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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00100-01

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00100-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 7 de octubre del 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la que se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por el juez de primera instancia. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizas las respectivas anotaciones en el portal Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2018-00100-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

18 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión docente. Ingreso Base de Liquidación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 07 de octubre del 2020 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

Contencioso Administrativo, el señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en orden a que se
declare la nulidad parcial de la Resolución 238 del 3 de marzo del 2016, proferida
por la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena, por medio de la
cual se le reconoció una pensión de jubilación, pero sin la inclusión de la totalidad
de factores salariales percibidos durante el último año de servicio.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) reconocer una pensión ordinaria de jubilación en cuantía del 75 % del
promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales
devengados durante los últimos 12 meses [sic] de servicio: (ii) descontar del valor
de la condena lo pagado con ocasión del reconocimiento pensional efectuado a
través de la Resolución 23 del 3 de marzo del 2016; (iii) aplicar los reajustes
anuales de ley sobre el monto de la mesada pensional; (iv) pagar las mesadas
atrasadas; (v) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; (vi) ajustar el valor de cada una de las mesadas para evitar la
pérdida de poder adquisitivo; (vii) pagar los intereses moratorios causados a partir
de la fecha de ejecutoria de la sentencia; y (viii) condenar a la parte demandada al
pago de costas.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

i) El señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda laboró más de 20 años al servicio
docente oficial y cumple los requisitos para acceder a una pensión de jubilación, la
cual le fue reconocida por medio de la Resolución 238 del 3 de marzo del 2016.

ii) En el citado acto administrativo se calculó el valor de la pensión a partir de un
ingreso base de liquidación conformado únicamente por la asignación básica y no
se incluyeron otros factores salariales tales como prima de navidad o vacaciones,
entre otros.1

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 1 de la
Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; y el Decreto
1045 de 1978. En desarrollo del concepto de la violación se expusieron los
siguientes argumentos:

i) El acto administrativo demandado no se ajusta a derecho, pues desconoce los
presupuestos normativos invocados como violados, según los cuales para liquidar
cesantías y pensiones de empleados públicos deben tenerse en cuenta los
factores salariales indicados en el Decreto 1045 de 1978, los cuales resultan ser
superiores a aquellos incluidos en la liquidación pensional del demandante.

ii) Las normas que regulan los asuntos pensionales es lo suficientemente clara, de
modo que no admite ningún tipo de interpretación distinta a que deben tenerse en

1 Los hechos citados en esta oportunidad son los únicos narrados por la parte demandante. Del

estudio del proceso se pudieron establecer otra serie de circunstancias relevantes que serán
resumidas en el acápite de hechos probados.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

cuenta aquellos factores enlistados en el Decreto 1045 de 1978. En ese sentido,
cualquier consideración contraria sería violatoria de los derechos constitucionales
a la seguridad social y al principio de favorabilidad.

iii) En caso de que no se hayan efectuado aportes al sistema pensional por los
factores de primas y bonificaciones, lo que corresponde es ordenar el descuento
de tales emolumentos por el último año de servicio, pero de ningún modo deben
excluirse del ingreso base de liquidación utilizado para calcular el monto de la
mesada pensional.

1.2. Contestación de la demanda

A pesar de haber sido notificado por medio de correo electrónico, 2 la parte
demandada no contestó la demanda.

1.3 La sentencia apelada

En providencia del 7 de octubre del 2020, el Tribunal Administrativo del Magdalena
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues declaró la nulidad
parcial de la Resolución 238 del 3 de [marzo] del 2016 y a título de
restablecimiento del derecho ordenó reliquidar la mesada pensional del
demandante en cuantía del «75 % de la asignación mensual devengada en el
último año de servicios, con los factores salariales ya reconocidos más las horas
extras devengadas en dicho periodo y la bonificación de que trata el Decreto 1566
del 2014».

2 Según consta en los folios 116 y 117 del documento 7_470012333000201800100011EXPEDIENTE,

del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

El fundamento de la anterior decisión fue el siguiente:

i) En materia de derechos pensionales para el personal docente afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio confluyen tres regímenes, cuya
aplicación depende de la fecha de vinculación del beneficiario; en ese sentido, los
vinculados antes del 27 de junio del 2003 se rigen por la Ley 91 de 1989; a su
turno, los afiliados con posterioridad a esa fecha están sujetos a las Leyes 100 de
1993 y 797 del 2003; mientras que los derechos pensionales causados con
posterioridad al 31 de julio del 2010, se rigen por disposiciones del Sistema
General de Seguridad Social de conformidad con el Acto Legislativo 01 del 2005
[sic].

ii) Al señor Wilman Ferreira le es aplicable el régimen contenido en la Ley 91 de
1989, dado que su vinculación al servicio docente oficial tuvo lugar el 8 de agosto
de 1994, según consta en el acto administrativo demandado. Lo anterior implica
que, en materia pensional, le sean aplicables las disposiciones de la Ley 33 de
1985, tal como lo consideró el Consejo de Estado en sentencia del 14 de
diciembre del 2018.3

iii) Respecto de los factores salariales que deben integrar el ingreso base de
liquidación, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 25 de abril del
2019, señaló que deben tenerse en cuenta aquellos taxativamente enlistados en la
norma y que hayan sido objeto de cotización al sistema pensional durante el último
año de servicio. Así, la Ley 33 de 1985 prevé la inclusión de la asignación básica,

3 El Tribunal Administrativo del Magdalena no indicó radicado u otro dato que permitiera identificar

plenamente el fallo al que hizo alusión.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.

iv) Según las pruebas aportadas al proceso se observa que durante el último año
de servicio el accionante devengó sueldo básico, horas extras, bonificación
mensual 1 de junio de 2014 a 31 de diciembre de 2015, prima de vacaciones,
prima de navidad y prima de servicios. Por su parte, en el acto administrativo
demandado se tuvieron en cuenta para efectos de liquidar el derecho pensional
discutido el sueldo básico y la prima de vacaciones.

v) Hay lugar a acceder, parcialmente, a lo pedido por el demandante, pues se
demostró que no se tuvieron en cuenta a totalidad de factores salariales
consignados en la Ley 33 de 1985, específicamente el relativo a las horas extras.
Además, debe ordenarse la inclusión de la bonificación del 1 de julio del 2014 al
31 de diciembre del 2015, a pesar de que no se encuentre enlistado en la referida
norma, toda vez que dicho emolumento fue creado a través del Decreto 1566 del
2014, en donde se indica que tiene el carácter de factor salarial para todos los
efectos, entre ellos, el pensional.

1.4. El recurso de apelación

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, de acuerdo con los siguientes

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

argumentos:4

i) La pensión de jubilación del señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda se liquidó de
conformidad con los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente
anterior a la adquisición del derecho, razón por la que no es procedente modificar
dicho calculo ni incluir factores distintos a los ya computados en sede
administrativa.

ii) La bonificación mensual docente no está prevista como factor de salario y no
aparece de forma taxativa en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, de tal suerte que
no hay lugar a acceder a su inclusión en el ingreso base de liquidación. En ese
sentido, no es de recibo el argumento del Tribunal Administrativo del Magdalena
según el cual dicho factor nació a la vida jurídica en el año 2014 [sic].

iii) La inclusión de factores salariales que no se encuentran taxativamente
dispuestos en la Ley 62 de 1985 contraría la actual posición del Consejo de
Estado, pues el valor de las pensiones debe calcularse con base en el salario
promedio que sirvió de base para efectuar aportes al sistema durante el último año
de servicio. Al no estar demostrado que se realizaron cotizaciones sobre factores
distintos a los incluidos en sede administrativa, no hay lugar a acceder a las
pretensiones de la demanda.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la demandada alegaron de conclusión, según

4 Memorial en documento «15.1 RECURSO DE APELACIÓN» del expediente digital en el índice 2 del

portal Samai.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

memoriales que obran en los índices 14 y 13 del portal Samai, respectivamente,
en donde reiteraron los argumentos propuestos en la demanda y en el recurso de
apelación.

1.6. El Ministerio Público

El agente del ministerio público rindió concepto número 416-2022, del 21 de
octubre del 2022, visible en el índice 17 del portal Samai, en el cual solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia al considerar que el demandante tiene
derecho a que su pensión de jubilación sea liquidada con base en los factores
enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985, en donde se incluyeron las horas extras
como factor con vocación de integrar el ingreso base de liquidación y que no fue
tenido en cuenta por la parte accionada. Además, manifestó que también hay
lugar a que se incluya la bonificación de que trata el Decreto 1566 del [2014]
puesto que así se dispuso en esa norma.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena erró al
ordenar la inclusión de las horas extras y de la bonificación mensual del Decreto
1566 del 2014 en el ingreso base de liquidación para calcular el valor de la pensión
de jubilación del señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda.

2.2. Marco normativo

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente
al régimen pensional de docentes oficiales

Para resolver el problema jurídico le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado5, en la cual se estableció la forma de liquidar la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
conforme a las siguientes reglas:

a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

5Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial

SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la
Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado
artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales
1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 %
equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del
rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en
cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la
base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de
los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que
quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se
señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33
de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre
Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en
10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, se
establece lo siguiente:

i) El señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda nació el 8 de septiembre de 1960.6

ii) El señor Wilman Antonio Ferreira laboró al servicio docente oficial entre el 8 de
agosto de 1994 y el 30 de septiembre del 2015, en donde se desempeñó como
como «profesor de tiempo completo» en el municipio de Pueblo Viejo, en el
departamento del Magdalena.7

iii) Durante el último año de servicio del demandante, es decir, entre el 1 de
octubre del 2014 y el 30 de septiembre del 2015, el señor Wilman Antonio Ferreira
devengó los factores salariales de: (i) sueldo básico; (ii) bonificación mensual
Decreto 1566 del 2014; (iii) prima de vacaciones; (iv) sueldos de vacaciones; (v)
horas extras; y (vi) prima de navidad.

iv) El 3 de marzo del 2016, la Secretaría de Educación Departamental del
Magdalena profirió la Resolución número 238, por medio de la cual le reconoció al
señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda una pensión mensual vitalicia de jubilación
en cuantía del 75 % de un ingreso base de liquidación conformado por el promedio
6 Folio 194 del documento «7_470012333000201800100011EXPEDIENTE», del expediente digital en

el índice 2 del portal Samai.
7 Folio 193 del documento «7_470012333000201800100011EXPEDIENTE», del expediente digital en

el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

del sueldo básico y la prima de vacaciones percibidos durante el último año de
servicio, lo que dio como resultado una mesada en cuantía de $ 1.932.723, en
aplicación del régimen consignado en la Ley 91 de 1989.

En el artículo cuarto del referido acto administrativo solo se concedió la
procedencia del recurso de reposición. 8

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Antes de estudiar el fondo del asunto, la Sala estima necesario precisar que al
expediente no se allegó prueba de que la parte demandante haya interpuesto
recurso alguno contra la Resolución 238 del 3 de marzo del 2016; sin embargo,
dicha circunstancia no fue observada ni discutida por ninguna de las partes, así
como tampoco fue objeto de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia
ni en el recurso de apelación.

En todo caso, para efectos de ofrecer claridad sobre el particular, la Subsección
debe indicar que ello no resulta ser impedimento para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, debido a que en ese acto administrativo solo se
concedió la oportunidad de interponer el recurso de reposición, cuyo agotamiento
no es obligatorio según lo dispuesto en la parte final del artículo 76 de la Ley 1437
del 2011.

8 Folios 19 y 20 del documento «7_470012333000201800100011EXPEDIENTE», del expediente
digital en el índice 2 del portal Samai.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

Pues bien, para resolver el presente asunto es necesario precisar que el juez de lo
contencioso-administrativo dentro de sus deberes tiene el de velar por que se
garantice la aplicación uniforme del derecho, lo que supone que, ante supuestos
fácticos y jurídicos similares, los administrados puedan recibir el mismo trato
jurídico. En salvaguarda de esta garantía resulta necesario que se apliquen de
manera clara y pacífica los precedentes jurisprudenciales emitidos por el Consejo
de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción.

De allí que se predique, entre otras, la fuerza vinculante de las providencias
emitidas con propósito de unificación, pues las Altas Cortes, además de
administrar justicia en casos particulares, establecen los criterios de coherencia y
uniformidad en la práctica judicial que resultan vinculantes para los demás
operadores jurídicos que tengan a su cargo resolver casos similares.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:9

Así las cosas, la vinculatoriedad de los funcionarios judiciales al precedente de las
altas cortes en cada una de las jurisdicciones significa una garantía del derecho a la
igualdad frente a la ley. Es decir, como lo ha indicado este Tribunal, «[r]econocerle
fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado […] redunda en una mayor coherencia
del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de
adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la
vinculatoriedad del precedente garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a
la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados
de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes
sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico
jurídico entre los particulares».

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-611 de 2017.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00100 01 (3720-2021)
Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

En ese orden, se tiene que la obligatoriedad de aplicar la jurisprudencia de las
altas cortes permite que los usuarios de la administración de justicia puedan tener
confianza legítima sobre las normas que regulan sus relaciones jurídicas, por lo
que se puede afirmar, además, que dicha exigencia orienta las decisiones
judiciales, las cuales estarán guiadas por un parámetro de igualdad que otorga
seguridad jurídica.

Lo anterior sin perjuicio de que puedan presentarse cambios jurisprudenciales al
interior de la corporación, pues la labor interpretativa del derecho encargada a los
órganos de cierre es diaria y se acompasa con las realidades sociales. Cambios
que están debidamente justificados y sobre los cuales, por regla general, se
determinan los parámetros de aplicación en el tiempo.

Es por ello que, por ejemplo, la Sala Plena de esta Sección indicó en la sentencia
del 25 de abril del 2019 que los efectos de la decisión de unificación sobre el
régimen pensional aplicable a los docentes oficiales tendrían efectos
retrospectivos sobre todos los casos pendientes de resolver, en atención al
carácter vinculante que ostentan ese tipo de providencias para los demás
operadores judiciales. En síntesis, sostuvo lo siguiente:

En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación, se
acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente,
disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este
pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes
de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima que la solución del presente recurso
de apelación debe someterse a las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo

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Demandante: Wilman Antonio Ferreira Ojeda

de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril del 2019, según la cual, la
conformación del ingreso base de liquidación para calcular las pensiones de los
docentes oficiales debe atender a aquellos factores salariales sobre los cuales el
trabajador efectuó aportes al sistema pensional y que se encuentren
taxativamente consignados en la Ley 62 de 1985.

Así, la Sala encuentra que, en aplicación del antecedente jurisprudencial
desarrollado, sí hay lugar a ordenar la inclusión del factor correspondiente a horas
extras, tal como lo dispuso el a quo, pues se encuentra enlistado en la Ley 62 de
1985, fue devengado por el señor Wilman Antonio Ferreira, según consta en las
certificaciones arrimadas al expediente y no se incluyó en el ingreso base de
liquidación, según se observa de la revisión del acto administrativo demandado.

De ese modo, del estudio de la Resolución 238 del 3 de marzo del 2016, la cual
contiene las condiciones del reconocimiento de la mesada pensional, se advierte
que solo fueron tenidos en cuenta la asignación básica mensual y la prima de
vacaciones, es decir que no se incluyó el factor de horas extras, el cual tiene la
vocación de conformar el IBL aplicable al señor Ferreira Ojeda.

Bajo similar panorama se encuentra el estudio de inclusión, en el IBL, de la
bonificación mensual de que trata el Decreto 1566 del 2014 y que fue percibida
por el accionante, toda vez que, a pesar de que no se encuentra enlistada en las
Leyes 33 y 62 de 1985, el citado decreto previó que constituiría factor salarial para
todos los efectos. La disposición normativa es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el

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Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o el Decreto 804 de
1995, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de junio de
2014 y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2015, mientras el servidor público
permanezca en el servicio.

La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial
para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se
efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

El valor de la bonificación de 2014 se tendrá en cuenta como base para liquidar el
incremento salarial de 2015. El valor de la bonificación de 2015 se tendrá en
cuenta como base para liquidar el incremento salarial de 2016.

De acuerdo con lo anterior, el empleador debió efectuar los descuentos sobre
dicho factor con destino al sistema pensional y en caso de no haber cumplido con
tal obligación, ello sería una omisión que no podría trasladársele al trabajador;
argumento que, en todo caso, no fue sugerido por la parte recurrente, es decir,
que no se ha propuesto discusión alguna en este proceso en relación con los
aportes a pensión sobre el aludido factor.

Así las cosas, la Sala no encuentra ningún reparo en la orden impartida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia de primera instancia, pues
se dispuso la inclusión en el ingreso base de liquidación del demandante de
factores salariales que no fueron tenidos en cuenta en sede administrativa al
momento de calcular el valor de la mesada y que legalmente sí tenían que hacer
parte de la base liquidatoria.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

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2.5 De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201610, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

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agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso11, la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte apelante por cuanto la alzada le será resuelta
desfavorablemente y la decisión se basó en una sentencia de unificación que ya
había sentado la posición de esta corporación en asuntos como el de marras y
que fue expedida incluso antes del fallo de primera instancia, que, por demás, se
basó en el aludido antecedente jurisprudencial.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, la Sala
considera que el señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda tiene derecho, como
dispuso el a quo, a que en su ingreso base de liquidación se incluyan los factores
de horas extras y bonificación mensual de que trata el Decreto 1566 del 2014.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

11 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 7 de octubre del 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena en la que se accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por el señor Wilman Antonio Ferreira Ojeda en contra de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas por el juez de primera instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente12
LBC

12 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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