Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2017-00439-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2017-00439-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 47001-23-33-000-2017-00439-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de abril de 2026
Radicado: 47001-23-33-000-2017-00439-02 (30037)
Demandante: BB Automotores y Partes de Colombia SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00439-02 (30037)
Demandante: BB Automotores y Partes de Colombia SAS
Demandada: DIAN
Temas: Aduanero. Competencia para expedir los actos demandados.
Motivación. Tratado de libre comercio con México.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 01 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que resolvió2:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda….
Segundo. Sin condena en costas…
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante Liquidación Oficial de Corrección 1821, del 15 de noviembre de 2016, la
demandada modificó la determinación del arancel a cargo de la actora por la declaración
de importación 19680030011839 del 28 de diciembre de 2013 e impuso sanción del 10%,
teniendo en cuenta que, previamente, se emitieron actos administrativos que
desconocieron el trato arancelario preferencial de la mercancía importada, por haberse
determinado que los bienes no calificaban como originarios de alguno de los países parte
del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Colombia y México. Esta decisión fue
confirmada mediante la Resolución 1869, del 21 de marzo de 2017.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones3:
Primera. Que se declare … la nulidad de la Resolución 1821 del 15 de noviembre de 2016, proferida
por la jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
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pp. 04 a 09.
2
Samai tribunal, índice 56, certificado 64C1D414CE2EBBA2 1E36FB8DD21CFA8A C09DF210F13FAD71 C9A0878DB3DEA74C
(pdf) pp. 28 y 29.
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Samai tribunal, índice 01, certificado 112C234B28A836BC 42E4FAA8107D2903 69FEDB99CA847D10 534876EBE48CC5B9 (zip)
p. 06.
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Radicado: 47001-23-33-000-2017-00439-02 (30037)
Demandante: BB Automotores y Partes de Colombia SAS
Bogotá, dentro del expediente identificado con el No. RA 2013 2016 2014.
Segunda. Que se declare la nulidad de la resolución 001869 del 21 de marzo de 2017, proferida
por la subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
DIAN, que confirmó la resolución anterior.
Tercera. Que, como consecuencia de la anterior nulidad, se ordene a la DIAN archivar el citado
expediente y la investigación administrativa.
Cuarta. Que, como parte del restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN … a reconocer
a la actora las sumas en que hubiere incurrido por concepto de honorarios, gastos judiciales y todas
las sumas necesarias para adelantar el presente proceso.
Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución;
39 del Decreto 4048 de 2008; 3, 588, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 y 609 del Decreto
390 de 2016; 7-03 y numerales 13, 14, 15 del artículo 7-07 del TLC suscrito entre
Colombia y México; 829 del ET (Estatuto Tributario); y 161 del Código General del
Proceso, bajo el siguiente concepto de violación4:
-Violación al debido proceso y silencio administrativo. Sostuvo que se violó el debido
proceso, ya que en la actuación administrativa procedía la aplicación del Decreto 390 de
2016 y no el Decreto 2685 de 1999, ya que el mismo solo podía invocarse para los
procesos que estuvieran en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva
norma, mientras que la actuación debatida inició en mayo de 2016.
Adujo que el artículo 587 del Decreto 390 de 2016 eliminó el periodo probatorio
independiente y solo se suspendía el plazo para decidir de fondo hasta por un mes «si la
cantidad de pruebas lo amerita, pero exige … la formalidad de un auto que así lo indique ». De acuerdo
con ello, en su caso, aunque se abrió el periodo probatorio, tal auto no tenía la vocación
de suspender el término de la decisión, así que el plazo de cuarenta y cinco días para
decidir de fondo inició el 17 de junio de 2016 y finalizó el 23 de agosto de 2016, con lo
cual, la Resolución 1821 del 15 de noviembre de 2016, demandada, fue extemporánea y
se configuró un silencio administrativo positivo que conduciría a la firmeza de la
autoliquidación (art. 609.2 del Dcto. 390 de 2016).
-Falta de competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá para expedir la
Liquidación Oficial de Corrección. Al respecto, manifestó que las declaraciones de
importación se presentaron ante la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta y
que, en virtud de ello, esta era la competente para proferir la liquidación oficial de
corrección e imponer la sanción y no la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, de
manera que el acto se encontraba viciado de nulidad por transgredir una norma de
competencia fijada en el artículo 39 del Decreto 4048 de 2008, superior jerárquica de la
reglamentación de resoluciones de la demandada que invoca en los actos -arts. 7 y 1 y 4
de las resoluciones 009 de 2008 y 007 de 2008-. Por estas mismas razones, se violó el
debido proceso que la Constitución encomienda cumplir en los procesos sancionadores,
pues la regla de competencia para sancionar prevalece sobre las demás. Finalizó
solicitando declarar la excepción de ilegalidad [sin especificar el alcance de esa petición
y sobre qué normas la reclamaba].
-Falta motivación de la resolución que impuso sanción. Sostuvo que, en la liquidación
oficial de corrección demandada, la Administración se limitó a transcribir normas sin
argumentar los motivos en los que se fundamentó la sanción, en lugar de controvertir la
defensa de la contestación al requerimiento especial. Al respecto, trajo a colación
4
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p. 10 a 25.
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jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la motivación de los actos administrativos.
-Violación del Tratado de Libre Comercio con México. Señaló que la Administración violó
dicho tratado debido a que no podía expedir liquidaciones oficiales de corrección sobre
declaraciones de importación anteriores a la fecha en la que se determinó que no había
origen, pues el mismo, en el artículo 7-07, lo prohibía expresamente. Indicó que, en el
caso en concreto, la decisión que determinó no calificar un bien importado como originario
únicamente surtía efectos desde que se comunicara al importador y al exportador; no
afectaba importaciones ocurridas antes de esa fecha. Por ello, la Administración incurrió
en error al liquidar oficialmente declaraciones de importaciones anteriores a la resolución
8092, del 25 de agosto de 2015. Esto, en la medida en que el TLC buscaba proteger a
los importadores de buena fe de los efectos de una verificación de origen que diera
resultados negativos.
-Violación del principio de buena fe. Adujo que el TLC no contemplaba la posibilidad de
imponer impuestos o sanciones al importador en el evento en que una investigación
posterior de la aduana de la parte importadora desvirtuara el origen del producto. En
virtud de ello, sostuvo que la Administración no tenía una causa jurídica para exigir a la
demandante que pagara tributos aduaneros y sanciones por importaciones que fueron
válidamente declaradas como originarias de México, pues el tratado solo imponía al
importador la obligación de corregir y pagar tributos siempre y cuando existiera duda
frente al certificado de origen, de modo que el instrumento internacional protegía la buena
fe del importador y no previó cargas fiscales.
-Violación al principio de buena fe y confianza legítima. Sostuvo que la demandante actuó
de buena fe debido a que presentó los certificados expedidos por el exportador y, con
base en ellos, aplicó los beneficios arancelarios a los que tenía derecho. Así mismo,
contaba con una resolución oficial expedida por la SAT de México, la cual confirmaba el
origen de los buses. Indicó que el pago de los tributos aduaneros y la sanción desconocía
la presunción constitucional de buena fe y el principio de confianza legítima. Mencionó
que la Administración violó el principio de pacta sunt servanda, debido a que desconoció
pronunciamientos reiterados del gobierno mexicano respecto del origen de los autobuses.
Reiteró que no hubo error en la declaración de importación, ya que para el momento en
que se declararon los buses, la preferencia arancelaria era válida y no había sido
cuestionada. Añadió que, incluso si se comprobaba que los autobuses no eran de tal
origen, la responsabilidad era del fabricante mexicano.
-Violación al derecho de defensa. Sostuvo que la Administración no vinculó a la
demandante en las investigaciones previas, pese a ser parte afectada en el proceso, por
lo cual no le fue posible probar el origen de la mercancía. Indicó también, que, si la
omisión era de la exportadora, no tenía justificación responsabilizar a la importadora
colombiana que no participó en la investigación previa y no tuvo oportunidad para probar
lo sostenido por la Administración. Señaló que los recursos que se le concedieron a la
demandante fueron intrascendentes, debido a que la demandada adujo que no había
lugar a reconocer el origen de los autobuses porque en la etapa investigativa no se le
probó el valor de los chasis, y adicionalmente, negó las pruebas solicitadas por la
demandante.
-Principio de favorabilidad. Adujo que, en virtud del principio de favorabilidad, debía
aplicarse la norma más favorable a la actora al momento de decidir, puesto que la
Administración aplicó el Decreto 2685 de 1999, pese a que durante la actuación
administrativa fue expedido el Decreto 390 de 2016.
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-La DIAN se negó a vincular a AYCO. Mencionó que, de acuerdo con el artículo 573 del
ET los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes. En ese sentido, la sociedad
AYCO era la encargada de expedir los certificados de origen, por lo cual debía ser
vinculada al procedimiento y figuraba como obligado aduanero. En consecuencia, la
Administración debió vincular a la exportadora como litisconsorte necesario, y al no
hacerlo, violó el artículo 29 constitucional.
Contestación de la demanda5
La demandada se opuso a las pretensiones6. Sostuvo que la Administración cumplió con
el debido proceso. Indicó que la demandante tuvo la oportunidad para ser escuchada en
el procedimiento administrativo con ocasión del estudio de verificación de origen.
Mencionó que adelantó de forma legal las etapas previas al procedimiento, por lo cual no
existió violación al debido proceso.
Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 01 de la Resolución 07 de 2008, la competencia
para adelantar los procesos administrativos, la imposición de sanciones por la comisión
de infracciones aduaneras o la expedición de liquidaciones oficiales correspondía a la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, con competencia en el lugar del domicilio
del presunto infractor. También señaló que, entre las excepciones a la regla general de
competencia, se encontraban «los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones
oficiales que en desarrollo del control previo o simultáneo a las operaciones de comercio exterior, deben
adelantarse por situaciones que se aprecien en una inspección física o documental dentro del proceso de
Importación, por procesos que deban adelantarse contra dos o más infractores o usuarios que tienen
domicilio en el lugar que corresponda a la competencia territorial de más de una Dirección Seccional »,
casos en los cuales, la competencia la detenta la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas del lugar en donde se presentó la declaración.
Sobre la sentencia 47001233100020100029701, proferida por la corporación, señaló que
«no era competencia del servidor público aduanero inaplicar excepciones de ilegalidad de la norma vigente
que se inaplica para un caso específico». Reiteró que los actos fueron proferidos con plena
competencia, y que prueba de ello reposaba en los actos administrativos.
Mencionó que la demandante violó el principio de buena fe, en tanto incumplió con sus
obligaciones al importar sin observar todos los requisitos. Indicó que el origen debió
probarse por la demandante, y que con el cruce de información realizado por la
Administración se desvirtuó el citado principio. Adujo que el Decreto 2685 de 1999 orientó
a la autoridad aduanera para expedir liquidaciones oficiales de corrección ante errores
detectados en las declaraciones de importación, tales como fallos en subpartidas, tarifas,
tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidad o tratamiento
preferencial. Para ello, en este caso se adelantó el procedimiento dispuesto en los
artículos 469 y siguientes. Sostuvo que, si bien la liquidación oficial determinó el impuesto
a pagar por denegarse un trato arancelario, esto fue a consecuencia de haberse liquidado
una preferencia tributaria sin tener derecho a ella. Agregó que carecería de sentido
5
La demandada propuso las excepciones previas de inepta demanda, incumplimiento de los requisitos para invocar el silencio
administrativo positivo e indebida acumulación de pretensiones. En audiencia inicial, el tribunal las negó en su totalidad. En relación
con la inepta demanda, consideró que el primer cargo constituía un argumento dirigido a desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos acusados, que podía formularse en la demanda aun cuando no hubiera sido planteado en sede administrativa. Respecto del
silencio administrativo positivo, concluyó que no era procedente, por cuanto la parte actora no pretendía su declaratoria, sino la nulidad
de las Resoluciones 1821 del 15 de noviembre de 2016 y 001869 del 21 de marzo de 2017, por lo que no resultaba exigible el
cumplimiento del artículo 85 del CPACA. Finalmente, frente a la indebida acumulación de pretensiones, señaló que no se configuraba,
dado que la demanda se dirigía exclusivamente contra los actos que determinaron la liquidación oficial de corrección. Esta decisión
fue apelada por la demandada y confirmada por el Consejo de Estado mediante auto del 17 de septiembre de 2020.
6
Samai tribunal, índice 01, certificado 112C234B28A836BC 42E4FAA8107D2903 69FEDB99CA847D10 534876EBE48CC5B9 (zip)
págs. 242 a 260.
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determinar la improcedencia de un trato preferencial sin cobrar los tributos impagos.
Argumentó que la Administración motivó los actos; en ellos se mencionaban las normas
constitucionales y legales, la jurisprudencia y la doctrina, los argumentos fácticos y
jurídicos en los que se fundamentaban. Adicionó que, conforme al procedimiento, el
origen de las mercancías debió ser demostrado cuando las autoridades lo requirieron.
Defendió como ajustado a derecho que la autoridad llevara a cabo requerimientos válidos
al proveedor en el exterior sobre el origen de los bienes.
Señaló que el cargo de violación al TLC debió plantearse en el proceso administrativo de
verificación de origen, pues los actos demandados de fondo eran la liquidación oficial de
corrección y su resolución confirmatoria. Explicó que ambos eran actos administrativos
autónomos en su conformación y que ello fue reafirmado por la demandante cuando
expresó que dichos actos ya habían sido demandados ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Adicionalmente, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a
los principios de buena fe y confianza legítima.
Aseguró que la Administración notificó oportunamente los actos previos y de fondo,
garantizando el principio de publicidad y derecho a la defensa. Adicionalmente, indicó
que no procedía la aplicación del principio de favorabilidad, porque se trató de una
liquidación oficial de corrección en relación con las declaraciones de importación que
fueron presentadas en vigencia del Decreto 2685 de 1999; por lo tanto, esta era la
normatividad aplicable. Adujo que el control posterior realizado fue legal y el certificado
de origen debió cumplir con los requisitos. Concluyó que el origen debió demostrarse a
plenitud cuando la autoridad lo requirió, sin que tales requerimientos constituyeran una
violación al principio de buena fe o de favorabilidad.
Finalmente, sostuvo que la Administración carecía de competencia y jurisdicción para
vincular jurídicamente a una persona natural o jurídica de un tercer país en un proceso
sancionatorio de liquidación de impuestos. Indicó que la vinculación de un tercero no era
procedente en sede administrativa, ya que el objeto del proceso era la liquidación de
tributos por la denegación de una preferencia arancelaria. Adicionalmente, propuso las
excepciones previas de inepta demanda por falta de requisitos, incumplimiento del
requisito para invocar el silencio administrativo positivo, e indebida acumulación de
pretensiones.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la actora7. Desestimó la violación al debido proceso
y al principio de favorabilidad en lo relacionado con la configuración del silencio positivo
frente a la liquidación oficial demandada considerado el plazo para decidir de fondo que
incorporó el Decreto 390 de 2016, puesto que los procedimientos de los artículo 562 a
610 de ese decreto [entre los cuales estaba el artículo 588 que preveía el plazo para
decidir de fondo] comenzaron a regir tras la reglamentación de la Resolución 000064 del
28 de septiembre de 2016, con lo cual, al caso debatido, le fue aplicable el Decreto 2685
de 1999, dado que los términos para proferir la liquidación oficial iniciaron en vigencia de
esta última regulación, ya que el requerimiento especial databa del 24 de mayo de 2016
y su contestación del 16 de junio de 2016, además de que el auto que decretó pruebas
fue del 30 de junio de esa misma anualidad. Con fundamento en este último decreto, el
auto que ordenó pruebas en la actuación debatida extendió el plazo para expedir el acto
definitivo hasta el 17 de noviembre de 2016, de modo que la liquidación del 15 de
7
Samai tribunal, índice 30, certificado 1EB7FD0965A2636B F8D03AD0761AD4A5 83FDAEDE3C7796D7 AD084690C87439BC (pdf)
pp. 4 a 13.
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noviembre de 2016 fue oportuna y no se configuró el silencio administrativo positivo
reclamado por la demandante.
Sobre la falta de competencia, resaltó que, conforme a la sentencia del 15 de julio de
2021 (exp. 24511, CP: Milton Chaves García), esta corporación fijó la posición respecto
de que la competencia de la dirección seccional para emitir liquidaciones oficiales
dependía del domicilio del presunto infractor o usuario, de modo que los actos
administrativos demandados sí fueron expedidos por la autoridad competente, en tanto
el domicilio de la demandante era Bogotá.
Respecto de la presunta falta de motivación de los actos, estimó que estos estaban
fundamentados en la declaratoria previa de que la mercancía importada no era originaria
y se satisfacía la motivación clara, precisa y suficiente de la norma y de los aspectos
fácticos que condujeron a la autoridad a emitir la liquidación oficial de corrección; incluso
se tuvieron en cuenta los planteamientos de la respuesta al requerimiento especial. A tal
fin, el tribunal en la decisión puntualizó que la Sección, en la sentencia del 15 de julio de
2021 (exp. 22684 CP: Myriam Stella Gutiérrez), confirmó la legalidad del acto
administrativo -Resolución 8092, del 25 de agosto de 2015- que había determinado que
los 350 autobuses importados por la demandante no eran originarios en los términos del
TLC suscrito entre Colombia y México y, en consecuencia, se confirmó la denegación del
trato arancelario preferencial con posterioridad a la ejecutoria de dicho acto
administrativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, excluyó del juicio los reparos de la actora dirigidos a que
se analizara la naturaleza u origen de la mercancía importada y/o la legalidad de la
declaración de no ser esta originaria de México, puesto que esto fue debatido en un juicio
independiente adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo
de Estado -tal exclusión del debate también comprendió el cargo de violación del derecho
de defensa por falta de vinculación en las investigaciones previas sobre el origen de la
mercancía-. En línea con ello y con la actuación previa que determinó que la mercancía
no era originaria y, por ende, no accedió a un trato arancelario preferencial, concluyó que,
al tenor del artículo 7-09 de la Ley 172 de 1994 -aprobatorio del TLC Colombia y México-
la autoridad aduanera interna conservaba facultades para sancionar al importador, dado
que se había liquidado un menor pago de tributos aduaneros, sin que ello violara principio
alguno ni el referido acuerdo comercial.
Recordó que, en asuntos aduaneros, el principio de buena fe tiene un carácter restringido
y no puede servir de excusa para desconocer las normas que regulan la importación,
exportación, tránsito y almacenamiento de mercancías. Finalmente, advirtió que, en virtud
del artículo 20 del Decreto 390 de 2016, la demandada, en su condición de importadora,
era la llamada a responder en el proceso y, con ello, desestimó que en la actuación
hubiera debido vincular a la exportadora como litisconsorte necesario, en calidad de
responsable subsidiaria de la obligación aduanera.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del tribunal8. Sostuvo que el a quo erró al aplicar el
Decreto 2685 de 1999, pues para cuando el requerimiento especial fue proferido -el 24
de mayo de 2016- ya se encontraba vigente el Decreto 390 de 2016, conforme al artículo
670 de esa disposición. En tal sentido, el mencionado decreto no contempló que dentro
del plazo de los 45 días para decidir de fondo, el decreto de pruebas suspendiera dicho
8
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pp. 04 a 10.
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término, sino que ello podía pasar hasta por un mes, si la cantidad de pruebas lo
ameritaba y siempre que así se indicara en un auto de pruebas. Así, aunque se
decretaron pruebas, esta decisión no afectó el plazo de los 45 días, los cuales vencieron
el 23 de agosto de 2016, mientras que la liquidación oficial databa del 15 de noviembre
de 2016, con lo cual se excedió el término, configurándose el silencio administrativo
positivo.
En lo atinente a la falta de competencia, persistió en que, tanto la demandada como la
jurisprudencia de esta corporación y el tribunal, fundaban la decisión en normativa que
tan solo correspondía a un reglamento -se refiere a las resoluciones 009 de 2008 y 007
de 2008-, el cual no debería aplicarse ante la existencia de una normativa
jerárquicamente superior como lo era el artículo 39 del Decreto 4048 de 2008, según el
cual, la competencia era de la dirección seccional por donde se nacionalizaron las
mercancías; esto es, donde se presentó la declaración de importación. Lo anterior, puesto
que el acto acusado no solo liquidó tributos aduaneros, sino que, además, impuso
sanción, con lo cual el decreto era la norma aplicable por ser superior a las resoluciones
invocadas por la demandada y, porque la regla de competencia para sancionar primaba
sobre las demás regulaciones de competencia. Por lo anterior, insistió en que la autoridad
competente era la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta y no la de Bogotá.
Seguidamente, aseguró que los actos administrativos incurrieron en falta de motivación,
pues carecieron de análisis y argumentación a la hora de controvertir los argumentos de
defensa del requerimiento especial. En su lugar, la autoridad transcribió normas sin
explicar cómo estas disposiciones invalidaron la postura de la compañía. Indicó que la
motivación no fue clara ni precisa, dado que la transcripción no equivalía a motivación;
afirmó que no hubo argumentos, ni contexto; siendo un incentivo perverso para las
entidades, permitirles esto que significó un desmedro al derecho de defensa ante la
imposibilidad de hacer un ejercicio de contradicción y, una violación al debido proceso -
art. 3 CPACA-, así como un riesgo a la seguridad jurídica de los contribuyentes. También
alegó violado el derecho de defensa.
Respecto de la vulneración del TLC con México, la buena fe, confianza legítima y el
principio de favorabilidad, insistió en que, como importador, cumplió con las obligaciones
del artículo 7-03 del citado tratado, pues declaró el origen mexicano de los autobuses
importados, obtuvo y presentó el certificado de origen válido, junto con los requisitos
formales y de fondo establecidos en el acuerdo. Así, solo era procedente negar el trato
arancelario preferencial, en el evento en que el importador incumpliera los requisitos del
párrafo 1 del ordinal 3 del mencionado artículo, lo que no ocurrió en este caso.
Agregó que, bajo la anotada regulación, el ordinal 2 permitía al importador presentar o
entregar una declaración de corrección y pagar los tributos correspondientes, cuando el
propio importador considerara que el certificado de origen contenía información
incorrecta, lo que tampoco sucedió en su caso.
Reiteró que el tratado no contempló la posibilidad de sancionar al importador o de que
tuviera que pagar los tributos aduaneros en el evento de que, en una investigación de la
aduana, se desvirtuara el origen certificado por el productor, así que la demandada no
tuvo una verdadera causa jurídica para exigirle, como importadora, el pago de los
impuestos y la sanción, pues cuando se presentó la declaración. Se consideraba
válidamente que los bienes eran originarios de México. Agregó que actuó con buena fe
exenta de culpa, porque el certificado de origen legalmente expedido por el exportador,
fue confirmado por la aduana de México, en tanto que se tenía la resolución oficial de la
Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y fue con base en ello que aplicó el
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beneficio arancelario. Finalmente, argumentó que, atendida la expedición del Decreto 390
de 2016 y dado que la demandada aplicó el Decreto 2685 de 1999, debía entenderse que
ante los dos cuerpos normativos debía aplicarse la normativa más favorable entre estas.
Afirmó que debían tenerse en cuenta las decisiones del tribunal y el Consejo de Estado
importantes en el sub lite.
Por último, reclamó que el a quo desatendió su persistencia en que la demandada
vinculase a la exportadora Ayco al proceso como litisconsorte necesaria y responsable
subsidiaria de la obligación aduanera, conforme al artículo 505 del Decreto 390 de 2016.
A tales efectos, sostuvo que el artículo 573 del ET establece que los obligados al
cumplimiento de deberes formales de terceros responden subsidiariamente ante la
omisión de estos y por las consecuencias que ello apareje. Así, la exportadora fue la
encargada de expedir los certificados de origen cuestionados por la demandada y por
eso tuvo que ser vinculada, y al no hacerlo, se violaron los artículos 20. 33 y 505 del
Decreto 390 de 2016 y el 573 del ET.
Pronunciamientos finales
La demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta oportunidad (índice 11
de Samai).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación de la demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó sus
pretensiones.
Problema jurídico
2- Corresponde a la Sala establecer: (i) si la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá
carecía de competencia para proferir la liquidación oficial de corrección, atendida la regla
de competencia establecida en el artículo 39 del Decreto 4048 de 2008; norma de mayor
jerarquía que la regulación de las resoluciones 007 de 2008 y 009 de 2008; (ii) si, en el
caso controvertido, aplicaba el Decreto 390 de 2016 y, consecuentemente, se configuró
el silencio administrativo positivo por haberse emitido la liquidación oficial de corrección
por fuera del plazo de los 45 días establecidos en dicha normativa; (iii) si los actos
demandados incurrieron en falta de motivación por no estar debidamente
fundamentados; (iv) si la Administración vulneró las disposiciones del TLC suscrito entre
Colombia y México, así como los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad
al sancionar al importador; y (v) si se debió vincular a la sociedad exportadora Ayco en la
actuación administrativa, como responsable subsidiaria, dado que fue quien expidió los
certificados de origen.
En cambio, la Sala no advierte un reparo concreto en el cargo de violación al debido
proceso, pues solo describió que el a quo se abstuvo de analizarlo, sin explicar o
sustentar dicho aspecto.
Análisis del caso concreto
Para resolver el debate, se advierte que con antelación la Sección se pronunció en un
proceso que guarda con este similitud fáctica y jurídica, sentencia del 15 de julio de 2021,
exp. 24511, CP: Milton Chaves García), adelantado entre las mismas partes procesales,
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aunque sobre otras declaraciones de importación, razón por la que, la Sala reiterará, en
lo pertinente, los criterios que orientaron la decisión en dicha oportunidad.
También será tenida en cuenta la providencia (sentencia del 15 de julio de 2021, exp.
22684, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) que dirimió la controversia de origen de las
mercancías, en el cual actuó como demandante la exportadora Ayco, dada la incidencia
de tal debate en la legalidad de la liquidación oficial de corrección aquí controvertida
3- Respecto del primer problema jurídico, la apelante insistió en que, de acuerdo con el
artículo 39 del Decreto 4048 de 2008, la competencia para sancionar correspondía a la
Dirección Seccional de Aduanas del lugar donde se nacionalizaron las mercancías; es
decir, el lugar de presentación de la declaración de importación, que para el caso era de
Santa Marta y no Bogotá. Esto, porque tal competencia no puede determinarse a partir
de disposiciones de norma de menor jerarquía, como sería la regulación de las
resoluciones 007 de 2008 y 009 de 2008; además, porque el acto acusado no solo liquidó
tributos aduaneros, sino que, además, impuso sanción, con lo cual la regla de
competencia para sancionar primaría sobre las demás regulaciones, como aquellas que
fijan tal potestad de emitir los actos en la dirección seccional del domicilio del usuario
aduanero.
La demandada expuso que, conforme al artículo 01 de la Resolución 07 de 2008, la
competencia para adelantar los procesos administrativos, la imposición de sanciones por
la comisión de infracciones aduaneras o la expedición de liquidaciones oficiales
correspondía a la dirección seccional de impuestos y aduanas del lugar del domicilio del
presunto infractor; esto, salvo en «los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones
oficiales que en desarrollo del control previo o simultáneo a las operaciones de comercio exterior, deben
adelantarse por situaciones que se aprecien en una inspección física o documental dentro del proceso de
Importación, por procesos que deban adelantarse contra dos o más infractores o usuarios que tienen
domicilio en el lugar que corresponda a la competencia territorial de más de una Dirección Seccional», en
los que por excepción la competencia es de la dirección seccional del lugar donde se
presentó la declaración de importación, lo cual no corresponde al caso bajo análisis.
Por su parte, el tribunal, atendiendo el criterio fijado en la sentencia del 15 de julio de
2021 (exp. 24511, CP: Milton Chaves García), destacó que ya la corporación había
establecido que la competencia de la dirección seccional para emitir liquidaciones
oficiales dependía del domicilio del presunto infractor o usuario, así que la Dirección
Seccional de Bogotá era la competente para expedir los actos administrativos
demandados, en tanto el domicilio de la demandante era Bogotá.
El a quo precisó que en la citada providencia, la Sala había clarificado que, según el
ordinal 5 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, la Dirección General de la DIAN
distribuiría las funciones y competencias asignadas por la ley entre sus diferentes
dependencias, salvo que estuvieran asignadas expresamente a alguna de ellas; fue así
como «[e]n cumplimiento de la anterior disposición, el Director General de la DIAN profirió la Resolución
Nº 7 del 4 de noviembre de 2008, que en el numeral 7 del artículo 1º dispuso que las direcciones
seccionales de aduanas y las direcciones seccionales de impuestos y aduanas con competencia en el lugar
del domicilio del presunto infractor o usuario, serán las competentes para expedir las liquidaciones oficiales
e imponer sanciones por la comisión de infracciones aduaneras » (sentencia ut supra). Como se
observa, la Resolución 007 de 2008 fue expedida en el marco de la competencia de la
DIAN del Decreto 4048 de 2008, lo que descarta la argumentación de la actora referida
a la supremacía jerárquica del decreto. Adicionalmente, en el mismo artículo de la
prenotada disposición se precisa en el punto 7.1 que la competencia para las actuaciones
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administrativas durante el control previo y simultáneo9 es de la dirección Seccional del
lugar donde se presentó la declaración y el punto 7.2 consagra como excepción, en el
control posterior, la competencia en la dirección seccional en la que se presenta la
declaración cuando la actuación se dirija «contra dos o más infractores o usuarios que tienen
domicilio en el lugar que corresponda a la competencia territorial de más de una Dirección Seccional, o
cuando el domicilio del presunto infractor no se encuentre en el territorio nacional»; sin perjuicio de que
la propia normativa admita que «o en su defecto, la Dirección Seccional que primero tenga
conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción ». Ninguna de las anotadas excepciones
cubriría la situación de la demandante, a quien en control posterior se le inició la actuación
administrativa, pues la fiscalización recayó sobre una declaración de importación
presentada, aceptada y con el respectivo levante de la mercancía.
Por lo anteriormente anotado, la competencia radicaba en la dirección seccional del
domicilio de la actora, que conforme al certificado de existencia y representación de la
Cámara de Comercio era Bogotá, tal como lo había advertido la Liquidación Oficial de
Corrección 1821, del 15 de noviembre de 2016 (ordinal 4 del art. 3 Resolución 007 de
2008). No prospera el cargo de apelación.
4- En lo atinente al segundo problema jurídico, la apelante sostuvo que el tribunal erró al
aplicar el Decreto 2685 de 1999, pues para la fecha del requerimiento especial, ya se
encontraba vigente el Decreto 390 de 2016. Bajo tal ilación, argumentó que el auto que
decretó pruebas no tuvo el efecto de suspender el término para emitir la decisión de fondo
-como estaba previsto en el Decreto 2685 de 1999-, pues bajo la nueva regulación ello
podía pasar hasta por un mes, si la cantidad de pruebas lo ameritaba y siempre que un
acto administrativo así lo indicara. Bajo tal entendimiento, como el plazo de los 45 días
para emitir la liquidación oficial venció el 23 de agosto, se configuró el silencio
administrativo positivo al excederse esa fecha, pues la liquidación se emitió el 15 de
noviembre de 2016.
La demandada y el tribunal coincidieron en que la liquidación oficial de corrección debía
observar como norma vigente al Decreto 2685 de 1999. El tribunal precisó que el Decreto
390 de 2016 dispuso que los procedimientos de los artículos 562 al 610, dentro de los
que estaban las normas que regulaban el plazo para emitir la liquidación oficial -art. 588-
regirían supeditados a la expedición de la norma reglamentaria, lo que correspondió a la
Resolución 000064 del 28 de septiembre de 2016, la cual fue posterior al requerimiento
especial, a su contestación e incluso al auto que decretó pruebas, previo a emitir la
liquidación oficial. Habiéndose establecido que la normativa aplicable era el Decreto 2685
de 1999, estableció que el auto que ordenó pruebas en la actuación debatida extendió el
plazo para expedir el acto definitivo hasta el 17 de noviembre de 2016, de modo que la
liquidación del 15 de noviembre de 2016 fue oportuna y no se configuró el silencio
administrativo positivo reclamado por la demandante.
4-1 Para definir la controversia, es de tener en cuenta que, tal como lo analizó esta
corporación en la providencia que se reitera (exp. 24511), el artículo 670 del Decreto 390
de 2016 dispuso que los procesos administrativos en curso se regirían por las normas
vigentes al momento de su iniciación y que «una vez concluida la etapa procesal iniciada en
vigencia de la norma anterior, a la etapa procesal siguiente se le aplicará el presente decreto». Asimismo,
el artículo 674 ídem estableció que los procedimientos contenidos en los artículos 562 al
9
Sobre la diferencia entre el control previo, simultáneo y posterior, este último está reservado desde el Decreto 2685 de 1999 a las
actuaciones en las que ya hubo presentación de la declaración de importación y se ha obtenido el levante, con lo cual, el actual
Decreto 1165 de 2019 clarificó que los controles aduaneros son: «1. Control anterior o previo: El ejercido por la autoridad aduanera
antes de la presentación de la declaración aduanera de mercancías. 2. Control simultáneo o durante el proceso de Nacionalización.
El ejercido desde el momento de la presentación de la declaración aduanera y hasta el momento en que se nacionalicen de las
mercancías o finalice el régimen o modalidad de que se trate. 3. Control posterior o de fiscalización: El ejercido con posterioridad a la
nacionalización de las mercancías o a la finalización del régimen o modalidad de que se trate» (art. 578 Dcto. 1165 de 2019).
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610 del citado decreto entrarían a regir a partir de la norma reglamentaria, disposiciones
que regulaban tanto la oportunidad que tenía la autoridad para decretar pruebas previo a
decidir de fondo, como la emisión del acto administrativo definitivo dentro de los 45 días
«contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al
requerimiento especial aduanero» -art. 588 ídem-. Así, al tenor del inciso final del artículo 587
ibidem las pruebas que se decretaran en procedimientos de liquidación oficial de
corrección debían practicarse dentro del mismo término que tenía la autoridad para
pronunciarse de fondo, sin perjuicio de que «cuando la cantidad o naturaleza de las pruebas lo
amerite, podrá suspenderse el término de decisión hasta por un mes, mediante auto que así lo indique,
proferido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del término para decidir de fondo ». Sin
embargo, tal regulación no rigió hasta su reglamentación efectuada a través de la
Resolución 000064 del 28 de septiembre de 2016, fecha posterior al Requerimiento
Especial Aduanero 0002753, del 24 de mayo de 2016, a su contestación -que se produjo
el 16 de junio de 2016- y al auto que decretó pruebas -30 de junio de 2016-10, con lo cual
la norma que rigió a la actuación fue el Decreto 2685 de 1999.
Considerando lo anterior y dado que la apelante no controvierte que bajo el Decreto 2685
de 1999 la liquidación oficial de corrección haya sido emitida en tiempo, la Sala confirmará
lo decidido por el tribunal, quien concluyó que al decretarse pruebas en la actuación, se
extendió el plazo para decidir de fondo hasta el 17 de noviembre de 2016, por lo que fue
tempestiva la liquidación oficial emitida el 15 de noviembre de ese año y, por ende, no se
configuró el silencio administrativo positivo. No prospera el cargo de apelación.
5- En relación con el tercer problema jurídico, la apelante sostuvo que la Administración,
en lugar de controvertir lo argumentado en la respuesta al requerimiento especial
aduanero, se limitó a transcribir las normas sin detallar el motivo por el cual las mismas
contrariaban lo señalado por la demandante. Por su parte, el tribunal consideró que en
los actos demandados se expusieron con claridad los motivos por los cuales la
Administración decidió formular la liquidación oficial de corrección.
5.1- De conformidad con el artículo 42 del CPACA, los actos administrativos que
contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse, pues el análisis de
los hechos y razones que fundamentan la decisión garantiza el derecho de defensa del
contribuyente. En tal contexto, la Sala ha precisado que la motivación constituye un
elemento necesario para la validez de los actos administrativos y se concreta en las
«circunstancias o razones de hecho y de derecho que determinan la expedición del acto y el contenido o
sentido de la respectiva decisión11»; y que debe contener «argumentos puntuales que describan de
manera clara, detallada y precisa las razones de la decisión 12».
5.2- Para el caso, la actora, al contestar el requerimiento especial argumentó, grosso
modo, lo siguiente: que la Dirección Seccional de Bogotá no era la autoridad competente
para fiscalizar la declaración de importación, que debía suspenderse el trámite por
prejudicialidad, que el acto administrativo independiente que revisó el origen de la
mercancía no estaba ejecutoriado en los términos del artículo 829 del ET, dado que se
habían demandado los actos que negaron el origen de la mercancía importada, la
violación del TLC suscrito entre Colombia y México, la violación de los principios de la
buena fe y la confianza legítima y del debido proceso, este último, porque la
responsabilidad de la certificación de origen era de la exportadora y esta debía ser
10
Mediante Auto 3512, notificado el 30 de junio de 2016, la demandada dispuso la apertura del periodo probatorio de dos meses el
cual fue notificado por estado fijado el 1 de julio de 2016 y desfijado el 6 de julio de 2016. Este acto quedó ejecutoriado el 12 de julio
de 2016, y de conformidad con el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, el plazo se extendió hasta el 12 de septiembre de 2016 y a
partir del día siguiente empezó a contar el término de 45 días con el que contaba la demandada para expedir la liquidación oficial de
corrección, el cual vencía el 17 de noviembre de 2016.
11
Sentencia del 5 de agosto de 2021 (exp. 24503, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
12
Sentencia del 8 de agosto de 2019. (exp. 22247, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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vinculada en la actuación, dado que la actora no intervino en el procedimiento de origen
que se adelantó contra la exportadora.
Los anteriores argumentos fueron transcritos en la liquidación oficial de corrección
demandada, tras lo cual la autoridad especificó que la actuación adelantada estaba
propiciada por la actuación administrativa que determinó que la mercancía importada por
la actora no era originaria en los términos del TLC suscrito entre Colombia y México, por
lo cual no se tenía acceso al trato arancelario preferencial que llevó a declarar menos
tributos aduaneros. Seguidamente, expuso que, aunque la actora aludió a la buena fe
con la cual entregó las pruebas de origen mexicano de los autobuses importados, la
demandada explicó que la investigación de la Coordinación del Servicio de Origen
estableció que, contrario a lo aducido por la actora, la mercancía no era originaria, así
que ello fue materia de investigación de una actuación administrativa diferente e
independiente de la adelantada para corregir los tributos autoliquidados.
Por lo demás, ratificó que la Dirección Seccional de Bogotá era la competente para
adelantar el procedimiento de corrección, por ser la autoridad del domicilio de la usuaria
aduanera, de conformidad con la Resolución 007 de 2008 (arts. 3 y 7); al igual que le
señaló que era improcedente suspender por prejudicialidad el procedimiento, pese a la
demanda iniciada contra los actos que negaron el origen de la mercancía, dado que esto
no impedía adelantar el procedimiento de corrección. Igualmente, sostuvo que los actos
que negaron el origen estaban ejecutoriados en los términos del artículo 87.1 del CPACA
y, en cuanto a la vulneración del acuerdo comercial, aseguró que no hubo tal
transgresión, pues la Coordinación del Servicio de Origen, en control posterior, dictaminó
en la Resolución 008092, del 25 de agosto de 2015, que la mercancía importada por la
demandante no era originaria de México.
Igualmente, la demandada desestimó el quebrantamiento de los principios de buena fe y
confianza legítima, al igual que la violación al debido proceso, en tanto que estimó que
motivó adecuadamente el acto preparatorio y negó la vinculación de la exportadora Ayco,
pues el importador era el responsable de la obligación aduanera declarada y no el
proveedor en el exterior.
En la misma línea, la Resolución 1869, del 21 de marzo de 2017, que resolvió el recurso
de reconsideración contra la liquidación oficial, abordó la totalidad de los argumentos
propuestos por la demandante en el recurso. Al respecto, la demandada insistió en que
el estudio de verificación de origen realizado por la Administración en la Resolución 8092
de 2015, ya había sido objeto de debate en sede administrativa y a partir de ello,
determinó que la mercancía descrita en las declaraciones de importación, presentadas a
nombre de la demandante, incumplía con los requisitos que daban derecho al trato
arancelario preferencial en los términos del TLC con México. En virtud de ello, sostuvo
que, «como en las declaraciones de importación se liquidó un arancel del 0%, correspondía adelantar el
procedimiento contemplado en las normas aduaneras vigentes del país importador para la determinación
de los impuestos adeudados y de las sanciones correspondientes».
5.3- Considerado lo anterior, no encuentra la Sala configurada la falta de motivación de
los actos. Por el contrario, se advierte que la demandada atendió debidamente la
argumentación de la actora. La alusión a la actuación que definió la falta de origen de la
mercancía importada se hacía indispensable, lo cual dada su incidencia en los actos de
determinación bajo análisis. No prospera el cargo de apelación.
6- A continuación, la Sala abordará conjuntamente los problemas jurídicos (iv) y (v) por
cuanto versan sobre aspectos que estarían dirigidos a debatir el incumplimiento del
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régimen de origen que dictaminó la demandada dentro de una actuación administrativa
independiente de la que se demanda en el sub lite.
La apelante señaló que cumplió a cabalidad las obligaciones del importador establecidas
en el artículo 7-03 del TLC, pues declaró el origen mexicano de la mercancía y, de igual
forma, presentó el certificado de origen correspondiente. Así mismo, indicó que el
numeral 3 del citado artículo solo permitía negar el trato preferencial cuando no se
cumplieran los requisitos, los que insistió haber cumplido a cabalidad. Resaltó que el TLC
no contemplaba sanción alguna para el importador en el evento en que hubiera una
investigación posterior de la aduana que desvirtuara el origen de la mercancía. Asimismo,
sostuvo que se violaron los principios de buena fe, confianza legítima y de favorabilidad,
porque en su papel de importador cumplió con las obligaciones del artículo 7-03 del TLC
con México, pues declaró el origen mexicano de los autobuses importados y obtuvo y
presentó el certificado de origen válido, con los requisitos formales y de fondo
establecidos en el acuerdo, y tan solo era procedente negarle el trato arancelario
preferencial, en el evento en que el importador incumpliera los requisitos del párrafo 1 del
ordinal 3 del mencionado artículo, lo cual no sucedió en su caso.
Por otra parte, indicó que, de conformidad con el artículo 573 del ET, los obligados al
cumplimiento de deberes formales de terceros respondían subsidiariamente por las
consecuencias derivadas de su omisión, por lo que la sociedad exportadora era la
encargada de cumplir con el deber de expedir los certificados de origen y, en
consecuencia, debió ser vinculada al proceso en sede administrativa.
La demandada y el tribunal se remitieron al contenido de la Resolución 8092 de 2015 que
determinó que la mercancía importada no era originaria conforme al TLC con México. Al
efecto, el a quo puso de presente que esta corporación, en la sentencia del 15 de julio de
2021 (exp. 22684 CP: Myriam Stella Gutiérrez), confirmó la legalidad del acto
administrativo que negó el origen, según el cual, los 350 autobuses importados por la
demandante no eran originarios en los términos del TLC suscrito entre Colombia y México
-Resolución 8092, del 25 de agosto de 2015- y, en consecuencia, era procedente el
desconocimiento del trato arancelario preferencial declarado por la actora.
Por tal razón, el tribunal excluyó del juicio los reparos de la demandante que se dirigían
al análisis de la naturaleza u origen de la mercancía importada y/o la legalidad de la
declaración de que esta era originaria de México, puesto que esto fue debatido en un
juicio independiente adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado -tal exclusión del debate también hizo referencia al cargo sobre
violación del derecho de defensa por falta de vinculación en las investigaciones previas
sobre el origen de la mercancía-. En línea con ello, concluyó que, al tenor del artículo 7-
09 de la Ley 172 de 1994 -aprobatorio del TLC Colombia y México- la autoridad aduanera
interna conservaba facultades para sancionar al importador, dado que se había liquidado
un menor pago de tributos aduaneros, sin que ello violara principio alguno, ni siquiera el
referido acuerdo comercial.
Conforme lo observó el tribunal, la Sala definió la legalidad de los actos que negaron el
origen de la mercancía mediante la sentencia antes citada. En esta providencia se estudió
la certificación de origen para trescientos cincuenta y nueve autobuses Blue Bird Sigma
Y3FE importados por BB Automotores Colombia entre el 2012 y el 2014, contra los
cuales, la demandada determinó que tales mercancías importadas no eran originarias,
de acuerdo con el TLC suscrito con México y, por ende, denegó el tratamiento arancelario
preferencial (0% de arancel) indicado en las declaraciones de importación y suspendió a
partir de la ejecutoria de los actos demandados, el tratamiento arancelario preferencial
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de los mencionados autobuses exportados por la sociedad Ayco, hasta que dicha
empresa demostrara que eran originarios de los países parte del tratado.
Según observa la Sala, el objeto del litigio allí dirimido se contrajo al cumplimiento del
régimen de origen que regula el TLC entre Colombia y México, por lo que tal discusión
se agotó plenamente en dicho juicio y resulta improcedente revivir la discusión de origen
o desconocer el efecto jurídico que imparte la decisión que reafirmó la legalidad de los
actos que negaron el origen de la mercancía importada, pues es lo cierto que esa decisión
tiene «incidencia directa en el presente proceso, porque los actos administrativos que determinaron que
los autobuses importados por la sociedad demandante no eran originarios de México, son el fundamento
de aquellos que se cuestionan en el caso que nos ocupa», como se reconoció en la sentencia del
15 de julio de 2021, exp. 24511, CP: Milton Chaves García. Por ende, ni la insistencia de
la demanda sobre la violación del tratado, ni el argumento según el cual su actuación
como importadora estuvo provista de buena fe y confianza legítima en la certificación de
origen emitida por la exportadora, ni su persistencia en que Ayco fuera vinculada como
responsable subsidiaria y obligada a soportar las consecuencias de los actos acusados
estarían llamados a prosperar, porque estarían dirigidos contra otra actuación
administrativa de la cual actualmente existe sentencia ejecutoriada.
Más aún, los actos que negaron el origen cobraron firmeza y su legalidad no fue
desvirtuada, con lo cual, el TAP (trato arancelario preferencial) estaría desprovisto de
fundamento fáctico y legal y, por ende, resultaba procedente la liquidación oficial de
corrección, con la finalidad de liquidar el arancel procedente.
Por último, se reitera que tampoco tendría cabida reconocer alguna aplicación favorable
del Decreto 390 de 2016, pues tal principio solo es procedente en materia sancionatoria,
que no del régimen jurídico sustantivo o procedimental. Precisado esto, para el caso, se
advierte que la sanción impuesta al importador fue del 10% del valor de los tributos
dejados de pagar por $33.875.000 (art. 482. Ordinal 2.2. Dcto. 2685 de 1999), la cual
pasó a ser del 20% del valor de los tributos dejados de pagar en el artículo 528.2 del
Decreto 390 de 2016 y, luego, el artículo 29 del Decreto 920 de 2023 (cuya
constitucionalidad está diferida hasta el 20 de junio de 2026, sentencia C-072 de 2025)
conservó la multa en el equivalente al 10% de los tributos dejados de cancelar (art. 29,
ordinal 2.2). Así, la regulación no ha consagrado una sanción menor a la impuesta en los
actos acusados, cuya aplicación debiera ser evaluada bajo el principio de favorabilidad.
No prosperan los cargos de apelación y, en consecuencia, se confirmará la decisión de
primera instancia.
Conclusión
7- Como contenido interpretativo de la presente decisión, se establece que, habiéndose
definido que los bienes importados no cumplen con los criterios de origen para gozar de
un tratamiento preferencial, mediante actos administrativos en firme, no resulta
procedente cuestionar los actos de determinación con argumentos dirigidos a controvertir
aspectos que fueron concluidos en tales actos. Adicionalmente, se advierte que el
principio de favorabilidad solo aplica en materia sancionatoria, que no en asuntos
sustantivos o procedimentales.
Costas
8- Acorde con la posición mayoritaria de la Sección13 y el Acuerdo PCSJA25-12355, del
13
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón)
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Demandante: BB Automotores y Partes de Colombia SAS
28 de noviembre de 2025, proferido por el CSJ, se condenará en costas a la actora, en
esta instancia, por no haber prosperado su apelación. A tal efecto, se tasan las agencias
en derecho en un salario mínimo, mensual, legal y vigente a la ejecutoria de esta
providencia y se ordenará al tribunal tramitar el correspondiente incidente de liquidación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé
trámite al respectivo incidente.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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