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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00027-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00027-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- Sin costas en las dos instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00027-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicado : 47001-23-33-000-2019-00027-01
Número interno : 3311-2020
Actor : Petra Hortensia García Linero
Demandado : Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Secretaría de
Educación del distrito de Santa Marta
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho-
Ley 1437 de 2011
Asunto : Indemnización sustitutiva de docente con pensión de
invalidez

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 13 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Demanda
1.1. Pretensiones

La señora Petra Hortensia García Linero, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo de la Secretaría de Educación de Santa Marta ante la petición que radicó el 5 de diciembre de 2017, que le negó el reconocimiento y pago de una indemnización por enfermedad profesional.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene al demandado: (i) pagar una indemnización por enfermedad profesional, por la pérdida de su capacidad laboral en un 96%, debidamente indexada, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002 y el artículo 37 de la Ley 100 de 1993; (ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 193 y 195 del CPACA; (iii) pagar costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

La señora Petra Hortensia García Linero se vinculó como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Santa Marta el 9 de octubre de 1981. Mediante Resolución núm. 1055 del 7 de octubre de 2016, le fue reconocida una pensión de invalidez, a partir del 20 de septiembre de 2016.

El 31 de agosto de 2016 fue retirada del servicio como consecuencia de una enfermedad de origen profesional. De modo que, el 5 de diciembre de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, ante la Secretaría de Educación del distrito de Santa Marta; sin embargo, de esta petición no recibió respuesta alguna.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 2, 25, 52 y 228.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 37 y 279.
De la Ley 776 de 2002, el artículo 15.
La Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de la violación la parte actora alegó que le asiste el derecho al reconocimiento de una indemnización sustitutiva por enfermedad profesional, regulada en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002 y en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que perdió el 96% de su capacidad laboral con ocasión a las labores que realizó como docente.

2. Contestación de la demanda

La parte demandada no allegó escrito de contestación.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

Explicó que a la señora García Linero no le es aplicable la regla establecida en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, toda vez que para ser beneficiaria de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, la persona debe encontrarse afiliada al régimen solidario de prima media con prestación definida.

Sin embargo, la actora no es beneficiaria de dicho régimen, toda vez que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de modo que le resultan aplicables las disposiciones de la Ley 91 de 1989, que remite, en cuanto a invalidez, a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Agregó que tampoco es posible aplicar en el caso concreto la Ley 100 de 1993 por favorabilidad, puesto que para los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 es incompatible la pensión de invalidez con la pensión de jubilación o la de retiro por vejez, en consecuencia, la indemnización sustitutiva corre la misma suerte. Lo anterior, en la medida en que estas prestaciones tienen origen en una relación laboral y están condicionadas a los aportes que el afiliado haga a seguridad social, por lo que su reconocimiento es incompatible.

Apuntó que la indemnización por enfermedad profesional tampoco está llamada a prosperar porque la contingencia ya fue cubierta con la pensión de invalidez.

4. Recurso de apelación

4.1. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia apelada.

Destacó que, en virtud del principio de favorabilidad, es posible que se le permita acceder a la indemnización sustitutiva por enfermedad de origen profesional, como consecuencia del desarrollo de sus labores como docente, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002.

Destacó que la indemnización sustitutiva es compatible con la pensión de invalidez, pues realizó cotizaciones simultáneas para salud y pensión ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

5. Alegatos de conclusión

5.1. La Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio alegó que la prestación exigida está prevista únicamente para los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, que no le es aplicable a la docente, en la medida en que se vinculó al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Además, las disposiciones que regularon su pensión de invalidez no tienen como base la Ley 776 de 2002, sino los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si revoca la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se determinará si a la docente Petra Hortensia García Linero le asiste el derecho al reconocimiento de una indemnización sustitutiva en los términos del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, como consecuencia de la enfermedad profesional que conllevó a su retiro y posterior reconocimiento de una pensión de invalidez.

Con el fin de resolver el problema planteado, la Sala analizará: (i) hechos probados y (ii) caso concreto.

4. Hechos probados

-La señora Petra Hortensia García Linero nació el 30 de marzo de 1952.

-Prestó sus servicios como docente oficial en la Secretaría de Educación de Santa Marta, del 9 de octubre de 1981 hasta el 31 de agosto de 2016, según se observa en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fecha de 12 de mayo de 2017.

• De acuerdo con la Resolución núm. 00556 del 27 de noviembre de 2007, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el distrito de Santa Marta reconocieron a favor de la demandante una pensión mensual vitalicia de jubilación, efectiva a partir del 1 de abril de 2007, por la suma de $1.166.099.

• Mediante Resolución núm. 0730 del 12 de agosto de 2016, la Secretaría de Educación de Santa Marta retiró del servicio a la señora Petra Hortensia García Linero, por la pérdida de su capacidad laboral en un 96%, a partir del 31 de agosto de 2016.

-A través de Resolución núm. 1055 del 7 de octubre de 2016, la Secretaría de Educación de Santa Marta dejó sin efectos la Resolución núm. 00556 del 27 de noviembre de 2007, por medio de la cual se le reconoció una pensión vitalicia de jubilación y, por favorabilidad, se le concedió una pensión de invalidez, por valor de $3.225.435, efectiva a partir del 20 de septiembre de 2016.

-Según el dictamen para la calificación de pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez del 20 de noviembre de 2015, la demandante padece: “disfonía crónica (enfermedad profesional) 55%, hipoacusia neurosensorial moderada bilateral, diabetes mellitus insulino dependiente, hipertensión arterial”, lo que conllevó a la disminución de la capacidad laboral permanente total en un 96%, de origen profesional.

Actuación administrativa

• Mediante petición radicada el 5 de diciembre de 2017, la señora Petra Hortensia García Linero solicitó ante la Secretaría de Educación de Santa Marta y el Fomag, el reconocimiento y pago de “la indemnización por enfermedad profesional”, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 15 de la Ley 776 de 2002. Sin embargo, en el plenario no obra respuesta alguna por parte de la entidad.

6. Caso concreto

La señora Petra Hortensia García Linero, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo de la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, en representación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que le negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva por enfermedad profesional, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002.

En este punto, debe señalarse, que si bien la accionante en la petición inicial que elevó el 5 de diciembre de 2017 indicó que solicitaba el reconocimiento y pago de una “indemnización por enfermedad profesional”, lo cierto es que en los fundamentos de la petición hizo precisión en que la indemnización a la que se refería era la sustitutiva prevista en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002 y en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, de dicha solicitud no obtuvo respuesta por parte del accionado.

El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, por considerar que a la actora no le son aplicables los artículos 15 de la Ley 776 de 2002 y 37 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que no se encuentra afiliada al régimen de prima media con prestación definida, por haberse vinculado al servicio docente con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Señaló que las disposiciones que regulan la situación jurídica de la demandante son los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, los cuales no prevén la compatibilidad entre una pensión de invalidez y la de retiro por vejez, por ello, la indemnización sustitutiva sigue la misma suerte.

La parte demandante recurrió dicha decisión alegando que, en virtud del principio de favorabilidad, tiene derecho al pago de la indemnización sustitutiva por enfermedad de origen profesional, como consecuencia del desarrollo de sus labores como docente, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, pues realizó cotizaciones simultáneas para riesgos laborales y pensión. Además, alegó que la indemnización sustitutiva es compatible con la pensión de invalidez.

Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala precisa que los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, son destinatarios de la normativa pensional de los empleados del orden nacional, por la remisión prevista en la Ley 91 de 1989.

En este orden de ideas, el régimen aplicable a la actora en lo concerniente a la invalidez surgida con ocasión de la actividad profesional, es el previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en virtud de su vinculación, el 9 de octubre de 1981. Y, la cobertura de los riesgos laborales de los docentes, se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que encauzan una serie prestaciones e indemnizaciones destinadas al amparo frente a la pérdida de su capacidad laboral.

Aclarado lo anterior, y con el objeto de desatar lo alegado por la parte accionante, se tiene que la Ley 100 de 1993 regula la indemnización sustitutiva, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.

A su turno, la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales” dispone que todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley.

La citada ley en el artículo 15 regula que además de la pensión de invalidez, procede el reconocimiento de una indemnización sustitutiva para el afiliado al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, cuando se invalide como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En efecto, la norma dispone:

“ARTÍCULO 15. DEVOLUCIÓN DE SALDOS E INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA. Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá, reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios:

a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional;

b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

PARÁGRAFO. Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro individual, los bonos pensionales, en desarrollo del artículo 139, numeral 5, de la Ley 100 de 1993, se redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la muerte de origen profesional”.

Sobre el particular, es menester precisar que en el régimen general la entidad responsable de la pensión de invalidez depende del origen de la enfermedad o del accidente de trabajo; pues bien, en cuanto a la pensión de invalidez generada por una enfermedad profesional o accidente laboral, el sistema general de riesgos laborales dispone que la responsabilidad de tal prestación le compete a la administradora de riesgos laborales (ARL) a la cual se encuentre afiliado el trabajador, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1295 de 1994 y en la Ley 776 de 2002.

Por otro lado, en el régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS cuando un afiliado al fondo de riesgos laborales adquiera el derecho a la pensión de invalidez por enfermedad profesional o accidente laboral, adicionalmente procede la devolución de sus aportes, mientras que en el régimen de prima media con prestación definida se remite a la indemnización sustitutiva del artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, para aquellos docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el reconocimiento de las pensiones de invalidez de origen profesional y jubilación se encuentran en cabeza de esa misma entidad, para lo cual, la Ley 91 de 1989, estableció en su artículo 8 un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como empleadora y de los docentes como trabajadores, que constituyen los recursos con los que se financia dicho fondo, de modo que mal podría ordenarse el pago de la indemnización sustitutiva con la misma fuente que se está financiando la pensión de invalidez que ahora disfruta la demandante.

Sobre el particular, esta Sala, en sentencia del 16 de junio de 2022, señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales es la entidad encargada de asumir el pago de las prestaciones derivadas de los riesgos profesionales de los docentes, en los siguientes términos:

“En esa medida, se precisa entonces que es el mismo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio quien asume el pago de las prestaciones derivadas del Sistema General de Riesgos Profesionales a los maestros que así lo acrediten.

De modo que, en el sub lite, la Sala encuentra que, aunque la accionante alega que no existe incompatibilidad entre la pensión de vejez e invalidez en su caso particular, lo cierto es que la fuente de financiación de las prestaciones aludidas sería la misma en el asunto de marras si se tiene en cuenta que al margen de tratarse de prestaciones contempladas en regímenes disímiles, la asunción del pago estaría prevista a cargo de dos entidades de derecho público tales como Colpensiones y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien, como se dijo anteriormente, se encarga directamente de las prestaciones derivadas de contingencias en riegos laborales

(…) Aunque ambas prestaciones buscan salvaguardar las contingencias a que se puede ver sometido un trabajador, relacionadas con la afectación a su salud o por el simple paso del tiempo, amparando diversos eventos dentro de la cobertura integral, lo cierto es que provienen de los aportes pensionales efectuados al sistema general de seguridad social; por lo que si se opta por alguna, ello implica la incompatibilidad e imposibilidad de acceder a la otra.”.

En vista de lo expuesto, en el caso concreto se observa que la contingencia por enfermedad profesional de la demandante ya se encuentra cubierta por la pensión de invalidez que actualmente devenga, de suerte que no es posible que la misma entidad que reconoció dicha prestación, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, proceda a pagar a su vez una indemnización sustitutiva.

Ahora bien, en cuanto al régimen aplicable a la demandante, el artículo 14 del Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacionai de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, señaló como prestaciones a cargo de las entidades de previsión las siguientes:

“ARTÍCULO 14.-Prestaciones a cargo de las entidades de previsión. La entidad de previsión social a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador, efectuará el reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:

1. A los empleados públicos y trabajadores oficiales:

a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;
b) Servicio odontológico;
c) Auxilio por enfermedad no profesional;
d) Auxilio de maternidad;
e) Indemnización por accidente de trabajo;
f) Indemnización por enfermedad profesional;
g) Pensión de invalidez;
h) Pensión vitalicia de jubilación y vejez;
i) Pensión de retiro por vejez;
j) Seguro por muerte.

2. A los pensionados por invalidez, jubilación o vejez y retiro por vejez:
a) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria;
b) Auxilio funerario, y
c) Sustitución de la pensión a beneficiarios del pensionado fallecido, en los términos que adelante se establecen”. (Negrilla fuera de texto)

Como se observa, la citada norma no contempla prestación alguna relacionada con la indemnización sustitutiva cuando el afiliado se pensiona por invalidez, independientemente de su origen. Del mismo modo, el Decreto 1848 de 1969, tampoco contempló alguna disposición similar, sino únicamente en su artículo 27 estableció que como consecuencia de una enfermedad no profesional, profesional o de accidente de trabajo, el empleado oficial quedare totalmente inhabilitado para desempeñar la labor que constituía su actividad habitual ordinaria o la profesional a que se dedicaba, tendrá derecho a la pensión de invalidez.

Así entonces, debe decirse que al analizar las normas aplicables a la docente, se advierte que los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, no prevén la indemnización sustitutiva en los términos pedidos por la demandante. En ese sentido, lo pretendido consiste en el reconocimiento de un emolumento contemplado en la Ley 776 de 2002, que remite al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, norma que hace parte del Sistema General de Seguridad Social, del que se encuentra excluida la accionante, de acuerdo con el artículo 279 ibídem.

Por las anteriores consideraciones, para la Sala se impone la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

Finalmente, sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite de esta instancia no se observa de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.

DECISIÓN

Hechas estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Sin costas en las dos instancias.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa (Firmado electrónicamente)

Folios 154 a 160.
Folios 167 a 170.
Memorial electrónico visible en Índice 12 en la Plataforma SAMAI.
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425" \l "615" Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Cédula de ciudadanía visible en folio 2.
Folio 3.
Folios 113 a 114.
Folios 7 a 8.
Folios 9 a 12.
Folios 4 a 5.
Folios 15 a 17.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicado: 25000- 23-42-000-2016-04963-01 (5248-2019), con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Número Interno: 3311-20
Demandante: Petra Hortencia García Linero
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

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