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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00304-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00304-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Delia María Molina Maestre contra el 51En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Radicado 47001-23-33-000-2019-00304-01 (0119-2023) Demandante: Delia María Molina Maestre Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Plato (Magdalena) por las razones expuestas en la presente providencia. Segundo. Revocar el ordinal 1° de la sentencia del 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Modificar el ordinal 4° de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: ORDÉNESE a título de restablecimiento del derecho, al MUNICIPIO DE PLATO a que reconozca y pague el auxilio de cesantías correspondiente a los años de 1996 a 1999, en favor de la docente DELIA MARÍA MOLINA MAESTRE. En el evento en que esa entidad hubiere realizado el traslado de los recursos al Fomag deberá repetir por el mencionado concepto contra aquella. Las sumas reconocidas serán indexadas, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00304-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00304-01 (0119-2023)
Demandante: Delia María Molina Maestre
Demandada: Nación, Ministerio de Educción Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de Plato
(Magdalena)
Litisconsorte: Departamento del Magdalena

Tema: Régimen de liquidación de cesantías parciales de docente.
Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por el
municipio de Plato (Magdalena) contra la sentencia del 30 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. Las pretensiones

1. Delia María Molina Maestre presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 con el fin de que
se declarara i) la nulidad de las resoluciones 020 del 22 de agosto de 2018 y 004
del 14 de enero de 2019 por medio de las cuales el municipio de Plato le negó el
reconocimiento y pago de las cesantías causadas durante los años 1996 a 1999 y
resolvió el recurso de reposición presentado contra esta de forma desfavorable,
respectivamente; y ii) del acto ficto configurado por la petición presentada el 29 de
junio de 2018 ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de

1 En adelante Fomag.
2 El 10 de mayo de 2019. Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0.

EXPEDIENTE DELIA MOLINA 2019-304».
3 En adelante CPACA.

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Demandante: Delia María Molina Maestre

que se le reconocieran y pagaran las cesantías en mención.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió el reconocimiento y pago de i) las
cesantías anualizadas causadas en los años 1996 a 1999 «y las que han ocasionado
el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías, en el respectivo fondo»;
ii) la sanción moratoria por el incumplimiento del pago anualizado de las cesantías;
iii) los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la
sentencia y hasta que se efectué el pago de lo pretendido; iv) el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la condena en costas a
su favor.

1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. Delia María Molina Maestre «presta sus servicios» como docente al municipio de
Plato (Magdalena) desde el año 1996.

5. El municipio en mención no consignó dentro del plazo fijado las cesantías
correspondientes a los años 1996 a 1999, esto es, a más tardar el 14 de febrero del
año siguiente de su causación.

6. El 28 de junio de 2018 presentó una reclamación administrativa ante la entidad
territorial con el fin de que se le reconocieran y pagaran las «cesantías causadas en
los años 1996 a 1999», la cual fue negada mediante Resolución 020 del 22 de agosto
de 2018.

7. Contra la anterior decisión presentó recurso de reposición el cual fue resuelto de
forma desfavorable a través de la Resolución 004 del 14 de enero de 2019.

8. El 29 de junio de 2018 «presentó» una reclamación administrativa ante el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de que se reconocieran y pagaran
las cesantías causadas en los años 1996 a 1999.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. Como tales se señalaron los artículos 13, 25, 58 y 83 de la Constitución Política;
13 y 15 de la Ley 344 de 1946; 1 y 2 de los decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000;
el Decreto 3118 de 1968 y la Ley 91 de 1989.

10. La Ley 91 de 1989 estableció el marco de competencias del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, cuya tarea principal era atender las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados vinculados antes
o después de la expedición de esa normativa.

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Demandante: Delia María Molina Maestre

11. En relación con las cesantías el artículo 15 ibidem dispuso que para los
docentes nacionalizados o vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 el fondo
pagaría un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado.

12. Los docentes tenían derecho a que se les reconociera la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006, en el evento que el empleador realizara el pago
de las cesantías más allá del término legal.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Municipio de Plato (Magdalena)

13. Se opuso a las pretensiones de la demanda4, porque carecía de legitimación en
la causa por pasiva, pues de acuerdo con la Ley 91 de 1989 todas las prestaciones
de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 serían asumidas por la
«NACIÓN» y pagadas por el «FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO-FOMAG».

14. Asimismo, propuso las excepciones de «mérito» «inexistencia de obligación
legal conforme a convenio interadministrativo» «prescripción extintiva» y la
«genérica o impropia».

1.4.2. Departamento del Magdalena

15. Se opuso a las pretensiones de la demanda5, toda vez que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las entidades territoriales
únicamente debían reconocer las prestaciones sociales y el Fondo Nacional de
prestaciones Sociales del Magisterio pagarlas, de acuerdo con los artículos 3 y 9 de
la Ley 91 de 1989 y 56 de la Ley 962 de 2005.

16. Asimismo, propuso la excepción de «inexistencia del derecho reclamado».

1.4.3. Ministerio de Educación Nacional

17. No contestó la demandada6.

1.5. La sentencia apelada

18. En la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del

4Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «1.1. demanda 4».
5Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «12.1 ContestacionDpto».
6 De acuerdo con el acta de la audiencia inicial llevaba a cabo el 19 de agosto de 2021.

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Demandante: Delia María Molina Maestre

Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente7:

19. Se probó que la demandante había prestado sus servicios como docente porque
nombrada por el municipio de Plato mediante Decreto 002 del 1 de enero de 1996,
es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo que
era beneficiaria del régimen de cesantías anualizado.

20. La Secretaría de Educación del departamento del Magdalena mediante las
resoluciones 0290 del 13 de marzo de 2015 y 1631 del 28 de octubre de 2020,
reconoció y ordenó el pago del auxilio de cesantías parciales a favor de la
demandante desde el año 2000 hasta el 2019, de lo cual era posible concluir que
no le habían sido pagadas las cesantías correspondientes a los años 1996 a 1999.

21. El municipio de Plato debió realizar la consignación de las cesantías causadas
en el periodo reclamado al Fomag, pues no se acreditó que esa entidad territorial
hubiese efectuado el traslado de las sumas por ese concepto. Razón por la cual se
encontraba probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

22. Las cesantías reclamadas no habían prescrito, comoquiera que la demandante
tenía el vínculo laboral vigente en el momento en que presentó la demanda.

23. En virtud del principio de favorabilidad, era procedente el reconocimiento de la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías del régimen
anualizado de los docentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, pues se evidenció que el municipio de Plato no realizó el traslado
respectivo al Fomag para efectos del pago de las cesantías por haber prestado
servicios como docente en los años «1994» a 1999, por lo tanto incurrió en mora,
haciendo acreedora a la demandante de la sanción contenida en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, por no haber sido consignadas el 14 de febrero del año siguiente
a su causación.

24. No obstante, se configuró la prescripción en materia de sanción moratoria, toda
vez que la demandante presentó la reclamación de esta el 28 de junio de 2018,
cuando se había superado el término de los 3 años con los que contaba la docente
para solicitar ese reconocimiento, de acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.

25. Además, ya había operado el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho
reclamado, esto es, de la sanción moratoria, al momento de la presentación de la
conciliación extrajudicial y de la demanda, porque tenía 3 años para interrumpir la

7Samai, índice 35, archivo «57_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_ACCEDEPAR».

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prescripción contados a partir del día siguiente en que se había causado el derecho
a las cesantías anualizadas, lo que aconteció el 15 de febrero de 1997 (para las
cesantías del año 1996), el 15 de febrero de 1998 (para las cesantías del año 1997),
el 15 de febrero de 1999 (para las cesantías del año 1998) y el 15 de febrero de
2000 (para las cesantías del año 1999). No obstante, no se demostró que se haya
presentado la reclamación de la sanción en los términos indicados.

26. No había lugar a la imposición de costas.

1.6. El recurso de apelación

27. El municipio de Plato (Magdalena), presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, toda vez que8:

28. De acuerdo con el convenio y «otrossí» suscritos entre esa entidad y la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
departamento del Magdalena el 3 de noviembre de 2000, el pago del pasivo
prestacional y pensional de los docentes quedaba a cargo del Fomag y por ello el
municipio autorizó que se enviaran a aquella los giros a los que tenía derecho
respecto de los ingresos corrientes de la Nación. Montos que correspondían a los
aportes dispuestos en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 196 de 1995 9,
respecto de los docentes financiados con recursos propios afiliados al Fomag, razón
por la cual no le correspondía efectuar el pago de las cesantías reclamadas.

29. En el convenió se fijó el valor del pasivo prestacional de los docentes que serían
asumidos por el Fomag, en el cual se encontraba la demandante relacionada con el
número 111 de la orden de los primeros 262 docentes suscritos en el convenio
perfeccionado el «7 de diciembre de 2000», en el que se especificó lo que «se
adeudaba el pasivo prestacional de los docentes».

30. De darse cumplimiento al fallo y si «el municipio seguía pagando al fondo», se
generaría un detrimento patrimonial al Estado y un favorecimiento a un tercero,
porque se estaría pagando al demandante y al Fomag.

1.7. Trámite en segunda instancia

31. En auto del 11 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación

8Samai, índice 38.
9 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 12º.- Recursos. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio llevará
registros por entidad territorial y establecimiento público oficial.
Al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ingresarán los siguientes recursos:
1. El 5% del sueldo básico mensual del personal docente afiliado. (Ver Ley 100 de 1993). […]»

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presentado por el municipio de Plato (Magdalena) contra la sentencia del 30 de
marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena10.

32. A través del auto del 6 de diciembre de 2024 se negó la solicitud de pruebas en
segunda instancia presentada por el municipio de Plato (Magdalena), en
consideración a que no se configuró ninguno de los supuestos establecidos en el
artículo 212 del CPACA para su procedencia y los documentos requeridos ya
obraban en el expediente como pruebas11.

33. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito de
intervención, en el que solicitó que no se reconociera a la demandante el pago a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
porque de acuerdo con la ley antes mencionada y la sentencia de unificación SUJ-
032-CE-S2-2023 la sanción por consignar las cesantías con posterioridad al 15 de
febrero no era aplicable a los docentes afiliados al Fomag12.

34. El Ministerio Público no presentó concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

35. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Plato
(Magdalena), de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los
cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

36. De conformidad con los argumentos del recurso de apelación, se debe resolver
el siguiente interrogante: ¿El municipio de Plato (Magdalena) era el competente
para asumir el reconocimiento y pago de las cesantías causadas en los años 1996
a 1999 por la demandante en su calidad de docente?

37. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
de la liquidación de las cesantías de los docentes y de la sanción moratoria por el

10 Samai, índice 5.
11 Samai, índice 13.
12 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «1.1. demanda 4».

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pago tardío de las cesantías; segundo, se expondrá los hechos probados; y tercero,
se resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

38.La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.

(…)

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.

(…)

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año

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laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» (se resalta).

39. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los
docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el
1° de enero 1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de
estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.

40. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»13.

41. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación14, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
14 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.

2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;

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Demandante: Delia María Molina Maestre

gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 15, sostuvo lo
siguiente:

«(…) la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional (…)» (se resalta).

42. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.3.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías

15 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante: Delia María Molina Maestre

43. El artículo 316 de la Ley 91 de 198917 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital.

44. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.

45. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989 determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría18.

46. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 19,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y
pago de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes
debían ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo
educativo regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con
el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente
resolución de reconocimiento.

47. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 200520, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de

16«ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en
los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de
los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
19 «Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».
20 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».

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Demandante: Delia María Molina Maestre

Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2,
3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200521.

48. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)22.

49. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba
sometida al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un
procedimiento administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y
cargas administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero
también, adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en
conjunto, superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del
acto administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos23.

50.Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados
en la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en
cuanto i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad
patronal», sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento
y pago de las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para
expedir el acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber
también a las solicitudes de cesantías parciales.

51. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que
establecía el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías
definitivas (45 días hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor
público) y previó una sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado
por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:

21 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91

de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
23 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,

sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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«Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este».

52. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en
concreto al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de
201724, en la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se
desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo
cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006».

53. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201825, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123
de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales26, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de
carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza
del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la
estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera
docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se
encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior
y desarrollado a través de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244
de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago
de las cesantías».

54. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de
la sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en
el marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento
en el que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación
(acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de
recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de

24 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
25 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-

SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
26 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a

los trabajadores oficiales.

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cuándo, en cada caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación,
según las siguientes reglas:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la
ley27 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el
acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».

55. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):

«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».

56. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte

27 Artículo 69 CPACA.

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Constitucional (sentencia SU-336 de 201728) y por la Sección Segunda de esta
Corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201829); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de
cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de
cesantías definitivas o parciales30.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Pruebas aportadas

57. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

58. Mediante convenió suscrito el 3 de noviembre de 200031 entre la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
departamento del Magdalena y el municipio de Plato (Magdalena), se dispuso como
objeto garantizar la afiliación o incorporación de 262 docentes financiados con
recursos propios del municipio al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio y determinar el pasivo prestacional docente existente a cargo del
municipio el cual sería parte integral del convenio y en el parágrafo 1 se previó lo
siguiente:

«PARÁGRAFO 1°: De conformidad con lo previsto en el decreto 2370 de 1997 los
docentes objeto del presente convenio se entienden afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, una vez perfeccionado el presente convenio y la
entidad territorial haya pagado por lo menos la quinta parte del pasivo prestacional
determinado en la presente cláusula.
[…]

CLÁUSULA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio por tener
carácter interadministrativo requiere para su perfeccionamiento la firma del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, quienes actúan en el
nombre de la NACION y del Gobernador del Departamento del MAGDALENA y la
Alcaldía del Municipio de PLATO quienes actúan en nombre y representación de cada
Entidad Territorial. Se entenderá perfeccionado a partir de la fecha en la cual sea firmado
por la última de las partes intervinientes en este convenio. Para este efecto deberá
colocarse expresamente la fecha en que cada una de las partes suscribe el presente
documento. […]»

28 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería

Mayolo.
29 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-

SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado

05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
31 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» páginas

33 a 36.

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59. Asimismo, se aportó una lista anexa al convenio correspondiente a una relación
de los docentes a quienes se le pagaba con los recursos de la entidad territorial y el
pasivo prestacional a corte del 30 de julio de 2000, entre los cuales se encuentra
relacionada la demandante32, así:

«[…]

Ord APELLIDOS NOMBRES CESANTÍAS DOC. CESANTIAS DOC. CESANTIAS DOC.
2000 NAV. 1999 NAV. 1998 NAV.
111 MOLINA DELIA 420.168.05 32.459.66 720.705,43 55.645.14 626.700,23 48.357,
MAESTRE MARIA 07

[…]»

60. Mediante «otrosi» del 30 de agosto de 200133 se adicionó al anterior convenio lo
siguiente:

«CLÁUSULA PRIMERA.- El municipio de PLATO autoriza al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a girar directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y con cargo a su participación en los ingresos corrientes de la Nación, los
montos que correspondan a los aportes señalados en el artículo 12 numeral 1, del
Decreto 196 de 1995, correspondientes a sus docentes financiados con recursos propios
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, causados a partir
de la fecha de corte para el cálculo del pasivo prestacional. Las demás estipulaciones
plasmadas en el(los) convenio(s) suscrito(s) entre las mismas partes, quedan vigentes.
[…]»

61. A través de «otrosi» del 11 de noviembre de 200334 se adicionó al convenio la
afiliación de 12 docentes que estaban siendo financiados con recursos del municipio
de Plato.

62. Obra escrito dirigido al Fomag, mediante el cual la demandante solicitó el
reconocimiento y pago indexado de las cesantías anualizadas adeudadas de los
años 1996 a 1999, así como de la sanción moratoria de esa prestación, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 1071 de 2006 que modificó la Ley 244 de 199535. Se
precisa que esta petición solo contiene un sello de recibo por parte de la secretaría
de educación del departamento del Magdalena con fecha de «junio de 2018»36.

63.A través de la Resolución 0290 del 13 de marzo de 2015 el departamento del
Magdalena reconoció a la demandante unas cesantías parciales, para lo cual tuvo

32 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» páginas

41 a 47.
33 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» páginas

37 a 38.
34 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» páginas

39 a 40.
35 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0. EXPEDIENTE DELIA

MOLINA 2019-304» páginas 34 a 37.
36 No se indicó el día.

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en cuenta las causadas desde el año 2000 hasta el 201337.

64. El 6 de julio de 2018 la demandante solicitó a la alcaldía municipal de Plato
(Magdalena) el reconocimiento y pago indexado de las cesantías anualizadas
adeudadas de los años 1996 a 1999, así como de la sanción moratoria de esa
prestación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1071 de 2006 que modificó la
Ley 244 de 199538.

65. Mediante la Resolución AGO-020 del 22 de agosto de 2018 el municipio de
Plato (Magdalena) dio respuesta a la petición presentada por la demandante el 6 de
julio de 2018, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas de los años 1996,1997,1998 y 1999, la indexación de esas sumas y el
pago de la sanción moratoria, la cual fue resuelta de forma desfavorable39.

66. Contra la anterior decisión la demandante presentó recurso de reposición el 19
de septiembre de 201840, el cual fue resuelto a través de la Resolución 004 de 14
de enero de 2019, expedida por el municipio de Plato (Magdalena), confirmando la
negativa41.

67.El anterior acto administrativo fue notificado el 4 de febrero de 2019 a la
demandante42.

68. Se aportó extracto del 9 de noviembre de 2018 correspondiente a los intereses
a las cesantías causadas en los años 2000 a 2017, expedido por el Fomag43.

69. El 29 de abril de 2019 la Procuraduría 52 Judicial II para Asuntos Administrativos
certificó que había quedado agotado el requisito de procedibilidad para acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa, en atención a la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada por la demandante el 26 de febrero de 201944.

70. El 27 de diciembre de 2019 el Fomag informó al alcalde de Plato (Magdalena)
los recursos que había recibido por parte del Fonpet con corte al 31 de diciembre

37 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0. EXPEDIENTE DELIA

MOLINA 2019-304» páginas 44 a 45.
38 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» páginas

8 a 12.
39 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0. EXPEDIENTE DELIA

MOLINA 2019-304» páginas 49 a 53.
40 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» páginas

21 a 22.
41 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0. EXPEDIENTE DELIA

MOLINA 2019-304» páginas 55 a 58.
42 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y « 1.1. demanda 4» página

31.
43 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0. EXPEDIENTE DELIA

MOLINA 2019-304» página 46.
44 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «0. EXPEDIENTE DELIA

MOLINA 2019-304» páginas 32 a 33.

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de 2019 para el cubrimiento del pasivo pensional corriente y la reserva de
maternidad, correspondientes a las cuotas partes de 2013 a 201845.

71. Mediante certificado de historia laboral expedido el 14 de octubre de 2020, por
parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se indicó que la
demandante tenía una vinculación del orden municipal y era docente en propiedad,
nombrada mediante Decreto 002 de 1996 y posesionada el 31 de enero de 1996 y
que la última novedad se efectuó por un traslado a la Unidad Educativa Especial
mediante Resolución 029 del 27 de julio de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2020.

71.1. Asimismo, se indicó que durante los anteriores periodos la entidad de previsión
a la cual había realizado los aportes la docente había sido al Fondo Prestacional del
Magisterio46.

72. La secretaría del departamento del Magdalena mediante Resolución 1631 del
28 de octubre de 2020 reconoció y ordenó el pago de unas cesantías parciales a
favor de la demandante para lo cual tuvo en cuenta las causadas desde el año 2000
a 201947.

73.Mediante certificado expedido el 24 de agosto de 2021 por la oficina de recursos
humanos de la alcaldía de Plato (Magdalena) se indicaron las prestaciones sociales
que había devengado la demandante en los años 1996 a 1999, además, que
mediante convenio administrativo48 entre la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Municipio de Plato
(Magdalena) su pasivo pensional y prestacional había pasado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el 2 de agosto de 199649.

2.5. Caso concreto

74. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez
que encontró acreditado que Delia María Molina Maestre era beneficiaria del
régimen de cesantías anualizado y que el municipio de Plato (Magdalena) no le
había pagado las cesantías causadas en los años 1996 a 1999, en consideración a
que no se demostró que esa entidad hubiese realizado el traslado de esas sumas
al Fomag, razón por la cual declaró probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación y del Fomag.
Adicionalmente, declaró la prescripción de la sanción moratoria causada por el pago
tardío de las cesantías de los años 1996 a 1999.

45 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «1.1. demanda 4».
46 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «9.3 DocumentosAnexos»

página 2.
47 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «11.1 Resolucion 1631».
48 No se especificó el convenio.
49 Samai, índice 2, archivos «NYR 47-001-2333-000-2019-00304-00» y «20.1 Certificacion».

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75. Contra la anterior decisión el municipio de Plato presentó recurso de apelación,
porque consideró que no debió condenársele al pago de las cesantías anualizadas
de los años 1994 a 1996, pues indicó que de acuerdo con el convenio suscrito el 3
de noviembre de 200 y «otrossí» del 30 de agosto de 2001 y el 11 de noviembre de
2003, el pago del pasivo prestacional y pensional de los docentes quedaba a cargo
del Fomag y por ello el municipio autorizó que se enviaran a aquella los giros a los
que tenía derecho respecto de los ingresos corrientes de la nación. Además, precisó
que de darse cumplimiento al fallo condenatorio se estaría generando un detrimento
patrimonial al Estado.

76. De lo anterior, se observa que el reproche de la apelante se circunscribe a
establecer cuál era la entidad a la que le correspondía realizar el pago de las
cesantías a que tenía derecho la demandante en su calidad de docente durante los
años 1996 a 1999. Al respecto, encuentra la Sala del material probatorio que, en
efecto, entre esa entidad territorial y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Magdalena
suscribieron el 3 de noviembre de 2000 un convenio que tenía por objeto la afiliación
de 262 docentes que se encontraban financiados con recursos del municipio, al
Fomag.

77. En el convenio aludido se dispuso que los docentes se entenderían afiliados al
Fomag una vez se perfeccionara este y la entidad territorial pagaría por lo menos la
quinta parte del pasivo prestacional determinado en ese acto. Perfeccionamiento
que se daba con la última firma de las partes intervinientes. No obstante, no se
acreditó que en efecto el municipio de Plato hubiese realizado el pago de la quinta
parte de ese pasivo prestacional para tener como afiliada a la demandante al Fomag
y de su contenido tampoco se puede extraer con certeza si se realizó el traslado de
esos dineros y de ser así qué periodo abarcó.

78. Ahora, si bien obra una certificación del 24 de agosto de 2021 expedida por la
entidad apelante en la que se indicó que mediante «convenio administrativo»
celebrado entre esta y la Nación, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se pasó al Fomag el «pasivo pensional y prestacional» de
la demandante el 2 de agosto de 1996, lo cierto es que no obra prueba de ese otro
convenio, pues el único que fue aportado tiene fecha del 3 de noviembre de 2000,
como se señaló previamente, siendo ello así, lo señalado en esta certificación
resulta contradictorio, pues no pudo pasarse en el año 1996 el pasivo prestacional
en virtud de un convenio celebrado en el año 2000.

79. Asimismo, se observa que en el certificado de la historia laboral de la
demandante se indica que desde el año 1996 hasta el 2020 la entidad de previsión
a la que realizaba los aportes la docente era el Fomag, no obstante, esa información
no se acompasa con el convenio suscrito en el año 2000 y con la lista anexa en la
que se relacionan los docentes que serían afiliados al Fomag y, en lo relacionado

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con los pasivos de estos, solo se señaló lo correspondiente a los años 1998 a 2000.
Lo que demuestra una vez más que no existe suficiente claridad de los periodos
prestacionales objeto de traslado al Fomag, así como de la efectiva afiliación de la
demandante a este fondo.

80. Así las cosas, se encuentra que no existe material probatorio suficiente que
permita establecer cuándo fue afiliada la demandante al Fomag y que su pasivo
prestacional correspondiente a los periodos reclamados por concepto de cesantías
hubiese sido trasladado a esta entidad, no obstante, ello no puede ser un motivo
para afectar el derecho que tiene la demandante a las cesantías causadas en los
años 1996 a 1999, razón por la cual se ordenará al municipio de Plato (Magdalena),
que realice el pago de la prestación en mención y en el evento en que hubiere
realizado el traslado de los recursos al Fomag, deberá repetir por el mencionado
concepto contra esta entidad.

81. Frente al argumento relacionado con el posible detrimento patrimonial que se
puede causar al Estado al dar cumplimiento al fallo de primera instancia, se
encuentra que, primero, este no fue acreditado y, en caso, de que la entidad
territorial haya efectuado el traslado del pasivo prestacional de la demandante por
concepto de las cesantías causadas en los periodos reclamados, esta deberá repetir
contra el Fomag.

82. Por último, se precisa que no obra en el plenario prueba alguna que demuestre
que la demandante presentó la reclamación administrativa ante el Fomag, pues si
bien se aportó una petición dirigida a esa entidad, lo cierto es que esta contiene
sello de recibido solo por parte de la secretaría de educación del departamento del
Magdalena con fecha de «junio de 2018», razón por la cual esta Sala no se
pronunciara respecto de la posible configuración del acto ficto presunto50.

2.6. Conclusión

Por las razones anotadas previamente, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pues se revocará el ordinal 1, en el que se dispuso
declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; y se ordenará al municipio de Plato que de
acuerdo con sus competencias adelante ante el Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, las actuaciones
pertinentes con el fin de que coordinen entre estas el pago de las cesantías
causadas en los años 1996 a 1999 a favor de la demandante.

50 No se indicó el día.

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2.7. Costas

83. Al respecto, la norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

84. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

85. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma51.

86. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

87. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada no actuó
con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 30 de marzo de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Delia María Molina Maestre contra el

51En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el municipio de Plato (Magdalena) por las razones expuestas en la
presente providencia.

Segundo. Revocar el ordinal 1° de la sentencia del 30 de marzo de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Tercero. Modificar el ordinal 4° de la sentencia de primera instancia, el cual
quedará así:

ORDÉNESE a título de restablecimiento del derecho, al MUNICIPIO DE PLATO a que
reconozca y pague el auxilio de cesantías correspondiente a los años de 1996 a 1999,
en favor de la docente DELIA MARÍA MOLINA MAESTRE. En el evento en que esa
entidad hubiere realizado el traslado de los recursos al Fomag deberá repetir por el
mencionado concepto contra aquella. Las sumas reconocidas serán indexadas,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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