Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00362-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00362-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2017-00362-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001 23 33 000 2017 00362 02 (2188–2025)
Demandante: Oscar Enrique Cabrera Solano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437
de 2011.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de 12 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Magdalena, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones de la demanda
2. El señor Oscar Enrique Cabrera Solano, solicitó declarar la nulidad de las
Resoluciones RDP 010404 de fecha 15 de marzo de 2017 y RDP 017818 del 28
de abril de 2017, por medio de las cuales, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia, y resolvió recurso de
apelación; respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia a partir del 05 de diciembre de 1993, fecha en la cual adquirió el
estatus pensional; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 189 del CPACA. Y finalmente, que se condene en costas
a la UGPP.
4. El señor Oscar Enrique manifestó que cumplió 50 años el 5 de noviembre de
1993. Indicó que prestó sus servicios en el nivel de la enseñanza secundaria como
supervisor educativo desde el 17 de julio de 1978 hasta el 14 de julio de 2009.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 47001 23 33 000 2017 00362 02 (2188–2025)
Demandante: Oscar Enrique Cabrera Solano
5. Radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa con los
actos hoy demandados.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
6. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 1°, 23 y 48 de la
Constitución Política, así como las Leyes 4° de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1993 y 91 de 1989; además del Decreto Reglamentario 1743 de 1966.
7. En resumen, señaló que la UGPP no realizó un pronunciamiento de fondo
sobre el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.
Adujo que la decisión cuestionada únicamente se limitó a negar el derecho,
argumentando que no le fue posible verificar la autenticidad de los documentos
aportados.
1.3. Contestación de la demanda2
8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de
apoderado, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones sosteniendo que el demandante no cumplió con los requisitos para
acceder a la pensión gracia. Adujo, además, que en otro proceso anterior el Tribunal
Administrativo del Magdalena había anulado actos administrativos relacionados con
una pensión gracia reconocida al actor, y que en dicho expediente consta el informe
del 7 de marzo de 2017 donde se indicó que no fue posible obtener la totalidad de
la documentación para verificar los tiempos aportados.
1.4. Sentencia de primera instancia3
9. Con fallo de 12 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de Magdalena
accedió a las pretensiones de la demanda. Y se abstuvo de condenar en costas.
10. Luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial que regulan la
pensión gracia, analizó la prestación del servicio docente por parte del señor
Cabrera Solano, concluyendo que acreditó que su vinculación era de carácter
territorial y/o nacionalizado, pues tanto el Decreto 328 de 1978 como el acta de
posesión y la Resolución 0257 de 2009 fueron expedidos por el departamento del
Magdalena, lo que permitió establecer que su nombramiento no fue nacional.
11. Por otro lado, determinó que no se configuró la excepción de cosa juzgada,
ya que el proceso fallado el 10 de febrero de 2016 versó sobre actos administrativos
y periodos de vinculación diferentes. Explicó que en aquella oportunidad se
analizaron las resoluciones que habían reconocido y reliquidado una pensión gracia
con fundamento en tiempos de servicio anteriores -1966 a 1975-, mientras que en
2
La demanda fue presentada el 25 de septiembre de 2017 y admitida el 19 de febrero de 2018
3
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el presente litigio el actor solicita el reconocimiento del derecho con apoyo en el
periodo comprendido entre el 17 de julio de 1978 y el 14 de julio de 2009, lapso que
no fue objeto de estudio en el proceso previo.
12. Finalmente, advirtió que, aunque el actor adquirió su estatus pensional el 18
de julio de 1998, el término de prescripción no debe contarse desde esa fecha sino
a partir del momento en que la administración retiró el reconocimiento de la pensión
gracia que había sido otorgada previamente, lo cual ocurrió el 22 de agosto de 2016,
cuando la entidad, en cumplimiento de una sentencia anterior, revocó las
resoluciones que reconocían dicha prestación.
13. En virtud de ello, al haber solicitado el actor el restablecimiento de la pensión
gracia el 29 de septiembre de 2016, la presentación de la reclamación suspendió la
prescripción por tres años, hasta el 29 de septiembre de 2019. Dado que la
demanda se interpuso el 25 de septiembre de 2017, el a quo concluyó que no había
operado la prescripción, pues la acción se ejerció dentro del término legal.
1.5. Recurso de apelación4
14. A modo de síntesis, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, por intermedio de apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria integral de la
sentencia. Sostuvo que el actor no reúne los requisitos previstos en la Ley 114 de
1913, en particular, demostrar veinte años de servicios prestados como docente
departamental, distrital, municipal o nacionalizado y haber estado vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980.
15. Indicó que la pensión gracia no es procedente en este caso, pues los
requisitos deben encontrarse consolidados antes del 31 de diciembre de 1980,
conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y a la jurisprudencia constitucional.
Afirmó que este presupuesto no se cumple, dado que parte de los tiempos
invocados por el actor corresponden a vinculaciones posteriores a dicha fecha, por
lo tanto, no pueden computarse para causar el derecho.
16. Adujo que en este asunto opera la cosa juzgada, puesto que en el proceso
de lesividad con radicado 2015-00033-00 el Tribunal Administrativo del Magdalena
anuló los actos que habían reconocido y reliquidado la pensión gracia. Señaló que
la revocatoria definitiva de tales actos —en cumplimiento del fallo de 2016— cerró
la posibilidad de reabrir el estudio del derecho. Precisó que, aunque el Consejo de
Estado, mediante auto del 10 de noviembre de 2022, concluyó que no se
configuraba este fenómeno, la entidad discrepa de esa postura y considera que
existe identidad de partes y de objeto entre ambos procesos.
17. Sostuvo, igualmente, que no se efectuó una adecuada valoración del material
probatorio; de manera particular, la certificación expedida por el Ministerio de
Educación en 1995, que registra tiempos de servicio prestados en un colegio de
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orden nacional entre 1966 y 1975, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Con auto de 15 de agosto de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la UGPP. No hubo intervenciones en esta etapa procesal.
19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. Y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada
presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Oscar Cabrera
Solano tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la prestación del servicio
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y la vinculación de los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
22. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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23. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de
la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
24. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.
25. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre el
personal nacional, nacionalizado y territorial. Mientras que el numeral 2 del artículo
15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
26. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. 7
27. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó pautas jurisprudenciales relacionadas con el origen de los recursos
con los cuales se sufragaron los salarios y prestaciones de los docentes; los efectos
de la intervención de, además del representante legal de la entidad territorial la del
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional; así como se
refirió a la prueba de la calidad de docente territorial, la cual también aplica para
determinar el docente nacionalizado; se destaca:
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
28. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».9
29. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
30. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
31. El señor Oscar Enrique Cabrera Solano, el 29 de septiembre de 2016 a través
de apoderado solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
la cual fue resuelta desfavorablemente con la Resolución RDP 010404 del 15 de
marzo de 2017, alegando que no se logró establecer la veracidad de la
documentación que reposa en el expediente administrativo por parte de la secretaria
de educación del departamento del Magdalena.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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32. Inconforme con la respuesta de la entidad interpuso recurso de apelación el
cual se desató mediante la Resolución RDP 022298 de 30 de mayo de 2017
confirmando la negativa.
2.5 Caso concreto
33. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si el actor cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.
2.5.1 Cuestión previa
34. Previo a la verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener el
beneficio de la pensión gracia, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de
cosa juzgada alegada por la entidad demandada; teniendo en cuenta que insiste en
que este asunto ya fue resuelto en el proceso de lesividad con radicado 47-001-
2331-003-2015-00033-00, en el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena
declaró la nulidad de las Resoluciones 1070 de 1997, 9480 de 2007, 17257 de 2009
y RDP 019804 de 2014, por medio de las cuales se había reconocido y reliquidado
una pensión gracia a favor del señor Oscar Enrique Cabrera Solano.
35. Sin embargo, la Sala advierte que no se configuran los presupuestos para la
procedencia de la cosa juzgada, pues si bien se cumple con la identidad de partes
e incluso, podría afirmarse una coincidencia parcial en el objeto —dado que ambos
procesos giran en torno al reconocimiento de la pensión gracia—, lo cierto es que
no existe identidad de causa petendi, requisito indispensable para que opere este
fenómeno. En efecto, la causa del proceso anterior difiere sustancialmente de la
planteada en esta oportunidad, al fundarse en hechos y periodos de servicio
distintos, que no fueron objeto de valoración en la decisión judicial de 2016.
36. De la comparación entre ambas demandas se desprende que el proceso de
lesividad promovido por la UGPP se circunscribió a cuestionar un reconocimiento
pensional sustentado exclusivamente en los tiempos comprendidos entre los años
1966 y 1975. En aquella oportunidad el Tribunal anuló los actos administrativos
demandados, pero no realizó análisis alguno respecto de los periodos posteriores,
ni examinó la naturaleza territorial o nacionalizada de la vinculación durante los años
1978 y 2009, elementos que hoy constituyen el fundamento central de la nueva
pretensión del actor.
37. En consecuencia, al no concurrir la identidad de causa, no puede predicarse
la existencia de cosa juzgada. Lo sometido hoy a consideración del juez
corresponde a una situación jurídica distinta, basada en hechos nuevos, lo que
habilita su examen sin que ello desconozca el principio de seguridad jurídica ni
implique contradicción con la decisión anterior.
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2.5.2. Del cumplimiento de los requisitos
38. Edad. Se encuentra acreditado que el señor Oscar Enrique Cabrera Solano
nació 05 de diciembre de 1943, razón por la cual, el 05 de diciembre de 1993
cumplió 50 años de edad10, aspecto que en todo caso no fue cuestionado con el
recurso.
39. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.
40. Vinculación y tiempo de servicios. Previo a la verificación de este requisito,
y en vista de las inconformidades planteadas con el recurso de apelación, resulta
necesario indicar que, teniendo en cuenta lo señalado en sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 proferida por esta Sección del
Consejo de Estado, la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2.º,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
es que los docentes pueden acceder a la misma antes y después del 29 de
diciembre de 1989, en la medida que cumplan con el requisito de demostrar una
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y claro
está, acrediten los demás requisitos de ley, esto último, incluso con posterioridad a
dicha data.
41. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
42. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales del actor como
docente oficial:
• Desde el 18 de julio de 1978 hasta el 06 de julio de 2009 (30 años, 11
meses y 18 días)
43. Revisado el expediente, se observa que a través del Decreto 328 de 17 de
julio de 1978, el gobernador del departamento del Magdalena en calidad de
presidente de la junta administradora del FER, en uso de sus facultades legales,
nombró al señor Oscar Enrique Cabrera Solano como supervisor educativo de
enseñanza media, cargo del cual tomó posesión el 18 de julio de 1978.
44. Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento del Magdalena en
Formato Único para la Expedición de Historia Laboral de fecha 18 de julio de 2016,
certificó que el señor Cabrera Solano fue nombrado a través del Decreto 326 del 17
de julio de 1978, en el cargo de supervisor educativo nacionalizado, en donde laboró
desde el 18 de julio de 1978 hasta el 14 de julio de 2009. Véase:
10 Copia de la cedula que reposa en el archivo 70001233300020170034400/02AnexosDemanda.pdf del
expediente digital
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45. Importante mencionar que el cargo de supervisor educativo ostenta carácter
docente. En efecto, el artículo 6.º del Decreto 224 de 1972, vigente para la época
de la vinculación del señor Oscar Enrique Cabrera Solano, dispuso que:
“ARTÍCULO 6º.- los profesionales de la docencia en ejercicio o inscritos en
el escalafón que hayan sido o que sean llamados a ocupar cargos
administrativos relacionados con la enseñanza elemental, secundaria o
media, capacitación, supervisión e investigación científica en el Ministerio de
Educación Nacional o en organismos descentralizados del sector educativo,
conservarán el carácter de docentes y disfrutarán de todos los beneficios
para efectos de ascenso en el escalafón y pensión de jubilación.”
46. Posteriormente el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979, ratificó lo anterior, al
señalar que tienen carácter docente y, en consecuencia, deben ser provistos con
educadores escalafonados, los cargos directivos allí enumerados, entre los que se
incluye expresamente el de supervisor o inspector de educación.
47. En ese orden, a partir de la normativa aplicable tanto al momento de la
vinculación como a la posterior regulación del estatuto docente, se concluye que el
cargo desempeñado por el actor siempre estuvo comprendido dentro de la categoría
de empleos con naturaleza docente.
48. Aclarado lo anterior, a partir del contenido del acto de nombramiento y las
autoridades que participaron en su expedición, se advierte que se trató de una
vinculación de carácter nacionalizada, dado que, si bien obedeció a la voluntad de
la autoridad territorial, lo cierto es que en dicho acto se dejó constancia de
que el gobernador además de actuar en uso de sus facultades, también lo hizo en
calidad de presidente de la junta administradora del FER.
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49. Sobre este aspecto, conviene recordar que el carácter nacionalizado de
estas designaciones está soportado en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989,
disposición que reconoce como tales a los «docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En igual línea, la
Corte Constitucional, mediante sentencia C-085 de 2002, precisó que se consideran
«docentes nacionalizados» aquellos vinculados por las entidades territoriales antes
del 31 de diciembre de 1980.
50. De igual forma, resulta necesario reiterar que, el hecho de que en el acto de
designación haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de educación
como miembro de la junta administradora del FER, junto con el representante legal,
aun cuando este haya certificado tanto la vacancia del cargo como la disponibilidad
presupuestal, no conlleva a concluir que se trate de un docente nacional como así
lo sostuvo esta Sección en sentencia de unificación de 21 de junio de 2018.11Y en
virtud de esta misma decisión, tampoco puede interpretarse que el pago de las
acreencias laborales de los educadores territoriales y nacionalizados con cargo
«[…]a las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado
fiscal- […] hoy sistema general de participaciones.», genere que los recursos que
enmarcan la prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente
le otorguen dicha calidad a la plaza que el profesor oficial ostenta.
51. En ese orden de ideas, el tiempo de servicios objeto de estudio, en un total
de 30 años, 11 meses y 18 días es válido para acreditar el requisito exigido para
obtener la pensión gracia, pues, se trata de un vínculo como
docente nacionalizado. En todo caso, dicho aspecto no fue objeto de apelación
por parte de la UGPP, ya que se itera, aquélla se enfocó en una presunta cosa
juzgada, y si bien cuestionó la valoración de los tiempos de servicios, puntualizó
respecto a los años 1966 a 1975, y en el hecho de que debía acreditarse las
exigencias antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual como se explicó, no tiene
vocación de prosperidad.
52. En esa línea de consideraciones, el actor alcanzó los 20 años de servicios el
18 de julio de 1998, y los 50 años los cumplió el 05 de diciembre de 1993, por lo
que en la primera fecha adquirió el estatus pensional, como lo dispuso el tribunal.
Habiendo acreditado, tanto el vínculo antes del 31 de diciembre de 1980, como los
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, así como las demás
exigencias de ley, conforme se explicó.
53. En cuanto al análisis de la prescripción, la Sala comparte íntegramente la
valoración realizada por el a quo. En efecto, no es jurídicamente posible fijar como
punto de partida la fecha en que el actor adquirió el estatus pensional, por cuanto
para ese momento el derecho ya le había sido reconocido administrativamente y se
encontraba en curso su disfrute. Solo después, con ocasión de la sentencia que
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 47001 23 33 000 2017 00362 02 (2188–2025)
Demandante: Oscar Enrique Cabrera Solano
anuló tales actos y retiró el derecho pensional, surgió una situación excepcional que
impedía exigirle al interesado el ejercicio inmediato de acciones judiciales mientras
no existiera certeza sobre la firmeza de dicha decisión. En ese contexto el término
prescriptivo únicamente puede contarse a partir de la ejecutoria de esa providencia,
tal como lo definió el Tribunal.
54. Es decir, que, si bien el estatus pensional se consolidó el 18 de julio de 1998,
lo cierto es que esa fecha no puede asumirse como el momento inicial para contar
la prescripción, pues el actor ya tenía reconocida y disfrutaba de la pensión gracia
hasta que fue despojado de dicho derecho el 22 de agosto de 2016, por lo que
solo desde este último día resulta posible fijar el punto de partida. A ello se suma
que el 29 de septiembre de 2016 el demandante presentó una nueva solicitud de
reconocimiento, lo que produjo la interrupción del término por tres años, hasta el 29
de septiembre de 2019; y dado que la demanda se presentó el 25 de septiembre de
2017, no hay lugar a declarar la prescripción.
2.6. Conclusión
55. El señor Oscar Enrique Cabrera Solano cumplió con el requisito mínimo de
haber servido en el magisterio por un término de 20 años, con una vinculación como
docente del orden nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así
como las demás exigencias para ser acreedor de la pensión gracia, por tanto, esta
Sala confirmará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia.
2.7. Condena en costas en segunda instancia
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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Demandante: Oscar Enrique Cabrera Solano
59. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Magdalena.
60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Magdalena.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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