Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2017-00113-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones1 y Universidad del
Magdalena
Vinculada: Leonor Rubio Martínez
Tema: Sustitución pensional. Pensión de jubilación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada,
contra la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Nelly María Canales Córdoba presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
1 En adelante Colpensiones.
2 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 2 a 14.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se
declarara la nulidad de las Resoluciones GNR 233038 del 9 de agosto de 2016, GNR
391154 del 27 de diciembre de 2016 y VPB 4991 del 7 de febrero de 2017, mediante
las cuales Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de una sustitución
pensional.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la sustitución pensional en calidad de cónyuge de Miguel Alberto Cantillo
Mattos; ii) el pago del retroactivo pensional desde el 21 de junio de 2015; iii) el pago
de los intereses moratorios; iv) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo
192 del CPACA; y v) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Nelly María Canales Córdoba convivió con el causante desde el año 1978. El 7
de enero de 2000 contrajeron matrimonio civil.
3.2. Posteriormente el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta decretó el divorcio
del matrimonio civil en audiencia del 17 de abril de 2012, no obstante, continuaron
con la convivencia y el 23 de octubre de 2013 contrajeron nuevamente matrimonio.
Fruto de esta relación nació su hijo José María Cantillo Canales.
3.3. Miguel Alberto Cantillo Mattos falleció el 21 de junio de 2015.
3.4. El 9 de junio de 2016 la demandante solicitó ante Colpensiones la sustitución
pensional, petición que fue negada a través de las resoluciones GNR 233038 del 9
de agosto de 2016, 391154 del 27 de diciembre de 2016 y VPB 4991 del 7 de febrero
de 2017, pues la entidad consideró que no se demostró una convivencia dentro de
los últimos 5 años anteriores a la muerte del causante.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 22 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos
3 En adelante CPACA.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
Económicos, Sociales y Culturales; Código Iberoamericano de la Seguridad Social;
47 de la Ley 100 de 1993; 13 de la Ley 797 de 2003; y 6 de la Ley 1204 de 2008.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 4:
5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, porque
Colpensiones le negó la sustitución pensional, pese a que tenía derecho a la
prestación pues cumplió con los requisitos previstos en la ley.
5.2. Con los actos demandados se transgredió el derecho fundamental a la seguridad
social, pues en el momento del fallecimiento, la sociedad conyugal estaba vigente,
y demostró que convivió 5 años con el causante, por lo cual tenía derecho a la
sustitución pensional en calidad de cónyuge.
1.2. Contestación de la demanda
6. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
los siguientes argumentos5:
6.1. Los actos demandados fueron proferidos de acuerdo con los presupuestos
constitucionales y legales, pues no se acreditó el requisito de 5 años de convivencia
anteriores al deceso del causante de forma ininterrumpida para acceder a la
sustitución pensional.
6.2. Las resoluciones GNR 233038 del 9 de agosto de 2016, GNR 391154 del 27 de
diciembre de 2016 y VPB 4991 del 7 de febrero de 2017, fueron proferidas de
acuerdo con las normas aplicables y se encuentran sujetas a derecho.
6.3. Propuso las excepciones que denominó i) inexistencia de las obligaciones
reclamadas; ii) cobro de lo no debido; iii) compensación; iv) buena fe; y v)
prescripción.
7. La Universidad del Magdalena se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con los siguientes argumentos6:
4 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 5 a 11.
5 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 122 a 133.
6 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 148 a 179.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
7.1. La pensión de jubilación reconocida al causante fue subrogada a Colpensiones,
por lo cual quedó a su cargo la diferencia para el pago de esta.
7.2. En el trámite administrativo no se demostró el requisito de 5 años de convivencia
anteriores al deceso del causante, por lo cual solicitó a la demandante su
consentimiento para revocar la Resolución 387 del 18 de diciembre de 2015 en la
que «reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes causada por el
fallecimiento de Miguel Alberto Cantillo Mattos a Nelly María Canales Córdoba».
7.3. No obstante, a través de oficio del 14 de julio de 2016 «Nelly María Canales da
respuesta a la Dirección de Talento Humano de la Universidad del Magdalena, y expresa
su desacuerdo con respecto a la revocatoria directa de la Resolución 387 del 18 de
diciembre de 2015».
7.4. Por lo anterior, como Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, la institución educativa no podía pagar la diferencia de la
prestación y que fue reconocida mediante la Resolución 387 del 18 de diciembre de
2015.
7.5. Propuso las excepciones que denominó i) «no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios – Leonor Rubio Martínez»; ii) «las actuaciones surtidas por la
Universidad del Magdalena fueron proferidas en virtud de la buena fe»; iii) prescripción; y
iv) genérica.
8. Leonor Rubio Martínez a través de Curador Ad - Litem se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos7:
8.1. No le consta la convivencia desde el año 1978, pero de las pruebas
documentales se evidencia que la demandante contrajo matrimonio con el causante
el 7 de enero de 2000, con posterioridad se divorciaron y contrajeron matrimonio
civil el 23 de octubre de 2013.
8.2. En el trámite del proceso judicial a la vinculada se le convocó en el lapso de 3
años para que pudiera ejercer sus derechos en el presente litigio, pero no acudió
con la finalidad de acceder a la sustitución pensional.
8.3. No propuso excepciones.
7 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 558 a 560.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
1.5. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia proferida el 1° de
septiembre de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a las demandadas, con sustento en los siguientes argumentos8:
9.1. Se demostró que Nelly María Canales Córdoba estuvo casada con el causante
a partir del 7 de enero de 2000 y se divorciaron el 17 de abril de 2012, pero el 23 de
octubre de 2013 contrajeron matrimonio y la unión perduró hasta el deceso de su
cónyuge.
9.2. Se mantuvo el vínculo matrimonial durante 12 años y aunque se divorciaron por
18 meses, con posterioridad contrajeron nupcias y convivieron hasta la muerte del
causante.
9.3. En los actos acusados no se aplicó lo previsto en los artículos 47 y 74 de la Ley
100 de 1993, y 13 de la Ley 797 de 2003, pues exigió un requisito que no se
encontraba previsto en dichas normas para acceder a la sustitución pensional, pues
se debió acreditar 5 años de convivencia durante cualquier tiempo.
9.4. En ese orden, se acreditó que Nelly María Canales Córdoba y Miguel Alberto
Cantillo Mattos convivieron más de 5 años, por lo tanto, tenía derecho a la
sustitución pensional.
9.5. En consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones GNR 233038 del 9 de
agosto de 2016, GNR 391154 del 27 de diciembre de 2016 y VPB 4991 del 7 de
febrero de 2017, y ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la sustitución pensional
a Nelly María Canales Córdoba a partir del 22 de junio de 2015.
9.6. No impartió una orden judicial a la Universidad del Magdalena, pues la entidad
no profirió los actos administrativos acusados, «sino que está plenamente acreditado
que hizo el reconocimiento pensional deprecado por la demandante, y en ese orden de
ideas se le conmina a que continúe cumpliendo con la obligación respecto de la pensión
subrogada por Colpensiones».
1.6. Los recursos de apelación
10. Colpensiones interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así9:
8 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, pdf 21Sentencia.
9 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, pdf 24Recurso Apelación.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
10.1. El tribunal no tuvo en cuenta que no se cumplieron con los requisitos legales
para acceder a la sustitución pensional, porque Nelly María Canales Córdoba y el
causante no convivieron durante los 5 años anteriores al deceso de manera
ininterrumpida.
10.2. Noera posible el reconocimiento de la prestación, pues de las pruebas
aportadas se demostró que ya no era esposa del causante y tampoco convivían
juntos después de su separación, por lo que no se acreditó el requisito de la
convivencia.
10.3. En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia contenida en las sentencias
SL1399-2018 y SL4047-2019, era requisito indispensable para acceder a la
prestación en calidad de cónyuge supérstite que el vínculo matrimonial se
encontrara vigente, y que existió una convivencia de 5 años, así no se verificara una
comunidad de vida al momento de la muerte del causante.
10.4. Además, dicha Corporación ha precisado que para acceder a la prestación si
hubo una separación de hecho, se tiene en cuenta la vigencia del vínculo
matrimonial, «por lo cual la separación de bienes o la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho.».
10.5. El
a quo no observó que la demandante se divorció, por lo cual no era
beneficiaria de la sustitución pensional, pues era indispensable el vínculo
matrimonial para acceder a la prestación.
10.6. De las pruebas aportadas en el proceso no se cumplió con el requisito de 5
años de convivencia continua con anterioridad al deceso del causante, por lo cual
no era procedente el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
10.7. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y negar las
pretensiones de la demanda.
11. La Universidad del Magdalena interpuso recurso de apelación, el cual sustentó
así10:
11.1. El tribunal no impartió orden judicial a la institución, no obstante, la orden a
Colpensiones afectó sus intereses porque se trataba de una pensión que fue
10 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, pdf 25 Apelación Unimag.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
subrogada al fondo de pensiones, y la Universidad del Magdalena paga la diferencia
de la prestación.
11.2. El a quo no tuvo en cuenta que en los testimonios se reconoció la separación
entre Nelly María Canales Córdoba y el causante, y «cuando se les indagaba sobre la
falta de convivencia durante la separación, contestaban con evasivas y contradiciéndose
en sus decires».
11.3. En la sentencia de primera instancia no se resolvió la tacha de los testimonios
de acuerdo con lo previsto en el Código General del Proceso, «por el contrario cuando
se hace un recuento del material probatorio para fallar, hace referencia a ambos testimonios
y los transcriben, sin tener en cuenta los argumentos expuestos por la Universidad tanto en
la audiencia de pruebas, como en los alegatos de primera instancia, por lo cual se solicita
que en sentencia de segunda instancia se resuelva la tacha correspondiente.».
11.4. La Universidad del Magdalena actuó de buena fe, y otorgó la sustitución
pensional de acuerdo con las pruebas allegadas en el trámite administrativo.
11.5. Comola pensión de jubilación reconocida al causante fue subrogada a
Colpensiones, y quedó a su cargo la diferencia para el pago, solicitó que «se tomen
las medidas tendientes a salvaguardar el patrimonio de Colpensiones y de la Universidad
del Magdalena; pues si se niega la sustitución pensional la entidad que subrogó la pensión
inicial, genera como consecuencia al ente educativo la imposibilidad jurídica de pagar la
diferencia reconocida mediante la Resolución 387 del 18 de diciembre de 2015.».
11.6. En consecuencia, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
negar las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad de la Resolución 387
del 18 de diciembre de 2015 proferida por la Universidad del Magdalena.
1.7. Intervenciones en segunda instancia
12. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
13. La Universidad del Magdalena se pronunció en el sentido de reiterar que de
acuerdo con el material probatorio la demandante no cumplió con los requisitos
legales para acceder a la sustitución pensional11.
11 Samai, índice 12, archivo
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 12.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
1.8. El Ministerio Público
14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
15. Se contrae a resolver ¿si Nelly María Canales Córdoba acreditó los requisitos
previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la
sustitución de la pensión de jubilación que percibió su cónyuge Miguel Alberto
Cantillo Mattos?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. De la sustitución pensional
16. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos12.
17. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente es
aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 13.
18. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la prestación, los
miembros del grupo familiar del beneficiario de la prestación que fallezca, en el
siguiente orden:
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
13 Sentencia T-564 de 2015.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
19. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente14, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho;
y iii) hermanos con derecho.
20. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos15:
Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
No haber procreado hijos con el
Cónyuge o Compañero causante. En este caso, el beneficiario
Afiliado o Temporal-20
permanente menor de deberá cotizar al sistema para obtener
pensionado años-
30 años de edad. su propia pensión, con cargo a la
prestación sustituida.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante y
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta.
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente16 pensionado años anteriores a la muerte.
14 Valga precisar que en la sentencia C-1035 de 2008, la Corte Constitucional precisó que, además
del cónyuge, serán también beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, la compañera o compañero permanente.
15 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
16 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de la
Afiliado o
con separación de Cuota parte separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante los
permanente 5 años anteriores a la muerte.
21. Hasta este punto, en lo que tiene que ver con el sub judice, la interesada en la
sustitución pensional del primer grupo deberá acreditar que hizo vida marital con el
causante hasta su muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a 5 años continuos
con anterioridad al deceso.
22. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200317 precisó:
«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobrevivientes
Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
17 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime
Córdoba Triviño.
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pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».
23. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en
el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de
hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe
convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.
24. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente18:
«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
18 sentencia C-336 de 2014
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conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic).
25. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,
pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:
«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.
73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
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convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.
74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente».
Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según la
26.
cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no son causales
legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto,
no extingue el derecho a la sustitución pensional.
2.3. Caso concreto
27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
28. Reconocimiento pensional al causante:
28.1. Miguel Alberto Cantillo Mattos nació el 15 de julio de 193819.
19 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 250 en la cédula de
ciudadanía.
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28.2. Mediante la Resolución 00090 del 8 de marzo de 200020 la Universidad del
Magdalena le reconoció una pensión de jubilación a partir del 1° de marzo de 2000,
en cuantía de $2.246.470; y en la cual se precisó que estuvo vinculado en la
institución educativa desde el 1°de abril de 1974 hasta el 21 de febrero de 2000,
como docente en la categoría de profesor asociado. Con la Resolución 923 del 1°
de diciembre de 201521 la institución educativa modificó la cuantía de la prestación.
28.3. A través de la Resolución 00011915 del 4 de agosto de 2010 22 el ISS le
reconoció una pensión de jubilación a partir del 20 de enero de 2006, en cuantía de
$1.809.463. En la cual se indicó lo siguiente:
«[…] Que el total de tiempo acreditado como funcionario público no cotizado al ISS suma
7710 días, equivalentes a 21 años y 5 meses.
Que el total de tiempo cotizado a este Instituto asciende a 1224 días, equivalentes a 3
años, 4 meses y 24 días, tiempo laborado en su integridad al sector público.
Que teniendo en cuenta que a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, es decir al 30 de junio de 1995, la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA no
efectuó el traslado de la asegurada al ISS o a otro fondo de pensiones, como lo dispone
el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, se hizo necesario mediante oficio de la fecha dirigido
a la Unidad de Planeación y Actuaria de este Instituto, realizar el 'trámite y cobro del
cálculo actuarial correspondiente a los aportes no realizados por omisión en la afiliación,
los cuales comprenden los periodos del 1 de julio de 1995 al 30 de agosto de 1995. Lo
anterior de conformidad con lo expuesto la Vicepresidencia de Pensiones del ISS,
mediante Memorando V.P. No. 04935 de 19 de mayo de 2005.
Que el asegurado tiene derecho a que su tiempo de servicios como funcionario del sector
público sea reconocido en un Bono Pensional Tipo B, que será pagado por la entidad a
quién efectuó aportes para pensiones o que tenía a su cargo el reconocimiento de las
mismas, en el presente caso correspondería a la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA,
como responsable por los aportes efectuados a la CAJA DEPARTAMENTAL DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL MAGDALENA.
Que esta dependencia mediante oficio de la fecha, se remitieron los documentos a la
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA y a la Oficina de Bonos Pensionales de la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS, para la liquidación y posterior cobro del respectivo
Bono Pensional.
Que con el bono pensional que se emita se constituyen los fondos económicos con los
cuales el Instituto deberá financiar la pensión a reconocer.
20 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 16 a 19 y 198 a 201.
21 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 52 a 54.
22 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 20 a 23.
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Que igualmente la Presidencia del ISS mediante Circular P-ISS No 0625 de 04 de abril
de 2005, imparte instrucciones a fin de que sean reconocidas las prestaciones
económicas de servidores públicos dentro del término señalado por el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003, aun en los eventos en los cuales el bono pensional no se haya emitido
en su totalidad, aclarando que para el reconocimiento de las prestaciones se deberá
como mínimo realizar la confirmación de certificados de tiempos de servicios, así como
la solicitud de la liquidación provisional del Bono Pensional a la entidad emisora
correspondiente y la solicitud a la oficina de Bonos Pensionales de la Vicepresidencia de
Pensiones, para que inicie el trámite de liquidación y solicitud de emisión del Bono
Pensional ante las entidades respectivas, e iniciar inclusive el trámite de cobro coactivo
si a ello hay lugar.
[…]
Que en conclusión, habiéndose establecido que el asegurado cumple con los requisitos
establecidos en la normatividad aplicable, esto es el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se
concederá la pensión de vejez solicitada, a partir del 20 de enero de 2006.
Que para determinar el Ingreso Base de Liquidación se tuvo lo señalado en el tercer
párrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual señala que para los asegurados a
los cuales se aplique el régimen de transición que les faltare menos de diez (10) años
para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el de todo el tiempo, si este fuere superior, aclarando que los valores a
considerarse para la liquidación se actualizan anualmente con base en el Índice de
Precios al Consumidor. […]» [sic].
28.4. Con la Resolución GNR 77326 del 13 de marzo de 201523 Colpensiones ordenó
la inclusión en nómina de la pensión de jubilación de carácter compartida a favor de
Miguel Alberto Cantillo Mattos.
28.5. El 21 de junio de 2015 falleció, según consta en el registro civil de defunción
905987624.
través de la Resolución GNR 241854 del 10 de agosto de 201525
28.6. A
Colpensiones resolvió «reliquidar Post-mortem una pensión de vejez de carácter
compartida a favor del señor CANTILLO MATTOS MIGUEL ALBERTO, a partir del 20 de
enero de 2007 en cuantía de $1.890.527».
23 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 24 a 30.
24 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 31.
25 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 41 a 50.
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29. En cuanto a la sustitución pensional de Nelly María Canales Córdoba:
29.1. Nelly María Canales Córdoba nació el 9 de enero de 195426
29.2. El 7 de enero de 2000 contrajo matrimonio civil con Miguel Alberto Cantillo
Mattos, según consta en el registro civil de matrimonio expedido el 24 de diciembre
de 201527, con anotación de divorcio según sentencia del 17 de abril de 2012
proferida por el Juzgado Primero de Santa Marta y liquidación de la sociedad
conyugal.
29.3. En la audiencia de divorcio del 17 de abril de 2012 28 del Juzgado Primero de
Familia de Santa Marta, proferida en el proceso con radicado 2011-00318
promovido por el causante, se resolvió lo siguiente:
«[…] PRIMERO: Declarar no probada la excepción de "CONFUSIÓN" planteada por la
parte demandada. SEGUNDO: Decretase el divorcio del matrimonio civil contraído entre
los señores NELLY MARIA CANALES CÓRDOBA Y MIGUEL ALBERTO CANTILLO
MATTOS el día 7 de Enero de 2000. TERCERO: Decrétese disuelta la Sociedad
Conyugal formada entre ellos en virtud del matrimonio. Procédase a su posterior
liquidación ante trámite Notarial o a continuación del presente proceso como convengan
las partes. CUARTO. La residencia de los cónyuges será separada. QUINTO: El señor
MIGUEL CANTILLO MATTOS por haber sido culpable del divorcio debe alimentos
a su ex cónyuge NELLY MARIA CANALES CÓRDOBA en la forma acordada por ellos
ante un conciliador en equidad de la Casa de Justicia de la ciudad en fecha febrero 15
de 2011. SEXTO: En firme esta sentencia, inscríbase en los folios de los registros civiles
de matrimonio y en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges. Líbrense los oficios
pertinentes con las respectivas fotocopias autenticadas de este fallo. […]» (sic) (se
resalta).
29.4. El 23 de octubre de 2013 contrajo nuevamente matrimonio civil con Miguel
Alberto Cantillo Mattos, según consta en el registro civil de matrimonio con indicativo
serial 6257575 expedido el 2 de diciembre de 201529, sin anotaciones.
29.5. En la constancia del 9 de julio de 201530 suscrita por el gerente general de la
Empresa Jardines de Paz de Santa Marta LTDA se informó lo siguiente:
26 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 142 y 251 en el
registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía.
27 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 64 y 65.
28 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 59 a 63.
29 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 66 y 67.
30 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 145.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
«El día 21 de junio de 2015 se efectuó el servicio del finado señor MIGUEL ALBERTO
CANTILLO MATTOS [Q.E.P.D] identificado con cédula de ciudadanía No. 4.792.610 de
Santa Marta, quien se encontraba vinculado en el plan PRE-EXEQUIAL No. 37104
según titular SYBILA EUNICE CANTILLO GUERRERO identificada con cédula de
ciudadanía No. 57.431.602 de Santa Marta.».
29.6. En la constancia del 11 de agosto de 201531 expedida por la directora de talento
humano de la Universidad del Magdalena, se precisó:
«Que el señor MIGUEL ALBERTO CANTILLO MATTOS, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 4.972,610 de Santa Marta, falleció el día 21 DE JUNIO DE DOS MIL
QUINCE (2015), en la ciudad de Santa Marta, quien disfrutaba pensión de jubilación
reconocida por la Universidad del Magdalena mediante Resolución N° 090 del 8 de
marzo de 2000.
Que a la Dirección de Talento Humano de la Universidad del Magdalena se presentó a
solicitar reconocimiento de la sustitución pensional la señora NELLY MARÍA CANALES
CÓRDOBA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 36.539.405 de Santa Marta, en
calidad de cónyuge supérstite
Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, deben presentar su
solicitud por escrito a la Dirección de Talento Humano de la Universidad del Magdalena
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, aportando
las pruebas en que se fundamente su derecho.» [sic].
29.7. En el certificado del 9 de marzo de 201632 suscrito por el asesor de servicio al
cliente de la Nueva EPS, en el cual se indicó que cotizó al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, como cabeza de familia Miguel Alberto Cantillo Mattos
y como beneficiaria la cónyuge Nelly María Canales Córdoba, con fecha de afiliación
1° de agosto de 2008, último periodo cotizado 1° de julio de 2015.
29.8. Declaración juramentada extrajuicio del 30 de julio de 201533 presentada por
Nelly María Canales Córdoba ante la Notaría Segunda de Santa Marta, en la que
manifestó:
«[…] PRIMERO: Que en mi entero y cabal juicio hago las siguientes declaración (es) que
se inserta(n) en este instrumento, las cuales rindo bajo la gravedad de JURAMENTO y
a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea JURAR EN FALSO. SEGUNDO
Que no tengo ninguna clase de impedimento para pronunciar esta declaración
JURAMENTADA, la cual presento bajo mi única y entera RESPONSABILIDAD, Y
31 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 270.
32 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 313.
33 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 38.
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DECLARO: Que me casé y conviví bajo el mismo techo en forma permanente y continua
con el señor MIGUEL ALBERTO CANTILLO MATTOS (Q.E.P.D.), quien en vida se
identificaba con la cedula de ciudadanía Nº 4.972.610 de Santa Marta, desde el año
1978 hasta la fecha de su fallecimiento el día 20 de junio de 2015, al igual declaro que
de esa unión procreamos un (1) hijo (Q.E.P.D.) de nombre JOSÉ MARÍA CANTILLO
CANALES; de igual forma declaro que dependía económicamente de mi esposo, ya que
él era la única persona encargada de suministrarme todo lo necesario para mi
subsistencia como salud, alimentación, vivienda, vestidura, etc. […]» [sic].
29.9. Declaración juramentada extrajuicio del 30 de julio de 201534 presentada por
Maribeth María Cotes de Cuza ante la Notaría Segunda de Santa Marta, en la que
manifestó:
«[…] PRIMERO: Que en mi entero y cabal juicio hago las siguientes declaración(es) que
se inserta(n) en este instrumento, las cuales rindo bajo la gravedad de JURAMENTO y
a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea JURAR EN FALSO, SEGUNDO:
Que no tengo ninguna clase de impedimento para pronunciar esta declaración
JURAMENTADA, la cual presento bajo mi única y entera RESPONSABILIDAD, Y
DECLARO Que conozco de vista, trato y comunicación desde hace sesenta y un (61)
años a la señora NELLY MARÍA CANALES CÓRDOBA identificada con cedula de
ciudadanía N° 36.559.405 de Santa Marta, de ese mismo conocimiento me consta que
se casó y convivió bajo el mismo techo en forma permanente y continua con el señor
MIGUEL ALBERTO CANTILLO MATTOS (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con
la cedula de ciudadanía Nº 4.972,610 de Santa Marta, desde el año 1978 hasta la fecha
de su fallecimiento el día 20 de junio de 2015, al igual declaro que de esa unión
procrearon un (1) hijo (Q.E.P.D.) de nombre JOSÉ MARÍA CANTILLO CANALES; de
igual forma declaro que la señora NELLY MARÍA CANALES CÓRDOBA: dependía
económicamente de su esposo, ya que él era la única persona encargada de
suministrarle todo lo necesario para su subsistencia como salud, alimentación, vivienda
vestidura etc. […]» [sic].
29.10. Declaración juramentada extrajuicio del 30 de julio de 201535 presentada por
Orlina Beatriz Lacera Peñaloza ante la Notaría Segunda de Santa Marta, en la que
manifestó:
«[…] PRIMERO: Que en mi entero y cabal juicio hago las siguientes declaración(es) que
se inserta(n) en este instrumento, las cuales rindo bajo la gravedad de JURAMENTO y
a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea JURAR EN FALSO SEGUNDO:
Que no tengo ninguna clase de impedimento para pronunciar esta declaración
JURAMENTADA, la cual presento bajo mi única y entera RESPONSABILIDAD, Y
DECLARO: Que conozco de vista, trato y comunicación desde el año 1971 a la señora
NELLY MARÍA CANALES CÓRDOBA identificada con cedula de ciudadanía N°
36.559.405 de Santa Marta, de ese mismo conocimiento me consta que se casó y
convivió bajo el mismo techo en forma permanente y continua con el señor MIGUEL
34 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 39.
35 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folio 40.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
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ALBERTO CANTILLO MATTOS (Q.E.P.D), quien en vida se identificaba con la cedula
de ciudadanía Nº 4.972.610 de Santa Marta, desde el año 1978 hasta la fecha de su
fallecimiento el día 20 de junio de 2015, al igual declaro que de esa unión procrearon un
(1) hijo (Q.E.P.D) de nombre JOSÉ MARÍA CANTILLO CANALES; de igual forma declaro
que la señora NELLY MARÍA CANALES CÓRDOBA dependía económicamente de su
esposo, ya que el era la única persona encargada de suministrarle todo lo necesario
para su subsistencia como salud, alimentación, vivienda, vestidura etc. […]» [sic].
29.11. El 29 de julio de 2015 y 9 de junio de 201636 solicitó a Colpensiones la
sustitución pensional, en consecuencia, mediante la Resolución GNR 361166 del
17 de noviembre de 201537 Colpensiones le negó el reconocimiento de la sustitución
pensional en calidad de cónyuge, con ocasión del fallecimiento de Miguel Alberto
Cantillo Mattos.
29.12. Con posterioridad a través de la Resolución GNR 233038 del 9 de agosto de
201638 el gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones le negó la sustitución
pensional con los siguientes argumentos:
«[…] Sea lo primero explicar a la solicitante que para acreditar la calidad beneficiaria de
la Sustitución Pensional será necesario, conforme las normas anteriormente citadas,
demostrar; (i) La calidad de cónyuge o compañera permanente y (ii) Convivencia
ininterrumpida con el causante por lo menos cinco (5) años con anterioridad a la muerte.
Así las cosas, se tiene que obra en el expediente pensional, Registro Civil de Matrimonio
con indicativo serial No 6257575, celebrado el 23 de Octubre de 2013, con el cual se
logra establecer que la solicitante tiene la calidad de cónyuge del causante.
Ahora bien, el problema jurídico versa respecto de si la solicitante acredita la convivencia
con el causante dentro de los cinco (5) años anteriores al fallecimiento (21 de junio de
2015).
Para resolver lo anterior, se informa que en el expediente administrativo se evidencia
que el causante y la solicitante contrajeron matrimonio 07 de Enero del año 2000.
Que el Registro Civil de Nacimiento de la solicitante presenta nota marginal que indica
que mediante sentencia del 17 de Abril de 2012, el juzgado Primero de familia de Santa
Marta declaró el divorcio del matrimonio entre CANTILLO MATTOS MIGUEL ALBERTO
Y CANALES CÓRDOBA NELLY MARÍA.
Se logra igualmente establecer que para fecha 23 de Octubre de 2013, la solicitante y el
causante contrajeron nuevamente matrimonio.
36 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 32 a 33 y 85 a 88.
37 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 296 a 300.
38 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 90 a 92.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
Que teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se dio la relación
conyugal, para efectos de establecer los extremos de convivencia entre el causante y la
solicitante este despacho solicitó, mediante requerimiento Interno No. 2015 9753825,
efectuar investigación administrativa.
Que fue allegado a este despacho el informe investigativo el cual en su parte final
concluye que; "En virtud a los elementos de juicio con los que se cuenta al momento de
la elaboración del presente informe, se indica que NO EXISTIÓ CONVIVENCIA como
CÓNYUGES entre MIGUEL ALBERTO CANTILLO MATTOS (causante) y NELLY
MARÍA CANALES CÓRDOBA (solicitante), durante los cinco años anteriores al
fallecimiento del causante de manera constante e ininterrumpida. […]» (sic).
29.13. La decisión administrativa anterior fue confirmada a través de la Resolución
GNR 391154 del 27 de diciembre de 201639 suscrita por el gerente nacional de
reconocimiento, y la Resolución VPB 4991 del 7 de febrero de 201740 expedida por
la vicepresidente de beneficios y prestaciones de Colpensiones, que resolvieron los
recursos de reposición y apelación en términos similares.
29.14. El 4 de agosto de 201541 solicitó a la Universidad del Magdalena la sustitución
pensional, y a través la Resolución 387 del 18 de diciembre de 201542, la directora
de talento humano de la institución educativa reconoció y ordenó el pago de la
sustitución pensional en calidad de cónyuge, con ocasión del fallecimiento de Miguel
Alberto Cantillo Mattos.
30. En la audiencia de pruebas que se realizó el 28 de enero de 202043 se recibió la
declaración de parte y los siguientes testimonios:
31. Nelly María Canales Córdoba: es viuda y reside en ciudadela 76 casa 1, quien
manifestó que desde abril de 2009 hasta julio de 2013 sí convivió con Miguel Alberto.
En la contestación de la demanda de divorcio no se indicó que desde abril de 2009
se encontraba separada del causante. Miguel Alberto tuvo un «desliz con una señora
pero ellos no vivieron juntos». No tiene conocimiento si Miguel convivió desde el año
2009 con Leonor. En los 5 años anteriores al deceso convivieron de forma
permanente, además la separación fue momentánea porque continuaron la
39 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 94 a 97.
40 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 98 a 101.
41 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 34 y 35.
42 Samai, índice 2, 15ED_ONEDRIVE202403061ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta expediente
digitalizado, archivo EXPEDIENTES NELLY MARIA CANALES, visible a folios 69 a 73.
43 Samai, índice 27, archivo 18RECIBEMEMORIAL_16732022RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 27,
expediente digital link NYR 47-001-2333-000-2017-00113-00, carpeta videos de audiencias,
03Audiencia de pruebas.wmv.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
relación, por lo que vivieron más de 30 años. El divorcio se originó por un momento
de dolor, pero después lo perdonó, el causante siempre la buscó, continuaron
viviendo en la casa, lo asistía en todas sus necesidades porque estaba enfermo de
la próstata, y se volvieron a casar.
32. Orlina Beatriz Lacera Solano: es ama de casa, pensionada, viuda y residía en
el barrio Bastidas. Conoció a la demandante porque estudiaron, son amigas y es
madrina del hijo que concibió con el profesor y que les mataron. Nelly María y Miguel
Alberto tuvieron una relación de más de 30 años, vivieron juntos en diferentes partes
de la ciudad y en Ciudadela 29 de Julio, donde convivían y falleció el causante.
Fueron una pareja «muy integrada, siempre estaban juntos y siempre convivieron». Ellos
convivieron 20 años antes de casarse en el año «2002». Tuvo conocimiento de que
se separaron de forma momentánea por una infidelidad del causante, pues ella se
puso muy molesta, discutieron como toda pareja, pero después se unieron
nuevamente y estuvieron hasta el momento del deceso. No conoció a la señora con
la que le fue infiel, Nelly le contó que fue algo pasajero, porque él siempre se
mantuvo en la casa con ella; lo anterior, porque siempre que iba a visitarlos estaba
en la casa con ella, se encontraban en el centro, en los centros comerciales, en los
días de sus cumpleaños y en las convivencias familiares.
32.1. Ellos empezaron a convivir en 1978 o 1979, vivieron más de 20 años y después
decidieron formalizar su unión en el año 2000, lo recuerda porque al hijo lo mataron
en el año 2001, «ese hijo es producto de ese vínculo, y cuando él tenía 21 años apareció
ahorcado y a raíz de eso la convivencia del profesor con ella fue todavía más unida».
32.2. Después de la infidelidad y la separación ellos formalizaron nuevamente su
hogar, contrajeron matrimonio en el año 2013, y convivieron hasta el año 20 o 21
de junio de 2015 cuando murió viendo un partido de Colombia porque sufrió un
infarto. Nelly María nunca trabajó y dependía económicamente de él. Los visitó
varias veces antes de morir Miguel; «además cuando ella necesitaba buscar una
medicina o alguna cosa, la llamaba para que se quedara con él». Nelly le comentó que
Miguel tenía problemas de la próstata, pues ya era un señor mayor; ella siempre
estuvo al cuidado de él, estaba pendiente de su alimentación y cuidados, además
tiene conocimiento porque en muchas ocasiones se quedaba a dormir en la casa
de ellos, almorzaba y pasaba días allá y asistía a los eventos familiares.
33. Maribeth María Cotes de Cuza: es viuda, prima hermana de la demandante, y
vivía en Santa Cecilia en la ciudad de Santa Marta. Nelly María y Miguel Alberto
vivieron desde el año 1978 hasta el 2000 en ese año se casaron y tuvieron un hijo.
En el año 2010 se divorciaron por un tiempo, pero Miguel siempre estuvo pendiente
de ella porque dependía de él de forma económica, además iba a la casa de ella o
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
salían. No sabe en dónde dormía el causante. Miguel se enamoró de otra mujer,
pero no la conoció. Ellos continuaron con la convivencia y después se casaron en
octubre de 2013, de lo cual tiene conocimiento porque asistió al matrimonio. Miguel
Cantillo murió en junio de 2015 y para esa época convivía con Nelly, estaba sentado
viendo televisión en su casa en Ciudadela 29 de Julio. En esa época vivía en la calle
28 en el centro de la ciudad y ellos en Ciudadela, mantenían una buena relación,
estaban en contacto por teléfono y personalmente porque se visitaban. No conoció
a Leonor Rubio Martínez.
2.4. Análisis sustancial
34. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 1° de septiembre de
2023 accedió a las pretensiones de la demanda, en consecuencia, declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la
sustitución pensional a favor de la demandante a partir del 22 de junio de 2015.
35. Colpensiones presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, toda vez que para acceder a
la sustitución pensional la cónyuge supérstite debía cumplir con los requisitos del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, pues no acreditó que estuvo haciendo vida marital con el causante durante
los 5 años anteriores al fallecimiento.
36. La Universidad del Magdalena presentó recurso de apelación con el fin de que
se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, pues no se
tuvo en cuenta que en los testimonios se reconoció la separación entre Nelly María
Canales Córdoba y el causante; además no se resolvió la tacha de los testimonios
de acuerdo con lo previsto en el Código General del Proceso.
37. Es preciso señalar que el derecho a la sustitución pensional se estableció como
un mecanismo de protección a los familiares del trabajador pensionado, ante el
posible desamparo en el que pueden quedar por la muerte de este, es decir, es una
protección directa a la familia. En tal sentido la Corte Constitucional en sentencia T-
128 de 2012 indicó que la sustitución pensional busca «evitar que las personas
allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el
simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y
orfandad al permitirles gozar post-mortem del [e]status laboral del trabajador fallecido».
38. Encuentra la Sala que la situación fáctica planteada por las partes en el sub lite,
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
debe ser analizada bajo las disposiciones contenidas en el literal a) del artículo 47
de la Ley 797 de 2003, según las cuales:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte. […]»(.)
39. De acuerdo con las disposiciones transcritas, la cónyuge tendrá derecho a la
sustitución pensional de forma vitalicia cuando: i) tenga más de 30 años de edad al
momento del fallecimiento del causante de la prestación y ii) acredite que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido por lo menos 5 años continuos con anterioridad a su muerte.
40. Así las cosas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se procederá
a verificar si la demandante acreditó los requisitos para acceder a la sustitución
pensional.
41. De acuerdo con el material probatorio Nelly María Canales Córdoba contrajo
matrimonio civil con Miguel Alberto Cantillo Mattos el 7 de enero de 2000, se
divorciaron el 17 de abril de 2012, y celebraron matrimonio civil el 23 de octubre de
2013. En el momento del fallecimiento del causante contaba con 61 años de edad,
pues nació el 9 de enero de 1954. En ese orden, la solicitud de reconocimiento
pensional se regía por lo dispuesto en el artículo 47.a de la Ley 100 de 1993
modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
42. Al respecto, para la Sala es claro que la cónyuge supérstite acreditó la totalidad
de los requisitos para efectos de la sustitución pensional; toda vez que en el
expediente se aportaron los registros civiles de matrimonio, pruebas documentales
y testimoniales que permitían concluir que la sociedad conyugal se encontraba
vigente y que convivieron así: i) unión marital de hecho desde 1978 hasta el 6 de
enero de 2000; y ii) matrimonio civil del 7 de enero de 2000 hasta el 17 de abril de
2012; del 23 de octubre de 2013 hasta el 21 de junio de 2015.
43. No obstante, de acuerdo con el acta de la audiencia de divorcio del 17 de abril
de 2012 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, se divorciaron
por un lapso de 1 año, 6 meses y 6 días, pero de la declaración de parte y los
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
testimonios se evidencia que mantuvieron su vínculo afectivo, apoyo económico, y
ayuda mutua, lo que permite concluir que hasta la fecha de fallecimiento se mantuvo
una verdadera comunidad de vida.
44. Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional44, existen situaciones
en las que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el
requisito de hacer vida marital con el causante hasta su muerte no implica la
cohabitación bajo un mismo techo, puesto que, pueden darse casos en los que,
pese a esa separación de cuerpos, sigue existiendo una verdadera comunidad de
vida, basada en una relación de afecto, ayuda mutua, solidaridad, apoyo económico
y acompañamiento espiritual.
45. Sobre el requisito de la convivencia la Corte Constitucional en sentencia T-324
de 2014 indicó que «[e]sta corporación consideró que existían suficientes elementos
probatorios para concluir que la accionante había convivido con el causante durante 45
años, y si bien en los últimos nueve meses de vida aquél vivió en la casa de su hija, “el
vínculo que unía a la accionante con el causante no se disolvió por el hecho de que dejaran
de compartir un techo, pues como se pudo constatar de las declaraciones rendidas por la
peticionaria y por dos (2) personas cercanas, los vínculos de afecto, apoyo, dependencia
económica, acompañamiento en la enfermedad y comprensión mutua no cesaron”.».
46. Por otro lado, en la apelación de la Universidad del Magdalena se argumentó que
el tribunal no tuvo en cuenta la tacha de los testigos presentada en la audiencia de
pruebas, al respecto esta figura jurídica prevista en el artículo 211 del Código
General del Proceso indicó que «[e]l juez analizará el testimonio en el momento de fallar
de acuerdo con las circunstancias de cada caso». Lo que no hace improcedente la
recepción de los testimonios ni la valoración de estos, sino que exige un análisis en
relación con cada uno de ellos para determinar el grado de credibilidad que ofrecen
y determinar su eficacia probatoria.
47. De otra parte, las apoderadas de las demandadas se limitaron a formular la tacha
contra las testigos, pero no aportaron ninguna prueba que permitiera demostrar los
motivos de la sospecha y su relación con las demás pruebas recaudadas, por lo
cual tal como lo consideró el a quo los testimonios son válidos como medio de
prueba, y una vez escuchados no generan duda, y son coherentes en las
afirmaciones.
48. Además, la Universidad del Magdalena argumentó que la pensión de jubilación
que fue reconocida al causante fue subrogada a Colpensiones, y quedó a su cargo
la diferencia para el pago, por lo cual se afectaron sus intereses, respecto del
44 Corte Constitucional, sentencias T-197 de 2010, T-324 de 2014, T-245 de 2017, T-392 de 2018.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
material probatorio se evidencia que Colpensiones solicitó el pago del bono
pensional, y la prestación se pagaba de forma compartida. También se demostró
que la demandante tenía derecho a la sustitución pensional, por lo tanto, no era
procedente la nulidad de la Resolución 387 del 18 de diciembre de 2015, además
no fue el acto objeto de control de legalidad.
49. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Nelly María Canales
Córdoba como cónyuge supérstite acreditó los requisitos establecidos en las
normas aplicables para efectos de la sustitución pensional causada por Miguel
Alberto Cantillo Mattos.
50. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Magdalena, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto.
2.6. Costas
51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.
54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
45
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00113-01 (1673-2022)
Demandante: Nelly María Canales Córdoba
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Reconocimiento personería
56. Se reconocerá personería a la abogada Karina Vence Peláez identificada con la
cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego [Cesar] y portadora de la tarjeta
profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de Colpensiones, y a la abogada Adriana María Chingaté Barbosa
identificada con la cédula de ciudadanía 52.729.825 de Bogotá y portadora de la
tarjeta profesional 364.036 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada sustituta de la entidad, con las facultades y para los fines establecidos
en los poderes que obran en el índice 29 de SAMAI.
4. Conclusión
57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Nelly María Canales
Córdoba como cónyuge acreditó los requisitos establecidos en las normas
aplicables para efectos de la sustitución pensional causada por Miguel Alberto
Cantillo Mattos.
58. Enesas condiciones, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Nelly María Canales Córdoba contra la Administradora
Colombiana de Pensiones [Colpensiones] y la Universidad del Magdalena, de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
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Demandante: Nelly María Canales Córdoba
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Karina Vence Peláez identificada con
la cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego [Cesar] y portadora de la tarjeta
profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de Colpensiones, y a la abogada Adriana María Chingaté Barbosa
identificada con la cédula de ciudadanía 52.729.825 de Bogotá y portadora de la
tarjeta profesional 364.036 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada sustituta de la entidad, con las facultades y para los fines establecidos
en los poderes que obran en el índice 29 de SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Salvamento parcial de voto
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.KGO
28
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