Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00141-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00141-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00141-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00141-01 (3320-2020)
Demandantes: Sixta Elena Weffer Caballero
Demandado: Departamento de Magdalena
Temas: Derechos laborales – Proposición jurídica
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, Sixta Elena Weffer Caballero presentó una demanda en orden a que
se declare la nulidad del acto ficto presunto originado en la petición del 13 de enero
de 20143 mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago de los salarios de los
meses de mayo a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013, así como las
primas de navidad y de vacaciones y el porcentaje del 15% sobre el salario base
por prestar los servicios en zonas de difícil acceso por ambas anualidades.
1 Folios 2 a 6.
2 En adelante CPACA.
3 En la demanda se indicó que la petición era del 25 de abril de 2014; no obstante, esta no se encontró
en el expediente, por lo que el tribunal consideró que se refería a la del 13 de enero de tal año y así
lo expuso en audiencia inicial para sanear el proceso, ante lo cual las partes no presentaron
objeciones. Folio139.
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) ordenar el pago de los emolumentos enunciados, indexados, y; ii) condenar en
costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:
• Sixta Elena Weffer Caballero fue nombrada docente a través del Decreto 25 del
30 de julio de 1996, proferido por el alcalde del municipio de Ciénaga,
Magdalena.
• En el año 2003, mientras prestaba el servicio en el corregimiento de Ríofrio del
municipio de Zona Bananera, fue amenazada de muerte, igual que su esposo
Víctor Bravo Salas.
• La Secretaría de Educación del departamento del Magdalena, a través del
Decreto 866 del 19 de agosto de 2003, le confirió el estatus de «amenazado» y
dispuso su reubicación de la institución educativa de Palermo, Sitio Nuevo.
• La entidad aludida expidió la Resolución 1014 del 11 de octubre de 2012
mediante la cual inició una actuación administrativa para verificar la situación de
varios docentes que no prestaban el servicio, dentro de los que se encontraba
incluida la actora, para verificar la ocurrencia de un abandono del cargo. El acto
administrativo ordenó suspender el pago de los salarios.
• Con la Resolución 1181 del 7 de diciembre de 2012, la demandada decretó el
cierre de la referida actuación y reanudó el pago de los salarios al no encontrar
mérito para declarar el abandono del cargo de los docentes.
• A través de la Resolución 1189 de 2013, el departamento del Magdalena dispuso
de nuevo su reubicación en la institución educativa Palermo del municipio de
Sitio Nuevo. El rector del centro educativo informó el 24 de enero de 2014 que
no existía carga académica para asignarle.
• La Secretaría de Educación del departamento del Magdalena, en razón de lo
anterior, mediante la Resolución 240 del 21 de abril de 2014 la designó como
docente en la institución San José del municipio de Sitio Nuevo en la que labora
hasta la actualidad.
• La demandada adeuda un total de 20 meses de salarios y las prestaciones
sociales causados en los años 2012 y 2013 y no ha dado respuesta a las
4 Folio 2.
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
peticiones presentadas y siempre se remite al concepto que emitió el 24 de
enero de 2014 que indica razones jurídicas del porqué no deben pagarse los
salarios a varios docentes, pese a no ser vinculante.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 23, 25 y 53 de la Constitución Política;
las leyes 387 de 1997,1448 de 2011; los decretos 1844 de 2007, 322 de 2013 y; las
resoluciones 053 de 2016 y1181 de 2012.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos5:
• Se vulneraron las disposiciones constitucionales porque i) se suspendió el pago
de sus salarios sin tener en cuenta su condición de desplazada; ii) no se dio
respuesta a las peticiones en las que reclamó su desembolso y, por el contrario,
solo respondió con la remisión al concepto del 24 de enero de 2014 que no era
vinculante por mandato de artículo 28 de la Ley 1437 de 2011; y iii) otros docentes
en igual situación sí recibieron sus salarios y prestaciones sociales.
• La entidad desconoció el contenido de la sentencia T-795 de 2003 que protege a
los docentes desplazados y amenazados y dispone el deber de su reubicación. Así
mismo, no acató la sentencia T-731 de 2007 que resguarda el derecho de los
docentes en tal condición a recibir los salarios.
• La demandada vulneró el derecho que otorgan las normas citadas en favor de la
población desplazada docente a mantener su estabilidad económica, al negar el
pago de los salarios, pese a que debía hacerlo si se está por fuera de la jurisdicción
por razones de seguridad.
1.2. Contestación de la demanda
El departamento del Magdalena contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones
con fundamento en las siguientes razones:
• No es cierto que a la demandante no se le hubiese atendido su reubicación, pues
así se hizo a través de las resoluciones 189 de 2013 y 240 de 2014. Tampoco es
verdad que no se dio respuesta a la petición.
• Propuso las siguientes excepciones:
«Inepta demanda por falta de requisitos formales de procedibilidad»: no se agotó la
conciliación prejudicial que ordena el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
5 Folios 5 y 6.
6 Folios 74 a 81.
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
«Prescripción»: toda vez que se solicita el pago de salarios y prestaciones sociales
por los años 2012 y 2013, en tanto se configuró esta excepción en razón a que la
demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2017, esto es después de los tres
años que permite el Decreto 1848 de 1969.
«Inexistencia de causales de nulidad del acto administrativo»: dentro del proceso
no se demostró la ocurrencia de alguna de las causales regladas en el artículo 137
del CPACA para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo.
«Cobro de lo no debido»: a la demandante no le asiste derecho al pago de los
salarios y prestaciones sociales que reclama, por cuanto durante el tiempo del cual
requiere su pago no prestó el servicio.
«Inexistencia del acto ficto presunto demandado»: la entidad dio respuesta a la
petición presentada el 13 de enero de 2014, por lo que no se configuró el acto
administrativo referido.
«Buena fe»: la entidad ha actuado de acuerdo con la Constitución Política y la ley.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Magdalena en sentencia del 16 de octubre de 20197
denegó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• Los artículos 60 y 68 del Decreto 2277 de 1979 disponen que la falta de carga
académica no constituye causal de retiro del servicio del docente ni implica una
suspensión en su remuneración. A su vez, el artículo 53 reguló que la suspensión
provisional procede mientras se surte el proceso disciplinario, pero que después de
60 días debe culminar y, en caso de no emitirse una sanción, se deben pagar los
salarios debidos al suspendido.
Así mismo, por mandato del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 corresponde a los
rectores de los centros educativos determinar la asignación académica de los
docentes. Y, por disposición de lo reglado en el libro 2, parte 4, título 5 del Decreto
1075 de 2015 es al nominador a quien le compete tramitar los traslados o las
reubicaciones temporales que por razones de seguridad soliciten estos servidores
públicos, para garantizar su integridad y el trabajo en condiciones dignas.
• En el presente caso se configuró el silencio administrativo negativo y, por tanto, la
existencia del acto administrativo ficto o presunto negativo. Es así, porque la petición
del 13 de enero de 2014, aunque se respondió por la demandada mediante el Oficio
7 Folios 297 a 319.
4
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
ADF 092-2014 del 25 de abril de 2014, no obtuvo una verdadera respuesta, pues la
entidad se limitó a remitir a la demandante a lo consignado en un concepto proferido
por su oficina jurídica que, a luz del artículo 28 del CPACA, no crea situaciones
jurídicas y no tiene carácter vinculante. En consecuencia, no decidió el derecho.
• La prescripción de los derechos laborales reclamados no ocurrió, por cuanto la
demandante continúa en servicio activo como docente y mientras el vínculo laboral
esté vigente esta no se causa, ya que solo se comienza a contar a partir de su
finalización, de acuerdo con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969.
• Se probó que a Sixta Elena Weffer Caballero en el año 2003 se le reconoció la
condición de amenazada y se ordenó su traslado de la institución educativa
Armando Estrada Flórez ubicada en el corregimiento de Riofrío del municipio de
Zona Bananera al centro de educación María Alfaro de Osuna de Plato, Magdalena.
También se acreditó que regresó al primer municipio y permaneció allí hasta el
2006, momento en el que por razones de salud mental de su hijo fue trasladada al
municipio de Palermo, Magdalena, en el que no se le asignó carga académica hasta
el 2014; no obstante, recibió todos los salarios y prestaciones sociales sin prestar el
servicio durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Para los años 2012 y 2013
se suspendió el pago pese a que la Resolución 1181 de 2012 indicó que no había
abandonado el cargo.
• Sixta Elena Weffer Caballero no tiene derecho al pago de los salarios y
prestaciones sociales que reclama porque no prestó el servicio por 7 años y recibió
tales emolumentos y, además, i) la condición de amenazada ocurrió en el año 2003
y no perduró en el tiempo, al punto que regresó a trabajar al lugar de donde fue
desplazada y permaneció allí hasta el año 2006; ii) los traslados posteriores se
dieron por razones de salud mental de su hijo; iii) no solicitó la asignación de carga
académica; y iv) no hay prueba de que no le hubieran pagado los salarios de 2012
y 2013, por el contrario, la demandada certificó que ha hecho los pagos desde el
2005 al 2018.
1.4. El recurso de apelación
Sixta Elena Weffer Caballero interpuso recurso de apelación8 y expuso como
argumento para la revocatoria de la sentencia que la entidad no debió suspender el
pago de los salarios y prestaciones sociales, puesto que fue exonerada dentro del
proceso disciplinario que se inició en su contra por abandono del cargo y no fue
retirada en ningún momento de la nómina. Agregó que, si bien no se le asignó carga
académica, los pagos debían hacerse hasta que se resolviera su situación laboral.
8 Folio 328.
5
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
1.5.1. Parte demandante
Sixta Elena Weffer Caballero no se pronunció en esta etapa procesal9.
1.5.2. Parte demandada
La parte demandada no se manifestó10.
1.6. El Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio11.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Para fijar el problema jurídico, la Sala debe dilucidar previamente, si en el presente
caso la proposición jurídica formulada permite efectuar un pronunciamiento de
fondo. Lo anterior comoquiera que se advierte que, para dar respuesta a la petición
presentada por la demandante el 13 de enero de 2014, la demandada expidió el
Oficio ADF 092-2014 del 25 de abril de 2014. En consecuencia, al tratarse de un
presupuesto de la acción (art. 43 del CPACA), es un aspecto que debe quedar
determinado de forma inequívoca.
En consecuencia, la Sala deberá resolver el siguiente interrogante:
¿En el presente caso se configuró la excepción de «indebida proposición
jurídica», por no demandarse el acto administrativo definitivo que resolvió la
situación jurídica particular Sixta Elena Weffer Caballero?
En caso de resultar negativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala deberá
responder lo siguiente:
¿A Sixta Elena Weffer Caballero le asiste el derecho a que la demandada le
pague los salarios y prestaciones sociales que reclama causados en los
meses de mayo a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013?
2.1.1. Sobre la proposición jurídica completa que exige la Ley 1437 de 2011
9 Constancia secretarial. Folio 337.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
El artículo 104 del CPACA dispone:
«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.»
Ahora, los litigios a los que se refiere la norma transcrita se promueven a través de
los medios de control que el legislador previó, según la forma de expresión de la
administración que se pretenda controvertir, tal y como se desprende de los
artículos 135 a 148 del CPACA. En lo relevante al presente asunto, la nulidad y
restablecimiento del derecho12 es el mecanismo del que disponen quienes
consideren lesionado un derecho subjetivo amparado por una norma jurídica, por
virtud de un acto administrativo.
En relación con el concepto de acto administrativo, la jurisprudencia del Consejo de
Estado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades13, en el cual coinciden, de
manera general, en una definición en la que están presentes varios elementos, a
saber: manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de una función
administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, que
produce efectos jurídicos, los cuales se identifican como los elementos esenciales
para la existencia del acto administrativo.
En ese contexto, la forma o el instrumento jurídico en el que está contenida esa
manifestación de voluntad no es un elemento de la existencia, a menos que así lo
exija expresamente la ley, como cuando se refiere a las ordenanzas y a los acuerdos
expedidos por las asambleas departamentales o los concejos municipales o
distritales, respectivamente. De ahí que es posible encontrar actos expresos
contenidos en oficios, circulares, actas, memorandos, medios electrónicos, entre
otros, incluso, se prevén actos verbales y tácitos. Ciertamente, en cuanto a este
último, la falta de respuesta expresa por parte de la administración lleva a la
sustitución de una voluntad jurídica y a su presunción, supuesto legal que se regula
bajo la denominación del silencio administrativo negativo o positivo, según sea el
caso, que lleva a la configuración de un acto ficto o presunto.
Ahora bien, en materia del acto ficto o presunto que resulta del silencio
administrativo, como regla general, el sentido de la determinación administrativa que
se puede presumir es la negativa (art. 83 del CPACA), esto es que la solicitud no ha
sido acogida favorablemente, y los eventos en los cuales se puede entender como
12 Artículo 138 del CPACA.
13 Al respecto, se pueden revisar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22
de enero de 1988, radicación: 0549. Sección Cuarta, providencia del 4 de abril de 1986, radicación
0001. Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente AC-9407 y sentencia del 4
de julio de 2002, radicado 73001-23-31-000-1999-9333-01 (19333). Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicación: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18).
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Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
positiva están regulados de manera expresa en normas especiales (art. 84 del
CPACA)14.
De acuerdo con lo anterior, en nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario
que se demande la decisión que contiene esa manifestación o declaración de
voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, que puede estar
contenida en uno o varios instrumentos jurídicos que, desde la Revolución
Francesa, la doctrina administrativista ha denominado como actos administrativos
y, así lo ordenan expresamente lo artículos 138 y 163 del CPACA.
La proposición jurídica así formulada permite al juez emitir un pronunciamiento de
fondo y, de encontrar algún vicio en los elementos de validez o de valoración legal
(conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico subordinado;
competencia material, territorial, temporal, jerárquica o funcional del órgano emisor;
real y adecuada motivación; formalidades en su expedición; fin legítimo y
proporcionalidad), podrá analizar de qué forma se restablecerá el derecho
conculcado. Lo contrario, le impide adelantar un análisis integral de la controversia.
2.1.1.1. Caso concreto. Configuración de la proposición jurídica incompleta
En el presente caso Sixta Elena Weffer Caballero demandó la nulidad del acto ficto
presunto originado en la petición del 13 de enero de 2014 que le negó el
reconocimiento y pago de los salarios de los meses de mayo a diciembre de 2012,
de enero a diciembre de 2013, las primas de navidad y de vacaciones y el porcentaje
del 15% sobre el salario base por prestar los servicios en zonas de difícil acceso por
ambas anualidades.
Revisadas las pruebas aportadas al proceso, se encuentra acreditado que, contrario
a lo afirmado en la demanda, la Secretaría de Educación del departamento de
Magdalena sí dio respuesta expresa y de fondo a la petición presentada por la
demandante.
En efecto, Sixta Elena Weffer Caballero solicitó el pago de los salarios y primas que
dejó de percibir durante el 201115, 2012 y 2013 como consecuencia de la
investigación adelantada en su contra por el supuesto abandono del cargo 16. La
entidad respondió a través del Oficio ADF-092-2014 del 24 de abril de 201417 en el
que manifestó que «[e]n atención a su petición les adjunto concepto enviado por la oficina
14 Por ejemplo, en las particulares situaciones reguladas en los artículos 732 del Estatuto Tributario;
33, 37 y 316 del Estatuto Minero -Decreto 2655 de 1988; 25 y 16 de la Ley 80 de 1993; 63 de la Ley
9 de 1989; 13 del Decreto 1751 de 1991; 3 de la Ley 1188 de 2008; y 154 de la Ley 142 de 1994,
entre otros.
15 Incluyó este año, pese a que la investigación por abandono del cargo se inició el 1 de octubre de
2012 mediante la Resolución 1014. Folios 11 y 12.
16 Folio 28.
17 Folio 106.
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jurídica de la Secretaría de Educación del Magdalena, sobre la procedencia de pago de
salarios dejados de percibir».
El concepto al que hizo alusión la entidad lo suscribió el coordinador de la oficina
jurídica de la Secretaría de Educación el 23 de enero de 2014, esto es 9 días
después de presentada la petición, y lo dirigió al área administrativa y financiera de
esa unidad que finalmente respondió la solicitud. En el asunto del concepto se indicó
que correspondía a la «[s]olicitud de concepto calendado 16 de enero de 2014. – Sixta
Elena Weffer Caballero y Víctor Bravo Salas». En el documento, luego de citarse el
artículo 1 del Decreto 1647 de 196718 y 35, numeral 15, de la Ley 734 de 2002, frente
a la petición se manifestó lo siguiente19:
«En consideración a lo anterior, como quiera que los docentes relacionados en el
asunto de la referencia no han prestado sus servicios al departamento, no existe la
obligación legal del ente territorial de reconocer el pago de los salarios
presuntamente adeudados (…)
Por otra parte, la medida a que hace referencia el acto administrativo contenido en
la Resolución 1014 del 11 de octubre de 2012, en ninguno de sus partes estableció
la suspensión de salarios con efectos hacia el pasado (ex tunc) sino hacia el futuro
(ex nunc). Suspensión, que desde luego, solo hace alusión al intervalo que existe
entre el acto de apertura y el acto de cierre de la actuación. Por consiguiente, no es
posible lo pretendido respecto del pago de los salarios correspondientes a periodos
anteriores; además, si en gracia de discusión así se hubiere determinado, lo cierto
es que nunca hubo una prestación real y efectiva del servicio que diera lugar a dicho
reconocimiento.».
Según se advierte, el concepto expresó las razones de hecho y de derecho que
sustentaron la negativa del pago de los salarios y prestaciones sociales pedidos por
la demandante el 13 de enero de 2014. Por tanto, al adjuntarse al Oficio ADF-092-
2014 del 24 de abril de 2014, lo que hizo la entidad demandada fue soportar en él
la negación del derecho, lo que es razonable por ser el área jurídica de la unidad y,
por tanto, la que mejor conocimiento tiene sobre el tema. Los razonamientos
contenidos en el aludido concepto fueron invocadas como motivación y hacen parte
de la respuesta, lo que implica que no se trataba de un documento ajeno a la materia
de decisión, máxime cuando fue expedido de manera específica para responder la
solicitud presentada por Sixta Elena Weffer Caballero, por lo que no era necesario
trascribirlo de nuevo en el oficio aludido.
Así las cosas, se infiere que, en el sub examine no se configuró el silencio
administrativo negativo y, por tanto, no había lugar a declarar la existencia del acto
ficto demandado como lo hizo el a quo. Por tal razón, la Sala declarará probada en
esta instancia la excepción de «indebida proposición jurídica» al no demandarse el
acto administrativo definitivo que resolvió la situación particular y concreta de la
demandante, esto es, el Oficio ADF-092-2014 del 24 de abril de 2014, de acuerdo
con el mandato del artículo 163 del CPACA.
18 «Por el cual se reglamentan los pagos a los servidores del estado».
19 Folios 26 y 27.
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En todo caso, se precisa que, aunque se aceptara la existencia del acto ficto
presunto negativo que se enjuició y que, además aquel se encuentra afectado de
nulidad, no habría sido posible decretar el restablecimiento del derecho, por cuanto
se configuró la prescripción de los derechos reclamados al presentarse la demanda
cuando ya había fenecido el término prescriptivo regulado en los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
En efecto, el derecho a reclamar el pago de los salarios dejados de recibir con
ocasión de la orden impartida en la Resolución 1014 del 1 de octubre de 201220 era
exigible, de haberse encontrado probada la causal de nulidad del acto ficto, a partir
de la expedición de la Resolución 1181 del 7 de diciembre de 201221 ya que así lo
indicó esta y, además, porque los artículos 53 y 54 del Decreto 2279 de 1979
prescriben que el pago de los salarios retenidos procede una vez culminado el
trámite disciplinario con la decisión favorable para el docente. Por tanto, la
demandante contaba con tres años a partir de esa fecha para reclamarlos y al
presentar la petición el 13 de enero de 2014 suspendió el término por un periodo
igual que vencía el 13 de enero de 2017.
De este modo, al radicar la demanda el 15 de diciembre de 2017 lo hizo cuando el
término que le otorgaban los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969 ya había trascurrido, por ende, se configuró la prescripción
extintiva del derecho exigido.
Al margen de esta última apreciación, la Sala declarará probada de oficio, de
acuerdo con la facultad otorgada por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 22, la
excepción de «indebida proposición jurídica» de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. En consecuencia, no habrá lugar a responder el
segundo interrogante planteado en esta providencia, pues su resolución implica un
estudio de fondo de la demanda, lo que no es posible por cuanto no se demandó el
acto administrativo definitivo.
Por último, es de anotar que con lo anterior no se desconoce la condición de
apelante única de la demandante ni el principio de la non reformatio in pejus, toda
vez que la providencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda,
de manera que no se desmejora su situación.
2.5. Costas
20 Folios 11 y 12.
21 Folios 14 a 16.
22 La norma indica: « […] decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada». Sobre el ejercicio de esta facultad oficiosa para declarar la excepción
de prescripción extintiva se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021. Radicación: 08001-23-33-000-
2014-01127-01(1002-21). Actor: Keila Margarita Álvarez Navarro
10
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00191-01 (3320-2020)
Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.23
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente caso se
configuró la excepción de «indebida proposición jurídica», por cuanto no se
demandó el Oficio ADF-092-2014 del 24 de abril de 2014, acto administrativo
definitivo que resolvió la situación jurídica particular de Sixta Elena Weffer Caballero.
En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 16 de octubre de 2019
por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la
demanda y en su lugar se declarará probada la excepción «inexistencia de
proposición jurídica».
23En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014).
11
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00191-01 (3320-2020)
Demandante: Sixta Elena Weffer Caballero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Revocar la sentencia proferida 16 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Magdalena que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Sixta Elena Weffer Caballero contra el departamento del Magdalena, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. – Declarar probada de oficio la excepción de «indebida proposición
jurídica» que impide emitir un pronunciamiento de fondo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. – Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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