Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2017-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2017-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2017-00390-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de junio de 2025
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Radicado: 47001 23 33 000 2017 00390 01
Demandante: Metroagua S.A ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 47001 23 33 000 2017 00390 01
Actor: Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A. ESP
en liquidación
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - Corpamag
Tesis: No son nulos los actos que reliquidaron la tasa retributiva de vertimientos, si no
se ponderaron los esfuerzos acometidos por la accionante orientados a atenuar y
disminuir el impacto ambiental que podrían generar las aguas residuales domésticas
que discurren por el sistema de alcantarillado dada la existencia del Emisario
Submarino.
No son nulos los actos que reliquidaron una tasa retributiva por vertimientos, si las
disposiciones invocadas no definen cuál es el sitio de valoración del caudal
contaminante.
No es cierto que no se explicó la forma en que se liquidó la tasa en la factura.
No es cierto que no existió anexo explicativo que determinara la manera como se
liquida la tasa.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 10 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la Compañía de Acueducto y
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Radicado: 47001 23 33 000 2017 00390 01
Demandante: Metroagua S.A ESP
Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A. ESP en liquidación (en adelante
Metroagua) interpuso demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (en adelante Corpomag)1.
1.1. Pretensiones
“3. LO QUE SE DEMANDA.
3.1. PRETENSIÓN PRINCIPAL
3.1.1. QUE SON NULOS los Actos administrativos contenidos en las siguientes
actuaciones de la autoridad pública: RESOLUCION No. 0863 de Abril 07 de 2017,
“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE LA RECLAMACION QUE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA - METROAGUA S.
A. PRESENTÓ CONTRA LA FACTURA No. 5744 DE ABRIL 25 DE 2016”,
proferida por el Director General de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL MAGDALENA - CORPAMAG. Factura No. 5744 de Abril 25 de 2016, por valor
de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y OCHO SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 30/100, M. Cte
($2.169.288.786.30), M. Cte. por cobro de TASA RETRIBUTIVA del año gravable
2015 expedida por la corporación autónoma Regional del Magdalena -
CORPAMAG.
3.1.2. Que como consecuencia de la prosperidad de la anterior pretensión, se
RESTABLEZCA EL DERECHO en favor del demandante: COMPAÑÍA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.
A. ESP. EN LIQUIDACION – METROAGUA S. A. ESP. EN LIQUIDACION y
mediante sentencia que hace tránsito De Cosa Juzgada, se ordene a la entidad
demandada dejar sin efecto los Actos Demandados y por lo tanto mi cliente queda
exonerada de cualquier responsabilidad de orden fiscal no siendo sujeto pasivo de
la TASA RETRIBUTIVA cobrada en la Factura de Venta No. 5744 de abril 25 de
2016.
3.1.3. Que se condene en COSTAS, GASTOS del proceso y AGENCIAS EN
DERECHO a la entidad demandada.
3.2. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
3.3. SUBSIDIARIAMENTE, solicito al Despacho que de no acceder a la
PRETENSION PRINCIPAL, se ordene a la demandada ADMITIR Y ACEPTAR LA
AUTODECLARACION presentada por METROAGUA S. A. ESP. hoy, EN
LIQUIDACION, en enero 29 de 2016, correspondiente al año gravable 2015,
teniendo en cuenta que la MUESTRA DEL CAUDAL CONTAMINANTE fue tomada
conforme lo establecen los Arts. 2.2.9.7.2.I. “Tarifa de la tasa retributiva. Es el
valor que se cobra por unidad de carga contaminante vertida al recurso hídrico, y
Art. 2.2.9.7.2.5. “La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos,
se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso
hídrico”. es decir, la carga VERTIDA O DESCARGADA y no antes de la descarga
como equívocamente lo concibe la autoridad ambiental, y con fundamento en dicha
AUTODECLARACION se liquide y cobre la TASA RETRIBUTIVA.
1 El expediente digital se encuentra visible a índice 16 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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Radicado: 47001 23 33 000 2017 00390 01
Demandante: Metroagua S.A ESP
3.3.1. Que se condene en COSTAS, GASTOS del proceso y AGENCIAS EN
DERECHO a la entidad demandada.”2.
1.2. Actos cuestionados
1.2.1. Factura nro. 5744 del 25 de abril de 2016
1.2.2. La Resolución No. 0863 del 7 de abril de 2017, que dispuso:
“CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
RESOLUCIÓN NÚMERO
0863 del 7 de abril de 2017
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN QUE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA -METROAGUA S.A.
2 Visible a índice 3 ibídem.
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Demandante: Metroagua S.A ESP
EN LIQUIDACIÓN PRESENTÓ CONTRA LA FACTURA NO. 5744 DE ABRIL 25
DE 2016 MEDIANTE LA CUAL SE EFECTUA EL COBRO DE LA TASA
RETRIBUTIVA DE 2015 POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS AL MAR CARIBE"
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -
CORPAMAG, en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, Ley
1437 de 2011. Decreto 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que la Compañía de Servicios Públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. E.S.P,
EN LIQUIDACIÓN es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios
en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y por tanto sujeto pasivo
de la tasa retributiva por vertimientos de aguas residuales al Mar.
Que para el efecto se debe tener en cuenta que por la Resolución No: 242 del 06
de abril de 1999 del Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; se otorgó licencia ambiental a la Compañía del Acueducto
y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta -METROAGUA S. A., E. S. P, para
la ejecución del proyecto "Emisario Submarino para tratamiento por dilución y
disposición final de las aguas servidas de la ciudad de Santa Marta", en el
Departamento de Magdalena.
Que en virtud de lo anterior, por radicación 1700-12-01-000924 de marzo 27 de
2014, CORPAMAG le informa y convoca a METROAGUA S.A. para explicarle los
instrumentos de administración, control y seguimiento del recurso hídrico por parte
de la Corporación para fortalecer el conocimiento de la calidad del agua en el
Departamento del Magdalena.
Que por memorando de agosto 27 de 2014, CORPAMAG convocó a los usuarios
del programa de tasa retributiva para la divulgación del proceso de consulta de
legislación ambiental, conforme al Decreto 2667 de 2012 y el Decreto 3930 de
2010, la cual se llevó a cabo ese mismo día la capacitación con la asistencia de
METROAGUA S.A., y se programó la segunda capacitación.
Que el 15 de septiembre de 2014 en las instalaciones de CORPAMAG se adelantó
la segunda jornada de capacitación frente a la carga contaminante y método de
liquidación de la tasa contributiva conforme al Decreto 2667 de 2012, en la cual
asistieron varias empresas, entre ellas METROAGUA S.A. E.S.P.
Que el día 09 y 23 de octubre de 2015 se adelantó por cuenta de LABORATORIOS
NANCY FLOREZ GARCIA S.A.S., en la toma de muestras en las instalaciones y
coordenadas previamente acordadas con METROAGUA S.A., producto de lo cual
existe en el expediente administrativo un informe al respecto firmado por los
funcionarios de CORPAMAG, la empresa Laboratorio Nancy Flórez, Metroagua
S.A. y demás asistentes.
Que CORPAMAG mediante resolución No. 3637 del 14 de Diciembre de 2015,
estableció la fecha para la entrega de las Autodeclaraciones de Vertimiento a los
usuarios de Tasa Retributiva vigencia fiscal 2015 del periodo comprendido entre el
01 de enero y 31 de diciembre de 2015, con fecha límite de entrega 31 de enero
de 2016.
Que la Empresa de Servicios públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. E.S.P,
presento a CORPAMAG el formato de auto declaración correspondiente a los
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Demandante: Metroagua S.A ESP
vertimientos para el periodo enero 01 - diciembre 31 del 2015, según oficio de
enero 29 de 2016, recibido en ventanilla única de esta autoridad el mismo día con
radicado 0604.
Que por radicado 0998 de febrero 17 de 2016, extemporáneamente, el abogado
Cesar Camacho Ortega, aduciendo la calidad de Secretario General de la empresa
expresa que por un error involuntario se adjuntó a la autodeclaración
correspondiente a la vigencia del año 2015, presentada el 29 de enero de 2016,
unos documentos que no corresponden, por lo que solicita se tengan como nuevos
documentos los aportados con este nuevo escrito. (No obstante modifica la
autodeclaración).
Que CORPAMAG “no acepto” la autodeclaración efectuada por METROAGUA
S.A. y, en consecuencia, procedió a emitir en medio físico el 25 de abril de 2016 la
factura No. 5744 por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVO ($3.618.469.400,34), a nombre de
la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. ESP por
concepto de tasa retributiva.
Que CORPAMAG para efectuar la liquidación del cobro de la tasa retributiva
proyectada para la vigencia 2016 a la Empresa de Servicios Públicos de Santa
Marta METROAGUA E.S.P EN LIQUIDACION, tuvo en cuenta las
caracterizaciones técnicas que reposan en los archivos de esta entidad en
concordancia con lo establecido en el parágrafo de los artículos 2.2.9.7.5.4,
2.2.9.7.5.5. y 2.2.9.7.5.6. del Decreto 1076 de 2015.
Que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. E.S.P.
EN LIQUIDACION, presentó reclamación de la factura N° 5744 mediante oficio de
fecha 24 de junio de 2018, con radicado 4852.
FUNDAMENTOS LEGALES
I. Competencia
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG- es la autoridad
ambiental competente para la administración y gestión del recurso ambiental
marino que discurre frente al Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa María
Departamento del Magdalena.
Que para el efecto debe observarse lo dispuesto por el Articulo 208 de la Ley 1450
de 2011 (aún vigente) el cual señala expresamente que las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenibles de los departamentos
costeros, ejercerán sus funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas
hasta el límite de las líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984,
salvo las competencias que de manera privativa corresponden al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina --
CORALINA
Que esta misma Ley del Plan Nacional de Desarrollo refiere en el artículo 211°,
parágrafo 1°, que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a la
contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro
de esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo
vertimiento.
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Que la anterior cita normativa es una adición a lo dispuesto por el artículo 42° de
la Ley. 99 de 1993; señalando que la utilización directa o indirecta de la atmósfera,
el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas,
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos,
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o
propiciadas por el hombre o actividades económicas o de servicio, sean o no
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas
de las actividades expresadas.
Que corresponde al Estado a través de sus instituciones públicas con competencia
territorial el manejo administrativo ambiental del país, como es el caso de
CORPAMAG para el Departamento del Magdalena y la zona costera del mismo
ente territorial, debiendo garantizar la calidad del agua para consumo humano
recreación y los demás usos permitidos, exigiendo el cumplimiento normativo
vigente y las obligaciones impuestas en las licencias como medio control ambiental
frente a los responsables en la obligación de aplicar los instrumentos que
prevengan y controlen los vertimientos contaminantes.
Que por dicha razón y conforme al artículo 2.2.9.7.2.2. del Decreto 1075 de 2015.
CORPAMAG es la autoridad ambiental competente para cobrar y recaudar la tasa
retributiva por vertimientos al recurso hídrico, como ocurre en el presente caso con
METROAGUA SA, al efectuar esta empresa vertimientos al recurso marino en
virtud de la operación del Emisario Submarino, cuyo proyecto cuenta con
autorización ambiental según la licencia otorgada por la Resolución. No 242 del 6
de abril de 1999 del Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, para la ejecución del proyecto Emisario Submarino para
tratamiento por "dilución y disposición final de las aguas, servidas" de la ciudad de
Santa Marta, en el Departamento de Magdalena.
Que el Director General es el funcionario competente para resolver el recurso de
reposición (reclamación) interpuesto por la citada empresa contra el acto
administrativo de cobro, que para este caso se denomina factura No. 5744 de
agosto 25 de 2016, y en consecuencia, con capacidad jurídica funcional para firmar
el correspondiente acto según la Ley, los reglamentos y al manual de funciones de
la entidad.
II. Procedimiento
El procedimiento a seguir para resolver la reposición (reclamación) interpuesta por
la empresa METROAGUA S.A. E.S.P.. es el previsto en el artículo 2.2.9.7.5.7. y
siguientes del Decreto 1078 de 2015, y en lo no previsto allí se aplicará lo dispuesto
por el CPACA teniendo especial relevancia lo señalado por los artículos 2º, 3º, 34°
у 74° у siguientes o normas complementarias indicadas en dicho código.
Es preciso señalar que las premisas jurídicas del caso, que aplicó CORPAMAG a
todos los usuarios para efectuar el cobro de la tasa retributiva por vertimiento
realizada en todos los cuerpos hídricos de su jurisdicción y competencia territorial,
son las previstas en el Decreto 2667 de 2012 considerando además las
disposiciones relacionadas con al recurso hídrico, ordenamiento del recurso
hídrico y los vertimientos al recurso hídrico y a los alcantarillados establecidos en
el Decreto 3930 de 2010 y Decreto 1594 de 1984, en especial el artículo 72, así
como lo dispuesto por la Ley 99 de 1993.
Es de anotar para claridad del usuario que estas normas fueron compiladas por el
Decreto 1076 de 2015, así: Decreto 3930 de 2010 se encuentra compilado desde
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el artículo 2.2.3.3.1.1. al 2.2.3.9.1. y el Decreto 2667 de 2012 está compilado desde
el artículo 2.2.9.7.1.1. al 2.2.9.7.6.2. y respecto del Decreto 1594 de 1984, está
compilado en el artículo 2.2.3.3.9.14., entendiendo que el Distrito de Santa Marta
se considera usuario existente o anterior a la fecha del decreto por cuanto fue
fundado y construido como Municipio antes de la entrada en vigencia del Decreto
2811 de 1974.
Del mismo modo se debe considerar que la empresa METROAGUA S.A. E.S.P.,
cuenta con licencia ambiental otorgada por la Resolución 242 de abril 06 de 1999
del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, quien efectuó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, denominado “Emisario Submarino para Tratamiento por Dilución y
Disposición final de las Aguas Servidas de la Ciudad de Santa Marta”, lo cual sujeta
a su titular al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho instrumento,
y así mismo, al cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia.
Así se le indicó en el numeral 1º del artículo 4º de la Resolución 242 en abril 06 de
1999 (otorga Licencia Ambiental), proferida por el Ministerio de Ambiente, en la
cual señala lo siguiente:
“1.- LA COMPAÑÍA METROAGUA S.A. E.S.P. debe ajustar el sistema de
tratamiento primario a las exigencias que puedan resultar de acuerdos
internacionales que para la protección de las aguas y ecosistemas submarinos
suscriba el país o la legislación que se promueve”. (se resalta y subraya)
Frente a este tema, también se deben considerar las definiciones, obligaciones y
parámetros establecidos por la Resolución 1096 de 2000 y 424 de 2001 proferidas
por el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, frente al Emisario Submarino, como en efecto así se realizó para
comprender el alcance técnico de dicho proyecto operado por Metroagua SA.
E.S.P.
Es preciso indicar que las fuentes legislativas principales que regulan el caso son
el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), Ley 99 de 1993 y
el Decreto 1076 de 2015, toda vez que en la protección del ambiente, y entre ellos
el recurso hídrico, se deben considerar las evoluciones técnicas y jurídicas que se
promulguen o divulguen, a través de las cuales se regula el manejo de los
vertimientos, mediciones, punto de muestras, etc. que tendrán incidencia y
obligatoriedad respecto del instrumento de control ambiental, pues debe tenerse
presente que la Licencia Ambiental no otorga a su titular derechos adquiridos
inmodificables e irrenunciables, según se ha reconocido por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, Consejo de Estado y la doctrina, manifestando que los Actos
Administrativos de Licenciamiento o Permisos Ambientales son considerados
actos condición ya que el instrumento ambiental y las disposiciones que lo
complementan, buscan de manera alterna evitar, prevenir, corregir o compensar
los impactos ambientales que genere o produzca la obra, proyecto o actividad.
(Legislador, Ley 99, 1993), y ello se fundamenta en lo dispuesto por el inciso 2º del
artículo 107º de esta Ley que señala, "[i]as normas ambientales son de orden
público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares."
Para efectos de liquidación de las tasas retributivas por vertimiento, el
procedimiento particular que todo usuario debe considerar y adelantar es el
previsto a partir del artículo 2.2.9.7.4.1. al 2.2.9.7.5.8. del Decreto 1076 de 2015.
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Para efectos de establecer la tasa, la obligación legal inicial surge por los
vertimientos realizados, tengan o no permiso, y quien los realiza es el sujeto pasivo
de la tasa retributiva quien tendrá que presentar al finalizar la vigencia fiscal anual
la autodeclaración de le carga contaminante vertida al cuerpo hídrico receptor de
la misma, la cual deberá estar sustentada en al menos una caracterización.
Así lo señala el artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 1076, indicado:
Artículo 2.2.9.7.5.4. Información para el cálculo del monto a cobrar. El sujeto
pasivo de la tasa retributiva deberá presentar a la autoridad ambiental
competente la autodeclaración de sus vertimientos correspondiente al periodo
de facturación y cobro establecido por la misme, la cual no podía ser superior a
un año. La autodeclaración deberá estas sustentada por lo menos con una
caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de
información respectivos. La autodeclaración deberá especificar la información
mensual relacionada con las cargos vertidos y, presentarse en el formato
definido por la autoridad ambiental competente. La autoridad ambiental
competente, previa evaluación técnica, utiliza la información contenida en la
autodeclaración presentada por los usuarios para el cálculo de le carga
contaminante de cada sustancia objeto del cobro de la tasa, correspondiente al
periodo sobre el cual se va a cobrar.
Parágrafo. En los casos en que se presenten diferencias sobre la información
presentada por los usuario, o falta de presentación de la autodeclaración, el
cobra de la tasa retributiva por parte de la autoridad ambiental competente se
realizará con base en los factores de carga per cápita establecidos en el
Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental RAS,
en la información disponible obtenida de muestreos anteriores o en cálculos
basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de
producción e insumos utilizados. (se resalta)
La información que presente el usuario servirá de base a la Autoridad Ambiental
para liquidar la tasa retributiva por vertimiento a cobrar, cuya evaluación técnica no
requiere mayor esfuerzo, pues en primer lugar se debe establecer si el usuario
cumplió con lọ dispuesto por el Decreto 1076 de 2015 según los artículos antes
indicados, en especial el punto de control de vertimiento, muestra puntual, punto
de descarga, la prohibición de utilizar recurso hídrico con el propósito de diluir los
vertimientos con anterioridad al punto de control, entre otros factores: obligaciones
y prohibiciones que indica el referido decreto. Y en segundo lugar, la Autoridad
Ambiental confrontará las muestras tomadas y presentadas por el sujeto pasivo,
con las caracterizaciones que se hayan efectuado para ese periodo fiscal.
Entonces, si en esta fase inicial de evaluación técnica de la información, la
Autoridad Ambiental encuentra que la autodeclaración se ajusta a los parámetros
exigidos por el Decreto 1076 de 2015, liquidará la tasa retributiva, emitiendo el
respectivo documento de cobro que autoriza la Ley, esto es factura o documento
de cobro, (Decreto 1076 2015); no obstante, si la Autoridad Ambiental al confrontar
la información presentada y la existente en la Corporación, hay diferencias o el
usuario no cumplió el procedimiento que se impuso en el citado Decreto, seguirá
uno de los mandatos referidos por el parágrafo del artículo 2.2.9.7.5.4. del
plurimencionado Decreto, en el sentido de que el cobro de la tasa retributiva por
vertimientos se realizara atendiendo las alternativas señaladas, así: (i) carga per-
cápita establecidos en el Reglamento técnico de Agua Potable, y Saneamiento
básico y Ambiental - RAS- (ii) en la información disponible obtenida de muestreos
anteriores o (iii) en cálculos presuntivos basados en factores o (iv) índices de
contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados.
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Es importante aclarar que cuando la norma refiere que la Autoridad Ambiental
podrá utilizar información disponible obtenida de muestreos anteriores, se entiende
está a las muestras tomadas en visitas de seguimiento realizadas a los usuarios
sujetos a la tasa con el fin de verificar la información suministrada del respectivo
periodo de cobro, es decir, al periodo de vigencia del cobro de la tasa, pues no
podrá tomarse y confrontar muestras posteriores a la fecha de presentación de la
autodeclaración, toda vez que no podría confrontarse con el periodo fiscal de la
autodeclaración. Por lo tanto, las tomas de muestra a confrontar que expresa la
norma, se refiere a las muestras obtenidas por seguimiento dentro del mismo
período fiscal de la autodeclaración presentada por el usuario, siguiendo los
parámetros del artículo 2.2.9.7.5.6. del Decreto 1076. Y entiéndase por
seguimiento no a las medidas de manejo ambiental del proyecto respecto de la
medición de impactos, sino a las de verificar de la carga contaminante que se vierte
al cuerpo hídrico receptor, en razón del permiso que esa licencia tenga implícito o
haya obtenido por separado. Esta toma de muestra se deberá realizar por
Laboratorio acreditado por el IDEAM, siguiendo los parámetros establecidos por
éste, adoptados por la norma técnica NTC17025:2005 denominada "Requisitos
generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración"
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo del 2.2.3.3.1.7. del Decreto 1076.
Efectuado en análisis técnico antes indicado, en especial la confrontación de
información técnica elaborada por laboratorios acreditados por el IDEAM y que
reposa en el expediente, se emitirá al usuario responsable la correspondiente
cuenta de cobro o factura que autoriza el artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto 1076 de
2015, siguiendo el procedimiento allí indicado, así:
Artículo 2.2.9.7.5.7. Forma de Cobro. La tasa retributiva deberá ser cobrada por
la autoridad ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el
período objeto cobro, mediante factura, cuenta cobro o cualquier otro
documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la
periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y
deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. En todo
caso, el documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas
de elementos, sustancias y parámetros contaminantes vertidos."
Parágrafo 1°. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual
se ordena el cobro de la tasa retributiva deberá señalar si se aprueba o no la
autodeclaración presentada por el usuario; contra este cobro procede el recurso
de reposición.
Parágrafo 2°. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual la
autoridad ambiental competente efectuará la causación de los ingresos
correspondientes.
Parágrafo 3°. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá
hacerse por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago
establecida en el respectivo documento de cobro, lo cual no exime al usuario
de la obligación del pago correspondiente al periodo cobrado por la autoridad
ambiental competente. Mientras se resuelve el reclamo o aclaración, el pago se
hará con base en las cargas contaminantes promedio de los últimos tres
períodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad ambiental competente
sobre el reclamo presentado, las diferencias frente a los valores que se cobraron
se abonarán o cargarán al usuario en la siguiente factura, según sea el caso.
Los reclamos y aclaraciones serán resueltos de conformidad con el derecho de
petición previsto en el Código Contencioso Administrativo. (se resalta y subraya)
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Es claro entonces que las facturas se emitirán dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de presentación de la autodeclaración, y en ellas se deberá
indicar si ésta se acepta o no, especificando el valor correspondiente a las cargas
de elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos,
siguiendo los parámetros establecidos por el parágrafo del artículo 2.2.9.7.5.4. del
plurimencionado Decreto.
El parágrafo 1º del Artículo antes trascrito es claro en señalar que contra la factura
de cobro procede "recurso de reposición", el cual deberá interponerse dentro del
mes siguiente a la fecha límite de pago que en el documento de cobro se haya
establecido (ver parágrafo 2º y 3°).
Como normas complementarias y obligatorias al procedimiento antes indicado, se
debe considerar lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en especial, lo referido por los artículos 2, 34, 74 y
s.s., el cual expresamente indica que se deberá adelantar los trámites siguiendo el
procedimiento indicado por Leyes especiales, si éste existe, y en lo no previsto en
ellas se acudirá a lo dispuesto por el CPACA. Por ello entonces, cuando el
parágrafo 1º antes transcrito se refiere que contra la factura de cobro procede
recurso de reposición, sin que lo defina el Decreto 1076/15, se debe entender como
recurso aquél que define el artículo 74° del CPACA, así:
ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por
regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.
La definición legal del objetivo y alcance del recurso de reposición es reglado por
el Legislador y a este concepto se debe remitir tanto las autoridades públicas
administradoras del interés general, como los usuarios que están inconformes con
la decisión. Para el caso del cobro de la tasa retributiva, el Decreto 1076 de 2015
expresamente contempla el recurso de reposición como etapa procesal y medio
para que el usuario manifieste su inconformidad contra la factura con el fin de que
se aclare, modifique, adicione o revoque dicho acto administrativo, sólo que el
término para interponer el mencionado recurso no es de diez (10) días como lo
establece el CPACA, sino de un (1) mes contado a partir de la fecha de vencimiento
de la factura, según así lo establece el parágrafo 3º del artículo 2.2.9.7.5.7. del
plurimencionado Decreto.
Bajo el procedimiento anteriormente indicado es que CORPAMAG ha actuado
procesalmente en el caso de METROAGUA S.A. E.S.P., y también con los demás
usuarios que realizan vertimientos en cuerpos hídricos del Departamento del
Magdalena frente a la recepción, evaluación y decisión administrativa, de aceptar
o no la autodeclaración, pues debe recordarse que las normas ambientales según
lo prevé el inciso 2º del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, son de orden público, y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia en su aplicación por las
autoridades o por los particulares.
En el caso de la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. ésta empresa presentó dos
(2) autodeclaraciones (i) una el 29 de enero de 2016 (rad. 0604) y (ii) la segunda
el 12 de febrero de 2016 (rad. 0998), a las cuales, para cada una, la empresa anexó
auto- declaraciones y formularios distintos, en muestras, medición, carga
contaminante y diferentes índices; sólo que en el último radicado el Secretario
General de la entidad dice que "por un error involuntario se adjuntó a la auto
declaración de vertimientos correspondientes a la vigencia del año 2015,
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presentada el 29 de enero de 2016, unos documentos que no corresponden, por
lo que se solicita muy respetuosamente se tenga como tales los que adjuntamos
con esta comunicación." Sin embargo, nada dice frente al formato de
autodeclaración que también reporta diferentes valores, siendo la última
presentada, ínfimamente menor en Kg/l de DBO y SST. (ver actas de
autodeclaración).
Para responder en los términos del Decreto 1076 de 2015 la autodeclaración
presentada por METROAGUA S.A. E.S.P., consideró Corpamag la información
aportada el 29 de enero de 2016, toda vez que por Resolución 3637 del 14 de
Diciembre de 2015 esta Corporación estableció como término preclusivo del 31 de
enero de 2016 para la entrega de las autodeclaraciones de Vertimiento a cargo de
los usuarios de Tasa Retributiva. Entonces, según la documentación obrante en el
expediente, la siguiente fue la carga contaminante para el período 2015 que
presentó METROAGUA, adjuntando informes de laboratorio que soportan esa
información, así:
Por su parte, la Corporación CORPAMAG confronto esa información con los
informes existentes y realizados, como es lo correcto, dentro del periodo fiscal
objeto de cobro de la tasa, esto es, al año 2015, tomando como referente para
liquidar la información que a continuación se indica:
El anterior informe de carga neta DBO y SST que CORPAMAG refirió en la factura
5744 de 25 de abril de 2016, es el resultado de la toma de muestras que en
seguimiento realizo el 09 y 23 de octubre de 2015 en las instalaciones de
METROAGUA S.A. E.S.P., cuyos resultados certificados por el Laboratorio Nancy
Flórez García, expresamente señalan el lugar georreferenciado donde se tomó de
muestra puntual, quien la tomo, el tipo de muestra, cual es la medición, etc., dando
como resultado que la carga contaminante promediada durante los doce (12)
meses del año 2015 es mayor a la señalada por el sujeto pasivo de la obligación
quien refiere Kg/mes para BDO y SST, con valores supremamente inferiores como
se puede comparar con los dos recuadros anteriores.
Este ejercicio comparativo para la CORPORACION es entendible y demostrativo
de que la información que presento METROAGUA estaba muy por debajo de las
mediciones que vía seguimiento había realizado esta Corporación, y por ello, no
acepto la autodeclaración presentada según así se le indico en la factura 5744 de
abril 25 de 2016, mediante la cual se cobraba la tasa por vertimiento
correspondiente al año 2015, siguiendo los parámetros indicados por el artículo
2.2.9.7.5.2. del referido decreto que señala "[c]uando el usuario vierte a una red de
alcantarillado, la autoridad ambiental competente cobrará la tasa, o parámetros
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contaminantes objeto de cobro, únicamente a la entidad que presta el servicio de
alcantarillado".
Entonces, considerando que legalmente se señala que contra la factura de cobro,
como lo indica el parágrafo 1º antes transcrito, procede recurso de reposición, es
claro para esta Autoridad que la FACTURA, como documento de cobro, es un acto
administrativo porque bajo los términos del CPACA es la respuesta a una petición
(auto-declaración), crea una situación jurídica particular y concreta, es proferida en
ejercicio de una función pública administrativa en cabeza de CORPAMAG, y puede
ser objeto de control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa
administrativa. (Consejo de Estado, 2016), por la inconformidad que refiera el
sujeto pasivo de la obligación.
En efecto, la factura 5744 de abril 25 de 2016 fue el documento emitido por la
Corporación que, cumpliendo con la normatividad indicada en el Decreto 1076 de
2015, señala la fecha de emisión, fecha de vencimiento o fecha límite de pago;
período facturado; y expresamente indica que la auto-declaración presentada por
METROAGUA no se aceptó. Del mismo modo, en la factura se indica claramente
cuál fue la base para liquidar, expresando el cálculo del factor regional DBO y SST,
señalando que la tarifa mínima DBO sería 122.86 y SST 52,54 pesos, y asimismo,
indicando con la especificación las cargas contaminantes DBO y SST por CC mg/l
y Kg, respectivamente, para finalmente indicar que el monto a pagar por concepto
de tasa por vertimiento para todo el año 2015 sería de dos mil ciento sesenta y
nueve millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos
con treinta centavos. ($2.169.288.786.30)
Es importante reiterar que para liquidar la carga contaminante DBO y SST que se
indican en la factura, CORPAMAG cumplió con el procedimiento previo establecido
por el artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 1076, verificando la información confusa y
contradictoria que reportó METROAGUA S.A. E.S.P. según las radicaciones 0604
de enero 29 de 2016 y 0998 de febrero 12 de 2016. La información presentada en
la autodeclaración elaborada por el laboratorio de la misma empresa, no refiere la
real y total carga contaminante, los lugares de toma de muestra son distintos al
punto de contacto de la carga contaminante con el agua marina (lugar emisario
submarino), quién y cómo se tomó la muestra ya que indica que ésta fue "tomada
por el cliente", la cual en comparación con la información disponibles en la
Corporación, se tienen valores distintos obtenidos de muestreos anteriores
efectuados por CORPAMAG según el acta de las tomas (09 y 23 de octubre de
2015) y los certificados de análisis hecho el 23 de octubre de 2015, con el apoyo
del Laboratorio Nancy Flórez García, cuyas muestras cumplieron la cadena de
custodia, la empresa está certificada por el IDEAM para aguas continentales, la
toma de muestras se realizó en el punto que refiere el Decreto 1076 de 2015, es
decir, antes del contacto de la carga contaminante con el agua marina y dicha
empresa de apoyo a esta autoridad, siguió el protocolo del IDEAM establecidos en
la norma técnica NTC17025:2005 "Requisitos generales relativos a la competencia
de los laboratorios de ensayo y calibración".
Entonces, el sustento técnico que hizo METROAGUA S.A. E.S.P. en la
autodeclaración presentada y los anexos a la misma, no representaba la real carga
contaminante que se vertió al mar durante el período fiscal al año 2015, ya que la
toma de muestras que realiza la empresa para medir la carga contaminante fue
efectuada después de la dilución y según la norma se debía efectuar antes de
contacto de la descarga con el agua marina, que finalmente es utilizada para diluir
por difusión la carga contaminante vertida al mar según la licencia ambiental
otorgada.
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El problema jurídico que plantea la empresa es el punto de control del vertimiento
de la toma de muestra de la carga contaminante para liquidar la tasa retributiva,
que para la empresa es después de la dilución por difusión que se realiza mediante
el Emisario Submarino conforme lo afirma el apoderado de la empresa Metroagua
y así lo indican los declarantes Margarita Jaramillo Quiceno, Ana Cristina Díaz
Granados Iragorri y Juan Carlos Álvarez quienes señalan que es conforme se ha
indicado en la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Territorial según Resolución 242 de abril 06 de 1999, es decir, que allí
se fijaron los puntos de toma de muestras de la carga contaminante.
No obstante, olvidan, el apoderado de la empresa y los declarantes, que la
Resolución 242 de abril 06 de 1999 mediante la cual se otorgó licencia ambiental
al proyecto Emisario Submarino, estableció una obligación administrativa que por
el transcurso de los años, en virtud de la entrada en vigencia de nuevas normas,
introduce obligaciones legales que obligatoriamente se deben cumplir. Para el
caso, basta revisar el artículo 4º numeral 2 de la Resolución 242 de 1999:
1.- LA COMPAÑÍA METROAGUA S.A. E.S.P. debe ajustar el sistema de
tratamiento primario a las exigencias que puedan resultar de acuerdos
internacionales que para la protección de las aguas y ecosistemas submarinos
suscriba el país o la legislación que se promueva." (se resalta y subraya)
Y es precisamente en este sentido que la Legislación promovida por el Gobierno
Nacional, contempla, entre otros mandatos, prohibiciones o autorizaciones como
es la establecida por el artículo 2.2.3.3.4.4. del Decreto 1076 de 2015, bajo el
siguiente contenido de prohibición legal, así:
Artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de
las siguientes actividades.
1. (...)
2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las
provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema
de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el
propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del
vertimiento. (se resalta y subrayo).
En efecto, en el año 2010 y luego en el 2012, el Gobierno promovió los siguientes
Decretos 3930 y 2667, respectivamente, que en el año 2015 fueron compilados de
la siguiente forma en el Decreto Único del Sector Ambiental, así: Decreto 3930 de
2010 se encuentra compilado desde el artículo 2.2.3.3.1.1. al 2.2.3.3.9.1. y el
Decreto 2667 de 2012 está compilado desde el artículo 2.2.9.7.1.1. al 2.2.9.7.6.2,
y respecto del Decreto 1594 de 1984, está compilado en el artículo 2.2.3.3.9.14.
Así, en estos términos, se ha promovido nueva normatividad que modifica el control
y seguimiento ambiental que por acto administrativo de contenido particular
(Licencia Ambiental) se había sujetado el proyecto, llevando la actividad y todas
aquéllas de su género a condiciones más estrictas de control, prevención,
mitigación y manejo ambiental, que por mandato de la Constitución y la Ley que
se le impone al poder Ejecutivo aplicar en todos sus niveles de administración
pública. Al respecto la Corte Constitucional ha referido que "tenemos que los actos
administrativos de contenido normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y
cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos
entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de
autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones
de la ley, tanto en su sentido material como formal" y más adelante indica, "Esta
conclusión se extrae de diversas disposiciones, entre otras aquellas referentes a
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los deberes y facultades que, según el artículo 189 de la Constitución, le
corresponden al presidente frente a ley. En efecto, esta disposición le impone
"promulgar la leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento" (numeral
10°), y "ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes"
(numeral 11°). Así las cosas, tenemos que los actos administrativos, deben tener
por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su
sujeción a aquella".
Entonces, la sujeción de la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. al cumplimiento
normativo vigente, no puede ser desconocida o ajena a la legislación que se
promueva para amparar el ambiente, los recursos naturales renovables y paisaje
en los términos del Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y Decreto
Reglamentario Único 1076 de 2015, refugiados en que el Emisario Submarino
indicó los lugares de toma de las muestras.
Por dichos motivos no era procedente aceptar la autodeclaración por cuanto
METROAGUA S.A. E.S.P. refirió una insignificante descarga contaminante,
desconociendo la normatividad vigente para el año 2015, incumpliéndola, si para
el efecto se tiene en cuenta lo siguiente:
1. La muestra tomada por METROAGUA corresponde al agua marina, no
al vertimiento realizado que contiene la real carga contaminante DBO y SST.
2. El sector de la toma de muestras es la Bahía de Santa Marta y Taganga,
no la ubicación de la estación norte donde se encuentra el emisario submarino.
3. El procedimiento de la toma de muestra dice: muestra fue tomada por el
cliente, es decir, no fue hecha por el laboratorio, lo que significa que incumplió
el protocolo establecido por el IDEAM según el Decreto 3930 de 2010.
Por lo anterior, como METROAGUA S.A. E.S.P. no cumplió con el procedimiento
de caracterización adecuada de la carga contaminante vertida al mar, y por ello
era evidente que no podía aceptarse la auto-declaración presentada. En su lugar
debía caracterizarse ésta, según así lo dispone el parágrafo del artículo 2.2.9.7.5.4.
y artículo 2.2.9.7.5.6. del Decreto 1076/15, como en efecto se hizo en la factura
5744 de abril 25 de 2016.
En estos términos, el valor liquidado en la factura 5744 de abril 25 de 2016 se
encuentra ajustado a los parámetros del Decreto 1076 de 2015, no encontrando
ésta autoridad causal de nulidad, o motivo que genere la revisión de la liquidación
de la carga contaminante medida por la Corporación, y para el caso, promediada
para los 12 meses del año 2015 correspondiente al año fiscal de cobro que se
efectúo. No obstante, se analizará la inconformidad presentada por la empresa
Metroagua.
CONSIDERACIONES TÉCNICA Y JURÍDICAS DE INCONFORMIDAD
Refiere el recurrente en la reclamación, entendida como impugnación vía
reposición, según se indicó atrás, existen cuatro (4) principales motivos de
inconformidad contra la factura en cuestión: (i) Procedimiento y Cálculo Erróneo
del Causal y Carga Contaminante; (a) Procedimiento Establecido en el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente. (Decreto 2667 de 2012), (b) Auto
declaración de vertimientos presentada por la empresa (ii) No se Configura el
HECHO GRAVABLE en la Factura de CORPAMAG; (iii) DESCONOCIMIENTO
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DEL EMISARIO SUBMARINO COMO SISTEMA DE TRATAMIENTO y (iv) se
desvía el objeto, fin y fundamento de las tasas retributivas.
Bajo dichas consideraciones específicas, esta autoridad resolverá la
inconformidad, pues entiende esta Corporación que en lo demás aspectos la
empresa obligada de acuerdo con la factura emitida, está de acuerdo. Por lo tanto,
procede a reconsiderar cada reclamación, incluyendo los sub-numerales, tal como
se explica a continuación:
Refiere la empresa en este numeral, lo siguiente:
"..... Procedimiento y cálculo erróneo del caudal y carga contaminante
Dentro del presente asunto debe tenerse en cuenta que CORPAMAIG no aceptó
la auto-declaración de vertimientos formalmente allegada por la empresa,
sustentada en las caracterizaciones representativas del vertimiento como manda
la Ley, efectuando una liquidación y facturación errónea, injusta y arbitraria.
Así las cosas, se aprecia un cálculo erróneo del caudal y la carga contaminante,
que no concuerda (a) con el procedimiento establecido en el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, (compilando el
Decreto 2667 del año 2012); (b) con la auto-declaración de vertimiento presentada
formalmente por la empresa que represento y (c) con las caracterizaciones
representativas de los vertimientos de la empresa.
(a) Procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente (compilando Decreto 2667 de 2012)
En cuanto al primer aspecto debe tenerse en cuenta el procedimiento establecido
expresamente por el artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptado por medio del Decreto 1076 de
2015 (artículo 21 del Decreto 2667 de 2012) y su parágrafo, norma que indica lo
siguiente:
"Artículo 2.2.9.7.5.4. Información para el cálculo del monto a cobrar. El sujeto
pasivo la retributiva, deberá presentar a la autoridad ambiental competente la auto
declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro
establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La auto
declaración deberá estar sustentada por lo menos con una caracterización anual
representativa de sus vertimientos y soportes de información respectivos.
La auto declaración deberá especificar la información mensual relacionada con las
cargas vertidas y. presentarse en el formato definido por la autoridad ambiental
competente.
La autoridad ambiental competente, previa evaluación técnica, utilizará la
información contenida en la auto declaración presentada por los usuarios para el
cálculo de carga contaminante de cada sustancia objeto del cobro de la tasa
correspondiente al período sobre el cual se va a cobrar.
Parágrafo. En los casos en que se diferencias sobre la información presentada por
el usuario, o falta de presentación de la auto declaración, el cobro la tasa retributiva
por parte de la autoridad ambiental competente se realizará con base en los
factores de carga per cápita establecidos en Reglamento Técnico de Agua Potable,
Saneamiento Básico y Ambiental RAS, en la información disponible obtenida de
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muestreos anteriores o en cálculos presuntivos basados en factores o índices de
contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados."
De lo anterior se deduce que CORPAMAG debe liquidar la tasa retributiva con
fundamento en la Autodeclaración que presente el usuario, la cual se hace con
base en una caracterización representativa de los vertimientos o en su defecto,
con base en una declaración presuntiva. La Autodeclaración presentada se hizo
con fundamento en mediciones concretas y periódicas efectuadas en la zona de
descarga del Emisario Submarino de Santa Marta y en la Estación Norte donde
confluyen todas las aguas residuales de la ciudad, con citación y aval de
CORPAMAG, dentro de sus funciones de seguimiento de la licencia ambiental del
proyecto.
No obra dentro del expediente la correspondiente y previa "Evaluación Técnica"
que ordena el inciso tercero del artículo en cuestión, ni mucho menos le fue
entregada a la empresa, por lo que la factura que reclamamos no tiene el
correspondiente soporte técnico de la liquidación, facturación y/o la evaluación
técnica.
Consiguientemente, CORPAMAG no hizo objeción formal de la auto-declaración
ni corrió traslado de la correspondiente evaluación técnica para el pronunciamiento
por parte de METROAGUA, como naturalmente debe procederse en este tipo de
controversias.
Por otra parte, tampoco se hizo el procedimiento de verificación a que alude el
Artículo 2.2.9.7.5.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible adoptado por medio del Decreto 1076 de 2015 (artículo 23
del Decreto 2667 de 2012), en especial, con levantamiento del acta que ordena la
norma, la cual dice:
Artículo 2.2.9.7.5.6. Verificación de las autodeclaraciones de los usuarios. En
ejercicio de la función de seguimiento, la autoridad ambiental competente, podrá
en cualquier momento realizar visitas a los usuarios sujetos al pago de la tasa con
el fin de verificar la información suministrada. De la visita, se deberá levantar la
respectiva acta.
Cuando el usuario impida la práctica de la visita a fin de verificar la información
suministrada por este, la autoridad ambiental competente podrá iniciar la
investigación administrativa de carácter ambiental sancionatorio a que haya lugar.
Obtenidos los resultados del proceso de verificación, en caso que éstos difieran de
la información suministrada en las autodeclaraciones presentadas por el usuario,
la autoridad ambiental competente procederá a hacer los ajustes del caso y a
efectuar la reliquidación correspondiente."
Efectivamente se tiene que para efectuar la reliquidación de la tasa retributiva la
Autoridad Ambiental competente debe hacer la visita de seguimiento para verificar
la información suministrada, visita de verificación y seguimiento de la cual se debe
levantar un acta.
CORPAMAG no hizo dentro del proceso de reliquidación la obligatoria visita de
verificación, ni mucho menos se levantó el Acta que ordena la norma, precisamente
por no efectuarse la visita, omisión procedimental que vicia todo lo actuado. El Acta
en sana lógica es un instrumento que permite que quede consignada la posición
del usuario ο sujeto de la tasa por lo cual la reliquidación está vulnerando garantías
procesales fundamentales.
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Para la empresa no existen elementos para deducir que su Autodeclaración no es
válida o real, al tiempo que el procedimiento surtido por CORPAMAG no permitió
a la empresa pronunciamiento o intervención alguna."
Para la Corporación, la factura 5744 de abril 25 de 2016 mediante la cual no se
acepta la autodeclaración de Metroagua S.A. y en consecuencia se liquida la carga
contaminante con base en la información que en la entidad se disponía por
muestreos anteriores hechos en vigencia del período fiscal 2015, no es errónea,
arbitraria ni injusta; es el resultado de la toma de muestras que hicieron en el año
2015, en el punto indicado por la Ley, es decir, antes de que la carga contaminante
de aguas domésticas se realice en la Estación Norte a través de la infraestructura
construida y denominada Emisario Submarino, pues debe cumplirse con la
normativa ambiental que fija los parámetros de medición de vertimientos de agua,
según el artículo 2.2.3.3.1.3., que establece las definiciones de aplicación e
interpretación de las normas de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los
Vertimientos al recurso Hídrico, al suelo y a los Alcantarillados, destacando las
siguientes definiciones:
11. Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio
de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene
determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por
día (kg/d).
19. Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado
momento.
22. Norma de vertimiento. Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir
el vertimiento en el momento de la descarga.
25. Punto de control del vertimiento. Lugar técnicamente definido y
acondicionado para la toma de muestras de las aguas residuales de los usuarios
de la autoridad ambiental o de los suscriptores y/o usuarios del prestador del
servicio público domiciliario de alcantarillado, localizado entre el sistema de
tratamiento y el punto de descarga.
26. Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo
de agua, al alcantarillado o al suelo.
35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.
36. Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción,
del cual se puede punto descarga cuerpo de agua, alcantarillado o suelo.
38. Zona de mezcla. Área técnicamente determinada a partir sitio vertimiento,
indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo
receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de
agua el uso asignado, siempre y cuando se cumplan normas de vertimiento.
Estas normas aplican a las autoridades ambientales competentes definidas en
dicho decreto, a los generadores de vertimientos y a los prestadores del servicio
público domiciliario de alcantarillado, según así lo indica el artículo 2.2.3.3.1.2. del
citado Decreto 1076.
Al revisar la definiciones antes dichas, que Metroagua no tuvo en cuenta para
efectuar la autodeclaración, era evidente que la Corporación no podía aceptar
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porque las muestras puntuales no se hicieron en el punto de control que refiere la
anterior disposición; se realizaron en sitios distantes o diferentes al lugar del punto
de descarga, y así mismo, la toma puntual fue realizada por el cliente, es decir,
Metroagua, según se lee de cada informe de laboratorio que adjuntó la empresa
con la auto declaración. Del mismo modo, la toma de muestras puntuales (no indica
la georeferenciación) señala que se hicieron al agua marina y no a la carga
contaminante objeto de vertimiento a través del emisario submarino,
contradiciendo así lo dispuesto por las normas antes indicadas, e incurriendo en
un grave error de prohibición consistente en utilizar el recurso hídrico marino con
el propósito de diluir la carga contaminante por vertimientos, con anterioridad al
punto de control (art. 2.2.3.3.4.4.), que fue lo que Metroagua realizó al tomar
muestras de agua marina en bahía de Santa Marta y Taganga, es decir, después
de que la carga contaminante se había diluido por difusión a través del Emisario
Submarino.
La Corporación dentro del seguimiento ambiental del proyecto, y con el fin de tomar
muestras de la carga contaminante para el período vigente 2015, hizo
seguimientos al proyecto y tomó muestras puntuales de la carga contaminante,
siguiendo los parámetros jurídicos antes definidos, en especial, tomar la muestra
en el "punto de control de vertimientos", a través de un laboratorio certificado y
acreditado por el IDEAM quien garantizó la cadena de custodia de la toma de la
muestra puntual, y georeferenció el lugar exacto de la toma. Esta caracterización
y muestreo fue tenida en cuenta por la Corporación para no aceptar la auto
declaración presentada por Metroagua, y así mismo para promediar, como lo dice
el Decreto 1076 de 2015, el cálculo del monto a cobrar, y así se le explicó en la
factura 5744 de abril 25 de 2016 que expresa la base para liquidar y los Kg/l de
DBO y SST, medidos el 09 y 23 de octubre de 2015.
La evaluación técnica que refiere la norma se efectúo por la Corporación, como se
indicó en la factura 5744 de abril 25 de 2015; se cumplió con el procedimiento
establecido por el Decreto 1076 de 2015; y de ésta toma de muestras estaba
enterada la empresa Metroagua de acuerdo con el acta levantada el 09 y 23 de
octubre de 2015 en la que se permitió el ingreso de los funcionarios públicos, y
fueron acompañados por funcionarios de la empresa (ver acta 09/10/15 hora 08:15
am). Entonces, la referida factura 5744 sí tiene el correspondiente soporte técnico.
El decreto 1076 de 2015 no contempla que se debe elaborar un concepto técnico
y de él correr traslado, como lo sugiere la empresa recurrente; y lo que no prevea
el Decreto para la liquidación de la tasa retributiva por vertimiento, no lo puede
crear la autoridad ambiental como requisito adicional para poder liquidar la tasa
retributiva. No es de la naturaleza establecer estas condiciones procesales que
sugiere el apoderado de la empresa.
Debe tenerse presente que éste no es un proceso controversial, en el que existan
dos partes y un juez; es el ejercicio de la soberanía administrativa del Estado
mediante la cual se administra, gerencia, controla y pondera el interés general y el
interés particular. Por lo tanto, no son aplicables las reglas del Procedimiento
General del Proceso de elaborar concepto técnico y de él correr traslado a las
partes para que se pronuncien, pues se repite, no es un asunto controversial.
En cuanto a la verificación de la autodeclaración, según lo refiere el apoderado de
la empresa Metroagua de que no se hizo la respectiva visita y mucho menos se
levantó el acta de que habla el artículo 2.2.9.7.5.6. no es cierto, pues en el
expediente obra el acta que se repite, fue levantada en las instalaciones de la
empresa y firmada por Nicolás Lombardi A., en su calidad de Director, identificado
con la cédula de ciudadanía 1.083.462.874, en la que dicha empresa no hizo
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objeción u oposición alguna a la medición efectuada. Así mismo, en la reclamación
que por este acto administrativo se resuelve, el apoderado de Metroagua no objeto,
rechazó o negó que la mencionada persona fuera empleado de esa empresa. Por
lo tanto, el procedimiento adelantado por CORPAMAG no está viciado de ilegalidad
como lo indica el apoderado, ni vulnera el derecho fundamental de defensa, pues
todo el proceso estuvo precedido de las garantías procesales, inclusive las de
capacitación en el año 2014 que a todos los usuarios del Departamento les fue
dictada por la Corporación, según se ha dicho en los antecedentes de este acto
administrativo. Por lo tanto, no ha lugar a revocar la factura en los términos
solicitados por METROAGUA para este primer argumento.
(b) Auto declaración de vertimientos presentada por la empresa
Para el período objeto de liquidación, facturación y, presente reclamación la
empresa hizo entrega formal de la Autodeclaración el 12 de febrero de 2016, per
do correspondiente 01-01-2015 a 31-12-215, oficio radicado en CORPAMAG bajo
el número 0998.
Sin embargo, los datos de liquidación de la factura on sustancialmente diferentes
especialmente en cuanto al volumen, y caudal de la carga vertida, necesaria para
determinar la concentración, lo que hace una significativa diferencia en el valor o
monto total a cobrar y pagar.
Para el cálculo de la carga contaminante, no sólo se tienen en cuenta las
mediciones y/o caracterización representativa que se hace en la zona de descarga
y en la Estación Norte, sino que además se multiplica la concentración DB05 y SST
medidos mensualmente en la Estación.
En la factura de cobros se desconoce este hecho que está plasmado y acordonado
a la Auto Declaración de vertimientos, y sobre todo está consagrado en la norma
que regula la materia, siendo notoria la diferencia de volumen y caudal, y sobre
todo diferente, repito, al procedimiento y autodeclaración entregada.
Salvo que esa entidad demuestre que la auto declaración no es real, lo que debe
probarse siguiendo estrictamente el procedimiento establecido en la norma, la auto
declaración entregadas deben tomarse en cuenta para la liquidación del monto a
pagar por concepto de tasas.
(c) Caracterizaciones de los vertimientos de la empresa
Se debe reiterar en este punto que la empresa hace su auto-declaración siguiendo
el procedimiento establecido para ello, esto es, efectuado caracterizaciones (sic)
representativas de los vertimientos.
En efecto, las caracterizaciones representativas se hacen con fundamento en
mediciones mensuales de las aguas residuales que ingresan a la Estación Norte,
tanto de la carga y concentraciones de la sustancia (sic) objeto de cobro, esto es,
la BDO5 y SST, utilizando para el efecto el formato establecido para esas
mediciones.
En este punto, se debe reiterar que el cálculo hecho por CORPAMAG no
concuerda ni con la autodeclaración, ni con la medición y/o caracterización
representativa que hace la empresa y con fundamento en lo cual se hace aquélla.
Vale la pena indicar que aún suponiendo que CORPAMAG no tenga en cuenta el
sistema de tratamiento por dilución del Emisario Submarino, tampoco coinciden los
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datos de la liquidación efectuada en la factura con la DBO y SST medidos en la
Estación Norte.
Se aclara aquí que la tarifa sería todavía mucho más de lo que autodeclara
METROAGUA si se tiene en cuenta el estado real del vertimiento después del
tratamiento y/o del Emisario Submarino, teniendo en cuenta que el sistema utiliza
el mar con su capacidad de carga y dilución como parte del tratamiento, dentro de
un visión integral y sistémica que permite entender el funcionamiento del Emisario
Submarino de la ciudad.
Resulta evidente la infracción del artículo 29 de la Constitución Política de 1991
por la violación del Debido Proceso y del Derecho de Defensa y de los artículos
Artículo (sic) 2.2.9.7.5.4. su Parágrafo y el artículo 2.2.9.7.5.6. del Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptado por medio
del Decreto 1076 de 2015 (artículos 21 y 23 del Decreto 2667 de 2012), por no
realizar como manda la Ley el procedimiento de verificación y reliquidación con
posterioridad a la presentación de la autodeclaración de vertimientos entregada
por la empresa.
En ese orden de ideas se tiene que METROAGUA no tuvo la oportunidad de
pronunciarse, controvertir y asumir su defensa en esa instancia dentro del
procedimiento de cobro establecido.
Frente a estas inconformidades numeradas como b) y c), ya se explicó en
consideraciones anteriores los motivos por los cuales CORPAMAG no acepto la
auto- declaración, como se indica en la factura. La auto-declaración que presentó
METROAGUA, se equivocó en la caracterización representativa como en el lugar
de toma de muestras, para lo cual basta observar las certificaciones enviadas con
la auto- declaración aportadas el 29 de enero de 2016, las cuales fueron hechas
respecto de agua marina, no del total de carga contaminante, están sin
georeferenciar el lugar donde ésta muestro se captó, tomas efectuadas por el
cliente (Metroagua) y no por la empresa que efectúo la evaluación técnica, y de
manera indefinida las certificaciones indican que las tomas se realizaron en la
Bahía de Santa Marta y en la Bahía Taganga. Todo lo cual impide medir la real
carga contaminante y su concentración conforme al Decreto 1076 de 2015, normas
anteriormente transcritas.
La caracterización representativa de la carga contaminante debe ser tomada en la
estación norte antes de realizar el vertimiento, según se explicó atrás, pues una
vez efectuado el vertimiento éste se diluye y dispone en el agua marina, haciendo
imposible tomar una caracterización adecuada, real y representativa de la carga
contaminante. Y el seguimiento que la Autoridad Ambiental debe realizar, según la
norma, debe ser aquél al año de la declaración, no al año de presentación de la
auto-declaración. Hacerlo en los términos que propone la empresa según la carga
argumentativa expuesta en el escrito de inconformidad, vulneraría el derecho al
debido proceso Metroagua por tomar muestras en un periodo fiscal distinto al que
se cobra.
Luego de revisar la información allegada por Metroagua que adjuntó al formulario
de auto-declaración de vertimientos, la respuesta a la solicitud presentada por el
usuario pasivo de la Tasa Retributiva, se realizó con fundamento en el Decreto
1076 de 2015 antes indicado y transcrito que indica el procedimiento y fórmulas
que se deben aplicar, sin que sea necesario emitir concepto técnico previo y correr
traslado del mismo, pues se reitera este procedimiento administrativo no es
controversial, en el cual exista ritualismo de traslado, aclaraciones y objeciones
previas a emitir la factura de cobro.
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Del mismo modo, la medición no puede realizarse después de que el vertimiento
se haya efectuado, diluido y mezclado, pues hacerlo en los términos que indica el
recurrente, sería desconocer la prohibición expresa que refiere el artículo
2.2.3.3.4.4. numeral 2º del Decreto 1076 de utilizar recurso hídrico con el propósito
de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control y del vertimiento.
Es de importancia aclarar que los usuarios pertenecientes al Programa de Tasa
Retributiva deben presentar las Autodeclaraciones por Vertimientos Puntuales de
sus actividades económicas a más tardar el 31 de enero del año siguiente al
facturado, para su validez como lo reza la Resolución No. 3637 del 14 de Diciembre
de 2015, "Por medio de la cual se establece fecha para la entrega de las
Autodeclaraciones de Vertimiento a los usuarios de Tasa Retributiva". Además, en
el momento de la segunda información entregada, ya se había evaluado el
documento anteriormente radicado, como fue el del 29 de Enero de 2016, de lo
cual arrojo una revisión: NO SE ACEPTA AUTO-DECLARACIÓN por no cumplir
con lo exigido por la normatividad vigente y por consiguiente se tomó la información
más reciente a la fecha del 2015 disponible en la Corporación.
La corporación se permite realizar un análisis comparativo de los caudales
reportados por la empresa y los realizados por CORPAMAG, para la vigencia de
cobro como a continuación se detalla.
En la tabla anterior se puede observar lo siguiente:
El monitoreo de caudal realizado por CORPAMAG y la Empresa de Servicios
Públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. E.S.P, reflejan diferencias
significativas por lo que resultaría necesario evaluar la veracidad de la información
suministrada por la empresa.
El caudal vertido reportado en el monitoreo realizado por CORPAMAG guarda
relación al proyectado de la población de santa Marta (1045 L/seg). Es decir el
caudal proyectado en la factura No. 5744, fue de 1010 L/s.
Así mismo, es importante precisar las consideraciones tenidas asociadas a la
factura generada, la Carga contaminante diaria (Cc). es el resultado de multiplicar
el caudal promedio por la concentración de una sustancia, elemento o parámetro
contaminante por el factor de conversión de unidades y por el tiempo diario de
vertimiento del usuario, medido en horas por día, es decir:
Cálculo Carga Contaminante: Según lo establece el Artículo 2.2.9.7.2.1.del
Decreto 1076 de 2015 el cálculo de las cargas contaminantes está dado por:
Cc = Q x C x 0.0036 x t
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Dónde:
Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día).
En la tabla anterior, se puede connotar que los datos proyectados corresponden a
información obtenida por la Corporación y se mantienen las cargas inicialmente
facturadas.
Finalmente, se liquida el monto a cobrar de cada parámetro de objeto de cobro y
la carga contaminante vertida, de conformidad con la siguiente fórmula 2.2.9.7.5.1.
del Decreto 1076 de 2015:
El monto a pagar a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta
METROAGUA S.A. E.S.P, es de DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
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MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($2.169.288.786,30)
Así mismo, revisando la información allegada por la empresa de servicios públicos
de Santa Marta-Metroagua se evidencian registro de caracterizaciones
correspondientes a aguas marinas, las cuales no corresponden a la estación de
muestreo objeto de cobro de la tasa retributiva, (Estación de Bombeo Norte), ya
que la tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobra por
la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. En este
sentido, la información suministrada no corresponde a la requerida para la
liquidación.
La presente respuesta incluyó todos los soportes técnicos tenidos en cuenta para
realizar la facturación relacionada anteriormente.
Por las anteriores razones no ha lugar a revocar o aceptar la reclamación
presentada por Metroagua S.A. E.S.P.
"No se Configura el HECHO GRAVABLE en la Factura de CORPAMAG"
De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adoptado por medio del Decreto 1076 de 2015 en su artículo
2.2.9.7.2.5. (anterior artículo 7, Dc. 2667/12) y como lo ha enseñado la
jurisprudencia del a Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se tiene que el
HECHO GRAVABLE que da lugar al cobro de la tasa retributiva no es otro que: la
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos
puntuales directos o indirectos y sus consecuencias nocivas.
Transcribo la norma:
Artículo 2.2.9.7.2.5. Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella que
cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa
e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o
indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o
propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios, sean o no
lucrativas."
"De un lado se tiene que por supuesto cuando CORPAMAG liquida, factura y cobra
la tasa retributiva con base en las mediciones hechas en la Estación de Bombeo
de aguas residuales, (EBAR) o estación norte antes del ingreso de las aguas
residuales al pretratamiento y al emisario submarino no se configura el hecho
gravable, puesto que aún no se ha utilizado el recurso hídrico ni directa ni
indirectamente (por ejemplo, a través de un canal artificial), como receptor del
vertimiento.
"De otro lado debe tenerse en cuenta que tampoco se configura la consecuencia
nociva, tan necesaria como obligatoria, para constituir el hecho gravable, como
expresamente lo indica la norma. Lo anterior precisamente por el desconocimiento
por parte de CORPAMAG del Emisario Submarino como un sistema de
tratamiento, de su tratamiento preliminar y del hecho de que el Emisario Submarino
по contamina como está probado científicamente con todos los estudios,
monitoreos y caracterizaciones efectuados, por lo que no se presenta, en efecto
dentro del caso, y como configurador del hecho gravable consecuencia nociva
alguna.
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"En este punto debe tenerse en cuenta que el Emisario Submarino es un sistema
de tratamiento eficiente y eficaz. Eficiente en cuanto al aprovechamiento y mejor
utilización de los recursos. Eficaz en cuanto el sistema tiene plena capacidad para
alcanzar los objetivos de descontaminación, sin generar consecuencias nocivas
alguna."
Al respecto es importante indicar que el uso del agua para realizar los vertimientos,
constituye, en efecto, el hecho gravable según el Decreto 1076 de 2015; no
obstante, ello no quiere decir que el punto de control de vertimiento para la
medición de la carga contaminante puntual directa al recurso hídrico, sea con
posterioridad a la zona de mezcla definidos por la Ley. Las normas no pueden
verse aisladamente, sino integradas e interpretadas sistemática y finalísimamente
en función del control ambiental y de la medición de los efectos ambientales
negativos al ambiente, recursos naturales, paisaje y salud de las personas,
siguiendo los parámetros de la Constitución Política de Colombia, y la Ley.
Luego entonces, la utilización del recurso hídrico marino por Metroagua S.A. E.S.P.
como medio requerido para diluir la carga contaminante, es el bien objeto de
control seguimiento y previamente al punto de descarga es donde debe tomarse
la muestra puntual representativa de un determinado momento para medir la total
carga contaminante objeto de vertimiento final al cuerpo receptor, que contiene
éste los elementos, sustancias o compuestos que finalmente se mezclan con el
cuerpo hídrico receptor, es decir, el agua marina.
Las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el Decreto reglamentario
Único del Sector Ambiental, Decreto 1076 de 2015, se deben cumplir por la
autoridad ambiental y los usuarios; no puede eludirse el cumplimiento normativo
aduciendo condiciones de generalidad como lo expresa la empresa recurrente,
máxime cuando señala que el Emisario Submarino es un sistema de tratamiento
eficiente y eficaz, lo cual sin duda lo es por la cantidad de recurso hídrico marino
receptor que es el mar, pero que no puede utilizarse sin generar consecuencias.
"DESCONOCIMIENTO DEL EMISARIO SUBMARINO COMO SISTEMA DE
TRATAMIENTO
"Como se sabe, a diferencia de otras ciudades costeras, Santa Marta ha
encontrado una solución al manejo, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales.
"El emisario Submarino de Santa Marta constituye un eficiente sistema de
tratamiento y disposición final de las aguas residuales de origen doméstico. En
efecto, mediante la Resolución 0242 de abril 06 die 1999, el proyecto obtuvo su
licencia ambiental para la construcción y operación, otorgada por el entonces
Ministerio del Medio Ambiente, proyecto denominado precisamente "Emisario
Submarino para tratamiento por dilución y disposición final de las aguas servidas
de la ciudad de Santa Marta", como se colige de la misma licencia. El sistema
comprende la recolección de las aguas residuales hasta la Estación Norte donde
reciben un pretratamiento que atrapa especialmente sólidos, gasas y aceites y de
ahí se bombean por una tubería de 450 metros de longitud por donde son
expulsadas a través de un sistema de difusores a unos 50 metros de profundidad.
"Como sistema de tratamiento, el Emisario aprovecha las ventajas del agua marina
para la dilución, así como la profundidad a pocos metros de la línea costera y las
corrientes marina. En todo caso el sistema resulta eficiente por tratarse de aguas
residuales de origen doméstico que no contienen metales pesados y que se diluyen
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en la capacidad natural de asimilación del mar, sus contenidos salidos y su enorme
masa y/o volumen, que implica una más que suficiente capacidad de carga.
"El vertimiento como tal, no comporta consecuencias nocivas por las razones
antedichas, aunque esto por sí solo no exonera del pago de la tasa retributiva. Los
estudios realizados, las caracterizaciones y monitores propios de las actividades
de seguimiento ambiental de la licencia, dan cuenta de las ventajas del sistema y
de la mejoría del entorno marino. Videos de la zona de los difusores del emisario
pruebas de adehala, el repoblamiento marino.
"Todo ello sin contar con las ventajas comparativas del sistema frente a la antigua
e inadecuada disposición de aguas servidas directamente al mar en el sector del
boquerón, que se hacía antes de la entrada en funcionamiento del emisario y que
afectaba directamente la calidad de las aguas, la estética y las actividades
recreativas propias de las bahlas de Santa Marta y Taganga.
"Adicionalmente existe un expediente en CORPAMAG del Emisario Submarino
como sistema de tratamiento que la facturación desconoce por supuesto, lo que
conlleva una enorme contradicción, puesto que CORPAMAG no ha notificado
oficialmente a METROAGUA que el Emisario dejó de ser un sistema de tratamiento
objeto de licencia ambiental de cara al cobro de las tasas retibutivas (sic), al tiempo
que mantiene abierto el expediente 3943, denominado "emisario submarino para
Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas Servidas de la Ciudad
de Santa Marta".
"El carácter del Emisario Submarino como sistema de tratamiento de corrobora
(sic) de la siguiente manera:
1. Existe una LICENCIA AMBIENTAL otorgada al proyecto "Emisario
Submarino para Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas
Servidas de la Ciudad de Santa Marta", Licencia Ambiental que se requiere para
la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a
poblaciones iguales o superiores a doscientos mil (200.000) habitantes. Si el
emisario no fuera un sistema de tratamiento sencillamente no necesitaría de
una Licencia Ambiental.
2. El Emisario Submarino es un Sistema de Tratamiento gracias al Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados
por las Autoridades del SINA (ΜΜΑ, MAVDT, MADS, DLPTA, ANLA, DADMA y
CORPAMAG) estudios científicos previos que son el instrumento básico para el
otorgamiento y seguimiento de la Licencia Ambiental.
3. El Emisario Submarino es una solución eficiente para el manejo,
tratamiento y disposición final de las aguas servidas de origen doméstico en
ciudades costeras como Santa Marta, de acuerdo con organismos
especializados en la materia y estudios y documentos científicos realizados por
el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente -CEPIS y la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sanitaria ACODAL, entre otros.
4. El Emisario Submarino de Santa Marta no sólo es una solución eficiente,
sino que su comportamiento refleja que gracias a su funcionamiento no se
presenta contaminación en las Bahías de Santa Marta y Taganga, puesto que
la dilución, capacidad de carga, desinfección y asimilación cumplen con su
función de tratamiento, como lo corrobora el Estudio Científico denominado
"Estudio Oceanográfico" adelantado por la Universidad del Magdalena y
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publicaciones científicas por investigadores de las Universidades Nacional,
Antioquia y del Magdalena.
5. La descarga de las aguas residuales de origen doméstico de Santa
Marta cumple con las normas legales, técnicas y estándares naciones e
internacionales de vertimientos en aguas marinas, tal como lo corroboran los
Estudios Científicos o caracterizaciones de vertimientos líquidos que se realizan
desde que el Emisario Submarino entró en funcionamiento cada dos meses, en
18 puntos de las bahías de Santa Marta y Taganga, a nivel de superficie y
profundidades media y honda, estudios efectuados por laboratorios
debidamente acreditados por el IDEAM, bajo la norma ISO17025.
Para efectos de dilucidar cualquier duda, baste observar las Resoluciones 1096 de
2000 y 424 de 2001 del Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, que describen técnicamente cuál es el alcance del
emisario submarino, conforme al siguiente criterio fijado por el Gobierno Nacional:
ARTÍCULO 177.- EMISARIOS SUBMARINOS, DEFINICIÓN: Los emisarios
submarinos son tuberías instaladas sobre el lecho marino las cuales transportan
aguas residuales domésticas hasta una profundidad y distancia de la costa tal,
que la carga orgánica y contaminante resultante de su vertimiento no provoque
daños sanitarios y/o ecológicos a los ecosistemas marinos y terrestres ni a las
poblaciones costeras circundantes ni a las playas de recreación pública ni a la
industria pesquera.
ARTÍCULO 178.- ESTUDIOS PREVIOS DE LOS EMISARIOS SUBMARINOS.
Se deben hacer los siguientes estudios previos antes de proyectar un emisario
submarino: Caracterización de las aguas residuales con el fin de establecer el
tipo de tratamiento que es necesario efectuar antes del vertimiento. Como
mínimo, se debe efectuar un cribado con rejillas para separar objetos flotantes
no biodegradables que puedan regresar a las playas. Hidrografía y batimetría
del área de vertimiento.
Estudio estadístico de las corrientes oceánicas y su correlación con la velocidad
y la dirección del viento por lo menos cada hora, las mareas y los ecosistemas
existentes. Determinación del tiempo T90 o sea el necesario para la
desaparición del 90% de los coliformes, en horas.
Estudios de la geología del fondo marino con el fin de determinar la mejor ruta
de instalación de la tubería del emisario, evitando al máximo formaciones de
rocas irregulares y formaciones corales, de ser posible. Se debe buscar una
profundidad tal en el vertimiento que garantice una dilución de 1:100 como
mínimo.
ARTÍCULO 180.- TRATAMIENTO PREVIO AL VERTIMIENTO CON
EMISARIOS SUBMARINOS. Se debe diseñar, construir y operar un sistema de
tratamiento previo de aguas residuales que en combinación con los procesos
de dilución inicial, dispersión, asimilación y decaimiento, garantice el
cumplimiento de los objetivos de calidad del cuerpo receptor indicados en la
normativa ambiental y sanitaria vigente y otras disposiciones que la modifiquen,
amplíen o sustituyan.
La anterior descripción legal establece de manera clara y precisa el alcance de las
funciones que cumple un Emisario Submarino.
Lo transcrito anteriormente de las Resoluciones 1096 de 2000 y 424 de 2001 del
MVCT es la descripción legal del alcance de un emisario submarino; por lo cual se
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analizará en todo caso las declaraciones rendidas por Margarita Jaramillo Quiceno,
Ana Cristina Díaz Granados Iragorri, y Juan Carlos Álvarez, en calidad de
testimonios de la empresa Metroagua S.A. E.S.P., cuya recepción se ordenó por
esta, y recepcionada en septiembre 22 del 2016. En esta declaración expresaron
los testigos lo siguiente:
Margarita Jaramillo Quiceno, "refiere que Santa Marta tiene un sistema de
recolección de aguas residuales doméstica, domiciliario, por gravedad o por
estaciones de bombeo se llegan a un solo punto, y se bombean por el emisario.
Todo el sistema se encuentra interconectado y se lleva a un solo punto de
vertimiento. Tratamiento por dilución. Se efectúa un juicio de valor de comparación
del emisario con otras ciudades, refiriendo que es superior el sistema de
tratamiento de aguas residuales, estableciendo que Santa Marta es el mejor como
una solución de tratamiento de aguas residuales de ciudades costeras. En santa
marta, el 100% de las aguas residuales son domésticas. Y que este tratamiento
por dilución no genera consecuencias adversas, lo cual extrae de un estudio
elaborado por la Cepis (no lo adjunta). Señala que es la única ciudad en Colombia
que trata las aguas residuales. El conjunto de tratamiento no se puede ver como
un sistema de bombeo. El conjunto es la estación de bombeo y en el mar. Se ha
querido desconocer que el mar cumple la función del sistema de tratamiento.
Responde a una variables de profundidad, difusores, extensión, salinidad, etc. la
posición de CORPAMAG se ha desconocido que el mar hace parte del tratamiento,
que el emisario no es un tratamiento y que el mar no es quien tiene la carga del
sistema de tratamiento, aprovechando la salinidad, termoclina, profundidad que
garantiza la dilución; que el fin último es que no haya una contaminación en el mar
y en el entorno, garantizado en las diferentes instancias y en el monitoreo que se
ha hecho. Los diseños del emisario los financió CORPAMAG. comparando con el
sistema de tratamiento convencional. Existe contradicción entre lo que dice y hace
con la licencia ambiental, las bondades del emisario, la remoción de la carga
contaminante, lo cual está confirmado por la Universidad del Magdalena,
señalando que el emisario cumple con la labor de remoción y que ésta es diluida
en el mar. La interpretación que se hace en la norma con fines eminentemente
económicos. El RAS determina como sistema de tratamiento el emisario
submarino, y lo maneja, como sistema de tratamiento de aguas residuales. Las
termoclinas son una barrera natural que se forma en el mar que sirve para atrapar
las aguas residuales en el mar. La termoclina garantiza que las aguas residuales
se atrapen en el fondo del mar. Se desconoce que hay un emisario, un tratamiento
por dilución, se desconoce el seguimiento del 2015. Se hace las muestras de toma
puntual en la estación. Tomar las muestras antes de la dilución es desconocer la
dilución como sistema de tratamiento. Las diferencias conceptuales sobre la auto-
declaración. Reitera la gravedad que puede llevar el continuar con el concepto de
indicar que el emisario no es un sistema de tratamiento y que el mar no es el que
realiza el tratamiento por dilución, porque eso afectaria fuertemente el bolsillo de
los usuarios, porque además a los usuarios se le cobra de lo que implica mantener
y operar el sistema. O se le cobra el mantenimiento y operación, o se cobra la tasa
retributiva. Señala que la planta de tratamiento es el mar. La carga contaminante
se refiere específicamente a DBO y SST, se mide en la estación de bombeo y
luego en el mar, luego de la difusión. La planta de tratamiento es el mar. Trabaja
junto con el cuerpo receptor. Tratamiento por dilución. No se puede desconocer
que el mar es un sistema de tratamiento, pues se debe aprovechar el mar para
tratar el agua vertida."
Por su parte, ANA CRISTINA DÍAZ GRANADOS IRRAGORRI, en su condición de
Directora de Gestión Ambiental, se refiere a la reclamación presentada por la tasa
retributiva del año 2015, en los siguientes términos:
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"La autodeclaración de vertimientos la hace esa dirección, explica que los
valores se obtienen, a partir del Plan de Manejo Ambiental en el cual contempla
un monitoreo de la calidad de agua, tomando muestras durante 9 meses sobre
12, tomando en el sitio de dilución DBO y SST, estos puntos de muestreo, están
especificados en el Plan de Manejo y están georreferenciados. En cuanto al
caudal se toma con base según la metodología de consumo de energía, esto
se hace de manera mensual, teniendo en cuenta todas las épocas del año. Los
puntos de muestreo se explican en el plan de manejo ambiental y en los ICAS
que se presentan a la Corporación, los cuales tuvo en cuenta Metroagua, pero
Corpamag, no, pues tomo una muestra puntal en la estación norte, y no aceptó
la auto declaración. Corpamag no tomó muestras en el mar durante el año 2015,
pero sí exige los puntos de muestreo. El emisario tiene unos puntos de
muestreo, y la DBO se ha mantenido siempre a 2mg/l y también sobre SST que
tiene entre 20 y 25 miligramos. Las diferencias entre la factura DBO y SST, la
Corporación no tuvo en cuenta la auto declaración, considerando una toma de
muestra del mes de octubre de 2015, mientras que metroagua tiene en cuenta
los puntos del PMA y en cuanto al caudal no sabe sobre que monto a qué
parámetros consideró para la rechazar la caudal auto declaración."
Por su parte, el día 03 de marzo de 2017, Juan Carlos Álvarez Quintero, señaló lo
siguiente:
"Es asesor de Metroagua desde junio de 2001, y tiene conocimiento del
expediente de licenciamiento ambiental del Emisario Submarino de Santa
Marta, no recuerda si es un sistema de tratamiento, corrige que sí es un sistema
de tratamiento con pretratamiento que consiste en un sistema de desarenación
y rejillas de fino cribado. La licencia es otorgada como sistema de tratamiento
de las aguas servidas de Santa Marta, sin que hasta la fecha existiera conflicto
al respecto. Es un sistema eficiente en relación, costo, beneficio, y elimina por
dilución la totalidad de la carga contaminante, y que ésta no llega a las bahías
de Santa Marta y Taganga, sin que afecte a las personas. Reconoce que es la
utilización directa del recurso hídrico como hecho generador de la tasa."
Al revisar estas declaraciones en relación con los hechos de la inconformidad, no
encuentra la Corporación motivos adicionales o superiores a los legales y técnicos
obrantes en el expediente que determinen que, en efecto, existe vulneración del
derecho a la defensa a la empresa Metroagua, generada por CORPAMAG, pues
refieren que es el instrumento de control ambiental (licencia Ambiental) el que fijó
las pautas para medir la carga contaminante, desconociendo la normatividad
ambiental vigente que son el Decreto 3930 de 2010 y 2667 de 2012, recopilados
por el Decreto 1076 de 2015, a través de los cuales se estableció la metodología,
sistema y forma para liquidar la tasa retributiva, así como el lugar de punto de
control y muestreo de la carga contaminante; del mismo modo, que está prohibido
mezclar con agua previamente a la toma de muestra, como se ha explicado tantas
veces atrás.
Es importante tener presente, como lo reconocen los testigos de la empresa, que
existe una licencia ambiental que determina puntos de muestreo. Sin embargo,
éstos obedecen o corresponden a los puntos de monitoreo de seguimiento y
control establecido en dicho instrumento a través del Plan de Manejo Ambiental
aprobado por la referida licencia ambiental, que tienen como propósito hacer
seguimiento de la extensión de impactos que genera el proyecto por los
vertimientos que produce. (ver. Artículo 57 de la Ley 99 de 1993 y definiciones
artículo 2.2.2.3.1.1. y los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del artículo 2.2.2.3.9.1. del
Decreto 1076 de 2015).
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Esta autoridad no discute la legalidad de la licencia ambiental otorgada, que tiene
su plan de manejo ambiental aprobado, que debe efectuar un seguimiento y control
ambiental al proyecto, que la empresa debe reportar el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA), entre otras razones técnicas del instrumento aprobado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El punto es la tasa de vertimiento que tiene su reglamentación legal vigente, a
través de la cual se establece la metodología, sistema y forma para autodeclarar,
aceptar o no esta manifestación, el acto administrativo que se emite, el
procedimiento, el punto de toma de muestras, etc., ampliamente explicado en
renglones precedentes; y los testimonios rendidos en este trámite administrativo,
no son suficientes para superar el cumplimiento normativo actualmente vigente,
expresada en la Ley y actos administrativos al que por línea de principio no es
oponible ninguna fuerza, cualquiera sea su fundamento o forma.
Es más, la licencia ambiental otorgada por la Resolución 242 de 1999,
expresamente indica que dicho proyecto se deberá ajustar a las normas que se
promuevan. Así se le indicó en el numeral 1º del artículo 4º de la Resolución 242
en abril 06 de 1999 (otorga Licencia Ambiental), proferida por el Ministerio de
Ambiente, en la cual señala lo siguiente:
"1.- LA COMPAÑÍA METROAGUA S.A. E.S.P. debe ajustar el sistema de
tratamiento primario a las exigencias que puedan resultar de acuerdos
internacionales que para la protección de las aguas y ecosistemas submarinos
suscriba el país o la legislación que se promueva." (se resalta y subraya)
Y estas normas promovidas para el año 2015 que corresponde al período fiscal de
cobro de la tasa retributiva por vertimiento, son las Resoluciones 1096 de 2000 y
424 de 2001 del MVCT, el Decreto 3930 de 2010 y Decreto 2667 de 2012,
recopiladas estas últimas en el Decreto 1076 de 2015.
Por lo tanto, los testimonios rendidos en calidad de prueba, no superan los
fundamentos jurídicos y técnicos bajo los cuales esta autoridad facturó la tasa
retributiva para la vigencia fiscal 2015, por cuya razón debe entonces aceptarse la
autodeclaración.
SE DESVÍA EL OBJETO, FIN Y FUNDAMENTO DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS
El cobro pretendido por CORPAMAG convierte la tasa en un instrumento financiero
para engrosar el patrimonio y rentas de CORPAMAG y no en realidad como
entendemos el mecanismo, esto es, como un incentivo económico para lograr
niveles óptimos de descontaminación.
Desde el momento que se diseñó el Emisario Submarino de Santa Marta se pensó
que era necesario no solo para descontaminar, sino además para evitar que la
comunidad Samaria pagara las tasas retributivas, porque recordemos que es "el
que contamina paga" y no "el que vierte paga" y la tasa así concebida se lleva a la
tarifa del servicio público de alcantarillado público como lo permiten expresamente
las regulaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico -CRA-.
En ese orden de ideas la pretensión financiera y/o decisión que se demanda, en
realidad no es en contra de METROAGUA sino en contra de la ciudad, en contra
de su sistema de tratamiento en contra de la ciudadanía samaria, en contra de los
usuarios del servicio público domiciliario de alcantarillado.
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Las tasas retributivas y compensatorias corresponden a uno de los instrumentos
económicos de la gestión ambiental, consagrada en el artículo 42 de la Ley 99 de
1993, norma rectora de la Gestión Ambiental Pública en Colombia. Las tasas
retributivas se encuentran actualmente reglamentadas por el Decreto 2667 de
2012, compilado en el nuevo Decreto Reglamentario del Sector, por la utilización
directa del agua como receptora de vertimientos puntuales de origen industrial,
agrícola o doméstico.
La nueva normatividad corresponde más estrechamiento a la filosofía de las tasas,
un verdadero incentivo económico de la gestión ambiental y no un instrumento
financiero de las autoridades ambientales, dirigido a lograr en plazos reales, metas
regionales, sectoriales o individuales, de reducción de contaminación hídrica.
En la condición de sujeto pasivo de la tasa, presentamos la presente reclamación
con el fin de que sea resuelta conforme a lo establecido en la norma reglamentaria
y para contribuir en el logro de la eficacia y eficiencia del instrumento económico.
Para el logro de esos objetivos deben tenerse en cuenta los siguientes criterios.
1. El proceso de facturación, contrario a lo que se pretende, que es
financiar el servicio público de descontaminar, puede resultar como una
sanción, lo que a su vez se vuelve prácticamente impagable produciendo
respecto a la tasa retributiva un efecto contrario al deseado tal como sucede en
el caso de marras.
2. Se considera que las inversiones realizadas hasta el momento, en
especial en el sistema de tratamiento de la empresa, que conlleva ventajas
apreciables de público conocimiento, ajustan el costo marginal a la tasa
retributiva. Es decir, permitiría unos costos reales de descontaminación y
valorar aquéllos en que ya se ha incurrido.
3. Es necesario buscar un óptimo económico que no necesariamente
apunte a un 100% de descontaminación. Deben mirarse, entre otros factores,
las características y diversidad de la región, la disponibilidad de los recursos,
las condiciones del cuerpo receptor, su capacidad de asimilación, el valor de
depreciación de recurso afectado, los costos sociales y ambientales del daño y
los costos de recuperación de recurso afectado, como lo ordenan las normas
vigentes (art. 42 L. 99/93 y D. 2667/12) para establecer las metas y objetivos.
4. Se debe propugnar por el fortalecimiento de los recursos económicos
para la descontaminación hídrica, para aprovechar economías de escala que
generen una mayor capacidad de absorción y recuperación de la calidad
ambiental.
5. la tasa debe ser un mecanismo más flexible, para impulsar el proceso
en materia de la búsqueda de consensos regionales de descontaminación, otro
principio que inspira el instrumento. La implantación de compromisos regionales
graduales, permitirla la instalación progresiva de dispositivos económicamente
eficientes y la cooperación entre las partes interesadas.
6. La implantación de un programa de tasas retributivas debe responder a
una lógica de niveles satisfactorios de descontaminación según el
comportamiento de los costos marginales crecientes en cada cuenca receptora.
7. Una facturación acorde, ofrece la posibilidad de promover un óptimo
económico como parte del proceso de control de contaminación en la fuente
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"sistema de tratamiento" que son inherentes e inseparables y que implican un
conjunto de inversiones.
Frente a los argumentos de generalidad expuestos por la empresa, que a primera
vista parecieran correctos para una definición del caso, no guardan
correspondencia con la petición final ni con el ordenamiento jurídico vigente.
En efecto, el principio contaminador-pagador (polluter pays principle) denominado
también 'incorporación o internalización de los costos ambientales', se ha
desarrollado a través de diferentes instrumentos jurídicos tanto del derecho
ambiental internacional (DAI) como de la normatividad ambiental interna. Esta
premisa jurídica fue consagrada inicialmente en el principio 16 de la Declaración
de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, en el cual se determinó
que: "Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de
los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta
el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la
contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales". En el derecho
comparado, puede verse reflejado en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, norma de carácter supranacional en la que se establecen varias medidas
de protección ambiental y de políticas ambientales, como las establecidas en el
artículo 174 (antiguo artículo 130 R), principalmente el numeral 2, según el cual
"La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de
situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los
principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio
de quien contamina paga" (UE, 1992).
A nivel interno, la Ley 99 de 1993 (SINA) en su artículo 1º integró la Declaración
de Río de Janeiro de 1992 como parte de la normatividad vinculante en materia de
política ambiental nacional, en la que se especificó además el desarrollo del
principio dentro del numeral 7º del artículo 1°en los siguientes términos: "El Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental
y para la conservación de los recursos naturales renovables".
A pesar de haber sido consagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y
en la Ley 99 de 1993, el principio 'contaminador pagador' ya había tenido un
desarrollo previo, con el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables) (CNRNR) especialmente frente al desarrollo de los
instrumentos económicos de regulación ambiental de 'incentivos-desincentivos'
como las tasas retributivas, del artículo 18 (derogado y/o subrogado por los
artículos 118 y 42 de la Ley 99 de 1993).
Es importante indicar que el principio "contaminador-pagador" mantiene unos
efectos y finalidad propia referida a la normatividad ambiental específica, a partir
de dos tipos de medidas: i) las ex ante, encaminadas a prevenir la contaminación,
mediante la aplicación de los instrumentos económicos que busquen evitar la
generación de mayores costos ambientales por medio de la internalización previa,
como por ejemplo, los incentivos aplicados a las exenciones tributarias
(instrumento preventivo); y ii) las ex post, encaminadas a lograr la internalización
de los costos ambientales de la contaminación generada que no ha podido ser
prevenida, a través de instrumentos económicos como las tasas retributivas o
compensatorias (instrumento mitigatorio y/o compensatorio).
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Teniendo en cuenta esta claridad, como parte de la normatividad que ha sido
desarrollada, se presenta algunos ejemplos en Colombia del principio
contaminador- pagada combustible esto ex ante preventivo de la contaminación,
por ejemplo, el artículo 18 de la Ley 788 de 2002, materia de exenciones tributarias
por actividades que reducen la contaminación, la venta de energías renovables,
agro-combustibles y energía proveniente de la biomasa, la venta de certificados de
emisiones (CER) en el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de
Kioto de 1997 (ratificado por la Ley 629 de 2000) y en los mercados voluntarios de
carbono (MVC), o por ejemplo, la Ley 939 de 2004, en materia de exenciones
tributarias a la producción de agro- combustibles de origen animal o vegetal para
el uso en motores diésel.
Respecto a los ejemplos del principio contaminador-pagador como instrumento ex
post mitigatorio y/o compensatorio, se puede mencionar la normatividad sobre
tasas retributivas, comenzando con el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 referido a
la definición de las tasas retributivas sobre el agua y tasas compensatorias, la
atmósfera y el suelo como sumideros de emisiones contaminantes, el cálculo y los
factores para definir la base del cobro tarifario, el valor de depreciación del
"recurso" y los costos ecológicos y sociales, y continuando con toda la
normatividad referida a las tasas retributivas del agua, en el Decreto 901 de 1997,
derogado por el 3100 de 2003, y este, derogado por el actual Decreto 2667 de
2012, el cual se aplicó en el presente caso.
En cuanto al desarrollo jurisprudencial del principio "contaminador-pagador", la
Corte Constitucional de Colombia (CCC) (Sic) en Sentencia C-495 de 1996 referida
a la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 42, 43 y 46 de la Ley 99 de
1993, describe la interpretación del principio contaminador-pagador en la ratio
decidendi (o razón fundamental de la decisión), frente a la vinculación directa con
la regulación de las tasas retributivas y frente a la responsabilidad, se precisa este
principio de la siguiente manera: "[...] en las tasas retributivas el hecho generador
lo constituye la utilización de la atmósfera, el agua o el suelo para introducir o
arrojar desechos u otras sustancias, con un efecto nocivo; por tanto sólo deben
pagarlas las personas que utilizan tales recursos, para depositar desechos siempre
que se cause un efecto nocivo, definido técnicamente. En el mundo moderno, la
prestación de este servicio (recepción de desechos), implica costos que alguien
debe pagar, porque en casi todos los casos afectan a la sociedad; por tanto, es
claro que al Estado le corresponde cobrar estos costos a través de tasas [...]. En
este caso es evidente que las tasas ambientales previstas en las disposiciones
acusadas son un instrumento económico fundamental para precaver la
contaminación en niveles insoportables e irremediables y para proceder a pagar la
descontaminación.
[...] la conducta o la acción de generar contaminación, consiste en el acto o los
actos de aportar al entorno vertimientos o emisiones de sustancias nocivas de
tal manera que el hecho económico objeto de la imposición es el
aprovechamiento particular de un bien público y la subsiguiente función de
descontaminación por la cual se debe pagar o asumir previamente a la emisión
[...]". (se resalta)
En la sentencia abordada, es importante señalar que la Corte diferencia también
entre los límites permitidos por la generación de la contaminación que corresponde
en sí mismo, a la aplicación del principio contaminador-pagador del instrumento
económico, y la responsabilidad que se desarrolla en el desconocimiento de dichos
límites, lo cual es diferente de las sanciones de las autoridades ambientales
mediante multa y de las eventuales indemnizaciones judiciales por el daño
ambiental causado, de la siguiente manera:
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"[...] la configuración del hecho generador de las tasas en estos casos, supone
que el vertimiento o emisión se encuentre dentro de los límites permitidos según
las normas vigentes, pues, en caso de exceder esos límites se impondrían las
multas correspondientes a la contravención, y adicionalmente habría lugar al
pago de las indemnizaciones que judicialmente se establecieran en función del
daño causado [...], en esta materia quien arroja o deposita desechos con
consecuencias nocivas, priva a otros del disfrute que obtendrían los recursos
en mejores condiciones si no se deterioran, es decir con dicha conducta se
genera un deterioro que implica costos para toda la sociedad, lo cual habilita al
legislador para definir que quien utiliza los recursos naturales para producir
efectos nocivos en ellos debe pagar por su conducta pues de lo contrario, el
costo se trasladaría a toda la sociedad". (se resalta)
Es necesario mencionar además que la CCC, también ha asociado el principio
contaminador-pagador a las medidas compensatorias dentro del proceso
sancionatorio ambiental, en la Sentencia C-632 de 2011 en donde examina la
constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1333 de 2009, manifestando en
todo caso que la medida de la sanción no exime a quien sea sancionado en este
proceso de compensar por los daños ocasionados:
"[...] las medidas compensatorias se inspiran en principios incorporados a
convenios internacionales de protección al medio ambiente. Sobre el particular,
la Declaración de Estocolmo de 1972, consagra en el Principio 3 que '[d]ebe
mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad
de la tierra para producir recursos vitales renovables'. En concordancia con ello,
el artículo 174 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea -TCE-,
establece, dentro de los principios que gobiernan la política ambiental europea,
el principio 'quien contamina paga', también conocido como contaminador-
pagador, en virtud del cual, las personas físicas o jurídicas que sean
responsables de contaminación o daño ambiental deben asumir los costos de
las medidas que sea necesario adoptar para evitarlo, corregirlo o reducirlo".
Por lo tanto, no son acertadas las conclusiones que METROAGUA hace, al señalar
que el cobro realizado se puede convertir en una sanción que resulta impagable,
toda vez que el legislador indicó que quien utiliza los recursos naturales para
producir efectos nocivos en ellos debe pagar por su conducta pues de lo contrario,
el costo se trasladaría a toda la sociedad.
En materia de vertimientos quien arroja o deposita desechos con consecuencias
nocivas, priva a otros del disfrute que obtendrían los recursos en mejores
condiciones si no se deterioran, es decir con dicha conducta se genera un deterioro
que implica costos para toda la sociedad. El sistema de vertimiento autorizado a la
empresa METROAGUA S.A. E.S.P., no contempla o tiene un tratamiento previo al
vertimiento, toda vez que la Resolución No. 242 del 6 de abril de 1999 del Ministerio
de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgó
licencia ambiental a la Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de
Santa Marta METROAGUA S. A., E. S. P., para la ejecución del proyecto "Emisario
Submarino para tratamiento por dilución y disposición final de las aguas servidas
de la ciudad de Santa Marta", en el Departamento de Magdalena (se resalta)
El Emisario Submarino operado por la empresa Metroagua S.A. apenas cumple
los requisitos mínimos de la Resolución 424 de 2001 proferida por el Ministerio de
Desarrollo Económico, hoy MVCT, pues la empresa instaló un cribado y
desarenador para remover cargas solidas gruesas que llevan las aguas servidas
de la ciudad; no cumple con la exigencia establecida por la Resolución 1096 de
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2000, modificada por la Resolución 424 de 2001, según el artículo 180 que señala:
"Se debe diseñar, construir y operar un sistema de tratamiento previo de aguas
residuales que en combinación con los procesos de dilución inicial, dispersión,
asimilación y decaimiento, garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad
del cuerpo receptor indicados en la normativa ambiental y sanitaria vigente y otras
disposiciones que la modifiquen, amplíen o sustituyan" (se resalta y subraya)
En cuanto al óptimo económico de descontaminación, el cobro realizado por
CORPAMAG se ha efectuado siguiendo la condiciones y parámetros establecidos
por el Decreto 1076 de 2015, conforme se ha explicado anteriormente, atendiendo
para ello la forma en la cual METROAGUA S.A. E.S.P. Del mismo modo, no puede
eludirse el cobro de la tasa aduciendo argumentos de generalidad especiales en
cuanto al sistema, método y forma en la cual se impuso y obliga el pago de la tasa
retributiva. Para el caso que nos ocupa, la definición de los costos y beneficios de
que trata el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Política de Colombia sobre
cuya base el Decreto calcula las tasas retributivas, lo cual es adecuado a la norma
que lo autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, atendiendo lo
dispuesto por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1450 de 2011.
Por lo tanto, el Decreto 1076 de 2015, es una norma jurídica reglamentaria, que
está en el mundo jurídico, produce los efectos de ejecutividad, eficacia y validez, y
goza de la presunción de legalidad, el cual hasta la fecha no ha sido suspendida o
anulada por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en acción de nulidad
simple, o por disposición cautelar dentro de las acciones de tutela o popular. Como
ello no ha ocurrido, esta autoridad debe acudir al contenido jurídico integral del
Decreto 1076 de 2015 para calcular, liquidar y facturar la tasa retributiva por
vertimientos, lo cual en este caso CORPAMAG ha realizado, sin que puede eludir
su aplicación con fundamento en razones o hechos distintos a las condiciones
jurídicas y técnicas vistas y demostradas como se ha explicado a lo largo de este
acto administrativo.
Por dicha razón se confirmará la decisión contenida en la factura 5744 de abril 25
de 2016. Finalmente, esta autoridad de oficio adoptará las siguientes medidas en
este acto administrativo:
1. Mediante auto Auto No 1460 de 2016, esta Corporación en cumplimiento
de lo dispuesto por el parágrafo 3º del artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto 1076 de
2015, liquidó el promedio de los tres últimos periodos de facturación a cargo de
METROAGUA, lo cual arrojó la suma de $2.653.919,359,80. Considerando lo
efectuado según el auto 1460, como quiera que por este acto administrativo se
resuelve definitivamente la reclamación presentada por la empresa Metroagua,
en cumplimiento del mencionado parágrafo 3º de la norma antes transcrita, se
ordenará a la Secretaria General de esta Corporación que en caso de haberse
efectuado abonos a la factura 5744 de abril 25 de 2016, conforme al anterior
Auto de esta entidad, se abone totalmente y liquide definitivamente para
establecer finalmente el pago total o parcial de la tasa retributiva vigencia fiscal
año 2015 que se fija de manera concreta y definitiva en la parte resolutiva de
esta Resolución.
2. En lo que respecta al cobro acumulado que contiene la factura 5744 de abril
25 de 2016, por una saldo anterior, esto es la suma de $1.449.180.614,04, se
excluirá de la factura, toda vez que dicho monto corresponde a una liquidación
administrativa contenida en la factura 5058 de abril 17 de 2015 y la Resolución
2278 de 2015, que son actos administrativos independientes, gozan de los
presupuestos de validez, eficacia, ejecutiva y se presumen legales; suma ésta
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que se está cobrando coactivamente dentro del proceso que al respecto se
adelanta.
Por dichos motivos, de oficio se revocará parcialmente la factura 5744 de abril
25 de 2016, en el sentido de excluir la suma de $1.449.180.614,04.
En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - REVOCAR parcialmente, de oficio, la decisión
administrativa que contiene la factura No. 5744 de abril 25 de 2016, en el siguiente
sentido: "Excluir de la factura 5744 de abril 25 de 2016 la suma un MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL
SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($1.449.180.614,04), la cual corresponde a la factura 5058 de abril de 2015 y
Resolución 2278 del mismo año que continuará su proceso coactivo en contra de
Metroagua S.A."
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la factura 5744 de abril 25 de
2016 emitida por CORPAMAG, por concepto de tasa retributiva vigencia año 2015-
que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA METROAGUA
S.A. E.S.P. con NIT 800.080.177-9, representada por Johana Segrera Mercado,
debe cancelar a favor de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
MAGDALENA CORPAMAG- en la cuantía o suma de DOS MIL CIENTO SESENTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS
($2.169.288.786,30) según las consideraciones expuestas en la citada factura y a
los fundamentos indicados en esta acto administrativo.
PARAGRAFO. - En cumplimiento del parágrafo 3º del artículo 2.2.9.7.5.7. del
Decreto 1076 de 2015, atendiendo lo dispuesto por esta Corporación en el Auto
1460 de 2016, se ordena a la Secretaria General que en caso de haberse
efectuado pagos a la factura 5744 de abril 25 de 2016, dicha suma se abone
totalmente y liquide, para establecer finalmente el pago total o parcial de la tasa
retributiva vigencia fiscal año 2015. En caso de que existan saldos a favor de la
empresa, la suma que resulte a favor se aplicará a la liquidación del período fiscal
año 2016.
ARTÍCULO TERCERO. - Remitir inmediatamente copia del presente acto
administrativo a la Secretaria General de esta Corporación para los efectos
jurídico- procesales de cobro persuasivo y/o coactivo, según corresponda,
atendiendo lo precisado en la parte resolutiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el presente acto administrativo a la EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA METROAGUA S.A. E.S.P, a
través de su representante legal o su apoderado debidamente constituido para el
efecto en el presente asunto.
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a
la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso
alguno porque pone fin a una solicitud y resuelve el recurso presentado.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”3
1.3. Normas violadas y concepto de violación
1.3.1. La parte actora invocó los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 123, 209, 228 y 229 de la
Constitución Política, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 de artículo 3 y los artículos 47, 48,
49, 138, 152 numeral 3, 156 numerales 1 y 2, 159, 161, 162, 166, 168, 179, 180, 181,
211 y 306 del CPACA; artículos 1, 2, 4, 6, 7, 14, 164, 165, 167, 245 y 246 del Código
General del Proceso; artículos 2.2.3.3.4.2, 2.2.9.7.1.1, 2.2.9.7.2.1, 2.2.9.7.2.5,
2.2.9.7.4.1 a 2.2.9.7.5.8 del Decreto 1076 de 2015, y los artículos 42 y 43 de la Ley
99 de 1993.
1.3.2. A continuación, se realizará una síntesis de los hechos descritos en la
demanda.
Indicó que suscribió un contrato de arrendamiento nro. 074 el 27 de noviembre de
1989 con la Alcaldía Distrital de Santa Marta, de los sistemas de acueducto y
alcantarillado para hacer uso de ellos, para la prestación del servicio público de
acueducto y alcantarillado.
Afirmó que Metroagua operó el sistema hasta el 17 de abril de 2017. Resaltó que,
desde el 27 de noviembre de 1989, se estableció que el destino final de las aguas
residuales de Santa Marta era el mar atlántico.
Señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le concedió a Metroagua
una licencia ambiental para la construcción y operación de un Emisario Submarino
para el Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas de la Ciudad de
Santa Marta.
Expuso que, el 29 de enero de 2016, presentó la auto declaración que correspondía
a la vigencia de 2015, pero Corpamag la rechazó mencionando que los niveles de
3 Visible a folios 20 a 43 del Cuaderno del Tribunal.
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carga contaminante eran inferiores a los tomados por esa autoridad en ese periodo y
que el lugar de la toma de muestra, también era distinto.
Informó que, mediante Factura nro. 5744 del 25 de abril de 2016, Corpamag liquidó y
facturó a Metroagua la suma de dos mil ciento sesenta y nueve millones doscientos
ochenta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos con treinta centavos
($2.169.288.786.30) por concepto de tasa retributiva del año 2015.
Agregó que presentó reclamación en contra del mencionado cobro, en memorial del
24 de junio de 2016, la cual fue desatada en Resolución nro. 863 del 7 de abril de
2017, donde se confirmó el valor cobrado.
1.3.3. En el concepto de violación de la demanda expuso los cargos que se sintetizan
enseguida:
1.3.3.1. En el de “Los actos demandados son nulos conforme lo expuesto en el
primer cargo de violación: Artículo 2.2.9.7.5.7. Parágrafo 1 y 3, del Decreto 1076 de
2015 y art. 74 de la Ley 1437 de 2011, por interpretación y aplicación indebida de estas
normas y no permitir la interposición de recursos en sede gubernativa”, mencionó que
el artículo 2.2.9.7.5.7 parágrafo 3 del Decreto 1076 de 2015, estableció que el trámite
y decisión de la reclamación formulada en contra de la factura de venta se debe
adelantar bajo los preceptos de la Ley 1437 de 2011, por lo que, cuando se trata de la
vía gubernativa, le son aplicables los artículos 77 y 79 del CPACA.
Comentó que los parágrafos de la citada disposición del Decreto 1076 de 2015, se
contradecían, ya que en el 1° se indica que, contra el cobro de la tasa retributiva a
través de factura, procede el recurso de reposición; mientras que el 3° prevé que “la
presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por escrito dentro del
mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el respectivo documento de
cobro”4.
Adujo que, siendo que la factura no es el acto administrativo definitivo, sino aquel que
resuelve la reclamación, para este caso la Resolución nro. 863 de 2017, la autoridad
4 Folio 7 ibídem.
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ambiental limitó su derecho de defensa y contradicción al no permitirle presentar el
recurso de reposición contra esa decisión, sino únicamente contra el cobro de la tasa.
Por lo tanto, existió una mala interpretación y aplicación de la norma superior en la que
debieron fundamentarse los actos acusados.
1.3.3.2. También formuló el de “Artículo 2.2.9.7.2.1. tarifa de la tasa retributiva es
el valor que se cobra por unidad de carga contaminante vertida al recurso hídrico y
artículo 2.2.9.7.2.5. la tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos,
se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico, es
decir, la carga vertida o descargada y no antes de la descarga como equivocadamente
lo concibe la autoridad ambiental, y con fundamento en dicha autodeclaración se
liquide y cobre la tasa retributiva”5.
Advirtió que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.9.7.2.5 inciso 2° del Decreto
1076 de 2015, el hecho generador del gravamen lo constituye la totalidad de la carga
contaminante descargada en el recurso hídrico, es decir, que la medición del caudal
se debe efectuar al momento en el que ingresan los residuos al mar, no antes. Por lo
que la toma de las muestras que hace la autoridad ambiental es errónea.
Señaló que, en el anexo explicativo de la factura nro. 5744 de 2016, no se enunció la
operación que efectuó Corpamag para cuantificar la carga contaminante, pues de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.9.7.2.1, la autoridad ambiental debe conocer
previamente a definir el monto del gravamen cuáles son las sustancias que integran la
carga contaminante, para lo que es necesario remitirse a los artículos 2.2.3.3.4.1 y
2.2.3.3.4.2. No obstante, dichos aspectos no fueron expuestos en el acto de cobro,
vulnerando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción,
ya que el usuario debe conocer con exactitud de dónde provienen los valores y
elementos que dan lugar a la tasa retributiva para un periodo determinado.
Adujo que la fórmula utilizada para determinar el valor a pagar era bastante compleja,
por lo que cualquier variable puede afectar gravemente el resultado. Pero Corpamag
omitió ventilarla ante el contribuyente, vulnerando sus derechos.
5 Folio 8 ibídem.
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Resaltó que, a pesar de que en el presente caso se estaba cobrando y facturando una
porción de un periodo inferior a un (1) año, los valores fijados, de acuerdo con el
artículo 2.2.9.7.5.1 del parágrafo 2 del Decreto 1076 de 2015, son objeto de
cuestionamiento ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo que el
valor recaudado en la factura nro. 5744 de 2016, se encuentra viciado en la práctica y
la metodología.
Aseveró que se incumplió lo previsto en el artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 de
2015, como quiera que el Laboratorio Nancy Flórez García tomó la muestra en un sitio
previo a que ingresaran los residuos al Emisario Submarino, cuando debía efectuarse
en el lecho marino.
1.3.3.3. Formuló el cargo que denominó “Los actos demandados son nulos por
violación del artículo 29 de la Constitución Política Nacional, por violación al debido
proceso, derecho a la defensa y contradicción, así también incurrió en falsa
motivación”,6 asegurando que el procedimiento efectuado por Corpamag para imponer
el cobro de la tasa retributiva vulneraba el derecho al debido proceso, por las siguientes
razones: i) omitió emitir un anexo explicativo de la factura nro. 5744 de 2016, en el que
explicara el procedimiento y la metodología que fue utilizada para imponer la tasa
retributiva que fijó en el citado acto para la vigencia de 2015, impidiéndole a Metroagua
ejercer su derecho de defensa y contradicción; ii) no desarrolló las fórmulas
matemáticas de cara al contribuyente del tributo, lo cual ocasionó que no se pudiera
comparar ni verificar con los hechos reales en el tiempo; iii) interpretó sesgadamente
el Decreto 1076 de 2015, al considerar que el usuario puede acogerse al cobro sin
controvertirlo previamente; iv) dentro del expediente administrativo no reposaba
prueba que demostrara que la autoridad ambiental llevó a cabo el muestreo de los
vertimientos, el análisis científico y químico del caudal, ni la identificación de las
sustancias que componían la carga contaminante, de acuerdo con lo regulado en el
artículo 2.2.9.7.5.1; v) negó la posibilidad a la demandante de interponer el recurso de
reposición en contra del cobro de la tasa retributiva del año 2015, vulnerando así el
debido proceso, y vi) no aplicó la sentencia C-495 del 26 de septiembre de 1996,
desconociendo el precedente de la Corte Constitucional.
6 Folio 12 ibídem.
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1.3.3.4. Posteriormente adujo que los actos acusados habían incurrido en falsa
motivación por tres (3) razones, a saber:
A) Afirmó que no era cierto que el Decreto 1076 de 2015, dispusiera que la muestra
de la carga contaminante debía tomarse en el lugar previo al ingreso al emisario
submarino, pues el artículo 2.2.9.7.2.5. en su inciso 2 ibidem, estableció que “la
totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico”.
B) Adujo que, el parágrafo 1° del artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto 1076 de 2015
nunca estableció que contra la factura de cobro procediera el recurso de reposición, el
cual debía ser radicado dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago. Como así
lo hace ver Corpamag.
C) Reiteró que Corpamag había omitido expedir un anexo explicativo de la factura
nro. 5744 de 2016, en el que se demostrara el procedimiento y la metodología utilizada
para obtener el valor de la tasa retributiva del año 2017, privando a la demandante de
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Asimismo, argumentó que la demandada partía de afirmaciones erradas por lo que lo
expuesto en la Resolución nro. 863 de 2017 era inexistente, es decir, no existe una
justificación legal para soportar la decisión que tomó Corpamag.
1.3.3.5. Por último, sobre “Sentencia C-495 de septiembre de 26 de 1996, por
violación y desconocimiento del precedente judicial vertical, en la medida en que la
Corte Constitucional dejó sentado que los vertimientos, son contaminantes,
medianamente contaminantes y no contaminantes, sin embargo Corpamag desestimó
este precedente y cuantificó la tasa retributiva con la única opción de carga
contaminante nociva”7. afirmó que la Corte Constitucional estudió de fondo lo
relacionado con las tasas retributivas en la sentencia C-495 de 1996 y para ello,
transcribió apartes de la misma.
Manifestó que dicho gravamen tenía como finalidad la de controlar la contaminación
ambiental, es decir, el que contamina paga. Sin embargo, para la demandante, la
7 Folio 89 ibídem.
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autoridad ambiental no aplicó dicha lógica, puesto que la toma de las muestras debe
efectuarse en lugares previos a la entrada del Emisario Submarino, desconociendo de
esta manera los esfuerzos que Metroagua realiza cuando somete a un tratamiento los
vertimientos de aguas residuales.
Finalmente, expuso que la administración pública se encontraba en la obligación de
acatar los precedentes judiciales, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de la
Corte Constitucional C-634 del 24 de agosto de 2011, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
CORPAMAG8 contestó la demanda manifestando su oposición a todas y cada una de
las pretensiones, por cuanto no existen razones jurídicas por las cuales procesa la
nulidad de los actos acusados.
2.1. Frente al primer cargo, sostuvo que el Decreto nro. 1076 de 2015 reglamentaba
la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor
del vertimiento. Asimismo, aseguró que los comportamientos administrativos de dicha
autoridad se encontraban regulados por esa norma, al igual que las actuaciones de
Metroagua.
Indicó que el artículo 2.2.9.7.5.7 del citado Decreto señalaba que contra el documento
de cobro procedía el recurso de reposición; que, si bien en los actos acusados se
acudía al CPACA, era con el fin de definir dicha figura procesal.
Señaló que para Corpamag un escrito de reclamación puede ser entendido como un
recurso de reposición a la luz de lo previsto en el Decreto 1076 de 2015, el cual debe
ser interpuesto dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento de la factura emitida
para el cobro de la tasa de vertimientos. Por lo tanto, el procedimiento efectuado por
la autoridad ambiental se encontraba conforme a lo expuesto en el ordenamiento
jurídico.
8 Folios 50 a 72 del Cuaderno nro. del Tribunal.
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Posteriormente, procedió a transcribir apartes de la sentencia del 23 de agosto de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el expediente nro.
47001 23 33 001 2016 00125 00, en el que actúan como partes las mismas que
integran la presente litis; esto con el fin de advertir que allí se estaba estudiando el
mismo problema jurídico y que, además, se habían negado las pretensiones. Indicó
que, si bien no se encontraba ejecutoriada la decisión, se trataba de una orden que
podría tenerse como precedente horizontal, por lo que solicitaba que se apreciaran los
argumentos allí expuestos.
Afirmó que no existe la vulneración alegada; por lo que debe ser declarada infundada
la causal de nulidad-
2.2. Ahora, al pronunciarse sobre la “Infracción de las normas en que debió fundarse
el acto administrativo”, señaló que la tasa por vertimientos no se encuentra regulada
por la Ley 99 de 1993 ni los Decretos nro. 1753 de 1994, 1724 de 2002, 1180 de 2003,
1220 de 2005, 2820 de 2010 y 2041 de 2014, este último compilado por el Decreto
1075 de 2015, sino por el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y los Decretos nro. 2811 de
1974, 3930 de 2010 y 2667 de 2012.
Informó que el Decreto 1076 de 2015 compiló los artículos 2.2.3.3.1.1. al 2.2.3.3.9.1.
del Decreto nro. 3930 de 2010; los artículos 2.2.9.7.1.1 al 2.2.9.7.6.2 del Decreto nro.
2667 de 2012 y el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto nro. 1594 de 1984. Además, resaltó
que las Resoluciones nro. 333 del 23 de noviembre de 2011 y 242 del 6 de abril de
1999, las cuales autorizaron y modificaron el proyecto, no contemplaron ni incluyeron
un permiso de vertimientos, puesto que la actividad del proyecto es enviar el agua
residual doméstica al mar para que allí se diluya en virtud de la magnitud del punto de
destino, que es el Caribe.
Comentó que los lugares donde se toman las muestras están implementados para que
la empresa haga los seguimientos correspondientes a las aguas vertidas, a efectos de
determinar la extensión del impacto ambiental generado en la flora y la fauna y en las
zonas de baño de las playas cercanas, más no es para medir o caracterizar el líquido
vertido y así definir la tasa, tal como quedó precisado en la medida de manejo de la
Resolución nro. 242 de 1999.
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Expuso que los sitios de toma de muestras simples en el área marina que se realicen
en el ámbito y por disposición de la licencia ambiental otorgada no podían sustituir ni
modificar lo dispuesto en los Decretos nro. 3930 de 2010, 2667 de 2012 y 2811 de
1974 y el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. También mencionó que los actos acusados
no fueron fundamentados en la licencia ambiental, pues la medición de la carga
contaminante para establecer la tasa estaba contemplada en la Resolución nro. 242
de 1999.
Argumentó que la demandante incurría en error al pretender que se reconociera como
punto para la toma de la muestra el lugar ubicado después de la disolución, en
infracción de lo previsto en el artículo 2.2.3.3.4.4. numeral 2° del Decreto nro. 1076 de
2015. De igual forma, adujo que lo que se busca con el proceso es determinar si el
emisor es un dilusor y a partir de ello medir la carga contaminante.
Bajo esta misma línea, agregó que con los actos acusados se cobró la tasa
correspondiente al año fiscal 2015, por el vertimiento que Metroagua efectuó en el
cuerpo marino, siguiendo los parámetros previstos en los Decretos 2667 de 2012 y
3930 de 2010, compilados en el 1076 de 2015. Así las cosas, el lugar de medición de
la carga contaminante es antes de que las aguas residuales se diluyan en el mar, pues
se estaría utilizando el recurso hídrico para la disolución; por lo tanto, la medición no
cumpliría con los parámetros legales establecidos en el numeral 2 del artículo
2.2.3.3.4.4. de la citada norma, la cual especifica que el vertimiento no podrá utilizar el
agua para medir los niveles de contaminación.
Sostuvo que, para cumplir el propósito de la legislación, Corpamag simplemente debía
contar con una caracterización significativa que le permitiera liquidar el periodo fiscal
facturado, siguiendo para ello la metodología, sistema y fórmulas de cálculo de la tasa
que se encuentran definidas en el Decreto 1076 de 2015.
2.3. Posteriormente, efectuó un relato de las diferentes actuaciones que se llevaron a
cabo al interior del proceso administrativo, para afirmar que no se había vulnerado el
derecho a la defensa y contradicción y que se tomaron las muestras en el sitio que
indica la norma; así:
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a. Mediante memorial nro. 1700 12 01 00924 del 27 de marzo de 2014, Corpamag
le informó a Metroagua que se programaría una jornada de muestreo del agua para su
posterior caracterización.
b. El 10 de junio de 2014, la demandante le informó al Laboratorio Nancy Flórez
sobre los puntos de muestreo para la caracterización.
c. Se realizó el acta de visita por parte de Corpomag.
d. Los días 27 de agosto y 15 de septiembre de 2014, se llevaron a cabo
capacitaciones con los usuarios sobre la tasa retributiva, poniendo en conocimiento la
consulta legislativa, Decreto nro. 2667 de 2012.
e. Se expidió el certificado de los resultados de laboratorio de las muestras de los
vertimientos efectuados por la demandante a través del emisario submarino.
f. Se presentó la autodeclaración por parte de Metroagua y con ella la presunta
caracterización de las muestras recogidas en tres (3) periodos distintos.
g. Se expidió la factura nro. 5744 de 2016, donde se indicó que no se aceptaba la
autodeclaración presentada por la demandante y se especificaron las bases de
liquidación.
h. Metroagua radicó recurso de reposición.
i. Mediante Resolución nro. 863 del 7 de abril de 2017, se desato el recurso,
dejando en firme el cobro de la tasa de vertimiento.
Resaltó que, el procedimiento aplicado había sido claro y transparente, pues había
pedido permiso previo para tomar las muestras, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto nro. 2667 de 2012.
2.4. Se pronunció sobre el cargo relacionado con la infracción del artículo 2.2.9.7.2.5.
de Decreto 1076 de 2015, reiterando que la toma de la muestra y caracterización del
vertimiento debía llevarse a cabo en la misma carga contaminante, no después de que
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esta se diluyera con el recurso hídrico receptor, tal como lo previó el numeral 2 del
artículo 28 del Decreto nro. 3930 de 2010.
Informó que el emisario submarino, cumplía con la función de dilución de la carga
contaminante, pero el método consistía en mezclar a través de los difusores los
vertimientos que llegan de toda la ciudad; luego, el agua marina receptaba los
desechos. Por ello, es que debe ser medida antes de que entrase al emisario.
2.5. Sobre “la infracción del artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y los reglamentos de tasas
retributivas en cuanto se desvía el objeto y fin de las tasas”. Manifestó que la tasa
retributiva se cobra al usuario que presta el servicio público de alcantarillado, quien a
su vez debe facturarlo a sus abonados, tal como lo establece el artículo 19 del Decreto
2667 de 2012 y, posteriormente, dicho rubro será trasladado a la autoridad ambiental
que tiene la administración y gestión del recurso natural renovable que recibe la carga
contaminante.
2.6. Posteriormente, formuló la excepción de fondo denominada “Legalidad de acto
administrativo contenido en la Factura nro. 5744 del 25 de abril de 2016 y en la
Resolución nro. 863 del 7 de abril de 2017”, en la que puso de presente que los actos
acusados se encuentran revestidos de legalidad, eficacia, validez y están amparados
de presunción de legalidad.
Expuso que, si bien se podía entender que el punto de tratamiento en el emisario
submarino es la dilución y por ello la medición y caracterización debía efectuarse
después de que esa acción se cumpliera, lo cierto es que de aplicarse así se estaría
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 3 de los Decretos 3930 y 2667, los cuales
definen la manera como se debe evaluar la carga contaminante que recibe el mar con
una actividad licenciada ambientalmente.
Informó que, según la Resolución nro. 333 de 2011 el punto de medición se encuentra
en la zona de cribado y desarenadero ubicado en la estación norte y el lugar de
descarga es el emisario submarino. Por lo tanto, es en el primero donde debe
recogerse la muestra, ya que se trata de la zona donde se efectúa el tratamiento previo
de las aguas residuales domésticas, pues allí aún no ha tenido contacto con el recurso
hídrico.
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III. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 10 de julio de 20199 el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó las pretensiones de la demanda. Los argumentos para la adopción
de tal determinación fueron los siguientes:
3.1. Como primer aspecto, indicó que no se pronunciaría sobre las excepciones
denominadas “Legalidad del acto contenido de la factura nro. 5744 del 25 de abril de
2016 y en la Resolución nro. 0863 del 7 de abril de 2017”, “Confusión entre las
muestras tomadas para seguimiento con la toma de las muestras para dar
cumplimiento al Decreto 1076 de 2015” y “Se debe tener en cuenta la posición del
Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia de 23 de agosto de 2017, Por
medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho seguido por Metroagua S.A. ESP en contra de
Corpamag identificado con el radicado 47001 2333 001 2016 00125 00, y en la cual
se discutió el mismo problema jurídico que se deberá resolver en este proceso”,
debido a que la argumentación allí expuesta tiene relación con el fondo del asunto .
3.2. Trajo a colación el marco normativo de la tasa analizando el artículo 42 de la Ley
99 de 1993, el artículo 3 del Decreto 901 de 1997, el Decreto nro. 3100 de 2003,
modificado parcialmente por el Decreto nro. 3440 de 2009, el artículo 7 del Decreto
nro. 2667 de 2012, el artículo 24 del Decreto nro. 2667 de 2012, el artículo 2.2.9.7.5.1.,
.2.9.7.5.5 y 2.2.3.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015.
Manifestó que de acuerdo con lo expuesto, la recolección de la prueba que sirve de
base para la caracterización, debe llevarse a cabo en un lugar definido entre el sistema
de tratamiento y el punto de descarga; pero antes de que el vertimiento sea liberado
en el recurso hídrico, pues allí se diluiría la carga contaminante que se pretende medir.
3.3. Asimismo, analizó si la Factura nro. 5744 del 25 de abril de 2016, constituía un
acto administrativo susceptible de control y para ello procedió a citar el contenido del
artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 y las sentencias del 3 de agosto de 2016 y 22 de
9 Folios 975 a 996 ibidem.
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febrero de 2018, expedidas en los procesos identificados con números de radicado
25000 23 27 000 2011 00194 01 y 63001 23 33 000 2015 00048 01, respectivamente,
evidenciando que de acuerdo con la jurisprudencia, el citado documento de cobro
debía ser apreciado como un acto definitivo, por lo que no era necesario surtir de
forma previa el trámite de la reclamación para proceder con la interposición del recurso
de reposición, ya que está creando una situación jurídica.
3.4. Posteriormente, se pronunció sobre la naturaleza del Emisario Submarino,
señalando que este se encontraba definido en el artículo 177 de la Resolución nro.
1096 del 17 de noviembre de 2000, al igual que en la Resolución nro. 424 de 2001,
por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de agua potable y
saneamiento básico – RAS, en la que se encuentra contenida la definición de dicho
mecanismo.
Dijo que el emisario submarino era una tubería instalada sobre el lecho marino que se
encargaba de transportar las aguas residuales domésticas de la ciudad de Santa
Marta hasta una profundidad y distancia de la costa, donde se ha tenido que
implementar un sistema de tratamiento primario por parte de Metroagua, con la
finalidad de remover las partículas sólidas, en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución nro. 242 del 6 de abril de 1999, por medio de la cual se otorgó licencia
ambiental a la demandante que fue modificada mediante Resolución nro. 333 de 2011,
en la que se realizaron mejoras en lo referente al tratamiento primario por dilución y
disposición final de las aguas servidas.
Señaló que, para precisar el valor de la tasa retributiva por vertimiento de carga
contaminante, debía tenerse en cuenta la fórmula descrita en el artículo 18 del Decreto
nro. 2667 de 2012, compilado en el artículo 2.2.9.7.5.1. del Decreto nro. 1076 de 2015
y para verificar los preceptos allí expuestos se debía acudir a la “Guía para el
monitoreo de vertimientos, aguas superficiales V subterráneas del Instituto de
Hidrología, Metereologica y Estudios Ambientales – IDEAM”10, que prevé los
elementos básicos para el establecimiento y realización de programas de monitoreo
de calidad del agua y analiza los principales aspectos del Decreto nro. 3100 de 2003.
10 Folio 988 ibidem.
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Adujo que el mencionado documento, estableció que cuando se trata de vertimientos
puntuales la ubicación del sitio de la muestra es el punto de descarga, que se
encuentra antes de la incorporación de la carga contaminante al cuerpo de agua,
situación que tiene plena relación con lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.1.3. del
Decreto nro. 1076 de 2015.
Especificó que según el informe técnico sobre Emisario Submarino, el sistema de
alcantarillado de la ciudad de Santa Marta cuenta con tres (3) grandes estaciones de
bombeo, que son: i) Rodadero, ubicada en la avenida Tamacá con calle 20; ii)
Manzanares, localizada en la calle 30 con carrera 2 y iii) Norte, en la carrera 1 con
calle 8; en las cuales se separa mas del noventa por ciento (90%) de los sólidos
flotantes y de gran tamaño, a través de la captura en un mecanismo de rejillas de
doble tamizaje y desarenación periódica. Manifestó que, la recolección de las aguas
residuales se efectúa principalmente en el sentido oriente a occidente y el punto en el
que se reúnen es la Estación Norte, donde son bombeadas por líneas de impulsión al
Mar Caribe, diluyéndose en el Emisario Submarino en la zona del Boquerón. De la
siguiente manera:
Concluyó que, lo procedente es tomar la muestra en la Estación Norte, por lo que le
asiste razón a Corpamag, cuando recolectó la prueba los días 9 y 23 de octubre de
2015 en dicho punto, con el Laboratorio Nancy Flórez García, siendo supervisada por
Metroagua, quien no se opuso a dicho trámite.
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3.5. En lo que tiene que ver con el cargo de infracción de las normas en las que
debían fundarse los actos acusados, expresó que no tenia vocación de prosperidad,
ya que la finalidad del litigio es atacar el cobro de la tasa retributiva por vertimientos
puntuales, asunto que tiene su propia reglamentación en los Decretos nro. 3930 de
2010 y 2667 de 2012. Por lo tanto, la discusión de la caracterización de la carga
contaminante es independiente de si el Emisario Submarino es un sistema de
tratamiento de agua residual o no.
Sobre el argumento relacionado con la falta de expedición del anexo explicativo de la
Factura nro. 5744 de 2016, adujo que en el plenario existían varios documentos que
demostraban que Corpamag sí explicó las fórmulas, operaciones y los datos
necesarios para la liquidación de la tasa retributiva, información que también reposa
en el acto acusado; además, hizo una serie de talleres en los que se divulgó la
legislación ambiental, unos análisis fisicoquímicos identificados con nro. LF10615,
LF10616, LF11174, LM13383, LF10443, LF10699 y LM13175, visitas y estudios de
muestreo del caudal tomado los días 9 y 23 de octubre de 2015 y la documentación
que constató el método y los datos utilizados para la medición.
3.6. Ahora, respecto de la indebida interpretación del Decreto nro. 1076 de 2015,
por recolectar la prueba de la carga contaminante en el lugar correspondiente,
aseguró que la memorialista no tenía razón, pues como se explicó previamente el
punto correcto de la toma de la muestra era la Estación de Bombeo Norte, tal y como
lo hizo la demandada.
3.7. Por otro lado, se pronunció sobre la vulneración al debido proceso y derecho a
la defensa y contradicción, reiterando que la autoridad ambiental sí socializó las
fórmulas utilizadas para liquidar la tasa retributiva y los mecanismos correspondientes
(medir la carga contaminante), de lo cual tuvo conocimiento Metroagua, quien no se
opuso a dicha información.
Comentó que, el artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto nro. 1076 de 2015, estableció como
obligación para el sujeto pasivo del cobro de la obligación tributaria aportar la
autodeclaración que debía ser sustentada con una caracterización anual de sus
vertimientos, lo cual fue acatado por la demandante. Señaló que la autoridad
ambiental debe revisar lo declarado, pues el acto de cobro tiene que especificar si se
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acepta o no la información aportada por la empresa que presta el servicio y que para
liquidar era necesario tener en cuenta los parámetros establecidos en el parágrafo de
la citada norma.
Dijo que, Corpamag acogió lo previsto en el parágrafo del artículo 21 del Decreto nro.
2667 de 2012, para sustentar el cobro establecido en la factura acusada.
Argumentó que, el artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto nro. 1076 de 2015, consagró que
contra la factura de la tasa retributiva, procedía el recurso de reposición que debía ser
interpuesto dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago que se indica en la
factura. Expuso que, no se le vulneró el derecho a la defensa y contradicción a
Metroagua, ya que siempre se le otorgó la posibilidad de controvertir las decisiones
de la administración, tan cierto es esto que, radicó el recurso contra la Factura nro.
5744 de 2015, que fue desatado en la Resolución nro. 863 de 2017 y las actuaciones
que surgieron en el proceso administrativo se ajustaron a las directrices que lo rigen.
Asimismo, mencionó que no se incumplió lo dispuesto en la sentencia C 495 de 1996,
ya que se atendieron las normas ambientales que regulan la tasa retributiva por
vertimiento de carga contaminante.
Por último, sobre el cargo de falsa motivación, reiteró que la calidad del Emisario
Submarino como sistema de tratamiento, resultaba irrelevante para liquidar y
determinar el valor de la obligación tributaria, debido a que las normas que regulan la
materia contemplan la forma en que debe llevarse a cabo la caracterización de la
carga contaminante. De igual forma, el hecho de que Metroagua cuente con una
licencia ambiental, que relacione la forma de seguimiento de la remoción de la
contaminación del recurso hídrico, no tiene conexión con el objeto de la tasa.
IV.RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora11, por intermedio de apoderado judicial, interpuso oportunamente
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia con base en lo
que sigue:
11 Folios 224 a 227 Ibidem.
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4.1. Mencionó que la demandada aplicó con rigidez la fórmula matemática que
determinó el cobro de la tasa retributiva y el Tribunal estuvo de acuerdo con ello, sin
tener en con sideración lo previsto en la sentencia de la Corte Constitucional C 495
de 2016.
4.2. Dijo que ni en la Factura nro. 5744 de 2016, ni en documento adicional Corpamag
expuso la operación que efectuó para cuantificar la carga contaminante, ya que el
artículo 2.2.9.7.2.1 al definir dicho aspecto, establece que “En el cálculo de la carga
contaminante de cada sustancia”. Sin embargo, la autoridad ambiental no puso en
conocimiento previamente cuáles eran las sustancias contaminantes, las sustancias
de interés sanitario y el usuario de interés sanitario, como lo prevén los artículos
2.2.3.3.4.1 y 2.2.3.3.4.2, vulnerando así los derechos al debido proceso y a la defensa
y contradicción, ya que era necesario que Metroagua conociera cada uno de los
elementos que integraron la tarifa que le fue aplicada y el resultado final.
4.3. Manifestó que el Tribunal no se había pronunciado sobre el grado de intensidad
del impacto ambiental y de la contaminación, es decir, no tuvo en cuenta las
actividades que Metroagua ha realizado a través del emisario submarino y el sistema
de tratamiento para atenuar y disminuir los daños ambientales.
4.3. Señaló que la autoridad judicial y Corpamag fundamentaron sus decisiones en
las interpretaciones que a su criterio le dieron a la norma en relación con la toma de
las muestras, sin tener en cuenta los esfuerzos efectuados por las empresas
prestadoras del servicio para disminuir la contaminación.
4.4. Resaltó que se desconoció la sentencia C 495 del 26 de septiembre de 1996
de la Corte Constitucional, pues era claro que la tasa retributiva, desde su concepción
en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, estaba dirigida a controlar la
contaminación ambiental, es decir, el que contamina paga. No obstante, el Tribunal y
Corpamag no aplican dicho parámetro, ya que determinaron que la muestra del caudal
debía ser tomada en un lugar previo al emisario submarino, como es la Estación Norte,
desconociendo de esta forma los esfuerzos que Metroagua efectuaba para desarrollar
un sistema de tratamiento previo de las aguas residuales.
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Indicó que, de acuerdo con el artículo 2.2.9.7.2.1 y 2.2.9.7.2.5. del Decreto 1076 de
2015, la toma de la muestra no se puede llevar a cabo antes de la descarga. Lo que
busca Corpamag es alejarse del lecho marino, para que así los niveles de carga
contaminante sean mayores.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 27 de noviembre de 201912, el Despacho admitió el recurso de
apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la demandante en contra de la
sentencia del 10 de julio de 2019.
5.2. Con auto del 3 de febrero de 202013 se corrió el traslado para alegar de
conclusión. Durante dicho término Corpamag se pronunciaron, reiterando los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
12 Folio 4 del cuaderno principal del Consejo de Estado.
13 Folio 9 ibidem.
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8.2. Hechos
8.2.1. Los días 9 y 23 de octubre de 2015, se adelantó por parte del Laboratorio Nancy
Flórez García la toma de muestras para la caracterización en las instalaciones de la
empresa Metroagua.
8.2.2. Mediante factura nro. 5744 del 25 de abril de 2016, Corpomag liquidó y cobró
a favor de Metroagua la suma de tres mil seiscientos dieciocho millones cuatrocientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos con treinta y cuatro centavos
($3.618.469.400.34), por concepto de tasa retributiva de la vigencia 2015.
8.2.3. Contra el mencionado cobro la actora presentó reclamación, que fue resuelto a
través de la Resolución nro. 863 del 7 de abril de 2017, donde revocó parcialmente la
liquidación del gravamen, excluyendo la suma dineraria correspondiente a mil
cuatrocientos cuarenta y nueve millones ciento ochenta mil seiscientos catorce pesos
con cuatro centavos ($1.449.180.614.04).
8.2.4. En contra de esas decisiones la actora interpuso la demanda de la referencia.
8.2.5. A través de sentencia calendada el 10 de julio de 2019, el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.
8.2.6. Inconforme con esa decisión la parte actora interpuso recurso de alzada.
8.3. Planteamiento
De acuerdo con el contenido y alcance del recurso y la sentencia del Tribunal, la Sala
observa que existe discrepancia en los siguientes puntos:
En primer lugar, el memorialista es del criterio de que el a quo omitió pronunciarse
sobre el grado de impacto ambiental y la intensidad de la contaminación y los
esfuerzos que ha imprimido Metroagua para atenuar y disminuir la afectación del
recurso hídrico con la operación del emisario submarino.
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El segundo tiene que ver con la valoración del caudal contaminante, en atención a que
para la accionante se debe efectuar después y no antes de la descarga, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 2.2.9.7.2.1. y 2.2.9.7.2.5. del Decreto 1076 de 2015.
Aseguró que tanto el Juzgador de Primera Instancia como la autoridad ambiental
estaban aplicando parámetros interpretados subjetivamente y que se optaba por
imponer la tarifa más rígida y alta a la empresa demandante; entre tanto, para el a quo
tal medición debe llevarse a cabo antes de la descarga al lecho marino, conforme al
artículo 22 del Decreto 2667 de 2012.
El tercer aspecto en debate tiene que ver con la vulneración de normas superiores al
expedir la factura que liquidaba la tasa de vertimientos, puesto que a juicio de la
accionante no se explicó de forma clara la manera cómo se liquidó el valor ni existió
anexo explicativo. Por su parte, la autoridad ambiental y el Tribunal arguyen que
existen pruebas que acreditan que las afirmaciones expuestas en este sentido por la
empresa de servicios públicos nos son ciertas.
Existe divergencia en lo relacionado con la aplicación de la sentencia de la Corte
Constitucional C 495 del 26 de septiembre de 1996, pues de haber sido apreciada
correctamente hubiese quedado en evidencia, según la actora, que en la dosificación
de la tasa se debían valorar los esfuerzos de Metroagua por no contaminar utilizando
para ello el emisario submarino y por ende la mitigación de los efectos nocivos sobre
el recurso hídrico; por su parte, el Tribunal considera que el razonamiento vertido en
esa providencia responde al estudio de exequibilidad de los artículos 42 y 43 de la Ley
99 de 1993, que prevén que el factor que se tiene en cuenta para el cobro del
gravamen es la contaminación nociva y que fue debidamente observado por la
Corporación al momento de definir el valor de la tasa a pagar.
8.4. Omisión sobre la actividad desplegada por Metroagua, impactos y
aplicación de la sentencia C-495 de 2016
Habrá que dilucidar si son nulos los actos que reliquidaron la tasa retributiva de
vertimientos, si no se ponderaron los esfuerzos acometidos por la accionante
orientados a atenuar y disminuir el impacto ambiental que podrían generar las aguas
residuales domésticas que discurren por el sistema de alcantarillado, dada la
existencia del Emisario Submarino.
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Considera la Sala que la inadvertencia que se enrostra al Tribunal no es en manera
alguna un argumento pertinente para desechar la decisión adoptada por éste y en su
lugar acceder al decreto de la nulidad según lo pretendido por Metroagua, como quiera
que, para efectos de la fijación de la tasa de vertimientos, existen precisos parámetros
expuestos en el orden jurídico y son estos los que orientan su definición.
En otras palabras, tal cargo no resulta en nada procedente para sopesar la validez de
los actos que se censuran, como quiera que los beneficios que hubiere traído la
adopción del sistema de disposición de aguas residuales en la ciudad de Santa Marta
son objeto de análisis en otro tipo de actuaciones, pero en todo caso no son
concluyentes ni determinantes para definir el caso que se ventila en esta sede.
En efecto, lo surtido ante Corpamag para el establecimiento del tributo cuestionado
tiene que ver con un procedimiento cuyo objetivo es definir el porcentaje de carga
contaminante evacuada a una fuente hídrica que en este caso es el mar. Distinto a las
evaluaciones sobre efectividad y eficiencia del sistema en materia ambiental, cuyo
análisis será propicio en el trámite de licenciamiento, por ejemplo, o en la definición de
instrumentos de protección ambiental que aseguren la construcción de infraestructura
con menos afectaciones negativas al ecosistema.
Lo propio tendría que decirse sobre la presunta indebida aplicación de la sentencia C-
495 de 1996, que, al decidir la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 42 de la Ley 99 de 1993, por la atribución de violación de los artículos 150
numeral 11, 154, 338, 359 y 367 de la Constitución Política de 1991, declaró exequible
dicho precepto, acotando lo siguiente:
“Como quedó dicho más arriba, observa esta Corte que el legislador no se apartó
de los elementos básicos de la legalidad en materia de tasas, en efecto, estima la
Corporación que los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, cumplen a cabalidad,
con el respeto al principio de legalidad en el tributo que exige la carta política,
como se verá a continuación:
a. Definición de un hecho generador o imponible que da lugar al nacimiento de la
obligación tributaria. En el caso de las tasas retributivas y compensatorias se
contrae a la utilización directa o indirecta del suelo, la atmósfera y el agua con el
propósito de arrojar basuras vertidas o aguas negras y cuya acción genere un
efecto nocivo. Para efectos del artículo 43 demandado, es la sola utilización del
agua.
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b. Base gravable. Estima la Corporación que las normas sustantivas establecen
una base gravable constituida, tanto en las tasas retributivas como en las
compensatorias y en las provenientes por la utilización de aguas, por la
"depreciación" ocurrida por la actividad respectiva de que se trata, incluyendo para
su medición, los daños sociales y ambientales.
c. Tarifa. Para determinar la tarifa de las tasas ambientales estudiadas, estima la
Corte, que el legislador estableció los criterios objetivos en el inciso 3º del artículo
42 de la Ley 99 de 1993
(…)
d. Sujeto activo. El sujeto activo está radicado en las Corporaciones Autónomas
Regionales, según el numeral 4º del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, encargadas
de prestar el servicio y como tal, se les debe pagar por el mismo.
e. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es cualquier persona natural o jurídica, que si
bien no se encuentra totalmente determinado es determinable, en función de
ocurrencia del hecho gravable, y por tanto se establece con plenitud su identidad,
situación constitucionalmente razonable en la configuración legal de los elementos
esenciales de la obligación tributaria. Estima la Corte que si la norma jurídica
producida por el legislador consagra la forma de determinación del sujeto pasivo
de la obligación tributaria, ella no puede ser declarada inexequible por eventual
indeterminación del sujeto pasivo.” (Subrayas de la Sala).
Se deriva de lo dicho que no se halla ninguna consideración tendiente a definir el
concepto de efectos nocivos y a tener en cuenta esfuerzos determinados para evitar
la contaminación hídrica, sino a desarrollar cada uno de los elementos del tributo con
miras a dilucidar su alcance.
En efecto, lo que la Corte aborda en la mencionada sentencia no es otra cosa diferente
que destacar que el Estado colombiano, en cumplimiento de su deber constitucional
de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y de garantizar el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, está llamado a prevenir
y controlar todos los factores de deterioro ambiental, a imponer sanciones legales y a
exigir la reparación de los daños causados. Es en ese contexto que se enmarca la
institución de las tasas retributivas, a través de las cuales se quiere vincular a los
agentes contaminantes a la reparación de los daños derivados de la explotación y
aprovechamiento de los recursos naturales, en aplicación del principio del derecho
ambiental “el que contamina paga”. Es por ello que la determinación de las tasas debe
basarse en los costos directos de remoción de las sustancias nocivas presentes en
los vertimientos de agua, los cuales forman parte de los costos de recuperación del
recurso afectado.
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Es del caso anotar, además, que dicha figura ya había sido instituida en nuestro
ordenamiento jurídico en el artículo 18 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), y que vino a
ser reglamentada por el Gobierno Nacional, mediante los Decretos 901 de 199714,
Decreto 3100 de 200315, Decreto 3440 de 200416, siendo estos derogados por el
Decreto 2667 de 201217 y posteriormente compilado en el Decreto 1076 de 2015.
8.5. Ubicación de la medición del caudal contaminante
Ahora, la Sala se ocupará de definir si son nulos los actos que reliquidaron una tasa
retributiva por vertimientos, si los puntos de valoración de la carga contaminante con
fundamento en los cuales se calculó el enunciado tributo se ubicaron antes de la
descarga a la fuente receptora.
La recurrente indica que los artículos 2.2.9.7.2.1. y 2.2.9.7.2.5. del Decreto 1076 de
2015 respaldan su dicho, que son del siguiente tenor:
“Artículo 2.2.9.7.2.1. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se
adoptan las siguientes definiciones:
Carga contaminante diaria (Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal promedio
por la concentración de una sustancia, elemento o parámetro contaminante por el
factor de conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario,
medido en horas por día, es decir:
Cc = Q x C x 0.0036 x t
Dónde:
Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día)
Q = Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (l/s)
C = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en
miligramos por litro (mg/l)
0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h)
14 “por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua
como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas”.
15 “por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como
receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones”.
16 “por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras disposiciones”.
17 “por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor
de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones”.
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t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h)
En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, elemento o parámetro
contaminante objeto del cobro de la tasa retributiva por vertimientos, se deberá
descontar a la carga presente en el vertimiento puntual, las mediciones de la carga
existente en el punto de captación, siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo
de agua receptor de la descarga objeto del pago de la tasa.
Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de
tiempo durante el período de muestreo. Para los efectos del presente capítulo, el
caudal promedio se expresará en litros por segundo (l/s).
Concentración (C). Es la masa de una sustancia, elemento o parámetro
contaminante, por unidad de volumen del líquido que lo contiene. Para los efectos
del presente capítulo, la concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l).
Consecuencia nociva. Es el resultado de incorporar al recurso hídrico uno o
varios elementos, sustancias o parámetros contaminantes, cuya concentración y
caudal sean potencialmente capaces de degradar el recurso o que alteren las
condiciones de calidad del mismo.
Cuerpo de Agua. Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento.
Límites permisibles de vertimiento. Es el contenido permitido de una sustancia,
elemento o parámetro contaminante, en forma individual, mezclado o en
combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los permisos de
vertimiento y/o en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV.
Objetivos de calidad. Es el conjunto de variables, parámetros o elementos con
su valor numérico, que se utiliza para definir la idoneidad del recurso hídrico para
un determinado uso.
Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del
recurso hídrico. Son todas aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo
y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores,
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hasta
un 10% del recaudo de la tasa retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación de
estudios y diseños asociados a estas obras.
Punto de captación. Es el sitio o lugar donde el usuario toma el recurso hídrico
para cualquier uso.
Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, de manera
directa o indirecta al cuerpo de agua.
Recurso Hídrico. Para los efectos de este decreto, se entiende como recurso
hídrico todas las aguas superficiales continentales y aguas marinas costeras.
Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por unidad de carga
contaminante vertida al recurso hídrico.
Usuario. Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que
realiza vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico.
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Vertimiento al recurso hídrico. Es cualquier descarga final al recurso hídrico de
un elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un
líquido residual de cualquier origen.
Vertimiento puntual directo al recurso hídrico. Es aquel vertimiento realizado
en un punto fijo y directamente al recurso hídrico.
Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico. Es aquel vertimiento que se
realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier
medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial” .
“Artículo 2.2.9.7.2.5. Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella
que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización
directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales
directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades
antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios,
sean o no lucrativas.
La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por
la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa
retributiva se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los límites
permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar.
El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del
respectivo vertimiento.”
Pues bien, las normas en cita no precisan en parte alguna el lugar en el cual debe
efectuarse la toma de las muestras para la consiguiente caracterización y cálculo de
la tasa retributiva por vertimientos. En efecto, de los conceptos arrojados en el artículo
2.2.9.7.2.1., se alude a lo que debe entenderse por vertimiento al recurso hídrico y
también por vertimiento puntual directo e indirecto, que son las acepciones más
cercanas al cargo que se enrostra. No obstante, de la lectura de dichas disposiciones
no es posible colegir la trasgresión que se alega, pues no indican si la caracterización
debe llevarse a cabo antes del vertimiento puntual o después de este.
Lo propio acontece con la atribución de invalidez del acto acusado en relación con el
artículo 2.2.9.7.2.5., como quiera que en estas disposiciones se hace referencia a la
noción de la tasa retributiva por vertimientos y su cobro, de tal suerte que no se
encuentra la trasgresión indicada por Metroagua, por lo que no queda más que negar
por esta razón su inconformidad.
Agrégase a lo dicho que el sistema que refiere la accionante y que explicó debidamente
el Tribunal, consiste en la conexión por tuberías a través de las cuales se disponen los
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vertimientos domésticos de la ciudad de Santa Marta hasta llegar a la Estación de
Bombeo Norte, punto en el cual se ubican las rejillas que separan los sólidos, y el fluido
restante se conduce a través del emisario submarino hacia el mar con una distancia y
profundidad determinada con la cual se garantice que no contamina las playas y
sectores adyacentes. A su vez, se denota de lo dicho que sobre los vertimientos que
llegan a la citada estación de bombeo e incluso después de su paso por las rejillas no
está acreditado que exista tratamiento alguno, razón por la cual era perfectamente
lógico tomar las muestras en ese punto y antes de su descarga al mar.
8.6. Forma de liquidación de la factura
La Sala dilucidará si son nulos por violación al debido proceso, los actos que
reliquidaron la tasa retributiva de vertimientos, si no se explicó la forma como se liquidó
dicho tributo en la factura y tampoco obran anexos explicativos.
Del planteamiento del anotado problema, surge la necesidad de definir si es cierto el
fundamento de la tesis de la memorialista, de modo que habrá que determinarse si es
cierto que no se explicó la forma en que se liquidó la tasa en la factura.
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Al respecto, lo que se advierte es que de acuerdo con lo previsto en el artículo
2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de 2015 y el 617 del Estatuto Tributario, es claro que el
acto sí precisa la descripción específica o genérica, pues aparece en el encabezado
“Tasa retributiva contaminación hídrica”, del cual el obligado a pagar es Metroagua
como usuario que realiza vertimientos puntuales directa e indirectamente al recurso
hídrico; y, además, se detallaban los valores vertidos mes a mes por la demandante,
por carga de demanda bioquímica de oxígeno -DBO y de sólidos suspendidos totales
– SST.
Desatado lo anterior, tendrá que definirse si es cierto que no existió anexo explicativo
que determinara la manera como se liquida la tasa. Para ello resulta imperioso acudir
a los antecedentes administrativos que reposan en el plenario, de los cuales, como lo
encontró el a quo, obran diversos medios de prueba en los cuales se advierte que el
extremo accionado si explicitó las fórmulas, operaciones y datos necesarios para la
liquidación del tributo e igualmente se observa que en a folios 898 a 906 del Cuaderno
número 2, reposan los certificados de análisis fisicóqúímico Nos. LF10615, LF10616,
LF11174, LM13383, LF10443, LF10699 y LM13175, actas de visita y análisis
correspondientes a la muestra del caudal tomada durante la visitas técnicas realizadas
en las calendas del 9 y 23 de octubre del año 2015, documentos a partir de los cuales
se constata que la persona encargada por parte de Laboratorios Nancy FIórez García
S.A.S., al momento de hacer la medición, especificó con base en qué método lo hacía,
los datos necesarios para su aplicación y los instrumentos utilizados para este fin
(Formatos de toma y recepción de muestras, análisis y toma de campo, aforo de
causales con coeficiente de Manning).
El siguiente, es uno de los mencionados certificados:
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8.7. Costas en segunda instancia
En observancia de los artículos artículos 188 del CPACA18 y 365 del CGP19, en
especial su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por
18 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
19 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
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esta Corporación, advierte la Sala que esa clase de condenas atiende a un criterio
objetivo valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar temerario
o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es valorativo porque se
requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida
de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad que efectivamente realizada dentro del proceso.
En consecuencia, se considera que hay lugar a imponer una condena en costas a la
parte actora, por concepto de agencias en derecho en cuanto a la actuación surtida en
segunda instancia, pues se comprueba que la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena intervino en el proceso por conducto de apoderado debidamente
constituido; por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo nro. 1887 de 2003, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a su favor por este concepto
y a cargo de Metroagua S.A. ESP., la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente. En lo demás no se condenará, pues no está acreditada gasto o
expensa adicional alguna.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a Metroagua S.A. ESP., a pagar por concepto de agencias
en derecho en segunda instancia, en favor de la Corporación Autónoma Regional del
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
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Magdalena, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 5
de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaro voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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