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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00410-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00410-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 27 de mayo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Aceptar la renuncia presentada por el abogado John Edison Valdés Prada, identificado con cédula de ciudadanía 80.901.973 y tarjeta profesional 238.220 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la UGPP, en los términos del memorial que obra en Samai en el índice 10. Cuarto: Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y tarjeta profesional 291.382, como apoderado de la UGPP, de conformidad con el poder que obra en el índice 12 de Samai. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2017-00410-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00410-01 (3507-2021)
Demandante: Marisol Escobar Urina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
departamento del Magdalena y municipio de Ciénaga.

Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: compañera permanente. Subtema 2:
el causante fue concejal. Subtema 3: no acreditó cotizaciones en el año anterior al
momento de la muerte. Subtema 4: principio de la condición más beneficiosa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 27 de mayo de 2020, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos dictados por la UGPP,
que le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en la calidad de
compañera permanente del causante. Como sustento de la demanda, afirmó que el
causante prestó sus servicios en la Contraloría General de la República y
posteriormente fue concejal, por ello, sí cumplió con los requisitos del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, es decir, que el afiliado cotizó 26 semanas en el año previo a su
muerte. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda porque el fallecido no tenía
semanas cotizadas en los tres años antes del deceso y toda vez que del ejercicio como
concejal no existieron aportes a pensión. La parte actora interpuso recurso de
apelación para indicar que el a quo debía pronunciarse sobre el principio de la
condición más beneficiosa, para conceder el derecho acorde con el Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Radicación: 47001-23-33-000-2017-00410-01 (3507-2021)
Demandante: Marisol Escobar Urina
Demandado: UGPP y otros

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Marisol Escobar Urina, mediante apoderado, presentó demanda el 9
de agosto de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), y el municipio
de Ciénaga (Magdalena) con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución RDP-
000114 del 3 de enero de 2014, dictada por la UGPP que le negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, en la calidad de compañera permanente del señor
Francisco Javier Molinares Felipe.

3. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 003420 del 3 de febrero de 2014 y
RDP 004117 del 6 de febrero de 2014, proferidas por la UGPP, que decidieron los
recursos de reposición y apelación contra la Resolución RDP-000114 del 3 de enero
de 2014 y la confirmaron.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la UGPP a
reconocer la pensión de sobrevivientes desde el 1° de febrero de 2000; pagar las
mesadas retroactivas causadas; el reconocimiento de intereses moratorios y la
indexación de las sumas adeudadas1.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El señor Francisco Javier Molinares Felipe nació el 8 de septiembre de 1958 y
falleció el 31 de enero de 2000. Prestó sus servicios en la Contraloría General de la
República desde el 23 de junio de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1993 y realizó
aportes a la Caja Nacional de Previsión Social. Posteriormente, fue elegido como
concejal del municipio de Ciénaga (Magdalena) del 1° de enero de 1998 al 31 de
diciembre de 1999, sin embargo, en este tiempo no realizó aportes a pensión.

7. La señora Marisol Escobar Urina solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, como compañera permanente que tuvo dos hijos con el causante, y
por haber convivido juntos durante 15 años, hasta su deceso.

1 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 4 a 8, y 48 a 52.
2

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Demandante: Marisol Escobar Urina
Demandado: UGPP y otros

8. La UGPP negó el reconocimiento pensional, mediante la Resolución RDP
000114 del 3 de enero de 2014, dado que el señor Francisco Javier Molinares Felipe
no tenía todas las semanas de cotización. Esta decisión fue confirmada por la
Resolución RDP 003420 del 3 de febrero de 2014 y la Resolución RDP 004117 del 6
de febrero de la misma anualidad, que decidieron los recursos de reposición y
apelación.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

9. La demandante citó las siguientes normas vulneradas: la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, y los artículos 85, 134, 136 a 139 y 206 del Código
Contencioso Administrativo (sic).

10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que para la
UGPP el señor Francisco Javier Molinares Felipe solo cotizó 528 semanas hasta el 30
de septiembre de 1993 y que no realizó aportes correspondientes a 26 semanas de
cotización en los tres años anteriores al fallecimiento, como lo exige el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993. Frente a lo cual, la actora señaló que la UGPP no tuvo en cuenta
que el señor Francisco Javier Molinares Felipe fue concejal durante los años 1998 y
1999.

11. Por consiguiente, sí acreditó el requisito de 26 semanas de cotización previsto
por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que el causante falleció el 31 de enero
de 2000. Adicionalmente, la señora Marisol Escobar Urina demostró haber convivido
con el causante durante más de dos años anteriores al fallecimiento. En consecuencia,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. UGPP

12. La Unidad se opuso a las pretensiones de la demanda. En este sentido señaló
que la norma aplicable es la vigente al momento del fallecimiento del causante, por
tanto, debe acudirse al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, cuya versión original exigía
que, para tener derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en los
eventos donde se dejó de cotizar al sistema, que el causante «hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior
al momento en que se produzca la muerte».

13. Sin embargo, el causante solamente realizó aportes a pensión del 23 de junio
de 1983 al 30 de septiembre de 1993, lo que equivale a 528 semanas. Por lo tanto,
dado que murió el 31 de enero de 2000, no cumple el requisito de 26 semanas de
cotizaciones en el año anterior al fallecimiento. Por otro lado, señaló que no se acreditó

3

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el tiempo laborado en el municipio de Ciénaga ni las cotizaciones. Entonces, señaló
que es improcedente acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

14. En todo caso, indicó que si el causante fue concejal del municipio de Ciénaga
la entidad territorial debe responder por el pago de la pensión, en caso de que no lo
hubiera afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Por tanto, solicitó la
vinculación del Concejo de Ciénaga y del departamento del Magdalena – Fondo
Regional de Pensiones.

15. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe y prescripción2.

2.2.2. Concejo Municipal de Ciénaga

16. El Concejo Municipal afirmó que el señor Francisco Javier Molinares Felipe sí
fue electo como concejal, pero él tenía la responsabilidad del pago de aportes a
pensión en la calidad de independiente, en tanto, el Concejo no estaba obligado a
hacer cotizaciones a favor de los concejales.

17. Así, explicó que el artículo 66 de la Ley 136 de 1994 señalaba que «el pago de
honorarios a los concejales se causará durante los períodos de sesiones ordinarias y
extraordinarias que celebren estas corporaciones, y no tendrán efecto legal alguno con
carácter de remuneración laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones
sociales». Por lo tanto, este precepto preveía que los concejales no tenían una relación
laboral y que «tendrían un tratamiento similar a las personas vinculadas en virtud de
un contrato de prestación de servicios profesionales»3.

2.2.3. Departamento del Magdalena

18. El departamento del Magdalena sostuvo que no es cierto que ante la ausencia
de aportes a pensión, la cuota parte pensional debiera asumirla el Fondo Regional de
Pensiones del Magdalena, toda vez que, ese fondo no existe, y mediante el Decreto
558 del 30 de junio de 1995, el gobernador del Magdalena declaró la insolvencia de la
Caja Departamental de Previsión Social del Magdalena y ordenó la liquidación, a más
tardar el 2 de enero de 1996, en lo relacionado con las funciones sobre la
administración de pensiones.

19. Igualmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
y pidió la desvinculación del proceso4.

2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 75 a 85.
3 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 208 a 213.
4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 193 a 199.
4

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2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 27 de mayo de
2020, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento del Magdalena, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.

21. Como fundamento de la decisión, expuso que el señor Francisco Javier Molinares
Felipe falleció el 31 de enero de 2000, y había prestado sus servicios en la Contraloría
General de la República del 23 de junio de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1993,
periodo en el que realizó aportes correspondientes a 528 semanas. Posteriormente,
ejerció como concejal del Municipio de Ciénaga del 1° de enero de 1998 hasta el 31
de diciembre de 1999, sin embargo, no realizó aportes a pensión.

22. Precisó que, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, los
honorarios percibidos por los concejales no dan lugar al reconocimiento de
prestaciones sociales, por ello, los concejales debían realizar las cotizaciones como
independientes. Además, el concejal no tiene la calidad de empleado público. Por
consiguiente, resaltó que el tiempo de servicio como concejal no puede ser tenido en
cuenta para efectos pensionales. Por lo tanto, el Tribunal afirmó que «es evidente que
al tratarse de honorarios que perciben los concejales, estos deben realizar los
respectivos aportes al sistema de seguridad social de manera independiente, debido
a que estos no dan lugar a prestaciones sociales y ningún fondo de previsión asume
dichas obligaciones».

23. En este orden de ideas, el Tribunal consideró que el causante no cumplió con los
requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
12 de la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
consistentes en que tuviera 50 semanas de cotización en los tres años previos a su
fallecimiento.

24. Por otra parte, sostuvo que no es posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, en virtud de la condición más beneficiosa,
porque no estaba vigente para «el momento de la ocurrencia de los hechos que se
estudian en este proceso». De modo que, para el Tribunal, la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, dado que el causante falleció el 31 de enero de 2000. En último
lugar, adujo que la demandante puede solicitar la indemnización sustitutiva prevista en
el artículo 49 de la Ley 100 de 1993.

25. Determinó que no hay lugar a la imposición de condena en costas porque no se
incurrió en una conducta engañosa y los argumentos se sustentaron en criterios
jurídicos razonables5.

5 Samai, índice 30, proceso el Tribunal 47001233300020170041000.

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2.4. Recurso de apelación

26. La accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, así:

27. La recurrente insistió en que se debe aplicar el principio de la condición más
beneficiosa, dado que el fallo de primera instancia se limitó a indicar que el causante
no realizó aportes por el tiempo que fue concejal. En este sentido, el escrito del recurso
transcribió los artículos 20 y 25 a 27 del Decreto 758 de 1990, los artículos 36 y 47 de
la Ley 100 de 1993, y el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, que reglamentó la Ley
71 de 1988. Finalmente, citó la sentencia SU-005 de 2018 de la Corte Constitucional,
relativa al citado principio.

28. En consecuencia, señaló que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, por cuanto demostró que convivió por más de dos años con el
causante, puesto que compartieron techo, lecho y mesa durante 15 años6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 31 de marzo de 20227, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y se prescindió del periodo de correr
traslado a las partes8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

32. ¿La accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,

6 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 326 a 335.
7 Samai, índice 4.
8 El Ministerio Público no rindió concepto y las partes no presentaron alegatos de conclusión.

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con fundamento en los requisitos de la versión original del artículo 46 de la Ley 100 de
1993, que le exigían al causante acreditar 26 semanas de cotización en el año anterior
al fallecimiento? En caso negativo, se analizará si es procedente reconocer la pensión
de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición
más beneficiosa.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Pensión de sobrevivientes

33. El texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 regulaba el derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los miembros del grupo familiar
del pensionado o del afiliado que falleciera, y en el evento en que este hubiera dejado
de cotizar al sistema, y exigía que debía haber realizado aportes equivalentes a 26
semanas en el año inmediatamente anterior al momento de la muerte. Decía la norma:

ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común,
que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.

34. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional y de la
pensión de sobrevivientes «es la protección de la familia, entendida como el conjunto
de personas allegadas al trabajador que dependían económicamente de él y que
quedan desamparadas a causa de su fallecimiento»9. En consonancia, la Corte
Constitucional ha precisado que su objeto es salvaguardar o mantener el nivel de vida
que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado10.

35. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201311, precisó que «el derecho a la pensión
de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto,
la Sección estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-23-

31-000-2010-00983-01(3178-15).
10 Sentencia T-085 de 2021.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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201012 y noviembre 1º de 201213, en las que, en materia de sustitución pensional se
aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio
de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».

3.3.2. Principio de la condición más beneficiosa

36. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en materia de
pensión de sobrevivientes, ha determinado la posibilidad de aplicar la condición más
beneficiosa como un mecanismo para proteger las expectativas legítimas de quienes
acreditaran el requisito de semanas mínimo de la norma previamente derogada. En
todo caso, no se ha desconocido el criterio según el cual el derecho a la pensión de
sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del causante, puesto que fue
durante su vigencia que se produjo el deceso. Así se expuso14:

[…] esta Sala concluye que es procedente la aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, de conformidad con la condición más beneficiosa
y la aplicación del principio de favorabilidad que permite el estudio de la disposición
inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, siempre que el afiliado
hubiera aportado la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho
pensional. Ahora bien, determinada la normatividad aplicable a la pensión de
sobrevivientes se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en ésta para su
reconocimiento.

37. A su turno, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-174 de 2025, determinó el
alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de
sobrevivientes, específicamente en lo que tiene que ver con la aplicación del Acuerdo
049 de 1990. Sobre el particular, la Corte señaló en primer lugar que:

La Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral han definido el principio de la
condición más beneficiosa como aquel que habilita que el reconocimiento de una

12 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que

se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
13 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se

reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, proceso con radicado

66001233300020200013601 (2451-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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prestación pensional se examine conforme a un régimen pensional derogado, anterior
al vigente al momento de la causación del derecho15, que resulta más favorable para
el afiliado o beneficiario. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y ordinaria
laboral, la aplicación de este principio está condicionada al cumplimiento de dos
requisitos. Primero, en vigencia del régimen anterior, el afiliado o beneficiario debe
haber forjado una expectativa legítima -no una mera expectativa-, por haber cumplido
alguno de los requisitos de causación de la prestación pensional (vgr. semanas de
cotización). Segundo, debe constatarse que el legislador llevó a cabo una modificación
de los requisitos para acceder a la prestación pensional que hizo más gravoso su
reconocimiento y, sin embargo, no previó un régimen de transición para amparar las
expectativas legítimas que, en vigencia del régimen anterior, los afiliados o
beneficiarios forjaron16. En síntesis, “el principio de la condición más beneficiosa
protege las expectativas legítimas ante cambios normativos abruptos que impongan
requisitos adicionales que impidan o dificulten en extremo la consolidación de un
derecho, frente al cual una persona pudiera tener confianza en su consolidación”17.

38. A continuación, la Corte precisó que, en la sentencia SU-005 de 2018, se fijó el
criterio según el cual, el principio de la condición más beneficiosa permite la aplicación
plusultractiva del Acuerdo 049 de 1990, en cuanto a las semanas de cotización
necesarias para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, si se
cumplen tres requisitos:

• El causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, no
cumplió con el número de semanas de cotización que esta ley exige para que
sea procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a sus
beneficiarios.
• El beneficiario acredita que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, el causante
reunía la densidad de semanas de cotización que el artículo 6, literal b, exigía
para el reconocimiento de la prestación. Esto es, haber cotizado 300 semanas
en cualquier tiempo.
• El beneficiario acredita que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, lo
que ocurre si satisface las condiciones del test de procedencia.

39. Nótese que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-005 de 2018, consideró
que solo respecto de las personas en situación de vulnerabilidad resulta proporcionado
interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar
ultractivamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, en lo concerniente al
requisito de semanas de cotización, para efectos de establecer la procedencia de esa
prestación económica, aun cuando el fallecimiento del afiliado haya ocurrido bajo la
vigencia de la Ley 797 de 2003.

40. Para la citada providencia, en efecto, aunque tales personas no consolidaron el

15 Corte Constitucional, sentencias SU-442 de 2016, SU-005 de 2018, SU-556 de 2019, SU-038 de 2023 y SU-072

de 2024, entre muchas otras.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-038 de 2023.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-005 de 2018.

9

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Demandante: Marisol Escobar Urina
Demandado: UGPP y otros

derecho a la pensión de sobrevivientes durante la vigencia del Acuerdo 049 de 1990,
los aportes efectuados por el afiliado bajo esa normativa generaron una expectativa
legítima que, en atención a las circunstancias particulares del beneficiario, esto es, a
su situación de vulnerabilidad, amerita protección constitucional.

41. Finalmente, la Corte aclaró que, «a partir de la fecha de esta sentencia [SU-174
de 2025], el examen de la situación de vulnerabilidad de los solicitantes debe ser
llevado a cabo conforme al principio de libertad probatoria y de acuerdo con los criterios
que sobre el particular desarrolle la jurisprudencia constitucional. Estos criterios
pueden incluir, entre otros, (i) la pertenencia del solicitante-beneficiario a un grupo de
especial protección constitucional, (ii) la calificación en el SISBEN, (iii) el tipo de
afiliación al sistema de salud -subsidiado o contributivo-; (iv) la existencia de una fuente
autónoma de renta o ingresos económicos, (v) el monto y grado de estabilidad de la
fuente de renta, (vi) los gastos y necesidades básicas del solicitante, (vii) la titularidad
de bienes muebles o inmuebles y (viii) la situación o capacidad económica del núcleo
familiar o la red de apoyo».

3.4. Hechos probados relevantes

42. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

43. El señor Francisco Javier Molinares Felipe falleció el 31 de enero de 2000, de
conformidad con el registro civil de defunción con serial 036654018.

44. Está acreditado que el causante prestó sus servicios a la Contraloría General de
la República desde el 23 de junio de 1983 hasta el 30 de septiembre de 1993, entidad
que certificó, mediante el formato 1 de información laboral del 4 de diciembre de 2013,
que durante dicho lapso efectuó aportes a Cajanal19.

45. También se encuentra demostrado que el señor Francisco Javier Molinares Felipe
fue elegido como concejal del municipio de Ciénaga (Magdalena). En efecto, obra
certificación expedida el 17 de diciembre de 2015 por el secretario general del Concejo
Municipal de Ciénaga, en la que se informa que el referido señor fue electo y ejerció
dicho cargo durante los años 1998 y 199920.

46. En el mismo sentido, reposa el acta del Consejo Nacional Electoral, en la cual se
declaró que el señor Francisco Javier Molinares Felipe fue elegido concejal para el

18 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 11.
19 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 14.
20 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 12.
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período comprendido entre el 1.º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 200021.

47.Igualmente, obran en el expediente las certificaciones relacionadas con el salario
base y los factores salariales del señor Francisco Javier Molinares Felipe, en la
Contraloría General de la República22.

48. Se encuentra acreditado que, mediante la Resolución RDP 000114 del 3 de enero
de 2014, la UGPP negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
presentada por la señora Marisol Escobar Urina el 11 de octubre de 2013, con ocasión
del fallecimiento del señor Francisco Javier Molinares Felipe, al considerar que el
causante no reunía el número de semanas exigidas en los tres años anteriores a su
muerte. En dicho acto administrativo la entidad indicó que solo acreditó 528 semanas
de cotización, equivalentes a 3698 días, razón por la cual concluyó que no había lugar
al reconocimiento de la prestación solicitada23.

49. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, resuelto a través de
la Resolución RDP 003420 del 3 de febrero de 2014, por medio de la cual la UGPP
confirmó en todas sus partes la Resolución RDP 000114 de 2014. Para tal efecto, la
entidad sostuvo que el Acuerdo 049 de 1990 no resultaba aplicable al caso, por cuanto
dicho régimen estaba previsto para trabajadores particulares, funcionarios de
seguridad social del Instituto de Seguros Sociales o pensionados por jubilación en los
eventos allí contemplados, calidades que no ostentaba el causante. Además, precisó
que el Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, fue concebido para
tiempos cotizados exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales, no acumulables
con aportes efectuados a otras cajas o fondos pensionales24.

50.En la Resolución RDP 004117 del 6 de febrero de 2014, la UGPP confirmó la
Resolución RDP 000114 del 3 de enero de 2014, al resolver el recurso de apelación25.

51. El pagador del Concejo de Ciénaga informó en el oficio 074-2019 del 9 de
diciembre de 2019 al Tribunal Administrativo del Magdalena que «durante el tiempo
que fungió como concejal de esta corporación el señor Francisco Javier Molinares
Felipe no se le realizó ningún tipo de descuentos de sus honorarios por concepto de
aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones»26.

21 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 13.
22 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 15 a 18.
23 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 21 a 23.
24 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 24 a 28.
25 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, págs. 29 a 32.
26 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 212.
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3.5. Caso concreto

52. En el asunto bajo análisis, la accionante en la calidad de compañera
permanente del señor Francisco Javier Molinares Felipe solicita la nulidad de los actos
administrativos expedidos por la UGPP que le negaron el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes. Para la entidad, el causante no cumplió con el requisito de semanas
de cotización en el año previo a la muerte (art. 46 original de la Ley 100 de 1993), ni
era beneficiario del reglamento del Instituto de Seguros Sociales contenido en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

53. El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda
al considerar que el causante no tenía 50 semanas cotizadas en los tres años
anteriores al deceso, para lo cual aplicó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003. Estimó que cuando el señor Francisco Javier
Molinares Felipe fue concejal no tenía la calidad de empleado público y que como la
remuneración era por honorarios, debió realizar las cotizaciones como independiente,
según el artículo 66 de la Ley 136 de 1994. Además, estimó improcedente aplicar el
Acuerdo 049 de 1990 del ISS.

54. La parte actora interpuso recurso de apelación al señalar que el Tribunal no
había estudiado el principio de la condición más beneficiosa para conceder la pensión
a la luz del referido Acuerdo 049 de 1990 y que sí demostró la convivencia con el
causante.

55. Con el objeto de resolver el recurso, se destaca que la actora transcribe los
artículos 20 y 25 a 27 del Decreto 758 de 1990, los artículos 36 y 47 de la Ley 100 de
1993, el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, que reglamentó la Ley 71 de 1988, y
cita la sentencia SU-005 de 2018 de la Corte Constitucional. Sin embargo, como
argumento de la apelación solamente se puede entender que solicita la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, de conformidad con el
fallo de la Corte Constitucional.

56. Aclarado lo anterior, en el proceso se encuentra probado que el señor Francisco
Javier Molinares Felipe falleció el 31 de enero de 200027; que prestó sus servicios en
la Contraloría General de la República del 23 de junio de 1983 hasta el 30 de
septiembre de 1993 y realizó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social 28; y fue

27 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 11.
28 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 14.
12

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electo y ejerció como concejal del municipio de Ciénaga en los años 1998-1999, pero
no existen aportes a pensión por estos años29.

57. Ahora bien, se debe precisar que en atención a la fecha de fallecimiento del
señor Francisco Javier Molinares Felipe, el 31 de enero de 2000, la norma que
gobierna el derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente para la fecha de la
contingencia, es decir, la data de la muerte del pensionado o afiliado. Para el caso bajo
estudio entonces impera remitirse a la versión original del artículo 46 de la Ley 100 de
1993 (antes de que fuera modificada por la Ley 797 de 2003), que señalaba:

ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por
lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la
presente Ley.

58. Esto acorde con lo previsto en la sentencia de la Sección Segunda del 25 de
abril de 201330, y reiterado en el fallo del 11 de agosto de 202231 al indicar que «se
aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia
de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».

59. Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 indica que «los requisitos y
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán
los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones».

60. En este orden de ideas, la norma aplicable para definir el derecho a la pensión
de sobrevivientes de la señora Marisol Escobar Urina es el literal b) del numeral 2 del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Este precepto regulaba la situación del trabajador
que había dejado de cotizar al sistema, condicionado a que «hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca la muerte».

29 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ACTUACIONE_47001233300020170041(.ZIP) NroActua 2, doc. 1. C01

R470012333003201700410-00, pág. 12.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-

000-2014-00444-01 (1655-2017).
13

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61. En el caso bajo análisis, el señor Francisco Javier Molinares Felipe murió el 31
de enero de 2000, por tanto, debía tener 26 semanas cotizadas en el periodo del 31
de enero de 1999 al 31 de enero de 2000. Sin embargo, según lo probado en el
proceso sus cotizaciones finalizaron el 30 de septiembre de 1993, las cuales se
realizaron en virtud de la vinculación en la Contraloría General de la República. De
suerte que no cumple con los requisitos previstos en el referido artículo 46 en la versión
original de la Ley 100 de 1993.

62. Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora no insiste en torno a que
el tiempo en que el causante ejerció como concejal sea tenido en cuenta para efectos
pensionales, lo cual fue definido por el Tribunal cuando citó el artículo 66 de la Ley 136
de 1994, que señalaba:

ARTÍCULO 66. CAUSACIÓN DE HONORARIOS. El pago de honorarios a los
concejales se causará durante los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias
que celebren estas corporaciones, y no tendrán efecto legal alguno con carácter de
remuneración laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones sociales.

63. En todo caso, la Sala debe decir que, según la jurisprudencia de esta
corporación, la Ley 136 de 1994 determinó solamente el derecho al pago de
honorarios, los cuales no correspondían a una remuneración laboral, y que los
concejales no tienen la calidad de empleados públicos, de modo que el tiempo no se
puede sumar para pensión, salvo que realizaran cotizaciones como independientes,
así:

De otra parte, pretende el demandante que se tenga en cuenta el periodo ejercido como
Concejal del Municipio de Pasto. Al respecto cabe resaltar que de conformidad con lo
establecido en el artículo 312 de la Constitución Política de 1991, los miembros de los
Concejos Municipales no tienen la calidad de empleados públicos y los honorarios
percibidos por su asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas en
la Corporación respectiva, no tienen carácter de remuneración laboral, ni generan
reconocimiento alguno de prestaciones sociales.

Si bien los Concejales cumplen una función pública, ello no implica una relación o
vínculo laboral con el Estado, de manera que el régimen que los gobierna es especial
y por lo mismo, no tienen derecho a que se les reconozca ninguna prerrogativa prevista
por la Ley para los empleados públicos32.

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el tiempo durante el cual una persona
se desempeña como Concejal no es computable para efecto de la pensión de
jubilación, salvo que durante dicho periodo haya realizado aportes al Sistema General
de Pensiones como trabajador independiente y en efecto así lo demuestre, situación
que en este caso no se encuentra probada, razón por la cual se desestiman los tiempos
que alega el actor bajo tal investidura33.

32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto el 24 de enero de 1994.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 52001-23-31-000-2003-01309-01

(1371-06), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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64. Este criterio fue reiterado por la Sección Segunda, Subsección B, en la
sentencia del 23 de febrero de 2017, donde consideró que el tiempo en que el actor
ejerció como concejal en los años 1986 y 1987 no podía ser tenido en cuenta para
efectos de adquirir su derecho pensional, puesto que los concejales no realizaban
cotizaciones, en atención a la naturaleza de las funciones que desempeñaban en el
cargo34.

65. Por consiguiente, los años 1998 y 1999 durante los cuales el señor Francisco
Javier Molinares Felipe fue concejal del municipio de Ciénaga no pueden ser tenidos
en cuenta para acreditar el requisito de 26 semanas de cotización en el año anterior a
su fallecimiento, dado que no tenía la calidad de empleado público ni está probado que
haya realizado aportes a pensión como independiente.

66. En lo que concierne a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, se destaca que
no estaba vigente para la fecha de fallecimiento del causante, lo que imposibilita su
aplicación.

67. Ahora bien, frente al principio de la condición más beneficiosa, es importante
abordar las reglas sobre la aplicación de las leyes en el tiempo, que se concretan de
la siguiente manera35:

La retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se
consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia[18]. La irretroactividad de la
legislación implica, entonces, la imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas
consolidadas antes de la entrada en vigencia de una disposición nueva[19]. El alcance
de esta proscripción –que, como se vio, cuenta con fundamento constitucional– se
plasma en que la nueva disposición no tiene vocación para afectar hechos o
consecuencias jurídicas que se han formado válidamente al amparo de una ley anterior,
como garantía de seguridad jurídica. En consecuencia, la excepcional aplicación
retroactiva de una norma sólo puede tener lugar por expresa disposición del legislador
–en tanto productor de la norma–, jamás al arbitrio del juez.

La ultractividad[20] consiste en la aplicación de una norma que ha sido expresa o
tácitamente derogada a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar durante su
vigencia, por el efecto general e inmediato de las leyes, en la actualidad sus efectos se
encuentran cobijados por una nueva disposición jurídica. De este modo, aunque la
nueva ley es de aplicación inmediata, en virtud del fenómeno de la ultractividad se
admite la pervivencia de la normatividad anterior con el objetivo de preservar las
pretéritas condiciones de adquisición y extinción de una determinada relación jurídica,
en beneficio de los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de quienes se
rigieron por la norma derogada[21].

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2017, proceso con radicado

15001-23-33-000-2013-00264-01 (4407-14).
35 Corte Constitucional, sentencia SU 309 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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El fenómeno de la retrospectividad, por su parte, es consecuencia normal del efecto
general e inmediato de la ley, y se presenta cuando las normas se aplican a situaciones
que si bien surgieron con anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos
no se han consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “el efecto en el tiempo de las normas
jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia el futuro, ‘pero con
retrospectividad, […] siempre que la misma norma no disponga otro efecto temporal…’.
De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica debe cumplirse de inmediato,
hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el
pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento de
entrada en vigencia de la norma’”[22].

68. Dichas reglas de aplicación de las normas en el tiempo son relevantes para
comprender el principio de la condición más beneficiosa, el cual se materializa cuando
en el contexto de un tránsito legislativo se deroga una norma, que contenía una
regulación en materia de seguridad social más beneficiosa y bajo su vigencia, el
trabajador tenía una expectativa de adquirir un derecho, que se ve truncado con la
expedición de la nueva regulación.

69. Nótese que la Corte Constitucional en la sentencia T 190 de 201536 señaló como
requisitos para la aplicación de la condición más beneficiosa los siguientes: i) la
existencia de un tránsito normativo; ii) que la normativa anterior hubiese sido aplicable
al afiliado al momento de su vinculación al sistema pensional; y iii) que, conforme a
esa regulación previa, se cumplieran algunos presupuestos para la consolidación del
derecho.

70. Debe agregarse que la Corte Constitucional en la sentencia SU 005 de 2018
consideró que se requiere tener una expectativa legítima frente a la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, y que el beneficiario se encuentre en una situación de
vulnerabilidad. Asimismo, la sentencia SU 174 de 2025 desarrolló el alcance del
referido principio de la condición más beneficiosa, tal como se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial.

71. Visto lo anterior, la Subsección determina que es improcedente la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte», para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, toda vez que el señor Francisco Javier Molinares Felipe no estuvo
afiliado al Instituto de Seguros Sociales durante su vida laboral, de modo que no fue
beneficiario del Acuerdo 049 de 1990. En efecto, antes de la Ley 100 de 1993, el
causante hizo aportes a la Caja Nacional de Previsión Social, de modo que estaba
regido por las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989. En el mismo

36 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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sentido, esta corporación ha considerado que para la aplicación del referido acuerdo
del ISS, se parte del supuesto de la afiliación y cotización efectiva al ISS37.

72. Así pues, en respuesta al problema jurídico, la Subsección concluye que la
señora Marisol Escobar Urina no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, toda vez que el causante no estuvo afiliado al ISS, por ello, durante la
vigencia del Acuerdo 049 de 1990 no consolidó ninguna expectativa frente a la pensión
de sobrevivientes para sus beneficiarios.

73. En este orden de ideas, se desestiman los argumentos del recurso de apelación y
se confirma el fallo que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

4. Costas

74. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario38 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

75. La señora Marisol Escobar Urina no tiene derecho a la pensión de
sobrevivientes, en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (precepto original
antes de la modificación de la Ley 797 de 2003), norma en rigor para el año 2000
cuando falleció el causante, toda vez que no tenía 26 semanas de cotizaciones en el
año previo al fallecimiento. Tampoco procede acudir al principio de la condición más

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2018-00544-01 (2252-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
38 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 47001-23-33-000-2017-00410-01 (3507-2021)
Demandante: Marisol Escobar Urina
Demandado: UGPP y otros

beneficiosa para reconocer la pensión de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990,
porque el trabajador no estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
el 27 de mayo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Aceptar la renuncia presentada por el abogado John Edison Valdés Prada,
identificado con cédula de ciudadanía 80.901.973 y tarjeta profesional 238.220 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la UGPP, en los términos del
memorial que obra en Samai en el índice 10.

Cuarto: Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, identificado
con cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y tarjeta profesional 291.382, como
apoderado de la UGPP, de conformidad con el poder que obra en el índice 12 de
Samai.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Radicación: 47001-23-33-000-2017-00410-01 (3507-2021)
Demandante: Marisol Escobar Urina
Demandado: UGPP y otros

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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