RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2017-00290-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00290-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00290-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control judicial respecto de la Resolución Nro. RDP025193 del 7 de julio de 2016. Segundo. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020), por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar: 29 Índice 27 de SAMAI. 30 Índice 28 de SAMAI. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021) «PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nro. RDP024943 del 5 de julio de 2016, RDP038143 del 10 de octubre de 2016, RDP004342 del 7 de febrero de 2017 y 007014 del 23 de febrero de 2017». Tercero. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020), por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. Quinto. RECONOCER personería a los abogados Nicolás Pataquiva Delgadillo, identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.253.662 y la tarjeta profesional 410.182 del Consejo Superior de la Judicatura; y Melissa Yazmín Weber Duque, identificada con la cédula de ciudadanía 1.082.847.000 y la tarjeta profesional 191.836 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la UGPP y del demandante en este proceso, respectivamente. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2017-00290-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)
Demandante: Jaime Méndez Gómez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─

Tema: Diferencia entre actos administrativos definitivos y de ejecución.
Naturaleza jurídica del acto administrativo que niega la solicitud
de revocatoria directa. Falta de competencia para expedir los
actos administrativos demandados. Reintegro de los valores
percibidos por concepto de cobro indebido. MODIFICA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020), por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Jaime Méndez Gómez instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ─UGPP─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. RDP024943 del 5 de julio de
2016, por medio de la cual se ordenó a la Subdirección de Nómina de Pensionados
de la UGPP que calculara los valores adeudados a la Nación, por concepto de cobro
indebido. Que, como consecuencia de lo anterior, se revoquen las Resoluciones
Nro. RDP025193 del 7 de julio de 2016, RDP038143 del 10 de octubre de 2016 y
RDP004342 del 7 de febrero de 2017.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

3. A título de restablecimiento del derecho, que se ordene la restitución de las
sumas que le fueron descontadas, las cuales ascienden al valor de cincuenta y ocho
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con
ochenta y ocho centavos ($58.443.854,88), debidamente indexadas.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que mediante Resolución Nro. 020 del 26 de enero de 1998, el fondo de pasivo
social de la empresa Puertos de Colombia fijó el monto de su mesada pensional en
20 salarios mínimos.

6. Que el Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de la Protección Social profirió la
Resolución Nro. 000139 del 13 de marzo de 2003, en la que ajustó el monto de su
mesada pensional al tope de 17.5 salarios mínimos convencionales, es decir, a la
suma de cinco millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos con
diez centavos ($5.661.404,10).

7. Indicó que el anterior acto administrativo fue aclarado a través de la Resolución
Nro. 000850 del 30 de julio de 2004, en la que se ordenó reintegrar al tesoro la suma
de cincuenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos
cincuenta y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos ($58.443.854,88).

8. Que mediante Resolución Nro. RDP013095 del 23 de marzo de 2016, la UGPP
restableció la mesada que devengaba, sin ordenar descuentos o compensaciones.

9. Que, pese a lo anterior, la UGPP profirió las Resoluciones Nro. RDP024943 del
5 de julio de 2016, RDP025193 del 7 de julio de 2016, RDP038143 del 10 de octubre
de 2016 y RDP004342 del 7 de febrero de 2017, en las que ordenó nuevos
descuentos sobre el monto de sus mesadas pensionales.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Consideró violados los artículos 29 y 83 de la Constitución Política; 87 y 136 del
Código Contencioso Administrativo; y 91 de la Ley 1437 de 2011.

11. Que el problema jurídico que plantea es si la demandada podía aplicar una
orden de descuentos, sin que él hubiera otorgado el consentimiento y sin acudir
ante el juez. Manifestó que la deuda que se creó en su cabeza fue decidida
unilateralmente por el Grupo Interno de Trabajo en el 2002 y, ante la presentación
de solicitudes de aclaración, se expidió la Resolución Nro. 000850 del 30 de julio de
2004.

12. Señaló que transcurrieron 12 años sin que el Grupo Interno de Trabajo ejecutara
la orden de descuentos, razón por la que la demandada debió demandarlo en un
proceso ordinario para que, previa la comprobación de su actuar de mala fe, se
ordenara el reintegro de las sumas a las que hubiera lugar, pero que ello no ocurrió

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

porque se limitaron a establecer una deuda en su cabeza y expedir un acto en ese
sentido.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda se admitió en auto del 27 de noviembre de 20171. La UGPP se
opuso a las pretensiones, para lo cual indicó que se aplicó la compensación por
mayores valores recibidos por el demandante y que generaron detrimento al erario.
Que, como entidad pública, tenía el deber de analizar y detectar posibles
inconsistencias en las nóminas mensuales, se ajustó el monto de la mesada del
demandante. Propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos,
cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, compensación y genérica 2.

14. El 24 de octubre de 2019 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio
y se decretaron las pruebas3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

15. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del diecisiete (17)
de junio de dos mil veinte (2020), accedió a las pretensiones. Señaló que en el
expediente no se evidenció que la disminución de la mesada pensional del
accionante estuviera relacionada con la falsificación de algún documento o con una
conducta delictiva, porque la decisión respecto al tope pensional que venía
utilizándose no fue obtenida por medios ilegales, sino que provino de la aplicación
de normas que, en su momento, se consideraron aplicables a su caso, pero no a
que el actor hubiera utilizado medios fraudulentos para beneficiarse de la prestación
reclamada.

16. Que, de lo anterior, se desprendía la improcedencia de revocar directamente el
acto administrativo de reconocimiento pensional y la consecuente reducción de la
pensión, porque esa figura, sin el consentimiento del titular del derecho, solo
procede cuando se comprueba que el reconocimiento se efectuó con base en
documentación falsa, siempre y cuando la conducta se tipifique como delito y no en
controversias que versen sobre la interpretación del derecho.

17. Adujo que, en virtud del principio de buena fe, la demandada debió probar el
actuar ilegal del demandante, pero que como en la actuación administrativa no se
cuestionó la buena fe de este al recibir los dineros por la liquidación de su pensión
sin aplicación del tope pensional, no se desvirtuó la presunción que lo ampara.

18. Con base en lo anterior declaró la nulidad de las Resoluciones Nro. RDP024943
del 5 de julio de 2016, RDP025193 del 7 de julio de 2016, RDP038143 del 10 de
octubre de 2016 y RDP004342 del 7 de febrero de 2017. A título de restablecimiento
del derecho, ordenó a la UGPP que devolviera las sumas de dinero que hubiera
descontado al señor Jaime Méndez Gómez, por concepto de mesadas pagadas en

1 Véase a folios 134-135.
2 Véase a folios 157-170.
3 Véase a folios 208-215.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

exceso, así como se abstenga de descontar, en lo sucesivo, dineros por el mismo
concepto4.

RECURSO DE APELACIÓN

19. La UGPP interpuso recurso de apelación en el que expresó que el demandante
sí está obligado a reintegrar al erario los dineros que le fueron pagados sin derecho,
así como que la entidad estaba obligada a aplicar las decisiones judiciales en firme,
concretamente, la de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá que,
el 7 de noviembre de 2012, confirmó la sentencia dictada por la Fiscalía Primera
Estructura de Apoyo Foncolpuertos, adscrita a la Unidad Nacional de Administración
Pública, que ordenó suspender los efectos jurídicos y económicos de los actos
administrativos referentes al demandante, a saber: las Resoluciones Nro. 1148 del
14 de agosto de 1997, 20 del 26 de enero de 1998 y 2182 del 1° de junio de 1998.

20. Que como tenía el deber de aplicar esa decisión judicial en la que se evidenció
el detrimento patrimonial de los recursos públicos, expidió las Resoluciones Nro.
RDP025193 del 7 de julio de 2016, RDP038143 del 10 de octubre de 2016 y
RDP004342 del 7 de febrero de 2017.

21. Que, de acuerdo con la convención colectiva, sí se pactó un tope pensional,
porque se dispuso que ninguna pensión podía superar los 17.5 salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Que, por ende, como al demandante estaban
pagándosele sumas adicionales, era claro que Puertos de Colombia y
Foncolpuertos liquidaron y pagaron, caprichosamente, mesadas pensionales con
manifiesto desconocimiento de la ley.

22. Señaló que sí estaba autorizada para ajustar las mesadas pensionales a los
topes legales o convencionales de aquellos que fueron miembros de Puertos de
Colombia, así como que cuenta con facultades de cobro coactivo, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 1066 de 2006, la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 575 de 2013.

23. Adujo que las resoluciones demandadas tienen la naturaleza de actos
administrativos de ejecución, porque dieron cumplimiento a una decisión judicial que
estaba en firme5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

24. El 27 de abril de 2021 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados6.

25. La UGPP alegó de conclusión y solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, porque la demanda carece de argumentos fácticos y jurídicos para
acceder a las pretensiones solicitadas por la parte actora. En lo demás, planteó los
mismos argumentos que expuso en el recurso de apelación7.

4 Véase a folios 232-243.
5 Véase a folios 251-265.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 17 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

26. La parte demandante guardó silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. El problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si los
actos administrativos demandados, por medio de los cuales se ordenó, entre otras,
que la Subdirección de Nómina de Pensionados calculara los valores adeudados a
la Nación por concepto de cobro indebido, se ajustaron o no a derecho, por cuanto
dentro de un proceso penal se emitió resolución de acusación en contra de quien
suscribió los actos administrativos relacionados con el reconocimiento pensional del
demandante.

28. Sin embargo, previa resolución de este interrogante se determinará si los actos
administrativos cuya nulidad se solicita son susceptibles de control judicial.

De los actos administrativos susceptibles de control judicial

29. El acto administrativo constituye la expresión de voluntad unilateral de la
Administración, destinada a producir efectos en el mundo jurídico y que,
dependiendo del ámbito en que estos se extienden, pueden ser de contenido
general o particular.

30. De lo anterior, se concluye que solo aquellos actos que produzcan efectos
tienen trascendencia material para verificar su contenido en sede gubernativa y en
sede judicial, en uso de los mecanismos previstos por el legislador; de ahí que,
normativamente, reciban el calificativo de «actos administrativos definitivos»8, por
cuanto deciden la actuación de manera directa o indirecta y, como tal, son los únicos
pasibles de ser acusados.

31. En contraposición, están los actos administrativos que la doctrina ha
denominado como de «cumplimiento o ejecución», los cuales no contienen una
expresión de voluntad proveniente de la Administración, sino que se trata de la
orden concreta de la Administración o de un juez que, para cobrar ejecución,
requiere de su puesta en práctica por la autoridad que está obligada a cumplirla. Es
entonces este acto el instrumento jurídico a través del cual la Administración
cumple, materialmente, la orden proferida por un funcionario dentro de una
providencia.

32. De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado, reiteradamente, que
los «actos administrativos de ejecución» carecen de control por vía de acción, lo
cual se adecúa a la definición ya expuesta; y, de igual manera, su tratamiento
procesal dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que dispone que este tipo de decisiones tampoco son susceptibles
de discusión en la vía administrativa9.

8 Artículo 43 de la Ley 1437 de 2011.
9 Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

33. Bajo ese entendido, los «actos administrativos de ejecución» no son
susceptibles de control judicial, a menos que «[…] al materializar la orden dada por
el juez, la autoridad desborde los estrictos lineamientos de la sentencia, en cuyo
caso, el perjudicado quedará habilitado para discutir en juicio aquello en que hubo
incumplimiento por parte de la administración»10.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

34. Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones,
que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

35. La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues de otra forma no puede delimitarse el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

36. Las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como
presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el
momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente
a producir efectos jurídicos11.

37. La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que
no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es
importante tener en consideración que la asignación de competencias a la
Administración Pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como
el funcional o jerárquico12, el material13, el territorial14 y en algunos casos el
temporal15.

38. El artículo 137 del CPACA ─causales aplicables al artículo 138 de la misma
disposición─ regula la falta de este elemento como un vicio invalidante de los actos

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 17 de noviembre de 2016.

Rad. 05001-23-33-000-2012-00819-02 (3743-2015). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración

del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los
preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez
son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».
12 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura

organizacional de la Administración Pública, ostenta el servidor público o particular investido de
funciones administrativas.
13 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente

asignada a la autoridad que lo expidió.
14 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio

geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus
funciones.
15 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un

límite de tiempo para que la Administración pueda ejercer su poder decisorio.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta corporación, es uno de los
más graves y, por lo tanto, no puede sanearse16.

El principio de autotutela administrativa

39. En virtud de dicho principio, se le concede a la Administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
propio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

40. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta, encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que
las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas
no gozan de plena autonomía porque toda conducta que deseen desplegar debe
estar regulada en una norma habilitante.

41. Esta premisa tiene regulación constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.

42. De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores
públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son
también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que
están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está
permitido por la Constitución, las leyes y los reglamentos.

43. Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo
público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda
ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así
como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123
de la misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento […]».

44. Por ello, mecanismos de autotutela de la Administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una regulación legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.

Resolución del caso concreto

16 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o

defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la
falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso» (Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad. 11001-
03-15-000-1998-0782-01 S-782).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

45. Mediante Resolución Nro. 000264 del 3 de mayo de 2002, el Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia aplicó la
determinación que en relación a los topes máximos pensionales hicieron los
órganos de control y se abstuvo de pagar los mayores valores pensionales en la
cantidad que superara el tope máximo de salarios mínimos legales o
convencionales vigentes, respecto de los 192 pensionados que se relacionaron en
las certificaciones del sistema nacional de pagos, entre los que figuraba el señor
Jaime Méndez Gómez17.

46. Luego, por Resolución Nro. 000139 del 13 de marzo de 2003, el Grupo Interno
de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia ajustó la
cuantía de la pensión del señor Méndez Gómez, en atención a que esta no podía
superar los 17.5 salarios mínimos, de conformidad con la convención colectiva; y,
además, advirtió que al demandante se le pagó, en exceso, la suma de cincuenta y
cuatro millones trescientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos con
cincuenta y cinco centavos ($54.305.964,55), los cuales ordenó que se
reintegraran18.

47. El Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia, a través de la Resolución Nro. 000850 del 30 de julio de 2004, aclaró el
anterior acto administrativo, en el sentido de indicar que la mesada pensional del
actor equivalía a la suma de cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil
seiscientos treinta pesos con ochenta y ocho centavos ($5.655.630,88); y que el
monto por reintegrar correspondía al valor de cincuenta y ocho millones
cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta
y ocho pesos ($58.443.854,88)19.

48. Por Resolución Nro. RDP027947 del 9 de julio de 2015, la UGPP dio
cumplimiento a la orden judicial proferida por la Unidad Delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Fiscalía 22 y, en consecuencia, suspendió
los efectos jurídicos y económicos de las Resoluciones Nro. 1148 del 14 de agosto
de 1997, 20 del 26 de enero de 1998 y 2182 del 1° de junio de 1998. Igualmente,
ordenó el ajuste de la mesada pensional del demandante al monto devengado antes
de aplicar los anteriores actos administrativos, esto es, con sustento en la
Resolución Nro. 138630 del 29 de agosto de 1989; y dispuso que la Subdirección
de Nómina de Pensionados debía calcular los valores adeudados a la Nación por
concepto de cobro indebido20.

49. Mediante Resolución Nro. RDP013095 del 23 de marzo de 2016, la UGPP
modificó la parte motiva y el artículo segundo de la anterior resolución, en el sentido
de indicar que la mesada pensional no se ajustaría con base en la Resolución Nro.
138630 del 29 de agosto de 1989, sino con la Resolución Nro. 000139 del 13 de
marzo de 2003, aclarada y confirmada por las Resoluciones Nro. 000850 del 30 de
julio de 2004 y 708 del 22 de mayo de 2009, respectivamente21.

17 Véase a folios 17-24.
18 Véase a folios 25-27.
19 Véase a folios 28-30.
20 Véase a folios 31-38.
21 Véase a folios 42-48.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

50. Por Resolución Nro. RDP024943 del 5 de julio de 2016, se modificó la parte
motiva y el artículo segundo de la anterior resolución y se ordenó a la Subdirección
de Nómina de Pensionados de la UGPP que calculara los valores adeudados a la
Nación, por concepto de cobro indebido22.

51. A través de la Resolución Nro. RDP025193 del 7 de julio de 2016, la UGPP
negó la solicitud de revocatoria de la Resolución Nro. RDP027947 del 9 de julio de
201523.

52. La UGPP, mediante Resolución Nro. RDP038143 del 10 de octubre de 2016,
revocó la Resolución Nro. RDP024943 del 5 de julio de 2016 y modificó el artículo
primero de la Resolución Nro. RDP013095 del 23 de marzo de 2016, en el sentido
de indicar que la Subdirección de Nómina de Pensionados debería ordenar el pago
de las diferencias pensionales que se causaren entre la aplicación de la Resolución
Nro. RDP027947 del 9 de julio de 2015 y la fecha de inclusión de dicho acto
administrativo24.

53. Finalmente, por Resolución Nro. RDP004342 del 7 de febrero de 2017, la UGPP
resolvió, desfavorablemente, el recurso de reposición que se interpuso en contra
del anterior administrativo25; y, a través de la Resolución Nro. 007014 del 23 de
febrero de 2017, resolvió, de manera desfavorable, el recurso de apelación que se
interpuso en contra de la Resolución Nro. RDP038143 del 10 de octubre de 201626.

54. Esbozado lo anterior, lo primero que advierte la Sala, metodológicamente, es
que en este caso deben distinguirse dos periodos: el primero, ocurrido antes de
2015, en el que, a través de la Resolución Nro. 000850 del 30 de julio de 2004, se
ajustó el monto de las mesadas pensionales que percibía el demandante y se
determinó que el señor Jaime Méndez Gómez debía reintegrar el valor de cincuenta
y ocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro
pesos con ochenta y ocho pesos ($58.443.854,88), lo cual se sustentó en la
existencia de mayores valores cancelados entre mayo de 2002 y julio de 2004.

55. Y el segundo periodo, ocurrido después de 2015, en el que se estableció, a
partir de la Resolución Nro. RDP027947 del 9 de julio de 2015 y en lo sucesivo, que
se daría cumplimiento a la providencia judicial que emitió la Fiscalía Veintidós
Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, así como que la
Subdirección de Nómina de Pensionados debía calcular los valores adeudados a la
Nación por cobro indebido.

56. De ese modo, respecto a la naturaleza jurídica de las resoluciones
demandadas, se observa, en primer lugar, que la Resolución Nro. RDP025193 del
7 de julio de 2016 no es susceptible de control judicial, por cuanto el acto que niega
la solicitud de revocatoria directa no hace parte de la actuación administrativa y no
genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto administrativo que se
solicite revocar directamente, razón por la que en el acápite pertinente se declarará

22 Véase a folios 49-55.
23 Véase a folios 56-62.
24 Véase a folios 63-65.
25 Véase a folios 77-83.
26 Véase en el medio magnético.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control judicial en lo que
concierne a esta resolución.

57. Y, en segundo lugar, que los actos administrativos proferidos en este último
periodo se distinguen porque algunos de ellos son definitivos y otros son de
ejecución. En ese orden, las Resoluciones Nro. RDP024943 del 5 de julio de 2016,
RDP038143 del 10 de octubre de 2016, RDP004342 del 7 de febrero de 2017 y
007014 del 23 de febrero de 2017 ─que son los actos administrativos cuya nulidad
se solicita─ se corresponden con la primera categoría; mientras que la Resolución
Nro. RDP027947 del 9 de julio de 2015 pertenece a la segunda.

58. Lo anterior se sustenta en que en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía
General de la Nación tenía la facultad de emitir órdenes dentro de un proceso penal
─por ejemplo, a través de una resolución de acusación─, encaminadas a detener
los efectos que pudieron suscitarse con la comisión de una conducta punible
calificada. En esa medida, cuando la UGPP profirió la Resolución Nro. RDP027947
del 9 de julio de 2015, es claro que esta no contenía una expresión de voluntad
proveniente de la Administración, sino que se trató de la orden concreta de una
autoridad judicial que, para cobrar ejecución, requería de su puesta en práctica por
la autoridad que estaba obligada a cumplirla.

59. En otros términos: la Resolución Nro. RDP027947 del 9 de julio de 2015 fue el
instrumento jurídico a través del cual la UGPP cumplió, materialmente, la orden
proferida por un funcionario dentro de una providencia que, en este caso, fue la
resolución de acusación que profirió la Fiscalía Veintidós Delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 7 de noviembre de 2012, dentro del
proceso penal que se surtió contra el señor Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez,
exdirector de Foncolpuertos.

60. Por su parte, aun cuando la Resolución Nro. RDP024943 del 5 de julio de 2016
─y las demás resoluciones que resolvieron los recursos que se presentaron contra
esta ante la Administración─ hubiera modificado la Resolución Nro. RDP013095 del
23 de marzo de 2016 para, a su vez, modificar la Resolución Nro. RDP027947 del
9 de julio de 2015, esto no la hace un acto administrativo de ejecución, por cuanto
la UGPP plasmó su manifestación de voluntad de forma autónoma y soberana,
desprovista de cualquier mandato judicial que le sirviera de antecedente necesario.

61. Tanto es así que la modificación del acto administrativo de ejecución no
obedeció al mero cumplimiento del mandato del ente acusador, sino que la entidad
demandada lo sustentó, directamente, en las determinaciones de la Resolución Nro.
000850 del 30 de julio de 2004, lo que evidencia que la UGPP actuó en ejercicio de
su propia competencia sustancial y volitiva y no bajo la constricción de materializar
una orden de la Fiscalía, razón por la que los actos administrativos demandados sí
son susceptibles de control por esta jurisdicción.

62. Advertido esto, se concluye que la entidad accionada, al expedir las
resoluciones demandadas, actuó en procura de sus intereses jurídicos
─específicamente, con el fin de prevenir un presunto detrimento patrimonial del
Estado─, lo que impone la necesidad de establecer si gozaba de competencia
normativa que le permitiera adoptar esas medidas de autotutela.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

63. Como antecedentes, se tiene que los actos demandados citaron como «norma
habilitante» la resolución de acusación que profirió la Fiscalía Veintidós Delegada
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

64. Tal cual se advirtió, en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General de
la Nación podía adoptar las medidas necesarias para el cese de los efectos creados
por la comisión de un delito, motivo por el cual la jurisprudencia constitucional
aceptó que, con base en las facultades legales del ente acusador, las órdenes que
dictara con ese fin serían «[…] un presupuesto válido para suspender prestaciones
de índole pensional cuando fueron obtenidas de manera fraudulentas y como
consecuencia de conductas desplegadas por parte de los beneficiarios que se
puedan enmarcar dentro de un tipo penal, lo cual permite desvirtuar la buena fe y la
presunción de inocencia de aquellos a quienes se les suspendió el pago de los
emolumentos» (negrillas originales)27.

65. En otros términos: «[…] a pesar de que exista una orden directa de la Fiscalía
de suspender los efectos de actos administrativos por haberse calificado la conducta
como delictiva por parte de quien suscribió dichas Resoluciones, la actuación debe
ser evidentemente fraudulenta por parte del beneficiario para que la
administración pueda revocar su propio acto sin obtener previamente su
consentimiento»28 (negrillas originales).

66. De ese modo, como la resolución de acusación fue dictada en contra del señor
Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez como presunto autor del delito de peculado
por apropiación, es claro que la investigación penal estuvo dirigida en contra de esa
persona y no en contra del señor Jaime Méndez Gómez. Por consiguiente, a pesar
de que la UGPP recibió válidamente una instrucción de la Fiscalía Delegada en el
proceso penal llevado en contra del señor Manuel Zabaleta, esta no debió
suspender los efectos jurídicos y económicos de los actos administrativos que
otorgaban la indexación de las mesadas pensionales del demandante, porque la
conducta que dio origen a la medida tomada por el ente acusador no era imputable
directamente al señor Méndez Gómez.

67. En consecuencia, si la UGPP no estaba facultada para suspender los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos que otorgaron la indexación de
las mesadas pensionales porque dicha determinación no se tomó en el marco de
un proceso penal que se siguiera en contra del señor Jaime Méndez Gómez, es
más que claro que tampoco lo estaba para ordenar reintegros de dinero por
concepto de cobro indebido porque, como se mencionó, para ejercer cualquier
potestad administrativa debe existir habilitación expresa y, en este caso, se advierte
que las normas que previeron las funciones de la entidad accionada ─véase el
Decreto 575 de 2013─ la facultaron, inicialmente, para reconocer y pagar derechos
pensionales y prestaciones económicas, y no la habilitaron para ordenar el reintegro
de haberes, como descuento de estas.

68. Aun en gracia de discusión, si de la orden de la Fiscalía Delegada se
desprendiera que la UGPP tenía competencia para interrumpir el alcance de las

27 Corte Constitucional. Sentencia T-199 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28 Ibid.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

Resoluciones Nro. 1148 del 14 de agosto de 1997, 20 del 26 de enero de 1998 y
2182 del 1° de junio de 1998, lo cierto es que a la entidad solo se le facultó para
suspender los efectos jurídicos y económicos de dichos actos administrativos, pero
no para solicitar el reintegro de haberes bajo una orden de cálculo de valores
adeudados por concepto de cobro indebido por parte del demandante.

69. Ante la ausencia de una norma que establezca la competencia, la autoridad
administrativa está imposibilitada para actuar, es decir, las facultades de autotutela
declarativa y ejecutiva de la Administración dependen, igualmente, de la existencia
de normas expresas de autorización y de mandato, en correspondencia con el
principio de legalidad.

70. En estos términos, se concluye que la UGPP no tenía competencia para
ordenar, de manera unilateral, el reintegro de los dineros que recibió el señor Jaime
Méndez Gómez, razón por la que los actos administrativos demandados se
expidieron sin competencia y en clara extralimitación de funciones, máxime si se
tiene en cuenta que la entidad accionada se valió de la providencia de la Fiscalía
Veintidós Delegada para revivir una decisión desprovista de fuerza vinculante
─concretamente, la Resolución Nro. 000850 del 30 de julio de 2004, frente a la que
se configuró la pérdida de ejecutoriedad─, es decir, se instrumentalizó la orden
emitida por el ente acusador, con el propósito de reanudar los efectos de lo que
omitió ejecutarse en su oportunidad.

71. Si la UGPP pretendía una devolución de sumas que, en su consideración, eran
incompatibles con el tope convencional del que se originó el reconocimiento
pensional del señor Méndez Gómez, debió reclamar el «pago de lo no debido»,
contemplado en el artículo 2313 del Código Civil, en atención a que su proceder
violó el principio de respeto al acto propio en materia de derechos pensionales.

72. Bajo esa óptica, es claro que la Administración debe utilizar los mecanismos
judiciales o administrativos establecidos para recobrar o buscar el reintegro de
sumas de dinero que considera indebida o injustamente pagadas, por lo que no es
dable que adelante una actuación administrativa tendiente a crear una nueva
decisión que preste mérito ejecutivo, como ocurrió en el presente caso.

73. Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra
que la actuación de la UGPP transgredió el ordenamiento jurídico y comportó un
abuso del derecho al trasladar al administrado cargas que no tenía por qué asumir,
pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
regulada por la Constitución o la ley, su ejercicio se constituye en una arbitrariedad.

74. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia del diecisiete (17) de junio de dos
mil veinte (2020), por el Tribunal Administrativo del Magdalena, para declarar
probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control judicial respecto
de la Resolución Nro. RDP025193 del 7 de julio de 2016; y se confirmará, en todo
lo demás, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Condena en costas de segunda instancia

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

76. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

78. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que la decisión de primera instancia será modificada, por manera que no puede
predicarse que a la demandada se le haya resuelto desfavorablemente el recurso
de apelación. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

79. Finalmente, se reconocerá personería a los abogados Nicolás Pataquiva
Delgadillo, identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.253.662 y la tarjeta
profesional 410.182 del Consejo Superior de la Judicatura29; y Melissa Yazmín
Weber Duque, identificada con la cédula de ciudadanía 1.082.847.000 y la tarjeta
profesional 191.836 del Consejo Superior de la Judicatura30, para representar los
intereses de la UGPP y del demandante en este proceso, respectivamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de
control judicial respecto de la Resolución Nro. RDP025193 del 7 de julio de 2016.

Segundo. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el diecisiete (17)
de junio de dos mil veinte (2020), por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En
su lugar:

29 Índice 27 de SAMAI.
30 Índice 28 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 47001-23-33-000-2017-00290-01 (1075-2021)

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nro. RDP024943
del 5 de julio de 2016, RDP038143 del 10 de octubre de 2016, RDP004342
del 7 de febrero de 2017 y 007014 del 23 de febrero de 2017».

Tercero. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el diecisiete (17)
de junio de dos mil veinte (2020), por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones, pero por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. RECONOCER personería a los abogados Nicolás Pataquiva Delgadillo,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.253.662 y la tarjeta profesional
410.182 del Consejo Superior de la Judicatura; y Melissa Yazmín Weber Duque,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.082.847.000 y la tarjeta profesional
191.836 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses de la
UGPP y del demandante en este proceso, respectivamente.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.