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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2018-00378-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2018-00378-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2018-00378-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la providencia recurrida, la cual quedará de la siguiente forma: PRIMERO: DECLARAR no probado el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesto por el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR-, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, el DISTRITO DE SANTA MARTA, la EMPRESA DE Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 54 Radicado: 47001 23 33 000 2018 00378 01 Demandante: Denys Amalfi Rodríguez Hernández y otro SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P., la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA SOTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR probado el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesto por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de los habitantes del Distrito de Santa Marta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. CUARTO: En aras de garantizar la cesación de la amenaza de los derechos colectivos mencionados, se ORDENA a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA a que, dentro del término de un (1) año contado a partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar los estudios técnicos pertinentes para verificar: (i) el estado de funcionamiento del emisario submarino de la ciudad de Santa Marta, para lo cual solicitará el apoyo técnico y científico del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR, y (ii) el cumplimiento de todas las exigencias y condiciones contempladas en las Resoluciones No. 0242 de fecha seis (6) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), y 333 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011). En caso de advertir falencias técnicas, inadecuadas condiciones de funcionamiento del emisario submarino o incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, que permitan comprobar la presencia de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2018-00378-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de mayo de 2025

1

Radicado: 47001 23 33 000 2018 00378 01
Demandante: Denys Amalfi Rodríguez Hernández y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 47001 23 33 000 2018 00378 01
Actor: Denys Amalfi Rodríguez Hernández y José Luis Cantillo Quiroga
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad, Territorio y otros1
Tesis: No es adecuado, efectivo y suficiente el seguimiento y control efectuado por
la autoridad ambiental a la licencia otorgada para el funcionamiento del emisario
submarino para el tratamiento por dilución y disposición final de las aguas servidas
en la ciudad de Santa Marta.
No es competente una corporación autónoma regional para cumplir con las órdenes
judiciales previstas para realizar estudios estacionales sobre los impactos en la
salud de las personas, definiendo medidas para la conservación de la salubridad
pública.
Es competente el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives
de Andreis" para cumplir con las órdenes judiciales previstas para realizar estudios
estacionales sobre los impactos ambientales del emisario submarino en los
ecosistemas marinos.
No es competente el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito
Vives de Andreis" para cumplir con las órdenes judiciales previstas para realizar
estudios estacionales sobre las posibles afectaciones que el funcionamiento del
emisario submarino ocasiona en la salubridad pública de los ciudadanos que visitan
las playas ubicadas en inmediaciones de la infraestructura para el transporte de
aguas residuales.
No es competente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar
estudios técnicos para evaluar el funcionamiento del emisario submarino y el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la correspondiente licencia
ambiental, identificar los impactos ambientales en los ecosistemas marinos y
determinar las acciones de conservación de los recursos naturales, además,

1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Distrito de Santa Marta, Empresa de Servicios

Públicos de Santa Marta (ESSMAR) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo E.S.P.
(Veolia).

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Demandante: Denys Amalfi Rodríguez Hernández y otro

analizar los posibles efectos en la salud pública y proponer medidas para garantizar
la salubridad.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (en adelante CORPAMAG) y el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras (en adelante INVEMAR), en contra de la sentencia del 24 de enero de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los accionantes presentaron la demanda de la referencia en contra del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Distrito de Santa Marta, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y la
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo E.S.P. – Veolia. En la demanda
estimaron vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al
patrimonio público y al ambiente sano de los habitantes del corregimiento de
Taganga con ocasión de las acciones y omisiones respecto de “la tubería de la
LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL EMISARIO SUBMARINO”.
Para el efecto, formularon las siguientes pretensiones:

“2. SE ORDENE a las entidades demandadas la reubicación de la tubería de la
LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL EMISARIO
SUBMARINO, de manera que se evite el perjuicio que viene ocasionando sobre
el ambiente, el espacio público y los residentes y vecinos de la bahía de
TAGANGA.

4. SE ORDENE a las ENTIDADES DEMANDADAS, mitigar los perjuicios
causados con la construcción y puesta en servicio del EMISARIO SUBMARINO
DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, POR AFECTACIÓN AL MEDIO MARINO
Y PLAYAS, CON “COLIFORMES FECALES.

5. SE DECLARE responsable a la NACION EL MINISTRO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA (ESSMA Y LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ESP VEOLIA, como consecuencia

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de los vertimientos de aguas servidas de la ciudad de SANTA MARTA, a la
bahía de TAGANGA, por afectación al medio marino y sus playas, con
COLIFORMES FECALES. por consiguiente, se han producido los siguientes
daños y perjuicios a la comunidad de TAGANGA:

Se ha dañado de manera grave el medio ambiente y los elementos del espacio
público en las playas como consecuencia de la proliferación de las bacterias
COLIFORMES.

Daño en la salud de los habitantes de la población de TAGANGA, en tanto que
Los altos valores de contaminación que se registran en la BSM se encuentran
asociados con la proximidad que tiene está a las zonas de influencia a la
descarga de aguas residuales y desechos de origen doméstico.

Daño a las personas que depende su economía del turismo y el buceo, por el
incremento de la contaminación de la bahía de TAGANGA, que es directamente
proporcional al crecimiento de los habitantes de la ciudad de SANTA MARTA,
en tanto que las malas condiciones del paisaje marino de la bahía hacen que
disminuya estas actividades en la jurisdicción de la bahía de TAGANGA.

Daño a las personas que depende su economía de la pesca, se ha visto
afectado producto de la contaminación de las bacterias COLIFORMES.
Consecuencia de esto los compradores se abstiene de venir a TAGANGA.

Daño a las personas en sus patrimonios, en tanto que las malas condiciones
del medio ambiente, deteriorado por el vertimiento de las aguas servidas de la
ciudad de SANTA MARTA, en la bahía de TAGANGA, han demeritado el debido
aprovechamiento de sus bienes y por lo tanto afectado su valor comercial.

5. Su señoría, para determinar la afectación y los perjuicios ambientales
productos de la contaminación de las bacterias COLIFORMES, solicito se
designen peritos expertos en la materia. (médicos especialistas en
enfermedades producidas por bacterias COLIFORMES, especialistas
ambientales oceanógrafos, especialistas Sanitarios).

6. De otra parte, se encuentran los informes técnicos y peritaciones de
entidades y dependencias oficiales, previstos en el artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil y 234 del nuevo Código General del Proceso. Dicha norma
autoriza a los jueces a solicitar de oficio o a petición de parte, informes técnicos
o científicos sobre hechos de interés al proceso a entidades y dependencias
oficiales que dispongan de personal especializado. Estos informes deben ser
motivados y puestos a consideración de las partes, con respeto del derecho de
contradicción.”2

1.1. Como sustento de las pretensiones adujeron que:

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santa Marta, establecido en el
Acuerdo No. 005 de 2000, el corregimiento de Taganga abarca una extensión de
2.727,94 hectáreas, delimitadas en el plano de la división política del área rural. Este
corregimiento tiene una vocación alterna pesquera y se compone de los siguientes
centros poblados bajo su jurisdicción: Playa Grande, Puntas Petacas, Murciélago,

2 Visible en el expediente digital disponible en Samai. La transcripción se presenta con los posibles

errores que contiene el texto original.

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Las Minas, Bonito Gordo, Granate, Isla de la Aguja, Cabo de la Aguja y otras áreas
dentro de los límites representados en el mencionado plano.

El emisario submarino para tratamiento por dilución y disposición final de las aguas
servidas de la ciudad de Santa Marta se construyó en el año 2000. En su momento,
se concibió como una solución al vertimiento superficial y sin control de las aguas
residuales en la bahía de Santa Marta. Sin embargo, a pesar de las ventajas de este
sistema y de las medidas de manejo ambiental adoptadas para evitar y mitigar
impactos ambientales, nunca se han realizado estudios ni evaluaciones que
garanticen su validez y pertinencia.

El emisario submarino está ubicado en la parte oeste de Santa Marta, en el
Departamento del Magdalena, en el sitio conocido como El Boquerón, donde
termina el cerro que separa la bahía de Santa Marta de la bahía de Taganga, al
norte del terminal marítimo. Se extiende 428 metros desde la línea costera,
construido con tubería de polietileno de 1 metro de diámetro. Los difusores para la
descarga de aguas residuales están situados en los últimos 120 metros,
conformados por tres orificios de 0,15 metros de diámetro cada uno, espaciados a
4 metros entre sí, para descargar los residuos líquidos a una profundidad de 56
metros. Actualmente, se vierten 950 litros por segundo de aguas residuales sin
tratamiento, generadas por más de 600.000 habitantes, directamente al mar, lo que
afecta el medio marino y las playas con coliformes en la bahía de Taganga.

En un análisis de la contaminación microbiológica (coliformes totales y fecales) en
la bahía de Santa Marta, realizado por el Instituto de Investigaciones Tropicales de
la Universidad del Magdalena, se concluyó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial declaró responsable a la empresa METROAGUA S.A. E.S.P.
por la afectación al medio marino y playas debido a la contaminación con coliformes
en el sector de Playa Boquerón. Esto se debe al inadecuado manejo operativo del
sistema que conforma el emisario submarino y al incumplimiento de las obligaciones
contenidas en los actos administrativos emitidos por este Ministerio, a través de los
cuales se aprobó el proyecto y se realizaron requerimientos para su adecuado
desarrollo. En particular, la empresa no presentó información relevante para llevar
a cabo las funciones de control y seguimiento del proyecto, según la Resolución
Número 1745 del 14 de septiembre de 2009.

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Posteriormente, el Ministerio actualizó el Plan de Manejo Ambiental para la
operación del emisario submarino, según lo establecido en la Resolución Número
0431-2010. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados han sido negativos.

En el informe técnico de 2017 del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
(INVEMAR), titulado "Diagnóstico y Evaluación de la Calidad de las Aguas Marinas
y Costeras en el Caribe y Pacífico Colombianos", se determinó que, durante una
visita de campo realizada el 21 de julio de 2018, en el sector de la desembocadura
del emisario submarino, se observó la acumulación de bacterias coliformes en una
extensión aproximada de 1 kilómetro de circunferencia.

Debido a la fuerza del flujo sobre la superficie acuática y a la fuga de aguas
residuales de gran magnitud, se generan olores fétidos en el área. Como resultado,
la presión sobre los ecosistemas cercanos a la bahía de Taganga ha aumentado,
alterando el paisaje y reduciendo la posibilidad de un aprovechamiento sostenible
de los mismos. Los registros fotográficos y las observaciones de campo muestran
en el área de influencia de la fuga una comunidad asociada al emisario propia de
ambientes sujetos a contaminación orgánica. Las imágenes también evidencian una
pérdida casi completa de vida marina adherida al tubo en las áreas directamente
afectadas. Las concentraciones superficiales de indicadores de contaminación fecal
en la zona superan los niveles permitidos por la legislación colombiana para aguas
de contacto primario y secundario.

El funcionamiento del emisario es un factor determinante en las altas
concentraciones de coliformes observadas en la zona, ya que, por acción de los
vientos y mareas, los contaminantes se dispersan por toda la bahía de Taganga.
Por esta razón, se ha perdido su esplendor, poniendo en peligro su riqueza natural,
valor paisajístico, potencial turístico, la salud pública, el espacio público y la calidad
de vida de sus habitantes y visitantes.

Se solicitó al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Alcaldía Distrital de Santa
Marta, a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) y a la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Veolia), la suspensión del emisario
submarino para tratamiento por dilución y disposición final de las aguas servidas de
la ciudad de Santa Marta, debido a la afectación al medio marino y playas por

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contaminación con coliformes en la bahía de Taganga, y al inadecuado manejo
operativo del sistema que conforma el emisario submarino.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN3

2.1. La acción fue presentada el 7 de noviembre de 2018. Con auto del 15 de
noviembre de 2018, se dispuso la admisión de la demanda y la vinculación en
calidad de litisconsorte necesario del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR, de la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG y del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE SANTA MARTA4.

2.2. El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental
(en adelante DADSA)5 afirmó que, de conformidad con las normas que tratan las
competencias de las corporaciones autónomas regionales y los establecimientos
públicos ambientales, las circunstancias descritas en la acción popular debían ser
atendidas por CORPAMAG.

Excepciones formuladas: falta de legitimación en la causa por pasiva y buena fe.

2.3. La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR
E.S.P.6 formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó
su desvinculación del proceso de la referencia.

2.4. INVEMAR7 planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia de litisconsorcio necesario.

Explicó que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives
de Andréis" es una Corporación Civil sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se rige por sus estatutos y las normas del
derecho privado, reorganizada bajo los parámetros del artículo 18 de la Ley 99 de

3 Todo el trámite de la acción de la referencia en la primera instancia se encuentra en Samai.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

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1993, en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de
1991, así como por el Decreto Reglamentario 1276 de 1994, incorporado en el
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

Comentó que su misión principal es la investigación básica y aplicada sobre los
recursos naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y
oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional. Además, emite conceptos
técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos, y presta asesoría y apoyo científico y técnico al Sistema Nacional
Ambiental (SINA) y a las entidades territoriales, limitando su accionar a actividades
de apoyo científico-técnico.

Destacó que no posee facultades de autoridad ambiental ni ejerce funciones de
administración, protección o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio
ambiente marino, comoquiera que su labor se centra en estudios, investigaciones,
inventarios y manejo de información sobre los litorales y ecosistemas marinos y
oceánicos, con el propósito de formular instrumentos de gestión y proporcionar
soporte técnico a las entidades competentes en la toma de decisiones sobre
políticas públicas y regulaciones para el ordenamiento del territorio y el uso
sostenible de los recursos marinos y costeros.

Señaló que desarrolla sus actividades de investigación ambiental básica y aplicada
en la medida en que el Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales
requieren de sus estudios y conceptos, de acuerdo con la financiación programada.
En este contexto, coordina la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección
de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia (RedCAM), una herramienta de
gestión que monitorea la calidad de las aguas superficiales y, desde 2014, también
la calidad de los sedimentos marinos y costeros. Este trabajo se lleva a cabo
mediante la cooperación interinstitucional con distintas entidades del orden nacional
y territorial, incluyendo las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo
sostenible con jurisdicción sobre las costas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Indicó que, dentro del diagnóstico de calidad de aguas marinas y costeras, el
capítulo Magdalena incluye el monitoreo en Santa Marta y el emisario submarino,
abarcando puntos en las bahías de Taganga, Santa Marta, El Rodadero, Playa

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Salguero, Pozos Colorados, Playa Dormida y el corredor portuario. Se evalúan 60
parámetros, incluyendo variables fisicoquímicas, microbiológicas, metales pesados,
hidrocarburos y plaguicidas, con muestreos en temporadas de lluvias y sequía. Los
informes de la RedCAM desde 2001 hasta 2017, así como estudios técnicos
adicionales, se encontraban disponibles en la página web institucional.

Enfatizó en que carecía de competencia para ejecutar acciones administrativas
destinadas a conjurar las circunstancias que originaron la demanda. Por ello, no
procedía declarar su responsabilidad por conductas activas u omisivas relacionadas
con las condiciones denunciadas. Precisó que no le corresponde la reubicación de
la tubería de la línea de impulsión de aguas residuales del emisario submarino ni de
la mitigación de daños ambientales. Su labor se limitaba a realizar estudios y emitir
informes para las autoridades responsables. En consecuencia, no podía
endilgársele responsabilidad alguna por el vertimiento de aguas residuales en la
bahía de Taganga o sus impactos ambientales, sanitarios o económicos.

2.5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio8 se opuso a las pretensiones
de la demanda popular y, luego de exponer las competencias constitucionales,
legales y reglamentarias de la entidad, propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.

2.6. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta9 solicitó al juez
de primera instancia que se abstuviera de proferir sentencia en su contra. Para el
efecto, enunció las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e
inexistencia de vulneración de los derechos colectivos.

2.7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible10 manifestó que, de
acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011, como organismo rector
de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, estaba encargado
de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio, de definir las políticas
y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible,

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.

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sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

Formuló como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva: por cuanto no estaba llamado a responder por la eventual violación de
derechos colectivos en relación con los hechos y pretensiones expuestos por el
actor popular. Señaló que carecía de competencia en este asunto, en la medida en
que recaía en otras autoridades, como en el Distrito de Santa Marta, y en
CORPAMAG. Y (ii) actuación conforme a la ley: pues no encontró evidencia de la
vulneración de los derechos colectivos invocados. Dijo que el actor se limitó a
señalar un sinfín de supuestas irregularidades de manera abstracta, sin aportar
pruebas concretas. En ese sentido, agregó que no estaban reunidos los requisitos
sustanciales para la procedencia de la acción popular: (a) la existencia de una
acción u omisión por parte de la entidad demandada; (b) un daño contingente,
peligro, amenaza, vulneración o agravio a derechos o intereses colectivos,
entendiendo que dicho peligro o amenaza no puede derivar de los riesgos normales
inherentes a la actividad humana, y (c) la relación de causalidad entre la acción u
omisión y la afectación de los derechos o intereses colectivos alegados.

2.8. VEOLIA – PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P.11, de forma previa a
pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la demanda, afirmó que, con
motivo del Contrato de Operación Transitoria núm. 081 de 2017, el 18 de abril de
2017 recibió de la ESSMAR la operación transitoria de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de la ciudad de Santa Marta.

Como antecedente, precisó que el contrato de concesión de la Empresa
METROAGUA S.A. E.S.P. (en liquidación), encargada de operar las redes de
acueducto y alcantarillado, terminó debido a la decisión judicial adoptada por el
Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta el 15 de febrero de 2017.

Aclaró que la ESSMAR, mediante comunicación del 17 de enero de 2019, solicitó la
terminación del referido contrato de operación transitoria. En consecuencia, a partir
del 18 de abril de 2019, la operación del servicio de acueducto y alcantarillado en la
ciudad de Santa Marta sería asumida directamente por la ESSMAR o la entidad
para ello designada.

11 Ibidem.

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Bajo ese contexto, planteó la excepción de inepta demanda por inexistencia de
vulneración de derechos e intereses colectivos, falta de sustento fáctico y jurídico y
ausencia de daño antijurídico, la cual sustentó de la siguiente forma:

Argumentó que, desde el inicio de la operación de VEOLIA - PROACTIVA SANTA
MARTA S.A. E.S.P. como operador transitorio de los servicios de acueducto y
alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, dispuso su capacidad financiera, equipo
humano y conocimientos técnicos para garantizar el correcto funcionamiento y
operación del emisario submarino.

Afirmó que estaba demostrado el cumplimiento de los parámetros legales
establecidos por las autoridades ambientales competentes en lo que respecta a la
disposición final de aguas residuales.

Señaló que el material probatorio presentado por el accionante se encontraba
desactualizado pues documentos como el informe de INVEMAR databa del año
2001. Además, ninguna de las pruebas aportadas como soporte era posterior a la
firma del Contrato de Operación Transitoria 081 de 2017.

Agregó que no existía evidencia que permitiera establecer con certeza el lugar
donde se tomaron las imágenes allegadas con la demanda, ya que no se cuenta
con equipos de geolocalización que confirmen si corresponden al emisario
submarino de la ciudad de Santa Marta. Las fotografías no fueron tomadas por un
perito o experto en la materia acreditado por una institución técnica o profesional y
no se aportaron estudios de laboratorio que permitieran determinar la naturaleza y
composición de los elementos fotografiados.

En suma, en su calidad de operador transitorio de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado de Santa Marta, solicitó la exoneración de cualquier
responsabilidad derivada de la acción popular de la referencia, en atención al
estricto cumplimiento de la normatividad sobre la materia.

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2.9. CORPAMAG12 afirmó que ejercía control y seguimiento a la licencia
ambiental del emisario submarino de Santa Marta, cuyo funcionamiento se
encontraba a cargo de la ESSMAR E.S.P., otorgada por medio de Resolución núm.
2117 de 4 de junio de 2019.

Señaló que concretaba el cumplimiento de sus funciones con la revisión de los
informes de cumplimiento ambiental (ICA), elaborados y presentados por la
empresa beneficiaria del permiso. Para demostrar sus acciones, anexó los
requerimientos efectuados de manera reciente a la empresa encargada del
mantenimiento del emisario submarino.

Finalmente, planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.10. El 15 de septiembre de 2021, el Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto
de cumplimiento13.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena dictó sentencia el 24 de enero
de 2024, otorgando la protección del derecho colectivo al goce de un ambiente sano.
A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO: DECLARAR no probado el medio exceptivo de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesto por el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR-, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO, el DISTRITO DE SANTA MARTA, la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR
E.S.P., el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA –CORPAMAG y
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR bajo el principio de precaución el derecho colectivo al
goce de un ambiente sano de los habitantes del Distrito de Santa Marta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: En aras de garantizar la cesación de la amenaza de los derechos
colectivos mencionados, se ORDENA al MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE a que dentro del término de un año contado a

12 Ibidem.
13 Ibidem.

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partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar las gestiones y
estudios técnicos pertinentes para verificar el estado de funcionamiento del
emisario submarino de la ciudad de Santa Marta y si actualmente se están
cumpliendo todas las exigencias y condiciones contempladas en las
Resoluciones No. 0242 de fecha seis (6) de abril de mil novecientos noventa y
nueve (1999), y 333 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011).

Para tal efecto, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
puede contratar con una institución académica o científica de reconocida
trayectoria en temas relacionados con la contaminación y conservación de
recursos naturales marítimos, para que brinde apoyo en la realización de los
estudios tendientes establecer el nivel de contaminación de las zonas contiguas
a los lugares de vertimientos de aguas residuales del emisario submarino de la
ciudad de Santa Marta y las posibles soluciones o acciones que se pueden
desplegar para evitar o enervar las consecuencias nocivas del funcionamiento
del emisario submarino. Sin perjuicio de lo anterior, el MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE deberá solicitar la colaboración de
la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH) para la
realización de los estudios pertinentes.

En caso de advertir falencias técnicas o condiciones especiales del emisario
submarino que amenacen o transgredan el goce del derecho colectivo a un
ambiente sano, la referida autoridad ambiental deberá proceder a adoptar las
medidas necesarias para garantizar la conservación de los recursos naturales
y el correcto funcionamiento del emisario submarino de la ciudad de Santa
Marta, dentro de los seis (6) meses siguientes a la realización de los estudios
ordenados en esta providencia.

Así mismo, se ORDENA al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, a que dentro del término de seis (6) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia proceda a realizar conjuntamente con la
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, el INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y la
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH), un estudio en
cada estación climática del año que permita establecer las posibles afecciones
ambientales a los ecosistemas marinos derivadas del funcionamiento del
emisario submarino en la ciudad de Santa Marta y las actividades u obras que
se deben realizar para garantizar la conservación de los recursos naturales que
puedan verse afectados con el funcionamiento del emisario submarino.

Del mismo modo, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación
de esta sentencia deberá realizar conjuntamente con la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, el INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y la DIRECCIÓN
GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES
OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH), un estudio en cada estación
climática del año que permita establecer las posibles afecciones en la salud de
las personas que hacen uso de los balnearios y playas adyacentes a las zonas
del funcionamiento del emisario submarino en la ciudad de Santa Marta y las
actividades u obras que se deben realizar para garantizar la conservación de la
salubridad y para evitar la proliferación de enfermedades, en caso de que sea
necesario.

Los referidos estudios, deberán ser realizados dentro del año siguiente a los
seis (6) meses contados desde la notificación de la sentencia y los hallazgos
encontrados deberán ser puestos en conocimiento del MINISTERIO DE

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AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P y el
DISTRITO DE SANTA MARTA para que en el marco de sus competencias
procedan a realizar las actuaciones necesarias para garantizar la protección del
derecho al goce de un ambiente sano y el adecuado aprovechamiento de los
recursos naturales.

CUARTO: Se ordena a la empresa de servicios públicos domiciliarios ESSMAR
S.A. E.S.P., al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
– INVEMAR y al DISTRITO DE SANTA MARTA, que conforme a sus
competencias brinden apoyo técnico, documental y logístico para la ejecución
de lo aquí dispuesto.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos incoado por los señores
DENYS AMALFI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y JOSE LUIS CANTILLO
QUIROGA contra la NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, el DISTRITO DE SANTA MARTA, la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTA MARTA - ESSMAR – y la EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO E.S.P. – VEOLIA, conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: CONFORMAR un comité de verificación integrado por el extremo
accionante, el Alcalde del Distrito de Santa Marta, el Representante Legal de
ESSMAR S.A. E.S.P., o sus delegados quienes deberán tener poder suficiente
para comprometerlos, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales, el representante legal del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras - INVEMAR- y el suscrito Magistrado Ponente, quien la presidirá. El
Comité se reunirá periódicamente según las necesidades ya sea a solicitud del
Magistrado Ponente o de las partes, previa citación por el medio más eficaz.

SÉPTIMO: REMÍTASE copia de ésta providencia a la Defensoría del Pueblo en
términos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.”14

3.2. En primer lugar, el Tribunal estudió la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por varias de las entidades demandadas. Para ello
afirmó que en el presente caso las pretensiones de la demanda buscaban la
protección de los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento de
Taganga, presuntamente amenazados debido a las acciones y omisiones de las
autoridades competentes en relación con el vertimiento de aguas residuales al mar
a través del emisario submarino.

Asimismo, comentó que la parte demandante solicitaba que se ordenara a las
entidades demandadas la reubicación de la tubería de la línea de impulsión de
aguas residuales del emisario submarino, con el fin de evitar el perjuicio ambiental

14 Ibidem.

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y el impacto negativo sobre el espacio público y los residentes de la bahía de
Taganga. También se pretendió la adopción de medidas para mitigar los daños
causados por la construcción y operación del emisario submarino de Santa Marta,
en particular los relacionados con la contaminación del medio marino y las playas
por coliformes fecales.

3.2.1. De esa forma el Tribunal advirtió que INVEMAR manifestó en su escrito de
contestación de la demanda que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
argumentando que ha actuado conforme a su objeto social, estatutos y funciones
legales, y que ninguna de sus actuaciones u omisiones ha vulnerado derechos
colectivos. Además, que no ha sido demandado directamente y que no tiene
relación con los hechos objeto del litigio ni facultades para ejecutar las acciones
solicitadas en la demanda. Sin embargo, consideró necesaria la presencia de
INVEMAR en el proceso de la referencia, en atención a su calidad de entidad
vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su misión de realizar
investigaciones sobre los recursos marinos y el medio ambiente, emitir conceptos
técnicos y asesorar a las autoridades ambientales. Y por esa razón declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.2.2. En cuanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señaló que el artículo
1 del Decreto 3571 de 2011 establecía a dicha cartera ministerial como entidad
responsable de formular, adoptar y coordinar políticas públicas en materia de
desarrollo territorial, vivienda y prestación de servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico. En virtud de estas funciones, entendió que se encontraba
legitimado en la causa por pasiva.

3.2.3. En relación con el Distrito de Santa Marta indicó que, de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 136 de 1994, los municipios tienen la obligación de garantizar la
adecuada gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, así como la
prestación eficiente del servicio de agua potable y saneamiento básico. En
consecuencia, el Distrito de Santa Marta sí estaba legitimado en la causa por pasiva.

3.2.4. Respecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso de presente
que, según lo dispuesto en el Decreto 3570 de 2011, el Ministerio era el ente rector
de la gestión ambiental en el país, con facultades para regular el ordenamiento
ambiental del territorio y definir políticas para la conservación y uso sostenible de

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los recursos naturales. Además, era responsable de coordinar acciones para
prevenir el riesgo ecológico. En vista de ello, resolvió declarar no probada la
excepción planteada.

3.2.5. Sobre la ESSMAR precisó que seguía siendo la empresa encargada de
garantizar la eficiencia y adecuado funcionamiento del emisario submarino, motivo
suficiente para negar la prosperidad del medio exceptivo.

3.2.6. En relación con CORPAMAG argumentó que, dada su función como
autoridad ambiental, obligación que incluía la protección y conservación del medio
ambiente en su jurisdicción, era imperativo declarar no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva.

3.2.7. Respecto al DADSA, luego de observar que el artículo 214 de la Ley 1450 de
2011 le otorgaba funciones ambientales equivalentes a las de una corporación
autónoma regional dentro del perímetro urbano del Distrito de Santa Marta, también
decidió declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

3.2.8. En resumen, el Tribunal concluyó que todas las entidades demandadas se
encontraban legítimamente vinculadas al proceso y que sus respectivas
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva no estaban llamadas a
prosperar.

3.3. En segundo lugar, en relación con las pruebas documentales aportadas por
la parte actora, el juez de primera instancia advirtió que, si bien permiten vislumbrar
una posible amenaza histórica al derecho colectivo a un ambiente sano — dado que
describen niveles de agentes contaminantes en vertimientos de aguas residuales
por encima de los límites permitidos —, dichos informes datan de más de una
década atrás. Además, no existe certeza sobre la idoneidad de quienes los
realizaron, lo que impide otorgarles valor probatorio suficiente. En consecuencia, se
abstuvo de profundizar en su contenido.

3.4. Respecto de la Resolución Defensorial núm. 56 de diciembre de 2008,
referida a la situación ambiental y de servicios públicos en el corregimiento de
Taganga y el Parque Tayrona, el Tribunal consideró que su contenido no era

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suficiente para acreditar las afirmaciones de los demandantes. Esto debido a que la
resolución se fundamentó en hechos ocurridos hace más de una década.

3.5. En cuanto a la Resolución núm. 861 del 7 de abril de 2017, expedida por
CORPAMAG, mediante la cual se impuso una sanción a METROAGUA S.A. por
vertimientos continuos de aguas residuales en el Río Manzanares —
específicamente en el Barrio “La Tenería” de Santa Marta—, estimó que este acto
administrativo no resultaba pertinente para demostrar la afectación de los derechos
colectivos de las personas residentes de Taganga, comoquiera que, según lo
indicado en la demanda, el problema denunciado se relacionaba con vertimientos
provenientes del emisario submarino en el sector conocido como "El Boquerón", lo
que no guarda relación con la sanción impuesta a METROAGUA S.A.

3.6. Por otro lado, sobre la Resolución núm. 1735 de 2009, mediante la cual el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sancionó a METROAGUA S.A.
E.S.P. por contaminación del medio marino y las playas con coliformes en la zona
de playa Boquerón, el Tribunal entendió que demostraba la existencia de
antecedentes sancionatorios. Sin embargo, dado que los hechos que dieron lugar a
la sanción ocurrieron antes de 2009, ese medio de prueba no permitía establecer
con certeza que persistiera la contaminación por coliformes en la Bahía de Taganga
y su zona costera.

3.7. En lo que concierne a las fotografías y videos aportados con la demanda, el
a quo se abstuvo de otorgarles valor probatorio ante la falta de georreferenciación,
información precisa sobre su autor y datos verificables sobre las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que fueron captadas las imágenes.

3.8. En tercer lugar, el Tribunal destacó que la empresa VEOLIA - PROACTIVA
SANTA MARTA S.A. E.S.P. aportó un informe técnico realizado por el perito
NAUDIS ANTONIO MOLINARES WITT, fechado el 15 de noviembre de 2018, en el
que se evaluó el estado del emisario submarino de Santa Marta. Dicho informe
presentó hallazgos y recomendaciones sobre el mantenimiento y operación del
sistema. Asimismo, resaltó que CORPAMAG, mediante el oficio 1700 12.01 -4417
del 29 de diciembre de 2020, respondió a una denuncia sobre presuntos
vertimientos de aguas servidas en la bahía de Taganga.

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3.9. En ese orden, el juez de primera instancia consideró que, si bien las pruebas
documentales y técnicas allegadas no permitían establecer de manera inequívoca
que la contaminación detectada en el área era consecuencia exclusiva del mal
funcionamiento o inadecuada operación del emisario submarino, lo cierto era que
existían otras fuentes potenciales de contaminación, como la escorrentía urbana y
los aportes del Río Manzanares, según lo señalado en el informe técnico de
CORPAMAG.

3.10. De igual forma, trajo a colación las sanciones administrativas impuestas a las
empresas responsables del manejo del emisario submarino y del control de los
vertimientos de aguas servidas, de las cuales entendió que, aunque no
demostraban fallas estructurales en el sistema, sí evidenciaban que las autoridades
ambientales habían realizado el seguimiento correspondiente para prevenir y
mitigar la contaminación.

3.11. En relación con la solicitud de reubicación de la tubería de la línea de
impulsión de aguas residuales del emisario submarino — con el fin de evitar los
impactos negativos sobre el ambiente, el espacio público y la comunidad de la Bahía
de Taganga —, el a quo precisó que, según lo dispuesto en el artículo 177 de la
Resolución núm. 1096 de 17 de noviembre de 2000, los emisarios submarinos están
diseñados para transportar aguas residuales hasta una profundidad y distancia
adecuadas, evitando así daños sanitarios y ecológicos en los ecosistemas marinos,
playas recreativas y comunidades costeras. En este sentido, comprendió que el
sistema no estaba concebido para generar impactos ambientales negativos, sino
para mitigar los efectos del vertimiento de aguas residuales.

3.12. Detalló que, en el caso específico del emisario submarino de Santa Marta, la
Resolución núm. 0242 del 6 de abril de 1999, expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente, otorgó licencia ambiental para su construcción y operación.
Posteriormente, mediante la Resolución núm. 333 del 23 de noviembre de 2011, se
autorizaron mejoras en el tratamiento primario del sistema. Dichos actos
administrativos gozaban de presunción de legalidad, sin que se hubiesen aportado
pruebas que comprobaran el incumplimiento de las condiciones establecidas en
ellos para su funcionamiento.

3.13. Así las cosas, luego de verificar que en distintas épocas del año se
registraban niveles de contaminantes superiores a los permitidos en la zona

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contigua al emisario submarino, así como la presencia de olores fétidos, hallazgos
que estaban documentados en informes técnicos recientes expedidos por
CORPAMAG, y de dar crédito al informe técnico del año 2018, sustentado por el
perito NAUDIS ANTONIO MOLINARES WITT, quien identificó deficiencias en
algunos difusores del emisario submarino recomendando mantenimiento periódico,
reemplazo de piezas deterioradas y dragado para evitar acumulaciones de arena
en el tramo final del sistema, en aplicación del principio de precaución, el juez de
primera instancia consideró necesario acceder parcialmente a las pretensiones de
la demanda y adoptar diferentes medidas para garantizar la protección del derecho
colectivo a un ambiente sano.

3.14. Finalmente, dado que la parte demandada no incurrió en temeridad o mala
fe, el Tribunal resolvió no imponer condena en costas en primera instancia.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. CORPAMAG15 presentó recurso de apelación con los argumentos que se
sintetizan enseguida:

Señaló que ejerce control y seguimiento sobre la Licencia Ambiental del Emisario
Submarino de Santa Marta, cuyo funcionamiento está a cargo de la ESSMAR.
Seguimiento que realiza en virtud de la Resolución núm. 2117 del 4 de junio de
2019, mediante la cual se autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones
derivados de la licencia ambiental.

Alegó que ha venido ejerciendo sus funciones de control y seguimiento sobre los
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), que deben ser elaborados y
presentados por la empresa beneficiaria de la licencia. Asimismo, ha realizado
visitas de inspección al emisario submarino, las cuales están debidamente
documentadas en el expediente administrativo aportado al proceso en la etapa
procesal correspondiente.

En cuanto a la orden impartida por el Tribunal de elaboración de un estudio para
determinar posibles afecciones en la salud de las personas que hacen uso de los

15 Ibidem.

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balnearios y playas cercanas a la zona de operación del emisario submarino, solicitó
la vinculación del Distrito de Santa Marta, a través de la Secretaría de Salud.

Respecto a las actividades u obras necesarias para garantizar la conservación de
los recursos naturales que puedan verse afectados por el funcionamiento del
emisario submarino, sostuvo que ha recomendado la construcción y puesta en
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, tal como lo establece el
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta. En este sentido, comentó que la
implementación de estas medidas debería ser responsabilidad conjunta del Distrito
de Santa Marta y la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, como titular de
la licencia ambiental.

Insistió en que el beneficiario de la licencia ambiental tiene la obligación de
presentar periódicamente los ICA ante la autoridad ambiental, detallando el
cumplimiento y la efectividad de las obligaciones asumidas en el marco de la licencia
ambiental otorgada.

Indicó que, si bien tiene competencia como autoridad ambiental en la zona marina,
en atención a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 1450 de 2011, también es
cierto que ha cumplido con sus funciones mediante el control y seguimiento de la
licencia a cargo de ESSMAR.

En resumen, pidió la exclusión de CORPAMAG de las órdenes impuestas en la
sentencia de primera instancia, reiterando la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.

4.2. INVEMAR16 sostuvo que el fallo de primera instancia desconocía las
competencias definidas en el artículo 18 de la Ley 99 de 1993 y su respectivo
decreto reglamentario, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que
incorporó las disposiciones del Decreto 1276 de 1994.

En este sentido, señaló que sus funciones se limitaban a la investigación sobre los
ecosistemas marinos, en concordancia con la asignación de recursos y la

16 Ibidem.

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priorización establecida en los instrumentos de planificación a los que se encuentra
sujeto el instituto.

De ese modo, reiteró que carecía de responsabilidad, por acción u omisión, en
relación con las pretensiones de la demanda, comoquiera que las autoridades
ambientales involucradas en el trámite de la referencia eran las encargadas de
garantizar la protección de los derechos colectivos presuntamente vulnerados.

Dijo que ha cumplido cabalmente con el suministro de información técnica pertinente
a las diferentes autoridades y a la ciudadanía, facilitando así la toma de decisiones
informadas.

Enfatizó en que cualquier estudio sobre salubridad estaba fuera de su ámbito
misional, ya que su objeto se encontraba relacionado con la producción de
información científica sobre especies y ecosistemas marinos nacionales.

Por lo tanto, no tenía competencia ni obligación alguna en asuntos relacionados con
la salud de la población y, en consecuencia, no podía ser vinculado al cumplimiento
de la orden tercera de la sentencia del 24 de enero de 2024, que exige la realización
de actividades u obras para establecer si el funcionamiento del emisario submarino
tiene efectos adversos en la salud pública de los habitantes de la zona en cuestión.

Por último, ratificó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó que se revocara, en lo que al instituto respecta, las órdenes de numeral
tercero de la parte resolutiva del fallo objeto de la alzada.

4.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible17 cuestionó el
desconocimiento de las competencias de las entidades que participan en materia
de servicios públicos y de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias
de dicha cartera ministerial.

Manifestó que, de acuerdo con los principios de la función administrativa y los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo
288 de la Constitución, la determinación de competencias en los organismos y

17 Ibidem.

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entidades de la Rama Ejecutiva debía ajustarse estrictamente al marco legal y
reglamentario.

En este sentido, solamente podía actuar y asumir compromisos dentro de los límites
expresamente facultados por la ley, razón por la cual no era dable entenderlo como
responsable de obligaciones ajenas a su ámbito competencial. En consecuencia,
no le correspondía responder por las consecuencias derivadas del posible
incumplimiento de las obligaciones legalmente asignadas a otra autoridad.

Indicó que no existían elementos fácticos o jurídicos que permitieran establecer una
relación sustancial entre los hechos, pretensiones y fundamentos legales de la
demanda y las funciones de la entidad.

Explicó que la vinculación que pretende hacer el demandante obedece a una
confusión respecto de las competencias del ministerio y las de otras entidades del
sector ambiental y de servicios públicos.

Mencionó que de la Ley 142 de 1994 se desprende que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no tiene competencia alguna en la prestación de servicios
públicos domiciliarios, incluidos el saneamiento básico y la gestión del emisario
submarino. Dichas funciones se encontraban a cargo del Distrito de Santa Marta, la
Empresa de Servicios Públicos ESSMAR S.A. E.S.P., el Departamento del
Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en materia de inspección,
vigilancia y control y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Por los anteriores motivos carecía de competencia respecto de la prestación de
servicios públicos domiciliarios, tales como acueducto, alcantarillado y saneamiento
básico, ni con la inspección, vigilancia y control de estos servicios. Y, en
consecuencia, resultaba manifiesta la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Agregó que, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 3570 de 2011,
corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regular la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables; orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio, y definir las políticas y regulaciones que rigen la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y

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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.
Todo lo anterior con el propósito de garantizar el desarrollo sostenible, sin perjuicio
de las funciones asignadas a otros sectores.

En este contexto, añadió que, en materia de distribución de competencias entre el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 3570 de 2011 establecen con
claridad que el Ministerio tiene la función de dirigir la gestión del ambiente y los
recursos naturales renovables, orientar y regular el ordenamiento ambiental del
territorio y definir las políticas y regulaciones para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por su parte, las
Corporaciones Autónomas Regionales son las entidades ejecutoras encargadas de
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y demás recursos naturales renovables. Estas competencias incluyen la supervisión
de vertimientos, emisiones o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos en cuerpos de agua, aire o suelos, así como aquellas que
puedan causar daño o poner en riesgo el desarrollo sostenible de los recursos
naturales. Dentro de sus funciones se encuentra, además, la expedición de licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

En suma, solicitó que se revocaran parcialmente, a su favor, los numerales primero,
segundo, tercero y sexto de la sentencia del 24 de enero de 2024, para que, en su
lugar, se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA18

Mediante auto del 4 de septiembre de 2024, el Despacho Sustanciador: admitió los
recursos de alzada y negó el decreto de las pruebas enunciadas en el acápite “2.
PRUEBAS”, solicitadas por CORPAMAG. Además, prescindió del traslado para
alegar de conclusión.

18 Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en Samai en el expediente digital.

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VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

7.2. Planteamiento

La Sala advierte que las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran
relacionadas con el cumplimiento de sus potestades legales de seguimiento y
control a la licencia ambiental, y la competencia para cumplir las obligaciones
impuestas en el fallo de primera instancia.

De forma puntual, en cuanto a lo primero, CORPAMAG alega que, como autoridad
ambiental, ejecutó la vigilancia correspondiente sobre la licencia ambiental.

Respecto de lo segundo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
argumentó que, dentro de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
no le correspondía ejecutar las siguientes órdenes: (i) llevar a cabo las gestiones y
estudios técnicos necesarios para verificar el estado de funcionamiento del emisario
submarino de Santa Marta y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los
actos administrativos que conforman la licencia ambiental otorgada para su
construcción, así como adoptar las medidas requeridas para garantizar su correcto
funcionamiento; (ii) realizar, en cada estación climática del año, un estudio que
determine las posibles afectaciones ambientales a los ecosistemas marinos
derivadas del funcionamiento del emisario submarino y definir las acciones

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necesarias para la conservación de los recursos naturales, y (iii) elaborar, en cada
estación climática del año, un estudio que evalúe los posibles efectos sobre la salud
de las personas que utilizan los balnearios y playas adyacentes a la zona de
operación del emisario submarino, así como proyectar las obras necesarias para
preservar la salubridad y prevenir la proliferación de enfermedades.

En el mismo sentido, INVEMAR y CORPAMAG manifestaron que ninguna de sus
funciones incluía las dos últimas tareas mencionadas.

Mientras que, para el Tribunal, de acuerdo con los artículos 18 de la Ley 99 de 1993
y 2º y 3º del Decreto 1276 de 1994, INVEMAR se encargaba de efectuar el
seguimiento de los recursos marinos de la Nación, especialmente en lo referente a
su extinción, contaminación y degradación, para la toma de decisiones de las
autoridades ambientales.

Del mismo modo, el juez de primera instancia argumentó que, según lo dispuesto
en el artículo 1º del Decreto 3570 de 2011, era deber del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo
ecológico, así como diseñar y formular la política nacional en relación con el
ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de
ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para
asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente.

7.3. De la controversia sobre la competencia para cumplir las órdenes
impartidas por el Tribunal

Inconformidades de CORPAMAG

7.3.1. Para comenzar, deberá definirse si es adecuado, efectivo y suficiente el
seguimiento y control efectuado por la autoridad ambiental a la licencia otorgada
para el funcionamiento del emisario submarino para el tratamiento por dilución y
disposición final de las aguas servidas en la ciudad de Santa Marta.

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7.3.1.1. Para dar respuesta al anterior interrogante se debe reparar en las
pruebas que reposan en el proceso de la referencia, especialmente, en el
expediente administrativo núm. 3943 de CORPAMAG, que contiene: (i) los actos
administrativos de la licencia ambiental y sus modificaciones; (ii) así como los
expedidos en diferentes procedimientos sancionatorios, iniciados en contra de
METROAGUA S.A. E.S.P. y del Distrito de Santa Marta por cargos relacionados,
entre otros, con vertimientos de aguas residuales; (iii) los Informes de Cumplimiento
Ambiental y en general toda la documentación que rodea las actividades
desarrolladas tanto por el licenciatario como por la autoridad ambiental en el marco
del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental.

Pues bien, respecto del expediente administrativo núm. 3943, en el presente trámite
obran seis (6) carpetas que suman mil quinientos treinta (1.530) folios 19. Se
evidencia que las actuaciones iniciaron el 22 de noviembre de 2011, con Auto núm.
2028 (Carpeta 1 – Folio 37) con el cual CORPAMAG abrió investigación en contra
de METROAGUA S.A. E.S.P. por la presunta infracción a las normas de protección
ambiental y de los recursos naturales renovables, puntualmente en lo relacionado
con el vertimiento en la Bahía de Santa Marta de aguas residuales procedentes del
emisario submarino. Y, dentro de las piezas procesales allegadas, se destaca como
una de las últimas acciones la evaluación del 12 de noviembre de 2020 (Carpeta 6
– documento sin numeración), realizada al Informe de Cumplimiento Ambiental
(ICA), periodo abril a octubre del año 2018, presentado por la Empresa de Servicios
Públicos y Aseo de Santa Marta – ESSMAR en el año 2019 (sin fecha precisa).

Es necesario advertir que, desde la contestación de la demanda, CORPAMAG
resaltó como actividades recientes las siguientes:

• Información sobre realización del monitoreo de calidad del agua en el
emisario submarino de Santa Marta (2 de Julio de 2018).

• Respuesta al radicado núm. 6970 del 2018-08-17 - Información sobre la
realización del monitoreo de calidad del agua en la estación de bombeo de
agua residual norte (22 de agosto de 2018).

19 Se pueden consultar en el expediente digitalizado que reposa en Samai.

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• Respuesta al radicado núm. 8220 del 2018-09-18 - Información sobre
realización de monitoreo de calidad del agua en el emisario submarino y la
estación de bombeo (1 de octubre de 2018).

• Información sobre realización del monitoreo de calidad del agua en el
emisario submarino (11 de octubre de 2018).

• Respuesta al radicado núm. 9419 del 2018-10-23 Información sobre la
realización del monitoreo de calidad del agua en la estación de bombeo de
agua residual norte. (01 de noviembre de 2018).

• Respuesta al radicado núm. 10201 del 2018-11-15 - Información sobre
realización del monitoreo de calidad del agua en el emisario submarino y la
estación de bombeo (3 de diciembre de 2018).

• Respuesta al radicado 4981 del 2018-06-15 - Mantenimiento del emisario
submarino (17 de julio de 2018).

• Respuesta al radicado 0249 del 2019-01-16 - Información de mantenimiento
del emisario submarino (6 de febrero de 2019).

• Respuesta al radicado 11333 del 2018 -12- 18 - Información sobre la
realización del monitoreo de calidad del agua en la estación de bombeo de
agua residual norte (8 de enero de 2019).

• Respuesta al radicado núm. 0248 del 2019-01-16 - Monitoreo de calidad del
agua en el emisario submarino y la EBAR Norte (7 de febrero de 2019).

• Respuesta al radicado núm.1097 del 2019-02-11 - Monitoreo de calidad del
agua en el emisario submarino y la EBAR Norte (24 de marzo de 2019).

• Respuesta al radicado núm. 2139 del 2019-03-14 - Información sobre la
calidad del agua en la Estación de Bombeo Norte de Santa Marta (EBAR
Norte).

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• Resolución 4361 del 18 de diciembre de 2017, Por la cual se autoriza la
cesión total de derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental
otorgada para el emisario submarino.

• Resolución 2117 del 4 de junio de 2019. Por la cual se autoriza la cesión total
de derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada para
el emisario submarino.

• Respuesta al radicado núm. 3078 del 2018 -04-17. Informe de Cumplimiento
Ambiental del Emisario Submarino (28 de noviembre de 2019).

• Respuesta al radicado núm. 0343 del 2017-01-19. Informe de Cumplimiento
Ambiental del Emisario Submarino. (28 de noviembre de 2019).

• Control y seguimiento a la Licencia Ambiental del Emisario Submarino
de Santa Marta periodo 2018 (28 de noviembre de 2019). Visible en el folio
1217 del expediente administrativo, carpeta 6.20

• Control y seguimiento a la Licencia Ambiental del Emisario Submarino
de Santa Marta periodo 2019 (4 de agosto de 2020). Visible en el folio 1231
del expediente administrativo, carpeta 6.21

• Solicitud de presentación del Informe de Cumplimiento Ambiental (12 de
agosto de 2020).

• Entrega de resultados del monitoreo de calidad de agua (2 de septiembre de
2020).

• Control y seguimiento a la Licencia Ambiental del Emisario Submarino
de Santa Marta periodo 2020 (28 de octubre de 2020). Visible en la carpeta
6. Documento sin numeración.22

20 En el archivo tipo PDF que contiene la carpeta 6, el documento se encuentra en la página 221.

21 En el archivo tipo PDF que contiene la carpeta 6, el documento se encuentra en la página 244.

22 En el archivo tipo PDF que contiene la carpeta 6, el documento se encuentra en la página 261.

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• Respuesta al radicado núm. 2559 del 2019. Informe ICA abril – octubre 2018.
(12 de noviembre de 2020).

Y en el recurso de apelación la autoridad ambiental recurrente insistió en la
valoración de las pruebas “relacionadas con la contestación de la demanda y
aportadas en el expediente administrativo del Emisario Submarino de Santa Marta
que reposan en el proceso, en virtud del control y seguimiento que ejerce
CORPAMAG sobre los ICA que elabora la empresa titular de la Licencia Ambiental”.

7.3.1.2. Así las cosas, de la revisión del expediente administrativo, se destaca
que los documentos que contienen el control y seguimiento a la licencia ambiental
del emisario submarino de los años 2018, 2019 y 2020, por ser los más recientes y
circunscribirse en este aspecto a la controversia planteada en la alzada, resultan
realmente relevantes para precisar si la vigilancia que ejerció la autoridad ambiental
fue adecuada, efectiva y suficiente. Por tal razón, se traerá el contenido completo
de cada una de estas pruebas y más adelante se expondrá la valoración conjunta.

Control y seguimiento a la licencia ambiental del emisario submarino en el año 2018.

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El informe de control y seguimiento del año 2018 al cumplimiento de las obligaciones
ambientales relacionadas con el Emisario Submarino de Santa Marta, efectuado por
CORPAMAG tras una visita realizada el 27 de diciembre de 2018, identificó
problemas en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), como la
presencia de olores ofensivos, falta de infraestructura de seguridad, y la necesidad
de mejorar el mantenimiento y funcionamiento de las estaciones.

Se indicaron incumplimientos respecto de los monitoreos de calidad de agua y la
falta de información sobre el tratamiento de aguas residuales y marinas.

Se efectuó énfasis en la urgencia de que la empresa ESSMAR implemente mejoras
en sus sistemas de tratamiento para mitigar la contaminación.

Además, se mencionaron resoluciones que rigen la licencia ambiental y se advirtió
que el incumplimiento podría acarrear las sanciones previstas en la Ley 1333 de
2009.

Control y seguimiento a la licencia ambiental del emisario submarino en el año 2019.

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El informe de control y seguimiento del año 2019 al cumplimiento de las obligaciones
ambientales relacionadas con el Emisario Submarino de Santa Marta, efectuado por
CORPAMAG tras una visita de campo practicada el 19 de diciembre de 2019,
expone los antecedentes administrativos del proceso de licenciamiento, muestra un
resumen de la inspección llevada a cabo en diferentes estaciones de bombeo de
aguas residuales, donde se constató la existencia de bombas y sistemas de
monitoreo, y se identificó una fuga de agua residual en la torre de carga del emisario
submarino que descargaba en el mar, requiriéndose medidas correctivas por parte
de la ESSMAR.

Luego, presenta el concepto técnico, según el cual se tomaron medidas correctivas
para cesar el vertimiento y se envió un informe a CORPAMAG. Consigna que se
programó una visita posterior (23 de diciembre de 2019) para verificar la
implementación de estas medidas, confirmando que no había vertimientos.

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Por último, de forma breve trae unas recomendaciones relacionadas con la
necesidad de fortalecer la inspección rutinaria en El Boquerón y notificar a la
autoridad ambiental sobre cualquier afectación ambiental. Además, se solicitó la
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental correspondientes.

Control y seguimiento a la licencia ambiental del emisario submarino en el año 2020.

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El informe de control y seguimiento del año 2020 al cumplimiento de las obligaciones
ambientales relacionadas con el Emisario Submarino de Santa Marta, efectuado por
CORPAMAG tras una visita de campo practicada el 25 de septiembre de 2020,
expone los antecedentes administrativos del proceso de licenciamiento, muestra un
resumen de la inspección llevada a cabo en tres (3) estaciones de bombeo de aguas
residuales: Rodadero, Manzanares y Norte, en la cual se verificó la estructura del
emisario en el sector del Boquerón. La ingeniera Carmen Joleanis Balaguera
acompañó la actividad, profesional que consignó que en la EBAR Rodadero había
una bomba en operación y otra de respaldo; que en la EBAR Manzanares operaba
una bomba y dos estaban disponibles, y que en la EBAR Norte se contaba con
cuatro bombas, de las cuales dos operaban. Señala que no se registraron
vertimientos en el Río Manzanares durante la inspección.

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Luego, presenta el concepto técnico, según el cual la información obtenida no
permite pronunciarse sobre el funcionamiento del emisario submarino, ya que la
ESSMAR no ha presentado los informes de cumplimiento ambiental solicitados.

Por ello, CORPAMAG sostiene que desconoce las condiciones de operación del
emisario y la descarga de agua en el cuerpo receptor. Con todo, recomendó a la
ESSMAR presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental y validar desde el
punto de vista jurídico el inicio de las medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009.

7.3.1.3. Del análisis de los informes de control y seguimiento realizados por la
autoridad ambiental al emisario submarino de Santa Marta en los años 2018, 2019
y 2020, se puede concluir lo siguiente:

1. Falta de precisión de los componentes del seguimiento y control, así como
evaluación integral de la estructura del emisario submarino y su relación como parte
del sistema de alcantarillado.

Los informes se centraron en la inspección física de las Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales (EBAR) y en algunos casos en el punto de descarga terrestre (El
Boquerón), pero no se realizaron inspecciones estructurales ni técnicas al tramo
sumergido del emisario (con excepción de una breve mención en 2019 23, sin
detalles verificables). No se incluyó un informe técnico detallado del estado del
emisario submarino, lo cual es una omisión crítica, ya que este es uno de los
componentes del sistema. En 2020, la misma autoridad reconoce que “no es posible
emitir un pronunciamiento de fondo” sobre el funcionamiento del emisario
submarino por falta de información.

2. Ausencia de correctivos eficaces.

23 “Una vez culminada las visitas en las estaciones de bombeo se procedió a realizar inspección a la

playa en donde se encuentra el inicio del emisario submarino, lugar conocido como El Boquerón.
Durante la visita se evidenció fuga de agua residual ocasionada por una fisura en el tubo de la torre
de carga del emisario submarino, el agua residual que salía de la fuga escurría por el sector y
descargaba directamente en el mar. Tomando en cuenta lo identificado en campo en el acta de visita
del 19 de diciembre de 2019 quedó contemplado el requerimiento relacionado con que la ESSMAR
debía tomar medidas correctivas necesarias para controlar la fuga y así evitar que el agua residual
llegara al mar”.

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Se identificaron incumplimientos reiterados por parte del operador, especialmente
la no presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) en los tres
años revisados. A pesar de la gravedad de estas omisiones, la autoridad no impuso
medidas correctivas efectivas. Eventos críticos como fugas de aguas residuales al
mar (2019) y vertimientos al Río Manzanares (2018) fueron tratados de manera
superficial, sin evidencia de evaluación ambiental del impacto ni seguimiento técnico
estructurado.

3. Insuficiencia en el monitoreo ambiental marino.

En 2018 se señala que el monitoreo de flora marina omitió variables clave como
fitoplancton, zooplancton y fauna asociada al tubo, y que no se definieron
claramente las estaciones de monitoreo. No se reportan datos detallados ni análisis
comparativos de calidad de agua marina en ninguno de los tres años. Solo se hace
referencia a resultados sin análisis integral del impacto ambiental. Se carece de
seguimiento sobre corales, pastos marinos y fanerógamas, ecosistemas sensibles
en áreas costeras.

4. Falta de acciones basadas en riesgo y prevención.

No se evidencia el uso de herramientas tecnológicas (como sensores, telemetría en
el emisario, modelación del difusor o monitoreo remoto) que son recomendadas
internacionalmente para controlar riesgos en sistemas de disposición marina. La
respuesta a contingencias fue reactiva y sin seguimiento técnico riguroso. Por
ejemplo, en 2019 se menciona una fisura con fuga al mar, pero no se presentan
resultados del impacto.

5. Desconexión con los lineamientos normativos.

No se evidencia aplicación de los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental. Las
visitas no evalúan ni reportan parámetros de coliformes fecales, ni hacen referencia
a umbrales de cumplimiento.

En suma, de los elementos probatorios obrantes en el expediente y el análisis
comparativo de los informes de control y seguimiento ambiental realizados por la
autoridad competente durante los años 2018, 2019 y 2020, la Sala concluye que el

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seguimiento efectuado a la licencia ambiental del proyecto denominado emisario
submarino de Santa Marta no fue adecuado, efectivo ni suficiente.

En efecto, los informes técnicos evidencian una limitada cobertura del componente
crítico del proyecto -el emisario submarino-, sin que se hubieran realizado
inspecciones técnicas especializadas, monitoreos completos de calidad de agua
marina o evaluaciones estructurales del sistema. A ello se agrega la reiterada
omisión del titular de la licencia en la entrega de los Informes de Cumplimiento
Ambiental, situación advertida por la propia autoridad ambiental y frente a la cual no
se activaron oportunamente las medidas eficaces de control.

De igual manera, se constata que el monitoreo de la calidad ambiental fue parcial,
sin incluir parámetros clave como fitoplancton, zooplancton o fauna asociada, ni
información técnica detallada sobre los impactos en ecosistemas marino-costeros
sensibles. Además, las contingencias ambientales identificadas, como vertimientos
directos al mar y al Río Manzanares, no fueron seguidas de acciones preventivas o
correctivas estructurales proporcionales, ni se adelantaron diagnósticos técnicos
sobre su impacto ambiental.

En consecuencia, en este aspecto el recurso de apelación no prospera.

7.3.2. Ahora tendrá que dirimirse si es competente una corporación autónoma
regional para cumplir con las órdenes judiciales previstas para realizar estudios
estacionales sobre los impactos en la salud de las personas, definiendo medidas
para la conservación de la salubridad pública.

Pues bien, del análisis de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias
de las corporaciones autónomas regionales, la Sala no encuentra que a tales
entidades les corresponda realizar un estudio que implique evaluar los efectos en la
salud pública derivados del estado de funcionamiento del emisario submarino. Ello,
considerando que la competencia de la autoridad ambiental se centra en el control
y seguimiento ambiental, sin atribuciones específicas en materia de salubridad
pública. Por esa razón, es necesario que en el cumplimiento de dicha orden
participen otras entidades con competencias especializadas.

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Así las cosas, CORPAMAG tiene razón al solicitar la participación del Distrito de
Santa Marta en la ejecución de las investigaciones de salubridad. Esta entidad, por
medio de sus distintas dependencias, como ejemplo de la Secretaría Distrital de
Salud, cuenta con los recursos técnicos en esta materia para determinar, con mayor
certeza y de forma concreta, los posibles efectos adversos del funcionamiento del
emisario submarino sobre la salud de los habitantes que frecuentan las playas
cercanas, así como los procedimientos necesarios para garantizar la protección de
los derechos colectivos.

Por lo tanto, aunque las corporaciones autónomas regionales desempeñan un papel
fundamental en la gestión ambiental regional y tienen funciones estrechamente
relacionadas con los hechos y el marco jurídico que originaron este trámite
constitucional, la ejecución de los estudios sobre los impactos del emisario
submarino en la salud pública no les compete y debe involucrar a entidades con
competencia salud pública, garantizando así una evaluación integral y precisa.

En consecuencia, la Sala modificará la parte resolutiva de la providencia recurrida
para excluir del cumplimiento de la orden relacionada con la ejecución de estudios
estacionales sobre los impactos en la salud de las personas y, en su lugar, vincular
al Distrito de Santa Marta en la obligación relacionada con el diagnóstico de
salubridad pública. Se insiste en que, a través de sus diferentes oficinas, tales como
la Secretaría Distrital de Salud, le es dable acatar la orden impartida.

Asimismo, se excluirá a la Dirección General Marítima – DIMAR – Centro de
Investigaciones Oceanográficas del Caribe, dado que dicha entidad no fue
vinculada al proceso de referencia. Imponerle obligaciones, aun cuando estén
dentro de su marco de competencias, constituiría una vulneración de los derechos
al debido proceso, defensa y contradicción.

Inconformidad de INVEMAR

7.3.3. La Sala tendrá que definir si el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras "José Benito Vives de Andreis" es competente para cumplir con las
órdenes judiciales previstas para realizar estudios estacionales sobre los impactos
ambientales del emisario submarino en los ecosistemas marinos y las posibles
afectaciones que el funcionamiento de la infraestructura para el transporte de aguas

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residuales ocasiona en la salubridad pública de los ciudadanos que visitan las
playas ubicadas en inmediaciones, definiendo medidas para la conservación de los
recursos naturales y la garantía del derecho a la salud.

7.3.3.1. Con el fin de resolver ese cuestionamiento, es pertinente aludir a las
facultades del INVEMAR:

Pues bien, el artículo 18 de la Ley 99 de 1993 es del siguiente tenor:

“Artículo 18. Del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José
Benito Vives de Andreis", INVEMAR (…) establecimiento público adscrito
mediante Decreto 1444 de 1974 al Fondo Colombiano de Investigaciones
Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS,
se denominará en adelante Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andreis", INVEMAR, cuya sede principal será la ciudad
de Santa Marta, y establecerá una sede en Coveñas, Departamento de Sucre,
y otra en la ciudad de Buenaventura, en el Litoral Pacífico. El INVEMAR se
reorganizará como una Corporación sin ánimo de lucro, de acuerdo a los
términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada
al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería
jurídica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto entidades públicas y
privadas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de carácter privado y
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales así como las
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre los
litorales y las zonas insulares.

El INVEMAR tendrá como encargo principal la investigación ambiental básica y
aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los
ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio
nacional. El INVEMAR emitirá conceptos técnicos sobre la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, y prestará asesoría y
apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las
Corporaciones Autónomas Regionales.

El Ministerio del Medio Ambiente promoverá y creará una red de centros de
investigación marina, en la que participen todas las entidades que desarrollen
actividades de investigación en los litorales colombianos, propendiendo por el
aprovechamiento racional de toda la capacidad científica de que ya dispone el
país en ese campo.

PARÁGRAFO 1. La Nación apropiará anualmente en el capítulo
correspondiente al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias
necesarios para atender los gastos de funcionamiento e inversión del
INVEMAR.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional fijará los aportes que las Corporaciones
Autónomas Regionales con jurisdicción sobre los litorales y áreas marítimas del
territorio nacional deberán hacer a la constitución del INVEMAR como
Corporación Civil.”.

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En desarrollo de esta disposición se expidió el Decreto 1276 de 199424, que en sus
artículos 1º, 2º y 3º estableció:

“Artículo 1º. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito
Vives de Andreis" (Invemar) es una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de
carácter público pero sometida a las reglas del derecho privado, vinculada al
Ministerio del Medio Ambiente con autonomía administrativa, personería jurídica
y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 29 de l990, en el
Decreto 393 de 1991, y la Ley 99 de 1993.

Artículo 2º. Objeto del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andreis" (Invemar). El Instituto (…) tendrá como
objeto:

a) Dar apoyo científico y técnico al Ministerio del Medio Ambiente, para el
cumplimiento de sus funciones;

b) Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales
renovables, del medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, con
énfasis en la investigación en aquellos sistemas con mayor diversidad y
productividad como lagunas costeras, manglares, praderas de fanerógamas,
arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y fondos sedimentarios;

c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos marinos;

d) Colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con sus pautas
y directrices, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de
investigación marina, en la que las entidades que desarrollen actividades de
investigación en los litorales y los mares colombianos, propendiendo por el
aprovechamiento racional de la capacidad científica de que dispone el país en
ese campo;

e) Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de
Investigación Ambiental en el área de su competencia;

f) Los demás que le otorgue la ley y le fije el Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 3º. Funciones. El Instituto (…) en desarrollo de su objeto cumplirá las
siguientes funciones:

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la
información básica sobre oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y
sus procesos para el conocimiento, manejo y aprovechamiento de los recursos
marinos.

(…)

3. Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la nación especialmente
en lo referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma de
decisiones de las autoridades ambientales.

4. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados
con la fijación de parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos y

24 “Por el cual se organiza y reestructura el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José

Benito Vives de Andreis (INVEMAR)".”.

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demás factores de deterioro ambiental que puedan afectar el medio ambiente
marino, costero e insular o sus recursos naturales renovables.

5. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar al Ideam en el manejo de
la información necesaria para el establecimiento de políticas, planes, programas
y proyectos así como de indicadores y modelos predictivos sobre el
comportamiento de la naturaleza y sus procesos.

6. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos marinos y
costeros, de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le fije el
Ministerio del Medio Ambiente y suministrar oportunamente la información que
éste, el Ideam o las Corporaciones requieran y la que se determine como
necesaria para la comunidad, las instituciones y el sector productivo.

(…)

9. Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la
coordinación intersectorial para el manejo de la información para el
establecimiento de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones entre
los diferentes sectores económicos y sociales y los ecosistemas marinos y
costeros y sus procesos y recursos.

(…)

11. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones y los
grandes centros urbanos, en la definición de las variables que deban ser
contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o
actividades que afecten el mar, las costas y sus recursos.

12. Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas
actividades que le fije el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la
política ambiental internacional.

(…)

15. Investigar y proponer modelos alternos de desarrollo sostenible para el
medio ambiente marino y costero.

16. Producir de acuerdo con las pautas que le fije el Ministerio del Medio
Ambiente un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente
marino y costero.

17. Prestar asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades
territoriales y a las Corporaciones.

18. Colaborar con la Comisión Colombiana de Oceanografía y con el Consejo
del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar en el desarrollo de sus
actividades.

(…)

21. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de lucro,
para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas en la ley, en el
presente Decreto y en las normas complementarias.”. (Subrayas de la Sala).

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En tal contexto, la Sala considera que INVEMAR es competente para realizar
estudios sobre los impactos ambientales del emisario submarino en los ecosistemas
marinos, pero carece de atribuciones específicas en materia de salud pública.

Según el artículo 18 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 2º y 3º del Decreto 1276
de 1994, INVEMAR tiene como función principal la investigación ambiental básica y
aplicada de los recursos naturales marinos y costeros, así como la emisión de
conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de estos
recursos.

Además, presta asesoría y apoyo científico y técnico al ministerio, a las entidades
territoriales y a las corporaciones autónomas regionales. El Decreto 1276 de 1994
refuerza estas funciones al establecer que el instituto debe realizar investigaciones
sobre emisiones contaminantes, vertimientos y otros factores de deterioro ambiental
que afecten el medio marino, costero e insular. También se le asigna la
responsabilidad de efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la Nación,
en especial en lo referente a su contaminación y degradación, para la toma de
decisiones de las autoridades ambientales.

Sin embargo, sus competencias no incluyen la evaluación de impactos en la salud
humana. Las disposiciones mencionadas no contemplan atribuciones específicas
para la realización de estudios epidemiológicos ni para la determinación de efectos
en la salud de las personas.

En consecuencia, INVEMAR debe cumplir con la orden judicial en lo relativo a la
evaluación de los impactos ambientales en los ecosistemas marinos. No obstante,
en lo que respecta al análisis de las posibles afectaciones en la salud de los
ciudadanos que utilizan las playas vecinas al emisario submarino, carece de
competencias legales y reglamentarias que hagan obligatoria su participación.

En consecuencia, la Sala modificará la parte resolutiva de la providencia recurrida
para excluir a la entidad recurrente de la obligación relacionada con el diagnóstico
de salubridad pública.

Inconformidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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7.3.4. La Sala tendrá que definir si es competente el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos para evaluar el funcionamiento
del emisario submarino y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
de la correspondiente licencia ambiental, identificar los impactos ambientales en los
ecosistemas marinos, y determinar las acciones de conservación de los recursos
naturales; además, analizar los posibles efectos en la salud pública y proponer
medidas para garantizar la salubridad.

7.3.4.1. La Sala entiende que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, y se
encarga de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

Así, las funciones de este Ministerio se relacionan de manera directa con el
establecimiento de políticas para la conservación o recuperación del medio
ambiente, presupuesto que, si bien podría redundar en la protección de los derechos
colectivos invocados por la parte actora, lo cierto es que, en principio, no muestra
una conexión de facultades específicas que lo comprometan con la situación fáctica
y jurídica discutida en el presente trámite, lo cual se constata al revisar, como de
forma previa quedó sentado en la actual providencia, las funciones de CORPAMAG
e INVEMAR, entidades accionadas y llamadas a cumplir con los mandatos del juez
popular de primera instancia.

Según el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 3570 de 2011,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la responsabilidad de
formular políticas nacionales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, regular condiciones generales para el saneamiento ambiental
y coordinar la gestión ambiental en el país.

Aunque estas funciones incluyen la regulación y coordinación en materia ambiental,
cuando se trata de la ejecución directa de estudios técnicos y científicos concretos,
como la evaluación del estado de funcionamiento de infraestructuras, por ejemplo,
de un emisario submarino, corresponde a las autoridades ambientales regionales o

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locales, o a las entidades responsables de la operación de las redes de tuberías
que transportan las aguas residuales. Así mismo, la recurrente no debe ejercer
control y seguimiento a los actos administrativos que conforman la licencia
ambiental otorgada para la construcción y operación del emisario submarino. Mucho
menos se puede entender que le incumba elaborar un análisis que precise las
eventuales afectaciones ocasionadas al ecosistema marino y a la población que
utiliza las playas cercanas al lugar en donde se sitúan las redes de tuberías
ampliamente citadas.

Si bien la función prevista en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993,
potestad reiterada en el numeral 10 del artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, la
cartera ministerial tiene la facultad de intervenir en casos donde se identifiquen
riesgos significativos para el medio ambiente o la salud pública, de realizar la
evaluación y el control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro
ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de
desarrollo, y de ordenar la suspensión de trabajos o actividades cuando sea
necesario, lo cierto es que las órdenes impuestas por el Tribunal escapan de la
lógica de esta competencia, comoquiera que desconocen el componente
discrecional y selectivo del rol.

Además, como lo ha explicado la Corte Constitucional, dicha facultad se ejerce en
virtud de la suprema dirección de la política ambiental a cargo de “las autoridades
administrativas del orden nacional [que] apareja las funciones de control y vigilancia
de los organismos que tienen a su cargo la ejecución local de dicha política”25.

En efecto, en la sentencia C-570 de 2012 la Corte precisó:

“La prevención y control de los factores de deterioro ambiental es un
compromiso y una responsabilidad de todas las autoridades del Estado y, por
tanto, un interés que rebasa las fronteras locales y regionales, incluso las
nacionales. La entidad de este interés hace indispensable el trabajo
mancomunado y coordinado de todas las autoridades del Estado; esta razón
llevó a la creación del SINA en 1993 y justifica la existencia de un ente
articulador y regulador central - el Ministerio de Ambiente - encargado de emitir
regulaciones, definir la política ambiental y de desarrollo sostenible a nivel
nacional –con participación de otros órganos del sistema y de la comunidad,
vigilar su implementación, evaluar sus resultados y generar conocimiento
técnico que sirva para retroalimentar el diseño de la política.

25 C-462 de 2008.

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Dentro de este diseño institucional que ha avalado la jurisprudencia
constitucional y en vista de la entidad del interés en juego, se justifica que el
Ministerio tenga a su disposición herramientas como la evaluación y control
preventivo, y la inspección y vigilancia de los órganos del SINA, incluidas las
corporaciones autónomas regionales, con el fin de verificar la implementación
de la política y evaluar sus resultados. Como a continuación se examinará, se
trata de herramientas de control leve que en ningún caso autorizan al Ministerio
a variar las decisiones de las corporaciones, sino que sirven para establecer un
dialogo con éstas y las autoridades de control.”

Esto significa que, aunque el Ministerio ejerce inspección y vigilancia sobre las
corporaciones autónomas regionales en materia de política ambiental para verificar
su implementación y evaluar sus resultados, ello no implica que deba asumir
funciones que les son propias, como el examen del cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias en seguimiento a las licencias ambientales concedidas.

En consecuencia, el recurso de apelación tiene vocación de prosperidad. Por ende,
la Sala ajustará la parte resolutiva de la sentencia del 24 de enero de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, para declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y excluir a la entidad del cumplimiento de las
obligaciones impartidas en el fallo objeto de la alzada.

Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1º y 8º
del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la providencia recurrida, la cual
quedará de la siguiente forma:

PRIMERO: DECLARAR no probado el medio exceptivo de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesto por el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR-, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO, el DISTRITO DE SANTA MARTA, la EMPRESA DE

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SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR
E.S.P., la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA –
CORPAMAG y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA
SOTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probado el medio exceptivo de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesto por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.

TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de
los habitantes del Distrito de Santa Marta, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente proveído.

CUARTO: En aras de garantizar la cesación de la amenaza de los derechos
colectivos mencionados, se ORDENA a la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA a que, dentro del término de un (1) año contado
a partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar los estudios
técnicos pertinentes para verificar: (i) el estado de funcionamiento del emisario
submarino de la ciudad de Santa Marta, para lo cual solicitará el apoyo técnico
y científico del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
– INVEMAR, y (ii) el cumplimiento de todas las exigencias y condiciones
contempladas en las Resoluciones No. 0242 de fecha seis (6) de abril de mil
novecientos noventa y nueve (1999), y 333 del veintitrés (23) de noviembre de
dos mil once (2011).

En caso de advertir falencias técnicas, inadecuadas condiciones de
funcionamiento del emisario submarino o incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la licencia ambiental, que permitan comprobar la presencia de
contaminación en el medio marino que amenacen o transgredan el goce del
derecho colectivo a un ambiente sano, la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA deberá proceder a diseñar las medidas
necesarias para garantizar la conservación de los recursos naturales y el
correcto funcionamiento del emisario submarino de la ciudad de Santa Marta,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la realización de los estudios
ordenados en esta providencia. Tales medidas incluyen la determinación
precisa de las obras que deben ejecutar la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P y el
DISTRITO DE SANTA MARTA, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, como responsables del sistema de
acueducto y alcantarillado de la ciudad, que comprende el emisario submarino,
para garantizar la protección del derecho al goce de un ambiente sano y el
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. La ejecución de las
medidas diseñadas deberá desarrollarse en un tiempo breve que consulte los
procedimientos que se requieran, de acuerdo con el plan respectivo, que será
determinado por el Comité de Verificación; para estos efectos, una vez se tenga
el diseño respectivo, el magistrado que preside el comité citará a reunión. Si el
mismo no se pone de acuerdo en la reunión que se convoque con tal fin, los
plazos de ejecución serán establecidos por el magistrado que preside el Comité.

Así mismo, se ORDENA a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL
MAGDALENA que, dentro del término de doce (12) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia, proceda a realizar, conjuntamente con el
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR, un
estudio en cada estación climática del año que permita establecer las posibles
afecciones ambientales a los ecosistemas marinos derivadas del
funcionamiento del emisario submarino en la ciudad de Santa Marta,
estableciendo de manera exacta las actividades u obras que deben realizar la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA –

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ESSMAR E.S.P y el DISTRITO DE SANTA MARTA para garantizar la
conservación de los recursos naturales que puedan verse afectados con el
funcionamiento del emisario submarino.

Del mismo modo, el DISTRITO DE SANTA MARTA, por medio de la Secretaria
de Salud, dentro del término de doce (12) meses siguientes a la notificación de
esta sentencia, deberá realizar un estudio en cada estación climática del año
que permita establecer las posibles afecciones en la salud de las personas que
hacen uso de los balnearios y playas adyacentes a las zonas del funcionamiento
del emisario submarino en la ciudad de Santa Marta, delimitando de forma
concreta las actividades u obras que debe realizar, con la concurrencia de la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA –
ESSMAR E.S.P., para garantizar la conservación de la salubridad y para evitar
la proliferación de enfermedades, en caso de que sea necesario.

Los hallazgos encontrados en los estudios de las posibles afectaciones
ambientales a los ecosistemas marinos y a la salubridad pública, derivadas del
funcionamiento del emisario submarino, se pondrán en conocimiento del
DISTRITO DE SANTA MARTA y de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P., para que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procedan a
realizar las actuaciones y actividades necesarias para superar la problemática
de la presente acción popular.

QUINTO: Se ordena a la empresa de servicios públicos domiciliarios ESSMAR
S.A. E.S.P., al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
– INVEMAR y al DISTRITO DE SANTA MARTA que, conforme a sus
competencias, brinden apoyo técnico, documental y logístico para la ejecución
de lo aquí dispuesto.

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos incoado por los señores DENYS AMALFI
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y JOSE LUIS CANTILLO QUIROGA contra la
NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, el
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, el DISTRITO DE
SANTA MARTA, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA
• ESSMAR – y la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
E.S.P. – VEOLIA, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

SÉPTIMO: CONFORMAR un comité de verificación integrado por el extremo
accionante, el alcalde del Distrito de Santa Marta, el Representante Legal de
ESSMAR S.A. E.S.P., el director de la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Procurador delegado
para Asuntos Ambientales, el representante legal del Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR-, o sus delegados con poder
suficiente para comprometer, y el Magistrado Ponente de la primera instancia,
quien la presidirá. El Comité se reunirá periódicamente según las necesidades,
ya sea a solicitud del Magistrado Ponente o de las partes, previa citación por el
medio más eficaz.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión impugnada.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 29 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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