Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00149-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00149-01 (4120-2023)
Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
Demandado: Departamento del Magdalena
Temas: Reajuste de la pensión de invalidez sustituida. Ley 4ª de 1976
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 19 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Clarisa Esther Llanos de Pertuz presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1 en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 2053 del 21 de noviembre del
2016, por medio de la cual el departamento del Magdalena le negó el reajuste
pensional previsto en la Ley 4ª de 1976.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el pago de las sumas dejadas de percibir de acuerdo con el reajuste
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00149-01 (4120-2023)
Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
ordenado en la Ley 4ª y su Decreto reglamentario 732 ambos de 1976; ii)) el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; y iii) la condena
en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante la Resolución 492 del 17 de marzo de 1981 la Caja de Previsión Social
del departamento del Magdalena le reconoció a Benjamín Augusto Pertuz Pabón
una pensión por invalidez, efectiva a partir del 21 de noviembre de 1978.
3.2. La anterior prestación fue sustituida a favor de Clarisa Esther Llanos de Pertuz
por medio de la Resolución 3675 del 27 de noviembre de 1989.
3.3. El 22 de agosto de 2016, Clarisa Esther Llanos de Pertuz solicitó ante la oficina
del Fondo de Pensiones del departamento del Magdalena, el reajuste de la mesada
pensional de conformidad con la Ley 4ª y su Decreto reglamentario 732 ambos de
1976, según los cuales la prestación debía ser reajustada en porcentaje y en suma
fija de la siguiente manera:
la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y
En porcentaje el nuevo salario mínimo mensual legal más alto. Este incremento
corresponde a la anualidad anterior
la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo
En suma, fija
mensual legal más alto
Para pensiones inferiores a cinco salarios mínimos, ese reajuste no deberá ser inferior del 15%
de la respectiva mesada pensional
3.4. A través de la Resolución 2053 del 21 de noviembre del 2016, la mencionada
entidad le negó el reajuste solicitado con el argumento de que este ya se había
efectuado.
3.5. Por medio de la Resolución 159 del 14 de febrero de 2014 le fue reajustada la
mesada pensional de acuerdo con las leyes 6ª de 1992 y 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios 2108 de 1992 y 692 de 1994, sin embargo, la entidad demandada
omitió el ordenado en la Ley 4ª de 1976.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 53 y 209 de la Constitución Política; 1 de
la Ley 4ª de 1976 y 1 del Decreto 732 de 1976.
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 2:
5.1. Como pensionada de la Caja de Previsión Social del departamento del
Magdalena antes del año 1989, goza de una situación jurídica consolidada al pago
del reajuste de oficio de la mesada pensional establecido en la Ley 4ª de 1976. Así
pues, la entidad demandada al omitir tal obligación y al negarla con la expedición el
acto administrativo atacado desconoció las normas que prevén la protección y
efectividad de los derechos adquiridos, así como, la eficacia y celeridad en la función
pública.
5.2. Hubo una flagrante violación por inaplicación de la ley, en la medida en que, el
artículo 1 de la ley 4ª de 1976 preveía la nivelación oficiosa de las pensiones y el
Decreto 732 de 1976 establecía las reglas para reajustar aquellas que fueron
otorgadas en la vigencia de la citada ley, disposiciones que debían ser aplicadas de
oficio cada año, lo que no ocurrió.
1.2. Contestación de la demanda
6. El departamento del Magdalena se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en lo siguiente:
6.1. La pensión reconocida a Benjamín Pertuz Pabón fue reajustada año a año a
través de las resoluciones 1678 del 23 de junio de 1987, 2283 del 3 de agosto de
1988, 161 del 24 de abril de 1989 y 2451 del 13 de septiembre de 1990, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976, incluso, se le pagó un mayor
valor al que le correspondía según la citada ley, ya que dicha mesada pensional fue
objeto del incremento ordenado por la Ley 6ª de 1992.
6.2. «La forma de "reajustar" las pensiones, conforme a la normatividad precitada [artículo 1
de la Ley 4 de 1976], debe ser el resultado de la suma de dos elementos: - La mitad de la
diferencia entre el salario mínimo nuevo y el anterior y - La mitad del porcentaje de
incremento entre el salario mínimo nuevo y el anterior. De esta manera el beneficiario del
reajuste goza de su status de pensionado con un año de anterioridad al reajuste pretendido
y el aumento pensional se efectúa por una sola vez en el año, es decir, a partir del 1° de
enero de cada año. En conclusión, el artículo 1 de la Ley 4ª de 1976 se refiere a la anualidad
inmediatamente anterior, pues no es concebible que dichas alternativas operen en el mismo
año en que deben reajustarse las pensiones a partir del 1° de enero, pues ello conduciría a
que las incrementos pensionales sólo podrían determinarse al 31 de diciembre del mismo
año, fecha en que se sabría si han ocurrido aumentos en el salario mínimo legal más
elevado o si, por el contrario, habría que aplicarse la segunda alternativa, o sea la de
determinar el valor del incremento en el nivel general de salarios registrado durante las
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2»,
documento 00ExpedienteDigitalizado.
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últimos doce meses (…) y es incuestionable que para la primera alternativa deben incluirse
todas los aumentos de salario mínimo legal más alto que hubieran ocurrido desde el 1° de
enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior» (sic)3.
6.3. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción; ii) «inexistencia de causales
de nulidad de las resoluciones no. 723 del 25 de mayo del año 2015, y la no. 1668 de 28
de septiembre de 2016, proferida por el gobernador del departamento del Magdalena»; y
iii) buena fe.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia proferida el 19 de octubre
de 2022 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció así4:
7.1. La extinta Caja de Previsión Social del departamento del Magdalena expidió la
Resolución 1678 del 23 de junio de 1987 «por la cual se reajusta una pensión mensual»
en favor de Benjamín Pertuz Pabón de conformidad con la Ley 4ª de 1976,
correspondiente a las anualidades de 1985, 1986 y 1987; en igual sentido la
Resolución 2283 del 3 de agosto de 1986 reajustó la mesada pensional para la
anualidad de 1988 y con la Resolución 1161 del 24 de abril de 1989 se hizo lo propio
para el año de 1989. Así las cosas, el ente territorial cumplió con la obligación
oficiosa de reajustar la mesada pensional a través de los actos administrativos
enunciados, sin que sea procedente acceder a las pretensiones de la demanda.
7.2. No obra medio de prueba que permita establecer que los reajustes pensionales
de la ley 4ª de 1976 ordenados y aplicados por la extinta Caja de Previsión Social
del departamento en los actos administrativos ya mencionados no estuviesen
ajustados a derecho.
1.4. El recurso de apelación
8. ClarisaEsther Llanos de Pertuz interpuso recurso de apelación en el cual
manifestó lo siguiente5:
8.1. De los documentos aportados no se evidencia que los reajustes realizados
hayan sido acordes con los lineamientos presitos en la Ley 4ª de 1976 y el Decreto
reglamentario 732 de ese año, según los cuales deben ser en al menos el 15% para
las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores
3 Ibidem
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2»,
documento 27FalloPrimeraInstancia.
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2»,
documento 30RecursoDeApelación.
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como
las que pagaba en su momento el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales,
equivalentes hasta 5 veces el SMLMV más alto, sin condicionamientos y que ello
tendría vigencia a partir del 1° de enero de 1976. Así pues «dentro de la discriminación
de los conceptos por los cuales fueron realizados los reajustes certificados (…) no se
encuentra realizados adecuadamente el reajuste objeto de la presentación de esta
demanda, más precisamente los concerniente a los años 1.981, 1.982, 1.983 y 1.984, por
lo cual se evidencia una clara omisión en el cumplimiento de tal obligación» (sic).
8.2. No se le reajustó su pensión en la cuantía y forma establecida por la Ley 4ª de
1976. En tal virtud y en atención a que se logró probar que se consolidó el derecho
a percibir el reajuste pensional antes de la declaración de inexequibilidad y nulidad
de la citada ley, esto es mientras estuvo vigente, y que la entidad territorial
demandada no procedió a su pago es indudable el desconocimiento del derecho del
que goza.
8.3. En reiteradas ocasiones el Consejo de Estado [sin que se cite algún precedente]
ha establecido que el desconocimiento del reajuste al que tienen derecho los
pensionados del orden departamental constituye una clara discriminación pues, no
existe un criterio que amerite un tratamiento diferenciado entre los pensionados del
orden nacional y los del orden departamental, municipal o distrital.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
8.4. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar 6.
1.6. El Ministerio Público
9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio7.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
10. Se circunscriben a establecer ¿si Clarisa Esther Llanos de Pertuz tiene derecho
al reajuste de la pensión de invalidez a ella sustituida de conformidad con la Ley 4ª
de 1976, para los años en que estuvo vigente? de ser afirmativa la respuesta a la
pregunta anterior ¿si la diferencia de las mesadas pensionales producto del reajuste
6 Obra notificación a índice 10 de samai
7 ibidem
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
previsto en la Ley 4ª de 1976 se encuentran afectadas por el fenómeno de la
prescripción?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno al reajuste pensional establecido en la Ley 4ª de 1976 y las
modificaciones posteriores
11. La Ley 4ª de 19768, en su artículo 1, asignó un reajuste pensional en los
siguientes términos:
«Artículo 1. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores
público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las
que paga el Instituto Colombiano de Seguros Sociales a excepción de las pensiones por
incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente
forma:
Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue:
con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario
mínimo legal mensual más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que
represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más
alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.
Cuando transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más
alto, se procederá así: se hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios
registrado durante los últimos doce meses. Dicho incremento se hallará por la diferencia
obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados de la población
afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión
Social entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Establecido el incremento, se procederá a reajustar todas las pensiones conforme
a lo previsto en el inciso 2 de este Artículo.
Parágrafo 1. Con base en los promedios de salarios asegurados, establecidos por el
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, se reajustarán las pensiones del sector
privado y las del mismo Instituto. Y las del sector público se reajustarán con los
promedios establecidos por la Caja Nacional de Previsión Social
Parágrafo 2. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes
hayan tenido el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste.
Parágrafo 3. En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de
la respectiva mesada pensional para las pensiones equivalentes hasta un valor de 5
veces el salario mensual mínimo legal más alto» [Se resalta]
12. De acuerdo con lo anterior, el reajuste se realiza con la mitad de la diferencia, en
términos fijos y porcentuales, del incremento en el salario mínimo nuevo y el
8 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones.
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anterior. En otras palabras, el reajuste debe ser el resultado de la suma de dos
elementos, esto es la mitad de la diferencia entre el salario mínimo nuevo y el anterior
y, la mitad del porcentaje de incremento entre el salario mínimo nuevo y el anterior.
13. Ahora bien, respecto de cuál salario debe considerarse el « antiguo salario mínimo»
y cuál el «nuevo salario mínimo» esta corporación9 señaló:
«Es evidente que cuando la ley ordena reajustes anuales a partir del 1 de enero las
alternativas que para dichos reajustes presentan los incisos 2º y 3º del artículo 1 de la
ley 4 de 1976 se refieren a la anualidad inmediatamente anterior, pues no es
concebible que dichas alternativas operen en el mismo año en que deben reajustarse
las pensiones a partir del 1º de enero, pues ello conduciría a que los incrementos
pensionales solo podrían determinarse el 31 de diciembre del respectivo año, fecha en
que se sabría si han ocurrido aumentos en el salario mínimo legal más elevado o sí por
el contrario, habría que aplicarse la segunda alternativa, o sea la de determinar el valor
del incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses.
Para este evento el inciso 3º establece claramente que el incremento en el nivel general
de salarios debe medirse entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior y es incuestionable que para la primera alternativa deben
también incluirse todos los aumentos del salario mínimo legal más alto que
hubieran ocurrido desde el 1º de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, lo que se obtiene, como lo hizo la oficina jurídica en la circular acusada,
tomando los salarios mínimos vigentes en 31 de diciembre de uno y otro año anteriores
al 1º de enero en que debe operar el reajuste pensional10.
En iguales términos se pronunció esta Sala en sentencia del 27 de Julio de 1992,
expediente 4684, con ponencia del Dr. Joaquín Barreto Ruíz en uno de cuyos apartes
señaló:
«El tema debatido no es nuevo porque evidentemente ésta sección en la sentencia
mencionada anteriormente y en otros pronunciamientos posteriores ha concluido que el
aumento pensional correspondiente a 1978, se obtiene comparando el salario mínimo
legal mensual más alto vigente a 31 de diciembre de 1976, como el salario antiguo, y el
mismo salario vigente a 31 de diciembre de 1977 como nuevo, o sea $1.560 y $2.340,
que determinan un aumento del 25% más $390; y no comparando el salario vigente el
1º de enero de 1977, que determinaría un aumento de 16,10% más $285» (sic) [Se
resalta].
14. Posteriormente, se expidió la Ley 71 de 1988 «[p]or la cual se expiden normas sobre
pensiones y se dictan otras disposiciones» que en su artículo 1 estableció la cuantía
del ajuste de las mesadas pensionales así:
«Artículo 1.- Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, las de
incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario
mínimo legal mensual.
9 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de julio de 2017, radicado: 81001-23-33-000-
2013-00025-01(2051-14), C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez
10 Sentencia del 2 de diciembre de 1992 dictada dentro del proceso 2971 con ponencia de Diego
Younes Moreno
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Parágrafo. - Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario
mínimo» [Se resalta]
15. Por su parte, el artículo 13 ejusdem determinó «[l]a presente Ley rige a partir de su
sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias».
16. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 200611
estudió una acción pública de inconstitucionalidad presentada contra la expresión
«la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto,
más una suma equivalente a la mitad del» contenida en el inciso 2 del artículo 1 de la
Ley 4ª de 1976 y concluyó que dicha fórmula de reajuste pensional estuvo vigente
y produjo efectos jurídicos sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 71 de
1988 [el 19 de diciembre de ese año, como consta en Diario Oficial 38.624 del 22
de diciembre de 1988] es decir, hasta el año 1988.
17. En aquella oportunidad, la corte se declaró inhibida para decidir sobre la
demanda porque la fórmula para llevar a cabo el reajuste anual de las pensiones
había sido modificada por el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 [que posteriormente fue
regulado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993], que disponía expresamente que
las pensiones a que hacía referencia el artículo 1 de la Ley 4ª de 1976 se
reajustarían de oficio cada vez y en igual porcentaje en que fuera incrementado el
salario mínimo legal mensual y, tendría vigencia simultánea a la que se fijara para
el salario mínimo. En ese sentido señaló:
«la modificación introducida por la Ley 71 de 1988 al sistema de reajuste pensional
previsto en la Ley 4ª de 1976 consistió en que, mientras bajo esta última ley el reajuste
resultaba de promediar dos salarios -el vigente para el año inmediatamente anterior al
reajuste y el vigente para el año en que debía operar el incremento-, arrojando un
aumento inferior al porcentaje del salario mínimo, con la ley 71 el reajuste
correspondía al mismo porcentaje en que se incrementaba por el Gobierno Nacional para
el respectivo año, el salario mínimo legal mensual.
En este sentido, considerando que en uno y otro caso las fórmulas de reajuste pensional
son distintas e incompatibles, es claro que el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 fue
derogado tácitamente por el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, disposición esta última
que fue ignorada por el actor, en cuanto no la incorporó a los planeamientos de la
demanda ni hizo alusión alguna a la misma». (sic) [Se resalta]
18. Con posterioridad se expidió la Ley 6ª de 1992, por la cual se expidieron normas
en materia tributaria y se otorgaron facultades para emitir títulos de deuda pública
interna. Esta ley dispuso en el artículo 116 un ajuste de pensiones del sector público
nacional, en los siguientes términos:
11 M.P. Rodrigo Escobar Gil
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
«Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de
jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año de 1.989, el
gobierno nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que
se hayan reconocido con anterioridad al 1o. de enero de 1989.
Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha
dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto
retroactivo».
19. El reajuste gradual fue establecido por el gobierno nacional mediante el decreto
2108 de 28 de diciembre de 1992. Con todo, el artículo 116 de la Ley 6ª fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-531 de 1995, por
cuanto violaba el principio de unidad de materia. No obstante, precisó que en virtud
de los principios de la buena fe y de protección de los derechos adquiridos, la
declaratoria de inexequibilidad sólo tenía efectos hacia el futuro y por tanto se hacía
efectiva a partir de la notificación del fallo. Y, con fundamento en lo anterior, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de junio de
1998, proferida en el proceso con radicado 11636, declaró la nulidad del artículo
1 del Decreto Reglamentario 2108 de 1992.
20. De acuerdo con lo anterior, esta corporación ha considerado que el reajuste
previsto en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, tuvo como finalidad equilibrar las
pensiones reconocidas con anterioridad al 1° de enero de 1989, que estaban en
desigualdad frente a las reconocidas a partir de la vigencia de la ley 71 de 1988,
debido a la existencia de dos regímenes diferentes como eran los de esta y los de
la Ley 4ª de 197612, pues si bien la Ley 71 reajustó las mesadas pensionales con el
100% del porcentaje de incremento del salario mínimo legal mensual, limitó su
campo de aplicación solo a aquellas pensiones que se causaran bajo la vigencia de
esta ley, razón por la cual quienes seguían rigiéndose en esta materia por el sistema
de la Ley 4ª, se encontraban en desequilibrio con respecto al reajuste anual de su
pensión13.
21. Finalmente, la Ley 100 de 1993, en el artículo 14 previó como regla general el
reajuste anual oficioso de las pensiones de invalidez, vejez o jubilación y de
sustitución o sobrevivientes, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor
y el aumento del salario mínimo, de acuerdo con el monto mensual de la pensión.
2.2.2. En torno a la prescripción
22. La prescripción, para efectos del caso en estudio, se constituye en una forma de
extinción de los derechos laborales que se materializa con el paso del tiempo y la
12
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 3 de marzo de 2000, radicado
1233, C.P. Augusto Trejos Jaramillo
13 Ver sentencia C-067 de 1999.
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
inactividad del titular del derecho. En cuanto a las normas que rigen esta figura para
los empleados públicos y trabajadores oficiales se encuentran:
23. El Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales.», en su artículo 41 dispuso:
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual»
24. En esa línea el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135
de 1968», en el artículo 102 establece:
«Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual»
25. De acuerdo con las disposiciones transcritas se advierte que la primera
reclamación de un derecho laboral que el empleado o trabajador hace ante la
autoridad competente, interrumpe el término de prescripción trienal extintivo
previsto en dichas normas. Ahora bien, con el fin de determinar el marco temporal
de dicha interrupción, es importante tener en cuenta lo previsto en el artículo 103
del mencionado Decreto 1848 de 1969, según el cual:
«Articulo 103. Ejercicio de acciones judiciales.
1. Las acciones judiciales de todo orden a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán
intentarse cuando respecto de cada caso se haya agotado el procedimiento
administrativo general que señalan las leyes vigentes.
2. Una vez en firme la decisión administrativa, la entidad correspondiente dispondrá del
término de sesenta (60) días para su cumplimiento, si en todo o en parte fuere favorable
al interesado. Vencido dicho término sin que se haya cumplido la providencia, lo que se
demostrará por el interesado mediante certificado expedido por el Director de la entidad
correspondiente, el juez competente podrá avocar el conocimiento del asunto […]»
26. En consonancia con las disposiciones contenidas en los artículos 41 del Decreto
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
3135 de 1968 y 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969, encuentra la sala que el marco
temporal de la interrupción del término de prescripción se encuadra entre la
reclamación que hace el empleado o trabajador ante la autoridad competente y la
firmeza de la respuesta de esta última o la terminación del procedimiento
administrativo, de acuerdo con las normas aplicables. Así las cosas, el término de
prescripción trienal de las acreencias de carácter laboral, inicia nuevamente una vez
se encuentre en firme la respuesta de la autoridad competente.
27. La anterior interpretación se encuentra en línea con las disposiciones del CPACA
que en su artículo 83 expresa que «[l]a ocurrencia del silencio administrativo negativo
no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de
decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.»; de acuerdo con lo
cual la administración solo pierde competencia cuando su decisión se encuentra en
firme o, cuando a falta de esta, el solicitante de manera voluntaria acude a la
jurisdicción y como consecuencia la entidad es vinculada a través de la notificación
del auto admisorio de la demanda presentada contra el acto ficto producto del
silencio administrativo negativo.
28. En ese sentido, se advierte que de acuerdo con el CPACA el procedimiento
administrativo concluye con la firmeza del acto administrativo que contiene la
respuesta que la administración le ofrece al peticionario, lo cual, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 87 del referido estatuto procedimental, sucede: i) cuando
contra el acto no procede ningún recurso (desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación, según sea el caso); ii) desde el día
siguiente al de la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos; iii) desde el día siguiente al del vencimiento del término para
interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado
expresamente a ellos; iv) desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación
del desistimiento de los recursos; y v) desde el día siguiente al de la protocolización
a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
29. Ahora bien, de acuerdo con la normativa expuesta, se encuentra que el silencio
administrativo negativo, solo da por terminada la actuación administrativa cuando
esa es la voluntad del peticionario, esto es, cuando el interesado acude ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como consecuencia se le notifica a
la administración el auto admisorio de la demanda, por cuanto es en este momento
en que la entidad pierde competencia para resolver. Es decir, es optativo del
peticionario desplegar la conducta para efectos de que con ocasión del silencio
administrativo negativo se entienda concluido el procedimiento administrativo.
30. Encuentra la sala que, en línea con lo anterior, el legislador estableció la
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00149-01 (4120-2023)
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obligatoriedad del recurso de apelación, cuando este fuera procedente, para efectos
de acudir a la jurisdicción14, por lo que, no sería justo que además de ese requisito
de procedibilidad se le impusiera al peticionario la carga de asumir las
consecuencias desfavorables que puede conllevar la demora u omisión de la
administración al desatar el recurso, como lo es la prescripción extintiva de sus
acreencias laborales por el paso del tiempo.
31. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la interrupción del término de
prescripción prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969, debe ser entendida conforme al siguiente marco temporal: i) inicia
con la reclamación que el empleado o trabajador presenta ante la autoridad
competente y ii) finaliza una vez se agote el procedimiento establecido para esos
efectos por el legislador, es decir, cuando se encuentre en firme el acto con el que
la administración da respuesta a la reclamación.
2.3. Caso en concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente15:
32.1. Benjamín Pertuz Pabón nació el 6 de diciembre de 1932 y contrajo matrimonio
con Clarisa Esther Llanos de Pertuz el 6 de febrero de 1954 según consta en la
partida de matrimonio16.
32.2. Mediante la Resolución 492 del 17 de marzo de 1981 la Caja de Previsión Social
del departamento del Magdalena le reconoció una pensión mensual vitalicia por
invalidez en cuantía de $60.000, efectiva a partir del 21 de noviembre de 1978. Y
los siguientes reajustes: i) del 1° de enero al 31 de diciembre de 1980 en $70.551;
y ii) del 1° de enero de 1981 en adelante en $81.81317.
32.3. A través de la Resolución 527 del 30 de abril de 1982, la citada entidad le
reajustó la prestación en cuantía de $93.319 a partir del 1° de enero de ese año,
según lo establecido en la Ley 4ª de 197618.
32.4. Por medio de la Resolución 2000 de 1983 del 19 de agosto de 1983 19 la caja
revocó las resoluciones 492 de 1981 y 527 de 1982 con el argumento de que desde
14 Artículo 76 del CPACA «El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción».
15 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2»,
carpeta Anexos
16 20140826001020000008340600047A.PNG y20140826001020000008340600051A.PNG
17 20140826001020000008340600014A.PNG
18 20140826001020000008340600018A.PNG
19 20140826001020000008340600019A.PNG; 20140826001020000008340600021A.PNG y
20140826001020000008340600023A.PNG
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el 21 de noviembre de 1978 Benjamín Pertuz Pabón estaba disfrutado de 2
pensiones, una reconocida y reajustada por la Caja de Previsión Social del
departamento del Magdalena [en las resoluciones revocadas] y otra reconocida en
decisión del 5 de enero de 198120 en cuantía de $60.000 por la Gobernación del
departamento y a su cargo, en su condición de diputado. Decisión que fue
confirmada por medio de resoluciones del 22 de agosto de 1983 y 194 del 17 de
febrero de 198421. Los anteriores hechos motivaron al pensionado a acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa, que mediante la sentencia del 30 de marzo
de 1985 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la nulidad
de las resoluciones que ordenaron la revocatoria y, como consecuencia, recobraron
vigencia las resoluciones 492 de 1981 y 527 de 1982.
32.5. El 15 de mayo de 1985, Benjamín Pertuz Pabón solicitó a la Gobernación del
Magdalena la revocatoria del acto administrativo del 5 de enero de 1981, por medio
del cual dicha entidad le había reconocido una pensión de invalidez sin que se
afectaran las resoluciones de reconocimiento y reajuste dictadas por la Caja de
Previsión Social de dicho departamento y que recobraron sus efectos jurídicos por
virtud de la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena22. Petición que fue
resuelta de forma favorable en la Resolución 0821 del 13 de agosto de 1985 23.
32.6. El 19 de julio de 1985 el pensionado autorizó la modificación de los reajustes
que se hicieron de la pensión de invalidez con cargo a esa caja así: «[e]nero 19 a
diciembre 31 de 1.980, la suma de $69.651,00 mensualmente; Enero 19 a Diciembre 31 de
1.981, la suma de $79.542.45 mensualmente; Enero 19 a Diciembre 31 de 1.982, la suma
de $92.328.82 mensualmente; De acuerdo con tales liquidaciones mi pensión de Invalidez
debo ser además reajustada para los año de 1,983 y 1.904, tal como sigue: Enero 19 a
Diciembre 31 de 1.983, la suma de $ 107.033.15 mensualmente; Enero 12 a Diciembre 31
de 1.984, la suma de $ 121.323.09 mensualmente»24. Lo que implicó que mediante la
Resolución 1972 del 27 de agosto de 198525 se efectuaran las modificaciones
correspondientes al reajuste de la pensión.
32.7. Posteriormente, la pensión le fue reajustada de la siguiente manera: i) por
medio de la Resolución 1678 del 23 de junio de 1987 en cuantía de $135.687 a
partir del 1° de enero de 1985; de $150.385 a partir del 1° de enero de 1986; y de
$170.058 a partir del 1° de enero de 198726; ii) con la Resolución 2283 del 3 de
20 20140826001020000008340600015A.PNG y 20140826001020000008340600016A.PNG
21 20140826001020000008340600027B.PNG y 20140826001020000008340600029A.PNG
22 20140826001020000008340600097A.PNG y 20140826001020000008340600098A.PNG
23 20140826001020000008340600011A.PNG; 20140826001020000008340600012A.PNG y
20140826001020000008340600013A.PNG
24 20140826001020000008340600100A.PNG
25 20140826001020000008340600059A.PNG
26 20140826001020000008340600041A.PNG
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agosto de 1988 en cuantía de $170.058 a partir del 1° de enero de 1988 27, la cual
fue modificada a través de la Resolución 3243 del 6 de octubre de 1988 en
$190.61428; y iii) mediante la Resolución 1161 del 24 de abril de 1989 en $242.080
a partir del 1° de enero de 1989.29 Lo anterior con fundamento en la Ley 4ª de 1976.
32.8. Benjamín Pertuz Pabón falleció el 11 de agosto de 198930.
32.9. De acuerdo con la Resolución 3675 del 27 de noviembre de 1989 la Caja de
Previsión Social del departamento del Magdalena le reconoció a Clarisa Esther
Llanos de Pertuz la sustitución de la pensión que en vida disfrutaba su cónyuge,
Benjamín Pertuz Pabón, en cuantía de $249.080 a partir del 12 de agosto de 198931.
32.10. Según la Resolución 2451 del 13 de septiembre de 1990 se le reajustó la
pensión en $305.021 a partir del 1° de enero de 1990 según la Ley 71 de 1988 32.
32.11. Por medio de la Resolución 159 del 14 de febrero de 2014, el Fondo de
Pensiones del departamento del Magdalena dio cumplimiento a la sentencia del 31
de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena 33 que
ordenó el reajuste y pago de la diferencia pensional a favor de Clarisa Esther Llanos
de Pertuz según lo previsto en los artículos 116 de la Ley 6ª de 1992 y 1 del Decreto
2108 de 1992, a partir del 1° de enero de 1993 y pagadera desde el 7 de junio de
1998 por prescripción.
32.12. El 22 de agosto de 2016, Clarisa Esther Llanos de Pertuz solicitó, ante la
oficina del Fondo de Pensiones del departamento del Magdalena, el reajuste de la
mesada pensional de conformidad con la Ley 4ª y el Decreto 732 ambos de 1976
según los cuales la prestación debía ser reajustada en porcentaje y en suma fija34.
32.13. Laanterior petición fue resuelta en forma negativa a través del acto
administrativo demandado, esto es la Resolución 2053 del 21 de noviembre de 2016
con el argumento según el cual «no se le puede reconocer y pagar reajuste pensional
consagrado en la ley 4ta de 1976, por que el resolución 159 del 14 de febrero de 2014 que
da cumplimiento a un fallo judicial demuestra que la al administración departamental efectuó
reajuste pensional contemplado en el artículo 116 de la ley 6ta de 1992 y su decreto
reglamentario 2108 de 1992. De tal manera que como lo refleja dicho acto administrativo
27 20140826001020000008340600042A.PNG
28 20140826001020000008340600045A.PNG
29 20140826001020000008340600049A.PNG
30 20140826001020000008340600048A.PNG
31 20140826001020000008340600002A.PNG y 20140826001020000008340600003A.PNG
32 20140826001020000008340600050A.PNG
33 Dentro del proceso 47001-33-31-006-2006-00087-01
34 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2»,
documento 00ExpedienteDigitalizado, archivo 2018-149
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se efectuaron los reajustes y reliquidaciones correspondientes. Por lo anterior, la
Administración Departamental no le debe a la peticionaria lo que se solicita como prestación
principal; Lógicamente tampoco le debe las prestaciones que dependen de esta, como
mesadas reajustadas e intereses de mora» (sic)35.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. En torno al reajuste pensional establecido en la Ley 4ª de 1976
33. Para resolver el problema jurídico planteado, y teniendo en cuenta los hechos
expuestos con anterioridad, debe señalarse que Benjamín Pertuz Pabón consolidó
el estatus de pensionado a partir de noviembre de 1978, por lo tanto, el primer
reajuste de su mesada pensional debió ocurrir al momento en que se presentó un
incremento en el salario mínimo mensual más alto vigente después de transcurrido
el año de haber consolidado su estatus, condición que señala el parágrafo 2 del
artículo 1 de la Ley 4ª de 1976, y que para el presente asunto ocurrió a partir del 1°
de enero de 1980.
34. Así las cosas, la Sala presenta el análisis de los incrementos de las mesadas
pensionales en aplicación de lo previsto por la Ley 4ª de 1976, así:
Mitad de
Porcentaj porcentaj
e que e que
Mitad Porcentaje
represent represent
de la de
ó el ó el
diferenc incremento
increment increment
ia entre aplicado la Mesada
Salario o entre el o entre el Mesada que Diferencia
el correspond que
Año mínimo antiguo y antiguo y debió percibir entre 6* y
antiguo iente percibió
(*1) el nuevo el nuevo (6*) 7*
y el pensión de (7*)
salario salario
nuevo la
mínimo mínimo
salario demandant
mensual mensual
(*2) e (5*)
legal más legal más
alto (*3) alto
(*4)
197836 $2.580 $60.000 $60.000 0
1979 $3.450 $60.000 $60.000 0
1980 $4.500 $435 33,72% 16,86% $10.116 $70.510 $69.651 $859
1981 $5.700 $525 30,43% 15,21% $10.724 $81.759 $79.542 $2.217
1982 $7.410 $600 26.66% 13,33% $10.898 $93.257 $92.328 $929
1983 $9.261 $855 30% 15% $13.988 $108.100 $107.033 $1.067
1984 $11.298 $925 24,97% 12,48% $13.490 $122.515 $121.323 $1.192
1985 $13.558 $1.018 21,99% 10,99% $13.464 $136.997 $135.687 $1.310
1986 $16.811 $1.130 20% 10% $13.699 $151.826 $150.385 $1.441
1987 $20.510 $1.626 23,99% 11,99% $18.203 $171.655 $170.058 $1.597
1988 $25.637 $1.849 22% 11% $18.882 $192.386 $190.614 $1.772
(1*) Información extraída de la página web del Banco de la República.
(*2) Resultado de la primera parte de la fórmula de reajuste contenida en el artículo 1 de la Ley 4 de 1976, esto es suma
fija = (antiguo SMLMV-nuevo SMLMV) /2
(3*) Resultado del % de incremento entre el antiguo SMLMV y el nuevo SMLMV = [nuevo SMLMV x 100/ antiguo SMLMV]
-100
(4*) Resultado de (3*) / 2
35 Ibidem
36 Reconocimiento de la pensión a partir 21 de noviembre de 1978 en cuantía de $60.000
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00149-01 (4120-2023)
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(5*) Resultado de la segunda parte de la fórmula de reajuste contenida en el artículo 1 de la Ley 4 de 1976, esto es de
aplicar el porcentaje de (4*) al valor de la correspondiente pensión a reajustar, es decir, a la pensión percibida en el año
anterior
(6*) Resultado de sumar (2*), (5*) y la pensión a reajustar
(7*) Información extraída de las resoluciones de reajuste emitidas por la Caja de Previsión del departamento del Magdalena
35. A partir de lo anterior, se advierte que los valores pagados por concepto de
reajuste pensional por la entidad demandada fueron inferiores a los que se obtienen
de aplicar la fórmula prevista por la Ley 4ª de 1976 para incrementar la mesada
pensional del causante a partir del año 1980, cuando, en efecto, se debía realizar el
primer reajuste, y que coinciden en un valor más próximo a lo dispuesto en las
resoluciones 492 del 17 de marzo de 1981 y 527 del 30 de abril de 1982.
36. Ahora bien, no se desconoce que en el expediente obra autorización expresa
suscrita por Benjamín Pertuz Pabón para que se le modificaran los reajustes que se
le habían efectuado a su pensión [de conformidad con las resoluciones antes
mencionadas], así: «[e]nero 19 a diciembre 31 de 1.980, la suma de $69.651,00
mensualmente; Enero 19 a Diciembre 31 de 1.981, la suma de $79.542.45 mensualmente;
Enero 19 a Diciembre 31 de 1.982, la suma de $92.328.82 mensualmente; De acuerdo con
tales liquidaciones mi pensión de Invalidez debo ser además reajustada para los año de
1,983 y 1.904, tal como sigue: Enero 19 a Diciembre 31 de 1.983, la suma de $ 107.033.15
mensualmente; Enero 12 a Diciembre 31 de 1.984, la suma de $ 121.323.09
mensualmente», lo que se hizo efectivo a través de la Resolución 1972 del 27 de
agosto de 1985.
37. Sin embargo, para esta Sala en materia laboral, resulta imperativo remitirse a los
principios constitucionales contenidos en los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política37, entre ellos, el de la irrenunciabilidad a la seguridad social integral y de los
37 «ARTÍCULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la
ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante.
[…]»
Artículo 53 «El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
16
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
beneficios mínimos establecidos en normas laborales en virtud de los cuales se
encuentra prohibido desconocer los derechos laborales mínimos del trabajador,
incluso en aquellos casos en que este, de manera expresa, haya otorgado su
consentimiento para tales efectos.
38. En esa medida, no cabe duda que entre dichos derechos, en el caso de los
pensionados, se encuentra el reajuste periódico de la pensión, el de mantener su
poder adquisitivo y su pago oportuno. Así pues, pese al consentimiento otorgado
por Benjamín Pertuz Pabón para modificar los valores de la prestación a él
reconocida y que fueron producto del reajuste oficioso anual señalado en la Ley 4ª
de 1976, aquello implicó el desconocimiento de los límites a la autonomía de la
voluntad del pensionado en contraste con los derechos irrenunciables a la seguridad
social y al mínimo vital, lo que conllevó a una desventaja frente a la fórmula de
aumento determinada por la ley y que estuvo vigente hasta el año de 1988 cuando
entró en vigencia la Ley 71 de ese año que, valga precisar, también previó una
metodología de incremento pensional, considerada más alta y por ende más
beneficiosa para los pensionados, pues unificó su reajuste al mismo porcentaje de
incremento del salario mínimo legal mensual.
39. De tal forma que la indebida aplicación del reajuste en los términos del artículo 1
de la Ley 4ª de 1976 afectó la mesada pensional que actualmente percibe Clarisa
Esther Llanos de Pertuz y que no es posible desconocer, en tanto, se trata de una
situación consolidada debido a la fecha en la que se reconoció la prestación [21 de
noviembre de 1978] y al carácter oficioso que preveía la citada ley para el
incremento anual de las pensiones reconocidas en su vigencia y hasta antes de
1989 como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial.
40. Ahora bien, el Código Contencioso Administrativo, vigente para el momento en
el que se otorgó el consentimiento por el causante, en sus artículos 73 y 74 preveía
la procedencia de la revocación de actos de carácter particular y concreto, y su
trámite; sin embargo, no obra en el expediente prueba que otorgue la certeza de
haberse efectuado tal modificación en aplicación de dichas disposiciones. Esto de
aceptarse que el pensionado podía disponer de la cuantía de su derecho, lo que, no
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación
interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores»
17
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
obstante, para esta Sala desconoce los derechos laborales mínimos irrenunciables
del trabajador, en especial, los previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política, de los que se deriva que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el
fenómeno inflacionario como hechos notorios no deben ser soportados por el
trabajador [pensionado] y, por lo tanto, el reajuste se constituye como un mecanismo
de garantía para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
reconocidas.
41. Por su parte, el departamento del Magdalena señaló que no era procedente el
reajuste señalado en la en la Ley 4ª de 1976, pues aquel se había efectuado e
incluso se había pagado un mayor valor al que le correspondía por cuanto la mesada
pensional había sido objeto del incremento ordenado por la Ley 6ª de 1992. Sobre
el particular, se precisa que, según consta en el expediente, tal incremento fue
producto de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena en
la sentencia del 31 de marzo de 2011. Ahora, si bien tal fallo no se aportó al presente
trámite sí obra la Resolución 159 del 14 de febrero de 2014, por medio de la cual el
Fondo de Pensiones del departamento del Magdalena le dio cumplimiento a la
decisión judicial que ordenó el reajuste pensional con fundamento en los artículos
116 de la Ley 6ª de 1992 y 1 del Decreto 2108 de 1992 «a partir del 1° de enero de
1993 y pagadera desde el 7 de junio de 1998 por prescripción».
42. En ese sentido, se observa que en aquella oportunidad se analizó el reajuste a
que alude la Ley 6ª de 1992 que se expidió con el fin de compensar la diferencia
generada con la implementación de las reglas que frente al reajuste de las mesadas
pensionales estableció la Ley 71 de 1988 en relación con las pensiones reconocidas
antes de su entrada en vigencia, esto es, aquellas que tuvieron que afrontar la
pérdida del poder adquisitivo del dinero con reglas menos favorables, y que fue
desarrollado con la expedición del Decreto 2108 de 1992 «[p]or el cual se ajustan las
pensiones de jubilación del sector público en el orden Nacional», en el cual se reguló el
reajuste gradual de las pensiones reconocidas con anterioridad al 1 de enero
de 1989. Valga mencionar, que este artículo fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-531 del 20 de noviembre de 1995, por
violación al principio de unidad de materia contenido en el artículo 158 de la
Constitución Política, pero produjo efectos en su vigencia.
43. Así las cosas, se puede advertir que el argumento de la demandada según el
cual no es procedente el reajuste previsto en la Ley 4ª de 1976 por habérsele
efectuado el señalado por la ley 6ª de 1992, no tiene vocación de prosperidad pues
tales reajustes corresponden a fundamentos jurídicos diferentes y que no coinciden
con los periodos temporales del que ahora se solicita y que cobija los años de 1980
a 1988.
44. En consecuencia, Clarisa Esther Llanos de Pertuz tiene derecho al reajuste de la
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00149-01 (4120-2023)
Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
pensión en los términos del artículo 1 de la Ley 4ª de 1976 entre los años de 1980
a 1988.
2.4.2. En torno a la prescripción
45. En primer lugar, la sala precisa que no existe prescripción del derecho al reajuste
de la mesada pensional de conformidad con la Ley 4ª de 1976, por cuanto aquel
tiene incidencia en las mesadas que actualmente recibe Clarisa Esther Llano de
Pertuz.
46. En segundo lugar, lo que sí prescriben son las diferencias de las mesadas
producto del reajuste que pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se
percibieron sin que el pensionado hubiese reclamado durante el término prescriptivo
de 3 años. En tal medida, no habrá pago del retroactivo sino solo del plazo
correspondiente a los 3 años anteriores a la fecha en la que se presentó la
reclamación administrativa, el 22 de agosto de 2016.
47. En este punto, la sala encuentra importante indicar que a la entidad demandada
le corresponde efectuar el reajuste de la pensión en los términos de esta providencia
y tener en cuenta las órdenes emitidas por otras autoridades judiciales en torno a
los reajustes subsiguientes reconocidos y con incidencia en la mesada pensional de
Clarisa Esther Llano de Pertuz, los cuales hicieron tránsito a cosa juzgada y dado
su carácter de inmutabilidad no pueden ser modificados con esta decisión.
48. Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, reconocerá el reajuste de la pensión
de invalidez sustituida a Clarisa Esther Llano de Pertuz de conformidad con la Ley
4ª de 1976, de los años 1980 a 1989 y que tiene incidencia en las mesadas
siguientes, sin perjuicio de la prescripción de las diferencias de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 22 de agosto de 2013.
2.4. Costas
49. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
50. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
51. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.
52. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
53. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
54. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, Clarisa Esther Llano de
Pertuz tiene derecho al reajuste de la pensión de invalidez a ella sustituida, de
conformidad con la Ley 4ª de 1976, correspondiente a los años de 1980 a 1989, sin
perjuicio de la prescripción de las diferencias de las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 22 de agosto de 2013. En esas condiciones, se revocará la
sentencia proferida proferida el 19 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
38 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Clarisa Esther Llanos de Pertuz
demanda en el proceso promovido por Clarisa Esther Llanos de Pertuz contra el
departamento del Magdalena y, en su lugar, se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 2053 del 21 de noviembre del 2016,
por medio de la cual el departamento del Magdalena le negó el reajuste pensional
previsto en la Ley 4ª de 1976 a Clarisa Esther Llanos de Pertuz.
Tercero. Declarar la prescripción de las diferencias resultantes de aplicar el reajuste
pensional previsto en la Ley 4ª de 1976, de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 22 de agosto de 2013.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar al departamento del
Magdalena al pago de las diferencias resultantes de aplicar el reajuste pensional
previsto en la Ley 4ª de 1976 a favor de Clarisa Esther Llanos de Pertuz,
correspondiente a los años de 1980 a 1989, pero con efectividad a partir del 22 de
agosto de 2013 por haber operado el fenómeno de la prescripción de las mesadas
anteriores.
Quinto. No condenar en costas en esta instancia.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo
de Estado.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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