Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00290-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00290-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00290-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00290-01 (1574-2021)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00290-01 (1574-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP1
Demandado: Carlos Hugues Daza Rodríguez
Temas: Pese a vinculo formal vigente - No acredita convivencia real
y efectiva 5 años anteriores al fallecimiento de la causante.
Decisión: Revoca decisión que negó las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, contra la sentencia de 10 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP, instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20113 contra el señor Carlos Hugues Daza
Rodríguez, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución RDP 015946 de 22
de mayo de 2014, por medio de la cual se reconoció al señor Carlos Hugues
Daza Rodríguez la sustitución de la pensión que percibía la señora Irene Cecilia
Labarces Maestre.
1 En adelante UGPP
2 Cuaderno principal Folios 1-13
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene al demandado
reintegrar las sumas recibidas por concepto de la prestación pensional y del
correspondiente retroactivo y, así como la condena en costas.
2.1.2. Hechos.
4. La señora Irene Cecilia Labarces Maestre nació el 5 de abril de 1950 y prestó
sus servicios al Departamento del Magdalena, a la Contraloría Distrital de Santa
Marta, al sector privado mediante cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales y
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
5. Mediante la Resolución 41976 del 23 de agosto de 2006, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social -CAJANL- le reconoció una pensión de vejez,
posteriormente reliquidada por medio de la Resolución 55816 del 3 de diciembre
de 2007. Más adelante, por sentencia del 23 de mayo de 2012, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santa Marta ordenó una nueva reliquidación de la
prestación. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 16 de octubre de 2013.
6. La señora Irene Cecilia Labarces Maestre falleció el 20 de noviembre de 2013.
En cumplimiento de las decisiones judiciales mencionadas, la UGPP expidió la
Resolución RDP 1068 del 15 de enero de 2014, mediante la cual reliquidó su
pensión de vejez.
7. Posteriormente, mediante Resolución RDP 15946 del 22 de mayo de 2014, la
entidad reconoció al señor Carlos Hugues Daza Rodríguez, en calidad de
cónyuge, el 100 % de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento
de la pensionada.
8. Con ocasión de una solicitud relacionada con el pago de mesadas causadas y
no cobradas, se adelantó el proceso de sucesión intestada de la señora Irene
Cecilia Labarces Maestre. El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Santa Marta aprobó el trabajo de partición mediante
sentencia del 20 de noviembre de 2017. Asimismo, mediante la Escritura Pública
0617 del 11 de abril de 2018, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Santa
Marta, se protocolizó la liquidación de la herencia y se adjudicaron las sumas
correspondientes a los hijos de la causante. Según la UGPP, el señor Carlos
Hugues Daza Rodríguez no participó en dicha adjudicación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9. Señaló como vulnerados los artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209 de la Constitución
Política, así como los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
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10. El concepto de violación La entidad sostuvo que la Resolución RDP 15946
del 22 de mayo de 2014 fue expedida con desconocimiento de los requisitos
establecidos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues el vínculo
matrimonial vigente no era suficiente para reconocer la prestación si no se
acreditaba una convivencia efectiva, real y material entre los cónyuges.
11. Con apoyo en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, explicó que la condición de beneficiario no depende
únicamente de la naturaleza jurídica del vínculo, sino de que la pareja hubiera
mantenido vivo y actuante su proyecto común mediante el acompañamiento
espiritual, el apoyo económico y el auxilio mutuo. Precisó que esa comunidad de
vida puede conservarse aun cuando los esposos residan separados, siempre que
la separación obedezca a circunstancias justificadas y subsistan los elementos
materiales y afectivos propios de la relación.
12. En el caso concreto, afirmó que tales presupuestos no se configuraron,
debido a que los cónyuges se habrían separado desde 1985 y solo habrían
retomado contactos esporádicos alrededor de 2010.
13. Señaló que la firma CYZA Outsourcing adelantó la investigación
administrativa 18717 de 2018, identificada con el ticket 23681, en cuyo desarrollo
entrevistó a Carlos Hugues y Armando Enrique Daza Labarces, hijos de la
causante y del demandado. Con fundamento en esas declaraciones, la
investigación concluyó que los cónyuges se separaron de hecho
aproximadamente en 1985, cuando la señora Labarces Maestre regresó a Santa
Marta con sus hijos, mientras que el señor Daza Rodríguez permaneció en
Bogotá, donde habría conformado otro hogar.
14. La UGPP agregó que la consulta efectuada en el registro único de afiliados-
RUAF, arrojó como resultado que el accionado no estuvo afiliado como
beneficiario de la causante.
15. A partir de esos elementos, la entidad sostuvo que, aunque el vínculo
matrimonial se encontraba vigente, el señor Carlos Hugues Daza Rodríguez y la
señora Irene Cecilia Labarces Maestre habrían permanecido separados de hecho
durante más de veinte años, sin que existieran entre ellos convivencia efectiva,
acompañamiento, apoyo económico o ayuda mutua. Por consiguiente, consideró
que el demandado no reunía los requisitos legales para ser beneficiario de la
sustitución pensional reconocida en el acto acusado.
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2.2. Contestación de la demanda4.
2.2.1. El señor Carlos Hugues Daza Rodríguez, por conducto de apoderado
judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó que se
mantuviera la legalidad de la Resolución RDP 15946 del 22 de mayo de 2014, en
tanto consideró que dicha decisión se produjo después de que la entidad
examinara los documentos aportados con la solicitud.
16. Respecto del proceso de sucesión, sostuvo que no fue tenido en cuenta pese
a conservar la calidad de cónyuge supérstite, pues no existía decisión judicial ni
actuación notarial mediante la cual se hubiera decretado el divorcio, la cesación
de los efectos civiles del matrimonio o la liquidación de la sociedad conyugal.
Asimismo, negó haber recibido suma alguna por concepto de las mesadas
causadas y no cobradas que fueron reconocidas a los herederos mediante la
Resolución RDP 016528 del 9 de mayo de 2018.
17. Como fundamento de su defensa, manifestó que la UGPP, una vez agotado
el procedimiento administrativo y examinados los documentos presentados, le
reconoció la sustitución pensional en calidad de cónyuge de la causante. Enfatizó
que nunca solicitó la prestación como compañero permanente, como
equivocadamente se indicó.
18. Afirmó que el vínculo matrimonial con la señora Irene Cecilia Labarces
Maestre permaneció vigente hasta su fallecimiento y que no existía prueba de
una separación de cuerpos formalmente decretada, de un divorcio ni de la
liquidación de la sociedad conyugal. Indicó que la convivencia fue irregular debido
a razones laborales, económicas, viajes y traslados constantes, pero sostuvo que
esas circunstancias no desvirtuaban el matrimonio ni los deberes de solidaridad
y apoyo que, según manifestó, continuó cumpliendo respecto de su esposa.
19. Agregó que de la unión nacieron sus hijos Sandra Patricia, Armando Enrique
y Carlos Hugues Daza Labarces. A su juicio, esta circunstancia demostraba que
existió vida marital y conyugal con la causante.
20. Cuestionó la relevancia de la información obtenida del RUAF, pues consideró
que la falta de afiliación de uno de los cónyuges como beneficiario del otro en el
sistema de salud no permitía concluir que no hubiera existido convivencia.
Explicó que una persona podía encontrarse afiliada como cotizante por razón de
sus propias actividades laborales sin que ello significara la ruptura de su relación
matrimonial.
21. También controvirtió la interpretación jurisprudencial invocada por la UGPP.
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Expediente digital – Folios 69 -74- Índice 00002 SAMAI
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Señaló que, de conformidad con los artículos 152 y 1781 del Código Civil, el
matrimonio y la sociedad conyugal conservaron sus efectos mientras no existiera
divorcio o liquidación formal. Por ello, consideró que el registro civil de matrimonio
acreditaba su condición de esposo y su vocación para suceder a la causante,
incluso respecto de la prestación pensional.
22. En relación con el requisito de convivencia, sostuvo que debía aplicarse, por
favorabilidad, la redacción original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según
la cual no era necesario acreditar dos años continuos de convivencia cuando la
pareja hubiera procreado hijos. Subsidiariamente, al referirse al artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, manifestó que los cinco años de convivencia no tenían que ser
inmediatamente anteriores al fallecimiento, sino que podían haberse cumplido en
cualquier momento de la relación matrimonial. A su juicio, la existencia de los
hijos permitía inferir que la pareja había convivido durante un periodo superior al
exigido legalmente.
23. Agregó que el demandado estuvo pendiente de la salud y el bienestar de la
causante, que viajaba constantemente a Santa Marta y que mantuvo con ella una
relación de solidaridad y ayuda. Atribuyó la residencia separada a circunstancias
económicas y laborales, y cuestionó que los hijos desconocieran esos hechos.
24. Con fundamento en lo anterior, solicitó negar las pretensiones, mantener el
reconocimiento pensional y condenar en costas a la entidad demandante.
Subsidiariamente, solicitó que, aun si se declaraba la nulidad del acto, no se
ordenara la devolución de las sumas recibidas, por haber actuado de buena fe.
25. Propuso las excepciones «Improcedencia de la acción por no haber agotado
el requisito de procedibilidad previo de conciliación prejudicial ante el Ministerio
Público» «Falta de legitimación en la causa por pasiva», «Buena fe», y
«Prescripción extintiva» y «Excepción genérica»
2.3. La sentencia apelada5
26. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 10 de junio
de 2020, negó las pretensiones de la demanda promovida por la UGPP.
27. Como marco jurídico, explicó que, para acceder a la pensión de
sobrevivientes, el cónyuge supérstite debe acreditar el vínculo matrimonial y una
convivencia mínima de cinco años. No obstante, con fundamento en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, precisó
que, cuando se mantiene vigente la unión conyugal, pero existe separación de
hecho, los cinco años de convivencia pueden acreditarse en cualquier época, sin
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que deban corresponder necesariamente al periodo inmediatamente anterior al
fallecimiento.
28. Al valorar las pruebas, encontró acreditado que el señor Carlos Hugues Daza
Rodríguez y la señora Irene Cecilia Labarces Maestre contrajeron matrimonio el
22 de marzo de 1975; que el vínculo permaneció vigente hasta el fallecimiento
de esta última, ocurrido el 20 de noviembre de 2013; y que no existía anotación
de divorcio, cesación de efectos civiles ni liquidación de la sociedad conyugal.
También estableció que la pareja tuvo tres hijos y convivió, por lo menos, entre
1975 y 1985, es decir, durante un periodo aproximado de diez años.
29. En relación con el reconocimiento prestacional, señaló que el señor Daza
Rodríguez aportó el registro civil de matrimonio y una declaración jurada en la
cual afirmó que convivió con la causante desde la celebración del matrimonio
hasta su fallecimiento. Estos documentos sirvieron de fundamento para que la
UGPP expidiera la Resolución RDP 15946 del 22 de mayo de 2014.
30. El juez de primera instancia valoró el Informe de Investigación N.º 18717 de
2018, elaborado por CYZA Outsourcing a solicitud de la UGPP, en el cual
reposan las entrevistas practicadas a Carlos Hugues y Armando Enrique Daza
Labarces. De acuerdo con sus declaraciones, sus padres se separaron alrededor
de 1985, reanudaron el contacto hacia 2010 y el señor Daza Rodríguez se
limitaba a realizar visitas ocasionales a Santa Marta.
31. Sin embargo, consideró que dicho informe no tenía la fuerza suficiente para
desvirtuar la legalidad del reconocimiento pensional. Explicó que las entrevistas
a Carlos y Armando Daza Labarces no estaban acompañadas de soportes de
dichas declaraciones, una firma o similar que indicara el protocolo de recolección
de las declaraciones, y el reconocimiento de lo plasmado en dicho documento.
Agregó que, aunque la UGPP solicitó los testimonios de Carlos y Armando Daza
Labarces, este último no compareció a la audiencia de pruebas y Carlos Hugues
Daza Labarces, pese a que asistió hizo uso al derecho de guardar silencio de
conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política.
32. Por consiguiente, estimó que las manifestaciones recogidas por el
investigador privado no fueron ratificadas dentro del proceso. Además, señaló
que la UGPP desistió de la práctica de esos testimonios y no tachó de falsa la
declaración extraprocesal de convivencia presentada por el demandado en sede
administrativa.
33. Respecto del interrogatorio de parte rendido por el señor Daza Rodríguez, el
A quo sostuvo que no evidenció una contradicción relevante con la declaración
jurada aportada para obtener la sustitución pensional. A partir de la inmediación
de la prueba, consideró que sus respuestas mantuvieron una coherencia básica,
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pese al tiempo transcurrido.
34. Asimismo, observó que el informe de CYZA presentó limitaciones, porque el
investigador no entrevistó al demandado; no pudo ubicarlo en la dirección
registrada en Bogotá ni comunicarse con él; tampoco constató la existencia de la
familia que presuntamente había conformado en esa ciudad; no obtuvo
información de vecinos o familiares de la causante; y no pudo verificar
directamente las condiciones de convivencia de la pareja.
35. El Juez A quo recordó que, en la acción de lesividad, la Administración actúa
como demandante de su propio acto y, por tanto, soporta la carga de demostrar
la ilegalidad que le atribuye. En este caso, concluyó que la UGPP sustentó su
pretensión principalmente en el informe de investigación de 2018, pero no aportó
medios probatorios idóneos, conducentes y suficientes para desvirtuar la
convivencia declarada por el beneficiario ni la presunción de legalidad de la
Resolución RDP 15946 del 22 de mayo de 2014.
36. En particular, estimó probado que el vínculo matrimonial permaneció vigente
y que la pareja convivió durante aproximadamente diez (10) años, lapso superior
al mínimo legal de cinco años que, tratándose de un cónyuge separado de hecho,
podía acreditarse en cualquier tiempo. Por ello, concluyó que el señor Carlos
Hugues Daza Rodríguez reunía los presupuestos previstos en el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003 y que no se había demostrado que hubiera obtenido la
prestación mediante actuaciones fraudulentas.
37. En consecuencia, el A quo negó las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho, mantuvo la validez del reconocimiento pensional y
se abstuvo de condenar en costas, al considerar que estas no se encontraban
acreditadas.
2.4. Recurso de apelación6
38. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 10 de junio
de 2020, con el propósito de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a
las pretensiones de la demanda.
39. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el A quo valoró de
manera equivocada el interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Hugues
Daza Rodríguez, pues sus respuestas, apreciadas en conjunto con los demás
elementos probatorios, demostraban que no mantuvo con la causante una
convivencia efectiva ni cumplió los deberes de apoyo, asistencia y ayuda mutua
propios de la relación matrimonial.
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40. Señaló que el demandado ofreció respuestas vagas, dubitativas o inexactas
sobre aspectos que, a juicio de la recurrente, debía conocer si hubiera
conservado una relación cercana con la señora Irene Cecilia Labarces Maestre.
41. En particular, destacó que, en los procesos de sustitución pensional, el
interrogatorio de parte constituye una prueba fundamental, pues quien reclama
el derecho es la persona llamada a tener mayor conocimiento sobre la
convivencia, la conformación del hogar y el apoyo mutuo que sustentan la
pretensión. Por ello, sus respuestas deben ser claras, precisas y libres de
contradicciones.
42. En el caso concreto, el interrogatorio de parte no acreditó una relación de
convivencia continua, íntima y de asistencia mutua; por el contrario, evidenció el
desconocimiento de aspectos relevantes de la vida en común y que ambos
siguieron caminos distintos. Incluso, el accionado conformó otro hogar, en el que
procreó cinco hijos, mientras que la causante dedicó su vida a la crianza de sus
tres hijos como madre cabeza de hogar, sin contar con apoyo alguno por parte
de aquel.
43. La apelante cuestionó, especialmente, la afirmación del demandado según la
cual convivió con la señora Labarces Maestre durante todo el matrimonio.
Consideró que esta versión era incompatible con la investigación administrativa
y con las manifestaciones de sus hijos, quienes señalaron que sus padres se
separaron aproximadamente en 1985, que durante un periodo prolongado no
tuvieron contacto con su padre y que este únicamente efectuó algunas visitas a
Santa Marta después de retomar la comunicación familiar.
44. En ese sentido, reprochó que el A quo hubiera considerado que el
interrogatorio fue rendido con coherencia. Para la recurrente, la inmediación de
la prueba no podía conducir a desconocer las contradicciones e imprecisiones
presentes en las respuestas del demandado ni su falta de correspondencia con
los demás elementos del expediente.
45. De otra parte, la UGPP alegó que el Juez de primera instancia no otorgó el
valor probatorio correspondiente al escrito suscrito por Carlos Hugues y Armando
Enrique Daza Labarces. Señaló que este documento no fue tachado de falso por
el demandado y que contenía una exposición clara sobre la separación de sus
padres, la ausencia de contacto durante más de veinte años y la falta de apoyo
económico y familiar por parte del señor Daza Rodríguez.
46. A juicio de la apelante, dicho escrito debía valorarse en conjunto con el
interrogatorio de parte y con el informe de investigación elaborado por CYZA
Outsourcing. Consideró que estos elementos eran concordantes en cuanto
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demostraban que, después de la separación ocurrida en 1985, los cónyuges
siguieron caminos distintos y no restablecieron una convivencia real y
permanente.
47. La entidad reiteró que la existencia formal del vínculo matrimonial no era
suficiente para acceder a la sustitución pensional. Con fundamento en
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
sostuvo que el elemento determinante es la convivencia efectiva, real y material,
entendida como la permanencia del auxilio mutuo, el acompañamiento espiritual,
el apoyo económico y la comunidad de vida, incluso cuando los cónyuges residan
separados por circunstancias justificadas.
48. Según la recurrente, en este caso no se acreditó que la separación hubiera
obedecido a razones laborales o económicas ni que, pese a ella, hubiera
subsistido una relación de solidaridad entre los esposos. Por lo cual, concluyó
que el señor Carlos Hugues Daza Rodríguez no cumplía los requisitos para
conservar la pensión de sobrevivientes.
2.5. Alegatos de segunda instancia
49. La parte demandante - UGPP: Reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación7. El señor Carlos Hugues Daza Rodríguez guardó silencio
durante esta etapa procesal.
50. Por su parte, el Ministerio Público no rindió concepto.
51. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
52. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.
53. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
7 Índice 00017 - SAMAI
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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54. En el asunto objeto de estudio la entidad demandante es apelante única, por
lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo
expuesto en el recurso de apelación.
3.2. Problema jurídico
55. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar ¿si le asistió razón al Tribunal Administrativo
del Magdalena al mantener el reconocimiento de la sustitución pensional a favor
de Carlos Hugues Daza Rodríguez, bajo el argumento de que, pese a la
separación de hecho, el vínculo matrimonial permanecía vigente y la convivencia
mínima exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 podía acreditarse en
cualquier tiempo; o si, por el contrario, como lo sostiene la UGPP, la valoración
conjunta de las pruebas demuestra que se produjo una ruptura material y
definitiva de la comunidad de vida que impedía conservar el reconocimiento
prestacional?.
56. De no satisfacer los presupuestos legales, se deberá determinar, además, si
es procedente ordenarle al señor Carlos Hugues Daza Rodríguez que le reintegre
a la UGPP los dineros percibidos por concepto de mesadas pensionales.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.
3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.
57. Esta Sala de Subsección9, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión10.
58. En el marco del sistema integral de seguridad social, la protección frente al
riesgo de muerte constituye uno de sus pilares fundamentales, pues la
desaparición definitiva de quien proveía el sustento familiar puede dejar en
situación de desamparo a sus integrantes.
9 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
10 Sentencia T-564 de 2015.
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59. Con ese propósito, el ordenamiento consagró la sustitución pensional como
un mecanismo de protección dirigido a los familiares del pensionado fallecido,
orientado a mitigar la pérdida del apoyo económico y evitar que su muerte altere
sustancialmente las condiciones mínimas de subsistencia de sus beneficiarios.
Se trata de una garantía que protege directamente a la familia, cualquiera sea su
origen o forma de conformación.
60. En ese orden de ideas, y dado que el fallecimiento de la causante ocurrió el
20 de noviembre de 2013, la controversia debe resolverse con fundamento en la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, vigente para esa fecha, la
cual dispuso lo siguiente respecto de los beneficiarios:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en
letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan
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con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los
hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
[…]
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre,
el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
61. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia
C- 336 de 201411, en los siguientes términos:
Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital durante los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.
Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado -20 años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea durante los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
hecho y Compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.
3.4. Análisis del caso concreto
11 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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62. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que se encuentra acreditado
y no es objeto de controversia que a la señora Irene Cecilia Labarces Maestre
era titular de una pensión de vejez12 y falleció el 20 de noviembre de 2013 según
consta en registro civil de defunción13.
63. Tampoco se discute que la señora Irene Cecilia Labarces Maestre y el señor
Carlos Hugues Daza Rodríguez contrajeron matrimonio el 22 de marzo de 197514
y que dicho vínculo permaneció vigente hasta el fallecimiento de aquella, pues
en el registro civil no obra anotación de divorcio, cesación de efectos civiles del
matrimonio religioso o liquidación de la sociedad conyugal15.
64. Asimismo, está demostrado que de esa unión nacieron Armando Enrique16,
Sandra Patricia17y Carlos Hugues Daza Labarces18, y que mediante la
Resolución RDP 015946 del 22 de mayo de 2014 la UGPP reconoció al señor
Carlos Hugues Daza Rodríguez la sustitución pensional en calidad de cónyuge
supérstite19.
65. Ahora bien, la controversia no se origina en la etapa inicial de la relación, cuya
existencia no fue discutida, sino en lo ocurrido con posterioridad y,
concretamente, en determinar si la comunidad de vida entre los cónyuges
permaneció vigente hasta el fallecimiento de Irene Cecilia Labarces Maestre.
Mientras el demandado sostuvo que las ausencias obedecieron principalmente a
razones laborales y que, pese a ellas, mantuvo el contacto y el apoyo económico,
la UGPP afirmó que se produjo una separación prolongada que significó la
ruptura definitiva de la relación familiar.
66. El juez de primera instancia negó las pretensiones de la UGPP porque
consideró que la entidad no desvirtuó la legalidad del acto acusado. Para ello,
tuvo en cuenta que el vínculo matrimonial permaneció vigente, que los cónyuges
convivieron durante aproximadamente diez años y que, tratándose del cónyuge
separado de hecho, el término mínimo de convivencia podía acreditarse en
cualquier tiempo.
67. la UGPP controvirtió esa conclusión porque, en su criterio, el Juez A quo
efectuó una indebida valoración del material probatorio. Sostuvo que acogió las
afirmaciones favorables contenidas en el interrogatorio, pero no las confrontó con
12 A la señora Irene Cecilia Labarces Maestre le fue reconocida una pensión de mensual vitalicia de jubilación
por parte de la Caja Nacional de Previsión mediante Resolución No 41976 de 23 de agosto de 2006; la
cual fue reliquidada mediante las Resoluciones No 55816 de 3 de diciembre de 2007; y RDP 001068 de 15
de enero de 2014. Cuaderno Principal folios 109-111; 136-138, 291-297
13 Con Indicativo serial Nro. 9008542 – Cuaderno de Anexos Folio 62
14 De acuerdo con Registro Civil de Matrimonio con indicativo Serial No 4063351
15 Cuaderno Principal folio 85
16 Nacido en el año 1976 Según registro civil de nacimiento - Cuaderno de Anexos folio 36
17 Nacido en el año 1976 Según registro civil de nacimiento - Cuaderno de Anexos folio 110
18 Nacido en el año 1979 Según registro civil de nacimiento - Cuaderno de Anexos folio 109
19 Cuaderno Principal folios 362-364
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las respuestas relacionadas con la residencia del demandado, la conformación
de otro hogar y la falta de precisión sobre el apoyo económico que afirmó haber
proporcionado a la causante. Asimismo, cuestionó que se hubiera restado valor
al escrito suscrito por los hijos de la pareja, en el cual se hizo referencia a la
separación de sus padres, la ausencia prolongada del demandado y su falta de
contribución al sostenimiento familiar.
68. En ese orden, la discusión se centra, en establecer si la subsistencia formal
del matrimonio y la convivencia desarrollada durante los primeros años de la
relación resultaban suficientes para consolidar el derecho pensional o si, por el
contrario, como lo sostiene la UGPP, las pruebas demuestran que la comunidad
de vida se rompió definitivamente varias décadas antes del fallecimiento de la
causante, sin que hubieran subsistido entre los cónyuges los lazos de
acompañamiento, solidaridad y ayuda mutua que justifican la protección otorgada
por el sistema de seguridad social.
69. Para resolver la controversia, la Sala examinará el alcance del requisito de
convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, así como los criterios
fijados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la
permanencia del vínculo conyugal, la comunidad de vida y la ayuda mutua como
presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes.
70. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe como requisitos para que en
forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a continuación se
relacionan:
i. La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii. Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii. La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes. Por ello, quien
aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución pensional, debe
acreditar un compromiso de vida real y con vocación de permanencia, lo
cual pretende dejar de lado aquellas conductas que pudieran dirigirse
únicamente a obtener el beneficio económico de manera artificial e
injustificada.
iv. La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte. El requisito de convivencia por
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5 años que trae la norma pretende evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.
71. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:
«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.
[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».
72. En concordancia con lo expuesto, esta Corporación20 ha señalado que la
convivencia «no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar
junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa convivencia
se relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber
de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor
volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción
de establecer, constituir y mantener una familia».
73. Ahora bien, esta Sala no desconoce la línea jurisprudencial desarrollada por
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y esta Corporación, según
la cual, tratándose del cónyuge separado de hecho que conserva vigente el
vínculo matrimonial, la jurisprudencia constitucional y laboral ha señalado que la
convivencia mínima exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 puede
acreditarse en cualquier tiempo de la relación y no necesariamente durante los
cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020,
radicado 05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia
del 24 de octubre de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia
del 7 de abril de 2001, en el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
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74. En la sentencia SU-108 de 202021 la Corte Constitucional al analizar el
cumplimiento del requisito de convivencia para acceder a la pensión de
sobrevivientes, resaltó que la interrupción de la cohabitación en un mismo lugar
entre los cónyuges o compañeros permanentes puede estar justificada, a partir
de los elementos fácticos que se presentan en cada caso - las condiciones de
salud, el trabajo o los acuerdos conyugales22-, con la carga de preservar el
vínculo de apoyo, acompañamiento y afecto que sustenta la existencia de la
unión.
76. Bajo esa misma línea, en la sentencia SU-169 de 2024, reiteró que la falta de
cohabitación no implica necesariamente la ausencia de convivencia, siempre que
subsistan circunstancias que permitan la permanencia de vínculos afectivos, de
solidaridad y ayuda mutua entre los cónyuges y, en general, un proyecto de vida
común. Así lo explicó la Corte.
esta exigencia [convivencia] puede presentarse y predicarse incluso en eventos en
que los cónyuges o compañeros no puedan estar permanentemente juntos bajo el
mismo techo físico, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza
mayor o similares, pues ello no conduce de manera inexorable a que desaparezca la
comunidad de vida de la pareja, si claramente se mantienen vigentes los lazos
afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda
mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que
supera su concepción meramente formal relativa a la cohabitación en el mismo
techo23. (…) la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia
física de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de
salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos,
entre otros24”
77. Así las cosas, de la jurisprudencia reseñada se desprende que el requisito de
convivencia no se agota en la mera cohabitación física ni exige necesariamente
que el cónyuge supérstite demuestre convivencia durante los cinco años
inmediatamente anteriores al fallecimiento cuando el vínculo matrimonial
permanece vigente, condicionado a que se mantenga el proyecto de vida
común25.
78. En ese sentido, si bien la separación de hecho no constituye un obstáculo
para acceder a la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia tampoco ha
equiparado la mera subsistencia formal del vínculo matrimonial con la existencia
21 Se refirió a un acuerdo conyugal derivado de la adicción al alcohol del causante. Indicó que (i) la pareja
dejó de vivir bajo el mismo techo entre los años 1980 y 1983, por lo que convivieron juntos,
aproximadamente, por treinta años; (ii) la convivencia se interrumpió por las dificultades derivadas del
consumo habitual de alcohol por parte del causante –justa causa–; (iii) la decisión de que el causante saliera
del hogar fue de común acuerdo y atendió al bienestar de todos los miembros de la familia, en particular, los
hijos menores de edad de la pareja; y (iv) el causante, tras su salida, siguió viendo por el sustento económico
de sus hijos y de la accionante, a pesar de no compartir su lugar de residencia con ésta.
22 En las sentencias T-324 de 2014 y T-245 de 2017 se invocaron razones de salud.
23
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL6519-2017, reiterada en las providencias SL3861-2020 y SL1130-
2022., y sentencia SL1399-2018.
24
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL34415-2009.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-169 de 2024.
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de una convivencia real y efectiva en los términos del artículo 47 de la Ley 100
de 1993. Por el contrario, los precedentes examinados han estado orientados a
verificar que, aun en ausencia de cohabitación, permanezcan los vínculos de
solidaridad, apoyo, asistencia y pertenencia al grupo familiar que justifican la
protección pensional. Por lo que, «el juez debe evaluar las circunstancias de cada
caso, a fin de acreditar la configuración de [la] justa causa26», y si, pese a ella,
continuó existiendo el proyecto de vida común protegido por el sistema de
seguridad social.
79. Por lo anterior, considera la Sala que el debate sobre el cumplimiento del
requisito de convivencia, esto es, -puede ser cumplida por el cónyuge en
cualquier tiempo siempre y cuando permanezca el lazo matrimonial
vigente-, no puede entenderse en términos absolutos, como tampoco puede
desligarse de la finalidad material del derecho prestacional, pues de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, la pensión de sobrevivientes
es una prestación reconocida a favor del grupo familiar del pensionado por vejez
o invalidez que fallece, la cual, tiene como fin proteger a los miembros de dicho
grupo del posible desamparo al que se pueden enfrentar, con ocasión de la
muerte del causante27. Es decir, con dicha prestación se pretende garantizar a la
familia del causante el acceso a los recursos necesarios para garantizarse una
existencia digna y continuar con un nivel de vida similar al que poseían antes de
su muerte28.
80. En audiencia de pruebas celebrada el 9 de octubre de 201929, se practicó el
testimonio de Carlos Hugues Daza Labarces, hijo del demandado y de la
causante. En esa misma diligencia estaba prevista la declaración de Armando
Enrique Daza Labarces; sin embargo, no compareció porque no fue posible
establecer su ubicación y la UGPP desistió de su práctica.
81. El señor Carlos Hugues Daza Labarces manifestó que sus padres
contrajeron matrimonio en 1975 y que Irene Cecilia Labarces Maestre, quien se
desempeñaba como docente de carrera, se trasladó a Bogotá con el propósito
de conformar un hogar con Carlos Hugues Daza Rodríguez. Agregó que en 1976
nacieron sus hermanos mellizos, Armando Enrique y Sandra Patricia, y que él
nació en 1979. Asimismo, señaló que sus padres convivieron durante
aproximadamente diez años y que, durante esa primera etapa de la relación,
conformaron lo que describió como un «hogar perfecto». Según la información
26 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2020.
27 Cfr. Sentencias T-089 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-606 de 2005 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-424 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1283 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), entre otras.
28 Cfr. Sentencias T-813 de 2002 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) y T-789 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
29 Cuaderno Principal Folios 379-381
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que recibió de sus tíos, su padre trabajó en el Congreso de la República y ayudó
a la causante a obtener un nombramiento en la Contraloría.
82. No obstante, cuando la apoderada de la UGPP pretendió interrogarlo sobre
las circunstancias posteriores de la relación y solicitarle que ratificara el escrito
presentado ante la entidad, el testigo manifestó sentirse emocionalmente
afectado por los recuerdos y decidió no continuar declarando, de conformidad
con garantía prevista en el artículo 33 de la Constitución Política. Por esa razón,
la diligencia finalizó sin que respondiera preguntas relacionadas con el contenido
del documento que suscribió junto con su hermano.
83. ahora bien, para la Sala el ejercicio de esa garantía constitucional no puede
apreciarse desfavorablemente ni constituye un indicio contra Carlos Hugues
Daza Rodríguez. Tampoco permite afirmar que el testigo ratificó judicialmente el
contenido del escrito presentado ante la UGPP. Su declaración debe valorarse
exclusivamente respecto de los hechos sobre los cuales alcanzó a pronunciarse
antes de decidir no continuar.
84. En consecuencia, el testimonio acredita que los esposos contrajeron
matrimonio en 1975, establecieron inicialmente su hogar en Bogotá, tuvieron tres
hijos y convivieron durante aproximadamente diez años. Sin embargo, no aporta
información directa sobre la dinámica familiar posterior a ese periodo ni permite
establecer si, después de la separación física, subsistieron entre los cónyuges
los vínculos de apoyo, solidaridad, acompañamiento y asistencia recíproca
relevantes para el reconocimiento de la sustitución pensional. Ese aspecto
deberá determinarse mediante la valoración de los demás elementos
incorporados al proceso.
85. Precisado el alcance de la declaración de Carlos Hugues Daza Labarces,
corresponde examinar el interrogatorio de parte rendido por Carlos Hugues Daza
Rodríguez, pues esta diligencia constituye uno de los principales medios
probatorios cuestionados por la UGPP en el recurso de apelación.
86. El 12 de noviembre de 201930 continuó la audiencia de pruebas y se practicó
el interrogatorio de parte del señor Carlos Hugues Daza Rodríguez. El
interrogado sostuvo que convivió con Irene Cecilia Labarces Maestre desde el 22
de marzo de 1975 y que la relación se mantuvo vigente durante todo el
matrimonio, pues sus ausencias obedecieron a razones laborales. Manifestó,
además, que siempre le brindó apoyo económico y personal y que sus
desplazamientos no significaron la ruptura del hogar. De igual forma, reconoció
haber sostenido una relación con la señora Pureza Gil, con quien convivió
aproximadamente quince años en Bogotá y procreó cinco hijos. También señaló
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Cuaderno Principal Folio 390
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que Irene Cecilia Labarces Maestre promovió en su contra una demanda de
alimentos.
87. Al ser interrogado por el agente del Ministerio Público sobre el período
específico de convivencia con su cónyuge, el demandado no precisó fechas
concretas. En efecto, aunque afirmó que convivió con ella por más de quince
años, ante los requerimientos para determinar entre qué años se desarrolló dicha
convivencia, se limitó a responder: «Cuando nos casamos» y posteriormente
expresó: «después de eso pasaron más de quince años». Asimismo, al
preguntársele si para la fecha del fallecimiento residía con la causante en la
misma vivienda, indicó: «Yo venía de cada rato» y luego agregó: «Pues yo
llegaba allá y llegaba donde mi hija».
88. De esta manera, la Sala observa que, pese a afirmar sobre la subsistencia
de la relación matrimonial, el interrogado no suministró información precisa
acerca del período de convivencia alegado ni explicó con claridad la forma en
que se mantuvieron los vínculos de comunidad de vida durante los cinco años
previos al fallecimiento de la causante.
89. En efecto, se advierte de su relato que, durante un periodo significativo el
demandado residió en Bogotá, convivió con la señora Pureza Gil y conformó con
ella un núcleo familiar, mientras la causante desarrollaba su vida personal,
familiar y laboral en la ciudad de Santa Marta. En tales condiciones, corresponde
establecer si, pese a la existencia de residencias separadas y de la relación
paralela reconocida por el propio interrogado, subsistieron entre los cónyuges los
vínculos de solidaridad, apoyo mutuo y comunidad de vida exigidos por la
jurisprudencia para acceder a la sustitución pensional.
90. De otro lado, sus manifestaciones sobre la ayuda económica fueron
generales y carecieron de concreción. Aseguró que siempre contribuyó «en
dinero y en presencia» y que ayudó a pagar la universidad de sus hijos, pero no
explicó la frecuencia ni el monto de los aportes, no especificó las obligaciones
sufragadas y no mencionó documentos o personas distintas de una hermana
suya que pudieran corroborar esa versión.
91. Ahora bien, la ausencia de soportes no demuestra que nunca hubiera
entregado dinero, pero impide tener por acreditada una contribución regular y
permanente. Además, el reconocimiento de una demanda de alimentos
presentada por la causante constituye un elemento que debe examinarse junto
con el escrito de los hijos, pues resulta difícil de conciliar con la afirmación de
haber cumplido ininterrumpidamente sus obligaciones familiares.
92. De igual modo, de su relato se advierte que, el conocimiento del demandado
sobre la vida de la causante se concentró en la etapa inicial de la relación.
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Demandante: UGPP
Recordó el matrimonio, la residencia en Bogotá, algunos de sus empleos
anteriores y el cargo de auxiliar administrativa en el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. Sin embargo, no pudo ofrecer información precisa sobre sus amigos
cercanos, compañeros de trabajo en Santa Marta, medicamentos, fecha de
pensión ni sobre circunstancias específicas de su vida cotidiana.
93. En este punto precisa la Sala que estas imprecisiones no demuestran por sí
mismas la inexistencia de una relación matrimonial. Sin embargo, adquieren
relevancia cuando se combinan con la residencia separada, la conformación de
otro hogar y la admisión de que solo viajaba ocasionalmente a Santa Marta.
94. Ahora bien, en cuanto a sus respuestas sobre la enfermedad, el fallecimiento
y las exequias de la causante fueron inconsistentes. Afirmó que la acompañó
hasta poco antes de su muerte, pero no ofreció una explicación clara sobre sus
últimos días. Inicialmente señaló que falleció prácticamente en la vivienda y luego
manifestó que fue trasladada a un centro asistencial por sus hijos, mientras él se
encontraba en Aracataca.
95. Tampoco recordó el nombre de la institución médica y reconoció que su hijo
Armando Enrique Daza asumió los gastos funerarios. Estas circunstancias, si
bien no permiten descartar por sí solas la convivencia alegada, sí constituyen
indicios de un conocimiento reducido sobre aspectos fundamentales de la vida
de la causante, lo que resulta relevante para comprender la dinámica familiar y
el grado de cercanía existente entre ambos.
96. De igual manera, tampoco explicó el contenido del escrito presentado por sus
hijos. Se limitó a atribuirlo a un «malentendido» y a disputas por la pensión, sin
aclarar por qué afirmaron que había abandonado el hogar durante treinta años ni
qué apartes del documento eran inexactos. Aunque la controversia económica
exige valorar dicho escrito con cautela, ello no desvirtúa su contenido, máxime
cuando algunas de sus afirmaciones coinciden con las propias manifestaciones
del accionado.
97. Asimismo, la afirmación de que residió con la causante durante los últimos
años careció de claridad y consistencia. En distintos momentos manifestó que
vivió en su vivienda, que viajaba constantemente, que permanecía en casa de su
hija Sandra y que dormía separado de la causante debido a su enfermedad.
Finalmente, al preguntársele si convivía con ella al momento de su fallecimiento,
no respondió de manera afirmativa, sino que reiteró que la visitaba con
frecuencia. Esta circunstancia resulta relevante, pues la alegada convivencia
permanente terminó describiéndose como una relación basada en visitas
periódicas.
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98. Por tanto, para la Sala, contrario a lo concluido por el juez de primera
instancia, el interrogatorio no corrobora la declaración jurada presentada por el
demandado para obtener la sustitución pensional en la que afirmó que convivió
con la causante desde el 22 de marzo de 1975 hasta el 20 de noviembre de
201331. Por el contrario, evidencia que el demandado no acreditó una convivencia
permanente con la causante, reconoció haber convivido durante quince años con
otra mujer en Bogotá y describió su relación con la primera familia en términos
de visitas y ayudas cuya frecuencia tampoco logró precisar.
99. En efecto, el contenido de esa declaración jurada fue controvertido mediante
el escrito presentado ante la UGPP el 4 de junio de 2015 por Carlos Hugues y
Armando Enrique Daza Labarces.32 En dicho documento, los hijos de la pareja
señalaron que sus padres se separaron cuando residían en Bogotá; que la
causante regresó a Santa Marta con ellos; que el demandado permaneció en
Bogotá y perdió contacto con la familia durante cerca de treinta años; que no
contribuyó al sostenimiento del hogar ni a su manutención cuando eran menores;
y que conformó otra familia. Por lo que, solicitaron a la entidad que suspendiera
la prestación reconocida a su padre, al considerar que no cumplía el requisito de
convivencia.
100. Aunque este documento no demuestra por sí solo la ruptura de la comunidad
conyugal, su contenido debía ser confrontado con las demás pruebas y,
especialmente, con las propias respuestas del demandado. Por consiguiente, las
manifestaciones de los hijos encuentran corroboración parcial en las admisiones
del propio interesado y no podían ser descartadas únicamente por las
limitaciones advertidas en la investigación administrativa
101. En relación con el informe investigativo 18717 de 201833, elaborado por
CYZA Outsourcing, la Sala reconoce que presenta algunas limitaciones. El
investigador no entrevistó al demandado, no logró ubicarlo en la dirección
registrada en Bogotá, no pudo adelantar labores de vecindario en el lugar donde
residía la causante y tampoco obtuvo versiones de otros familiares que pudieran
ampliar la información.
102. No obstante, tales deficiencias no conducen a desconocer completamente
el informe. El documento acredita las actividades de verificación adelantadas por
la entidad y recoge información que coincide, en aspectos sustanciales, con el
escrito suscrito por Carlos Hugues y Armando Enrique Daza Labarces y con las
respuestas efectuada por el señor Daza Rodríguez. Por consiguiente, aunque el
informe no constituye prueba plena de la ruptura de la convivencia, sí puede
apreciarse como un elemento corroborativo dentro del conjunto probatorio,
31 cuaderno anexos folio 177
32 cuaderno anexos folio 232
33 Cuaderno Anexos folio 172
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especialmente en lo relacionado con la residencia del demandado en Bogotá, la
conformación de otro hogar y el carácter periódico de sus desplazamientos a
Santa Marta.
103. Si bien el señor Armando Enrique Daza Labarces no rindió declaración
judicial, esta circunstancia únicamente impide otorgar a la entrevista consignada
en el informe de CYZA el valor propio de un testimonio rendido bajo juramento y
sujeto a contradicción. Sin embargo, no priva de eficacia al escrito suscrito por él
y por su hermano, cuya autenticidad no fue desconocida dentro del proceso. Por
ello, debe diferenciarse entre la entrevista registrada por el investigador, cuyo
alcance probatorio es limitado, y el documento firmado directamente por los hijos,
susceptible de valoración autónoma como prueba documental.
104. Finalmente, lo consignado por Carlos Hugues y Armando Enrique Daza
Labarces respecto de la decisión de su madre de dejar de utilizar el apellido de
casada encuentra un elemento de corroboración en los documentos laborales y
pensionales incorporados al expediente administrativo. En efecto, la Resolución
06065 del 25 de julio de 198034, mediante la cual la Contraloría General de la
República declaró insubsistente su nombramiento, y la certificación No 5845535
expedida en noviembre de ese mismo año la identificaron como «Irene Labarces
de Daza».
105. Esa misma denominación aparece en una constancia posterior de tiempo
de servicios de la Contraloría de 6 de enero de 198936. En contraste, la
Resolución 41976 del 23 de agosto de 2006, por medio de la cual se reconoció
su pensión de vejez, y las actuaciones administrativas subsiguientes emplearon
sus apellidos de nacimiento: «Irene Cecilia Labarces Maestre». Circunstancia
que resulta consistente con lo declarado por Carlos Hugues Daza Labarces sobre
el distanciamiento entre la causante y el demandado.
106. Así las cosas, de la valoración conjunta de las pruebas analizadas, la Sala
concluye que Carlos Hugues Daza Rodríguez e Irene Cecilia Labarces Maestre
convivieron y conformaron una familia durante aproximadamente diez años.
Igualmente, quedó acreditado que, con posterioridad, la causante se estableció
en Santa Marta con sus hijos, mientras el demandado permaneció principalmente
en Bogotá, donde mantuvo durante cerca de quince años una relación con
Pureza Gil, con quien tuvo cinco hijos y constituyó otro núcleo familiar.
107. Esta conclusión no se deriva exclusivamente del informe administrativo ni
del escrito de los hijos. También encuentra respaldo en las manifestaciones del
propio demandado durante el interrogatorio de parte, en el que reconoció su
34
Cuaderno Principal – Folio 88
35 35
Cuaderno Principal – Folio 87
36 36
Cuaderno Principal – Folio 147- Rev.
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convivencia con la señora Pureza Gil, la existencia de cinco hijos producto de esa
relación y el carácter periódico de sus desplazamientos a Santa Marta. Tales
circunstancias evidencian que el vínculo con su primera familia no desapareció
por completo. No obstante, el material probatorio no permite concluir que se
hubiera restablecido una comunidad de vida con la causante, pues no se
acreditaron actos estables de convivencia, asistencia mutua, acompañamiento
permanente o participación en decisiones relevantes de su vida, especialmente
durante su enfermedad.
108. De igual manera, aunque Carlos Hugues Daza Rodríguez afirmó que prestó
ayuda económica a la causante, no explicó de manera circunstanciada la
regularidad, extensión o forma de esas contribuciones. A ello se suma que
reconoció la existencia de una demanda de alimentos promovida por Irene Cecilia
Labarces Maestre. Estas circunstancias no demuestran aisladamente la ruptura,
pero, apreciadas junto con la conformación de otro hogar y la residencia
prolongada en ciudades distintas, respaldan la conclusión de que la relación
conyugal dejó de desarrollarse como una comunidad de vida estable.
109. En ese sentido, prospera el primer reparo de la UGPP. El juez de primera
instancia acogió las afirmaciones del demandado sobre la continuidad de la
convivencia, sin confrontarlas de manera suficiente con sus propias admisiones
respecto de la conformación de otro hogar ni con las inconsistencias de su relato
sobre la residencia compartida y sus desplazamientos a Santa Marta.
110. De otra parte, el escrito suscrito por Carlos Hugues y Armando Enrique Daza
Labarces debía ser valorado de manera como prueba documental independiente
de las entrevistas consignadas en el informe de CYZA. Si bien no fue ratificado
judicialmente y, por tanto, no demuestra por sí solo los hechos que refiere, su
autenticidad no fue cuestionada y varias de sus afirmaciones encuentran
correspondencia en las propias manifestaciones del demandado. En
consecuencia, su valor probatorio no proviene exclusivamente de su
incorporación al expediente, sino de su concordancia con los demás medios de
prueba.
111. En suma, las pruebas acreditan que las partes conformaron una familia y
convivieron durante los primeros años del matrimonio. Sin embargo, también
demuestran que posteriormente se produjo una ruptura prolongada, durante la
cual el demandado constituyó otro hogar y dejó de participar de manera estable
en la vida de la causante. Los contactos y visitas posteriores evidencian la
persistencia de vínculos familiares, pero no el restablecimiento de una comunidad
de vida con vocación de permanencia.
112. Por lo anterior, concluye la Sala que la vigencia del matrimonio y la
convivencia acreditada en una etapa anterior no conducen automáticamente al
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reconocimiento de la sustitución pensional cuando las pruebas demuestran que,
después de la separación, el solicitante se desvinculó materialmente de la
comunidad familiar y dejó de participar de manera estable en el proyecto de vida
común. En este sentido, el vínculo matrimonial vigente no constituye, por sí solo,
prueba suficiente de la subsistencia de una comunidad familiar, especialmente
cuando se acredita una separación prolongada, la conformación de otro hogar y
la ausencia de actos permanentes de apoyo y asistencia recíproca.
113. Lo anterior no significa que toda separación de hecho extinga el derecho a
la sustitución pensional, ni desconoce que el cónyuge separado pueda acreditar
los cinco años de convivencia exigidos por la ley en cualquier tiempo. La presente
decisión obedece a una circunstancia distinta: la demostración de que, después
de una convivencia inicial, se produjo una desvinculación material y definitiva del
proyecto familiar.
114. En el presente caso, está acreditada la convivencia inicial entre Carlos
Hugues Daza Rodríguez e Irene Cecilia Labarces Maestre. No obstante, también
se demostró que posteriormente desarrollaron vidas independientes durante un
prolongado período, que el demandado conformó otro hogar y que no
subsistieron manifestaciones permanentes de solidaridad, asistencia y
acompañamiento que permitieran concluir la vigencia de la comunidad familiar en
los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
115. En consecuencia, la Sala concluye que la convivencia pretérita y la
subsistencia formal del vínculo matrimonial no son suficientes para acceder a la
sustitución pensional. Por tanto, prosperan los reparos formulados por la UGPP,
por lo que se revocará la sentencia apelada y, se declarará la nulidad de la
Resolución RDP 015946 del 22 de mayo de 2014.
116. Respecto de la pretensión de restablecimiento del derecho encaminada a
obtener el reintegro de las sumas pagadas al demandado por concepto de
mesadas pensionales y retroactivo, la Sala advierte que el material probatorio no
desvirtúa la presunción de buena fe que lo ampara. En consecuencia, no hay
lugar a ordenar la devolución de tales sumas, pues no se acreditó que hubiera
aportado información falsa ni que hubiera desplegado una actuación fraudulenta
encaminada a inducir en error a la Administración.
117. En efecto, aunque las inconsistencias advertidas entre la declaración jurada
presentada durante el trámite administrativo y las respuestas ofrecidas
posteriormente en el interrogatorio de parte permiten concluir que no se acreditó
el presupuesto material para acceder a la sustitución pensional, tales
circunstancias no demuestran, por sí solas, que Carlos Hugues Daza Rodríguez
hubiera aportado documentos falsos, ocultado deliberadamente información
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relevante o actuado de manera fraudulenta para obtener el reconocimiento
prestacional.
118. Por tanto, como la UGPP no cumplió con la carga de demostrar la mala fe
del demandado, resulta aplicable el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del
CPACA, conforme al cual no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe. Para ordenar su devolución no basta establecer la
inexistencia del derecho reconocido, sino que es necesario acreditar que el
beneficiario obtuvo la prestación mediante una conducta fraudulenta,
circunstancia que no se demostró en este caso. En consecuencia, se negará la
pretensión de reintegro de las mesadas pensionales y del retroactivo percibidos.
119. No obstante, como consecuencia de la nulidad del acto acusado y a título
de restablecimiento del derecho, se ordenará la exclusión de Carlos Hugues
Daza Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía N.º 12.713.193, de la
nómina de pensionados de la UGPP y, por consiguiente, el cese del pago de las
mesadas pensionales reconocidas a su favor.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia.
120. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
121. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
122. No obstante, en el presente asunto no hay lugar a imponer condena en
costas en segunda instancia, por cuanto el recurso de apelación interpuesto por
la UGPP prospera solo parcialmente. En efecto, aunque se revocará la sentencia
de primera instancia y se declarará la nulidad del acto acusado, se negará la
pretensión de reintegro de las sumas percibidas por el demandado.
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123. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda promovida por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
contra Carlos Hugues Daza Rodríguez.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 015946 de 22 de mayo
de 2014, mediante la cual la UGPP reconoció una «pensión de sobrevivientes»
al señor Carlos Hugues Daza Rodríguez, con ocasión del fallecimiento de la
señora Irene Cecilia Labarces Maestre.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR la exclusión de
Carlos Hugues Daza Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía
12.713.193, de la nómina de pensionados de la UGPP y, en consecuencia, el
cese del pago de las mesadas pensionales reconocidas a su favor en virtud del
acto cuya nulidad se declara en esta providencia.
CUARTO: NEGAR la pretensión de reintegro de las mesadas pensionales
recibidas y las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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