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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2018-00223-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2018-00223-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a Metroagua S.A. ESP., a pagar por concepto de agencias en derecho en segunda instancia, en favor de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2018-00223-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de febrero de 2025

1

Radicado: 47001 23 33 000 2018 00223 01
Demandante: Metroagua S.A ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 47001 23 33 000 2018 00223 01
Actor: Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A. ESP
en liquidación
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - Corpamag
Tesis: No son nulos los actos que reliquidaron la tasa retributiva de vertimientos, si no
se ponderaron los esfuerzos acometidos por la accionante orientados a atenuar y
disminuir el impacto ambiental que podrían generar las aguas residuales domésticas
que discurren por el sistema de alcantarillado dada la existencia del Emisario
Submarino.
No son nulos los actos que reliquidaron una tasa retributiva por vertimientos, si las
disposiciones invocadas no definen cuál es el sitio de valoración del caudal
contaminante.
No es procedente contabilizar el término para la expedición de la factura de
vertimientos a partir de un parámetro diferente a la finalización del periodo objeto de
cobro.
Era procedente interpretar la reclamación contra la factura como un recurso de
reposición si esta fue expedida después del 21 de diciembre de 2012.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 13 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

I. LA DEMANDA

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2

Radicado: 47001 23 33 000 2018 00223 01
Demandante: Metroagua S.A ESP

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la Compañía de Acueducto y
Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A. ESP en liquidación (en adelante
Metroagua) interpuso demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (en adelante Corpomag)1.

1.1. Pretensiones

“3. LO QUE SE DEMANDA.

1.3. QUE SON NULOS los Actos administrativos contenidos en las siguientes
actuaciones de la autoridad pública: RESOLUCION No. 3941, de Noviembre 24 de
2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE LA RECLAMACION QUE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA – METROAGUA S. A.
EN LIQUIDACION PRESENTO CONTRA LA FACTURA No. 6782 DE AGOSTO
24 DE 2017 POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS AL
MAR CARIBE”, proferida por el Director General de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG. Factura No. 6782’
de Agosto 24 de 2017. – TASA RETRIBUTIVA POR CONTAMINACION HIDRICA
– por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
CON 93/100, ($ 589.454.349,93). M. Cte., expedida por la corporación autónoma
Regional del Magdalena – CORPAMAG.

3.1.1. Que como consecuencia de la prosperidad de la anterior pretensión, se
RESTABLEZCA EL DERECHO en favor del demandante: COMPAÑÍA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.
A. ESP. EN LIQUIDACION – METROAGUA S. A. ESP. EN LIQUIDACION y
mediante sentencia que hace tránsito De Cosa Juzgada, se ordene a la entidad
demandada dejar sin efecto los Actos Demandados y por lo tanto mi cliente queda
exonerada de cualquier responsabilidad de orden fiscal no siendo sujeto pasivo de
la TASA RETRIBUTIVA cobrada en la Factura de Venta No. 6782 de agosto 24 de
2017.

3.1.2. Que se condene en COSTAS, GASTOS del proceso y AGENCIAS EN
DERECHO a la entidad demandada.”2.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. Factura nro. 6782 del 24 de agosto de 2017

1 El expediente digital se encuentra visible a índice 21 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
2 Visible a índice 3 ibídem.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00223 01
Demandante: Metroagua S.A ESP

1.2.2. La Resolución No. 3491 del 24 de noviembre de 2017, que dispuso:

“CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

RESOLUCIÓN NÚMERO
3941 del 24 de Noviembre de 2017

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN QUE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA -METROAGUA S.A.
EN LIQUIDACIÓN PRESENTO CONTRA LA FACTURA NO. 6782 DE AGOSTO
24 DE 2017 MEDIANTE LA CUAL SE EFECTUA EL COBRO DE LA TASA
RETRIBUTIVA DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2017 POR VERTIMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS AL MAR CARIBE"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -
CORPAMAG, en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, Ley
1437 de 2011. Decreto 1076 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que la Compañía de Servicios Públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. E.S.P,
EN LIQUIDACIÓN es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios
en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y por tanto sujeto pasivo
de la tasa retributiva por vertimientos de aguas residuales al Mar que debe
trasladar por cuanto realiza la facturación de esta tasa a cada usuario abonado
como suscriptor de la empresa.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00223 01
Demandante: Metroagua S.A ESP

Que para el efecto se debe tener en cuenta que por la Resolución No: 242 del 06
de abril de 1999 del Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; se otorgó licencia ambiental a la Compañía del Acueducto
y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta -METROAGUA S. A., E. S. P. EN
LIQUIDACIÓN, para la ejecución del proyecto "Emisario Submarino para
tratamiento por dilución y disposición final de las aguas servidas de la ciudad de
Santa Marta", en el Departamento de Magdalena.

Que en virtud de lo anterior, por radicación 1700-12-01-000924 de marzo 27 de
2014, CORPAMAG le informa y convoca a METROAGUA S.A. para explicarle los
instrumentos de administración, control y seguimiento del recurso hídrico por parte
de la Corporación para fortalecer el conocimiento de la calidad del agua en el
Departamento del Magdalena.

Que por memorando de agosto 27 de 2014, CORPAMAG convocó a los usuarios
del programa de tasa retributiva para la divulgación del proceso de consulta de
legislación ambiental, conforme al Decreto 2667 de 2012 y el Decreto 3930 de
2010, la cual se llevó a cabo ese mismo día la capacitación con la asistencia de
METROAGUA S.A., y se programó la segunda capacitación.

Que el 15 de septiembre de 2014 en las instalaciones de CORPAMAG se adelantó
la segunda jornada de capacitación frente a la carga contaminante y método de
liquidación de la tasa contributiva conforme al Decreto 2667 de 2012, en la cual
asistieron varias empresas, entre ellas METROAGUA S.A. E.S.P.

Que considerando el hecho de que la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. EN
LIQUIDACION en el Distrito de Santa Marta hasta el pasado mes de abril de 2017
el servicio público de alcantarillado, CORPAMAG emitió la factura N° 6782 de
agosto 24 de 2017 mediante la cual facturó la tasa retributiva que la empresa le
cobró a cada suscriptor en las mensualidades de enero, febrero, marzo y abril de
2017 en los términos del artículo 2.2.9.7.3.3. del Decreto 1076 de 2015.

Que CORPAMAG para efectuar la liquidación del cobro de la tasa retributiva de
enero, febrero, marzo y abril de 2017, a la Empresa de Servicios Públicos de Santa
Marta METROAGUA E.S.P EN LIQUIDACION, tuvo en cuenta las
caracterizaciones técnicas que reposan en los archivos de esta entidad en
concordancia con lo establecido en el parágrafo de los artículos 2.2.9.7.5.4,
2.2.9.7.5.5. y 2.2.9.7.5.6. del Decreto 1076 de 2015.

Que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta METROAGUA S.A. E.S.P.
EN LIQUIDACION, presentó reclamación de la factura N° 6782 de agosto 24 de
2017 mediante oficio N° 7987 de octubre 05 de 2017.

FUNDAMENTOS LEGALES

I. Competencia

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG- es la autoridad
ambiental competente para la administración y gestión del recurso ambiental
marino que discurre frente al Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa María
Departamento del Magdalena.

Que para el efecto debe observarse lo dispuesto por el Articulo 208 de la Ley 1450
de 2011 (aún vigente) el cual señala expresamente que las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenibles de los departamentos
costeros, ejercerán sus funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas

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Demandante: Metroagua S.A ESP

hasta el límite de las líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984,
salvo las competencias que de manera privativa corresponden al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina --
CORALINA

Que esta misma Ley del Plan Nacional de Desarrollo refiere en el artículo 211°,
parágrafo 1°, que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a la
contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro
de esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo
vertimiento.

Que la anterior cita normativa es una adición a lo dispuesto por el artículo 42° de
la Ley. 99 de 1993; señalando que la utilización directa o indirecta de la atmósfera,
el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas,
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos,
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o
propiciadas por el hombre o actividades económicas o de servicio, sean o no
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas
de las actividades expresadas.

Que corresponde al Estado a través de sus instituciones públicas con competencia
territorial el manejo administrativo ambiental del país, como es el caso de
CORPAMAG para el Departamento del Magdalena y la zona costera del mismo
ente territorial, debiendo garantizar la calidad del agua para consumo humano
recreación y los demás usos permitidos, exigiendo el cumplimiento normativo
vigente y las obligaciones impuestas en las licencias como medio control ambiental
frente a los responsables en la obligación de aplicar los instrumentos que
prevengan y controlen los vertimientos contaminantes.

Que por dicha razón y conforme al artículo 2.2.9.7.2.2. del Decreto 1075 de 2015.
CORPAMAG es la autoridad ambiental competente para cobrar y recaudar la tasa
retributiva por vertimientos al recurso hídrico, como ocurre en el presente caso con
METROAGUA SA, al efectuar esta empresa vertimientos al recurso marino en
virtud dẹ la operación del Emisario Submarino, cuyo proyecto cuenta con
autorización ambiental según la licencia otorgada por la Resolución. No 242 del 8
de abril de 1999 del Ministerio de Medio Ambiente, actual. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, para la ejecución del proyecto Emisario Submarino para
tratamiento por "dilución y disposición final de las aguas, servidas" de la ciudad de
Santa Marta, en el Departamento de Magdalena.

Que el Director General es el funcionario competente para resolver el recurso de
reposición (reclamación) interpuesto por la citada empresa contra el acto
administrativo de cobro, que para este caso se denomina factura No. 6782 de
agosto 24 de 2017, y en consecuencia, con capacidad jurídica funcional para firmar
el correspondiente acto según la Ley, los reglamentos y al manual de funciones de
la entidad.

II. Procedimiento

El procedimiento a seguir para resolver la reposición (reclamación) interpuesta por
la empresa METROAGUA S.A. E.S.P.. es el previsto en el artículo 2.2.9.7.5.7. y
siguientes del Decreto 1078 de 2015, y en lo no previsto allí se aplicará lo dispuesto
por el CPACA teniendo especial relevancia lo señalado por los artículos 2º, 3º, 34°
у 74° у siguientes o normas complementarias indicadas en dicho código.

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Demandante: Metroagua S.A ESP

Es preciso señalar que las premisas jurídicas del caso, que aplica CORPAMAG a
todos los usuarios para efectuar el cobro de la tasa retributiva por vertimiento
realizada en todos los cuerpos hídricos de su jurisdicción y competencia territorios,
son las previstas en el Decreto 2007 de 2012 considerando además las
disposiciones relacionadas con al recurso hídrico, ordenamiento del recurso
hídrico y los vertimientos al recurso hídrico y a los alcantarillados establecidos en
el Decreto 3930 de 2010 y Decreto 1594 de 1984, en especial el artículo 72, así
como lo dispuesto por la Ley 999 de 1993.

Es de anotar para claridad del usuario que estas normas fueron compiladas por el
Decreto 1076 de 2015, así: Decreto 3930 de 2010 se encuentra compilado desde
el artículo 2.2.3.3.1.1. al 2.2.3.9.1. y el Decreto 2667 de 2012 está compilado desde
el artículo 2.2.9.7.1.1. al 2.2.9.7.6.2. y respecto del Decreto 1594 de 1984, está
compilado en el artículo 2.2.3.3.9.14., entendiendo que el Distrito de Santa Marta
se considera usuario existente o anterior a la fecha del decreto por cuanto fue
fundado y construido como Municipio antes de la entrada en vigencia del Decreto
2811 de 1974.

Del mismo modo se debe considerar que la empresa METROAGUA S.A. E.S.P.,
cuenta con licencia ambiental otorgada por la Resolución 242 de abril 06 de 1999
del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, quien efectuó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, denominado -Emisario Submarino para Tratamiento por Dilución y
Disposición final de las Aguas Servidas de la Ciudad de Santa Marta”, lo cual sujeta
a su titular al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho instrumento,
y así mismo, al cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia.

Así se le indicó en el numeral 1º del artículo 4º de la Resolución 242 en abril 06 de
1999 (otorga Licencia Ambiental), proferida por el Ministerio de Ambiente, en la
cual señala lo siguiente:

“1.- LA COMPAÑÍA METROAGUA S.A. E.S.P. debe ajustar el sistema de
tratamiento primario a las exigencias que puedan resultar de acuerdos
internacionales que para la protección de las aguas y ecosistemas submarinos
suscriba el país o la legislación que se promueve”. (se resalta y subraya)

Frente a este tema, también se deben considerar las definiciones, obligaciones y
parámetros establecidos por la Resolución 1096 de 2000 y 424 de 2001 proferidas
por el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

frente al Emisario Submarino, como en efecto así se realizó para comprender el
alcance técnico de dicho proyecto operado por Metroagua S'A. E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN.

Es preciso indicar que las fuentes legislativas principales que regulan el caso son
el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), Ley 99 de 1993 y
el Decreto 1076 de 2015, toda vez que en la protección del ambiente, y entre ellos
el recurso hídrico, se deben considerar las evoluciones técnicas y jurídicas que se
promulguen o divulguen, a través de las cuales se regula el manejo de los
vertimientos, mediciones, punto de muestras, etc. que tendrán incidencia y
obligatoriedad respecto del instrumento de control ambiental, pues debe tenerse
presente que la Licencia Ambiental no otorga a su titular derechos adquiridos
inmodificables e irrenunciables, según se ha reconocido por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, Consejo de Estado y la doctrina, manifestando que los Actos

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Administrativos de Licenciamiento o Permisos Ambientales son considerados
actos condición ya que el instrumento ambiental y las disposiciones que lo
complementan, buscan de manera alterna evitar, prevenir, corregir o compensar
los impactos ambientales que genere o produzca la obra, proyecto o actividad.
(Legislador, Ley 99, 1993), y ello se fundamenta en lo dispuesto por el inciso 2º del
artículo 107º de esta Ley que señala, "[i]as normas ambientales son de orden
público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares."

Para efectos de liquidación de las tasas retributivas por vertimiento, el
procedimiento particular que todo usuario debe considerar y adelantar es el
previsto a partir del artículo 2.2.9.7.4.1. al 2.2.9.7.5.8. del Decreto 1076 de 2015.

El procedimiento para establecer la tasa retributiva: la obligación legal inicial surge
por los vertimientos realizados, tengan o no permiso, y quien los realiza es el sujeto
pasivo de la tasa retributiva quien tendrá que presentar al finalizar la vigencia fiscal
anual la autodeclaración de le carga contaminante vertida al cuerpo hídrico
receptor de la misma, la cual deberá estar sustentada en al menos una
caracterización.

Así lo señala el artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 1076, indicado:

Artículo 2.2.9.7.5.4. Información para el cálculo del monto a cobrar. El sujeto
pasivo de la tasa retributiva deberá presentar a la autoridad ambiental
competente la autodeclaración de sus vertimientos correspondiente al periodo
de facturación y cabro establecido por la misme, la cual no podía ser superior a
un año. La autodeclaración deberá estas sustentada por lo menos con una
caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de
información respectivos. La autodeclaración deberá especificar la información
mensual relacionada con las cargos vertidas y, presentarse en el formato
definido por la autoridad ambiental competente. La autoridad ambiental
competente, previa evaluación técnica, utiliza la información contenida en la
autodeclaración presentada por los usuarios para el cálculo de le carga
contaminante de cada sustancia objeto del cobro de la tasa, correspondiente al
periodo sobre el cual se va a cobrar.
Parágrafo. En los casos en que se presenten diferencias sobre la información
presentada por los usuario, o falta de presentación de la autodeclaración, el
cobra de la tasa retributiva por parte de la autoridad ambiental competente se
realizará con base en los factores de carga per cápita establecidos en el
Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental RAS,
en la información disponible obtenida de muestreos anteriores o en cálculos
basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de
producción e insumos utilizados, (se resalta)

La información que presente el usuario servirá de base a la Autoridad Ambiental
para liquidar la tasa retributiva por vertimiento a cobrar, cuya evaluación técnica no
requiere mayor esfuerzo, pues en primer lugar se debe establecer si el usuario
cumplió con lọ dispuesto por el Decreto 1076 de 2015 según los artículos antes
indicados, en especial el punto de control de vertimiento, muestra puntual, punto
de descarga, la prohibición de utilizar recurso hídrico con el propósito de diluir los
vertimientos con anterioridad al punto de control, entre otros factores: obligaciones
y prohibiciones que indica el referido decreto. Y en segundo lugar, la Autoridad
Ambiental confrontará las muestras tomadas y presentadas por el sujeto pasivo,
con las caracterizaciones que se hayan efectuado para ese periodo fiscal,

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Entonces, si en esta fase inicial de evaluación técnica de la información, la
Autoridad Ambiental encuentra que la autodeclaración se ajusta a los parámetros
exigidos por el Decreto 1076 de 2015, liquidará la tasa retributiva, emitiendo el
respectivo documento de cobro que autoriza la Ley, esto es factura o documento
de cobro, no obstante, si la Autoridad Ambiental al confrontar la información
presentada y la existente en la

Que por dicha razón y conforme al artículo 2.2.9.7.2.2. del Decreto 1076 de 2015,
CORPAMAG es la autoridad ambiental competente para cobrar y recaudar la tasa
retributiva por vertimientos al recurso hídrico, como ocurre en el presente caso con
METROAGUA S.A. al efectuar esta empresa vertimientos al recurso marino en
virtud de la operación del Emisario Submarino, cuyo proyecto cuenta con
autorización ambiental según la licencia otorgada por la Resolución No. 242 del 6
de abril de 1999 del Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, para la ejecución del proyecto "Emisario Submarino para
tratamiento por "dilución y disposición final de las aguas servidas" de la ciudad de
Santa Marta; en el Departamento de Magdalena.

Que el Director General es el funcionario competente para resolver el recurso de
reposición (reclamación) interpuesto por la citada empresa contra el acto
administrativo de cobro, que para este caso se denomina factura No. 6782 de
agosto 24 de 2017, y en consecuencia, con capacidad jurídica funcional para firmar
el correspondiente acto según la Ley, los reglamentos y el manual de funciones de
la entidad.

II. Procedimiento

El procedimiento a seguir para resolver la reposición (reclamación) interpuesta por
la empresa METROAGUA S.A. E.S.P., es el previsto en el artículo 2.2.9.7.5.7. y
siguientes del Decreto 1076 de 2015, y en lo no previsto allí se aplicará lo dispuesto
por el CPACA, teniendo especial relevancia lo señalado por los artículos 2º, 3º, 34°
y 74° y siguientes o normas complementarias indicadas en dicho código.

Es preciso señalar que las premisas jurídicas del caso, que aplica CORPAMAG a
todos los usuarios para efectuar el cobro de la tasa retributiva por vertimiento
realizada en todos los cuerpos hídricos de su jurisdicción y competencia territorial,
son las previstas en el Decreto 2667 de 2012. considerando además las
disposiciones relacionadas con el recurso hídrico, ordenamiento del recurso
hídrico y los vertimientos al recurso hídrico Es claro entonces que las facturas se
emitirán dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de presentación de la
auto-declaración, y en ellas se deberá indicar si ésta se acepta o no, especificando
el valor correspondiente a las cargas de elementos, sustancias y parámetros
contaminantes mensuales ‘vertidos’, siguiendo los parámetros establecidos por el
parágrafo del artículo 2.2.9.7.5.4. del plurimencionado Decreto. No obstante, en
este caso especial, por considerar que la empresa funcionaria hasta el mes de abril
de 2017, fue necesario la expedición de la factura contra la cual la hoy empresa
METROAGUA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN presenta reclamación.

Entonces, siguiendo lo dispuesto por el parágrafo 1º del Artículo antes trascrito es
claro en señalar que contra la factura de cobro procede “recurso de reposición”, el
cual deberá interponerse dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago que en
el documento de cobro se haya establecido (ver parágrafo 2º y 3º).

Como normas complementarias y obligatorias al procedimiento antes indicado, se
debe considerar lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en especial, lo referido por los artículos 2, 34, 74 y

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Demandante: Metroagua S.A ESP

s.s., las cuales expresan que el procedimiento se deberá adelantar siguiendo el
procedimiento indicado por Leyes especiales, si éste existe, y en lo no previsto en
ellas se acudirá a lo dispuesto por el CPACA. Por ello entonces, cuando el
parágrafo 1º antes transcrito se refiere que contra la factura de cobro procede
recurso de reposición, sin que lo defina el Decreto 1076/15, se debe entender como
recurso aquél que define el artículo 74º del CPACA, así:

ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Por
regla general, contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque

La definición legal del objetivo y alcance del recurso de reposición es reglado por
el Legislador y a este concepto se deben remitir tanto las autoridades públicas
administradoras del interés general, como los usuarios que están inconformes con
la decisión. Para el caso del cobro de la tasa retributiva, el Decreto 1076 de 2015
expresamente contempla el recurso de reposición como etapa procesal y medio
para que el usuario manifieste su inconformidad contra la factura con el fin de que
se aclare, modifique, adicione o revoque dicho acto administrativo, sólo que el
término para interponer el mencionado recurso no es de diez (10) días como lo
establece el CPACA, sino de un (1) mes contado a partir de la fecha de vencimiento
de la factura, según así lo establece el parágrafo 3º del artículo 2.2.9.7.5.7, del
plurimencionado Decreto.

Bajo el procedimiento anteriormente indicado es que CORPAMAG ha actuado
procesalmente en el caso de METROAGUA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, y
también con los demás usuarios que realizan vertimientos en cuerpos hídricos del
Departamento del Magdalena frente a la recepción, evaluación y decisión
administrativa, de aceptar o no la autodeclaración, pues debe recordarse que las
normas ambientales según lo prevé el inciso 2º del artículo 167 de la Ley 99 de
1993, son de orden público, y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
en su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Oportunidad de recurso de reposición

La factura 6782 fue emitida el 24 de agosto de 2017, y expresamente se le indicó
a METROAGUA S.A. E.S.P. que debía cancelada hasta el 23 de septiembre de
2017. Por lo tanto, dice el parágrafo 3º del artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076
que la presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por escrito
dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el respectivo
documento de cobro.

Luego entonces, el mes que refiere dicho parágrafo vencía el 23 de octubre de
2017, por lo cual al confrontar esa fecha con la del radicado 7987 este fue
presentado el 05 de octubre de 2017, lo que quiere decir que se presentó por
Metroagua S.A. E.S.P. en liquidación dentro del término legal para ejercer el
derecho de defensa.

En lo que respecta a los demás requisitos procesales que el CPACA señala se
cumple, toda vez que la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. S.A. EN
LIQUIDACIÓN actúa a través de apoderado especial quien exhibió documento
poder otorgado por el liquidador de la empresa; así mismo presenta los
fundamentos fácticos y jurídicos de inconformidad, y pide también el decreto de
pruebas. No obstante este pedimento, por economía y celeridad procesal no
requiero pronunciamiento adicional ya que más obrar con antecedentes de la

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factura 0762 de agosto 24 de 2017 y son concurrentes de expedientes
administrativos de mi conocimiento, no encuentro el lugar del domicilio. Por tales
razones se resolverá de fondo el recurso interpuesto, como sigue, relevando en
este acto administrativo la transcripción de la argumentación fáctica y jurídica que
se indica en el escrito obrante en el expediente. Sin embargo, se transcribe el título
de la inconformidad, y seguidamente la respuesta al mismo, así:

a) LA FACTURA DE VENTA No. 6762 FUE EXPEDIDA EXTEMPORÁNEAMENTE
SIN ATENDER EL ORDENAMIENTO DEL PÁRRAFO DEL ARTICULO 2.2.9.15 Y
DEL DECRETO 1078 DE 2015"

Contrario sensu a lo que señala el recurrente en este numeral, la Corporación
liquidó el periodo total del mes de abril de 2017, como así se indica en la factura,
pues METROAGUA S.A. E.S.P EN LIQUIDACION que bien pudo funcionar hasta
el 17 de abril de 2017 al otro no se hace a la empresa como generador único del
vertimiento sino como operador del sistema de alcantarillado de toda la ciudad de
Santa Marta

En efecto, según el artículo 2.2.9.7.3; 2.2.9.7.6.2. del Decreto 1078 de 2015 es
recaudador de la tasa que cada abonado o suscriptor de la empresa tiene
registrado para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado que por
mensualidades debe cancelar. Entonces, no se trata de la tasa retributiva que debe
pagar METROAGUA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION, como generada, ya que no
es por la carga contaminante que esta empresa genera, sino por la prestación del
servicio de alcantarillado conforme a las normas antes dichas

Esto quiere significar que para la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. EN
LIQUIDACION se le emitió la factura dentro de los cuatro meses de que habla la
norma citada en la inconformidad, pues a los usuarios no se interrumpió el servicio
el 17 de abril de 2017 y se dividió en: dos partes el pago. Cada usuario abonado 3
correcta mensual a la red de alcantarillado de la ciudad se presume debe cancelar
un periodo mensual vencido y en consecuencia en calle factura la empresa es la
que continuó prestando el servicio debe incluir la referida tasa retributiva que debe
ser trasladada a la Corporación, ya que se trata de un tributo que autoriza facturar
el artículo 338 de la constitución política de Colombia.

Por otra parte, aún en gracia de la discusión de que la norma habla de un término
para emitir la factura, ésta no señala los efectos preclusivos de que su omisión
genera, en el sentido de producir efectos de pérdida de competencia de la
autoridad ambiental para emitir la factura, para que en esos términos prospere el
argumento que presenta el abogado de la empresa.

Así, en estos términos, no prosperará la inconformidad presentada.

b). LA FACTURA 6782 DE AGOSTO 24 DE 2017, NO REUNE LOS REQUISITOS
DEL (sic) EXIGIDOS PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS DE VENTA.

Contrario a lo afirmado por el apoderado de la empresa METROAGUA S.A. E.S.P.
EN LIQUIDACIÓN, si bien aduce requisitos formales del Código de Comercio para
el presente caso, a pesar de que el originario Decreto 2667 de 2012 no exige un
formalismo extremo como lo pide el recurrente. Si se cumple los mínimos requisitos
exigidos pues en el epígrafe de la factura claramente se ve que corresponde a la
TASA RETRIBUTIVA CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Se le indica el número de
facturación aprobado por la DIAN y número de resolución, el número de factura sin
prefijo, fecha de emisión, fecha de pago, periodo facturado, deudor con nombre,
número de NIT y dirección, así como también los factores de cobro que aunque

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jurídicamente no se pueden leer si se le indica el período al cual pertenece y cuál
es la carga cobrada según DBO y SST, con la determinación de la tarifa mínima a
cancelar por DBO y SST.

Entonces, el procedimiento, método y cálculo se encuentra establecido mediante
fórmulas en el Decreto 2667 de 2012 compilado en el Decreto 1076 de 2015, y es
a esto que se pide al representante de la empresa y a las autoridades judiciales
acudir para una correcta lectura de los valores emitidos, y por supuesto a la
información documental que, como antecedentes, obran dentro del expediente
administrativo.

En estos términos no prospera la reclamación presentada por el abogado de la
empresa METROAGUA SA. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN

C) LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA –
CORPAMAG- NO IDENTIFICÓ NI EXPUSO EL PROCEDIMIENTO PARA
LIQUIDAR Y GRAVAR A METROAGUA S.A., E.S.P. EN LIQUIDACIÓN CON LA
TASA RETRIBUTIVA POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA.

El procedimiento que refiere el apoderado son las premisas jurídicas del caso
aplicadas CORPAMAG no sólo a Metroagua sino a todos los usuarios para
efectuar el cobro de la tasa retributiva por vertimiento realizada en todos los
cuerpos hídricos de su jurisdicción y competencia territorial, y son las previstas en
el Decreto 2667 de 2012; considerando además las disposiciones relacionadas
con el recurso hídrico, ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos al
recurso hídrico y a los alcantarillados establecidos en el Decreto 3930 de 2010 y
Decreto 1594 de 1984, en especial el artículo 72, así como lo dispuesto por la Ley
99 de 1993.

Es de anotar para claridad del usuario que estas normas fueron compiladas por el
Decreto 1076 de 2015. así: Decreto 3930 de 2010 se encuentra compilado desde
el artículo 2.2.3.3.1.1. al. 2.2.3.3.9.1. y el Decreto 2667 de 2012 está compilado
desde el artículo 2.2.9.7.1.1, al 2.2.9.7.6.2, y respecto del Decreto 1594 de 1984,
está compilado en el artículo 2.2.3.3.9.14., entendiendo que el Distrito de Santa
Marta se considera un usuario existente o anterior a la fecha del decreto por cuanto
fue fundado y construido como Municipio antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2811 de 1974.

la Autoridad Ambiental al momento de confrontar la información presentada y la
existente en la Corporación, evidencia notables diferencias o el usuario no cumplió
el procedimiento que se impuso en el citado Decreto, seguirá uno de los mandatos
referidos por el parágrafo del artículo 2.2.9.7.5.4. del plurimencionado Decreto, en
el sentido de que el cobro de la tasa retributiva por vertimientos se realizará
atendiendo las alternativas señaladas, así: (i) carga per-cápita establecidos en el
Reglamento Técnico de Agua Potable, y Saneamiento Básico y Ambiental – RAS-
(ii) en la información disponible obtenida de muestreos anteriores o (iii) en cálculos
presuntivos basados en factores o (iv) índices de contaminación relacionados con
niveles de producción e insumos utilizados. En el presente, caso la Corporación
optó por la información disponible obtenida de muestreos anteriores tomados el 30
de diciembre de 2016; siendo que además Metroagua S.A, E.S.P. en el momento
de la declaración no presentó muestreos tomados según la documentación
radicada el 30 de enero de 2017 junto con la autodeclaración.

Es importante aclarar que cuando la norma refiere que la Autoridad Ambiental
podrá utilizar información disponible obtenida de muestreos anteriores, se entiende
ésta a las muestras tomadas en visitas de seguimiento realizadas a los usuarios

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sujetos a la tasa con el fin de verificar la información suministrada del respectivo
periodo de cobro, es decir. al periodo de vigencia del cobro de la tasa, pues no
podrá tomarse y confrontar muestras posteriores a la fecha de presentación de la
autodeclaración, toda vez que no podría confrontarse con el periodo fiscal de la
autodeclaración.

En la sentencia de agosto 23 de 2017 proferida dentro del expediente
47001233300120160012500 de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de
METROAGUA SA. E.S.P. contra CORPAMAG el Tribunal Administrativo del
Magdalena, con ponencia de la Dra. María Victoria Quiñonez, señaló lo siguiente:
"de lo expuesto, se tiene que la toma de muestras debe realizarse en un punto
especifico situado entre el sistema de tratamiento y el punto de descarga,
entendiendo éste último coma el sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al
cuerpo de agua; al alcantarillado o al suelo, o sitio o lugar donde se realiza un
vertimiento, de manera directa o indirecta al cuerpo de agua, en este sentido puede
concluir la Sala que la nuestra, debe ser recogida en la Estación de Bombeo Norte",
por lo tanto, ya existe un pronunciamiento judicial de fondo entre las mismas partes
(Metroagua y CORPAMAG) frente al cobro de la lasa retributiva del período fiscal
año 2014, a través del cual dicho tribunal en el control de legalidad señaló que se
había actuando conforme a Ley. Si bien se encuentra en apelación dicha
sentencia, es decir no está ejecutoriada, si establece dicho fallo lectura e
interpretación jurídica de las normas sobre el cobre de la tasa retributiva por
vertimiento.

Por lo tanto, aún sin el referido pronunciamiento de fondo del Tribuna Contencioso
Administrativo del Magdalena, es claro que la medición, toma de muestras, etc. se
debe realizar con base en la normatividad vigente, esto es, el Decreto 3930 de
2010 y 2667 de 2012 compilados ambos en el Decreto 1076 de 2015, y en estos
términos es que debe obrar las autoridades. no con la conjugación de verbal como
se indica por el usuario a través del abogado representante.

Por lo tanto, no encuentra fundamento razonable y realmente válido que amerite
aclarar, revocar o modificar la factura Nº 6782 de agosto 24 de 2017.

En estos términos no se revocará la decisión adoptada por la Corporación en la
factura 6782 de agosto 24 de 2017.

d) VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DEL
DEBIDO PROCESO Y FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO CONTENIDO EN LA
FACTURA DE VENTA Nº 6782 DE 24/08/2017

A primera vista se observa una clara, equivocación del apoderado de la empresa
METROAGUA SA. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN al referir que se le impuso la tasa
retributiva fijada en la factura de venta no. 6782 de 24/08/2017, violando la
metodología y procedimientos establecidos para el efecto.

Nada más alejado de la realidad procesal es dicha afirmación, pues el
procedimiento para liquidar la tasa retributiva por vertimiento es y ha sido
reglamentada por el Gobierno Nacional según el Decreto, compilatorio 1076 de
2015 y a ese ordenamiento jurídico es que se debe remitir la autoridad y los
particulares en el ejercicio de las actividades que, como la de prestación del
servicio público de alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, realizaba
METROAGUA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y que por dicha causa le facturaba
en proporción a cada usuario, abonado o suscriptor.

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Luego entonces, querrá decir el apoderado que la empresa facturó a cada usuario
la tasa retributiva que refiere el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y no la traslada
para el fin de que habla la norma, en este caso lo previsto por el artículo 2.2.9.7.5.3,
del Decreto 1076 de 2015.

Por lo tanto, para calcular el monto a cobrar por concepto de la tasa retributiva
CORPAMAG actúo conforme al artículo 2.2.9.7.5.1. del Decreto 1076 de 2015 y
ese cobro se realizará al prestador del servicio público de alcantarillado siguiendo
lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 2.2.9.7.5.2. del citado Decreto.

CORPAMAG no omitió el anexo explicativo, porque no lo pide la norma, y lo que
no señala el procedimiento no puede interpretarse adicionalmente por los usuarios;
tampoco hizo sesgadamente la interpretación de la norma, pues esos valores
fueron emitidos conforme al procedimiento expreso en el citado Decreto,
atendieron para ello las muestras existentes en los antecedentes administrativos.

Entonces, no puede pretender METROAGUA. S.A E.S.P. EN LIQUIDACIÓN que
se desconozca la facturación de un período de tiempo (enero a abril de 2017) de
la tasa retributiva por: vertimientos, cuando generó este hecho que motiva la
facturación del cobro, y por ello debía emitir la factura, como así se realizó, en el
periodo antes señalado,

En estos términos se NO SE REPONE el contenido y alcance de la factura No.
6782 de agosto 24 de 2017 a cargo de la empresa Metroagua S.A. E.S.P. en
liquidación, por las razones anteriormente indicadas.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NO REPONER el contenido, alcance y cuantía del acto
administrativo contenido en la factura Nº 6782 de agosto 24 de 2017, a cargo de
la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, por las razones jurídicas
anteriormente expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR en les términos de los artículos 66, 67, 68 y
69 del CPACA la presente resolución al abogado Edilberto Escobar Cortes en su
condición de apoderado especial de la empresa METROAGUA SA. E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN.

ARTICULO TERCERO. Comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Judicial 11 Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios del Departamento del
Magdalena.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso
de reposición por agotar en este trámite la reclamación según el parágrafo 1º del
artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto 1075 de 2015.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE”3

1.3. Normas violadas y concepto de violación

3 Visible a folios 23 a 39 del Cuaderno del Tribunal.

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1.3.1. La parte actora invocó los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 123, 209, 228 y 229 de la
Constitución Política, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 de artículo 3 y los artículos 48, 49,
138, 152 numeral 3, 156 numerales 1 y 2, 159, 161, 162, 166, 168, 179, 180, 181, 211
y 306 del CPACA; artículos 1, 2, 4, 6, 7, 14, 164, 165, 167, 245 y 246 del Código
General del Proceso; artículos 2.2.3.3.4.2, 2.2.9.7.1.1, 2.2.9.7.2.1, 2.2.9.7.2.5,
2.2.9.7.4.1 a 2.2.9.7.5.8 del Decreto 1076 de 2015, y los artículos 42 y 43 de la Ley
99 de 1993.

1.3.2. A continuación, se realizará una síntesis de los hechos descritos en la
demanda.

Indicó que suscribió un contrato de arrendamiento nro. 074 el 27 de noviembre de
1989 con la Alcaldía Distrital de Santa Marta, de los sistemas de acueducto y
alcantarillado para que la demandante hiciera uso de ellos, para la prestación del
servicio público.

Afirmó que Metroagua operó el sistema de acueducto y alcantarillado hasta el 17 de
abril de 2017. Resaltó que, desde el 27 de noviembre de 1989, se estableció que el
destino final de las aguas residuales de Santa Marta era el mar atlántico.

Señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le concedió a Metroagua
una licencia ambiental para la construcción y operación de un Emisario Submarino
para el Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas de la Ciudad de
Santa Marta.

Informó que, mediante Factura nro. 6782 del 24 de agosto de 2017, Corpamag liquidó
y facturó a Metroagua la suma de quinientos ochenta y nueve millones cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos con noventa y tres centavos
($589.454.349.93) por concepto de tasa retributiva para el período comprendido entre
el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Agregó que presentó reclamación en contra del mencionado cobro, en memorial del 5
de octubre de 2017, la cual fue desatada en Resolución nro. 3941 del 24 de agosto de
2017, donde se confirmó el valor cobrado.

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1.3.3. En el concepto de violación de la demanda expuso los cargos que se sintetizan
enseguida:

1.3.3.1. En el de “Los actos demandados son nulos conforme lo expuesto en el
primer cargo de violación: Artículo 2.2.9.7.5.7. Parágrafo 1 y 3, del Decreto 1076 de
2015 y art. 74 de la Ley 1437 de 2011, por interpretación y aplicación indebida de estas
normas y no permitir la interposición de recursos en sede gubernativa”, mencionó que
el artículo 2.2.9.7.5.7 parágrafo 3 del Decreto 1076 de 2015 estableció que el trámite
y decisión de la reclamación formulada en contra de la factura de venta se debe
adelantar bajo los preceptos de la Ley 1437 de 2011, por lo que, cuando se trata de la
vía gubernativa, le son aplicables los artículos 77 y 79 del CPACA.

Comentó que los parágrafos de la citada disposición del Decreto 1076 de 2015 se
contradecían, ya que en el 1° se indica que, contra el cobro de la tasa retributiva a
través de factura, procede el recurso de reposición; mientras que el 3° prevé que “la
presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por escrito dentro del
mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el respectivo documento de
cobro”4.

Adujo que, siendo que la factura no es el acto administrativo definitivo, sino aquel que
resuelve la reclamación, la autoridad ambiental limitó su derecho de defensa y
contradicción al entender como de reposición la reclamación presentada

1.3.3.2. También formuló el de “Artículo 2.2.9.7.2.1. tarifa de la tasa retributiva es
el valor que se cobra por unidad de carga contaminante vertida al recurso hídrico y
artículo 2.2.9.7.2.5. la tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos,
se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico, es
decir, la carga vertida o descargada y no antes de la descarga como equivocadamente
lo concibe la autoridad ambiental, y con fundamento en dicha autodeclaración se
liquide y cobre la tasa retributiva”5.

Manifestó que el argumento expuesto en el acto impugnado relacionado con la
sentencia del 23 de agosto de 2017 del Tribunal Administrativo del Magdalena,

4 Folio 7 ibídem.
5 Folio 8 ibídem.

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Radicado: 47001 23 33 000 2018 00223 01
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expedida al interior del expediente 47001 23 33 001 2016 00125 00, no era válido,
debido a que esa decisión había sido apelada y se encontraba en trámite ante el
Consejo de Estado, Sección Primera. Por lo tanto, no se encontraba en firme.

Advirtió que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.9.7.2.5 inciso 2° del Decreto
1076 de 2015, el hecho generador del gravamen lo constituye la totalidad de la carga
contaminante descargada en el recurso hídrico, es decir, que la medición del caudal
se debe efectuar al momento en el que ingresan los residuos al mar, no antes. Por lo
que la toma de las muestras que hace la autoridad ambiental es errónea.

Señaló que, en el anexo de la factura nro. 6782 de 2017, no se enunció la operación
que efectuó Corpamag para cuantificar la carga contaminante, pues, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.2.9.7.2.1, la autoridad ambiental debe conocer previamente
a definir el monto del gravamen cuáles son las sustancias que integran la carga
contaminante, para lo que es necesario remitirse a los artículos 2.2.3.3.4.1 y
2.2.3.3.4.2. No obstante, dichos aspectos no fueron expuestos en el acto acusado,
vulnerando de esta forma el debido proceso y el derechos de defensa y contradicción,
ya que el usuario debe conocer con exactitud de dónde provienen los valores y
elementos que dan lugar a la tasa retributiva para un periodo determinado.

Adujo que la fórmula utilizada para determinar el valor a pagar era bastante compleja,
por lo que cualquier variable puede afectar gravemente el resultado. Pero Corpamag
omitió ventilarla ante el contribuyente, vulnerando sus derechos.

Resaltó que, a pesar de que en el presente caso se estaba cobrando y facturando una
porción de un periodo inferior a un (1) año, los valores fijados, de acuerdo con el
artículo 2.2.9.7.5.1 del parágrafo 2 del Decreto 1076 de 2015, son objeto de
cuestionamiento ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo que el
valor recaudado en la factura nro. 6782 de 2017 se encuentra viciado en la práctica y
la metodología.

Aseveró que se incumplió lo previsto en el artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 de
2015, como quiera que el Laboratorio Nancy Flórez García tomó la muestra en un sitio
previo a que ingresaran los residuos al Emisario Submarino, cuando debía efectuarse
en el lecho marino.

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1.3.3.3. Frente a la “Nulidad de los actos demandados por violación de los
artículos 2.2.9.7.5.7 del Parágrafo 2, 2.2.9.7.5.1, parágrafo 2, art. 2.2.9.7.2.5, inciso 2°,
2.2.7.2.1 y art. 2.2.3.3.4.2, del Decreto 1076 de 2015, por cuanto a la factura de venta
nro. 6782 de agosto 24 de 2017, fue expedida extemporáneamente, sin atender el
ordenamiento legal, en igual sentido dicho instrumento no reúne los requisitos exigidos
para la emisión de facturas de venta artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional”6,
expuso que Metroagua dejó de prestar el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en la Ciudad de Santa Marta a partir del 17 de abril de 2017; por lo tanto,
Corpamag contaba con cuatro (4) meses para proferir la factura de venta, los cuales
vencían el 17 de agosto del citado año. Sin embargo, la factura nro. 6782 fue emitida
hasta el 24 de agosto de 2017, es decir, por fuera del término previsto en el parágrafo
2° del artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1057 de 2015.

Adicionalmente, indicó que el acto por medio del cual le cobraron la tasa retributiva
tenía que cumplir con las exigencias tributarias y lo dispuesto en el Código de
Comercio, ya que era una factura de venta que no se enmarcaba en ninguna
excepción. Asimismo, explicó que, de acuerdo con el artículo 617 del Estatuto
Tributario Nacional, la factura nro. 6782 omitió incluir la descripción especifica o al
menos genérica del elemento facturado; señaló que los datos son confusos y su
sumatoria no coincide con lo cobrado.

1.3.3.4. Formuló el cargo que denominó “Los actos demandados son nulos por
violación del artículo 29 de la Constitución Política Nacional, al haber conculcado el
debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, así también por haber incurrido
en falsa motivación”,7 asegurando que el procedimiento efectuado por Corpamag para
imponer el cobro de la tasa retributiva vulneraba el derecho al debido proceso, por las
siguientes razones: i) omitió realizar un anexo explicativo de la factura nro. 6782 de
2017, en el que se evidenciara la forma en la que cuantificó el gravamen, impidiéndole
a Metroagua ejercer su derecho de defensa y contradicción; ii) interpretó
sesgadamente el Decreto 1076 de 2015, al considerar que el contribuyente puede
acogerse al cobro sin controvertirlo previamente; iii) dentro del expediente
administrativo no reposaba prueba que demostrara que la autoridad ambiental llevó a

6 Folio 11 ibídem.
7 Folio 12 ibídem.

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cabo el muestreo de los vertimientos, el análisis científico y químico del caudal, ni la
identificación de las sustancias que componían la carga contaminante, de acuerdo con
lo regulado en el artículo 2.2.9.7.5.1; iv) negó la posibilidad a la demandante de
interponer el recurso de reposición en contra de la Resolución nro. 3941 de 2017, y v)
no aplicó la sentencia C-495 del 26 de septiembre de 1996, desconociendo el
precedente de la Corte Constitucional.

1.3.3.5. Posteriormente adujo que los actos acusados habían incurrido en falsa
motivación por tres (3) razones, a saber:

A) Afirmó que no era cierto que el parágrafo 1° del artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto
1076 de 2015 estableciera que contra la factura de cobro procediera el recurso de
reposición, el cual debía ser radicado dentro del mes siguiente a la fecha límite de
pago.

B) Reiteró que Corpamag había omitido expedir un anexo explicativo de la factura
nro. 6782 de 2017, en el que se demostrara el procedimiento y la metodología utilizada
para obtener el valor de la tasa retributiva del año 2017, privando a la demandante de
ejercer su derecho de defensa y contradicción.

C) Manifestó que la autoridad ambiental pretendía inducir en error al fallador, al
transcribir apartes de la sentencia expedida en el proceso con número de radicado
47001 23 33 001 2016 00125 00. Sin embargo, dicha decisión fue apelada y aún no
se encuentra en firme.

Asimismo, argumentó que la demandada partía de afirmaciones erradas por lo que lo
expuesto en la Resolución nro. 3941 de 2017 era inexistente, es decir, no existe una
justificación legal para soportar la decisión que tomó Corpamag.

1.3.3.6. Por último, sobre “Sentencia C-495 de septiembre de 26 de 1996, por
violación y desconocimiento del precedente judicial vertical, en la medida en que la
Corte Constitucional dejó sentado que los vertimientos, son contaminantes,
medianamente contaminantes y no contaminantes, sin embargo Corpamag desestimó
este precedente y cuantificó la tasa retributiva con la única opción de carga

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contaminante nociva”8. afirmó que estudió de fondo lo relacionado con las tasas
retributivas y para ello, transcribió apartes de la misma.

Manifestó que dicho gravamen tenía como finalidad la de controlar la contaminación
ambiental, es decir, el que contamina paga. Sin embargo, para la demandante, la
autoridad ambiental no aplicó dicha lógica, ya que para ésta la toma de las muestras
debe efectuarse en lugares previos a la entrada del Emisario Submarino,
desconociendo de esta manera los esfuerzos que Metroagua realiza cuando somete a
un tratamiento los vertimientos de aguas residuales.

Finalmente, expuso que la administración pública se encontraba en la obligación de
acatar los precedentes judiciales, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de la
Corte Constitucional C-634 del 24 de agosto de 2011, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. CORPAMAG9 contestó la demanda manifestando su oposición a todas
y cada una de las pretensiones, por cuanto carecen de fundamento fáctico, jurídico y
probatorio.

2.1.1. Frente al primer cargo, sostuvo que el Decreto nro. 1076 de 2015 reglamentaba
la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor
del vertimiento. Asimismo, aseguró que los comportamientos administrativos de dicha
autoridad se encontraban regulados por esa norma, al igual que las actuaciones de
Metroagua.

Indicó que el artículo 2.2.9.7.5.7 del citado Decreto señalaba que contra el documento
de cobro procedía el recurso de reposición; que, si bien en los actos acusados se
acudía al CPACA, era con el fin de definir dicha figura procesal.

Señaló que para Corpamag un escrito de reclamación puede ser entendido como un
recurso de reposición a la luz de lo previsto en el Decreto 1076 de 2015, el cual debe

8 Folio 89 ibídem.
9 Folios 502 a 513 del Cuaderno nro. del Tribunal.

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ser interpuesto dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento de la factura emitida
para el cobro de la tasa de vertimientos. Por lo tanto, el procedimiento efectuado por
la autoridad ambiental acató lo previsto en el ordenamiento jurídico.

Posteriormente, procedió a transcribir apartes de la sentencia del 23 de agosto de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el expediente nro.
47001 23 33 001 2016 00125 00, en el que actúan como partes las mismas que
integran la presente litis; esto con el fin de advertir que allí se estaba estudiando el
mismo problema jurídico y que, además, se habían negado las pretensiones. Indicó
que, si bien no se encontraba ejecutoriada la decisión, se trataba de una decisión que
podría tenerse como precedente horizontal, por lo que solicitaba que se apreciaran los
argumentos allí expuestos.

Bajo la misma línea, citó la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida en el
expediente nro. 63001 23 33 000 2015 00048 01, con ponencia del consejero
Hernando Sánchez Sánchez.

Afirmó que no vulneró el derecho a la defensa y contradicción de la demandante,
debido a que contra la Resolución nro. 3941 de 2017, no procedía ningún recurso.

2.1.2. Ahora, al pronunciarse sobre el cargo de vulneración de los artículos 2.2.9.7.2.1
y 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 de 2015, argumentó que la autoridad ambiental había
dado cumplimiento a la normativa vigente. Para sustentar dicho aspecto procedió a
citar nuevamente la sentencia del 23 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en el expediente nro. 47001 23 33 001 2016 00125 00,
y recalcar que allí se ratifica el procedimiento de Corpamag.

Aseguró que la factura nro. 6782 de 2017 acató lo previsto en el Decreto 1076 de 2015,
pues allí se señala la fecha de emisión, la fecha de vencimiento o límite de pago, el
periodo liquidado, y se establece que no se acepta autodeclaración. De igual forma,
se expuso la base de liquidación, el cálculo del factor regional DBO y SST, se
especificó la carga contaminante DBO y SST por CC mg/l y Kg y se determinó el valor
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril del mismo
año.

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El informe de carga neta DBO y SST que Corpamag refirió en el citado acto de cobro
fue el resultado de la información disponible que se obtuvo del muestreo tomado el 30
de diciembre de 2016, ya que Metroagua con la declaración que radicó el 30 de enero
de 2017, no aportó las mediciones correspondientes junto con la autodeclaración. Por
lo tanto, no se vulneraron los derechos al debido proceso y defensa y contradicción.

2.1.3. Sobre el tercer cargo, solicitó que fuera desestimado teniendo en cuenta los
fundamentos que fueron expuestos en la Resolución nro. 3941 de 2017. Para ello,
procedió a transcribirlos.

2.1.4. Respecto de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, aseveró
que la liquidación de la tasa retributiva era un procedimiento que se caracterizaba por
no ser controversial. Expuso que dicho trámite se componía de dos (2) etapas, las
cuales son: i) la caracterización de la carga contaminante antes de efectuar el
vertimiento a cargo de la persona obligada a pagar, y ii) la autoliquidación, que es
cuando la empresa presenta el informe de los vertimientos realizados en el año
anterior, el cual será valorado por la autoridad ambiental, quien decidirá si la acepta o
no. Además, en el documento de cobro se indicará el valor correspondiente a la carga
contaminante mensualmente vertida; sin embargo, esto no quiere decir que debe
contar con una caracterización de cada mes, ya que basta tener una sola y con ella
promediar ese aspecto.

Reiteró que Corpamag había fundamentado su decisión con base en la información
obtenida del muestreo llevado a cabo el 30 de diciembre de 2016. Por lo que, de
acuerdo con lo indicado en el acto acusado, era claro que había cumplido con el trámite
previsto en el Decreto 1076 de 2015, que compiló el Decreto 2667 de 2012.

2.1.5. En lo que tiene que ver con la falsa motivación, aseguro que la demandante no
especificó de forma clara cuáles eran las razones por las cuales prosperaría la causal
de nulidad. Asimismo, mencionó que los actos acusados indicaban cuál era la carga
contaminante que sirvió como parámetro para determinar la tasa retributiva por
vertimientos; como fundamento trajo a colación la Resolución nro. 242 del 6 de abril
de 1999, por medio de la cual se concedió la licencia ambiental a Metroagua.

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2.1.6. Sobre la “Infracción de las normas en que debió fundarse el acto administrativo”,
señaló que la tasa por vertimientos no se encuentra regulada por la Ley 99 de 1993 ni
los Decretos nro. 1753 de 1994, 1724 de 2002, 1180 de 2003, 1220 de 2005, 2820 de
2010 y 2041 de 2014, este último compilado por el Decreto 1075 de 2015, sino por el
artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y los Decretos nro. 2811 de 1974, 3930 de 2010 y
2667 de 2012.

Informó que el Decreto 1076 de 2015 compiló los artículos 2.2.3.3.1.1. al 2.2.3.3.9.1.
del Decreto nro. 3930 de 2010; los artículos 2.2.9.7.1.1 al 2.2.9.7.6.2 del Decreto nro.
2667 de 2012 y el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto nro. 1594 de 1984. Además, resaltó
que las Resoluciones nro. 333 del 23 de noviembre de 2011 y 242 del 6 de abril de
1999, las cuales autorizaron y modificaron el proyecto, no contemplaron ni incluyeron
un permiso de vertimientos, puesto que la actividad del proyecto es enviar el agua
residual doméstica al mar para que allí se diluya en virtud de la magnitud del punto de
destino, que es el Caribe.

Comentó que los lugares donde se toman las muestras están implementados para que
la empresa haga los seguimientos correspondientes a las aguas vertidas, a efectos de
determinar la extensión del impacto ambiental generado en la flora y la fauna y en las
zonas de baño de las playas cercanas, más no es para medir o caracterizar el líquido
vertido y así definir la tasa, tal como quedó precisado en la medida de manejo de la
Resolución nro. 242 de 1999.

Expuso que los sitios de toma de muestras simples en el área marina que se realicen
en el ámbito y por disposición de la licencia ambiental otorgada no podían sustituir ni
modificar lo dispuesto en los Decretos nro. 3930 de 2010, 2667 de 2012 y 2811 de
1974 y el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. También mencionó que los actos acusados
no fueron fundamentados en la licencia ambiental, pues la medición de la carga
contaminante para establecer la tasa estaba contemplada en la Resolución nro. 242
de 1999.

Argumentó que la demandante incurría en error al pretender que se reconociera como
punto para la toma de la muestra después de la disolución, en infracción de lo previsto
en el artículo 2.2.3.3.4.4. numeral 2° del Decreto nro. 1076 de 2015. De igual forma,

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adujo que lo que se busca con el proceso es determinar si el emisor es un dilusor y a
partir de ello medir la carga contaminante.

Bajo esta misma línea, agregó que con los actos acusados se cobró la tasa
correspondiente al periodo de enero a abril de 2017, por el vertimiento que Metroagua
efectuó en el cuerpo marino, siguiendo los parámetros previstos en los Decretos 2667
de 2012 y 3930 de 2010, compilados en el 1076 de 2015. Así las cosas, el lugar de
medición de la carga contaminante es antes de que las aguas residuales se diluyan en
el mar, pues se estaría utilizando el recurso hídrico para la disolución; por lo tanto, la
medición no cumpliría con los parámetros legales establecidos en el numeral 2 del
artículo 2.2.3.3.4.4. de la citada norma, la cual especifica que el vertimiento no podrá
utilizar el agua para medir los niveles de contaminación.

Sostuvo que, para cumplir el propósito de la legislación, Corpamag simplemente debía
contar con una caracterización significativa que le permitiera liquidar el periodo fiscal
facturado, siguiendo para ello la metodología, sistema y fórmulas de cálculo de la tasa
que se encuentran definidas en el Decreto 1076 de 2015.

2.1.7. Se pronunció sobre el cargo relacionado con la sentencia C-495 del 26 de
septiembre de 1996. Aseveró que la Corporación Autónoma no había desconocido el
mencionado precedente judicial, ya que actuó en cumplimiento de lo indicado en la
norma que regula la tasa de vertimientos, tal como lo evidenció el Tribunal
Administrativo del Magdalena en la sentencia del 23 de agosto de 2017.

2.1.8. Posteriormente, formuló la excepción de fondo denominada “Legalidad de acto
administrativo contenido en la Factura nro. 6782 del 24 de agosto de 2017 y en la
Resolución nro. 3941 del 24 de noviembre de 2017”, en la que puso de presente que
la Corporación, para liquidar el periodo que iba de enero al mes de abril, utilizó la
información del muestreo que reportó el laboratorio acreditado por el IDEAM, es decir,
la del 30 de diciembre de 2016.

Indicó que, si bien las facturas deben ser emitidas dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de presentación de la autodeclaración, en la cual se indicará si
dicho documento se acepta o no, se especificará el valor correspondiente a las cargas
de elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos, según el

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artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015, el presente caso era excepcional, ya
que Metroagua funcionaría hasta el mes de abril de 2017, por lo que era necesario
expedir el cobro objeto de litigio.

Afirmó que se había dado cumplimiento al procedimiento previsto en la citada norma,
ya que se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para la factura: i) se contaba con
una evaluación y caracterización del 30 de diciembre de 2016, elaborada por el
Laboratorio Nancy Flórez; ii) mediante la factura nro. 6782 de 2017 se informó que la
autoliquidación no sería aceptada y se liquidó la tasa con base en las cargas
contaminantes reportadas por Metroagua; iii) la actora presentó reclamación, y iv) se
expidió la Resolución nro. 3941 de 2017, contra la cual no procedía recurso de
reposición.

Efectuó un relato de las diferentes actuaciones que se llevaron a cabo al interior del
proceso administrativo, para afirmar que no se había vulnerado el derecho a la defensa
y contradicción y que se tomaron las muestras en el sitio que indica la norma; así:

1. Mediante memorial nro. 1700 12 01 00924 del 27 de marzo de 2014, Corpamag
le informó a Metroagua que se programaría una jornada de muestreo del agua para su
posterior caracterización.

2. El 10 de junio de 2014, la demandante le informó al Laboratorio Nancy Flórez
sobre los puntos de muestreo para la caracterización.

3. Se realizó el acta de visita por parte de Corpomag.

4. Los días 27 de agosto y 15 de septiembre de 2014, se llevaron a cabo
capacitaciones con los usuarios sobre la tasa retributiva, poniendo en conocimiento la
consulta legislativa, conforme a lo previsto en los Decretos nro. 2667 de 2012 y 3930
de 2010. De la cual participó Metroagua.

5. El 30 de diciembre de 2016, el Laboratorio Nancy Flórez realizó la toma de las
muestras en las coordenadas acordadas con Metroagua.

6. Se expidió el certificado de los resultados de laboratorio de las muestras de los
vertimientos efectuados por la demandante.

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7. Se expidió la factura nro. 6782 el 24 de agosto de 2017, donde se indicó que no
se aceptaba la autoliquidación presentada por la demandante y se especificaron las
bases de liquidación.

8. El 5 de octubre del mismo año, Metroagua radicó recurso de reposición
(reclamación) contra la orden de cobro.

9. Mediante Resolución nro. 3941 del 24 de noviembre de 2017, se desato el
recurso.

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante la audiencia del 13 de marzo de 201910 el Tribunal Administrativo del
Magdalena profirió sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para la adopción de tal determinación fueron los siguientes:

3.1. Como primer aspecto, analizó si la factura nro. 6782 de 2017 constituía un acto
administrativo y para ello procedió a citar el contenido del artículo 2.2.9.7.5.7 del
Decreto 1076 de 2015, lo mismo que a invocar el Decreto 2667 de 2012, evidenciando
que, según esas disposiciones, el citado documento de cobro debía ser apreciado
como un acto definitivo; lo que no acontecía con los expedidos antes del 21 de
diciembre de 2012, fecha de publicación del Decreto 2667 de 2012.

Señaló que, teniendo en cuenta lo anterior, Corpamag actuó en debida forma al
interpretar el escrito presentado por Metroagua como recurso de reposición.
Posteriormente, procedió a citar como fundamento de su decisión la sentencia del 22
de febrero de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, con
ponencia del Magistrado Hernando Sánchez Sánchez en el expediente 63001 23 33
000 2015 00048 01.

10 Ibidem.

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3.2. En ese orden, analizó como segundo problema jurídico si Corpomag omitió que
Metroagua interpusiera el recurso de reposición en contra de la decisión que resolvió
la reclamación en contra de la factura de cobro.

Al respecto, manifestó que los derechos al debido proceso y audiencia y defensa no
habían sido vulnerados, ya que contra la factura nro. 6782 de 2017 se presentó el
respectivo recurso de reposición, el cual fue desatado mediante la Resolución nro.
3941 de 2017; por lo que, a la luz del artículo 76 del CPACA, no era procedente
controvertir una decisión que resuelve un recurso.

Asimismo, reiteró que el mencionado cobro se trataba de un acto definitivo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 43 del CPACA, ya que decidía la liquidación
de la tasa retributiva y, a su vez, definía si se iba aceptar o no la autodeclaración
presentada por el sujeto pasivo, los valores de los elementos, sustancias y parámetros
de los contaminantes mensuales; luego, creaba una situación jurídica particular en
cabeza del usuario al que se le impone la obligación de pagar, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 del Decreto nro. 2667 de 2012.

3.3. Como tercer punto, estudió si la tasa retributiva se determinaba por la carga
contaminante vertida al recurso hídrico o la carga que se examina antes de que llegue
a la zona de descarga.

Expuso que la Ley 99 de 1993 establece las consecuencias derivadas del uso del
recurso hídrico cuando se vierten desechos. En particular, su artículo 42 regula las
tasas retributivas y compensatorias. Asimismo, se señaló que el uso directo o indirecto
de la atmósfera, el agua o el suelo para verter desechos agrícolas, mineros, aguas
servidas genera la obligación de pagar una tasa retributiva debido a los efectos
perjudiciales de tales actividades.

Afirmó que, según lo previsto en el Decreto 2667 de 2012, para definir el valor del
mencionado tributo era necesario revisar el nivel de carga contaminante descargado
en el recurso hídrico. Resaltó que el artículo 18 de dicha norma estableció los
parámetros que debían ser tenidos en cuenta por la autoridad ambiental para calcular
el monto a recaudar y la fórmula aplicable.

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Indicó que el artículo 22 ibidem determinaba la forma en la que debía medirse la carga
contaminante vertida en el recurso hídrico, esto es, a través de una caracterización,
la cual debe acatar lo dispuesto en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas
Superficiales y Subterráneas del IDEAM, que se encuentra contemplada en el Decreto
nro. 3930 de 2010, el cual también prevé otras reglas que deben observarse al
momento de escoger el sitio de muestreo.

Concluyó que la ubicación de la toma de la muestra corresponde al punto de descarga,
el cual se encuentra antes de la incorporación de los residuos al cuerpo de agua. Por
lo tanto, es necesario definir el lugar donde se tomará la muestra para efectuar la
caracterización, el cual estará localizado entre el sistema de tratamiento y el punto de
descarga.

Posteriormente, procedió analizar la naturaleza del emisario submarino de la ciudad
de Santa Marta y para ello trajo a colación la Resolución nro. 1097 de 2000, emitida
por el Ministerio de Desarrollo Económico, por la cual se adopta el Reglamento
Técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS, en la que se
encuentra contenida la definición de dicho mecanismo.

Informó que el emisario submarino era una tubería instalada sobre el lecho marino
que se encargaba de transportar las aguas residuales domésticas de la ciudad de
Santa Marta hasta una profundidad y distancia de la costa, donde se ha tenido que
implementar un sistema de tratamiento primario por parte de Metroagua, con la
finalidad de remover las partículas sólidas, en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución nro. 424 de 2001.

Adujo que, al verificar el expediente, encontró que la muestra fue recogida en la
Estación de Bombeo Norte, información que reposaba en la factura impugnada; de
igual forma, el cobro tuvo como sustento el certificado de análisis fisicoquímico y
microbiológico del 30 de diciembre de 2016, expedido por el Laboratorio Nancy Flórez
García S.A.S, los análisis y notas de cambio, el aforo del caudal con coeficiente de
Manning, la toma y recepción de muestras de agua y el acta de visita.

También se puso como referencia el informe técnico de Metroagua en el que se
precisaba que desde la Estación Norte “son bombeadas las aguas residuales previo

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tratamiento preliminar (separación de más del 90% de los sólidos flotantes y gran
tamaño, a través de su captura en su sistema de rejillas) por medio de líneas de
impulsión al Mar Caribe, donde son diluidas por medio de un emisario submarino, en
la zona conocida como el Boquerón”.

De lo anterior extrajo que la Estación Norte se encontraba localizada después de
efectuado el tratamiento primario que se ubica antes del punto de descarga del
emisario submarino, que equivale a la zona de difusión; y a partir de este sector inicia
el tubo que dirige las aguas residuales al emisario, por lo que sería imposible tomar la
muestra antes. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 25
del Decreto nro. 3930 de 2010, le asiste razón a Corpamag, toda vez que el punto de
muestra para la caracterización fue entre el sistema de tratamiento y el punto de
descarga, es decir, antes de que el vertimiento sea descargado en el recurso hídrico.

3.4. Se pronunció respecto de si la factura nro. 6782 de 2017 había sido expedida
de forma extemporánea. Informó que el parágrafo 2° del artículo 2.2.9.7.5.7 del
Decreto nro. 1076 de 2015 estableció que la autoridad ambiental contaba con cuatro
(4) meses contados a partir de la finalización del periodo objeto de cobro para expedir
la liquidación de la tasa retributiva. Al verificar el acto, se advirtió que el periodo
facturado iba del 1 de enero al 30 de abril de 2017 y este fue expedido el 24 de agosto
de 2017, es decir, que desde la fecha en que terminó el tiempo a recaudar
transcurrieron tres (3) meses y veinticuatro (24) días, sin superar el plazo establecido
en la Ley.

3.5. Pasó a estudiar el cumplimiento de los requisitos para la expedición de la
factura. Sostuvo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto
1076 de 2015 y el 617 del Estatuto Tributario, era claro que el acto sí precisaba la
descripción específica o genérica, pues aparecía en el encabezado “Tasa retributiva
contaminación hídrica”, del cual el obligado a pagar es Metroagua como usuario que
realiza vertimientos puntuales directa e indirectamente al recurso hídrico; y, además,
se detallaban los valores vertidos mes a mes por la demandante, por carga de
demanda bioquímica de oxígeno -DBO y de sólidos suspendidos totales – SST.

3.6. En lo que tiene que ver con el desconocimiento de la sentencia C-495 de 1996,
manifestó que a través de ella se declararon exequibles los artículos 42, 43 y el

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numeral 4 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, de lo cual era necesario destacar que
el citado gravamen nace por las descargas de desechos que expresan un efectivo
carácter nocivo, pero que están dentro de los límites permitidos por la ley y que son
susceptibles de ser cobrados por los daños que genera.

Concluyó que la afirmación de la demandante devenía de una confusión interpretativa
de los argumentos de la Alta Corte, pues ésta lo que trató de decir es que los
vertimientos contaminantes nocivos son los que admiten el cobro de una tasa
retributiva. Por lo tanto, es ese el único elemento que determina la liquidación de la
obligación a favor de Metroagua.

IV.RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora11, por intermedio de apoderado judicial, interpuso oportunamente
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia con base en lo
que sigue:

4.1. Mencionó que el Tribunal no se había pronunciado sobre el grado de intensidad
del impacto ambiental y de la contaminación, es decir, no tuvo en cuenta las
actividades que Metroagua ha realizado a través del emisario submarino y el sistema
de tratamiento para atenuar y disminuir los daños ambientales.

4.2. Señaló que la autoridad judicial y Corpamag fundamentaron sus decisiones en
las interpretaciones que a su criterio le dieron a la norma en relación con la toma de
las muestras, sin tener en cuenta los esfuerzos efectuados por las empresas
prestadoras del servicio para disminuir la contaminación.

4.3. Mencionó que la factura nro. 6782 de 2017 gozaba del derecho de ser reclamada
o aclarada ante la autoridad ambiental que la emite, dentro del mes siguiente a la
fecha límite de pago, según lo previsto en el artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de
2015. Por su parte, la Resolución nro. 3941 de 2017, al tratarse de un acto que pone

11 Folios 224 a 227 Ibidem.

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fin a un proceso, es susceptible del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 74 del CPACA.

En esa medida, al impedirle interponer reposición contra la Resolución 3491 se violó
su derecho al debido proceso y las normas que regulan el procedimiento en cuestión.

4.4. Asimismo, aseguró que, cuando Corpamag emitió la citada factura el 24 de
agosto de 2017, lo hizo respecto del periodo que comprendía entre el 1 de enero y el
30 de abril de 2017, por lo que fue extemporánea, ya que el Decreto 1076 de 2015
establece que los actos de cobro deben ser emitidas dentro de un plazo no mayor a
los cuatro (4) meses después de finalizar el plazo objeto de recaudo. Así las cosas,
dicho término finalizó el 17 de abril de 2017, fecha en la que Metroagua dejó de prestar
el servicio, de tal forma que para la tasa retributiva hasta ese día se produjo el hecho
generador, y no entre el 18 al 30 del mismo mes y año.

4.5. Resaltó que se desconoció la sentencia C 495 del 26 de septiembre de 1996
de la Corte Constitucional, pues era claro que la tasa retributiva, desde su concepción
en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, estaba dirigida a controlar la
contaminación ambiental, es decir, el que contamina paga. No obstante, el Tribunal y
Corpamag no aplican dicho parámetro, ya que determinaron que la muestra del caudal
debía ser tomada en un lugar previo al emisario submarino, como es la Estación Norte,
desconociendo de esta forma los esfuerzos que Metroagua efectuaba para desarrollar
un sistema de tratamiento previo de las aguas residuales.

Indicó que, de acuerdo con el artículo 2.2.9.7.2.1 y 2.2.9.7.2.5. del Decreto 1076 de
2015, la toma de la muestra no se puede llevar a cabo antes de la descarga. Lo que
busca Corpamag es alejarse del lecho marino, para que así los niveles de carga
contaminante sean mayores.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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6.1. Mediante auto del 13 de junio de 201912, el Despacho admitió el recurso de
apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la demandante en contra de la
sentencia del 13 de marzo de 2019.

6.2. Con auto del 12 de agosto de 201913 se corrió el traslado para alegar de
conclusión. Durante dicho término Metroagua y Corpamag se pronunciaron, reiterando
los argumentos que expusieron en sus respectivas intervenciones.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. Hechos

12 Folio 5 del cuaderno principal del Consejo de Estado.
13 Folio 22 ibidem.

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8.2.1. El 30 de diciembre de 2016 se adelantó por parte del Laboratorio Nancy Flórez
García la toma de muestras para la caracterización en las instalaciones de la empresa
Metroagua.

8.2.2. El 17 de abril de 2017 la demandante finalizó la operación del Emisario
Submarino para el Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas de la
Ciudad de Santa Marta.

8.2.3. Mediante factura nro. 6782 del 24 de agosto de 2017, Corpomag liquidó y cobró
a favor de Metroagua la suma de quinientos ochenta y nueve millones cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos con noventa y tres centavos
($589.454.349.93), por concepto de tasa retributiva para el período comprendido entre
el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

8.2.4. Contra el mencionado cobro la actora presentó reclamación, que fue resuelto a
través de la Resolución nro. 3941 del 24 de noviembre de 2017, donde se confirmó la
liquidación del gravamen.

8.2.5. En contra de esas decisiones la actora interpuso la demanda de la referencia.

8.2.6. A través de sentencia calendada el 13 de marzo de 2019, el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

8.2.7. Inconforme con esa decisión la parte actora interpuso recurso de alzada.

8.3. Planteamiento

De acuerdo con el contenido y alcance del recurso y la sentencia del Tribunal, la Sala
observa que existe discrepancia en los siguientes puntos:

En primer lugar, el memorialista es del criterio de que el a quo omitió pronunciarse
sobre el grado de impacto ambiental y la intensidad de la contaminación y los
esfuerzos que ha imprimido Metroagua para atenuar y disminuir la afectación del
recurso hídrico con la operación del emisario submarino.

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El segundo tiene que ver con la valoración del caudal contaminante, en atención a que
para la accionante se debe efectuar después y no antes de la descarga, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 2.2.9.7.2.1. y 2.2.9.7.2.5. del Decreto 1076 de 2015.
Aseguró que tanto el Juzgador de Primera Instancia como la autoridad ambiental
estaban aplicando parámetros interpretados subjetivamente y que se optaba por
imponer la tarifa más rígida y alta a la empresa demandante; entre tanto, para el a quo
tal medición debe llevarse a cabo antes de la descarga al lecho marino, conforme al
artículo 22 del Decreto 2667 de 2012.

En tercer lugar, existe debate sobre la oportunidad en la emisión de la factura, por
cuanto la libelista considera que fue expedida de manera extemporánea, ya que
transcurrieron más de cuatro (4) meses desde que finalizó el plazo objeto de recaudo,
término que debe ser contado desde el 17 de abril de 2017, pues fue a partir de ese
momento que la accionante dejó de prestar sus servicios. Mientras que, para el
Tribunal, el plazo contaba desde el último día del periodo liquidado, es decir, desde el
30 de abril de 2017.

En cuarto lugar, hay diferencias en la posibilidad de interpretar la reclamación
presentada como recurso de reposición, como quiera que para la empresa de servicios
públicos ello no era viable; pero para el Tribunal, dada la vigencia del régimen del
Decreto 1076 de 2015, tal proceder se ajustó a los lineamientos contenidos en el orden
jurídico.

Existe divergencia en lo relacionado con la aplicación de la sentencia de la Corte
Constitucional C 495 del 26 de septiembre de 1996, pues de haber sido apreciada
correctamente hubiese quedado en evidencia, según la actora, que en la tasación de
la tasa se debían valorar los esfuerzos de Metroagua por no contaminar utilizando
para ello el emisario submarino y por ende la mitigación de los efectos nocivos sobre
el recurso hídrico; por su parte, el Tribunal considera que el razonamiento vertido en
esa providencia responde al estudio de exequibilidad de los artículos 42 y 43 de la Ley
99 de 1993, que prevén que el factor que se tiene en cuenta para el cobro del
gravamen es la contaminación nociva y que fue debidamente observado por la
Corporación al momento de definir el valor de la tasa a pagar.

8.4. Omisión sobre la actividad desplegada por Metroagua

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Habrá que dilucidar si son nulos los actos que reliquidaron la tasa retributiva de
vertimientos, si no se ponderaron los esfuerzos acometidos por la accionante
orientados a atenuar y disminuir el impacto ambiental que podrían generar las aguas
residuales domésticas que discurren por el sistema de alcantarillado, dada la
existencia del Emisario Submarino.

Considera la Sala que la inadvertencia que se enrostra al Tribunal no es en manera
alguna un argumento pertinente para desechar la decisión adoptada por éste y en su
lugar acceder al decreto de la nulidad según lo pretendido por Metroagua, como quiera
que, para efectos de la fijación de la tasa de vertimientos, existen precisos parámetros
expuestos en el orden jurídico y son estos los que orientan su definición.

En otras palabras, tal cargo no resulta en nada procedente para sopesar la validez de
los actos que se censuran, como quiera que los beneficios que hubiere traído la
adopción del sistema de disposición de aguas residuales en la ciudad de Santa Marta
son objeto de análisis en otro tipo de actuaciones, pero en todo caso no son
concluyentes ni determinantes para definir el caso que se ventila en esta sede.

En efecto, lo surtido ante Corpamag para el establecimiento del tributo cuestionado
tiene que ver con un procedimiento cuyo objetivo es definir el porcentaje de carga
contaminante evacuada a una fuente hídrica que en este caso es el mar. Distinto a las
evaluaciones sobre efectividad y eficiencia del sistema en materia ambiental, cuyo
análisis será propicio en el trámite de licenciamiento, por ejemplo, o en la definición de
instrumentos de protección ambiental que aseguren la construcción de infraestructura
con menos afectaciones negativas al ecosistema.

Lo propio tendría que decirse sobre la presunta indebida aplicación de la sentencia C-
495 de 1996, que, al decidir la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 42 de la Ley 99 de 1993, por la atribución de violación de los artículos 150
numeral 11, 154, 338, 359 y 367 de la Constitución Política de 1991, declaró exequible
dicho precepto, acotando lo siguiente:

“Como quedó dicho más arriba, observa esta Corte que el legislador no se apartó
de los elementos básicos de la legalidad en materia de tasas, en efecto, estima la

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Corporación que los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, cumplen a cabalidad,
con el respeto al principio de legalidad en el tributo que exige la carta política,
como se verá a continuación:

a. Definición de un hecho generador o imponible que da lugar al nacimiento de la
obligación tributaria. En el caso de las tasas retributivas y compensatorias se
contrae a la utilización directa o indirecta del suelo, la atmósfera y el agua con el
propósito de arrojar basuras vertidas o aguas negras y cuya acción genere un
efecto nocivo. Para efectos del artículo 43 demandado, es la sola utilización del
agua.

b. Base gravable. Estima la Corporación que las normas sustantivas establecen
una base gravable constituida, tanto en las tasas retributivas como en las
compensatorias y en las provenientes por la utilización de aguas, por la
"depreciación" ocurrida por la actividad respectiva de que se trata, incluyendo para
su medición, los daños sociales y ambientales.

c. Tarifa. Para determinar la tarifa de las tasas ambientales estudiadas, estima la
Corte, que el legislador estableció los criterios objetivos en el inciso 3º del artículo
42 de la Ley 99 de 1993

(…)

d. Sujeto activo. El sujeto activo está radicado en las Corporaciones Autónomas
Regionales, según el numeral 4º del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, encargadas
de prestar el servicio y como tal, se les debe pagar por el mismo.

e. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es cualquier persona natural o jurídica, que si
bien no se encuentra totalmente determinado es determinable, en función de
ocurrencia del hecho gravable, y por tanto se establece con plenitud su identidad,
situación constitucionalmente razonable en la configuración legal de los elementos
esenciales de la obligación tributaria. Estima la Corte que si la norma jurídica
producida por el legislador consagra la forma de determinación del sujeto pasivo
de la obligación tributaria, ella no puede ser declarada inexequible por eventual
indeterminación del sujeto pasivo.” (Subrayas de la Sala).

Se deriva de lo dicho que no se halla ninguna consideración tendiente a definir el
concepto de efectos nocivos y a tener en cuenta esfuerzos determinados para evitar
la contaminación hídrica, sino a desarrollar cada uno de los elementos del tributo con
miras a dilucidar su alcance.

En efecto, lo que la Corte aborda en la mencionada sentencia no es otra cosa diferente
que destacar que el Estado colombiano, en cumplimiento de su deber constitucional
de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y de garantizar el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, está llamado a prevenir
y controlar todos los factores de deterioro ambiental, a imponer sanciones legales y a
exigir la reparación de los daños causados. Es en ese contexto que se enmarca la
institución de las tasas retributivas, a través de las cuales se quiere vincular a los

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agentes contaminantes a la reparación de los daños derivados de la explotación y
aprovechamiento de los recursos naturales, en aplicación del principio del derecho
ambiental “el que contamina paga”. Es por ello que la determinación de las tasas debe
basarse en los costos directos de remoción de las sustancias nocivas presentes en
los vertimientos de agua, los cuales forman parte de los costos de recuperación del
recurso afectado.

Es del caso anotar, además, que dicha figura ya había sido instituida en nuestro
ordenamiento jurídico en el artículo 18 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), y que vino a
ser reglamentada por el Gobierno Nacional, mediante los Decretos 901 de 199714,
Decreto 3100 de 200315, Decreto 3440 de 200416, siendo estos derogados por el
Decreto 2667 de 201217 y posteriormente compilado en el Decreto 1076 de 2015.

8.5. Ubicación de la medición del caudal contaminante

Ahora, la Sala se ocupará de definir si son nulos los actos que reliquidaron una tasa
retributiva por vertimientos, si los puntos de valoración de la carga contaminante con
fundamento en los cuales se calculó el enunciado tributo se ubicaron antes de la
descarga a la fuente receptora.

La recurrente indica que los artículos 2.2.9.7.2.1. y 2.2.9.7.2.5. del Decreto 1076 de
2015 respaldan su dicho, que son del siguiente tenor:

“Artículo 2.2.9.7.2.1. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se
adoptan las siguientes definiciones:

Carga contaminante diaria (Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal promedio
por la concentración de una sustancia, elemento o parámetro contaminante por el
factor de conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario,
medido en horas por día, es decir:

Cc = Q x C x 0.0036 x t

14 “por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua

como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas”.
15 “por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como

receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones”.
16 “por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras disposiciones”.
17 “por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor

de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones”.

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Dónde:

Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día)

Q = Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (l/s)

C = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en
miligramos por litro (mg/l)

0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h)

t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h)
En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, elemento o parámetro
contaminante objeto del cobro de la tasa retributiva por vertimientos, se deberá
descontar a la carga presente en el vertimiento puntual, las mediciones de la carga
existente en el punto de captación, siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo
de agua receptor de la descarga objeto del pago de la tasa.

Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de
tiempo durante el período de muestreo. Para los efectos del presente capítulo, el
caudal promedio se expresará en litros por segundo (l/s).

Concentración (C). Es la masa de una sustancia, elemento o parámetro
contaminante, por unidad de volumen del líquido que lo contiene. Para los efectos
del presente capítulo, la concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l).

Consecuencia nociva. Es el resultado de incorporar al recurso hídrico uno o
varios elementos, sustancias o parámetros contaminantes, cuya concentración y
caudal sean potencialmente capaces de degradar el recurso o que alteren las
condiciones de calidad del mismo.

Cuerpo de Agua. Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento.

Límites permisibles de vertimiento. Es el contenido permitido de una sustancia,
elemento o parámetro contaminante, en forma individual, mezclado o en
combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los permisos de
vertimiento y/o en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV.

Objetivos de calidad. Es el conjunto de variables, parámetros o elementos con
su valor numérico, que se utiliza para definir la idoneidad del recurso hídrico para
un determinado uso.

Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del
recurso hídrico. Son todas aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo
y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores,
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hasta
un 10% del recaudo de la tasa retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación de
estudios y diseños asociados a estas obras.

Punto de captación. Es el sitio o lugar donde el usuario toma el recurso hídrico
para cualquier uso.

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Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, de manera
directa o indirecta al cuerpo de agua.

Recurso Hídrico. Para los efectos de este decreto, se entiende como recurso
hídrico todas las aguas superficiales continentales y aguas marinas costeras.

Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por unidad de carga
contaminante vertida al recurso hídrico.

Usuario. Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que
realiza vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico.

Vertimiento al recurso hídrico. Es cualquier descarga final al recurso hídrico de
un elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un
líquido residual de cualquier origen.

Vertimiento puntual directo al recurso hídrico. Es aquel vertimiento realizado
en un punto fijo y directamente al recurso hídrico.

Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico. Es aquel vertimiento que se
realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier
medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial” .

“Artículo 2.2.9.7.2.5. Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella
que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización
directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales
directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades
antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios,
sean o no lucrativas.

La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por
la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa
retributiva se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los límites
permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar.

El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del
respectivo vertimiento.”

Pues bien, las normas en cita no precisan en parte alguna el lugar en el cual debe
efectuarse la toma de las muestras para la consiguiente caracterización y cálculo de
la tasa retributiva por vertimientos. En efecto, de los conceptos arrojados en el artículo
2.2.9.7.2.1., se alude a lo que debe entenderse por vertimiento al recurso hídrico y
también por vertimiento puntual directo e indirecto, que son las acepciones más
cercanas al cargo que se enrostra. No obstante, de la lectura de dichas disposiciones
no es posible colegir la trasgresión que se alega, pues no indican si la caracterización
debe llevarse a cabo antes del vertimiento puntual o después de este.

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Lo propio acontece con la atribución de invalidez del acto acusado en relación con el
artículo 2.2.9.7.2.5., como quiera que en estas disposiciones se hace referencia a la
noción de la tasa retributiva por vertimientos y su cobro, de tal suerte que no se
encuentra la trasgresión indicada por Metroagua, por lo que no queda más que negar
por esta razón su inconformidad.

Agrégase a lo dicho que el sistema que refiere la accionante y que explicó debidamente
el Tribunal, consiste en la conexión por tuberías a través de las cuales se disponen los
vertimientos domésticos de la ciudad de Santa Marta hasta llegar a la Estación de
Bombeo Norte, punto en el cual se ubican las rejillas que separan los sólidos, y el fluido
restante se conduce a través del emisario submarino hacia el mar con una distancia y
profundidad determinada con la cual se garantice que no contamina las playas y
sectores adyacentes. A su vez, se denota de lo dicho que sobre los vertimientos que
llegan a la citada estación de bombeo e incluso después de su paso por las rejillas no
está acreditado que exista tratamiento alguno, razón por la cual era perfectamente
lógico tomar las muestras en ese punto y antes de su descarga al mar.

8.6. Oportunidad en la expedición de la factura

La Sala deberá definir si son nulos los actos administrativos por medio de los cuales
la autoridad ambiental emitió factura de cobro por concepto de tasa retributiva por
vertimientos, si lo efectuó dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la
finalización del periodo objeto de recaudo, pero fuera de dicho término si se tiene en
cuenta el momento a partir del cual Metroagua dejó de prestar sus servicios.

Resolver tal interrogante impone a la Sala traer a colación el artículo 2.2.9.7.5.7. del
Decreto 1076 de 2015:

“Artículo 2.2.9.7.5.7. Forma de Cobro. La tasa retributiva deberá ser cobrada por
la autoridad ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el
período objeto de cobro, mediante factura, cuenta de cobro o cualquier otro
documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la
periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y
deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. En todo
caso, el documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas de
elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos.

Parágrafo 1. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual se
ordena el cobro de la tasa retributiva deberá señalar si se aprueba o no la

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autodeclaración presentada por el usuario; contra este cobro procede el recurso
de reposición.

Parágrafo 2. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses
después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad
ambiental competente efectuará la causación de los ingresos correspondientes.

Parágrafo 3. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse
por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el
respectivo documento de cobro, lo cual no exime al usuario de la obligación del
pago correspondiente al período cobrado por la autoridad ambiental competente.
Mientras se resuelve el reclamo o aclaración, el pago se hará con base en las
cargas contaminantes promedio de los últimos tres períodos de facturación. Al
pronunciarse la autoridad ambiental competente sobre el reclamo presentado, las
diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al usuario
en la siguiente factura, según sea el caso. Los reclamos y aclaraciones serán
resueltos de conformidad con el derecho de petición previsto en la Ley 1437 de
2011.

Parágrafo transitorio. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, el plazo para la entrega de las facturas de cobro de la tasa
retributiva por vertimientos puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrá
hacerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de la
emergencia sanitaria.

En caso que como consecuencia de la emergencia sanitaria a que se refiere el
presente parágrafo, se acumulen los pagos de las tasas de los años 2019 y 2020,
las Autoridades Ambientales Competentes suscribirán con sus usuarios, acuerdos
de pago.

Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por
los medios de comunicación institucional disponibles, que la factura del cobro de
la tasa retributiva causada en la vigencia 2019 se entregará dentro de los 4 meses
siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria” (Subrayas de la Sala).

Visto lo anterior, es claro que el periodo de cuatro (4) meses previstos para la
expedición de la factura tiene como punto de partida la finalización del periodo de
cobro. También se destaca que no se halla prevista una excepción a tal regla como a
la que alude la recurrente, consistente en que el plazo debe comenzar a computarse
desde que dejó de prestar sus servicios.

Siendo ello así, no resta más que confirmar en este aspecto también la decisión objeto
de reproche, dado que el periodo facturado comprendía del 1 de enero al 30 de abril
de 2017 y la factura fue proferida el 24 de agosto de 2017, es decir, en el término que
ordena la disposición anotada.

8.7. Interpretación de la reclamación

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También se ocupará la Sala de establecer si son nulos, por vulneración de normas
superiores, los actos administrativos que efectuaron el cobro de la tasa retributiva por
vertimientos, si la reclamación presentada contra la factura fue interpretada como un
recurso de reposición y de esa manera fue resuelta.

Para sustentar tal posición, la actora insiste en que ello es así porque las facturas no
son actos administrativos definitivos sino aquella decisión que resuelve la reclamación
sobre las primeras (facturas) y, por ende, se incurrió en vulneración del debido proceso
al no dar trámite a la reclamación.

Sobre el particular, esta Sala recuerda que, tal y como lo observó el Tribunal en la
sentencia que se apela y Corpamag en la respectiva contestación, el criterio que
formula la accionante responde al régimen que se encontraba vigente antes de la
expedición del Decreto 2667 de 2012; pero, como los actos aquí impugnados fueron
dictados en vigencia del Decreto 1076 de 2015, tal discernimiento no aplica para el
caso bajo examen.

En efecto, las consideraciones vertidas en el proveído del 22 de febrero de 2018,
emitido en el expediente 63001 23 33 000 2015 00048 01 por esta Sección, son
bastante ilustrativas en el sentido de explicar la razón por la cual, a partir del 21 de
diciembre de 201218, las facturas o cuentas de cobro emitidas en procedimientos
tributarios ambientales como el que ocupa la atención de esta Sala son verdaderos
actos administrativos y tienen carácter definitivo, no siendo necesaria la radicación de
la reclamación; y, por ende, entendiéndose que la inconformidad en contra de aquellas
no se surtiría a través de esta sino del recurso de reposición. Tal conclusión fue
precedida por la interpretación del artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto 1076 de 2015 y los
artículos 43 y 74 de la Ley 1437 de 2011, que vale la pena señalar en su literalidad:

“En el tema que nos ocupa de los actos administrativos que se expiden para
efectos del mencionado cobro, se observa que el Decreto Único Reglamentario
1076 de 26 de mayo de 2015, que compiló el 2667 de 21 de diciembre de 2012,
dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 2.2.9.7.5.7. FORMA DE COBRO. La tasa retributiva deberá ser
cobrada por la autoridad ambiental competente, por la carga

18 Fecha en la que entró en vigencia el Decreto 2667 de 2012.

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contaminante total vertida en el período objeto de cobro, mediante
factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad
con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que estas
determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y deberá contemplar
un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. En todo caso, el
documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas de
elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos.

PARÁGRAFO 1o. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro
documento en el cual se ordena el cobro de la tasa retributiva deberá
señalar si se aprueba o no la autodeclaración presentada por el usuario;
contra este cobro procede el recurso de reposición.

PARÁGRAFO 2o. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro
(4) meses después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual
la autoridad ambiental competente efectuará la causación de los ingresos
correspondientes.

PARÁGRAFO 3o. La presentación de cualquier reclamo o aclaración
deberá hacerse por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de
pago establecida en el respectivo documento de cobro, lo cual no exime
al usuario de la obligación del pago correspondiente al período cobrado por
la autoridad ambiental competente. Mientras se resuelve el reclamo o
aclaración, el pago se hará con base en las cargas contaminantes promedio
de los últimos tres períodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad
ambiental competente sobre el reclamo presentado, las diferencias frente a
los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al usuario en la siguiente
factura, según sea el caso. Los reclamos y aclaraciones serán resueltos
de conformidad con el derecho de petición previsto en la Ley 1437 de
2011. […]19”. (Destacado de la Sala).

De la anterior disposición reglamentaria, la Sala advierte que existe un cambio
en la naturaleza de las facturas que inicialmente expide la autoridad
ambiental para el cobro de la tasa retributiva por vertimiento, respecto a la

19 Artículo 24 del Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012: “[…] Artículo 24. Forma de Cobro. La tasa

retributiva deberá ser cobrada por la autoridad ambiental competente, por la carga contaminante total
vertida en el período objeto de cobro, mediante factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de
conformidad con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que estas determinen, la cual
no podrá ser superior a un (1) año, y deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada
año. En todo caso, el documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas de
elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos.

Parágrafo 1°. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual se ordena el cobro de
la tasa retributiva deberá señalar si se aprueba o no la autodeclaración presentada por el usuario; contra
este cobro procede el recurso de reposición.
Parágrafo 2°. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses después de finalizar
el período objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad ambiental competente efectuará la causación
de los ingresos correspondientes.
Parágrafo 3°. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse por escrito dentro del
mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el respectivo documento de cobro, lo cual no
exime al usuario de la obligación del pago correspondiente al período cobrado por la autoridad ambiental
competente. Mientras se resuelve el reclamo o aclaración, el pago se hará con base en las cargas
contaminantes promedio de los últimos tres períodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad
ambiental competente sobre el reclamo presen-tado, las diferencias frente a los valores que se cobraron
se abonarán o cargarán al usuario en la siguiente factura, según sea el caso. Los reclamos y
aclaraciones serán resueltos de conformidad con el derecho de petición previsto en el Código
Contencioso Administrativo. […]”

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normativa anterior, de conformidad con las modificaciones introducidas en
el marco legal aplicable por parte del artículo 24 del Decreto 2667 de 21 de
diciembre de 2012, compilado en el artículo 2.2.9.7.5.7. del Decreto Único
Reglamentario 1076 de 26 de mayo de 2015, los artículos 43 y 74 de la Ley
1437 y de la interpretación que sobre los actos administrativo definitivos y
actos de trámite ha hecho la antes citada jurisprudencia de la Sección
Primera de 26 de noviembre de 2015.

3.1 Las facturas como actos administrativos definitivos y las facturas como
actos de ejecución. Los actos administrativos que resuelven los recursos de
reposición contra las facturas

Antes de la expedición del Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2011, actualmente
compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 26 de mayo de 2015, la
Sección Primera de esta Corporación Judicial había sostenido reiteradamente, en
vigencia, primero, del decreto 901 de 1º de abril de 1997, luego, del 3100 de 30 de
octubre de 2003 y, finalmente, del 3440 de 21 de octubre de 2004, aplicando la
definición de actos definitivos establecida en el artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo20, que las facturas de cobro de la tasa no eran actos definitivos, por
lo tanto, no eran objeto de control judicial, mientras que el acto administrativo que
decide el recurso de reposición interpuesto, no contra las facturas sino contra el
acto administrativo que decidía la reclamación contra las facturas, era el único acto
objeto de control judicial, en los siguientes términos:

“[…] En este orden de ideas, es claro para la Sala que el acto administrativo
definitivo es aquel por medio del cual la administración resuelve o
decide la reclamación del usuario sujeto pasivo de la tasa retributiva,
en el caso de que aquella sea formulada dentro del término legalmente
establecido, como ocurrió en este caso.

La anterior afirmación encuentra sustento en la habilitación expresa que hace
el legislador a los sujetos pasivos de la obligación del pago de la tasa
retributiva, orientada a que se haga uso de un medio de impugnación
denominado reclamación o aclaración de la liquidación de la tasa, recurso
éste que no es parte de la vía gubernativa sino que hace que culmine la
actuación administrativa ante la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca.

Ahora bien, el artículo 23 del Decreto 901 de 1997 dispone que “contra
el acto administrativo que resuelva el reclamo o aclaración proceden
los recursos de ley”, es decir, los recursos de reposición y de
apelación.

En este contexto, la decisión sobre los recursos interpuestos contra el
acto administrativo que decida la reclamación o aclaración, hace que
se agote la vía gubernativa, y que quede en firme la decisión contenida
en el acto que resuelve la reclamación. […]”.21 (Destacados de la Sala)

20 Artículo 50 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código

Contencioso Administrativo […]”, dispone que: “ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que
pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:
[…]
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla. […]”.
21
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 30 de agosto de 2007, nro. único de radicación:
76001-23-31-000-2006-02106-01, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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Postura que fue reiterada en providencias posteriores; así:

“[…] En algunos casos esta sección ha considerado que las facturas
proferidas por la administración para el cobro acreencias son actos
administrativos contra los cuales proceden los recursos de la vía gubernativa
y respecto de los cuales proceden las acciones contencioso administrativas.
No obstante, en el presente caso la factura proferida para el cobro de la tasa
retributiva no constituye un acto administrativo susceptible de control
judicial por expresa consideración del Decreto No. 901 de 1º de abril de
1997…

[…]

El Decreto 901/97 estableció un procedimiento legal para el cobro de la tasa
retributiva que estaba vigente cuando se efectuó el cobro cuestionado en
este proceso, de acuerdo con el cual no es posible reconocer a las
facturas sino a los actos que deciden las reclamaciones en su contra y
las solicitudes de aclaración, la condición de actos administrativos
susceptibles de recursos de vía gubernativa y de control de legalidad
ante esta jurisdicción.

[…]

Pero, a diferencia de otras disposiciones legales, este Decreto no
permite la interposición de recursos contra la factura proferida por la
administración sino contra el acto que resuelve la solicitud de
aclaración o la reclamación que se presente en su contra.

[…]

La naturaleza particular de las facturas proferidas por la administración para
el cobro de la tasa retributiva de que trata este proceso fue definida de modo
expreso por esta Sección dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
radicado con el No. 76001-23-31-000-2006-02106-01

(…)

De acuerdo con los criterios expuestos por la Sala en la providencia
transcrita, que ahora se reiteran, las facturas a que alude el Decreto no
constituyen actos administrativos definitivos susceptibles de control judicial
de legalidad y que esa condición la tienen únicamente los actos mediante los
cuales la autoridad ambiental decide la reclamación formulada en su contra;
acto administrativo que a su turno es pasible de los recursos de la vía
gubernativa.”22 (Destacados de la Sala)

Ahora bien, al comparar la normativa anterior y con la vigente al momento de
expedirse los actos demandados, se observa que: i) los derogados decretos 901
de 1997, 3100 de 2003 y 3440 de 2004 establecieron como procedimiento que se

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo

de 2011, proferida en el expediente núm. 05001-23-31-000-2001-90101-0, Consejera Ponente: Dra.
María Claudia Rojas Lasso. Reiterada en: i) providencia de 20 de junio de 2012, nro. único de radicación:
76001-23-31-000-2006-00319-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González; ii) providencia
27 de septiembre de 2012, nro. único de radicación: 76001-23-31-000-2004-01859-01, Consejero
Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno; iii) providencia de 26 de abril de 2013, nro. único de radiación:
76001-23-31-000-2002-04801-01, Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso.

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debía agotar el trámite de reclamación contra las facturas inicialmente emitidas y
que el acto que decidía dicha reclamación, no las facturas, era contra el que
procedía el recurso de reposición; y ii) el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012,
actualmente compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 26 de mayo
de 2015, establece que contra los documentos (entre ellos están,
expresamente enunciados, las facturas o las cuentas de cobro) que ordenan
el cobro de la referida tasa procede el recurso de reposición, por lo tanto, en
esta última normativa el supuesto cambia, por cuanto, son las facturas de
cobro, y no el acto que decidía la reclamación, las que son sujetas de recurso
de reposición.

El anterior cambio normativo en materia de los actos administrativos que se
expiden con ocasión del cobro de la tasa retributiva por vertimientos, aunado a las
normas de la Ley 1437 sobre los actos administrativos, la Sala procede a
actualizar su posición anterior respecto de la naturaleza de los diferentes
actos administrativos que se expiden dentro del trámite actual del
mencionado cobro, en el sentido que se expone a continuación:

Las facturas emitidas, en un primer momento, para el cobro de la tasa retributiva
por vertimientos, la Sala precisa que son actos definitivos contra los cuales
procede únicamente el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo 1o del artículo 24 del Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012,
actualmente compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 26 de mayo
de 2015, en concordancia con los artículos 43 y 74 de la Ley 1437 del 2011 y con
el análisis que de los mismos ha hecho la citada sentencia de esta Sección de 26
de noviembre de 2015.

De esta forma, se observa que en vigencia de la actual normativa no es necesario,
como si ocurría en aplicación de los decretos anteriores, agotar primero el trámite
de reclamación para, luego, contra el acto que decide la reclamación proceder a
interponer el recurso de reposición.

Lo anterior, conlleva a que las facturas emitidas, en un primer momento, para el
cobro de la tasa retributiva por vertimientos, al ser actos administrativos definitivos
son objeto de control de control judicial, por cuanto, el recurso de reposición contra
tales facturas no es obligatorio para acceder a la jurisdicción, tal y como se infiere
de la lectura de las normas antes indicadas, así como de la lectura de los incisos
últimos del artículo 76 de la Ley 1437, cuyo texto se transcribe a continuación:

“[…] Artículo 76. Oportunidad y presentación.

[…]

El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario
del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la
jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. […]”.
(Destacado de la Sala)

En cuanto a la naturaleza de los actos administrativos que resuelven los recursos
de reposición contra las facturas, en el evento que estos se hayan interpuesto, la
Sala reitera su posición de que son actos administrativos objeto de control judicial,
de conformidad con lo dispuesto el inciso primero del artículo 163 de la Ley 143723.

23 “[…] Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto

administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante

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Respecto de las facturas que se expiden con base en lo resuelto en los actos
administrativos que deciden los recursos de reposición, así como las notas crédito
y oficios con los cuales se remiten las tales notas crédito o facturas, la Sala
diferencia la naturaleza jurídica de estas notas crédito y clase de facturas de la
naturaleza jurídica de las facturas con las que se efectúa por primera vez el cobro
de la mencionada tasa, por cuanto, este segundo tipo de facturas se limitan a
cumplir lo resuelto en los actos que deciden los recursos de reposición, por lo que
su naturaleza jurídica es la propia de los actos administrativos de simple ejecución
contra los cuales no proceden recursos y, en consecuencia, no son objeto de
control judicial.”

Bajo esa perspectiva, fuerza es negar la prosperidad del cargo.

8.8. Costas en segunda instancia

En observancia de los artículos artículos 188 del CPACA24 y 365 del CGP25, en
especial su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por
esta Corporación, advierte la Sala que esa clase de condenas atiende a un criterio
objetivo valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar temerario
o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es valorativo porque se

la Administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.” (Destacado de la
Sala)
24 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
25 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

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requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida
de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad que efectivamente realizada dentro del proceso.

En consecuencia, se considera que hay lugar a imponer una condena en costas a la
parte actora, por concepto de agencias en derecho en cuanto a la actuación surtida en
segunda instancia, pues se comprueba que la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena intervino en el proceso por conducto de apoderado debidamente
constituido; por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo nro. 1887 de 2003, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a su favor por este concepto
y a cargo de Metroagua S.A. ESP., la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente. En lo demás no se condenará, pues no está acreditada gasto o
expensa adicional alguna.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a Metroagua S.A. ESP., a pagar por concepto de agencias
en derecho en segunda instancia, en favor de la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 20
de febrero de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaro voto Aclaro voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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