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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00466-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00466-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de agosto de 2020, emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia, según lo expuesto en las consideraciones. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2017-00466-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 47001 23 33 000 2017 00466 01 (3026-2021)
Demandante: Francisco Aurelio Núñez Ávila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Sustitución pensional
Decisión: Confirma sentencia que negó porque el demandante no demostró la
calidad de compañero permanente de la causante y se abstiene de
condenar en costas en segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
de primera instancia del 5 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa2 en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de la
Resolución RDP 031745 del 15 de julio de 2013, mediante la cual la entidad negó la
«pensión de sobrevivientes» solicitada.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la UGPP que
reconozca la «pensión de sobreviviente», en su condición de compañero permanente de
la señora Eloísa Agustina Núñez Carbono, a partir del «18»3 de agosto de 2008, con los
correspondientes reajustes anuales y las mesadas adicionales junio y diciembre; de igual
manera, pidió disponer sobre el pago de los intereses moratorios a que haya lugar y de
la condena en costas a la entidad.

3. Afirmó que convivió con la señora Eloísa Agustina Núñez Carbono por más de
veinte años4 en calidad de compañero permanente hasta que esta última falleció el 18 de

1 En adelante UGPP.
2 Folios 91 a 95, en atención a que en auto del 4 de octubre de 2016 (folio 87) el Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Marta avocó conocimiento del proceso y otorgó al demandante el término de 10
días para «ajustar la demanda a la normatividad contenciosa administrativa – Ley 1437 de 2011».
3 Se corrige a 18 pues fue la fecha en que falleció la demandante, sin embargo se precisa que en la

pretensión tercera de la demanda, folio 92 dice que desde el «ocho (8)».
4 Hecho 3, folio 93; afirmó que convivieron bajo el mismo techo desde febrero de 1988.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 47001 23 33 000 2017 00466 01 (3026-2021)
Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

agosto de 2008 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Durante la relación dependió
económicamente de ella y se «auxiliaban mutuamente»5.

4. Sostuvo que la señora Eloísa laboró como docente oficial y le fue reconocida
una pensión de jubilación por parte de CAJANAL, mediante Resolución 01531 de 1981,
de la cual fue beneficiaria hasta el día en que falleció; por ello, el «29 de abril de 2013»6
reclamó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la «pensión de sobreviviente», la cual
fue negada a través del acto acusado.

5. Adujo que actualmente es una persona de «la tercera edad»7 y carece de
recursos económicos para subsistir pues su compañera permanente era quien le
suministraba8.

Contestación de la demanda

6. La UGPP9 se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no es
posible reconocer lo pedido, pues de las pruebas10 obrantes en el proceso se concluye
que el demandante era sobrino de la causante y que nunca convivieron como pareja; por
lo tanto, no se acreditaron los requisitos necesarios para reconocer la «pensión de
sobrevivientes», tales como la convivencia durante los cinco años anteriores a la muerte
del causante y la dependencia económica. Propuso las excepciones de indebido
agotamiento de la actuación administrativa, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo
no debido, buena fe, compensación, prescripción y cualquier otra que se encuentre
probada.

Decisión de las excepciones previas

7. En audiencia inicial celebrada el 28 de marzo de 201911 el Tribunal declaró no
probada la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de la actuación

5 Hecho 4, folio 93.
6 Sin embargo, en la Resolución 031745 del 15 de julio de 2013 se señala que la petición fue radicada el

«3 de mayo de 2013 con radicado Nro. SOP201300020946», lo cual se pudo constatar en el Cd obrante
en folio 143 en la carpeta comprimida CC_26715010 archivo denominado «1201 Formulario único de
solicitudes prestacionales en donde consta el sello de radicado ante la entidad».

7 Así se indicó en el memorial radicado el 20 de octubre de 2016, a través del cual subsanó la demanda.
8 Hecho 6, folio 93.
9 Folios 124 a 142.
10 Específicamente se refiere a las declaraciones de los señores: María Eugenia Ahumada González,

Yolanda Anchila Carbono y Francisco Aurelio Nuñez Ávila.
11 Folios 208 a 214. Argumento desarrollado en consonancia con lo señalado por el Consejo de Estado,

Sección Segunda en sentencia del 17 de agosto de 2011 en el proceso 76001 23 31 000 2008 00342 01
(2203-2010); en sentencia del 15 de enero de 2018 en el proceso 11001 03 15 000 2017 03032 00; en los
cuales respectivamente se indicó: «[…] razón por la que en el sub lite el conjunto normativo que instituye
el sistema de vía gubernativa como presupuesto procesal debe ser inaplicado atendiendo a la cláusula de

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

administrativa formulada por la UGPP, pues consideró que aunque el actor no presentó
el recurso de apelación en contra del acto acusado, debido a su avanzada edad no es
posible obligarlo a «reiniciar una reclamación en sede administrativa cuando la misma se
convierte en una carga desproporcionada hacia un sujeto que goza de especial
protección constitucional»; contra esa decisión no se interpusieron recursos.

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Magdalena12 negó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que las pruebas allegadas no permitieron establecer con certeza el
cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al reconocimiento de la
sustitución pensional, especialmente el relativo a la convivencia.

9. Sostuvo que en las declaraciones rendidas por el demandante y los señores
Alexander Buelvas Torres, Ana Arcón Gómez, María Eugenia Ahumada y Cástulo Rojas
Cahuana13 se evidenciaron múltiples inconsistencias y contradicciones acerca de la
supuesta vida marital por más de veinte años. Por el contrario, dichas declaraciones sí
permitieron acreditar que la señora Eloísa desempeñó el rol de figura materna de este,
pues fue «quien lo crio como un hijo desde los 5 años de edad»14.

Recurso de apelación

10. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación15
en el que sostuvo que el Tribunal incurrió en indebida valoración probatoria de las
declaraciones de los señores Alexander Buelvas Torres, Ana Arcón Gómez y Cástulo
Rojas Cahuana, las cuales se dirigían a demostrar la convivencia y la dependencia
económica; Igualmente, afirmó que las declaraciones extraprocesales rendidas por los
señores Alice Esther López Borrero, Walter Sarmiento García y Yolanda Anchila Carbono
no fueron tenidas en cuenta.

11. De la misma manera, adujo que no debieron valorarse las transcripciones de
una «presunta diligencia» realizada por un investigador de la entidad y que consta en el
informe al que se refiere la comunicación interna 20132140075603, concretamente la
transcripción de lo que habrían dicho María Eugenia Ahumada González, Yolanda Anchila
Carbono y el propio demandante, pues tales declaraciones no obran en el expediente y

excepción contenida en el artículo 4° Superior, que impone la aplicación en rigor del ordenamiento
constitucional de manera preferente en caso de incompatibilidad con la inferior» y; «[…] de lo transcrito, se
observa que el ad quem dentro del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho basó
su decisión en que no se probó el agotamiento de los recursos en sede administrativa, previstos en el
CPACA como un requisito de procedibilidad de la demanda (artículo 161).
Sin embargo, debe indicarse que para esta Sala dicho argumento desconoce parte del contexto fáctico del
caso concreto, comoquiera que no se tiene en cuenta que la demandante para la fecha en la que se profirió
la decisión de segunda instancia contaba ya con 68 años de edad, lo que la cataloga, a la luz de la Ley
1251 de 2008, como un adulto mayor, es decir, un sujeto de especial protección constitucional».
12 Folios 274 a 285.
13 En la audiencia de pruebas celebrada el 23 de mayo de 2019.
14 Folio 285.
15 Folios 301 a 307.

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

las versiones fueron rectificadas o «desmentidas» durante la audiencia de pruebas,
específicamente en los casos de la señora Ahumada González y del demandante 16.

12. Cuestionó también la falta de valoración de los siguientes documentos: i) carné
médico expedido por CAJANAL el 10 de enero de 1997, en el que consta que el actor
figuraba como beneficiario de salud de la señora Eloísa; y ii) documento suscrito por esta
en marzo de 2008, en el cual le pidió a CAJANAL que, en caso de su deceso, se le
reconociera la sustitución pensional a su compañero permanente, el señor Francisco
Aurelio.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

13. Mediante auto del 4 de noviembre de 202117. Las partes y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa18.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)19, modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

15. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
procederá la Sala a estudiar si en el expediente existían pruebas suficientes e idóneas
que demostraran el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma para acceder al
derecho reclamado por parte del demandante en su alegada calidad de compañero
permanente de la señora Eloísa Agustina Núñez Carbono (q.e.p.d). Para ello, se
verificará si se acreditó la convivencia, en la condición que alega.

Análisis del problema jurídico

16. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones, pero por los motivos señalados en esta
providencia, ya que una vez valorado todo el material probatorio se pudo constatar que
no se acreditó la condición de compañero permanente de Francisco frente a la señora
Eloísa (q.e.p.d) y se abstendrá de condenar en costas al demandante.

16 Pues estos asistieron a la audiencia de pruebas.
17 Folio 367.
18 No se observa manifestación al respecto en el informe secretarial visible en índice 10 de Samai.
19 En atención a que la sentencia recurrida se expidió el 24 de julio de 2020.

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

17. Previo a realizar el análisis, se precisa que si bien es cierto en la sentencia de
primera instancia y en los documentos aportados se refiere indistintamente a «pensión
de sobrevivientes» o «sustitución pensional», lo cierto es que la de sobrevivientes es
aquella que se otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir
con los requisitos mínimos para obtener la pensión, mientras que la sustitución pensional
se concede al núcleo familiar del pensionado que fallece o del afiliado que cumple con
los requisitos exigidos en la ley para obtener dicha prestación20. Es decir que lo que se
discute en este caso es el derecho a la sustitución pensional, pues la causante era
beneficiaria de una pensión de jubilación.

18. Hecha la anterior precisión y con el fin de establecer si se acreditaron los
requisitos y presupuestos para conceder la sustitución pensional a favor de Francisco
Aurelio Núñez Ávila, se advierte que la norma para determinar ese derecho es aquella
vigente al momento del fallecimiento del causante; por lo tanto, como la muerte de Eloísa
Agustina Núñez Carbono ocurrió el 18 de agosto de 200821 y comoquiera que la
prestación cuya sustitución se pretende es una pensión de docente, se debe atender lo
previsto en la Ley 71 de 198822 y los artículos 5 a 1223 del Decreto 1160 de 1989. En ese
contexto, el actor debe demostrar que hizo vida marital con la causante hasta su muerte,
por un lapso que no puede ser inferior a un año continuo anterior a su deceso.

19. Cabe anotar que el reconocimiento de la pensión de jubilación24 y el fallecimiento
de su titular25 son hechos acreditados que no están en discusión. En consecuencia, a
continuación, se relacionarán y analizarán las pruebas recaudadas en el expediente, a
fin de identificar si se encuentran probados tales requisitos.

20 Acerca de la diferencia entre estas dos prestaciones, ver, entre otras, las sentencias del 24 de agosto de

2017, radicado 25000 23 42 000 2013 00823 01 (0717-2014) y del 20 de febrero de 2020, radicado 05001
23 33 000 2017 02535 01 (1425-2019, de conformidad como se citó en sentencia del 20 de marzo de 2025,
expedida por este despacho en el radicado 25000 23 42 000 2021 00505 01 (7316-2023).
21 Según registro civil de defunción la señora Eloisa falleció el 18 de agosto de 2008, visible en folio 11.
22 Así lo consideró esta sala en sentencia del 18 de junio de 2020. Radicado: 54001-23-33-000-2017-00168-

01 (6177-2018). «No obstante, lo anterior ha de precisar la Sala que la Ley 71 de 1988 y por ende su
Decreto Reglamentario 1660 (sic) de 1989 continuaron vigentes en cuanto a aquellos regímenes que por
exclusión no quedaron comprendidos dentro de la Ley 100 de 1993, según lo dispuesto en el Artículo 279.
A estas conclusiones de derogatoria tácita parcial de la legislación anterior sobre pensiones y aplicación
para algunos destinatarios llega la Sala, primero, porque como ya se dijo, la comparación de las
disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 con el régimen que ella contiene, permiten afirmar que
la preceptiva demandada se encuentra derogada en cuanto a los regímenes que deben gobernarse por la
Ley 100 de 1993 y, segundo, porque los exceptuados en el Artículo 279 ibidem, al no estar comprendidos
dentro del ámbito de aplicación del nuevo sistema, deben regirse por la legislación anterior en cuanto sea
compatible con cada régimen especial y mientras, como es obvio, el Legislador no expida un sistema de
pensiones para tales destinatarios.»
23 «Artículo 6º BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Extiéndense las previsiones sobre

sustitución pensional:
1º En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, al compañero o a la compañera
permanente del causante. […]»
Articulo 12. COMPAÑERO PERMANENTE. Para efectos de la sustitución pensional, se admitirá la
calidad de compañero o compañera permanente a quien ostente el estado civil de soltero(a) y haya
hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de éste
o en el lapso establecido en regímenes especiales. (El aparte tachado fue declarado nulo por exceso de la
facultad reglamentaria del Ejecutivo, según la sentencia de nulidad del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 8 de
julio de 1993, número interno 4583, M.P. Clara Forero de Castro.)
24 A la señora Eloisa Agustina le fue reconocida una pensión de jubilación por parte de Cajanal, mediante

Resolución 01531 del 2 de marzo de 1981, visible en folios 7 a 10.
25 Según registro civil de defunción la señora Eloisa falleció el 18 de agosto de 2008, visible en folio 11.

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Radicación: 47001 23 33 000 2017 00466 01 (3026-2021)
Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

i) Resolución RDP 031745 del 15 de julio de 2013 «Por la cual se NIEGA una pensión
de sobrevivientes»26.
ii) Copia del carné27 expedido por CAJANAL en que se evidencia que el señor Francisco
Aurelio es beneficiario de la pensionada Eloísa Núñez.
iii) Copia de petición28 suscrita por la señora Eloísa, con presentación personal29 ante la
Notaría Única de Ciénega el 26 de marzo de 2008, dirigida a CAJANAL en la que
solicitó «se sirvan autorizar el ingreso a la E.P.S Saludcoop E.P.S. del señor Francisco
Aurelio Nuñez Ávila […] en la calidad de compañero permanente, persona ésta con
quien comparto mi vida por más de 10 años y quien ha estado a mi lado de una forma
fiel y sincera. Igualmente hago esta petición para que le reconozca automáticamente
el derecho a sustituirme en mi pensión al momento de mi fallecimiento como único
heredero de todos mis bienes por ser mi compañero permanente».
iv) Registro Civil de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía de Francisco Aurelio
Núñez Ávila30 del que se extrae que nació el 17 de octubre de 1956.
v) Declaración extraprocesal rendida por Yolanda Anchila Carbono31 el 30 de junio de
2016, allegada por la parte demandante. Se precisa que la entidad demandada solicitó
la ratificación, pero posteriormente desistió32 de ella debido a la imposibilidad de
ubicar a la declarante.
vi) CD33 con los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos de
reconocimiento pensional de Eloísa Agustina Núñez y de negación del derecho de
Francisco Aurelio Núñez, entre los cuales se encuentran, entre otros, los siguientes
documentos:
a. Comunicación interna34 del 10 de julio de 2013 con radicado N°.
20132140075603 enviada por el subdirector jurídico pensional de la UGPP
con asunto: resultado de hallazgo penal por los delitos de fraude procesal
y estafa tentada pues no se acreditó la convivencia, en él se refiere al
demandante como indiciado. En todo caso, no se precisan detalles pues,
por tratarse de una «denuncia cuentan con reserva».
b. Declaraciones extraprocesales rendidas ante el Notario Único de Ciénaga
por Francisco Aurelio el 1835 y 2436 de mayo de 2013.

26 Folios 12 a 14.
27 Folio 15.
28 Folio 16.
29 Folio 16 vuelto.
30 Folios 17 y 18.
31 Folio 79.
32 Folio 253 en donde se señala «el 17 de julio de la presente anualidad, el apoderado de la entidad
demandada radicó en la secretaria de esta corporación memorial donde manifiesta que desiste del
testimonio de la señora Yolanda Anchilla Carbonó, toda vez que la testigo manifestó que no comparecería
a la presente diligencia por encontrarse enferma, pese a que le estaban garantizando su traslado desde su
domicilio ubicado en el municipio de Ciénaga – Magdalena hasta las instalaciones de esta sala de audiencia
y viceversa»; folio 251. Aunado a lo anterior se precisa, de conformidad con lo dicho en pie de página 53
que la entidad solicitó la ratificación de dicho testimonio y comoquiera que la testigo no compareció, dicho
documento no tiene ningún valor.
33 Folio 143; en el Cd hay dos carpetas, una de ellas relacionada con el derecho reconocido a la señora

Eloísa y la otra en la que constan los documentos relacionados con la prestación reclamada por el
demandante Francisco Aurelio.
34 Archivo dentro del Cd denominado «3115 comunicación interna-42-2018-06-27_142920».
35 Archivo dentro del Cd denominado «0803 declaración juramentada o de convivencia 22-2018-06-

27_142919».
36 Archivo dentro del Cd denominado «0803 declaración juramentada o de convivencia 7-2018-06-

27_142919».

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

c. Declaración extraprocesal rendida ante el Notario Único de Ciénaga el 7 de
marzo de 2012 por parte de los señores37 Alice Esther López Borrero y
Walter Sarmiento García.
vii) Interrogatorio de parte al demandante Francisco Aurelio Núñez Ávila38.

• Francisco Aurelio Nuñez Ávila manifestó que actualmente vive del canon de
arrendamiento de un apartamento que construyó en la vivienda que heredó de su compañera
permanente. Señaló que Eloísa, quien además era su tía, lo cuidó desde que tenía cinco
años y al alcanzar la adultez –alrededor de los veinte años- surgió entre ambos una relación
amorosa, que inicialmente se mantuvo oculta ante la familia, pero posteriormente la hicieron
pública y desde 1988 empezaron a asistir juntos a eventos sociales como cumpleaños,
bautizos, carnavales, entre otros.

Agregó que convivió únicamente con ella y con un tío que falleció hace más de veinte años;
que no ha tenido otra relación de pareja ni cuenta con más documentos que acrediten su
unión; que para el momento del fallecimiento de Eloisa, él tenía cincuenta y dos años; que el
sostenimiento del hogar provenía principalmente de la pensión de aquella y que su afiliación
en salud como beneficiario de ella se produjo en 1997; posteriormente, en 2008 ella solicitó
a Saludcoop su afiliación en calidad de compañero permanente, pero esta no se concretó;
luego estuvo afiliado a Comfacor y finalmente pasó al régimen subsidiado del Sisben.

En relación con la visita del investigador de la UGPP y de una supuesta declaración rendida
ante él, afirmó que en ningún momento relató los hechos que se advierten en la contestación
de la demanda; por el contrario, el investigador le aseguró que podría obtener la pensión en
tres meses, por eso accedió a firmar, sin leer, unos documentos que ya estaban diligenciados,
confiando que su contenido le era favorable. Explicó que la demora en presentar la
reclamación pensional obedeció, por un lado, a que en septiembre de 2008 ingirió un veneno
y estuvo hospitalizado, situación que afectó su capacidad para gestionar el trámite
oportunamente, y por otro lado, a que un amigo -Ramón Serpa Arismendi- le ofreció realizar
dicha gestión y no lo hizo durante cuatro años.

viii) Testimonios rendidos en audiencia de pruebas39 por los señores: Alexander Buelvas
Torres, Ana Arcón Gómez, María Eugenia Ahumada González y Cástulo Rojas
Cahuana, quienes coincidieron en la narración en señalar que entre Eloísa y
Francisco existió una relación de compañeros permanentes que perduró por más de
veinte años. Indicaron que el actor convivió con ella desde que tenía cinco años, pues
era su tía y fue quien asumió su crianza; no obstante, refirieron que al llegar a la
adultez, surgió entre ambos un vínculo amoroso. Adicionalmente, señalaron lo
siguiente:

• Alexander Buelvas Torres manifestó conocer al actor desde hace más de cuarenta años
debido a la relación de vecindad y amistad desde la infancia; además, ante la comunidad era
«voz populi» que entre él y la señora Eloísa existía una relación amorosa, por la forma en
que se trataban, como sentarse en las piernas, darse besos y abrazos y tener
manifestaciones de celos, lo que a su juicio reflejaba la existencia de una relación más allá
de la simple cordialidad; aunado a que al vivir ambos en la misma casa y estar solos, era
razonable inferir la existencia de dicho vínculo sentimental por cerca de 20 o 25 años, pues
se hizo público en el año 1980 cuando empezaron a asistir juntos a reuniones sociales y
fiestas.

37 Archivo dentro del Cd denominado «0807 declaración extrajuicio o juramentada 18-2018-06-
27_142919».
38 Audiencia celebrada el 23 de mayo de 2019, visible en los Cds obrantes en folios 256 y 226 A, de los

cuales hay constancia en las actas visibles en folios 230 a 233 y 252 a 254.
39 Ibidem.

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Radicación: 47001 23 33 000 2017 00466 01 (3026-2021)
Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

Respecto de la dependencia económica, señaló que la señora Eloísa asumía la mayoría de
los gastos del hogar, aunque Francisco trabajó por un tiempo en el mercado público
vendiendo queso y como docente, aportando «su granito de arena» cuando era posible. Por
otra parte, mencionó que la tardanza en reclamar la sustitución pensional obedeció a que,
tras el fallecimiento de Eloísa, el actor estuvo en depresión e intentó acabar con su vida, pues
como ella lo crio desde temprana edad, Francisco podía considerarla como su figura materna.

• Ana Astrid Arcón Gómez indicó que es amiga y vecina del actor, pues reside diagonal a
la casa donde él ha vivido desde pequeño, lo que le permitió constatar que fue criado por su
tía Eloísa, quien ejerció para él como una figura materna. Señaló que, con el tiempo, en el
barrio se comenzó a rumorar sobre la posible relación amorosa de estos, ya que se daban
besos y caricias a escondidas. Añadió que dicha situación se hizo pública aproximadamente
hace veinte años40, cuando el actor comenzó a referirse a Eloísa como a «mi mujer» y se
daban besos al despedirse o al regresar de algún lugar, comportamientos que presenció
desde la puerta de su residencia en la cual se sentaba a refrescarse.

En materia económica, sostuvo que el actor contribuía en lo que podía debido a que vendía
queso, pero que los ingresos de Eloísa eran superiores por su labor como docente. Afirmó
que no les conocido pareja distinta y que convivían solos en su vivienda, salvo por un período
en el también residió allí un hermano de Eloísa.

• María Eugenia Ahumada González indicó que es vecina del actor, pues reside en el mismo
barrio desde hace cuarenta y cinco años y agregó que era quien les preparaba los alimentos
tanto a Francisco como a Eloísa, con quien además tenía un vínculo familiar, ya que era
prima de su esposo. Indicó que esta fue quien crio al actor desde pequeño y afirmó que
cuando este tenía veinticinco años aproximadamente, surgió entre ambos una relación
amorosa, la cual se prolongó por más de veinte años. Manifestó que se percató de la
dinámica marital al llevarles la comida, pues observaba que se sentaban en las piernas, se
besaban, se abrazaban y se dirigían el uno al otro con expresiones como «mi amor» o
«mijo/mija». Añadió que, aunque inicialmente esta situación generó inconformidad en
algunos familiares, con el tiempo fue aceptada. Agregó que en la vivienda convivían junto
con un hermano de la mujer, de nombre Rafael.

Refirió que tras el fallecimiento de la causante, Francisco ingirió un veneno debido al
sentimiento de soledad que experimentó al perder a una persona que según su dicho fue
muy buena con él. En cuanto al sostenimiento del hogar, manifestó que el actor tuvo un
negocio de venta de queso durante aproximadamente diez años y contribuía con la compra
de alimentos, circunstancia que conocía de forma directa, pues en ocasiones era él quien le
pagaba la comida que ella les llevaba. Añadió que dejó esa actividad cuando su compañera
se enfermó del azúcar. Señaló que, durante visita realizada por un investigador de la UGPP
para indagar sobre la presunta relación marital entre ambos, no firmó ningún documento
asociado con esa diligencia.

• Cástulo Rojas Cahuana afirmó conocer al actor desde hace más de cuarenta años, por
la amistad que los une y porque vive frente a la casa donde este convivió con su tía desde
pequeño, junto con un hermano de ella, quien ya falleció; actualmente Francisco vive en la
misma casa con un hermano suyo, de quien desconoce el nombre. Indicó que la relación con
la causante fue inicialmente como tía y sobrino, pero cuando él tenía alrededor de veinte o
veintidós años, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación amorosa, basados
en manifestaciones de afecto que la comunidad decía observar. Indicó que lo único que
presenció directamente fue que los vio ingresar juntos a una habitación alrededor de la 1:00
a.m. durante las fiestas de la Virgen del Carmen, lo que lo llevó a concluir que convivían
como pareja. Añadió que ante la muerte de Eloísa, el demandante ingirió un veneno que lo
dejó con secuelas.

40 La declaración se rindió el 23 de mayo de 2019, o sea que los 20 años atrás se habrían referido al año

1999.

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

En cuanto al sostenimiento económico, manifestó que el actor laboró durante varios años en
la venta de queso y también como docente y aportaba lo que podía al hogar, aunque la
principal fuente de ingresos provenía de Eloísa. Tras la muerte de esta, el actor quedó sin
recursos y en la actualidad recibe ayuda ocasional de un hermano y de algunos vecinos.

20. Al valorar, en su conjunto, las declaraciones que anteceden, se aprecia que
hay congruencia frente al hecho de que el demandante es sobrino de la señora Eloísa;
sin embargo, tal condición no se encuentra plenamente acreditada, ya que si bien es
cierto en el registro civil de nacimiento de Francisco41 figura como padre el señor
Francisco Javier Núñez Carbonel, también lo es que no obra documento alguno que
permita corroborar que los padres de este y de la causante o uno de ellos eran los
mismos, pese a la identidad de uno de los apellidos; sin embargo, dichas versiones se
tendrán como indicio del parentesco entre ellos. Ahora bien, como lo que se pretende
demostrar en el sub examine es que el demandante ostentó la calidad de compañero
permanente de Eloísa y que convivieron por lo menos durante un año antes de su
fallecimiento, se procede a analizar si ello está acreditado.

21. Para tal efecto, es oportuno mencionar que los reparos del demandante
estuvieron dirigidos a cuestionar la valoración probatoria que hizo el a quo,
particularmente en cuanto se aduce una deficiente valoraron de los testimonios de los
señores Alexander Buelvas Torres, Ana Arcón Gómez y Cástulo Rojas Cahuana.

22. Al respecto, el a quo indicó que las declaraciones de los señores Buelvas
Torres y Arcón Gómez «en cuanto a la convivencia […] como compañeros permanentes,
se fundamentó en las insinuaciones y comentarios que hacían las personas que residían
en el barrio»42; y «[..] tampoco llevan al convencimiento de que entre el señor Francisco
Núñez Ávila y la señora Eloísa Núñez Carbono haya existido una relación más allá de
madre de crianza a hijo. Lo anterior teniendo en cuenta, que lo único que observa la
señora Alarcón (sic) – desde la terraza de su casa -, eran dos personas saludándose o
despidiéndose cada vez que llegaban o salían de su residencia. A ello se le suma, que
sus declaraciones también estuvieron fundamentadas, como se mencionó, en los
comentarios que hacían los vecinos del barrio sobre el tema y no en lo que a ella le
constaba»43.

23. Frente a lo dicho por el señor Rojas Cahuana se concluyó, en forma general,
que «los testigos basaron sus afirmaciones en los comentarios de los vecinos del barrio
y en las demostraciones de cariño, tales como, besos, abrazos y sentadas de piernas
que con frecuencia, afirman, ocurrían en las fiestas que brindada (sic) en su casa, las
cuales se itera, pueden ocurrir también dentro de una relación Madre e Hijo»44. Sin
embargo, esta Sala advierte que en el testimonio rendido por este último también se
indicó que lo único que presenció directamente fue que los vio ingresar juntos a una
habitación alrededor de la 1 de la mañana durante unas fiestas y bajo esa circunstancia
lo llevó a concluir que vivían como pareja y agregó que sus comentarios se basaban en
los rumores entre los vecinos acerca de la posible relación entre Francisco y Eloísa.

41 Folio 17, registro en donde consta como fecha de inscripción el 23 de junio de 2010.
42 Folio 281 vuelto.
43 Folio 282 vuelto y 283.
44 Folio 284 vuelto.

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

24. La Sala concuerda con las conclusiones a las que llegó el Tribunal, al analizar
los testimonios recaudados, pues con ellos no quedó demostrada la convivencia de los
señores Francisco y Eloísa en condición de compañeros permanentes; lo anterior, porque
si bien es cierto en aquellos se indicó, en forma unánime, que convivían como pareja
desde veinte años atrás y que tenían manifestaciones públicas de afecto, como lo hace
una pareja amorosa, también lo es que los declarantes no informaron las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se habrían dado esos hechos o muestras de afecto, ni
las razones por las cuales les constan las situaciones narradas, más allá de haber
presenciado, desde la puerta de la casa45 o por lo que se rumoraba acerca de la
asistencia común a algunos eventos sociales en los que se hacían evidentes tales
comportamientos afectivos; sin embargo, no especificaron los eventos a los que se
referían ni si los declarantes estaban presentes en ellos.

25. A partir de lo anterior, y a la luz de la sana crítica, la Sala concluye que tales
pruebas no exponen de forma clara, precisa y detallada los hechos que permitan llevar
al convencimiento de que entre la causante y el demandante hubo una convivencia, real,
efectiva, continua y permanente, como compañeros permanentes, en la que se
reflejara una relación de afecto, socorro, apoyo mutuo propia de quienes tienen el interés
de compartir la vida juntos, como núcleo familiar; por el contrario, se trata de versiones
rendidas por vecinos que no explicaron en detalle las circunstancias necesarias para
establecer los parámetros en que se dio esa convivencia y que habría desnaturalizado el
vínculo inicial como tía y sobrino para convertirse en pareja, indispensables para verificar
el presupuesto bajo análisis.

26. En efecto, en las declaraciones no se estableció con precisión el momento
exacto a partir del cual surgió la relación amorosa, todos refirieron un lapso aproximado
de 20 años, pero, más allá de rumores entre vecinos, no mencionaron las razones por
las cuales les constaba que Francisco era, en realidad, el compañero permanente de
Eloísa y que asumía las responsabilidades económicas que aducen. No se puede perder
de vista que tanto el demandante como los declarantes se refirieron a la relación de
parentesco que existía entre él y la causante, de ahí que sea razonable que hubieran
convivido bajo el mismo techo y hubieran compartido gastos económicos, para el
sostenimiento del lugar de residencia.

27. Es cierto que todos los declarantes afirmaron conocer al actor y a la causante
desde cuarenta años atrás, pero no refirieron que durante ese lapso hubieran tenido un
contacto más allá de una simple vecindad, ni que hubieran compartido espacios o
situaciones en las que ingresaron al seno de hogar y que les permitiera tener un
conocimiento directo sobre las circunstancias en que habría desarrollado la relación de
pareja. También es cierto que el señor Rojas Cahuana afirmó ser amigo del demandante,
pero no expuso alguna situación que, debido a lo cercano de su relación, le hubiera
permitido conocer en forma directa, las situaciones que presenció y que le permitieran
dar cuenta de una relación de tal naturaleza; ahora, el hecho de haber presenciado que
en una noche ingresaron en la misma habitación y lo que dedujo de esa situación, en

45 Según la versión de Astrid Arcón Gómez.

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

modo alguno demuestra las circunstancias exigidas para el reconocimiento pensional
pretendido.

28. Y en cuanto a María Eugenia Ahumada, si bien afirmó tener algún grado de
parentesco con la causante y haber ingresado al lugar de residencia, fue solo para llevar
alimentos y no expuso nada diferente a haber presenciado manifestaciones afectivas,
que podrían ser naturales en la relación de tía y sobrino, más aún cuando aquella habría
sido quien lo crio, lo que habría justificado tales expresiones de cariño.

29. Ahora bien, en el recurso se alega que no se tuvieron en cuenta las
declaraciones extraprocesales rendidas por los señores «Alice Esther López Borrero y
Walter Sarmiento García46; sin embargo, se advierte que las partes no solicitaron tener
en cuenta tales pruebas, pues en la47 el actor requirió los testimonios de Alexander
Buelvas Torres, Ana Arcón Gómez y Cástulo Rojas Cahuana 48 pidió el interrogatorio de
parte de Francisco Aurelio y 49 a María Eugenia Ahumada y a Yolanda Anchila Carbono,
estos últimos, con el objeto de que ratificaran su versión extraprocesal.

30. No obstante, como la entidad aportó copia del expediente administrativo que
dio origen al acto acusado y en él obra copia de esas declaraciones, rendidas el 7 de
marzo de 201250; las cuales se mencionaron en la sentencia de primera instancia, como
pruebas relevantes para decidir51, pero en el análisis no realizó ningún pronunciamiento
al respecto, entonces le asiste razón al demandante en su inconformidad, por lo tanto,
procede la Sala a estudiar lo dicho en ellas.

Alice Esther López y Walter Sarmiento García manifestaron conocer de vista y trato
permanente al señor Francisco, por tal motivo les consta que convivió bajo el mismo techo
por más de veinte años en unión marital de hecho con la señora Eloisa, es decir que su
relación amorosa surgió desde 1988 y duró hasta el día de su muerte. Afirmaron que no
procrearon hijos. En cuanto a la dependencia económica, indicaron que Francisco
dependía económicamente de su compañera para suplir todas sus necesidades, pues era
ella quien «le proporcionaba todo lo necesario para la subsistencia […] como alimentación,
asistencia médica, vivienda y ropa»52.

31. Frente a la idoneidad de esta prueba, es oportuno señalar que sobre las
declaraciones extraprocesales, esta Corporación53 ha sostenido lo siguiente:

[…]

46 Estas declaraciones extrajuicio se mencionan en la Resolución atacada, como documentos que fueron

aportados con la solicitud de reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes»; folios 12, 13 y 13 vuelto.
47 Al respecto ver precisión en pie de página 2; En la demanda visible en folio 94 solicita se tengan en

cuenta los documentos aportados con la demanda inicial; en ese sentido en folio 3 el demandante solicitó
textualmente «se haga comparecer ante este despacho judicial, a los señores ALEXANDER BUELVAS
TORRES, ANA ARCÓN GÓMEZ y CASTULO ROJAS CAHUANA, […] para que declaren bajo la gravedad
del juramento, sobre los hechos de la demanda relacionados en los numerales 3, 4 y 5 de la misma».
48 Folio 141.
49 Ibidem; específicamente «para que ratifiquen la declaración extrajudicial que allegan».
50 Al respecto ver pie de página 36.
51 Folios 277 vuelto y 278.
52 Al respecto ver pie de página 36.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 66001 23 33 000 2014 00183 01 (65563),

sentencia del 17 de junio de 2024.

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Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

El artículo 222 del CGP dispone que la declaración rendida por fuera del proceso,
allegada en forma de traslado, o por haberse practicado anticipada o extraprocesalmente
(ante notario), deberá ser ratificada en el proceso de destino solo si la parte contra la
que se aduce solicita la ratificación. El mismo artículo prevé que, si la parte solicita la
ratificación, y el testigo no comparece, el testimonio aportado no tendrá ningún valor.

Conforme a lo previsto en el nuevo estatuto procesal, quien tiene el interés de que se surta
la contradicción del testimonio extraprocesal es la parte contra quien se aduce la
prueba, quien tiene la carga de solicitar la diligencia de ratificación para interrogar o
contrainterrogar al testigo. Esta es, entonces, una facultad discrecional del interesado
en controvertir la prueba. De no hacerlo, el testimonio pasará de ser sumarial –por la
forma en la que se recaudó–, a ser completa, para el examen de mérito del juez. Ahora
bien, esto no significa que las afirmaciones contenidas en la declaración extra procesal
o extrajuicio tengan un poder demostrativo en sí mismas, es decir, que el testimonio
conduzca a la plena demostración de sus afirmaciones, porque sus dichos deben ser
sometidos a la crítica del testimonio, bajo las reglas establecidas para este medio
probatorio.
[…]

17. Para que el testimonio valga como plena prueba, debe ser responsivo, exacto y
completo. Responsivo en el sentido de que todas las preguntas reciban una respuesta
adecuada; exacto, es decir, puntual, fiel y cabal; y completo, en referencia a que el testigo no
deje de declarar respecto de ningún detalle, cuya omisión impida apreciar la declaración. A
lo anterior, se opone la declaración que es vaga, incoherente o falta de sentido. Cuando se
trata de varias declaraciones, se exige que ellas sean uniformes y coherentes. La uniformidad
se constata en el fondo o la sustancia del relato. En cuanto a la existencia de declaraciones
contradictorias, divergentes o carentes de uniformidad, la jurisprudencia ha indicado que
cuando el acervo probatorio permite varias valoraciones razonables, el juez, en ejercicio de
las facultades propias de la regla de la sana crítica, debe establecer la mayor o menor
credibilidad de las declaraciones, pudiendo escoger unas como fundamento de la decisión y
desechar otras. Esta operación lógica es válida siempre y cuando la conclusión no sea
contraevidente o absurda, de modo que es lógica si se apoya en las pruebas conducentes y
los testimonios que ofrezcan credibilidad. (Se destaca)

32. Acorde con el anterior criterio, la declaración extraprocesal de los señores Alice
Esther López y Walter Sarmiento García corre la misma suerte del análisis realizado en
los párrafos 24 a 26, pues en ella no se especificaron circunstancias de tiempo, modo y
lugar ni la razón por la cual les constan los hechos que afirman.

33. Frente al segundo argumento del recurso, según el cual no debieron
valorarse las declaraciones que habrían sido rendidas por María Eugenia Ahumada
González, Yolanda Anchila Carbono y el demandante en una presunta diligencia realizada
por parte de un investigador de la UGPP, es preciso indicar que en el expediente no obra
copia de tal diligencia y lo que hay de ella es la transcripción de las presuntas
declaraciones, que está contenida en el acto acusado, por lo que no es posible constatar
su veracidad. Adicionalmente, la señora Ahumada González y el actor, en las
declaraciones rendidas ante el a quo en la audiencia de pruebas celebrada el 23 de mayo
de 201954 desmintieron o rectificaron la versión inicial.

34. Ahora bien, la mención que hizo el tribunal en torno a ello fue la siguiente:
«según informa la entidad demandada lo declarado por los señores Francisco Aurelio

54 Según se observa en el Cd aportado, ver pie de página 32 y adicionalmente, constancia de que se rindió

testimonio visible en folios 240 y 241.

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Núñez Ávila, María Eugenia Ahumada González y Yolanda Anchila Carbono es del
siguiente tenor: […]»55; y luego de haber analizado los testimonios e interrogatorio de
parte afirmó «a lo anterior se le suma las declaraciones que en su momento rindieron los
testigos al funcionario de la UGPP, las cuales afirman haber firmado con engaños por
parte del investigador. No obstante, cuando hablaron del tema no fueron espontáneos e
incurrieron en varias contradicciones».

35. En ese contexto, se advierte que si bien el tribunal se refirió a tales
declaraciones no fue propiamente como testimonios, sino como indicio de que la versión
que, al parecer, contenían, podría corroborar lo que se había probado en el expediente y
es que no estaba acreditada la calidad de compañeros permanentes. En todo caso, el a
quo dejó claro que tanto el demandante como María Eugenia buscaron rectificar la
versión que habrían dado ante la UGPP, pues en la audiencia de pruebas negaron haber
realizado tales afirmaciones; por el contrario, aseguraron la existencia de la relación
marital entre la causante y Francisco; en la providencia también se expuso que ambos
reconocieron que un investigador de la UGPP los abordó para realizar averiguaciones
sobre la sustitución pensional, pero que María Eugenia no suscribió ningún documento y
el demandante afirmó que firmó un documento sin leerlo porque no portaba sus gafas,
pero bajo el entendimiento de que el funcionario le dijo que todo estaba a su favor56.

36. En ese contexto, lo que se observa es que el a quo buscó, por un lado,
comprobar la veracidad y circunstancias en las que se habrían dado tales declaraciones
–las de los apartes contenidos en el acto acusado- y por ello indagó sobre las mismas en
la audiencia de pruebas; y, por otro lado, aunque en la sentencia se refirió a su existencia,
fue para reflejar las imprecisiones e inexactitud que se advertían, debido a que pese a
que pretendieron rectificarse, hubo falta de espontaneidad y contradicciones en los
declarantes, más no como plena prueba de la versión dada en uno u otro escenario y ello
lleva a concluir que el reparo no tiene vocación de prosperidad.

37. Tampoco prospera el planteamiento del demandante, según el cual no se debió
valorar el informe visible en la comunicación interna 20132140075603. Sobre este basta
decir que si bien se hizo referencia a él en la providencia atacada57, su contenido no fue
objeto de análisis ni tenido en cuenta para negar el derecho en la sentencia de primera
instancia; y, en todo caso, de haberlo valorado, no habría llevado a ninguna conclusión
que interese probatoriamente a este proceso, pues lo único que consta en ese documento
es la existencia de una denuncia penal por fraude procesal y estafa tentada al no haber
demostrado la convivencia, sin que se pueda inferir que estos hallazgos correspondan a
las supuestas declaraciones referidas en la Resolución 031745 de 2013.

38. Finalmente, el último reparo se dirige a cuestionar la falta de valoración del
carné médico expedido por Cajanal el 10 de enero de 1997, en el que consta que el actor
figuraba como beneficiario de salud de la señora Eloísa; y el documento suscrito por esta,
en marzo de 2008, en el cual solicitó a Cajanal que, en caso de su deceso, se le

55 Folios 278 vuelto y 279.
56 Al respecto ver párrafo 21, acápite vii) interrogatorio de parte del demandante.
57 Específicamente en el acápite 3.3. lo único que se hizo fue relacionar el documento.

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reconociera la sustitución pensional a su compañero permanente, el señor Francisco
Aurelio.

39. Al revisar la sentencia de primera instancia se advierte que si bien el Tribunal
no los valoró, esto «pudo ocurrir»58 porque concluyó que los testimonios e interrogatorio
de parte rendidos en la audiencia de pruebas permitían constatar que no se acreditaba
el requisito de la convivencia, lo que dio lugar a que considerara innecesario estudiar si
se habían demostrado los demás requisitos, entre ellos la dependencia económica del
demandante respecto de la causante, análisis en el que hubiese podido valorar estos
documentos.

40. Sin embargo, como le asiste razón al recurrente en cuanto no fueron
analizados, la Sala procede a examinarlos. En lo que respecta al carné médico expedido
por Cajanal el 10 de enero de 1997, se advierte que si bien ese documento da cuenta de
que el actor fue beneficiario de la causante hasta el mes de marzo de 1997, la Sala tiene
dudas sobre su autenticidad, en la medida en que obran en el expediente dos59
documentos que presuntamente corresponden al mismo, pero con fotos distintas, por lo
que se genera una duda razonable sobre su veracidad.

41. Con todo, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta dicho documento, este
de lo único que da cuenta es de que Cajanal reconoció formalmente la calidad de
beneficiario del demandante respecto de la causante, sin especificar si este era a título
de cónyuge o compañero permanente, hijo de crianza, o cualquier otra circunstancia
autorizada por la ley para ese propósito.

42. Por último, en cuanto al documento suscrito por la señora Eloisa en marzo de
2008 referido en el párrafo 19 numeral iii), la Sala observa que si bien está dirigido a
Cajanal en él no aparece constancia de recibido en dicha entidad, ni la fecha en que
presuntamente se radicó, pues carece del sello que permita inferir que fue efectivamente

58 Inferencia que se realiza de lo manifestado en la sentencia en folio 285 «así las cosas, y sin necesidad

de entrar a estudiar si dentro del presente asunto se encuentra probada la dependencia económica del
demandante respecto de la causante, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como quiera (sic)
que el requisito de la convivencia no se acreditó con suficiencia, conclusión a la que se arriba de los medios
probatorios allegados al proceso analizado en su conjunto con sujeción a las reglas de la sana critica».

59

folios 15 y 237.

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entregado para producir efectos. Adicionalmente, el documento se habría suscrito
aproximadamente cinco meses antes del fallecimiento, pero en él se pretende dar cuenta
de hechos que, al parecer, venían presentándose desde 10 años atrás. Todo lo cual
genera dudas, pues el contraste de ese documento con la versión del demandante y los
demás declarantes60, ni siquiera son coincidentes en la fecha en que habría iniciado dicha
convivencia. En todo caso, ese documento, por sí solo, no es suficiente para demostrar
la calidad necesaria para acceder a la prestación objeto de este proceso.

43. En consecuencia, dicho documento no puede valorarse de manera aislada ni
erigirse como prueba concluyente de la existencia de una relación marital, lo que lleva a
concluir que el demandante no logró probar los requisitos para que sea reconocida a su
favor la sustitución de la pensión que en vida percibía la señora Eloísa Núñez.

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En este contexto, la Sala se abstiene de imponer costas de segunda instancia
al demandante, por cuanto las peticiones del recurso de apelación están siendo
concedidas de manera parcial61, por manera que aun cuando no le prosperaron las
pretensiones de la demanda, el objeto del recurso dio lugar a pronunciarse sobre las
pruebas que el a quo dejó de valorar. En consecuencia, se prescindirá de la condena en
costas en esta instancia.

60 El actor indica que desde 1988, Alexander Buelvas refiere que inició hacia el año 1980, Astrid Arcón

refiere que habría iniciado 20 años atrás de su declaración, es decir hacia el año 1999, María Eugenia
refiere que inició hacia el año 1981 y Cástulo Rojas sostiene que inició cuando el actor tenía
aproximadamente 22 años, es decir, hacia el año 1978.
61 Los cuales estaban dirigidos a que se analizara la valoración probatoria realizada por el Tribunal, frente

a lo cual, si bien se encontró que el Tribunal había omitido analizar algunas pruebas, lo cierto es que la
Sala llegó a la misma conclusión, esto es, negar el derecho al no encontrar acreditados los requisitos para
acceder a la sustitución pensional.

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Radicación: 47001 23 33 000 2017 00466 01 (3026-2021)
Demandante: Francisco Aurelio Nuñez Ávila

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de agosto de 2020, emitida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia, según lo expuesto en las
consideraciones.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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