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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00057-02

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00057-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 7 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, en la cual se declaró probada la excepción de caducidad. En su lugar, DECLARAR la indebida escogencia de la acción respecto del daño derivado de la imposibilidad de disponer del bien inmueble por el incumplimiento del contrato y NEGAR las pretensiones de la demanda por el daño derivado de la imposibilidad de ejercer la posesión con posterioridad a la resolución del contrato. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de costas y agencias en derecho de segunda instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2019-00057-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de abril de 2026.

Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa – Daño derivado de inscripción de compraventa en matrícula
inmobiliaria – Resolución de contrato de compraventa.

Síntesis del caso: La parte actora pretende la reparación del daño que le fue causado por
la imposibilidad de disponer de su bien inmueble durante más de veinte años, tiempo en el
cual estuvo vigente la inscripción de una compraventa realizada por el INCORA. Tras un
proceso judicial, se ordenó la resolución del contrato y la cancelación de la respectiva
anotación del folio de matrícula inmobiliaria.

Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 7 de abril de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Magdalena, en la cual se declaró probada la
excepción de caducidad.1

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Trámite relevante en primera
instancia, 1.3. Posición de la parte demandada, 1.4. Sentencia de primera instancia, 1.5.
Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de febrero de 2019, Cayetano Antonio Castro Alfaro presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia
Nacional de Tierras y Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de
que se accediera a las siguientes pretensiones (se trascribe):

1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer
el proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
2 Folios 3 al 36 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
____________________________________________________________________________________________________________
“1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION,
representada en su momento por el INCORA, quien fue liquidado, sustituido por
el INCODER, el cual también fue liquidado y reemplazado por la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, adscrita al MINISTERIO DE AGRICULTURA, y se les condene
a pagar a favor del señor CAYETANO ANTONIO CASTRO, como víctima directa
del daño, DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($248.230.750.oo), como daño emergente,
dado que se conoce el valor exacto del dinero contratado por el precio del
inmueble, tal y como consta en la escritura pública 841 de la Notaría Única de
Plato (…) la cual estuvo inscrita desde el 23 de diciembre de 1992 hasta el 19 de
enero de 2017 en el folio de matrícula 226-19434 de la Oficina de Registro de
Instrumentos públicos de Plato.
2. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION,
representada en su momento por el INCORA, quien fue liquidado, sustituido por
el INCODER, el cual también fue liquidado y reemplazado por la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, adscrita al MINISTERIO DE AGRICULTURA y se le condene a
pagar a favor del señor CAYETANO ANTONIO CASTRO, el 80% de la actualización
monetaria de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el año 1992
hasta este momento de la presentación de la demanda, en armonía con lo
estipulado en el contrato en donde se pactó el 80% del IPC, sobre el valor del
contrato, de acuerdo con la relación adjunta, que arroja la suma de UN MIL
DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS M.L. ($1.206.086.429.oo)
3. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION,
representada en su momento por el INCORA, quien fue liquidado, sustituido por
el INCODER, el cual también fue liquidado y reemplazado por la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, adscrita al MINISTERIO DE AGRICULTURA, y se le condene
a pagar a favor del señor CAYETANO ANTONIO CASTRO, la indemnización por los
perjuicios materiales, por lucro cesante consolidado, teniendo en cuenta para
ello las sumas de dinero que el actor ha dejado de percibir como consecuencia
del hecho dañino desde el día 23 de diciembre de 1992 y hasta la fecha de
presentación de la demanda y de allí en adelante hasta la fecha de la ejecutoria
de la sentencia, en consideración, además, que a partir de esa fecha el bien se
convirtió en un bien fiscal de la Nación, que le impidió el derecho de percibir las
utilidades por la explotación en ganadería, productos lácteos, que extraía de las
295 semovientes y que explotaba en actividad agrícola sobre 30 hectáreas, en
cultivos de yuca, maíz, y otros (…) en donde las utilidades netas mensuales eran
de QUINCE MILLONES DE PESOS M.L., anualmente CIENTO OCHENTA MILLONES DE
PESOS, multiplicado por 26 años, arroja al suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA MILLONES M.M. ($4.680.000.oo)(…)”.

2. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, se refirieron los
siguientes hechos:

3. El 4 de junio de 1991, Cayetano Antonio Castro Alfaro realizó una oferta
al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (en adelante INCORA) del
inmueble rural de su propiedad “Nevada y Consuelo”, el cual tenía 940
hectáreas y 100 metros cuadrados, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 226-19434 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato
(Magdalena), con el fin de que el instituto lo adquiriera y lo adjudicara a
campesinos de la región.

4. El 4 de septiembre de 1991, el INCORA realizó inspección física del
inmueble; el 18 de junio de 1992, realizó estudio de títulos; el 28 de octubre
de 1992, realizó una revisión previa al avalúo del Instituto Geográfico Agustín

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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Codazzi. En estas diligencias, advirtió la presencia de personas ocupantes
de una parte del predio, a quienes el mismo instituto les había adjudicado
lotes, con anterioridad. Finalmente, el 10 de noviembre de 1992, aprobó la
compra del inmueble.

5. El 14 de diciembre de 1992, Cayetano Antonio Castro Alfaro y el INCORA
suscribieron contrato de compraventa del inmueble, protocolizado en la
escritura pública No. 841, en el que pactaron el precio de $248.230.750, el
cual debía cancelarse mediante bonos de deuda pública anuales, por
cinco años. Es decir, el pago debía completarse a más tardar en 1997. Por
otro lado, la entrega del inmueble debía realizarse diez días después de la
firma, esto es, el 24 de diciembre de 1992.

6. El 23 de diciembre de 1992, el vendedor hizo entrega del inmueble al
INCORA. Ese mismo día, realizó la inscripción de la compraventa en el folio
de matrícula inmobiliaria, de modo que, a partir de esa fecha, el instituto
figuró como titular del derecho de dominio del bien inmueble. En
consecuencia, la Superintendencia de Notariado y Registro registró el bien
como fiscal.

7. Tiempo después, Cayetano Antonio Castro Alfaro exigió el pago del
precio al INCORA. No obstante, mediante oficio de 11 de enero de 1994, el
instituto se negó a pagar, ya que el vendedor no había cumplido con su
obligación de entregar el inmueble saneado y libre de perturbaciones,
teniendo en cuenta que allí se encontraban personas con títulos de
propiedad válidos.

8. El 17 de enero de 1995, el INCORA presentó demanda, en ejercicio de la
acción contractual, en contra de Cayetano Antonio Castro Alfaro, en la que
solicitó la resolución del contrato de compraventa. El demandado, a su vez,
presentó demanda de reconvención. El proceso se adelantó bajo el
radicado 47001233100019950398001.

9. El 15 de febrero de 2006, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió
Sentencia de primera instancia en la que declaró la resolución del contrato,
por incumplimiento de Cayetano Antonio Castro Alfaro, por entregar el bien
parcialmente ocupado. El demandado apeló la providencia. El 1 de agosto
de 2016, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
Sentencia de segunda instancia que modificó la decisión. Consideró que el
INCORA no podía exigir el cumplimiento del contrato cuando no había
cumplido su obligación de pago, además, porque tenía conocimiento de
las perturbaciones alegadas antes de la firma de la compraventa. Así,
declaró la resolución del contrato, por incumplimiento de ambas partes, y
ordenó la cancelación de la anotación del negocio jurídico del folio de
matrícula inmobiliaria.

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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10. El 19 de enero de 2017, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
canceló la referida anotación.

11. El demandante alega que el contrato de compraventa y la inscripción
de la anotación respectiva en el folio de matrícula inmobiliaria le causaron
un daño consistente en la imposibilidad de ejercer su derecho de propiedad
y usufructuar su bien durante el tiempo que tardó en resolverse la
controversia, esto es, veinticuatro años y veinticinco días, e incluso de
manera posterior, ya que, pese a la cancelación de la anotación, a la fecha
de la presentación de la demanda, el predio no le había sido devuelto
debido a la presencia de poseedores. Indicó que se trató de un daño
continuado, toda vez que desde 1992 hasta 2017 se mantuvo vigente en el
tiempo la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria que acreditaba al
INCORA como propietario e impedía al demandante disponer de su bien.

1.2. Trámite relevante en primera instancia

12. El 1 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Magdalena rechazó
la demanda, por considerar que la controversia planteada en este proceso
había sido resuelta en el proceso de controversias contractuales en el que
el INCORA demandó a Cayetano Antonio Castro Alfaro, y este, a su vez,
demandó a aquella en reconvención3. La parte actora presentó recurso de
apelación en contra de esa decisión. En Auto de 24 de julio de 2019, este
despacho revocó la providencia del tribunal, por encontrar que entre los
procesos en cuestión no existía identidad de partes, tampoco identidad de
hechos, ni identidad pretensiones, de manera que no se encontraba
configurada la figura de cosa juzgada4.

1.3. Posición de la parte demandada

13. La Agencia Nacional de Tierras contestó la demanda5. Alegó que la
acción se encontraba caducada, toda vez que el término debía
contabilizarse desde la fecha en que se notificó la Sentencia de segunda
instancia proferida en el proceso contractual, toda vez que en ese
momento el demandante se enteró de la resolución del contrato, de que
no se le pagaría el valor pactado ni se accedería a sus pretensiones de la
demanda de reconvención. De manera que el término oportuno se
extendió desde el 19 de octubre de 2016 hasta el 19 de octubre de 2018, no
obstante, la demanda fue presentada el 13 de febrero de 2019, esto es, de
manera extemporánea. También propuso la excepción de cosa juzgada,

3 Folios 1215 al 1218 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del
expediente digital.
4 Folios 1261 al 1279 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.
5 Folios 1343 al 1367 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.

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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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toda vez que las pretensiones de este proceso estaban encaminadas a
obtener las solicitudes negadas en el proceso de reconvención.

14. En todo caso, se opuso al pago del valor del inmueble, ya que la
resolución del contrato extinguió las obligaciones de ambas partes. También
se opuso al reconocimiento de perjuicios materiales, toda vez que no fueron
causados por el INCODER, quien nunca tuvo la tenencia ni posesión del
inmueble. Finalmente, adujo que el demandante no podía sacar provecho
de su propia culpa, pues tenía conocimiento de que el predio objeto de la
compraventa se encontraba ocupado por varias personas, y aun así se
obligó a entregarlo libre de cualquier perturbación, por lo que los perjuicios
que derivaron de su negligente actuar debían ser asumidos por él mismo.

15. La Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda6.
Refirió que la entidad no participó en los hechos constitutivos del daño
alegado. Explicó que el registro, por sí solo, no confiere derechos ni modifica
situaciones jurídicas, pues estas nacen de los actos y contratos celebrados
por los particulares, y la entidad no tenía el deber de revisar la legitimidad o
legalidad de esas actuaciones. Indicó que no existió falla en servicio, toda
vez que al momento de la inscripción no existía razón legal para que la
entidad se negara a realizar el registro. Propuso las excepciones de falta de
legitimación pasiva en la causa e inexistencia del nexo causal.

16. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda7. refirió
que no tenía legitimación pasiva en la causa, tan así que en la demanda no
se indicó acción alguna que comprometiera su responsabilidad, además,
adujo que no había prueba de los elementos para que se configurara la
responsabilidad del Estado.

1.4. Sentencia de primera instancia

17. El 7 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Magdalena profirió
Sentencia de primera instancia8 en la que resolvió declarar probada la
excepción de caducidad. El Tribunal refirió que, según la jurisprudencia de
esta corporación, el término de caducidad se contabiliza a partir de la
ocurrencia del hecho dañoso o el conocimiento de este por parte del
afectado, “sin que sea posible afirmar la existencia de un daño continuado
por la circunstancia de que la presunta falencia tenga consecuencias que
se prolongan en el tiempo”. En el caso de falla registral, recordó que la
jurisprudencia ha establecido que el término inicia a partir de la inscripción
de la cual se predica la falla.

6 Folio 1372 al 1380 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del
expediente digital.
7 Folios 1396 al 1406 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.
8 Documento 64_4700123330002019000570263EXPEDIENTEDIGI20210908152441.PDF del expediente digital.

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18. Así, en el caso concreto, consideró que el daño derivó de la inscripción
de la escritura pública No. 841 de 23 de diciembre de 1992 en el folio de
matrícula inmobiliaria del inmueble “Nevada y Consuelo” y el término debía
contabilizarse desde esa fecha, ya que desde ese momento “el actor tenía
pleno conocimiento de su limitación al dominio del predio”. En gracia de
discusión, el término también podía contabilizarse desde el momento en
que se presentó el incumplimiento del negocio, esto es, el 11 de enero de
1994, fecha en la cual el INCORA se negó a realizar el pago a Cayetano
Antonio. Así, concluyó que, en ambos escenarios, la acción presentada en
2019 se encontraba caducada.

1.5. Recurso de apelación

19. La parte demandante presentó recurso de apelación9 con el fin de
que se revocara la decisión de primera instancia. Señaló que la demanda
no tenía como fundamento la falla en el servicio registral como lo consideró
el tribunal, lo que pretendía era la reparación de los perjuicios causados con
la “confiscación” del bien inmueble de su propiedad. Indicó que, desde el
23 de diciembre de 1992 hasta el 19 de enero de 2017, el inmueble estuvo
registrado como bien fiscal de propiedad del INCORA y bajo su posesión,
pese a que la entidad nunca cumplió con sus obligaciones contractuales.
Adujo que “la característica de bien fiscal de la Nación se mantuvo en
tracto sucesivo, ininterrumpido y continuo hasta que se materializó la
resolución del contrato el día 19 de enero de 2017”, en ese sentido, se trató
de un daño continuado, por lo que la caducidad debía contarse desde el
momento en que el daño cesó. Insistió en que, por las actuaciones del
INCORA, no recibió el pago del valor del inmueble, no pudo disponer del
bien durante el tiempo que tardó en resolverse la controversia, y no pudo
ejercer las acciones reivindicatorias en contra de quienes lo ocupaban.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Caducidad;
2.3. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

20. En la demanda, la parte actora manifiesta que el incumplimiento del
contrato de compraventa por parte del INCORA conllevó a una
controversia judicial que tardó más de 25 años en resolverse, ese hecho, le
ocasionó dos daños: la imposibilidad de disponer de su bien inmueble
durante ese periodo y la imposibilidad de recuperar el predio, porque al

9 Documento “66_4700123330002019000570265EXPEDIENTEDIGI20210908152441.PDF del expediente digital.

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resolverse el contrato, no pudo ejercer total posesión, por la ocupación
parcial por parte de terceros.

21. Respecto del primer daño, la Sala encuentra que la acción de
reparación directa no es el medio idóneo para reclamar los perjuicios
derivados de un incumplimiento contractual, por lo cual deberá declararse
la indebida escogencia de la acción. Por otra parte, respecto del segundo
daño, la acción de reparación directa sí es procedente, ya que en este caso
el hecho generador del daño no es el incumplimiento, sino la ausencia de
restitución del bien, además, la demanda fue presentada de manera
oportuna10. No obstante, se negarán las pretensiones de la demanda,
teniendo en cuenta que el daño, consistente en la imposibilidad de
recuperar la posesión del bien debido a la ocupación de terceros, es
preexistente a la celebración del contrato y no fue causado por el INCORA.

22. Conforme con lo anterior, la Sala modificará el fallo de primera instancia:
declarará la improcedencia de la acción por el daño derivado de la
imposibilidad de disponer del bien en virtud del incumplimiento del contrato
y negará las pretensiones por el daño derivado de la imposibilidad de
ejercer posesión sobre el bien inmueble.

2.2. Análisis probatorio

23. El 4 de junio de 1991, Cayetano Antonio Castro Alfaro presentó al
INCORA oferta de venta de los predios “Los caños- Tierra Azul- Nevada”, con
una extensión de 940 hectáreas11. El 18 de junio de 1992, el instituto realizó
estudio de títulos del inmueble12. El 4 de septiembre de 1992, realizó visita
para concepto técnico de determinación de unidad agrícola familiar 13. El
10 de noviembre de 1992, el secretario general del INCODER informó la
decisión de la junta directiva de aprobar la negociación14. Finalmente, el 14
de diciembre de 1992, por medio de escritura pública No. 841, Cayetano
Antonio Castro Alfaro vendió al INCORA el predio rural “Nevada y

10 La acción fue presenta de manera oportuna. En este caso el término debe contabilizarse a partir de la fecha en

que se canceló la inscripción de la compraventa y el inmueble quedó nuevamente en dominio de Cayetano
Antonio Castro Alfaro, lo cual ocurrió el 19 de enero de 2017, según consta en el certificado de tradición y libertad
del inmueble (documento “21_4700123330002019000570220EXPEDIENTEDIGI20210908152430.PDF” del expediente
digital). Por lo que, en principio el término se extendía desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2019.
El término se suspendió (documento que obra en los folios 65 al 68 del documento
“2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente digital), desde el 14 de
noviembre de 2018 (fecha en que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial) hasta el 30 de enero de 2019
(fecha de expedición de la constancia de no conciliación entre las partes), por lo que la demanda presentada el
13 de febrero de 2019 se realizó dentro del término de los 2 años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i, del
CPACA para ejercer el medio de control de reparación directa.
11 Folio 194 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.
12 Folios 287 al 289 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.
13 Folios 250 al 257 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.
14 Folio 522 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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Consuelo”, ubicado en el municipio de Plato (Magdalena), por la suma de
$248.230.75015.

24. En el contrato de compraventa se estipularon las siguientes cláusulas
sobre el valor del predio y su forma de pago:

“Cláusula tercera: El precio de venta del predio Nevada y Consuelo el cual se
determinó (…) en la suma de $248.230.750.oo moneda corriente, discriminados
así: valor de la tierra: $147.549.590.oo moneda corriente y el valor de las mejoras
$100.681.160.oo moneda corriente. El pago del valor del precio está sujeto a que
el propietario haga la entrega del predio al INCORA. Cláusula cuarta: La forma
de pago de precio del predio será la establecida en el artículo 61 de la Ley 135
de 1961, así: a) El valor de las tierras esto es la suma de $147.500.000 en bonos de
deuda pública con vencimiento final a cinco (5) años parcialmente redimibles en
(5) vencimientos anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un
año después de la fecha de su expedición, libremente negociables y sobre los
cuales causará y pagará semestralmente un interés del ochenta (80%) del índice
nacional de precios del consumidor, certificado pro el DANE para cada periodo.
B) El saldo de los bonos o sea la suma de $49.590.000 por ser fracción menor de
$100.000.000 ultima denominación de los bonos de deuda pública, en dinero en
efectivo junto con el valor de las mejoras. C) el valor de las mejoras, esto es la
suma de $100.681.160 se pagará de contado, en dinero efectivo por ser una
negociación especial.”

25. También está probado que, el 23 de diciembre de 1992, Cayetano
Antonio realizó la entrega del predio a funcionarios del INCORA16. Meses
después, el vendedor presentó solicitud de pago, no obstante, mediante
oficio de14 de septiembre de 1993, el INCORA le comunicó que: “en las
actuaciones subsiguientes a la formalización de la compraventa de las
fincas Nevada y Consuelo, pudo establecerse que dentro de la
comprensión grafica delimitada en el plano que sirvió de base a la
negociación hay varias personas que ostentan derechos reales plasmados
en títulos producidos con anterioridad muy remota, a la fecha en la cual se
protocolizó la escritura de compraventa en la Notaría del Círculo de Plato.
// La circunstancia expuesta impide a este instituto cumplir los fines que se
propuso con la adquisición de los inmuebles cuya propiedad usted transfirió
y en consecuencia se impone a su cargo la obligación contenida en el
artículo 1880 del Código Civil, en cuanto se relaciona con el saneamiento
de la cosa vendida”17. Por ello, se negó a realizar el pago solicitado. En el
mismo sentido, emitió oficio de 4 de noviembre de 199418 y 12 de mayo de
199519.

15 Folios 327 al 332 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del
expediente digital.
16 Folio 389 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.
17 Folio 440 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.
18 Folio 392 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.
19 Folio 523 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del expediente

digital.

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
____________________________________________________________________________________________________________
26. Luego, el 17 de enero de 1995, el INCORA presentó demanda en contra
de Cayetano Antonio Castro Alfaro, en la cual pretendió la declaración de
la resolución del contrato de compraventa del inmueble “Nevada y
Consuelo”20. En respuesta, Cayetano Antonio presentó demanda de
reconvención, en la cual pretendió que se declarara el incumplimiento de
contrato por parte del INCORA y, en consecuencia, se le condenara al
pago del precio pactado en la compraventa y de los perjuicios causados21.

27. En dicho proceso, el 15 de febrero de 2006, el Tribunal Administrativo del
Magdalena profirió Sentencia de primera instancia, en la que consideró que
el demandado incumplió la obligación de entregar tanto el terreno como
las mejoras, siendo ello así, no estaba facultado para exigir al INCORA la
obligación de pagar el precio. Con todo, señaló que el instituto conocía la
ocupación del terreno por terceros y la existencia de mejoras que a ellos
pertenecían, por lo que debió indagar y esclarecer la situación en la etapa
precontractual. Sin embargo, no le atribuyó responsabilidad porque quien
incumplió en un primer momento fue el vendedor. Así, resolvió declarar que
el demandado, Cayetano Antonio Castro Alfaro, incumplió el contrato de
compraventa suscrito el 14 de diciembre de 1992 y ordenó su resolución22.

28. Dicha sentencia fue apelada. El 1 de agosto de 2016, la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió Sentencia de segunda
instancia, en la que consideró que ambas partes incumplieron el contrato.
Afirmó que no había lugar a restituciones porque el INCORA no pagó (no
había dinero por devolver) y Cayetano Antonio Castro Alfaro no transfirió la
posesión del bien (por lo que no había nada que restituir). En ese sentido,
decidió declarar la resolución del contrato, ordenar la cancelación de la
escritura pública 841 de 14 de diciembre de 1992 y oficiar al registrador para
que cancelara la anotación de ese negocio del registro del folio de
matrícula inmobiliaria23.

20 En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones: “Que se declare resuelto el contrato de compraventa

contenido en la Escritura Publica No. 841 otorgada el 14 de diciembre de 1992 en la Notaría Única del Circuito de
Plato.// Que se disponga la cancelación del registro de la misma escritura anotada al folio de matrícula
inmobiliaria No. 222-0019434// Que se declare el incumplimiento por el demandado del contrato de compraventa
contenido en la Escritura Publica No. 841 otorgada el 14 de diciembre de 1992 en la Notaría Única del Circuito de
Plato y como consecuencia de ello se declare también procedente el desistimiento del contrato en los términos
de la cláusula octava de la mencionada escritura// Que se declare que el Instituto demandante no está obligado
a pagar el precio pactado en el contrato de compraventa contenida en la Escritura Publica No. 841 otorgada el
14 de diciembre de 1992 en la Notaría Única del Circuito de Plato// Que se condene al demandado a indemnizar
al demandante los perjuicios económicos derivados de su incumplimiento”. Folios Folios 182 al 186.
21 En la demanda de reconvención se plantearon las siguiente pretensiones: “Que se declare responsable al

INCORA, por el incumplimiento en la cancelación del precio a que está obligada según se desprende del contrato
de compraventa contenido en la escritura pública No. 841 de diciembre 14 de 1992 y registrada en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 226-0019434 de la oficina de Registro de instrumentos Públicos de Plato (Magdalena).//
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene por el H. Tribunal que la entidad demandada le dé
cumplimiento estricto al contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública antes referenciada. Como
resultado de lo anterior, se condene al INCORA a pagar a mi poderdante, los siguientes conceptos: La suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.
($248.230.750.oo) valor que corresponde al precio pactado en el contrato de compraventa (…)”. Folios 350 al 358.
22 Folios 1017 al 1054 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.
23 Folios 1122 al 1157 del documento “2_470012333000201900057021EXPEDIENTEDIGI20210908152428.PDF” del

expediente digital.

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
____________________________________________________________________________________________________________
2.3. El daño derivado de la imposibilidad de disponer del bien inmueble por
el incumplimiento del contrato

29. Según lo expuesto, la acción no es procedente respecto del daño por la
imposibilidad de disponer del bien durante el tiempo en que tardó en
solucionarse la controversia contractual. Las pretensiones declarativas y
condenatorias planteadas en este proceso de reparación directa están
encaminadas a obtener: el pago del valor del inmueble, su actualización y
el lucro cesante dejado de percibir durante el trámite de la controversia. En
ese sentido, es innegable que el hecho generador del daño lo constituyó el
incumplimiento del contrato, el daño consistió en la imposibilidad de
obtener el pago del valor del bien o, en su lugar, el pago de perjuicios, esto
es, la indemnización por la imposibilidad de ejercer el dominio durante el
tiempo que el bien estuvo registrado como bien fiscal de propiedad del
INCORA.

30. El tiempo que tardó en resolverse la controversia contractual extendió
en el tiempo la afectación del demandante, pero no constituyó el hecho
generador del daño. Entonces, la Sala observa que la parte actora
pretende, por medio de la acción de reparación directa, obtener los
perjuicios que omitió reclamar en la demanda de reconvención del proceso
de controversias contractuales, en el cual se limitó a exigir el cumplimiento y
la indemnización por perjuicios morales y daño emergente, sin hacer
referencia a los perjuicios por lucro cesante que el hecho le había generado.

31. En el proceso de controversias contractuales, el INCORA, además de la
declaración de incumplimiento, solicitó: “[q]ue se condene al demandado
a indemnizar al demandante los perjuicios económicos derivados de su
incumplimiento”. Asimismo, en la demanda de reconvención, Cayetano
Antonio Castro Alfaro, solicitó el cumplimiento y el pago de perjuicios
morales y daño emergente derivados de ese incumplimiento24. Frente a ese
asunto, en la Sentencia de segunda instancia de 1 de agosto de 2016, tras
considerarse que ambas partes incumplieron el contrato, se refirió que
“dada la naturaleza del contrato de compraventa, las restituciones
consistirían en la devolución del predio al vendedor y el precio pagado al
comprador. Sin embargo, el INCORA no tiene la posesión del bien inmueble
y esa fue precisamente la causa para abstenerse del pago, de modo que
el vendedor no recibió el dinero correspondiente al precio y, en
consecuencia, para el caso concreto no hay lugar a restituciones.
Adicionalmente, pese a que las partes solicitaron el reconocimiento de los
presuntos perjuicios derivados de la compraventa objeto de controversia,

24 En la demanda se solicitó: “D.- Perjuicios morales originados en el incumplimiento del INCORA y que le causaron

graves inconvenientes a mi poderdante, avaluados en 1.000 gramos oro o lo que se demuestre en el proceso. //
E.- Perjuicios materiales originados en el incumplimiento del INCORA y que le causaron erogaciones superiores a
los DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), derivados de los Honorarios Profesionales de Abogado y Asesor
Contable que tuvo que cancelar mi poderdante, y a los gastos de transporte, alojamiento y alimentación que
tuvo que pagar mi poderdante en la ciudad de Santa Marta.

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
____________________________________________________________________________________________________________
aquellos no fueron acreditados, razón por la cual se negarán las
pretensiones dirigidas en ese sentido”.

32. Si bien en el presente proceso se solicitó la reparación de un perjuicio
distinto, o adicional (indemnización por el lucro cesante), lo cierto es que el
daño derivó del incumplimiento y dicha pretensión debía ser solicitada en la
acción contractual, en la debida oportunidad, de manera que el juez, de
encontrarlo probado, habría reconocido el perjuicio desde el momento en
que se causó hasta la fecha en que se profirió la providencia.

2.4. El daño derivado de la imposibilidad de ejercer la posesión con
posterioridad a la resolución del contrato

33. La parte actora alegó que no ha podido ejercer la posesión del bien con
posterioridad a la resolución del contrato por encontrarse ocupado por
terceros, no obstante, en las afirmaciones de la demanda advirtió que el
predio se encontraba ocupado desde antes de la compraventa. De hecho,
esa fue la circunstancia principal que desató la controversia entre los
contratantes. En el expediente no obra prueba que acredite que el INCORA
adjudicó nuevos predios durante el tiempo en que se mantuvo la
controversia. Ni si quiera existe claridad sobre quién mantuvo la tenencia del
bien durante el tiempo que tardó el proceso contractual, pues si bien estuvo
inscrito como propiedad del INCORA, en las sentencias consta que no se
ordenó la restitución porque el bien no se encontraba en posesión o
tenencia del instituto. En ese sentido, la Sala evidencia que la perturbación
del predio por la ocupación de terceros fue una circunstancia previa a la
celebración del contrato entre el demandante y el INCORA, por lo tanto,
esa afectación no podría ser atribuible a la entidad que lo mantuvo bajo su
dominio de manera posterior.

2.5. Costas

34. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3) del
CGP, la parte actora será condenada en costas en esta instancia. El tribunal
de origen liquidará la condena de manera concentrada, según lo dispuesto
en el artículo 366 del CGP.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

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Radicación: 47001-23-33-000-2019–00057-02 (67433)
Demandantes: Cayetano Antonio Castro Alfaro
Demandado: Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
____________________________________________________________________________________________________________
RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 7 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Magdalena, en la cual se declaró probada la
excepción de caducidad. En su lugar, DECLARAR la indebida escogencia
de la acción respecto del daño derivado de la imposibilidad de disponer
del bien inmueble por el incumplimiento del contrato y NEGAR las
pretensiones de la demanda por el daño derivado de la imposibilidad de
ejercer la posesión con posterioridad a la resolución del contrato.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de costas y
agencias en derecho de segunda instancia. Esta condena se liquidará de
manera concentrada por el Tribunal de primera instancia.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

12 de 12

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