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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00296-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00296-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Marly Emilce Barrios Nuñez contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el distrito de Santa Marta. SEGUNDO.- Sin costas en las dos instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2017-00296-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicado : 47001-23-33-000-2017-00296-01
Número interno : 4152-2019
Actor : Marly Emilce Barrios Núñez
Demandado : Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Secretaría de
Educación del distrito de Santa Marta
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho-
Ley 1437 de 2011
Asunto : Indemnización sustitutiva de docente con pensión de
invalidez

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 8 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Demanda
1.1. Pretensiones

La señora Marly Emilce Barrios Núñez, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de la Resolución núm. 0303 del 7 de marzo de 2016 y del acto ficto configurado por el silencio administrativo de la Secretaría de Educación de Santa Marta ante la interposición de los recursos de reposición y apelación, que le negaron el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene al demandado: (i) pagar la suma de $115.822.266, debidamente indexados, con los respectivos intereses, calculada con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993; y (ii) pagar costas.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

La señora Marly Emilce Barrios Núñez se vinculó como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Santa Marta el 5 de abril de 1972. Mediante Resolución núm. 00019 del 31 de agosto de 2005, le fue reconocida una pensión ordinaria de jubilación docente.

El 27 de abril de 2015 fue retirada del servicio como consecuencia de una enfermedad de origen profesional y común. De modo que, el 7 de septiembre de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de una indemnización, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, ante la Secretaría de Educación del distrito de Santa Marta; sin embargo, esta petición fue resuelta desfavorablemente a través de la Resolución núm. 0303 del 7 de marzo de 2016.

En contra de la aludida Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, sin que hubiere recibido respuesta alguna.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, el artículo 48.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 37.
De la Ley 776 de 2002, el artículo 15.
Del Decreto 1818 de 1969, el artículo 18.
La Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de la violación la parte actora explicó que los actos acusados se encuentran viciados de falsa motivación, desviación de poder e infracción de las normas superiores en que debían fundarse, pues le asiste el derecho al reconocimiento de una indemnización sustitutiva por enfermedad profesional, regulada en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, en la medida en que perdió el 96% de su capacidad laboral con ocasión a las labores que realizó como docente.

Destacó que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, esta indemnización debe pagarse a todas las personas que se hubieren pensionado por invalidez con una disminución de la capacidad laboral de origen profesional.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Fiduprevisora, actuando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.

Destacó que la prestación pretendida no tiene soporte legal, dado que existe incompatibilidad entre la indemnización por invalidez y la pensión reconocida con el mismo orígen, con ocasión al carácter indemnizatorio de ambas.

Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa y buena fe.

2.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional, actuando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.

Alegó que la señora Marly Emilce Barrios Núñez no acredita una condición especial que la haga beneficiaria de una indemnización sustitutiva por invalidez, pretendiendo hacer valer a la vez beneficios del régimen excepcional de los docentes consagrado en la Ley 91 de 1989 y del general previsto en la Ley 100 de 1993.

Propuso las excepciones que denominó: “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa y buena fe”.

2.3. El distrito de Santa Marta, actuando a través de apoderado, manifestó que se opone a pretensiones de la demanda.

Expresó que el distrito no es responsable de realizar los pagos eventuales por concepto de indemnización por enfermedad profesional a los docentes afiliados al Fondo Nacional del Magisterio, de modo que no se encuentra legitimado en la causa para acudir al presente proceso.

Como excepción planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda y declaró la falta de legitimación en la causa del distrito de Santa Marta.

Precisó que la accionante se vinculó al servicio docente el 20 de abril de 1972, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de modo que le resulta aplicable el régimen prestacional previsto en la Ley 91 de 1989, que remite, en cuanto a invalidez, a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Sin embargo, apuntó que el artículo 22 del Decreto 3135 de 1968, que hacía referencia a la indemnización por enfermedad profesional, fue derogado por el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994, de suerte que para el presente asunto debe acudirse a las disposiciones propias del Sistema General de Riesgos Profesionales contenidas en este último y en la Ley 776 de 2002.

Destacó que, de acuerdo con el Decreto 2644 de 1994, la indemnización por enfermedad y/o accidente laboral se reconoce exclusivamente en los casos en los que la pérdida de la capacidad laboral del empleado no supera el 49%, pues de presentar una mayor afectación se debe cubrir la contingencia con una pensión de invalidez.

En el caso concreto, señaló que la demandante fue calificada con pérdida de la capacidad laboral del 96% por padecer síndrome del túnel del carpio bilateral (enfermedad profesional) y artrosis de heberden (origen común), en consecuencia, mediante Resolución núm. 0291 del 27 de abril de 2015 le fue reconocida una pensión de invalidez, que cubrió la fatalidad acaecida.

Así entonces, resulta incompatible la indemnización reclamada con la pensión de invalidez que disfruta, toda vez que la afectación sufrida con origen laboral se encuentra cubierta con el derecho prestacional otorgado, los cuales buscan atender la misma fatalidad.

4. Recurso de apelación

4.1. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia apelada.

Reiteró que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, todos los ex empleados pensionados por invalidez, tienen derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, emolumento que no es incompatible con la pensión que actualmente devenga.

5. Alegatos de conclusión

5.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

5.2. La Fiduprevisora reiteró que la demandante no acredita una condición especial que la haga beneficiaria de la indemnización sustitutiva por invalidez, pues se vinculó al Magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de modo que el régimen anterior que la cobija es el Decreto 1848 de 1969 y la Ley 91 de 1989. Además, se encuentra gozando de dos reconocimientos pensionales y pretende un tercero bajo la modalidad sustitutiva, creada precisamente para afiliados que no logran siquiera la condición inicial.

6. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2. Cuestión previa

Mediante memorial radicado el 11 de diciembre de 2019, el apoderado de la parte demandante solicita “se sirva decretar la nulidad de esta actuación por haber prescindido de la audiencia de pruebas causando un perjuicio al demandante por haber llegado a una ilógica conclusión sobre la concesión de las pretensiones de la demanda”.

Explicó que, a su juicio, se genera nulidad cuando no se realiza la audiencia de pruebas en primera instancia, teniendo en cuenta que ello conllevó a que se negaran las pretensiones de la demanda.

En escrito allegado en la misma fecha solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia, pidiendo que se oficie a la Secretaría de Educación del distrito de Santa Marta que informe si la demandante ha recibido algún tipo de indemnización debido a su enfermedad.

Ahora bien, con el objeto de resolver lo pedido, se destaca que el artículo 133 del Código General del Proceso, establece las siguientes causales de nulidad:

“Artículo 133. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.

Sobre el asunto en particular, es menester precisar que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en audiencia inicial surtida el 17 de julio de 2018, tuvo como pruebas las documentales aportadas por las partes demandada y demandante y decretó otras documentales de oficio. Sin embargo, en cuanto a las pruebas solicitadas por la parte actora en memorial visible en folios 117 a 120, consideró que debían ser negadas pues el escrito fue presentado de forma extemporánea. En contra de esta decisión ninguna de las partes interpuso recursos.

Mediante auto del 4 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en virtud del principio de economía procesal, prescindió de la realización de audiencia de pruebas en la medida en que la totalidad de las pruebas decretadas fueron debidamente evacuadas.

De acuerdo con lo anterior, es menester precisar que la ley consagra la posibilidad de que el juez prescinda esta etapa, siempre y cuando no existan pruebas que deban ser practicadas en esta diligencia, decisión que en el caso concreto se encuentra acertada, pues las pruebas tenían el carácter de documentales y fueron allegas al plenario en su totalidad.

En el mismo sentido, se advierte que la omisión de la audiencia de pruebas en virtud del principio de economía procesal, en el caso concreto, no configura una causal de nulidad del proceso, en la medida en que las partes contaron con la oportunidad procesal para ejercer la actividad probatoria.

Ahora bien, sobre el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, el artículo 212 del CPACA estableció que dicha solicitud debe ser presentada por la parte interesada dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y en cuanto a la procedencia para su decreto, señaló:

“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles”

De este modo, la Sala estima que, en todo caso, no se encuentran acreditados los supuestos de hecho de la norma citada y por tal razón no es procedente la solicitud probatoria formulada por la parte recurrente, en primer lugar, porque (i) no fue pedida en primera instancia, (ii) no trata de acreditar hechos nuevos y además, porque (iii) resulta inconducente e impertinente para resolver el asunto de marras.

Así las cosas, es improcedente la declaratoria de nulidad del proceso y ordenar la prueba pedida por la demandante. En esa medida, como quiera que no obra en el proceso irregularidades o nulidades que deban ser saneadas y que impidan decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 8 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la Sala procederá a pronunciarse sobre el asunto de fondo.

3. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si revoca la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se determinará si a la docente Marly Emilce Barrios Núñez le asiste el derecho al reconocimiento de una indemnización sustitutiva en los términos del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, como consecuencia de la enfermedad profesional que conllevó a su retiro y posterior reconocimiento de una pensión de invalidez.

Con el fin de resolver el problema planteado, la Sala analizará: (i) hechos probados y (ii) caso concreto.

4. Hechos probados

-La señora Marly Emilce Barrios Núñez nació el 20 de abril de 1950.

-Prestó sus servicios como docente oficial, al servicio de la Secretaría de Educación de Santa Marta, del 20 de abril de 1972 hasta el 3 de marzo de 2015, según se observa en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fecha de 13 de agosto de 2015.

• De acuerdo con la Resolución núm. 00019 del 31 de agosto de 2005, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el distrito de Santa Marta reconocieron a favor de la demandante una pensión mensual vitalicia de jubilación, efectiva a partir del 21 de abril de 2005, por la suma de $1.334.369.

• Mediante Resolución núm. 0396 del 3 de marzo de 2015, la Secretaría de Educación de Santa Marta retiró del servicio a la señora Marly Emilce Barrios Núñez, por la pérdida de su capacidad laboral en un 96%.

-A través de Resolución núm. 0291 del 27 de abril de 2015, la Secretaría de Educación de Santa Marta dejó sin efectos la Resolución núm. 00019 del 31 de agosto de 2005, por medio de la cual se le reconoció una pensión vitalicia de jubilación y, por favorabilidad, se le concedió una pensión de invalidez, por valor de $3.660.801, efectiva a partir del 9 de marzo de 2015.

-Según el dictamen para la calificación de pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez del 27 de mayo de 2014, la demandante padece: “síndrome del túnel del carpo bilateral de mano derecha y artrosis de heberden”, lo que conllevó a la disminución de la capacidad laboral permanente total en un 96%, de origen profesional y común.

Actuación administrativa
• Mediante solicitud radicada el 21 de octubre de 2015, la señora Marly Emilce Barrios Núñez solicitó ante la Secretaría de Educación de Santa Marta y el Fomag, el reconocimiento y pago de “la indemnización por enfermedad profesional a la que tiene derecho” .

• Acto acusado: Mediante la Resolución núm. 0303 del 7 de marzo de 2016 la Secretaría de Educación del distrito de Santa Marta le negó a la actora el reconocimiento de lo solicitado, por considerar que:

“Verificada la base de datos de prestaciones, se registra que mediante Resolución No. 0291 del 2015-04-27 la Secretaria de Educación de Santa Marta reconoció la pensión de Invalidez a la docente por PCL en un perdida de la capacidad laboral.-según consagra el Articulo 18, Decreto 1848/69 esta prestación no es compatible con la indemnización por Enfermedad Profesional en caso de haberse tramitado y reconocido la Pensión de Invalidez cuya prestación no es compatible con la Pensión Invalidez reconocimiento de la Indemnización por enfermedad Profesional toda vez que existe la excepción”.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación refiriendo que la pensión de invalidez reconocida no es incompatible con la indemnización prevista en la Ley 776 de 2002, que ahora solicita.

6. Caso concreto

La señora Marly Emilce Barrios Núñez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, en representación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, le negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva por enfermedad profesional, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002.

En este punto, debe señalarse, que si bien la accionante en la petición inicial que elevó el 21 de octubre de 2015 indicó que solicitaba el reconocimiento y pago de una “indemnización por enfermedad profesional”, sin hacer referencia a una norma en concreto, lo cierto es que al interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del acto emitido por la Secretaría de Educación de Santa Marta, hizo precisión en que la indemnización a la que se refería, era la sustitutiva prevista en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002. Sobre los recursos interpuestos se configuró un acto ficto negativo por el silencio administrativo del demandado.

El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la indemnización originada en una enfermedad o accidente laboral, de acuerdo con el Decreto 1296 de 1994, se reconoce exclusivamente en aquellos casos en que la pérdida de la capacidad laboral es inferior al 49%, cuando el empleado no disponga de otro reconocimiento originado en dicha contingencia. De modo que, la pensión de invalidez de la que disfruta la accionante es incompatible con la indemnización reclamada.

La parte demandante recurrió dicha decisión alegando que la indemnización sustitiva que prevé el artículo 15 de la Ley 776 de 2002 es compatible con la pensión de invalidez que ahora tiene reconocida, pues la pérdida de su capacidad laboral es de origen profesional.

Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala precisa que los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, son destinatarios de la normativa pensional de los empleados del orden nacional, por la remisión prevista en la Ley 91 de 1989.

En este orden de ideas, el régimen aplicable a la actora en lo concerniente a la invalidez surgida con ocasión de la actividad profesional, es el previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en virtud de su vinculación, el 20 de abril de 1972. Y, la cobertura de los riesgos laborales de los docentes, se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que encauzan una serie prestaciones e indemnizaciones destinadas al amparo frente a la pérdida de su capacidad laboral.

Aclarado lo anterior, y con el objeto de desatar lo alegado por la parte accionante, se tiene que la Ley 100 de 1993 regula la indemnización sustitutiva, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.

A su turno, la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales” dispone que todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley.

La citada ley en el artículo 15 regula que además de la pensión de invalidez, procede el reconocimiento de una indemnización sustitutiva para el afiliado al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, cuando se invalide como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En efecto, la norma dispone:

“ARTÍCULO 15. DEVOLUCIÓN DE SALDOS E INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA. Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá, reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios:

a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional;

b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

PARÁGRAFO. Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro individual, los bonos pensionales, en desarrollo del artículo 139, numeral 5, de la Ley 100 de 1993, se redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la muerte de origen profesional”.

Sobre el particular, es menester precisar que en el régimen general la entidad responsable de la pensión de invalidez depende del origen de la enfermedad o del accidente de trabajo; pues bien, en cuanto a la pensión de invalidez generada por una enfermedad profesional o accidente laboral, el sistema general de riesgos laborales dispone que la responsabilidad de tal prestación le compete a la administradora de riesgos laborales (ARL) a la cual se encuentre afiliado el trabajador, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1295 de 1994 y en la Ley 776 de 2002.

Por otro lado, en el régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS cuando un afiliado al fondo de riesgos laborales adquiera el derecho a la pensión de invalidez por enfermedad profesional o accidente laboral, adicionalmente procede la devolución de sus aportes, mientras que en el régimen de prima media con prestación definida se remite a la indemnización sustitutiva del artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, para aquellos docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el reconocimiento de las pensiones de invalidez de origen profesional y jubilación se encuentran en cabeza de esa misma entidad, para lo cual, la Ley 91 de 1989, estableció en su artículo 8 un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como empleadora y de los docentes como trabajadores, que constituyen los recursos con los que se financia dicho fondo, de modo que mal podría ordenarse el pago de la indemnización sustitutiva con la misma fuente que se está financiando la pensión de invalidez que ahora disfruta la demandante.

Sobre el particular, esta Sala, en sentencia del 16 de junio de 2022, señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales es la entidad encargada de asumir el pago de las prestaciones derivadas de los riesgos profesionales de los docentes, en los siguientes términos:

“En esa medida, se precisa entonces que es el mismo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio quien asume el pago de las prestaciones derivadas del Sistema General de Riesgos Profesionales a los maestros que así lo acrediten.

De modo que, en el sub lite, la Sala encuentra que, aunque la accionante alega que no existe incompatibilidad entre la pensión de vejez e invalidez en su caso particular, lo cierto es que la fuente de financiación de las prestaciones aludidas sería la misma en el asunto de marras si se tiene en cuenta que al margen de tratarse de prestaciones contempladas en regímenes disímiles, la asunción del pago estaría prevista a cargo de dos entidades de derecho público tales como Colpensiones y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien, como se dijo anteriormente, se encarga directamente de las prestaciones derivadas de contingencias en riegos laborales

(…) Aunque ambas prestaciones buscan salvaguardar las contingencias a que se puede ver sometido un trabajador, relacionadas con la afectación a su salud o por el simple paso del tiempo, amparando diversos eventos dentro de la cobertura integral, lo cierto es que provienen de los aportes pensionales efectuados al sistema general de seguridad social; por lo que si se opta por alguna, ello implica la incompatibilidad e imposibilidad de acceder a la otra.”.

En vista de lo expuesto, en el caso concreto se observa que la contingencia por enfermedad profesional y común de la demandante ya se encuentra cubierta por la pensión de invalidez que actualmente devenga, de suerte que no es posible que la misma entidad que reconoció dicha prestación, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, proceda a pagar a su vez una indemnización sustitutiva.

Ahora bien, en cuanto al régimen aplicable a la demandante, el artículo 14 dei Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacionai de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, señaló como prestaciones a cargo de las entidades de previsión las siguientes:

“ARTÍCULO 14.-Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La entidad de previsión social a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador, efectuará el reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:

1. A los empleados públicos y trabajadores oficiales:

a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;
b) Servicio odontológico;
c) Auxilio por enfermedad no profesional;
d) Auxilio de maternidad;
e) Indemnización por accidente de trabajo;
f) Indemnización por enfermedad profesional;
g) Pensión de invalidez;
h) Pensión vitalicia de jubilación y vejez;
i) Pensión de retiro por vejez;
j) Seguro por muerte.

2. A los pensionados por invalidez, jubilación o vejez y retiro por vejez:
a) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;
b) Auxilio funerario, y
c) Sustitución de la pensión a beneficiarios del pensionado fallecido, en los términos que adelante se establecen”. (Negrilla fuera de texto)

Como se observa, la citada norma no contempla prestación alguna relacionada con la indemnización sustitutiva cuando el afiliado se pensiona por invalidez, independientemente de su origen. Del mismo modo, el Decreto 1848 de 1969, tampoco contempló alguna disposición similar, sino únicamente en su artículo 27 estableció que como consecuencia de ua enfermedad no profesional, profesional o de accidente de trabajo, el empleado oficial quedare totalmente inhabilitado para desempeñar la labor que constituía su actividad habitual ordinaria o la profesional a que se dedicaba, tendrá derecho a la pensión de invalidez.

Así entonces, debe decirse que al analizar las normas aplicables a la docente, se advierte que los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, no prevén la indemnización sustitutiva en los términos pedidos por la demandante. En ese sentido, lo pretendido consiste en el reconocimiento de un emolumento contemplado en la Ley 776 de 2002, que remite al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, norma que hace parte del Sistema General de Seguridad Social, del que se encuentra excluido la accionante, de acuerdo con el artículo 279 ibídem.

Por las anteriores consideraciones, para la Sala se impone la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

Finalmente, sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite de esta instancia no se observa de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.

DECISIÓN

Hechas estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Marly Emilce Barrios Nuñez contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el distrito de Santa Marta.

SEGUNDO.- Sin costas en las dos instancias.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
AUSENTE CON EXCUSA (Firmado electrónicamente)

Folios 71 a 78.
Folios 79 a 85.
Folios 87 a 92.
Folios 189 a 199.
Folios 209 a 213.
Memorial electrónico visible en Índice 23 en la Plataforma SAMAI.
Memorial electrónico visible en Índice 24 en la Plataforma SAMAI.
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425" \l "615" Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Folio 229.
Folio 226.
Folio152.
Cédula de ciudadanía visible en folio 14.
Folio 30.
Folio 5 del expediente administrativo.
Folios 31 a 32.
Folios 14 a 15 del expediente administrativo.
Folios 15 y 16.
Folios 22 a 24.
Folios 10 y 11.
Folios 25 a 28.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicado: 25000- 23-42-000-2016-04963-01 (5248-2019), con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Número Interno: 4152-19
Demandante: Marly Emilce Barrios Núñez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

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