Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2017-00380-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2017-00380-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 47001-23-33-000-2017-00380-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
1 de diciembre de 2022
Radicado: 47001-23-33-000-2017-00380-01 (26320)
Demandante: Drummond Ltd.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 47001-23-33-000-2017-00380-01 (26320)
Demandante DRUMMOND LTD.
Demandado MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
Temas Cobro coactivo. Excepción de falta de título. Excepción de falta
de ejecutoria del título ejecutivo. Valoración probatoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Drummond Ltd. contra la
sentencia del 25 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que decidió:
«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin lugar a condenar en costas dentro de esta instancia»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Municipio de Ciénaga (Magdalena) profirió el Mandamiento de Pago Nro. PC-CG-
IAP-2017-001 (sin fecha), mediante el cual ordenó a Drummond Ltd. el pago de
$121’044.871 por concepto impuesto de alumbrado público por el mes de
septiembre de 2016. En dicho documento se invocó como título ejecutivo la
Liquidación Oficial Nro. 2016-007, cuya fecha es del 24 de noviembre de 2016, la
cual determinó el impuesto de alumbrado público a cargo de la sociedad por el mes
de septiembre del mismo año.
La sociedad deudora, mediante memorial radicado el 20 de junio de 2017, formuló
las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoria del título ejecutivo,
pero la entidad territorial las declaró no probadas mediante la resolución (sin
número) del 10 de julio de 2017.
Drummond Ltd. presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, empero
el Municipio de Ciénaga la confirmó mediante la resolución (sin número) del 30 de
agosto de 2017 y ordenó seguir adelante con la ejecución y el embargo y secuestro
de bienes.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1 SAMAI. Índice 2. PDF13. Página 397.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00380-01 (26320)
Demandante: Drummond Ltd.
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Drummond Ltd. formuló las
siguientes pretensiones:
«Previo el análisis de los hechos, los argumentos de derecho y las pruebas que aporto y
aquellos que pido sean decretadas, respetuosamente solicito a esta H. Corporación que se
hagan las siguientes o similares declaraciones:
a. Que se declare la nulidad de la Resolución del 10 de julio de 2017, mediante la cual el
municipio de Ciénaga resolvió las excepciones propuestas por la Compañía contra el
Mandamiento de pago No. PC-CG-IAP-2017-001 (sin fecha), negándolas.
b. Que se declare la nulidad de la Resolución del 30 de agosto de 2017, por medio de la
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución indicada en el
literal inmediatamente anterior, en cuanto la confirmó íntegramente.
c. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de mi representada en
los siguientes términos:
(i) Declarando probadas las excepciones presentadas por Drummond contra el
Mandamiento de pago No. PC-CG-IAP-2017-001.
(ii) Declarando que son del cargo del municipio de Ciénaga el valor de las costas en las
cuales ha incurrido o incurrirá mi representada con relación a este proceso.
(iii) Ordenando el archivo del expediente que por este particular se haya abierto en
contra de mi representada»2.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 83 de la
Constitución; el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006; el artículo 59 de la Ley 788 de
2002; los artículos 828, 829, 831 y 833 del Estatuto Tributario; el artículo 422 del
Código General del Proceso y el artículo 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Aplicación de jurisprudencia
Como consideración inicial, dijo que el Consejo de Estado, en sentencia del 15 de
junio de 20173, señaló que el título ejecutivo solo queda ejecutoriado cuando se
decidan los recursos interpuestos en su contra y que no es posible adelantar el
cobro coactivo hasta que la obligación quede en firme. En consecuencia, indicó que
en el caso bajo examen no era posible adelantar el cobro coactivo hasta que se
decidiera el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial del
impuesto al alumbrado público por el mes de septiembre de 2016.
2. Violación de las normas superiores
Drummond Ltd. aseguró que por remisión expresa del artículo 5 de la Ley 1066 de
2006 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 el Municipio de Ciénaga debe dar
aplicación estricta a las normas de procedimiento previstas en el Estatuto Tributario.
Manifestó que los artículos 828, 829, 831 y 833 de dicho Estatuto fueron violados
porque la entidad territorial se negó a reconocer que el título ejecutivo no existe y
no está debidamente ejecutoriado, a pesar de que, con el escrito de excepciones,
se anexó una fotografía del recurso de reconsideración presentado contra la
liquidación oficial, que obra en los archivos de la entidad y, además, existe una
declaración ante notario de la persona que entregó el recurso.
2 SAMAI. Índice 2. PDF 13. Página 4.
3 La providencia solo fue identificada con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Proceso: 2013-00063-01. Sentencia del 15 de junio de 2017.
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Demandante: Drummond Ltd.
Afirmó que el principio de buena fe, reconocido en el artículo 83 de la Constitución
y por la Corte Constitucional4, imponía al municipio reconocer que el recurso de
reconsideración fue interpuesto el 26 de enero de 2017 ante la Secretaría de
Hacienda, independientemente del trámite que se haya dado al interior de esa
dependencia.
La actora afirmó que las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago
estaban debidamente probadas, por lo que el Municipio de Ciénaga violó el artículo
833 del Estatuto Tributario al no ordenar la terminación del proceso de cobro
coactivo. Además, adujo que, si luego de resuelto el recurso se presenta demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, no sería posible adelantar
el trámite de cobro coactivo hasta que hubiera un pronunciamiento de fondo, tal
como lo indican los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario y el Consejo de
Estado5.
Señaló que también se desconoce el artículo 422 del Código General del Proceso
al adelantar un cobro coactivo sin decidir el recurso de reconsideración porque no
se cumplen los requisitos del título ejecutivo, contener una obligación expresa, clara
y exigible.
Oposición a la demanda
El Municipio de Ciénaga controvirtió las pretensiones de la demanda con los
siguientes argumentos:
Afirmó que los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario establecen que el recurso
de reconsideración debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la
notificación de la liquidación oficial de revisión. Pero, comoquiera que finalizó este
término sin que el recurso fuera interpuesto, la entidad territorial notificó el oficio de
cobro persuasivo a la sociedad actora.
Informó que Drummond Ltd. respondió el oficio de cobro persuasivo anexando la
copia del supuesto recurso de reconsideración interpuesto ante la Secretaría de
Hacienda de Ciénaga el 26 de enero de 2017. Debido a lo anterior, se verificaron
los archivos de la entidad y se observó que no existe registro del recurso en el libro
radicador, ni se encontró el documento original.
Además, al examinarse la copia del recurso, se observó que no tenía el sello de
recibo de la Secretaría de Hacienda de Ciénaga ni de la Unidad General de
Correspondencia de la Alcaldía, asimismo contiene una firma que no corresponde
a ningún funcionario de la dependencia. En el libro radicador solo consta que el 26
de enero de 2017 la sociedad actora presentó una petición relacionada con el
impuesto predial, documento que consta con el sello y firma de recibo.
Por lo anterior, la entidad territorial consideró que, al no obrar registro de la oportuna
interposición del recurso, se debía continuar con el proceso de cobro coactivo
porque la liquidación oficial estaba en firme, en especial cuando no se presentó
prueba válida de lo contrario.
4 La demandante invocó una providencia que citó con la siguiente información: Corte Constitucional.
Sentencia T-2251034 del 3 de febrero de 2011. CP: Humberto Sierra Porto.
5 La actora citó una providencia con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 16216. Sentencia del 4 de junio de 2009. CP: Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
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Demandante: Drummond Ltd.
Finalmente, manifestó que los actos acusados son legales en la medida que se hizo
un análisis exhaustivo de los documentos aportados, no se desacató el principio de
buena fe porque la decisión se basó en la evidencia y la demandante ha presentado
numerosos recursos de reconsideración en otras ocasiones que cuentan con el sello
y firma de recibo.
Intervención del coadyuvante
Dolmen S.A. (en adelante “Dolmen”) intervino en el proceso como coadyuvante de
la parte demandada, calidad que le fue reconocida en la audiencia inicial celebrada
el 29 de agosto de 2018, y expuso lo siguiente:
Manifestó que tiene interés en el proceso porque celebró un contrato de concesión
con el Municipio de Ciénaga para prestar el servicio de alumbrado público en su
territorio, en el cual se pactó que el pago del 100% del cobro de la tasa de alumbrado
público se destinaría a la sociedad concesionaria.
En cuanto a los argumentos de defensa, señaló que la demandante no presentó
recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial Nro. 2016-007 dentro de los
dos meses siguientes a su notificación, de tal modo que procedía adelantar el
trámite de cobro persuasivo al tener un título en firme.
Indicó que la entidad demandada verificó sus archivos y encontró que en el “libro
radicador de correspondencia” no había registro de la interposición del recurso de
reconsideración ni se encontró el documento original. Por lo demás, afirmó que la
copia presentada por la sociedad actora no cuenta con sello de recibo y la firma no
corresponde a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
También destacó que en el libro radicador de correspondencia recibida consta que
se presentó una petición el 26 de enero de 2017 con relación al impuesto predial, el
cual consta con el sello y la firma autorizada. Que, teniendo en cuenta lo anterior,
resulta incomprensible, que este oficio sí haya sido radicado sin inconveniente
alguno el mismo día 26 de enero alegado.
Que al no haber registro alguno del recurso de reconsideración, esto permitió a la
secretaría concluir que, el título ejecutivo estaba en firme y procedía el cobro
coactivo.
La entidad no podía tomar como prueba válida el documento aportado por la
sociedad actora porque no cuenta con las características mínimas de radicación, en
especial cuando los recursos interpuestos frente a liquidaciones por otros periodos
fueron presentados y cuentan con los sellos respectivos, la firma del funcionario y
la relación en el libro radicador de correspondencia.
Por lo anterior, concluyó que los actos acusados son legales y que no fue violado el
principio de buena fe, pues la decisión de la administración fue tomada con base en
la evidencia recaudada y que esta situación no se presentó frente a otros recursos
de reconsideración interpuestos por la misma sociedad actora.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda con
base en las siguientes consideraciones:
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Luego de relacionar las pruebas que obran en el expediente y exponer el contenido
de los artículos 161 del CPACA y 720 y 722 del Estatuto Tributario, el a quo concluyó
que Drummond Ltd. no presentó algún documento que demostrara que interpuso
oportunamente el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial del
impuesto de alumbrado público, por lo que incumplió su carga de la prueba, según
lo indica el artículo 167 del Código General del Proceso.
El Tribunal indicó que la prueba idónea para demostrar que se presentó el recurso
de reconsideración ante la Alcaldía de Ciénaga es la constancia de recibo del
documento, la cual que no fue allegada en el proceso de la referencia. Así mismo,
manifestó que la parte demandada aportó el expediente administrativo, donde no
consta que se haya presentado el recurso en la fecha indicada por la parte actora.
Luego, señaló que para demostrar la interposición del recurso de reconsideración
no existe tarifa probatoria, de tal modo que la demandante puede acudir a otros
medios probatorios, diferentes al documental, para llevar al juez al convencimiento
de los hechos que alega. Por lo anterior, señaló que se practicó el testimonio de
Omar Flórez, que es la persona que, según la demandante, radicó el recurso en las
oficinas de la entidad territorial.
A continuación, destacó que el testigo informó que recibió copia del radicado del
recurso y que la entregó a Drummond Ltd. y que tomó una foto a la página inicial
del recurso que reposaba en los archivos de la entidad. Además, el Municipio de
Ciénaga aportó, con la oposición a la demanda, el Oficio Nro. DRU-02705-2017 del
24 de marzo de 2017, en el que consta como anexo el recurso de reconsideración,
pero no demuestra que se haya interpuesto el recurso de forma separada a dicho
oficio.
Con el fin de obtener mayores elementos de prueba, el a quo decidió decretar de
oficio el testimonio de Yuri Fernández, quien afirmó que la fotografía aportada por
Omar Flórez es un anexo de un documento presentado por la sociedad actora el “28
(sic) de marzo de 2017”.
Con base en lo anterior, el Tribunal afirmó que le causa extrañeza la prueba
documental con la que se pretende acreditar la interposición del recurso de
reconsideración lleve una firma ilegible indicando la fecha del 26 de enero de 2017
sin sello de la entidad receptora. Además, adujo que las reglas de la sana crítica y
de la experiencia permiten negar valor probatorio a ese documento porque en el
expediente obran diferentes recursos de reconsideración contra otras liquidaciones
oficiales en los que obra el sello de recibo y la firma del funcionario que los recibió.
Manifestó que en el expediente obra un derecho de petición presentado por la
sociedad actora el 26 de enero de 2017, la misma fecha en que afirma que presentó
el recurso de reconsideración, el cual cuenta con el sello de recibo y con una firma
distinta al documento del recurso. Además, dicha petición se enuncia en el libro
radicador de correspondencia y se indica que se presentó a las 10:50 a.m., pero no
se menciona el recurso de reconsideración que supuestamente fue radicado a las
10:55 a.m.
Así, consideró inexplicable que el mismo día se presente un documento con acuse
de recibo y la anotación en el libro radicador, pero que el otro documento no cuente
con estas constancias.
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Luego, señaló que, que el recurso de reconsideración es necesario para agotar la
vía gubernativa, Drummond Ltd. no agotó el trámite administrativo previo para acudir
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de que los actos
acusados sean declarados nulos.
Por lo anterior, y comoquiera que este fue el único cargo de nulidad propuesto en la
demanda, señaló que serían negadas las pretensiones.
Finalmente, concluyó que no impondría condena en costas porque no se demostró
su causación.
Recurso de apelación
Drummond Ltd. presentó recurso de apelación contra la anterior decisión para que
se acceda a sus pretensiones, con base en lo siguiente:
Manifestó que la sentencia de primera instancia no analizó el principio de buena fe
y la presunción de autenticidad de los documentos aportados al expediente. Señaló
que el citado principio de buena fe es de rango constitucional, reconocido por el
artículo 83 de la Constitución Política, y establece que las actuaciones de los
particulares se presumen ajustadas a aquel en todas las gestiones que adelanten
ante las autoridades. Indicó que, en la exposición de motivos de dicho artículo
constitucional, se manifestó la importancia de este principio en razón a la situación
de inferioridad en que se encuentra el particular ante la autoridad.
Entonces, con base en este principio, a su juicio, la entidad territorial debió
reconocer que el 26 de enero de 2017 presentó el recurso de reconsideración contra
la Liquidación Oficial Nro. 2016-007, con independencia del trámite que se haya
realizado al interior de la Secretaría de Hacienda, en especial cuando se encontró
el recurso anexo a una AZ en las oficinas de la entidad, hecho que fue demostrado.
En cuanto a la presunción de autenticidad de los documentos, indicó que el artículo
244 del Código General del Proceso dispone que los documentos se presumen
auténticos mientras no sean tachados de falso o desconocidos, norma que
expresamente indica que se aplica en todas las jurisdicciones. Por lo anterior,
aseguró que los documentos aportados en el proceso se presumen auténticos, lo
que a su vez es un reflejo del principio de buena fe, según lo señaló el Consejo de
Estado6.
Con base en lo anterior, sostuvo que no es cierto que se haya incumplido la carga
de probar la presentación del recurso de reconsideración, pues este hecho fue
acreditado con los siguientes medios de prueba: i) la declaración ante notario de
Omar Flórez; ii) el testimonio rendido durante el proceso por Omar Flórez; y iii) la
imagen del recurso con la constancia de radicado que fue encontrada por Omar
Flórez en las oficinas de la demandada.
Adujo que el Tribunal le dio más valor probatorio al cuaderno aportado por el
Municipio de Ciénaga donde encontró relacionados algunos documentos
presentados ante la entidad territorial, pero ese cuaderno solo prueba el
incumplimiento del deber por parte del municipio de relacionar y archivar los
recursos interpuestos por la sociedad. Si la entidad territorial omitió relacionar y
6 Al respecto citó una providencia con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Proceso: 30821. Sentencia del 9 de julio de 2014. CP: Enrique Gil Botero.
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organizar los recursos en su libro radicador no puede esta omisión ocasionar alguna
consecuencia adversa para el particular.
Afirmó que la entidad accionada aportó un listado autenticado de estudiantes
practicantes que estuvieron vinculados al Municipio de Ciénaga entre el 1° de
diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017, pero como se demostró con el
testimonio de Yuri Fernández, el listado no incluye todas las instituciones que
tuvieron practicantes en la entidad territorial en ese periodo porque no se incluyeron
los estudiantes del Colegio Virginia Gómez. Así, destacó que esta omisión solo
puede tener un propósito ilegal que no fue analizado por el Tribunal.
Adujo que Yuri Fernández mintió durante la audiencia de pruebas, según se
demostró con el anterior análisis, de tal modo que no se puede dar ninguna
credibilidad a su declaración. Además, esa testigo sostuvo que el documento
hallado por Omar Flórez en la AZ de la entidad no era el recurso de reconsideración,
sino un anexo a un documento presentado por Drummond en el mes de marzo de
2017. Pero esta afirmación también es falsa porque en el único documento en que
se anexó la imagen de radicación del recurso de reconsideración fue en el memorial
de excepciones de junio de 2017.
En este orden, consideró que no debe darse valor probatorio al testimonio de Yuri
Fernández porque es una testigo sospechosa, en la medida que tiene una relación
laboral con la entidad demandada, y su declaración tiene inconsistencias, pues se
observa que el apoderado de la coadyuvante influyó en la respuesta de la testigo
mediante señas físicas, como se observa a minuto 54:34 de la audiencia.
Finalmente, como lo expuso en la demanda, sostuvo que los actos acusados
violaron las normas en que debían fundarse porque debieron prosperar las
excepciones formuladas al no haber un título ejecutivo ejecutoriado.
Oposición a la apelación
El Municipio de Ciénaga, parte demandada, y DOLMEN, coadyuvante de la
demandada, se opusieron al recurso de apelación con base en los mismos
argumentos, los cuales se resumen conjuntamente, así:
Afirmaron que la testigo Yuri Fernández fue citada al proceso de oficio por el a quo,
de tal modo que no puede afirmarse, como lo hizo la apelante, que la parte
demandada o su coadyuvante pudieron influir en su declaración.
Destacaron que la decisión de negar el valor probatorio al recurso de
reconsideración aportado por la actora no tuvo fundamento en el testimonio de Yuri
Fernández, sino en que los demás documentos que obran en el expediente tienen
sellos de recibido y están relacionados en el libro radicador de correspondencia,
características de las que carece el documento que se aportó como prueba por la
demandante.
Alegatos de conclusión presentados por la demandante
La Sala observa que Drummond Ltd. presentó un escrito en el que señaló que «dentro
del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, por medio del presente escrito
me permito alegar de conclusión en segunda instancia» 7. No obstante, esta intervención no
7 SAMAI. Índice 15. Página 1.
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está prevista por la ley, pues el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que «los sujetos procesales
podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás
intervinientes». Entonces, comoquiera que la entidad demandada no interpuso recurso
alguno, no procede la intervención presentada por la demandante.
Se destaca que una interpretación en contrario amenaza el derecho al debido
proceso de la parte que no interpuso recurso de apelación, pues se daría una
oportunidad adicional al recurrente para pronunciarse del objeto de la litis que no
fue prevista por el legislador.
Por lo anterior, no se analizará el contenido del escrito presentado por Drummond
Ltd. como alegatos de conclusión en segunda instancia.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las resoluciones (sin número)
del 10 de julio y del 30 de agosto de 2017, proferidas por el Municipio de Ciénaga,
que declararon no probadas las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de
ejecutoria del título ejecutivo contra el Mandamiento de Pago Nro. PC-CG-IAP-
2017-001 (sin fecha).
Según la demandante, en este caso están probadas las excepciones de falta de
título ejecutivo y de falta de ejecutoria del título ejecutivo porque el Municipio de
Ciénaga no ha resuelto el recurso de reconsideración interpuesto el 26 de enero de
2017 contra la Liquidación Oficial Nro. 2016-007, acto que sirve de título ejecutivo.
Para sustentar esta afirmación, manifestó que la interposición del recurso en esa
fecha fue demostrada con la declaración extraproceso ante notario de Omar Flórez,
el testimonio rendido durante el proceso por esa misma persona y la imagen del
recurso con la constancia de radicado que fue encontrada en las oficinas de la
demandada.
Para decidir el recurso, se pone de presente que, como lo expuso esta Sección en
otras ocasiones8, la excepción de falta de título ejecutivo tiene la finalidad de impedir
que se adelante un procedimiento de cobro coactivo cuando la deuda que se
pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos que el
ordenamiento jurídico reconoce como título ejecutivo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 59 de la Ley 788 de 2002,
estableció que los municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el
Estatuto Tributario Nacional, para efectos de la administración, determinación,
discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio.
8 Al respecto ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
63001-23-33-000-2016-00293-01 (23906). Sentencia del 29 de abril de 2020. CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez (E); y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
25000-23-37-000-2017-00024-01 (25868). Sentencia del 28 de julio de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Demandante: Drummond Ltd.
De acuerdo con lo anterior, la citada excepción está llamada a prosperar cuando no
se cumplen los presupuestos del artículo 828 del Estatuto Tributario, según el cual
prestan mérito ejecutivo: i) las declaraciones tributarias, desde el vencimiento del
plazo para pagar; ii) las liquidaciones oficiales ejecutoriadas; iii) los demás actos
administrativos proferidos por la autoridad tributaria que estén ejecutoriados y que
fijen sumas líquidas de dinero a su favor; iv) las garantías y cauciones prestadas
para afianzar el pago de obligaciones tributarias, desde la ejecutoria del acto que
declare el incumplimiento o la exigibilidad de la obligación; y v) las sentencias
ejecutoriadas que decidan demandas relacionadas con tributos.
En hilo con lo expuesto, tratándose de la excepción de falta de ejecutoria del título
ejecutivo, esta se configuraría en aquellos eventos en que la obligación, aun
estando contenida en alguno de los documentos que la ley reconoce como títulos
ejecutivos, no está en firme y, por lo tanto, no es exigible.
De esta forma, ambas excepciones estarían llamadas a prosperar en aquellos
eventos en que el acto administrativo que contiene la obligación, que en este caso
es una liquidación oficial, no está en firme.
Para determinar esta situación, debe tenerse presente que el artículo 829 del
Estatuto Tributario dispone que los actos que sirven de fundamento al cobro
coactivo se consideran en firme cuando: i) contra ellos no procede recurso alguno;
ii) no se interpone el recurso procedente dentro del plazo legal o se interpone de
forma indebida; iii) el interesado renuncia expresamente a los recursos o desiste de
ellos; y iv) no se hayan decidido en debida forma los recursos administrativos
interpuestos o las acciones judiciales procedentes, según sea del caso.
Hechas estas precisiones, la Sala pasa a exponer el mérito probatorio individual de
cada elemento de juicio que obra en el expediente, así:
• Liquidación Oficial Nro. 2016-007 del 24 de noviembre de 2016 por concepto
del impuesto de alumbrado público a cargo de Drummond Ltd. por el mes de
septiembre de 2016, junto con la constancia de notificación del acto
administrativo el 20 de diciembre del mismo año9.
• Oficio sin número y sin fecha del Municipio de Ciénaga, recibido por
Drummond Ltd. el 21 de marzo de 201710, en el que se le informó que la
liquidación oficial pasará a trámite de cobro coactivo11.
• Petición presentada por Drummond Ltda., con fecha de radicación en la
Secretaría de Hacienda de Ciénaga el 28 de marzo de 2017, en la que, en lo
relevante para este caso, solicita a la entidad territorial que no inicie el
procedimiento de cobro coactivo de la Liquidación Oficial Nro. 2016-007
porque no se ha resuelto el recurso de reconsideración interpuesto en su
contra el 26 de enero de 2017, del cual afirma que adjuntó copia12.
• Recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial Nro. 2016-007,
aportada como anexo a la petición del 28 de marzo de 2017, en la que consta
9 Expediente físico. Cuaderno principal. Folios 122 a 125.
10 Aunque no hay prueba de la fecha de recepción del documento, así lo reconoció la sociedad en la petición
con fecha de radicación del 28 de marzo de 2017. Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 127.
11 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 126.
12 Expediente físico. Cuaderno principal. Folios 127 a 129.
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una firma ilegible y una anotación de recepción del documento el 26 de enero
de 2017 a las 10:55 a. m., pero no cuenta con sello de la entidad territorial.
• Además, también como anexo a la petición del 28 de marzo de 2017, la
sociedad contribuyente aportó copia del recurso de reconsideración
interpuesto contra la Liquidación Oficial Nro. 2016-005, en la que consta un
sello de recibo de la entidad territorial13. Este recurso, además, tenía la
formalidad de presentación personal ante la Notaría 72 de Bogotá.
• Oficio del 9 de mayo de 2017, expedido por el Municipio de Ciénaga, en el que
la entidad territorial niega la petición a la sociedad contribuyente por los
siguientes motivos:
«Respecto al recurso que afirma el contribuyente interpuso el día 26 de enero de 2.017 contra
liquidación oficial No. 2016 – 007 correspondiente al mes de septiembre de 2.016, revisando
en el centro de acopio y en libros radicadores tanto de la Secretaría de Hacienda, como del
despacho, no se encontró registro alguno del supuesto recurso. De igual manera, se buscó tal
documento en archivos internos y se revisó con las distintas dependencias de la alcaldía si la
firma de recibido que aparece en la copia aportada por el contribuyente pertenece algún (sic)
funcionario de esta administración, sin encontrar que esta fuera identificada, además de que
la misma no es legible y no cuenta con el sello de la alcaldía con el que siempre se recibe toda
la documentación. Como evidencia de ello, se anexa copia del recibo de varios de los recursos
de reconsideración interpuestos por la empresa Drummond Ltd, en las cuales consta el sello
ALCALDÍA MUNICIPAL CIÉNAGA – MAGDALENA con la fecha, hora, recibido por,
consecutivo, folios.
En consideración a que no se evidencio (sic) presentación de recurso en contra de la
Liquidación Oficial del Impuesto de Alumbrado Público No. 2016 – 007 correspondiente al mes
de Septiembre de 2016 dentro del plazo legal establecido, dicho acto liquidatorio quedó en
firme el día 21 de febrero de 2017, prestando mérito ejecutivo para dar inicio a proceso
administrativo de cobro coactivo»14.
• Como anexo al anterior oficio, la entidad territorial aportó la copia de las
primeras páginas de los recursos de reconsideración interpuestos por la
sociedad actora contra las Liquidaciones Oficiales Nro. 2016-013; 2016-002;
Nro. 2016-003; Nro. 2016-004; Nro. 2016-005; Nro. 2016-008; Nro. 2016-009;
y Nro. 2016-010, en los que consta un sello de recibo por parte del Municipio
de Ciénaga15 .
• Declaración extraproceso rendida por Omar Flórez Barrera ante la Notaría
Única de Ciénaga, el 14 de junio de 2017, en la que consta lo siguiente:
«C) Una vez recogido el documento, el 26 de enero de 2017 a las 10 am intenté radicarlo
en la Oficina de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ciénaga, en donde en
anteriores ocasiones había llevado a cabo la misma diligencia, pero en un principio se
negaron a recibirlo y me dijeron que debía radicarlo en la oficina de Dolmen, a donde
me dirigí. También ahí se negaron a recibir el recurso, y me dijeron que regresara a la
oficina de la Secretaría de Hacienda del Municipio, en donde finalmente, y previa
autorización de la Jefe de la oficina de radicación, me lo recibieron.
D) Al parecer quien lo radicó fue una practicante del Sena que estaba en ese momento
recibiendo correspondencia. El recurso quedó radicado con fecha enero 26 de 2017 a
las 10:55 am.
E) En días pasados fui informado por Drummond que el municipio de Ciénaga afirma que
el recurso de reconsideración ya mencionado no había sido radicado, así que regresé
a buscarlo a la Secretaría de Hacienda del Municipio, siendo atendido por la señora
Yury Fernández, que me ayudó a buscarlo hasta que finalmente lo encontramos en una
13 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 137
14 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 206.
15 Expediente físico. Cuaderno principal. Folios 208 a 211.
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AZ en donde el municipio conserva la correspondencia de Drummond. La señora Yury
Fernández me permitió tomarle una foto, que acompaño a esta declaración» 16.
• Copia de la primera página del recurso de reconsideración a la que se refiere
Omar Flórez en la declaración extraproceso, en la que consta una firma ilegible
y la anotación de recibo del 26 de enero de 2017 a las 10:55 a. m., pero que
no contiene un sello de la entidad territorial ni indica el nombre de quien firmó
o recibió el documento17.
• La declaración rendida por el testigo Omar Flórez en la audiencia de pruebas
celebrada el 14 de noviembre de 2018, donde expuso los mismos hechos
narrados en la declaración extraproceso. Además, consta que el Tribunal le
formuló la siguiente pregunta «¿Usted tiene conocimiento acerca del contenido que tenía
el documento que radicó y si se le entregó una copia de constancia de recibido?»18 ante lo
cual aseguró que «Esos documentos yo los radico mensualmente y es el mismo, tiene la
misma directriz, eso lo hago mensualmente. El documento es una carta en la cual Drummond,
yo no tengo por costumbre leer esos documentos, pero sé que es algo que referente al
alumbrado público. Eso yo lo suministro a Drummond, yo no me quedo con eso» 19.
En esa misma audiencia, la parte demandante indicó que le mostró al testigo
la copia de la primera página del recurso de reconsideración contra la
Liquidación Oficial Nro. 2016-007, ante lo cual el testigo declaró «Este es el
documento que yo radiqué y aparece la firma de la persona» 20 y, además, reiteró que la
copia corresponde a una fotografía tomada a una AZ que estaba en poder del
Municipio de Ciénaga.
• La declaración rendida por Yuri Fernández en la audiencia celebrada el 28 de
febrero de 2019, donde el Tribunal le preguntó «¿Por qué usted manifiesta que el
referido señor (Omar Flórez) no se acercó a radicar algún tipo de petición o escrito en la fecha
referida (26 de enero de 2017)?»21, ante lo cual respondió «Porque yo no recuerdo, y
estoy segura, de haberle autorizado a alguna practicante del SENA a que recibiera
documentos, por la única y sencilla razón de que la orden que teníamos nosotros como, tanto
contratistas como los practicantes, es de no recibir documentos porque no estamos
autorizados, sino los únicos autorizados es el personal de planta y para eso hay una persona.
Además, en la Secretaría de Hacienda, durante el tiempo que yo estuve adscrita como
contratista no hubo practicante SENA»22.
Así mismo, la testigo expresó que «Él dice que yo le facilité la copia y que él le tomó
una foto a eso, pero eso fue una vez que él llegó a la oficina como en el mes de marzo por un
escrito, un documento que llegó, y el oficio estaba anexo al documento que estaba radicado
en la Secretaría de Hacienda, más no como un documento independiente radicado en la
Secretaría (…) Si recuerdo la situación que él le tomó la foto, pero no fue que él lo radicó
individualmente. O sea, el documento está dentro de un paquete de una solicitud que hizo
Drummond y eso está dentro de los anexos de la solicitud de Drummond (…) La imagen del
recurso de reconsideración, supongo yo que esa fue a la que el señor le tomó la foto, pero
vuelvo y repito, el documento aparece dentro de los anexos a una solicitud radicada en la
Secretaría de Hacienda, pero no aparece radicado individualmente para la fecha que aparece
acá en el documento»23. Y, más adelante, precisó que «pues en el oficio recibido el día
28 de marzo, en la página, en la primera página, perdón, en la última parte dice: “los actos
administrativos fueron oportunamente recurridos por representada, por mi representada,
16 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 42.
17 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 39.
18 Expediente físico. Cuaderno principal. CD visible a folio 181. Grabación audiencia de pruebas. Minutos 9:40
y siguientes:
19 Ibidem.
20 Ibidem. Minutos 11:43 y siguientes.
21 Expediente físico. Cuaderno Principal. CD visible a folio 290A. Grabación de la audiencia. Minuto 16:18 y
siguientes.
22 Ibidem.
23 Ibidem. Minuto 23 y siguientes.
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mediante recursos de reconsideración impuestos el 22 de noviembre de 2016 y el 26 de enero
de 2017”(…). El escrito del cual se habla, que si fue recibido el 26 de enero, o sea, el recurso
de reposición (sic), estaba anexo a la solicitud del 28 de marzo, o sea, es lo que quiero
aclararles (…). Y de hecho se menciona, por eso es que yo, yo lo reviso, porque aquí
claramente lo dice, el 26 de enero el recurso de reposición (sic) interpuesto en noviembre de
2016 y el otro en enero de 2017. Ahí es que, cuando él va a revisar, revisamos, ahí estaba
adjunto»24.
Finalmente, se destaca que en el minuto 54:34 de la grabación, que fue puesto
de presente en la apelación, se observa que el magistrado del Tribunal que
presidió la audiencia advierte que el abogado de la coadyuvante realizó señas
a la testigo sobre su declaración, por lo que ordenó remitir copias de la
actuación al Consejo Seccional de la Judicatura para que se investigue
disciplinariamente su conducta.
• Certificado expedido por el Municipio de Ciénaga el 6 de febrero de 2019 en
el que relaciona las personas que prestaron prácticas en la entidad territorial
entre diciembre de 2016 a febrero de 2017, todas las cuales estaban
vinculadas a una institución universitaria o al SENA, documento elaborado y
aportado en cumplimiento del decreto oficioso de pruebas de primera
instancia25.
• Copia del libro radicador de la entidad, aportado con ocasión de las pruebas
de oficio decretadas en primera instancia, donde consta que Drummond Ltda.
presentó un derecho de petición relacionado con el impuesto predial el 26 de
enero de 2017, a las 10:50 a. m., pero no hay constancia de que haya
interpuesto el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial Nro.
2016-007 ese mismo día, a las 10:55 a. m26.
• Petición presentada por Drummond Ltd. el 26 de enero de 2017 a las 10:50 a.
m., también aportada en cumplimiento del decreto de pruebas de oficio, donde
consta que dicha solicitud está relacionada con el impuesto predial y cuenta
con un sello de recibo de la entidad, junto a una firma ilegible27.
Ahora, al valorar en su conjunto las pruebas que obran en el expediente, según las
reglas de la sana crítica, la Sala encuentra que no hay certeza de que Drummond
Ltd. haya presentado el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial Nro.
2016-007 el 26 de enero de 2017, por los motivos que se exponen a continuación.
Como lo manifestó el a quo, en las copias del escrito de reconsideración que obran
en el expediente no se observa que se haya impuesto un sello de recibo por parte
de la entidad territorial demandada, pues solo cuentan con una firma ilegible que
impide identificar a la persona que lo recibió, tal como se lo informó el municipio en
el oficio del 9 de mayo de 2017.
La actora sostuvo en la apelación que esto se debió a un error cometido por la
entidad territorial. Sin embargo, no hay prueba alguna de esta afirmación. Además,
se observa que en los demás recursos de reconsideración interpuestos por
Drummond Ltd. en contra de otras liquidaciones oficiales sí se impuso el sello de
recibo por parte de la demandada. Es más, a la petición relacionada con el impuesto
predial presentada por la sociedad actora el 26 de enero de 2017 a las 10:50 a. m.
24 Ibidem. Minuto 58:38 y siguientes:
25 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 324.
26 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 315.
27 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 329.
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se impuso el sello de recibo, por lo que no es razonable que la petición presentada
el mismo día, y solo 5 minutos después, no se haya utilizado la misma formalidad.
La apelante aseguró que está probado que la copia de la primera página del recurso
fue tomada por Omar Flórez de los archivos de la entidad, por lo que en aplicación
del principio de buena fe y de la presunción de autenticidad de los documentos se
debe aceptar que el recurso fue interpuesto el 26 de enero de 2017. Además, indicó
que no es cierta la afirmación de la testigo Yuri Fernández de que dicho documento
corresponde a un anexo a un oficio presentado en marzo de 2017, pues la sociedad
solamente aportó la copia del recurso como anexo al escrito que formuló
excepciones contra el mandamiento de pago.
Al respecto, se evidencia que, en la petición presentada por Drummond Ltd. el 28
de marzo de 2017, consta que se aportó como anexo copia del documento de escrito
de reconsideración, en el que, se insiste, no obra un sello de recibo de la entidad
territorial. En consecuencia, la explicación presentada por Yuri Fernández puede
ser comprobada en el expediente, por lo que no es cierta la afirmación hecha por la
recurrente.
En hilo con lo anterior, el artículo 244 del Código General del Proceso dispone que
los documentos se consideran auténticos cuando existe certeza de quien lo elaboró,
lo escribió o lo firmó. Empero, en este caso, no es posible considerar que la
anotación de recibo es auténtica, pues la firma es ilegible.
Además, la norma en mención establece que la presunción de autenticidad opera
frente a los documentos emanados de las partes, en original o en copia, que hayan
sido elaborados, firmados o manuscritos, «mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, según el caso». Pues bien, en el asunto de la referencia, el Municipio de
Ciénaga desconoció el documento en el oficio del 9 de mayo de 2017 y en la
oposición a la demanda, alegando que la firma ilegible, que no le pertenece a
ninguno de sus empleados y que en el documento no consta el sello de recibo de la
entidad territorial. Así las cosas, en este caso no es aplicable la presunción invocada
por la sociedad actora.
Por lo anterior, está probado que Omar Flórez tomó la copia de los archivos de la
entidad, pero esto no es suficiente para tener por presentado el recurso el 26 de
enero de 2017, pues en el expediente obran suficientes pruebas para concluir que
se trataba del anexo a la petición del 28 de marzo del mismo año. En consecuencia,
no se desconoció el principio de buena fe, pues se impone la realidad que fue
acreditada en el expediente.
De acuerdo con lo anterior, se debe tener presente que la Liquidación Oficial Nro.
2016-007 fue notificada el 20 de diciembre de 2016, por lo que el término de dos
meses para interponer recurso de reconsideración del artículo 720 del Estatuto
Tributario finalizó el 20 de febrero de 2017. En consecuencia, no es posible
considerar que Drummond Ltd. interpuso el recurso en debida forma el 28 de marzo
de 2017, pues para ese momento había precluido la oportunidad para hacerlo.
Drummond Ltd. aseguró que el Tribunal dio mayor valor probatorio al libro radicador
de la entidad, pero, a su juicio, esto solo demuestra el incumplimiento de la entidad
de relacionar y archivar los recursos que le son presentados. Empero, la Sala se
aparta de esta conclusión en la medida que, como se expuso, las demás pruebas
que obran en el expediente no permiten tener por presentado el recurso el 26 de
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enero de 2017. Así pues, el hecho de que el libro radicador no haga mención alguna
del recurso constituye un indicio que refuerza la conclusión que deriva del estudio
conjunto de las demás pruebas del expediente.
La actora aseguró que el listado de los practicantes que fue aportado por la entidad
no es completo, pues Yuri Fernández declaró que no fueron incluidas las personas
que estaban vinculadas al Colegio Virginia Gómez, lo que para la demandante solo
puede tener un propósito ilegal. La Sala evidencia que este hecho es irrelevante
porque, aun de ser cierto, no sería suficiente para tener certeza de la persona que
hizo la anotación de recibo del recurso de reconsideración ni para concluir que el
recurso de reconsideración fue efectivamente entregado al Municipio de Ciénaga el
26 de enero de 2017, por lo que la Sala no observa que haya algún propósito ilegal
por parte de la entidad demandada, como lo afirmó la recurrente.
La demandante solicitó no tener en cuenta la declaración rendida por Yuri
Fernández porque se trata de una testigo sospechosa, en cuanto que está vinculada
laboralmente al Municipio de Ciénaga. Empero, el artículo 211 del Código General
del Proceso señala que la tacha al testigo no impide valorar su testimonio, pues
indica expresamente que «El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso».
En este orden y como lo indicó la demandante, en el minuto 54:34 de la grabación
consta que el magistrado que presidió la audiencia puso de presente que el abogado
de la coadyuvante hizo señas a la testigo. Sin embargo, en la grabación no es
posible observar cuáles fueron dichas señas y el magistrado del Tribunal no dejó
constancia de ellas. Además, se destaca que el a quo no consideró que estas
tuvieran la entidad suficiente para finalizar la audiencia ni para considerar nula de
pleno derecho la declaración rendida por la testigo, por lo que decidió valorarla en
la sentencia de primera instancia. Entonces, nada impide que, en este caso, se
valore el testimonio de Yuri Fernández.
De otro lado, aunque es cierto que la testigo tiene un vínculo con el Municipio de
Ciénaga que podría afectar su declaración, también lo es que su afirmación de que
el escrito de reconsideración al cual se tomó copia es un anexo a una petición
presentada en marzo de 2017 se pudo comprobar documentalmente, según se
expuso previamente, por lo que no está probado que faltara a la verdad y que se
tuviese que restar credibilidad a su testimonio.
Por lo expuesto, la Sala concluye que la sociedad actora no cumplió su carga de la
prueba, es decir, que no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados ni acreditó que están probadas las excepciones de falta
de título ejecutivo y de falta de ejecutoria del título ejecutivo, en la medida que, se
reitera, las pruebas que obran en el expediente no dan certeza de que haya
interpuesto el recurso de reconsideración el 26 de enero de 2017.
En este orden, la Sala confirmará la sentencia apelada. Además, no se impondrá
condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal como lo exige el
artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Drummond Ltd.
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 25 de noviembre de
2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
15
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