pública, así como el
otorgamiento o celebración de concesiones de construcción,
mantenimiento y operaciones de vías de comunicación,
terrestre o fluvial, puestos aéreos, marítimos o fluviales; que
el sujeto activo es la Nación, Departamento o Municipio,
“según el nivel al cual pertenezca la entidad pública
contratante”; que el sujeto pasivo es la persona natural o
jurídica que suscriba contratos de obra pública con
entidades de derecho público o celebre contratos de adición
al valor de los existentes; que la base gravable es el valor del
respectivo contrato o adición, o “el valor total del recaudo
bruto que genere la respectiva concesión”, que la tarifa es el
5% en el caso de los contratos de obra pública o de las
respectivas adiciones y del 2.5 por mil tratándose de las
concesiones y que la entidad pública contratante es
responsable del recaudo.

El artículo acusado no hace, entonces, una simple mención
de la contribución sobre obras públicas y otras concesiones,
sino que regula en forma directa los elementos del tributo y
se ocupa de algunos otros aspectos, motivo por el cual, es
factible concluir que la ley 1106 de 2006, que lo contiene, ha debido
iniciar su trámite en la Cámara de Representantes, conforme lo
exige el artículo 154 de la Constitución […]”22 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

22 Corte Constitucional, sentencia C-930 de 7 de noviembre de 2007, magistrado ponente

Rodrigo Escobar Gil.

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BENAVIDES MERLANO

Los antecedentes legislativos del artículo 6º de la Ley 1106, revelan
que su objetivo primordial fue gravar a los contratos de obra pública
y a los de concesión de dichas obras, con el fin de percibir mayores
recursos para la seguridad pública, evitando así la elusión de dicho
tributo:

“[…] El artículo 6° pretendía ampliar la contribución del 5%
a todos los contratos de obra pública, así como la eliminación
de la excepción de aplicación del tributo a la celebración,
adición de contratos de concesión de obra pública a que se
refiere el parágrafo 3° del artículo 120 de la Ley 418 de 1997,
prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999 y
782 de 2002.

Dicha modificación encuentra asidero en que los municipios
de cuarta, quinta y sexta categoría no reciben recursos de
seguridad por este concepto, toda vez que no ejecutan
contratos de obra pública para la construcción y
mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial,
puertos aéreos, marítimos o fluviales, a que se refiere el
artículo 120 de la Ley objeto de prórroga.

La evasión de la contribución del 5%, por la celebración de
contratos de concesión, es una práctica reiterativa en el
panorama nacional durante los últimos años, que vulnera el
derecho colectivo a la seguridad ciudadana consagrado en la
Constitución […]”23 (Negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Como puede apreciarse de lo anterior, la mencionada contribución,
para la época de los hechos, presentaba las siguientes
características:

23 Informe de Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley 24 de 2006 Senado, 107

de 2006 Cámara. Gaceta del Congreso 456 de 13 de octubre de 2006.

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(I) Los hechos generadores son: (i) la celebración de contratos
de obra pública, o contratos adicionales al valor de los existentes,
con entidades públicas, cualquiera sea su sector o destinación.
Resulta suficiente que el negocio sea de aquellos que, como lo define
el artículo 32, ordinal 1º, de la Ley 80 de 28 de octubre de 199324,
celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pago; y (ii) la celebración de
concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías
de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o
fluviales.

Respecto del hecho generador de la contribución especial, la Sección
Cuarta explicó:

“[…] Basta con remitirnos al Estatuto General de Contratación
Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, comoquiera que dicho
cuerpo normativo dispone las reglas y principios que rigen los
contratos de las entidades estatales, expresamente definidos como
“actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad” (arts. 1 y 32).

En ese contexto, el artículo 32 del mencionado estatuto se refirió a
los contratos de obra como especie de los contratos estatales y los
definió en los siguientes términos:

“Art. 32. Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y,

24 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

[…]”.

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en general, para la realización de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitación o concurso25 públicos,
la interventoría deberá ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista,
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del
presente estatuto”.

Las entidades estatales a las que alude la norma, se encuentran
señaladas en el artículo 2º del mismo estatuto, en el que se lee:

“[…] Para los solos efectos de esta ley:

1o. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias,
el distrito capital y los distritos especiales, las áreas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así
como las entidades descentralizadas indirectas y las demás
personas jurídicas en las que exista dicha participación
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles […]”.

Los contratos de obra pública, se perfeccionan al momento de
acordarse su objeto y contraprestación y de elevarse por escrito
(Ley 80 de 1993, arts. 39 y 41).

Desde esa vista legal que es la que corresponde tener en
cuenta por su especialidad, la expresión contratos de obra
pública no ofrece ningún reparo para aplicar la contribución.

En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional al
examinar la exequibilidad del artículo 6º de la Ley 1106, del que se

25 Expresión derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos'.

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predicó desconocimiento del principio de legalidad tributaria por no
definir con precisión el hecho gravado, en cuanto el concepto de
“contrato de obra pública” no estaba claramente delimitado,
independientemente de la definición de “contrato de obra” que
establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

La sentencia C-1153 de 2008 analizó ese tópico, como sigue:

“(…) el hecho gravado ha sido objeto de progresivas
ampliaciones, la primera de ellas adoptada mediante la Ley
782 de 2002 y la última mediante la norma aquí acusada.
Inicialmente la obligación tributaria sólo se causaba por
suscribir contratos de obra pública para la construcción y
mantenimiento de vías, pero hoy en día el deber de pagar
la contribución se origina por suscribir contratos de
obra pública de cualquier naturaleza.
(…)

la norma acusada señala expresamente que el hecho
gravado con la contribución conocida como impuesto de
guerra consiste en suscribir contratos de obra pública con
entidades de derecho público o celebrar contratos de adición
al valor de los ya existentes. Ahora bien, ciertamente la
disposición no precisa en su mismo texto qué cosa es una
obra pública, de donde la demanda echa mano para afirmar
que el legislador desconoció los principios de legalidad y
certeza del tributo. La Corte admite que existe cierto
grado de imprecisión en la definición del hecho
gravado, pero estima que esta circunstancia no llega
a configurar un vicio de inconstitucionalidad, pues
esta imprecisión no deriva en una falta de claridad y
certeza insuperable. Lo anterior, puesto que a pesar
de que uno de los elementos del hecho gravado -la
noción de obra pública- no aparece definido o
determinado expresamente en la norma, es
determinable a partir de ella, según pasa a verse:
(…)

el estatuto de contratación administrativa define el contrato
de obra a partir de elementos subjetivos, es decir de
criterios que atienden a la calidad de los sujetos
contratantes y no al objeto del contrato, pues
claramente indica que “(s)on contratos de obra los
que celebren las entidades estatales…”. Es decir, el

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elemento esencial que define la presencia de un
contrato de esta naturaleza es que sea celebrado por
una entidad estatal.

De otro lado, la norma ahora acusada impone un
gravamen tributario a las personas que suscriban
contratos de obra pública con “entidades de derecho
público”, o celebren adiciones a los mismos. En efecto,
el inciso primero del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006,
ahora bajo examen, dice así:
(…)

Así pues, el Estatuto de contratación dice que “son
contratos de obra los que celebren las entidades
estatales”; y la norma acusada afirma que “(t)odas las
personas naturales o jurídicas que suscriban contratos
de obra pública, con entidades de derecho público”
deberán pagar la contribución en ella regulada. De lo
que se infiere que los contratos de obra pública a
que alude la disposición acusada no pueden ser sino los
mismos contratos de obra (simplemente de obra) a que
se refiere el artículo 32 del Estatuto de contratación
administrativa, toda vez que por el sólo hecho de ser
suscritos “con entidades de derecho público”, caen
dentro de esa categoría jurídica por expresa disposición
legal.

Así las cosas, a juicio de la Sala no se presenta una
falta de claridad y certeza insuperable en la
definición del hecho gravado, pues cuando la
norma acusada expresamente prescribe que la
contribución que regula se causa por el hecho de
suscribir “contratos de obra pública” con
“entidades de derecho público” o celebrar
contratos de adición al valor de los existentes, no
cabe otra interpretación plausible distinta de
aquella que indica que el contrato al que se refiere
es el definido en el estatuto de contratación a
partir de elementos subjetivos, referentes a la
calidad pública de la entidad contratante. Por lo
anterior, la Corte estima que la descripción del hecho
gravado sí es suficientemente precisa para satisfacer las
exigencias del principio de legalidad tributaria […]”.

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En cuanto atañe al elemento subjetivo del hecho generador, es
claro que la sujeción de la entidad contratante al Estatuto de
Contratación Pública no es factor determinante del
nacimiento de la obligación tributaria, porque la ley no
previó la contribución especial bajo algún tipo de
condicionamiento en ese sentido, ni la restringió para las
entidades públicas que perteneciendo al Estado pudieran
estar sujetas a regímenes especiales

Por el contrario, el referido elemento se estableció con
carácter generalísimo y, por lo mismo, incluyente de todas
las entidades de derecho público que celebran contratos de
obra, sea cual fuere el régimen jurídico de las mismas [...]”26.

(II) El sujeto pasivo es el contratista, persona natural o jurídica,
que celebre con una entidad pública el aludido contrato o contratos
adicionales al mismo, así como las citadas concesiones. En los casos
en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación
con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción
de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten
serán sujetos pasivos de esta contribución; en este sentido, los
socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones
temporales que celebren los contratos a que se refiere el inciso
anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución
del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su
participación.

(III) La tarifa es: (i) el 5% del valor total del contrato de obra o de
la respectiva adición, según sea el caso, la cual será descontada por
la entidad pública contratante sobre el anticipo o sobre cada cuenta

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de

14 de agosto de 2013, número único de radicación 11001032700020110002500(18975),
consejera ponente Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez.

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que cancele el contratista, dependiendo de cuál se trate; y (ii) el 2.5
por mil del valor total del recaudo bruto que genere, en el caso
específico, la respectiva concesión de construcción, mantenimiento y
operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos
aéreos, marítimos o fluviales.

(IV) El beneficiario es: (i) la Nación, departamento o municipio del
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante del contrato
de obra; y (ii) los fondos de seguridad y convivencia de la entidad
otorgante de la concesión de construcción, mantenimiento y
operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos
aéreos, marítimos o fluviales. Y en los contratos que se ejecuten a
través de convenios entre entidades del orden nacional y/o territorial
la contribución especial deberá ser consignada inmediatamente, en
forma proporcional a la participación en el convenio de la respectiva
entidad.

El pluricitado artículo 6º de la Ley 1106 fue reglamentado por el
artículo 1º del Decreto 3461 de 11 de septiembre de 200727, así:

“[…] Artículo 1°. La contribución a que se refiere el artículo
6° de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, en los
eventos en que implica un nuevo hecho gravado, se causará
sólo en aquellos casos en que los contratos con entidades
públicas o con organismos multilaterales se suscriban como
resultado de licitaciones o procesos de selección abiertos a
la recepción de ofertas con posterioridad al 22 de diciembre
de 2006.

27 “[..] Por medio del cual se reglamenta el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 […]”.

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Las adiciones en valor a todos los contratos a que se refiere el
artículo 6° de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 están
gravadas con la contribución prevista en dicha norma […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

En este sentido, la Oficina Jurídica de la DIAN expidió el Oficio núm.
87708 de 26 de octubre de 2007, en el que aclaró que la
manifestación contenida en el Decreto 3461 de 2007, en ningún
momento hace referencia a la modalidad de selección que se aplique
al contratista como mecanismo para identificar cuándo se causa, o
no, la contribución especial; que, por el contrario, el decreto
reglamentario lo que hace es actualizar el alcance del artículo 6º de
la Ley 1106, a la luz de las modalidades de selección incorporadas
en la Ley 1150 de 18 de julio de 200728, sin generar excepciones de
ninguna clase, e identificando que en todo contrato de obra pública
que implique la selección del contratista mediante licitación pública o
cualquier otro mecanismo de selección abierto para la recepción de
ofertas, tales como la selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa-, se causará la contribución especial.

La autoridad tributaria discurrió así:

“[…] Consulta usted, si es aplicable la contribución especial por
contratos de obra pública de que trata el artículo 6º de la Ley
1106 de diciembre 22 de 2006, a un contrato de obras,
construcción, y otras actividades suscrita por una firma
contratista y una empresa de acueducto y alcantarillado -
ESP, teniendo en cuenta que ésta última por ser empresa
Industrial y Comercial del Estado no se rige por la Ley 80/93

28 “[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con
Recursos Públicos […]”.

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conforme al artículo 31 de la Ley 142/93 (sic, es 142 /94) y
de otra parte, se puede considerar que la naturaleza de la
empresa no es entidad de derecho público, por regirse por la
ley 142 de 1993 (sic, es 142 de 1994).

Sea lo primero manifestar que esta Oficina es competente para
resolver las consultas en sentido general y abstracto que se
presenten con respecto a la interpretación y aplicación de las
normas relativas a los impuestos del orden nacional a cargo de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con
las prescripciones del artículo 10 de la Resolución No. 1618 de 2006,
en concordancia con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999.

En referencia al primer punto de consulta es de anotar que,
mediante varios pronunciamientos de este despacho, entre
ellos el concepto 014872 de 2007 ha enfatizado conforme al
artículo 6 de la ley 1106, que la causación de la contribución
especial por contratos de obra pública se extendió a todos
los contratos de obra pública suscritos con entidades de
derecho público. Señaló, además:

“Respecto a la causación de la contribución sobre toda clase
de contratos de obra pública resulta pertinente transcribir la
justificación del proyecto de ley expuesta en el informe de
ponencia para primer debate al proyecto de Ley número 24
de 2006 Senado. 107 de 2006 Cámara, publicado en la
Gaceta del Congreso No. 388 del 22 de septiembre de 2006:

“Artículo 5o. Esta disposición pretende ampliar la
contribución del 5% a todos los contratos de obra
pública, así como a la eliminación de la excepción de
aplicación del tributo a la celebración, adición de
contratos de concesión de obra pública a que se
refiere el parágrafo 3º del artículo 120 de la Ley 418
de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las
Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.

Dicha modificación encuentra asidero en que los
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría no
reciben recursos de seguridad por este concepto, toda
vez que no ejecutan contratos de obra pública para la
construcción y mantenimiento de vías de
comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos,

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marítimos o fluviales, a que se refiere el artículo 120
de la ley objeto de prórroga” (subrayado fuera de texto).

Del texto trascrito se concluyó en tal oportunidad, que la
intención del legislador fue la de ampliar la contribución a
todos los contratos de obra pública, razón por lo que la
contribución del cinco por ciento (5%) deben pagarla todas
las personas naturales o jurídicas que suscriban toda clase
de contratos de obra pública, así como la tarifa del 2.5 por
mil del valor total del recaudo bruto que genere a respectiva
concesión para quienes suscriban contratos de concesión de
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos
o fluviales, en los términos prescritos en el artículo 6º de la
Ley 1106 de 2006.

Queda claro entonces que, aun cuando el régimen de
contratación de las empresas cobijadas por la Ley 142 de
1993 (sic, es 142 de 1994) no se sujetan a las disposiciones
del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con las salvedades que haga la misma, la naturaleza
jurídica de la entidad de derecho público no cambia; por lo
que se concluye que todos los contratos de obras públicas,
suscritos por una firma contratista y una empresa de
derecho público, están sometidos a la Contribución Especial
de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de diciembre 22 de
2006.

Atentamente,

CAMILO VILLARREAL G.
Delegado- División De Normativa Y Doctrina Tributaria (A)
Oficina Jurídica […]”29 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Cabe señalar que en el marco de una acción de nulidad promovida
contra el citado concepto expedido por la Oficina Jurídica de la DIAN,
esta Corporación lo encontró ajustado a derecho, luego de establecer
lo siguiente:

29 Disponible [en línea]:

[https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_87708_2007.htm].

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“[…] Se debe precisar, en primer lugar, que las nociones de
naturaleza jurídica y régimen jurídico son diferentes,
afirmación que se colige del tenor del artículo 50 de la Ley
489 de 199830, y que si bien son conceptos que pueden estar
relacionados, no por ello se deben confundir o tomar por
iguales.31

Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas de
servicios públicos domiciliarios, el artículo 17 de la Ley 142
de 1994, señaló que: “Las empresas de servicios públicos
son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de
los servicios públicos de que trata esta Ley. Parágrafo 1º.
Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial
o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté
representado en acciones, deberán adoptar la forma de
empresa industrial y comercial del estado. (…)

La Sala precisa que el acto acusado resolvió la consulta
referida a una empresa de servicios públicos domiciliarios de
naturaleza pública, toda vez que como se puso de presente
se constituyó como empresa Industrial y Comercial del
Estado32, organismo que al tenor del artículo 38 de la Ley

30 “[…] Artículo 50. Contenido de los actos de creación. La ley que disponga la creación

de un organismo o entidad administrativa deberá determinar sus objetivos y estructura
orgánica, así mismo determinará el soporte presupuestal de conformidad con los
lineamientos fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende la
determinación de los siguientes aspectos:
1. La denominación.
2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico […]”.
31 Sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente núm. 17735, consejera ponente Martha

Teresa Briceño de Valencia.
32 Ley 489 de 1998, artículo 85º.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las

empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o
autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de
gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características:
a. Personería jurídica;
b. Autonomía administrativa y financiera;
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado
en cuotas o acciones de igual valor nominal.

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489 de 1998, hace parte del sector descentralizado por
servicios de la rama ejecutiva33 del poder público.

Ahora, el artículo 19 ibidem enuncia como régimen jurídico de las
empresas en mención, las reglas, entre otras, sobre la
denominación, duración, aportes, mecanismos de constitución,
registro, emisión, colocación de acciones, causales de disolución.

En cuanto al régimen de contratación, el artículo 31 de la Ley 142
de 1994, con la modificación introducida por el artículo 3º de la Ley
689 de 2001, dispuso:

“Artículo 31. Régimen de la contratación. Los
contratos que celebren las entidades estatales que
prestan los servicios públicos a los que se refiere esta
ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública,
salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la
inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa
de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán
facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas
de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los
demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a
tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los
que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades
estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con
quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por
las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la
inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos

A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta,
se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27,
numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994.
33 En cuanto a la “Rama Ejecutiva”, no existe una norma clara en la Constitución que
explique la diferencia entre este concepto y el de Administración Pública Central. Sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación en varias oportunidades ha analizado las
posibles diferenciaciones, llegando a concluir que la expresión Administración Pública
Central abarca todos los organismos de la Rama Ejecutiva Nacional, pero no comprende las
demás ramas ni los órganos autónomos que fueron consagrados en la Constitución. En tal
virtud, podría afirmarse que hay una identidad entre las nociones de Administración Pública
Central y Rama Ejecutiva (sentencia C-736 de 2007).

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contratos, transcurrido este término operará el silencio
administrativo positivo.

Parágrafo. Los contratos que celebren los entes territoriales
con las empresas de servicios públicos con el objeto de que
estas últimas asuman la prestación de uno o de varios
servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la
prestación a otra que entre en causal de disolución o
liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, en todo
caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación
pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993”.

En este orden de ideas cabe anotar que el régimen aplicable
a los contratos celebrados por los prestadores de servicios
públicos domiciliarios es, por regla general, el establecido en
la normatividad privada, pero, así mismo, es necesario
concluir que, de conformidad con las excepciones dispuestas
por la misma ley, dicho régimen debe catalogarse como
“mixto”, pues está integrado tanto por normas propias del
derecho privado como del derecho público. Por lo tanto, sólo
en los casos en que la Ley 142 de 1994 de manera expresa lo
disponga, el régimen de contratación será el del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993).

Ahora, la Corte Constitucional en la sentencia C-1153/08
estableció que una interpretación plausible es aquella que
indica que el contrato al que se refiere el artículo 6º de la Ley
1106 de 2006, es el definido en el artículo 32 del Estatuto de
contratación administrativa. Sobre el particular dijo:

“Como puede verse, el estatuto de contratación
administrativa define el contrato de obra a partir de
elementos subjetivos, es decir de criterios que atienden a la
calidad de los sujetos contratantes y no al objeto del
contrato, pues claramente indica que “(s)on contratos de
obra los que celebren las entidades estatales…”. Es decir, el
elemento esencial que define la presencia de un contrato de
esta naturaleza es que sea celebrado por una entidad estatal.

De otro lado, la norma ahora acusada impone un gravamen
tributario a las personas que suscriban contratos de obra
pública con “entidades de derecho público”, o celebren
adiciones a los mismos. En efecto, el inciso primero del

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artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, ahora bajo examen, dice
así:

“Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública, con entidades de derecho
público o celebren contratos de adición al valor de los
existentes deberán pagar a favor de la Nación,
Departamento o Municipio, según el nivel al cual
pertenezca la entidad pública contratante una
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor total del correspondiente contrato o de la
respectiva adición.” (Negrillas y subrayas fuera del
original)

Así pues, el Estatuto de contratación dice que “son
contratos de obra los que celebren las entidades
estatales”; y la norma acusada afirma que “(t)odas las
personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de
obra pública, con entidades de derecho público”
deberán pagar la contribución en ella regulada. De lo que se
infiere que los contratos de obra pública a que alude la
disposición acusada no pueden ser sino los mismos contratos
de obra (simplemente de obra) a que se refiere el artículo 32
del Estatuto de contratación administrativa, toda vez que por
el sólo hecho de ser suscritos “con entidades de derecho
público”, caen dentro de esa categoría jurídica por expresa
disposición legal.

Así las cosas, a juicio de la Sala no se presenta una falta de
claridad y certeza insuperable en la definición del hecho
gravado, pues cuando la norma acusada expresamente
prescribe que la contribución que regula se causa por el
hecho de suscribir “contratos de obra pública” con “entidades
de derecho público” o celebrar contratos de adición al valor
de los existentes, no cabe otra interpretación plausible
distinta de aquella que indica que el contrato al que se refiere
es el definido en el estatuto de contratación a partir de
elementos subjetivos, referentes a la calidad pública de la
entidad contratante. Por lo anterior, la Corte estima que la
descripción del hecho gravado sí es suficientemente precisa
para satisfacer las exigencias del principio de legalidad
tributaria.”

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Para el caso que nos ocupa, el hecho de que las empresas de
servicios públicos domiciliarios constituidas bajo la forma de
empresa industrial y comercial del Estado, solo por vía de
excepción estén reguladas por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, no significa que
no les sea aplicable el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, por
las siguientes razones:

La norma que impone la contribución simplemente hace
alusión a la celebración del contrato de obra pública entre
una persona natural o jurídica y una entidad de derecho
público, sin distinguir si se deriva de un régimen de derecho
privado o si debe ceñirse al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.

El sólo hecho de que una entidad estatal se cree, o se
constituya, o se rija por el derecho privado no hace que su
naturaleza jurídica necesariamente sea de derecho privado,
pues este criterio desconocería que el legislador, en muchos
campos, -pero no en forma absoluta-, tiene la potestad de
escoger el régimen jurídico de las entidades que crea o
autoriza crear, sin que eso desdibuje su naturaleza de
entidad pública.

El legislador no distinguió el régimen contractual aplicable y
tampoco ha exceptuado del pago de ese tributo a quienes
contraten con este tipo de empresas.

La Corte Constitucional en la sentencia C-318 de 1998 aludió al
elemento subjetivo para determinar el contrato de obra pública a
que se refiere la contribución en cuestión. Así pues, adquiere
relevancia en este punto la naturaleza de cada entidad, por
lo cual si se considera que determinado ente es estatal
(empresa industrial y comercial del Estado), y celebra un
contrato de obra está en el supuesto de la descripción del
hecho gravado que contempla el artículo 6º de la Ley 1106
de 2006.

Respecto a que no existe unidad de criterio entre el acto acusado y
el pronunciamiento expuesto en el oficio No. 063832 del 3 de julio
de 2008, proferido por el Jefe de la Oficina Jurídica de la DIAN, en
torno a la aplicabilidad del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 por
parte de la DIAN, se precisa que el examen propuesto no puede
adelantarse por la Sala, toda vez que el juicio que acá se hace al

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concepto acusado debe ceñirse a los fundamentos expuestos por la
Administración en éste, por ser el acto del que se reclama sea
declarada su nulidad.

De todo lo anterior, se concluye, que el Concepto discutido
no infringió las normas superiores aducidas por el
accionante […]”34 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De hecho, la Corporación ya había sostenido, en sentencia de 7 de
junio de 2007, que:

“[…] 4.1.3. A juicio de la Sala es preciso reconocer que, en las
diversas regulaciones normativas sobre contratación de la
administración pública, es posible identificar dos grandes
categorías de actos contractuales:

1ª Contratos estatales, propiamente dichos, que son aquellos
que celebran las entidades públicas a que se refiere la ley 80 de
1993, y que por ende se regulan íntegramente por el régimen
establecido en esta ley. Por regla general, adquieren este carácter
en razón del ente público contratante, es decir, se definen desde el
punto de vista orgánico. Las controversias que se deriven de este
tipo de contratos y de los procesos de ejecución o cumplimiento
serán de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa.

2ª Contratos especiales sujetos a un régimen legal propio.
Por regla general, el juez a quien compete conocer de sus
controversias es el juez administrativo, en razón de que su
celebración y ejecución constituye una actividad reglada, es decir es
el ejercicio pleno de una función administrativa, de conformidad con
el art. 82 del C.C.A. antes referido.

De lo anterior, es jurídicamente viable considerar que la
categoría “contratos estatales” no puede quedar
exclusivamente referida a los actos contractuales que
celebren las entidades del Estado relacionadas en la ley 80
de 1993; sino que habría que reconocer que desde el punto
de vista material y técnico formal, constituye una acertada

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de

1o. de marzo de 2012, número único de radicación 11001032700020090004200(17907),
consejero ponente William Giraldo Giraldo.

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categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los
contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya
sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación
Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales.
De tal manera, es dable hablar genéricamente de dos tipos de
contratos:

1º Contratos estatales regidos por la ley 80 de 1993.

2º Contratos estatales especiales.

En el presente caso, por tratarse de un contrato celebrado
por una empresa de servicios públicos oficial a pesar de que
su régimen jurídico es el derecho privado, debe ser
controlado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como jurisdicción especializada para dirimir
las controversias en que sea parte o tenga un interés directo
la administración (art. 82 C.C.A.), en la medida en que las
exigencias del interés público así lo demanden”35.

Advierte la Sala que, para el caso, a la luz de lo dispuesto en
los artículos 31 de la ley 142 de 1994, 5 y 76 de la ley 143
de 1994, y lo expuesto anteriormente acerca de la
naturaleza jurídica y régimen de ese tipo de empresas, es
indiferente que el contrato sea celebrado por una empresa
de servicios públicos oficial o por una empresa de servicios
públicos mixta, dado que una y otra, igualmente, son
entidades estatales.

Posteriormente, en un caso donde era parte la misma entidad
pública que lo es en el presente proceso -Exp. 25.155. Octubre 30
de 2003. Impugnante: Acuantioquia S.A. E.S.P.- esta Sala expresó:
En relación con lo anterior, observa la Sala, en primer lugar,
que el contrato celebrado entre las partes del proceso
arbitral, el 23 de abril de 1997, es de carácter estatal,
conforme a lo dispuesto en los artículos 2º y 32 de la Ley 80
de 1993. Se trata de un contrato celebrado entre una entidad
estatal, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE ANTIOQUIA
S.A. E.S.P. (ACUANTIOQUIA E.S.P.), y una sociedad
particular, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SOSTENIBLES S.A. E.S.P., dado que, en aquélla fecha, según

35Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, auto de 8 de febrero de 2001, expediente núm. 16.661.

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se desprende del certificado de existencia y representación
legal que fue aportado con la solicitud de integración del
Tribunal, la primera estaba constituida como sociedad por
acciones del tipo de las sociedades anónimas, conformada
por entidades públicas (folio 57 del c. 1).

En el contrato mencionado, además, se identificó
ACUANTIOQUIA E.S.P. como una “empresa oficial
prestadora de servicios públicos domiciliarios,
descentralizada del orden departamental, en la modalidad
de sociedad anónima sujeta al régimen de las empresas
industriales y comerciales del Estado” (folio 357 del c. 1 Bis).
Corresponde, entonces, a la empresa definida en el artículo 14,
numeral 14.5, de la Ley 142 de 1994, según el cual la empresa de
servicios públicos oficial es aquélla “en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquélla
o éstas tienen el 100% de los aportes […]”36 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

V.4.2. Del régimen legal de las empresas de servicios públicos

La existencia de las empresas de servicios públicos tiene su génesis
en la Ley 142 de 11 de julio de 199437, que las incluyó entre las
personas facultadas para prestar servicios públicos en su artículo 15,
y les estableció las siguientes categorías:

“[…] 14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es
aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los
aportes.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 20

de agosto de 1998, expediente núm. 14.202, consejero ponente Juan de Dios Montes
Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la
sentencia de 20 de abril de 2005, expediente núm. 14519; auto de 7 de octubre de 2004,
expediente núm. 2675; sentencia de 7 de junio de 2007, número único de radicación
11001032600020060003300, consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.
37 “[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan

otras disposiciones […]”.

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14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella
en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes
iguales o superiores al 50%.

14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es
aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a
entidades surgidas de convenios internacionales que deseen
someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se
someten los particulares […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

El artículo 17 de la misma ley previó que las empresas de servicios
públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la
prestación de los servicios públicos de que trata dicha Ley, es decir
los de tipo domiciliario que la sentencia C-066 de 1997 distingue
como aquellos que pretenden satisfacer las necesidades más básicas
del ser humano, y que al tenor del artículo 1o. ídem, corresponden a
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local
móvil en el sector rural.

A la vez, la ley previó que las entidades descentralizadas de cualquier
orden territorial o nacional, cuyos propietarios no desearan que su
capital estuviera representado en acciones, debían adoptar la forma
de empresa industrial y comercial del Estado.

En materia de contratación de las entidades estatales que
prestan los servicios públicos de que trata la Ley 142, el
legislador vedó su sujeción al Estatuto General de la Contratación
Pública y, salvo disposición contraria de la Constitución Política o de
dicha ley, previó que la constitución y todos los actos de las empresas

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de servicios públicos, incluyendo los requeridos para su
administración y el ejercicio de los derechos de quienes sean sus
socios, se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, -
artículos 31 y 32 ídem-.

Esa regla se aplica, inclusive, “[…] a las sociedades en las que las
entidades públicas son parte, independientemente del
porcentaje que representen sus aportes dentro del capital
social, y de la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.
Para la gestión de los servicios públicos, la ley autorizó la celebración
de contratos especiales, como los de concesión para el uso de
recursos naturales o del medio ambiente, entre ellos el de aguas, en
orden a facilitar su explotación o disfrute o para acceder al espectro
electromagnético que requiere el servicio público de
telecomunicaciones. Tales contratos, enunciados en el artículo 39.1
de la Ley 142, fueron expresamente excluidos del régimen del
derecho privado […]”38.

V.4.3. De las empresas de servicios públicos en el contexto de
la organización y funcionamiento de la Administración Pública

Al respecto, esta Corporación ha determinado que:

“[…] Es claro que las empresas de servicios públicos operan como
empresas oficiales, mixtas y privadas y que se crearon como
sociedades por acciones.

38Cit., Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, número único de radicación
11001032700020110002500(18975), consejera ponente Carmen Teresa Ortiz De
Rodríguez.

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Ahora bien, bajo la necesidad de especializar y tecnificar el
cumplimiento de ciertas funciones, llamadas a ser ejercidas dentro
de un régimen de concurrencia con los particulares, el artículo 38 de
la Ley 489 de 1998 incluyó a las empresas industriales y comerciales
del Estado y a las sociedades de economía mixta dentro de las
entidades del sector descentralizado por servicios que, junto con las
entidades del sector central, integran la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional. Igualmente, previó la sujeción de las
sociedades en las que el Estado poseyera el 90% o más del capital
social, al régimen previsto para las empresas industriales y
comerciales, según se lee a continuación:

Artículo 38. Integración de la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder
Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes
organismos y entidades:

1. Del Sector Central:
(…)
2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;
b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;
c) Las superintendencias y las unidades administrativas
especiales con personería jurídica;
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales
de servicios públicos domiciliarios;
e) Los institutos científicos y tecnológicos;
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía
mixta;
g) Las demás entidades administrativas nacionales
con personería jurídica que cree, organice o autorice
la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del
Poder Público.

Parágrafo 1o. Las sociedades públicas y las sociedades de
economía mixta en las que el Estado posea el noventa por
ciento (90%) o más de su capital social, se someten al
régimen previsto para las empresas industriales y
comerciales del Estado […]”.

Ahora bien, el carácter de entidades descentralizadas, de las
empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades
de economía mixta, fue ratificado por el artículo 68 de la Ley 489 de

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1998, previendo su control político y la continua dirección del órgano
de la administración al cual están adscritas.

Dichas entidades se crean por ley o con autorización de la misma,
tratándose de las empresas industriales y comerciales del Estado, o
con mera autorización legal, tratándose de las sociedades de
economía mixta (art. 49 en concordancia con el 69 ejusdem).
(…)

El artículo 97 se ocupó de definir las sociedades de economía mixta
como “organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma
de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital
privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o
comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las
excepciones que consagra la ley”, sin que las inversiones temporales
de carácter financiero afecten su naturaleza jurídica y/o su régimen
que, en el caso de aquellas en las que el aporte39 de la Nación, de
las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas, fuere
igual o superior al noventa (90%) del capital social, es el de las
empresas industriales y comerciales del Estado.

Así pues, las sociedades de economía mixta se distinguen
por la participación económica del Estado y de los
particulares, en la conformación del capital de la sociedad.

En sentencia C-736 de 2007, la Corte Constitucional precisó
que la interpretación armónica del literal d) del artículo 38
de la Ley 489 de 1998 y del literal g) de la misma norma,
mostraba que la voluntad legislativa no fue excluir a las
empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la
pertenencia a la rama ejecutiva del poder público.

En efecto, dijo la sentencia que el literal d) el artículo 38 incluyó
entre las entidades descentralizadas por servicios, a las “demás
entidades administrativas nacionales con personería
jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, y que dentro

39 En las sociedades de economía mixta los aportes estatales podrán consistir, entre otros,

en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción
de los bonos que la misma emita. El Estado también podrá aportar títulos mineros y aportes
para la explotación de recursos naturales de propiedad del Estado.
El aporte correspondiente se computará a partir del momento en que se realicen de manera
efectiva o se contabilicen en los respectivos balances los ingresos representativos (Ley 489
de 1998, art. 100).

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de esa categoría debían entenderse incluidas las empresas
de servicios públicos, mixtas o privadas.

Así, las empresas de servicios públicos mixtas y privadas, en las
cuales haya cualquier porcentaje de participación pública, son
entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la
Rama Ejecutiva del Poder Público40.

Por lo demás, la ley previó que las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios y las entidades públicas que tuvieran por
objeto la prestación de los mismos, se sujetaban a la Ley 142 de
1994, a lo previsto en la ley 489 de 1998 en los aspectos que aquélla
no regulara, y a las normas que las complementaran, sustituyeran
o adicionaran (art. 84) […]”41 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

V.4.4.- A partir de lo expuesto, los siguientes son los elementos
conclusivos de la contribución especial a cargo de las empresas de
servicios públicos domiciliarios, que se tendrán en cuenta para
resolver los cargos de la apelación en el caso concreto42:

V.4.4.1.- Desde el punto de vista de la estructura del Estado, las
empresas de servicios públicos domiciliarios, constituidas como
sociedades por acciones o como empresas industriales y comerciales
del Estado, son ‘entidades públicas’ pertenecientes al nivel
descentralizado por servicios de la rama ejecutiva y, por lo mismo,
permanecen cobijadas por la obligación de recaudar y pagar la
contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106.

40 En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,

en el Concepto 1921 de 23 de septiembre de 2008.
41 Cit., Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, número único de radicación

11001032700020110002500(18975), consejera ponente Carmen Teresa Ortiz De
Rodríguez.
42 Ídem. Capítulo desarrollado en la sentencia citada, el cual se prohíja en su esencia.

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V.4.4.2.- El hecho de que tales entidades se encuentren sometidas
a un régimen especial de derecho privado no les hace perder la
calidad de entidades públicas. Las leyes especiales que regulan su
actividad tampoco las abstraen de los deberes u obligaciones
tributarias o contributivas que el legislador ha impuesto al conjunto
de entidades estatales.

V.4.4.3.- La contribución especial de obra pública se genera por la
simple suscripción de un contrato de la misma naturaleza y de
concesión para la construcción, mantenimiento y operaciones de vías
de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o
fluviales con cualquier entidad de derecho público, categoría en la
que, se repite, se encuentran incluidas las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de que
trata el artículo 38 de la Ley 489.

V.4.4.4.- El artículo 6º de la Ley 1106 no hizo depender el hecho
generador de la contribución especial al régimen legal que rigiera las
empresas de servicios públicos domiciliarios ni, menos aún, descartó
que dichas empresas se sometieran a las normas privadas.

V.4.4.5.- El régimen tributario especial que prevé la ley de servicios
públicos para las empresas que los prestan, las sujetó al
ordenamiento fiscal nacional del cual hace parte la contribución
especial de obra pública, y ninguna de las reglas especiales
establecidas en el artículo 24 de la Ley 142 las eximió.

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V.4.5.- De ahí que la Sala estima que no le asiste razón a las
apelantes cuando afirman que hubo falsa motivación en los actos
administrativos demandados, por cuanto se encuentra plenamente
demostrado que las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS
y VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, como representante
legal principal y suplente de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.,
respectivamente, contribuyeron en la producción del daño
patrimonial causado al Estado al no efectuar el recaudo de la
contribución especial equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total de los correspondientes contratos de obra pública que fueron
celebrados durante su gestión, pues actuaron de manera negligente
e imprudente al no dar cumplimiento al mandato contenido en el
artículo 6º de la Ley 1106, con base en argumentos como que el
secretario general de la empresa así lo conceptuó o que existían
posiciones disimiles frente a su aplicación, pues el cargo que
desempeñaban les exigía la mayor diligencia posible y esto implicaba
el acatamiento del ordenamiento jurídico.

Además, el texto del citado artículo es diáfano en prever la obligación
de la contribución de los contratos de obra pública del 5% del valor
total del correspondiente contrato o la respectiva adición, sin que
resulte válido el argumento esgrimido por las demandantes para
excusar tal cumplimiento. Tampoco es de recibo poner en duda la
naturaleza de derecho público de la empresa AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P., la que siendo una empresa de servicios
públicos domiciliarios regional, del orden departamental, de carácter
anónimo y mixto, -conformada por patrimonio público y privado-,

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estaba en la obligación de recaudar y pagar la citada contribución
especial, con ocasión de la celebración de los contratos núms. CO-
001-2007, CO-002-2007, CO-002-2009 y CO-005-2009.

Se evidencia con absoluta claridad el menoscabo patrimonial sufrido
por el Estado, con la no ejecución de las acciones necesarias para
que se diera cumplimiento al mencionado artículo 6º de la Ley 1106,
lo que evidencia que las demandantes actuaron con culpa grave. La
interpretación del referido artículo valida el criterio plasmado en los
actos acusados, en cuanto sugiere que las empresas de servicios
públicos mixtas se encuentran sometidas a la contribución especial
del 5%, sobre el valor total de los contratos de obra pública que
suscriban o de su respectiva adición.

En este punto, se pone de relieve que si bien en la sentencia C-1153
de 2008, la Corte Constitucional admite que existió cierto grado de
imprecisión en la concepción de la contribución especial, ello lo afirma
en torno a la definición del hecho gravado y no del entendimiento de
las entidades públicas cobijadas por esa contribución, argumento
central de las apelantes. Aun así, la Corte estimó que esa
circunstancia no configuraba un vicio de inconstitucionalidad pues
dicha imprecisión no derivaba en una falta de claridad y certeza
insuperable. Lo anterior, porque si bien uno de los elementos del
hecho gravado, -la noción de obra pública-, no aparece definido o
determinado expresamente en la norma, resulta determinable a
partir de ella según lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80.

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V.4.6.-Respecto al argumento según el cual no se probó la culpa en
atención a que la conducta de las accionantes no encajaba en
ninguna de las presunciones establecidas en el artículo 118 de la Ley
1474, la Sala considera que tal argumento carece de soporte jurídico,
pues lo que esta norma dispone es que la determinación de la
culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal, se hace con
fundamento en una conducta dolosa o gravemente culposa por parte
de quien tiene a su cargo gestión fiscal, para lo cual previó algunos
supuestos en los cuales se presumiría que la persona obró con culpa
grave, lo que no significa que este requisito se restrinja a los
supuestos allí establecidos.

Por lo tanto, al no cumplir con las obligaciones a su cargo, las
accionantes están en el deber jurídico de soportar las consecuencias
de su negligente proceder, no resultando válido jurídicamente el
argumento según el cual en otras contralorías departamentales se
han archivado investigaciones por hechos similares a los aquí
estudiados, pues, como ya se dijo, el artículo 6º de la Ley 1106 es
claro en señalar que todas las personas naturales o jurídicas que
suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público
deben pagar a favor de la Nación, departamento o municipio una
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición.

En efecto, las señoras NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y
VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, como representantes
legales principal y suplente, respectivamente, de AGUAS DEL

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MAGDALENA S.A. E.S.P., ejercieron gestión fiscal no solo por la
naturaleza de sus cargos, sino por la naturaleza de los recursos
públicos de los cuales está probado, como ordenadoras del gasto,
que autorizaron los respectivos pagos durante la ejecución de los
citados contratos de obra, sin hacer la retención de la contribución
especial del artículo 6º de la Ley 1106.

Se recuerda que, en tratándose del alcance del concepto de gestión
fiscal y de los sujetos pasivos del proceso de responsabilidad fiscal,
la sentencia de 26 de agosto de 2004 de esta Sección destacó:

“[…] Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que sucede
con la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de gestión fiscal;
empero nada impide a la Sala acudir al concepto que sobre el tema trae
la referida Ley 610 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías”.

El artículo 3º de dicha Ley prevé:

“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los
servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos,
tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden
a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales”.

De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo en el
proceso de responsabilidad fiscal son los servidores públicos y
las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos públicos, cuando al realizar la gestión fiscal, a

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través de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas no
han dado una adecuada planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos, o a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas, causando por
ende con ello detrimento patrimonial al Estado.

Es oportuno traer a colación apartes de la sentencia C-840 de 9 de agosto
de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de
algunas normas de la mencionada Ley:
“(…)
3. Naturaleza y sentido del concepto de Gestión Fiscal.

Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal incorpora la
Constitución de 1991, la ley 610 de 2000 prescribe en su artículo 3 la
noción de gestión fiscal… Como bien se aprecia, se trata de una definición
que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como
universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o
capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico
económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como
basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas
atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre
otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe
jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o
tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los
particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos
o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que
en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o
bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son
predicables de los servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa
o indirectamente en la concreción de los fines del Estado.

Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un
programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con
criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene
que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal
dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita
controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de
que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio
universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como
desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente.
Circunstancia por demás importante si se tienen en cuenta las varias
modalidades de asociación económica que suele asumir el Estado con los

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particulares en la fronda de la descentralización por servicios nacional y/o
territorial. Eventos en los cuales la actividad fiscalizadora podrá
encontrarse con empleados públicos, trabajadores oficiales o
empleados particulares43, sin que para nada importe su
específica condición cuando quiera que los mismos tengan
adscripciones de gestión fiscal dentro de las correspondientes
entidades o empresas.

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la
gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante
de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y
bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los
particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada
del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades
fiscales se trata.

4. El proceso de responsabilidad fiscal.

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5 del
artículo 268 de la Constitución, según el cual el Contralor General de la
República tiene la atribución de establecer la responsabilidad que se
derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma, facultades que a su vez tienen asiento
en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que
realicen los servidores públicos o los particulares en relación con los bienes
y recursos estatales puestos a su cargo. Funciones éstas que por igual se
predican de las contralorías territoriales (art. 272, inc. 6º C.P.).

Conforme a lo anterior, las competencias que asisten a todas las
contralorías se expresan a través de dos momentos teleológicamente
concatenados, sin que el segundo de ellos deba darse necesariamente en
todos los casos. Es decir, en un primer momento las contralorías realizan
el control fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones, formulando al
efecto las correspondientes observaciones, conclusiones,
recomendaciones, y llegado el caso, las glosas que puedan derivarse del
examen de los actos de gestión fiscal seleccionados. Si con ocasión de
esa vigilancia, en forma inmediata o posterior surge alguna información
concerniente a hechos u omisiones eventualmente constitutivos de daño
fiscal, procede la iniciación, trámite y conclusión del segundo momento,
esto es, del proceso de responsabilidad fiscal. El cual, en todo caso, está

43 Tal como ocurre en relación con los empleados de las empresas de servicios
públicos mixtas; y de las empresas de servicios públicos privadas que incorporen aportes
estatales. (arts. 14, numerales 6 y 7, y 41 de la ley 142/94).

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sujeto a la oportunidad que le otorgan las figuras de la caducidad y la
prescripción.

Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien
tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la
vigilancia de los entes de control, con miras a lograr el
resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta
forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener
una declaración jurídica en el sentido de que un determinado servidor
público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del
Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las
actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera
dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos44.

El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa45; de
ahí que la resolución por la cual se decide finalmente sobre la
responsabilidad del procesado constituya un acto administrativo que,
como tal, puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

En este orden de ideas la responsabilidad que se declara a través del
proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la
gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque
busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial
y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del
daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente,
porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y,

44 Op. Cit. SU 620 de 1996.
45 Ciertamente, la Corte ha entendido que los órganos de control llevan a cabo una
administración pasiva que consiste en la verificación de la legalidad, eficacia y eficiencia de
la gestión de la administración activa, esto es, aquella que es esencial y propia de la rama
ejecutiva, aunque no exclusiva de ella, pues los otros órganos del Estado también deben
adelantar actividades de ejecución para que la entidad pueda cumplir sus fines. En este
sentido, "la atribución de carácter administrativo a una tarea de control de la Contraloría no
convierte a esa entidad en un órgano de administración activa, puesto que tal definición
tiene como único efecto permitir la impugnación de esa actuación ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. (…) Es pues una labor en donde los servidores públicos deciden
y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa administración activa
existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones
administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de
gestión de la administración activa." Sentencia C-189 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Ver también Op Cit. SU 620 de 1996, C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera
Vergara.

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finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido
proceso46 según voces del artículo 29 Superior.
(…)
Frente al tema en estudio resulta ilustrativo el Concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, expresado dentro del
Radicado núm. 1522 (4 de agosto de 2003, consejero ponente doctor
Flavio Rodríguez Arce), en el cual se precisó lo siguiente:
(…)
Control y gestión fiscal. Responsabilidad fiscal.- El control fiscal es
una función pública que tiene por objeto la vigilancia de la gestión fiscal
de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes
públicos, ejercida por la Contraloría General de la República47, las
contralorías territoriales y la Auditoría General, que se cumple mediante
el ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados, fundado en
la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos
ambientales, en forma posterior y selectiva conforme a los
procedimientos, sistemas y principios que establece la ley (art. 267 de la
C.P.).

Para el cumplimiento de esta función, se asigna a los organismos de
control la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones que sean del caso, recaudar su
monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la
misma (art. 268.5 de la C.P.).

46 En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho

al debido proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: “la
norma del artículo 29 de la Constitución es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en
cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez
natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de
inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente
o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las
autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión
condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y ano ser juzgado dos
veces por el mismo hecho”.
47 El artículo 119 constitucional señala que “La Contraloría General de la República tiene a

su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”. En
la Asamblea Nacional Constituyente. Informe – ponencia se precisó que “...la función
fiscalizadora es de interés primordial del Estado, en cuanto tiene que ver con el correcto
manejo de las finanzas públicas que son objeto de su atención. Los caudales o recursos que
tienen las actividades gubernamentales provienen del pueblo y a él deben revertir en forma
de servicios. (...) la Contraloría representa a la sociedad en cuanto que es ella la titular de
sus finanzas en último término, pues en principio lo son del Estado. Vela porque los recursos
que le proporciona al Estado estén correctamente manejados”. (Gaceta Constitucional 59,
jueves 25 de abril de 1991).

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Para deducir responsabilidad fiscal, es preciso que la conducta reprensible
se haya cometido en ejercicio de la gestión fiscal, definida en el artículo
3° de la ley 610 de 2000 así:

“Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal
el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos,
tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de
sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales”.

De ésta definición legal de gestión fiscal48, armonizada con las
disposiciones siguientes de la ley 610 y dada su inescindible interrelación,
se desprenden múltiples consecuencias: determina el objeto de la
gestión; se tiene en cuenta para establecer el alcance, objeto y elementos
de la responsabilidad fiscal, esto es, el resarcimiento de los daños
ocasionados al patrimonio como consecuencia de la conducta dolosa o
culposa de quienes realizan gestión fiscal (arts. 4° y 5°), así como la
causación de un daño patrimonial al Estado producida por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna (art.
6°)49.

48 Sobre el concepto de gestión fiscal, esta Sala expresó en la Radicación No 848 de 1996
: “Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas
con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los
bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica
pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Dentro del género de
entidades públicas queda comprendido el Banco de la República.” Por su parte la Corte
Constitucional en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...el concepto de gestión fiscal alude
a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de
recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y
disposición. “Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer
si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en
las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por
las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o
señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las
entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas
y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos
de la administración (Ley 42 de 1993, arts. 8° a 13)”.
49 Sentencia C- 840/01: “...el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores

públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado. Criterios éstos

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Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar
y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta
causen, por acción u omisión, un daño al patrimonio del Estado (art. 1°)50.

La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no comporta el
ejercicio de gestión fiscal y, por tanto resulta procedente dictar auto de
archivo del proceso de responsabilidad fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo,
de existir efectiva lesión al patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la
correspondiente responsabilidad patrimonial por otra vía, como se verá
más adelante.

En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la
afectación del patrimonio público en desarrollo de actividades
propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los
servidores públicos o los particulares que administren o manejen
bienes o recursos públicos. Al respecto la Corte Constitucional, al
resolver sobre la constitucionalidad del artículo 1° 9 de la ley 61051,
señaló:

que en lo pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado (...)
Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control
fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores
públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal
dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás
servidores. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o
con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la
óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente.” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto).
50 Sentencia C- 840/01: “Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene

a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con
miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el
proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el
sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o
bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares
en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros
públicos Op. Cit. SU 620 de 1996. (...) la responsabilidad que se declara a través del proceso
fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los
bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con
dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el
resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente,
porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su
trámite deben acatarse las garantías del debido proceso.” // V. sent. C- 477/01. (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).
51 “Artículo 1°. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la

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“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se
justifica en la medida en que los actos que la materialicen
comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para
con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se
impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación
para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión
de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se
desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de
recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre
otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales
que en sus respetivos ámbitos convocan la atención de los
servidores públicos y los particulares responsables del manejo de
fondos o bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango
derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente
dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto
se trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad
administrativa. De allí que, según se vio en párrafos anteriores, el
ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia
o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno
a una específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de
plano cualquier relación tácita, implícita o analógica que por su
misma fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la infracción.
De suerte tal que sólo dentro de estos taxativos parámetros puede
aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y aplicación
del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al
desdibujamiento de la esencia propia de las competencias,
capacidades, prohibiciones y responsabilidades que informan la
gestión fiscal y sus cometidos institucionales.

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal
comprende la vigilancia del manejo y administración de
los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las
contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y
deducir responsabilidades en cabeza de quienes en el
manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión,

responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la
gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa
un daño al patrimonio del Estado.” (El aparte subrayado fue declarado condicionalmente
exequible en la sentencia C- 840/01).

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causen daño al patrimonio del Estado por acción u
omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no
tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y
mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades
fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos
resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige
en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas
públicas. Universo fiscal dentro del cual transitan como
potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y
personas de las entidades que profieran decisiones
determinantes de gestión fiscal, así como quienes
desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y
coordinación, contratistas y particulares que causen
perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y
cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en
razón de sus poderes y deberes fiscales […]”52 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Lo anterior pone de manifiesto que las apelantes, señoras NHORA
ELENA CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO, en representación legal de AGUAS DEL MAGDALENA
S.A. E.S.P., -empresa de servicios públicos domiciliarios mixta,
organizada como sociedad por acciones, del orden departamental-,
sí ejercieron gestión fiscal al haber autorizado y pagado las facturas
que los contratistas radicaron durante la ejecución de los contratos
civiles de obra núms.: CO-001-2007 de 6 de junio de 2007, -
celebrado con el CONSORCIO SAN ÁNGEL-; CO-002-2007 de 6 de
junio de 2007, -suscrito con la SOCIEDAD SUÁREZ Y SILVA LTDA.
INGENIEROS CONTRATISTAS (HOY ODEKA)-; CO-002-2009 de
16 de abril de 2009, -firmado con EDWAR ENRIQUE EGURROLA

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

26 de agosto de 2004, número único de radicación 05001233100019970209301, consejero
ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Reiterada en sentencia de 19 de mayo de 2016,
número único de radicación 68001-23-33-000-2013-01024-01, consejero ponente María
Elizabeth García González.

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HERNÁNDEZ-; y CO-005-2009 -celebrado con JAIME ENRIQUE DE
LEÓN BALLUT-, esto es que dispusieron de recursos públicos a su
cargo sin adoptar las medidas tendientes a recaudar y pagar la
contribución especial establecida en el artículo 6º de la Ley 1106.

Respecto del argumento según el cual la Ordenanza núm.014 de 30
de diciembre de 2008 no incluyó a la empresa AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. como recaudadora de la citada
contribución, la Sala advierte que no es de recibo porque siendo la
Ley 1106 el instrumento jurídico que impuso, con claridad y
taxatividad, los elementos propios de la contribución especial, en los
términos explicados por la jurisprudencia constitucional y
contenciosa administrativa, no se requiere de la intervención o
convalidación de la Asamblea departamental del Magdalena para
proceder con su recaudo y pago, menos aun cuando los detalles de
dicha operación tampoco fueron delegados a las corporaciones
político administrativas del orden territorial, sino que fueron
asumidas por el legislador en su integridad.

V.4.7.- En cuanto a la discusión acerca de la naturaleza jurídica de
la empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.53, la Sala reitera
que se trata de una empresa de servicios públicos domiciliarios
regional, del orden departamental, de carácter anónimo y mixto, -
conformada por patrimonio público y privado-, en la cual el
departamento del Magdalena tiene una participación accionaria del

53 Tal y como consta en la escritura pública de constitución 1499 del 23 de junio de 2006.

Folios 199 a 250, C.2

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75%, sumado a la Corporación para la Promoción Turística Tayrona-
CORPOTAYRONA con el 10.25% del capital accionario, el CENTRO DE
EDUCACIÓN EN SALUD DEL MAGDALENA GABRIEL ANGULO-
CESMAG con el 2.25%, la Cámara de Comercio de Santa Marta con
el 6.25% y FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA
BANANERA DE SANTA MARTA, FUNDEBAN con el 6.25%, lo que
indefectiblemente la hacía sujeto de la contribución establecida en el
artículo 6º de la Ley 1106.

En este caso, el hecho de que la empresa de servicios públicos
domiciliarios mixta, AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.,
constituida bajo la forma de sociedad por acciones, de carácter
mixto, -capital público y privado-, esté regulada por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, solo por vía de
excepción, no significa que no le sea aplicable el artículo 6º de la Ley
1106, habida cuenta que esta disposición simplemente hace alusión
a la celebración del contrato de obra pública entre una persona
natural o jurídica y una entidad de derecho público, sin distinguir si
se deriva de un régimen de derecho privado o si debe ceñirse al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Ahora, el que una entidad estatal se cree, o se constituya, o se rija
por el derecho privado no hace que su naturaleza jurídica
necesariamente sea de derecho privado, pues este criterio
desconocería que el legislador, en muchos campos, -pero no en
forma absoluta-, tiene la potestad de escoger el régimen jurídico de

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las entidades que crea o autoriza crear, sin que ello desdibuje su
naturaleza de entidad pública.

En efecto, el legislador no distinguió el régimen contractual aplicable
y tampoco ha exceptuado del pago de ese tributo a quienes contraten
con este tipo de empresas. Así pues, adquiere relevancia en este
punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual si se considera que
determinado ente es estatal, -AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P., sociedad por acciones-, y celebra un contrato de obra, sí está
en el supuesto de la descripción del hecho gravado que prevé el
artículo 6º de la Ley 1106.

De lo anterior, es jurídicamente viable considerar, como lo hizo la
Corporación en la citada jurisprudencia, que la categoría “contratos
estatales” no puede quedar exclusivamente referida a los actos
contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas en
la Ley 80, sino que habría que reconocer que desde el punto de vista
material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica
que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebren las
entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto
General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a
regímenes especiales. De ahí que se dable hablar genéricamente de
dos tipos de contratos: contratos estatales regidos por la Ley 80 y
contratos estatales especiales como los núms. CO-001-2007, CO-
002-2007, CO-002-2009 y CO-005-2009, celebrados por AGUAS
DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.

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Por lo mismo, observa la Sala que los contratos civiles de obra núms.
CO-001-2007, CO-002-2007, CO-002-2009 y CO-005-2009, son
contratos estatales especiales, celebrados por particulares y una
empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, -AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P.-, entidad pública del orden
departamental, organizada como sociedad por acciones, de carácter
anónimo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2º y 32 de la Ley
80, y la interpretación jurisprudencial desarrollada por la Corte
Constitucional y esta Corporación, así como la doctrina de la DIAN.

Es decir que, independientemente del régimen jurídico que le
resultara aplicable a la empresa AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P., era su deber recaudar la contribución especial establecida en
el artículo 6º de la Ley 1106, pues como empresa de servicios
públicos domiciliarios mixta del orden departamental, constituida
como sociedad por acciones, como ya se indicó, hace parte del sector
descentralizado por servicios que, junto con las entidades del sector
central, integran la rama ejecutiva del poder público en el orden
nacional, conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de
29 de diciembre de 199854.

No es cierto que existieran posiciones divergentes en cuanto a la
aplicabilidad de la referida norma a las empresas de servicios
públicos de economía mixta, específicamente a AGUAS DEL

54 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.

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MAGDALENA S.A. E.S.P., pues la disposición es clara en establecer
el deber de recaudo en cabeza de las entidades de derecho público
que celebran contratos de obra.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que la CONTRALORÍA
sí logró acreditar los tres elementos de la responsabilidad fiscal en el
presente caso, debido a que:

i) Existió una conducta gravemente culposa en cabeza de quienes,
como representante legal, principal y suplente, de AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. y por tanto gestoras fiscales, omitieron
recaudar la contribución especial establecida en el artículo 6º de la
Ley 1106.

ii) Hubo daño patrimonial al Estado, consistente en la omisión de
recaudo a favor del departamento del Magdalena, de la contribución
especial del 5% del valor de los contratos de obra pública,
identificados con los núms. CO-001-2007, CO-002-2007, CO-002-
2009 y CO-005-2009, celebrados por AGUAS DEL MAGDALENA
S.A. E.S.P.

iii) Y se probó el nexo causal, toda vez que se pudo demostrar que
el daño al patrimonio público fue producto de la omisión de las
gestoras fiscales, pues si no hubiesen soslayado el referido recaudo
no habría dejado de ingresar al patrimonio público los emolumentos
por dicho concepto, evidenciándose así que ésta fue la causa idónea
y eficiente para la producción del daño.

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V.4.8.- En cuanto al monto que debe resarcir la señora VICTORIA
LUISA BENAVIDES MERLANO y que, según su defensa, no
coincide con aquel por el cual fue investigada, -falta de congruencia-
, la Sala se remite a lo establecido en el artículo 119 de la Ley 1474
que señala que “[…] en los procesos de responsabilidad fiscal,
acciones populares y acciones de repetición en los cuales se
demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado
proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos
irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto
del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y
con las demás personas que concurran al hecho, hasta la
recuperación del detrimento patrimonial […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Lo anterior significa que cuando más de una persona participa en la
causación del hecho dañoso, todas deberán responder
solidariamente por el monto de este, como ocurrió en el presente
caso en el que tanto la representante legal principal como la suplente
concurrieron en su acaecimiento y, por lo tanto, estaban llamadas a
responder por este.

Ahora bien, frente a la supuesta violación al principio de congruencia
que debía regir el procedimiento fiscal, habida cuenta que en el auto
de imputación se le endilgó la suma de $51.298.177,25, mientras
que en el fallo con responsabilidad fiscal se le ordenó reembolsar
$661.707.628,48, cuando lo correcto era condenarle a resarcir el

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daño solo por la acción u omisión explícita que se hubiese probado,
al respecto la Sala pudo corroborar que a lo largo del proceso de
responsabilidad fiscal quedó establecido que la investigación que se
adelantaba en contra de las actoras incluyó todas las autorizaciones
y pagos suscritos por estas, con ocasión de los contratos civiles de
obra núms. CO-001-2007, CO-002-2007, CO-002-2009 y CO-005-
2009, en las que no hubo retención y pago de la contribución especial
del artículo 6º de la Ley 1106, por lo cual la imputación sí podía
hacerse extensiva con posterioridad a otros valores comprendidos en
las evidencias allegadas al proceso luego del ejercicio de acopio
probatorio, dependiendo del curso que tomara la investigación fiscal,
de lo que se deduce que las demandantes sí las conocieron desde el
inicio del proceso.

El fallo con responsabilidad fiscal que aquí se cuestiona, contrario a
lo sostenido en la apelación, sí respetó el derecho al debido proceso
de las demandantes habida cuenta que no las sorprendió con
elementos diferentes a la imputación, pues indudablemente ésta se
hizo de manera provisional y supeditada a la verificación de los
documentos allegados al expediente, sin incurrir en incongruencia
alguna55.

Así las cosas, en aras de resolver este argumento, se hace necesario
verificar la participación de las apelantes en la omisión de recaudar
y pagar la contribución especial del 5% sobre los mencionados

55 Al respecto ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 15 de marzo de 2018, número único de radicación
27001233100020120003001, consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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contratos de obra, -artículo 6º de la Ley 1106-, para lo cual Sala
entrará a revisar los actos acusados y el acervo probatorio
pertinente:

(i) En el contrato civil de obra núm. CO-001-2007 de 6 de junio de
2007, celebrado por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. con el
CONSORCIO SAN ÁNGEL, con una duración inicial de dieciocho
(18) meses, por valor de $9.170.303.948, se pudo constatar que la
señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO autorizó y pagó
las sumas de $244.282.129, por concepto de la factura núm. 00956;
y $517.823.056, por concepto de la factura núm. 01057, en calidad
de gerente suplente. El valor restante fue autorizado y pagado por la
señora NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS58.

Aclarado ello, se tiene que respecto de este contrato de obra el monto
del detrimento patrimonial a resarcir ascendió al valor actualizado de
$617.775.237, -cálculo actuarial efectuado en los actos acusados-,
el que debía ser pagado de forma solidaria entre las señoras
VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO y NHORA ELENA
CAGHUANA BURGOS, y el CONSORCIO SAN ÁNGEL, como en
efecto se dispuso en la parte resolutiva de la condena fiscal.

Con fundamento en lo anterior, y en que no se aportaron pruebas en
contrario, la Sala no encuentra motivos para reconsiderar lo decidido

56 Folios 1123 y 1124, cuaderno núm. 6.
57 Folios 68 y 69, cuaderno núm. 4.
58 Folios 25 a 71, cuaderno núm. 4.

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por el ente de control respecto de las apelantes en el citado contrato
de obra.

(ii) En el contrato civil de obra núm. CO-002-2007 de 6 de junio de
2007, suscrito por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. con la
SOCIEDAD SUÁREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROS
CONTRATISTAS (HOY ODEKA), con una duración inicial de
dieciocho (18) meses, por valor de $10.029.048.106, se observa que
la señora SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ autorizó y pagó la
suma de $39.840.668, por concepto de las facturas 398 a 400, en
calidad de gerente; sin embargo, como consta en el expediente, la
acción fiscal cesó a su favor por haber resarcido el daño en valor de
$1.992.033, -circunstancia no debatida en el proceso-.

El valor restante fue autorizado y pagado por la señora NHORA
ELENA CAGHUANA BURGOS59, por lo cual el detrimento a resarcir
ascendió a $675.626.196, valor del cual se descontó la suma de
$1.992.033, -pagado por la señora SARA INÉS CERVANTES
MARTÍNEZ-, para un detrimento patrimonial restante de
$673.634.163 que debían ser pagados de forma solidaria por la
señora NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS y la SOCIEDAD
SUÁREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS (HOY
ODEKA), como en efecto se dispuso en la parte resolutiva de la
condena fiscal.

59 Folios 72 a 115, cuaderno núm. 4.

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Comoquiera que no se aportaron pruebas en contrario, la Sala no
encuentra motivos para reconsiderar lo decidido por el ente de
control respecto de la apelante en el citado contrato de obra.

(iii) En el contrato civil de obra CO-002-2009 de 16 de abril de 2009,
firmado por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. con el señor
EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ, con una duración
inicial de tres (3) meses, por valor de $724.043.281, la señora
NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS60, en calidad de gerente,
autorizó y pagó las facturas durante la ejecución de este.

Se observa que los actos acusados mencionaron, en este punto, que
la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO también
autorizó y pagó las sumas de $98.719.624, por concepto de la factura
núm. 01461; y $124.752.068, por concepto de la factura núm. 01562,
en calidad de gerente suplente. Y que, como el detrimento
patrimonial se había calculado en $43.932.390, estos debían ser
pagados de forma solidaria por las señoras NHORA ELENA
CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO, y el contratista EDWAR ENRIQUE EGURROLA
HERNÁNDEZ, como en efecto se dispuso en la parte resolutiva de la
condena fiscal.

No obstante, en este punto, la Sala logró corroborar un evidente
error de apreciación de las pruebas observadas contra la señora

60 Folios 116 a 134, cuaderno núm. 4.
61 Folios 1131 y 1132, cuaderno núm. 6.
62 Folios 1133 y 1134, cuaderno núm. 6.

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VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, porque si bien ella sí
firmó las autorizaciones y pagos de las facturas núms. 014 y 015,
por valores de $98.719.624 y $124.752.068, respectivamente, a
favor del contratista EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ,
lo cierto es que lo hizo en el marco de un contrato de obra distinto al
núm. CO-002-2009 de 16 de abril de 2009, -ampliación y
optimización del sistema de acueducto en el municipio de Algarrobo
(Magdalena)-, y que no fue incluido en el proceso de responsabilidad
fiscal que culminó con los actos acusados en el caso sub iudice, esto
es el contrato civil de obra núm. CO-006-2009, cuyo objeto también
fue la ampliación y optimización de un sistema de acueducto pero del
municipio de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), información que
se desprende de las autorizaciones de 15 y 19 de abril de 2010, las
órdenes de pago núms. 040-2010 Acta de obra de 15 de abril de
2010 y 043-2010 Acta de obra de 19 de abril de 201063.

Por lo tanto, queda desvirtuada la participación de la señora
VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO en la producción del
daño patrimonial causado por la omisión del recaudo de la
contribución especial en el contrato civil de obra núm. CO-002-2009
de 16 de abril de 2009, al quedar demostrado que dicha vinculación
se hizo a partir de pruebas que no se predican de aquel sino del
contrato civil de obra núm. CO-006-2009, contrato este que, como
ya se dijo, no hizo parte del proceso de responsabilidad fiscal en
comento, por lo que resulta configurada así la falsa motivación del
acto en lo que a este aspecto se refiere.

63 Folios 1131 a 1134, cuaderno núm. 6.

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Por lo precedente, la Sala procederá a revocar, parcialmente, la
sentencia de 25 de julio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y, en su lugar, declarará la nulidad
parcial tanto del Fallo con responsabilidad fiscal de 13 de
octubre de 2015, como del Auto de 4 de noviembre de 2015 y
la Resolución núm. CON 100-22-406 de 4 de diciembre de
2015, solo en lo que guarda relación con la condena fiscal que se le
impuso a la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, por
el detrimento patrimonial originado en la ausencia de recaudo y pago
de la contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en
el contrato civil de obra núm. CO-002-2009 de 16 de abril de 2009,
celebrado entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor
EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ, manteniéndose
incólume, en lo demás, los actos acusados.

En consecuencia, la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO no estará llamada a responder fiscalmente, ni en forma
solidaria, por el daño patrimonial calculado en $43.932.390.78, por
concepto de la contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106 de
2006 que debió recaudarse y pagarse, exclusivamente, en el contrato
civil de obra núm. CO-002-2009 de 16 de abril de 2009, celebrado
entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor EDWAR
ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ.

Y (iv) en el contrato civil de obra núm. CO-005-2009 celebrado por
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. con el señor JAIME

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ENRIQUE DE LEÓN BALLUT, con una duración inicial de tres (3)
meses, por valor de $280.187.530, el detrimento patrimonial a
resarcir ascendió a la suma de $17.000.789 que debían ser pagados,
de forma solidaria, por la señora NHORA ELENA CAGHUANA
BURGOS, -quien autorizó y pagó las respectivas facturas64-, y el
contratista JAIME ENRIQUE DE LEÓN BALLUT.

Toda vez que no se aportaron pruebas en contrario, la Sala no
encuentra motivos para revocar lo decidido por el ente de control
respecto de las apelantes en el citado contrato de obra.

V.4.9.- Ahora, en cuanto a la supuesta falta de competencia de
parte de la CONTRALORÍA para adelantar el proceso en contra de
las actoras, debido a que AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. no
se encuentra ni adscrita ni vinculada al departamento, basta con
señalar que la mencionada empresa fue constituida como del orden
departamental de Magdalena, tal y como se evidencia de su escritura
pública de constitución, razón por la que al tenor de lo establecido en
el artículo 6º de la Ley 1106, era este ente territorial el beneficiario
de la contribución allí establecida. De ahí que, conforme a lo previsto
en el artículo 1º de la Ley 330, correspondía a la CONTRALORÍA
ejercer la función pública de control fiscal en su jurisdicción.

V.4.10.- Con relación al cargo de expedición irregular de los actos
acusados, las apelantes sostienen que con la expedición de la
Resolución núm. CON 100-22-189 de 14 de agosto de 2014,

64 Folios 146 a 157, cuaderno núm. 4.

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mediante la cual la CONTRALORÍA aclaró la Resolución núm. CON
100-22-167 de 21 de julio de 2014, que había declarado la nulidad
de todo lo actuado a partir del auto de apertura e imputación de la
investigación, para entonces hacerlo desde la audiencia de
descargos, se infringieron reglas de carácter procesal y debido
proceso, por cuanto dicha aclaración desbordó las facultades legales
establecidas en los artículos 45 de la Ley 1437 y 309 y 310 del Código
de Procedimiento Civil, vigente para la época.

Al respecto, la Sala observa que la expedición de la Resolución núm.
CON100-22-189 de 14 de agosto de 2014, no vulneró, bajo
circunstancia alguna, el debido proceso de las actoras ni supuso la
expedición irregular de los actos acusados, en la medida en que se
limitó a rectificar el momento desde el cuál debía surtir efectos la
nulidad recientemente decretada a través de la Resolución núm. CON
100-22-167 de 21 de julio de 2014, esto es desde la audiencia de
descargos, para luego proceder a la vinculación formal de las señoras
SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ y VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO.

Lejos de constituir una camisa de fuerza que le impida al ente de
control recomponer, sanear o depurar total o parcialmente el trámite
surtido, el proceso de responsabilidad fiscal le permite al operador
hacer uso de los mecanismos que le provee la codificación
administrativa para corregir el curso, incluso rectificando aquellas
decisiones que adolezcan de errores formales o involuntarios, así:
“[…] Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier

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tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada
o comunicada a todos los interesados, según corresponda […]”.

Un error involuntario de digitación fue lo invocado por la
CONTRALORÍA como sustento principal para la expedición de la
Resolución núm. CON 100-22-189 de 14 de agosto de 2014, sin que
las apelantes hubieran logrado desvirtuar dicha circunstancia y, aun
así, sin que ello tuviese la entidad necesaria, en cualquier caso, de
viciar de nulidad los actos demandados.

V.4.11.- Finalmente, sobre el cargo de nulidad de desviación de
poder fundado en que el órgano de control fiscal excedió las
atribuciones que la Ley le otorga, haciendo uso de su posición
dominante, sin contar con pruebas que respaldaran la
responsabilidad de las accionantes, la Sala considera que no está
llamado a prosperar, debido a que como quedó ampliamente
expuesto en el análisis previamente realizado, la CONTRALORÍA
contó con el suficiente respaldo jurídico, fáctico y probatorio para
endilgarle responsabilidad fiscal a las señoras NHORA ELENA
CAGHUANA BURGOS y VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO.

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BENAVIDES MERLANO

Las actoras, además, agregaron que los actos acusados se expidieron
con base en argumentos subjetivos y elucubraciones que
prescindieron de los principios de buena fe y presunción de inocencia,
frente a lo cual la Sala pone de presente que estos aspectos son
ajenos al concepto jurisprudencial de desviación de poder.

V.4.12.- En conclusión, los actos administrativos demandados no se
encuentran falsamente motivados, están sustentados en las normas
que rigen el proceso de responsabilidad fiscal y no fueron proferidos
de forma irregular ni con desviación de poder, como se señaló en los
párrafos anteriores, razón por la cual estos cargos de nulidad no
están llamados a prosperar, salvo en lo que guarda relación con la
participación de la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO en la producción del daño patrimonial derivado de la
omisión de recaudar y pagar la contribución especial del artículo 6º
de la Ley 1106, respecto del contrato civil de obra núm. CO-002-
2009 de 16 de abril de 2009.

V.4.13.- En virtud de lo establecido en los artículos 188 de la Ley
1437 y 365, numeral 1, del Código General del Proceso, la Sala no
encuentra prueba que demuestre la causación de las costas, razón
por la que no condenará a la parte vencida a sufragarlas.

V.4.14.- La Sala, con fundamento en lo considerado, procederá a
revocar, parcialmente, la sentencia de 25 de julio de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, declarará
la nulidad parcial tanto del Fallo con responsabilidad fiscal de 13

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BENAVIDES MERLANO

de octubre de 2015, como del Auto de 4 de noviembre de 2015
y de la Resolución núm. CON 100-22-406 de 4 de diciembre de
2015, solo en lo que guarda relación con la condena fiscal que se le
impuso a la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES MERLANO, por
el detrimento patrimonial originado en la ausencia de recaudo y pago
de la contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en
el contrato civil de obra núm. CO-002-2009 de 16 de abril de 2009,
celebrado entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor
EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ, manteniéndose
incólume, en lo demás, los actos acusados.

En consecuencia, la señora VICTORIA LUISA BENAVIDES
MERLANO no estará llamada a responder fiscalmente, ni en forma
solidaria, por el daño patrimonial calculado en $43.932.390.78, por
concepto de la contribución especial del artículo 6º de la Ley 1106 de
2006 que debió recaudarse y pagarse, exclusivamente, en el contrato
civil de obra núm. CO-002-2009 de 16 de abril de 2009, celebrado
entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor EDWAR
ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

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BENAVIDES MERLANO

PRIMERO: REVOCAR, parcialmente, la sentencia de 25 de julio de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en
su lugar, DECLARAR la nulidad parcial tanto del Fallo con
responsabilidad fiscal de 13 de octubre de 2015, como del Auto
de 4 de noviembre de 2015 y de la Resolución núm. CON 100-
22-406 de 4 de diciembre de 2015, solo en lo que guarda relación
con la condena fiscal que se le impuso a la señora VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO, por el detrimento patrimonial originado en
la ausencia de recaudo y pago de la contribución especial del artículo
6º de la Ley 1106 de 2006, en el contrato civil de obra núm. CO-002-
2009 de 16 de abril de 2009, celebrado entre AGUAS DEL
MAGDALENA S.A. E.S.P. y el señor EDWAR ENRIQUE EGURROLA
HERNÁNDEZ, manteniéndose incólume, en lo demás, los actos
acusados por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, la señora VICTORIA LUISA
BENAVIDES MERLANO no está llamada a responder fiscalmente, ni
en forma solidaria, por el daño patrimonial calculado en
$43.932.390.78, por concepto de la contribución especial del artículo
6º de la Ley 1106 de 2006 que debió recaudarse y pagarse,
exclusivamente, en el contrato civil de obra núm. CO-002-2009 de
16 de abril de 2009, celebrado entre AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P. y el señor EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNÁNDEZ.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 25 de julio
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

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CUARTO: NEGAR la condena en costas a la parte vencida.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 15 de febrero de 2024.

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES OSWALDOGIRALDOLÓPEZ
Presidente Salvavoto

NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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