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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00260-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2017-00260-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: retiro del servicio. Subtema 1: llamamiento a calificar servicios. Subtema 2:
infracción de la norma en que debería fundarse, falsa motivación y desviación de
poder.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor Edison Alexander Torres Leiva contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 30 de agosto de
2023, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Edison Alexander Torres Leiva, solicitó la nulidad de la Resolución 1048 del
21 de febrero de 2017, por la cual se le retiró del servicio activo del Ejército Nacional,
por llamamiento a calificar servicios, en condición de teniente coronel. Afirmó que el
acto administrativo incurrió en las causales de nulidad de infracción de la norma en
que debería fundarse, falsa motivación y desviación de poder.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que, en el caso concreto, se cumplieron los requisitos legales para la
procedencia del retiro por llamamiento a calificar servicios. En efecto, verificó que el
actor contaba con el tiempo de servicio necesario para acceder a la asignación de
retiro y que existía el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares.

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, porque en efecto, en esta
oportunidad se cumplieron los requisitos objetivos previstos en el Decreto Ley 1790
de 2000 para determinar el llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo mínimo
de servicio que habilita el acceso a la asignación de retiro y el concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Edison Alexander Torres Leiva, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 el 27 de julio
de 2017, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Edison Alexander Torres Leiva solicitó la declaratoria de nulidad de la
Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017, a través del cual el Ministerio de Defensa
Nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, por llamamiento a calificar
servicios, en su calidad de teniente coronel.

3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Edison Alexander Torres
Leiva pidió el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el ascenso
al grado que le corresponda; asimismo, reclamó el pago de todos los emolumentos
laborales correspondientes a cada grado, una vez se realicen los ascensos, sufragarle
los perjuicios morales y los «ocasionados por afectación directa a los bienes
constitucionalmente protegidos como lo son derechos fundamentales al trabajo y a la
dignidad humana»; lo anterior con los respectivos intereses e indexación.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

• El señor Edison Alexander Torres Leiva prestó sus servicios al Ejército Nacional
durante 24 años, 7 meses y 23 días. A lo largo de su vinculación obtuvo
múltiples felicitaciones otorgadas por los comandantes de las unidades
operativas. Fue clasificado entre 2011 y 2014 en lista dos y, en 2015, en lista
uno.

• Una vez realizada la evaluación de los oficiales considerados para ascenso al
grado de coronel en diciembre de 2016, no fue tenido en cuenta, pese a contar

1 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,
pp. 8 a 752

2

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

con mayores méritos que varios de sus compañeros. En consecuencia,
presentó solicitud de reconsideración, la cual fue negada mediante oficio
20163051470951 del 31 de octubre de 2016.

• Mediante Acta 14 del 30 de noviembre de 2016, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para el Ejército Nacional resolvió recomendar su retiro del
servicio, bajo la causal de llamamiento a calificar servicios.

• Con fundamento en dicho concepto, el Ministerio de Defensa Nacional expidió
la Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017, mediante la cual fue retirado del
servicio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas, sentencias y directivas, como
vulneradas:

La Constitución Política, en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 26,
29, 53, 123, 125 inciso segundo, 209 inciso final y 229.
El Decreto 1790 de 2000, artículos 52, 99, 100 y 103.
El Decreto 1799 de 2000, artículos 2, 4, 5, 27, 28, 32, 35 y 36.
La Sentencia SU 053 de 2015
La Sentencia SU 091 de 2016.
La Sentencia SU 217 de 2016.
La Directiva 00555 de 2016.
La Directiva 071 de 2016.

6. Al explicar el concepto de violación, el señor Edison Alexander Torres Leiva
sostuvo que el acto administrativo objeto de censura incurrió en los vicios de infracción
de la norma que debería fundarse, falsa motivación y desviación de poder, lo que
comportó la vulneración de sus derechos fundamentales.

7. Afirmó que la Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017, mediante la cual fue
retirado del servicio, así como el Acta 014 del 30 de noviembre de 2016, además de
observar el requisito de cumplimiento para la asignación de retiro y el mejoramiento
del servicio, tuvo en cuenta el proceso de ascenso al grado de coronel de 2016, el
cual se realizó de manera arbitraria, discriminatoria y fraudulenta, dado que incluyó
aspectos negativos que no estaban soportados en su historia laboral y omitió aspectos
positivos. Por ello, obtuvo 506 puntos en la evaluación, cuando en realidad tenía 626
puntos.

8. Citó las Directivas 0555 de 2016 y 071 de 2016 e indicó que estas señalaron
los parámetros que debía observar el comité de evaluación para determinar cuáles
oficiales debían ascender al grado de coronel. Señaló que el comité de ascensos
desconoció dichas normas y, de manera subjetiva, determinó que la conducta del
señor Edison Alexander Torres Leiva no ameritaba su recomendación para ascenso,

3

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

cuando la decisión objetiva era recomendarlo, pues cumplió con el tiempo de servicio
establecido, contaba con capacidad profesional acreditada mediante las evaluaciones
finales de cada año, tenía aptitud psicofísica, reunía el tiempo mínimo de mando de
tropa y, al momento de la clasificación para coronel, se encontraba en el escalafón de
oficiales en puesto preferente, lista uno, con mayor prelación que otros compañeros
que ascendieron.

9. Señaló que, con el acto administrativo, se pretendió justificar la decisión en
razones de buen servicio; no obstante, ello se desvirtuó, pues el Ejército Nacional
ascendió y mantuvo en servicio a más de 100 oficiales con una conducta menos
ejemplar que la del señor Edison Alexander Torres Leiva.

2.2. Contestación de la demanda

10. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a través de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y destacó que el llamamiento
a calificar servicios era una facultad discrecional prevista en el Decreto 1790 de 2000,
que no se limitaba a las calidades laborales del militar, sino que atendía a criterios de
conveniencia y oportunidad. Asimismo, indicó que el actor cumplía con el tiempo
mínimo de servicio de 18 años y que existía concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, por lo que el acto administrativo se
expidió conforme a los artículos 99, 100 literal a, numeral 3, modificado por el artículo
24 de la Ley 1104 de 2006, y 103 del Decreto 1790 de 2000.

11. Agregó que el señor Edison Alexander Torres Leiva, en los tres últimos años,
fue clasificado en lista 2 y aclaró que esta no generaba fuero de estabilidad, no limitaba
la potestad de remoción que la ley otorgaba al nominador ni garantizaba el ascenso.

12. Indicó que el reconocimiento de los resultados obtenidos durante su trayectoria
en la institución tampoco generaba fuero de estabilidad y que, dada la naturaleza
jerarquizada de la carrera militar, no todos los militares podían ser ascendidos, lo cual
permite la renovación del personal de los cuerpos armados2.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 30 de agosto
de 2023, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas3.
Consideró que la entidad demandada actuó conforme al marco legal aplicable y que,
para disponer del llamamiento a calificar servicios, se requería que el militar hubiese
cumplido los requisitos para la asignación de retiro y se contara con el concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

14. Precisó que esta causal no constituía una violación del derecho a la igualdad ni

2 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,
pp.787 a 826.
3 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 17Sentencia.pdf

4

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

una sanción, dado que se trataba de una facultad que permitía pasar a los militares a
la reserva activa sin necesidad de una motivación distinta a la recomendación de la
Junta Asesora para las Fuerzas Militares.

15. Explicó que la estructura jerárquica de la fuerza pública era piramidal; es decir,
a medida que se ascendía se restringían progresivamente los cupos, por lo que no
todos los oficiales con una buena hoja de vida podían llegar a los altos mandos.

16. Señaló que de la sentencia SU-091 de 2016 se concluía que el retiro por
llamamiento a calificar servicios era una figura jurídica que permitía al Estado, de
manera discrecional, retirar a los militares del servicio activo por motivos del servicio.
Esta motivación provenía del mandato legal y no exigía expresar razones adicionales
en el acto; no obstante, dicha facultad debía ejercerse dentro de límites justos y
ponderados.

17. Agregó que el excelente desempeño de las funciones no afectaba la legitimidad
del acto administrativo que ordenaba el retiro, dado que formaba parte del ejercicio de
la labor y, por ello, no generaba estabilidad en el empleo.

18. Que, aunque en la demanda se sostiene que el acto de retiro por llamamiento
a calificar servicios obedeció a la infracción de la norma en que debía fundarse, a falsa
motivación y a desviación de poder, tales señalamientos no eran de recibo, toda vez
que el retiro se realizó conforme al artículo 103 del Decreto 1790 de 2000. En este
contexto, consideró que la administración no está obligada a motivar dicha decisión,
pues la motivación se encontraba en la ley. Añadió que el señor Edison Alexander
Torres Leiva cumplía los requisitos, dado que contaba con un tiempo de 25 años, 2
meses y 24 días, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, que
exigía 18 años o 15 años según el Decreto 991 de 2015, y que además contó con el
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares.

2.4. Recurso de apelación

19. El señor Edison Alexander Torres Leiva, mediante apoderado, interpuso
recurso de apelación4 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se
accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

20. Afirmó que en los medios de prueba no se hizo referencia a los testimonios del
presidente del comité de ascensos ni del general que evaluó de manera errónea la
hoja de vida del señor Edison Alexander Torres Leiva y recomendó no ascenderlo al
grado de coronel. Que tampoco se valoraron las planillas de evaluación y calificación
del actor y de sus compañeros de curso, en las cuales se evidenciaba la arbitrariedad
en la evaluación y, como consecuencia, se produce su retiro. Por ello, concluyó que
se trataba de un acto complejo precedido de varias decisiones irregulares.

4 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG,19ApelacionDeSentencia.pdf

5

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21. Adujo que el comité de evaluación debió valorar los criterios señalados en el
artículo 53 del Decreto 1790 de 2000, el Decreto 1799 de 2000 y la Directiva
Transitoria 00555 de 2016, y no basarse en la subjetividad del evaluador, lo cual
generó irregularidades en el proceso de evaluación para ascenso en 2016 y constituyó
el fundamento del retiro. Señaló que, al corregir dichos actos arbitrarios de evaluación,
el puntaje correspondiente ascendía a 626 puntos y no a 506.

22. Expresó que, conforme a lo señalado por el presidente del comité para ascenso
al grado de coronel en diciembre de 2016, se realizaba una evaluación transparente
de los oficiales que aspiraban a ascender; para ello, se diligenciaban unas planillas
que permitían obtener el puntaje correspondiente a cada oficial, y en caso de no ser
seleccionado para el ascenso, el oficial era retirado por llamamiento a calificar
servicios o por retiro voluntario del servicio activo de las Fuerzas Militares. Con lo
dicho anteriormente, se demostró que el retiro del señor Edison Alexander Torres
Leiva se encuentra atado a las irregularidades en la evaluación realizada por el comité
de ascenso.

23. Consideró que resultó probado que el acto administrativo no se expidió para el
mejoramiento del servicio, sino para ocultar las irregularidades en la evaluación de los
oficiales que debían ascender en diciembre de 2016 y, posteriormente, promover a
personas con menores méritos, en contravención de las reglas fijadas por la
institución.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante auto del 12 de agosto de 20245, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la

5 Samai, índice 5.

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competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver el siguiente
problema jurídico:

27. ¿La Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017 infringió el Decreto Ley 1790
de 2000 y esta viciada de nulidad por falsa motivación y desviación de poder?

28. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para la
procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de poder.
A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos probados
relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
planteados.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios

29. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).

30. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.

31. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».

32. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales.

6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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33. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, dando lugar a limitaciones, dentro del marco constitucional y legal, al
ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en la naturaleza
constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la convivencia y la
seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento institucional que
permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, para facilitar el
ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a la manera ordinaria de
culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

34. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura. Por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:

a) No establece el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica el
ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las funciones
del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.

b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo cual no
es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos armados y la
manera corriente de culminar una carrera en la misma.

c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y policiales deben
contar con las facultades necesarias para sustituir de manera eficaz, conforme a las
necesidades y conveniencias del servicio, los mandos superiores y medios de la
institución, con fundamento en apreciaciones y evaluaciones de carácter institucional.

35. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derecho contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.

36. Respecto al tiempo mínimo previsto por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que, una vez sea desvinculado de la institución,

7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
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como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

37. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:

Es importante llamar la atención que, si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros de
las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo por
la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el punto
de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se establece
frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.

38. De la misma manera, la sentencia destacó que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:

En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.

39. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:

Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.

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Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
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40. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado 9 , no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).

41. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, concluyó lo que sigue:

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la
exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.

42. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la dispuesta en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.

3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios

43. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro; y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto en las hipótesis

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

10

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

expresamente excluidas por la norma. Dicho concepto constituye un presupuesto
habilitante para la expedición del acto definitivo.

44. Conforme con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.

45. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la junta asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».

46. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 reiteró que la junta asesora
no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo de servicio
y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

47. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento.

48. En este punto, debe precisarse que la aprobación posterior de las actas de la
junta asesora constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que solo
hasta que culmine la sesión de la junta es posible confeccionar el acta, esto es, el
documento físico, el cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición, una
vez concurran al desarrollo de una nueva junta12.

3.3.3. La falsa motivación

49. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición13. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.

50. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-

03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).

11

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jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad»14.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.

51. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión15. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad16. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos17:

Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.

52. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)18.

53. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional, lo cual es aplicable para los oficiales, por así ordenarlo el
artículo 1º de la Ley 857 2003 que modificó el Decreto 1791 de 2000.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de

2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,

proceso con radicado 2006-00348.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia

se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».

12

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54. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos descritos en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003,
para la procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se
indicó ello, o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable
el estudio de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar
sin defensa a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por
ende, se vulneraría su derecho al debido proceso.

3.3.4. La desviación de poder

55. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general19.

56. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo20. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina21 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»22.

57. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»23.

58. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,

19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
20 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
21 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
22 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
23
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02 (44009).

13

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por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»24.

3.4. Hechos probados

59. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

60. De acuerdo con la hoja de vida emitida por el Ejército Nacional el 28 de febrero
de 201725, el señor Edison Alexander Torres Leiva prestó sus servicios desde el 1 de
diciembre de 1993 hasta el 21 de febrero de 2017, para un total de 25 años, 2 meses
y 19 días. Su último grado fue el de teniente coronel, que ejerció desde el 1 de
diciembre de 2011, y su último cargo correspondió a miembro del estado mayor de la
Brigada de Selva # 2. Asimismo, se indicó que, durante su trayectoria militar, obtuvo
condecoraciones, distintivos y felicitaciones.

61. El comité evaluador realizó calificación de desempeño del señor Edison
Alexander Torres Leiva, en la cual obtuvo 506 puntos y recibió concepto desfavorable
para el ascenso26.

62. A través del Acta 41554 del 12 de octubre de 2016, se dejó registro de la
reunión del Comité Evaluador del Ejército Nacional, en la cual se determinó el ascenso
del personal de oficiales con novedad fiscal de diciembre de 2016. En dicha sesión se
decidió no recomendar al teniente coronel Edison Alexander Torres Leiva, de
conformidad a los artículos 52 y 53, literal f, del Decreto 1790 de 200027.

63. El 30 de noviembre de 2016, conforme al Acta 14, se reunió la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares con el fin de realizar la
evaluación sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios, entre otros oficiales, de
Edison Alexander Torres Leiva, en la que se advirtió que las disposiciones normativas
y jurisprudencia constitucional aplicables al caso permitían que el Gobierno nacional
adoptara este tipo de decisiones cuando el personal cumplía con el tiempo necesario

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
25
Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,
pp. 574 a 584
26 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,

pp. 534 a 540
27 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,

pp. 604 a 621

14

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
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para obtener asignación de retiro28.

64. El ministro de defensa, mediante la Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017,
retiró del servicio activo del Ejército Nacional al teniente coronel Edison Alexander
Torres Leiva, por llamamiento a calificar servicios, en atención a que, en sesión del 30
de noviembre de 2016, registrada en Acta 14, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerza Militares así lo recomendó por unanimidad29.

65. En el citado acto se transcribieron apartes de la mencionada acta, en los cuales
se invocaron las normas y la jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación,
y se estableció que en el caso del teniente coronel Edison Alexander Torres Leiva
contaba con más de 15 años de servicio, requisito para acceder a la asignación de
retiro; en consecuencia, resultaba procedente aplicar dicha causal de desvinculación.

3.5. Caso concreto

66. El señor Edison Alexander Torres Leiva controvierte la legalidad de la
Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017, mediante la cual se le retiró del servicio
activo por llamamiento a calificar servicios. En síntesis, sostiene que se desconoció el
material probatorio que demuestra que el acto se expidió con infracción de la norma
en que debía fundarse, con motivación fraudulenta y con abuso de poder, máxime
cuando el proceso de evaluación y clasificación del oficial se realizó de forma irregular.
En consecuencia, afirma que la decisión no se sustentó en el buen servicio, sino en la
falta de recomendación para su ascenso.

67. Sobre el particular, sea lo primero precisar que si bien las actas de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares comportan actos
preparatorios30, al servir de fundamento del acto administrativo de retiro del servicio,
pueden valorarse por parte del juez para establecer la legalidad de dicha decisión31.

68. Ahora bien, la Resolución 1048 del 21 de febrero de 2017, objeto de demanda,
tuvo como sustento la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares acerca del retiro del servicio activo del teniente coronel
Edison Alexander Torres Leiva por llamamiento a calificar servicio.

69. La sesión de dicha junta se realizó el 30 de noviembre de 2016 (acta 14), en la
que se advirtió que las disposiciones normativas aplicables, en particular las del
Decreto 1790 de 2000, autorizaban que el Gobierno nacional adoptara este tipo de
decisiones cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener una
asignación de retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder

28 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,
pp.522 a 528.
29 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 01CuadernoPrincipal.pdf,

pp. 529 a 533.
30 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado

76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).

15

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jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir
a los mandos de diferentes niveles, cuando así las necesidades y conveniencias lo
recomendaban, como lo ha precisado la Corte Constitucional en los fallos SU-091 y
T-107 de 2016.

70. Por ende, en tal acta se anotó que al contar el teniente coronel Edison
Alexander Torres Leiva con más de 15 años de servicios, tiempo que lo hacía acreedor
de la asignación de retiro, y luego de estudiar la propuesta de retiro, se decidió por
unanimidad que era procedente por la aludida causal.

71. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los
fines de la figura del llamamiento a calificar servicios, conforme a lo señalado en la
sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019,
en la que se argumentó que:

Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite, con
el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera cuando
se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la dignidad
propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la institución
disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los miembros
de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la recomendación de la
Junta Asesora que corresponda.

72. En consecuencia, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 99 y 103
del Decreto Ley 1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del
derecho a la asignación de retiro, por lo que no se advierte infracción de la norma en
que se debía fundar ni falsa motivación del acto administrativo acusado. Igualmente,
cabe precisar que la recomendación de dicha junta tiene carácter discrecional en
relación con la determinación sobre la permanencia o no en el servicio del uniformado
sin que sea necesario que dejen anotadas las razones de desempeño laboral, en
armonía con lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-
217 de 2016, reiteradas en la SU-237 de 2019.

73. La Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir una
motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza la
figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»32.

74. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la

32 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.

16

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dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización para el mejoramiento y excelencia institucional.

75. Conforme lo anterior, si bien el señor Edison Alexander Torres Leiva durante
su trayectoria de servicio obtuvo condecoraciones, distintivos militares y felicitaciones,
estas circunstancias no le otorgaban un fuero de estabilidad absoluta que impidiera
su desvinculación.

76. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de
la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles33.

77. Como se anotó, en el asunto examinado, se observa que en la sesión del 12
de octubre de 2016 el Comité Evaluador del Ejército Nacional decidió no recomendar
al teniente coronel Edison Alexander Torres Leiva para ascenso y tampoco obra
concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para ese mismo
propósito, y, a su vez, esta última procedió a adoptar la recomendación de su
desvinculación por llamamiento a calificar servicios, al establecer que completó los
requisitos para recibir la asignación de retiro, pero el demandante reprochó que al
momento de evaluar su hoja de vida para ascenso se hizo de forma arbitraria.

78. Sobre este último aspecto, resulta oportuno aclarar que, de conformidad con el
numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de 2000, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional tiene, entre otras, la función de recomendar el ascenso y el
llamamiento a calificar servicios de los oficiales de las Fuerzas Militares;
determinaciones que obedecen a causas distintas 34 . Asimismo, mientras que los
requisitos para obtener el primero encuentran su regulación en los artículos 51, 53 y
55 del Decreto 1790 de 2000, el segundo en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790
de 2000, el cual, como se explicó, exige que la consolidación del tiempo para obtener
asignación de retiro.

79. En el expediente está demostrado que, al amparo del Decreto 1790 de 2000,
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa sustentó la recomendación la
desvinculación del teniente coronel Edison Alexander Torres Leiva por llamamiento a
calificar servicios, en que alcanzó los requisitos para obtener la asignación de retiro y
la necesidad de reestructurar el poder jerárquico de mando; no obstante, también se
evidencia que el Comité Evaluador del Ejército Nacional no lo aconsejó para ascenso;
decisión para la cual, si bien le precede el cumplimiento de unos requisitos, también
implica el ejercicio de una facultad discrecional, sometida a las necesidades del
servicio y a las vacantes existentes, artículo 64 del Decreto 1799 de 2000.

80. Por consiguiente, tal como lo sostuvo esta Subsección, en la sentencia del 27

33 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,

proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).

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de junio de 202535, «que un uniformado cumpla con todos los requisitos legales para
ser ascendido no es garantía de que ello ocurra, puesto que en todo caso es una
decisión discrecional del gobierno nacional en atención a los criterios indicados», por
lo tanto, la calificación en la que el señor Edison Alexander Torres Leiva obtuvo 506
puntos, y que, a su juicio, debió ser de 626, no constituye condición para la selección
discrecional a cargo del Gobierno nacional para el ascenso al grado de coronel, en el
que confluyen el mayor nivel de mando y una responsabilidad superior, ni para el
llamamiento a calificar servicios

81. Así las cosas, como lo ha precisado esta Subsección, i) «aunque hubiese
logrado este requisito y todos los demás que exigía la norma referida [Decreto 1799
de 2000], no era obligatorio para el Gobierno nacional decretar su promoción; y ii) el
retiro por llamamiento a calificar servicios ocurrió al comprobarse el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la asignación de retiro y previo concepto de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa»36. Por lo tanto, el acto administrativo censurado
se encuentra ajustado a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que se
evidencie una falsa motivación.

82. Por otro lado, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe
prueba que permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para el Ejército Nacional respondió a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio.

83. Lo anterior porque si bien, se recibió el testimonio del presidente del comité
para ascenso al grado de coronel en diciembre de 2016, el mismo no resultó suficiente
para demostrar la desviación de poder. Por el contrario, el testigo manifestó lo que
sigue:

«Al final del tiempo, concursa y no asciende; lo normal es que él pida su retiro
por voluntad propia, pero también, como lo dije al comienzo, el gobierno lo
puede llamar a calificar servicios en cualquier momento después de que tenga
derecho a pensión»37.

84. De dicha declaración no se desprende que el acto administrativo haya
respondido a motivos distintos a los del buen servicio, pues, como lo señaló el testigo,
el requisito para ser llamado a calificar servicios es contar con el tiempo necesario
para el reconocimiento de la asignación de retiro.

85. En efecto, la desviación de poder debe tener un definido respaldo probatorio
que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala.

35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
37 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 11VideoAudienciaPruebas,

testigo Marco Lino Tamayo Tamayo, minuto 1:38:32 a 1:38:51

18

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

86. En este punto, la Sala reitera que el buen desempeño del cargo no se traduce
en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la fuerza
pública para acudir a la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios. De
manera tal que las circunstancias atinentes a las felicitaciones y condecoraciones, en
el ejercicio del cargo, como esta corporación lo ha sostenido, no generan por sí solas
fuero de estabilidad en el empleo38. La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el
buen desempeño de las funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de
permanencia, pues lo normal es el cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario.

87. Por lo tanto, de la prueba testimonial recaudada39, no se encuentra probado
que la expedición del acto administrativo censurado hubiese obedecido a razones
diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que tampoco se
acreditaron los vicios de infracción de la norma en que debería fundarse, falsa
motivación y desviación de poder alegados por el señor Edison Alexander Torres
Leiva; por el contrario, se concluye que el acto administrativo demandado fue
expedido con apego a las condiciones exigidas en el Decreto Ley 1790 de 2000 para
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.

4. Costas

88. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario40 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

89. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que el señor Edison Alexander Torres Leiva haya incurrido en las
anteriores conductas.

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 20120, expediente 05001-

23-31-000-2002-00428-01 (0871-11).
39 Samai, índice 2, 6ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTALN20(.pdf), EXPDIG, 11VideoAudienciaPruebas.
40 40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

5. Conclusiones

90. El retiro del entonces teniente coronel Edison Alexander Torres Leiva por la
causal de llamamiento a calificar servicios se ajustó al Decreto Ley 1790 de 2000, por
cuanto se acreditó que el oficial contaba con el tiempo mínimo de servicio requerido
para acceder a la asignación de retiro y medió concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, presupuestos habilitantes para
la expedición del acto.

91. La administración no estaba obligada a incorporar una motivación adicional o
particularizada sobre la trayectoria o desempeño del actor, en la medida en que la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la justificación de esta modalidad de
retiro se encuentra «extra textualmente prevista» en la finalidad institucional de
reorganización y renovación del servicio.

92. De igual manera, no se acreditó la configuración de las causales de nulidad de
«infracción de la norma en que debería fundarse», «falsa motivación» o «desviación
de poder», pues no obra en el expediente prueba que permita advertir que la decisión
obedeció a hechos inexistentes, erróneos o ajenos a los fines previstos por la ley. Por
el contrario, el cumplimiento de los requisitos objetivos demuestra que la autoridad
ejerció legítimamente la facultad discrecional atribuida por el ordenamiento.

93. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, del 30 de agosto de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 47001-23-33-000-2017-00260-01 (2084-2024)
Demandante: Edison Alexander Torres Leiva
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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