RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2019-00348-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00348-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00348-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Vinculada: Betty Cecilia Nobmann de Orozco1

Tema: compartibilidad pensional. Subtema. Ineptitud sustantiva de la demanda.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

La Universidad del Magdalena solicitó la nulidad de los actos administrativos a través
de los cuales la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de una pensión a
la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco. Sustentó que la entidad encargada del
reconocimiento de la prestación es Colpensiones, toda vez que luego de la expedición
de la Ley 100 de 1993, la Universidad perdió la competencia para ello.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró no
probada la falta de legitimación por activa de la Universidad y la nulidad de los actos
acusados. En consecuencia, ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a favor de la
señora Nobmann de Orozco una pensión de vejez y, también pagar al ente
universitario el retroactivo pensional correspondiente a las mesadas pensionales
reconocidas, a partir del 17 de mayo de 2015, dada la prescripción trienal.

Esta Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará
probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. Esto, toda vez

1 La señora fue vinculada por el Tribunal en el auto admisorio de la demanda. Ver: Samai, índice 02, expediente

digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado, págs. 92 a 96.

1

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

que la prosperidad de las pretensiones formuladas se edificó en la ilegalidad de la
Resolución 00073 del 29 de febrero de 2000, acto mediante el cual la propia
Universidad del Magdalena reconoció la pensión de jubilación de la señora Betty
Cecilia Nobmann de Orozco, sin que este hubiese sido demandado ni se hubiese
formulado en su contra la pretensión de nulidad correspondiente.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 24 de mayo de 20192, la Universidad del Magdalena,
por conducto de apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho se sintetizan a
continuación3.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución SUB
179109 del 4 de julio de 2018, mediante la cual Colpensiones resolvió un trámite de
prestación económica en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
negando el reconocimiento de una pensión de vejez a la señora Betty Cecilia Nobmann
de Orozco. Igualmente, pidió que se declare la nulidad de la Resolución DIR 17010 del
19 de septiembre de 2018, por medio de la cual la entidad demandada declaró el
desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto contra la primera decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a Colpensiones
reconocer una pensión de vejez a favor de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco,
así como girar a favor de la Universidad del Magdalena la totalidad del retroactivo
pensional generado entre la fecha de retiro efectivo del servicio de la beneficiaria —1
de marzo de 2000— y la fecha efectiva de su inclusión en la nómina de pensionados
de Colpensiones. Además, pidió que se condene en costas y agencias en derecho a
la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala los sintetiza así:

5. La señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco laboró para la Universidad del
Magdalena entre el 1 de febrero de 1969 y «el 22 de febrero de 2000», encontrándose
afiliada, al igual que los demás trabajadores de la institución, a la Caja Departamental

2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

pág. 19.
3 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 2 a 20.

2

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

de Previsión Social del Magdalena, entidad llamada a cubrir las pensiones de jubilación
de dichos servidores.

6. Debido a una errada interpretación del artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y su
Decreto Reglamentario 2337 de 1996, la Universidad creó, mediante Acuerdo Superior
005 del 27 de enero de 1999, un fondo destinado al pago de su pasivo pensional, sin
advertir que dicha norma solo autorizaba la creación de tales fondos cuando, con
anterioridad al 23 de diciembre de 1993, las instituciones oficiales de educación
superior respondían directamente por las pensiones de sus extrabajadores.

7. Mediante el Decreto Departamental 558 del 30 de junio de 1995, se declaró la
insolvencia de la Caja de Previsión Social del Magdalena y entró en vigencia el Sistema
General de Pensiones en el departamento, razón por la cual la señora Nobmann de
Orozco pasó a estar afiliada al Instituto de Seguros Sociales —ISS— desde el 1 de
julio de 1995 hasta la fecha de su retiro, siendo esta entidad, conforme a los artículos
52 y 128 de la Ley 100 de 1993, la única legalmente habilitada para reconocer y pagar
las pensiones causadas bajo dicho sistema.

8. Pese a lo anterior, la Universidad reconoció indebidamente pensiones de
jubilación a 174 extrabajadores, entre ellos a la señora Betty Cecilia Nobmann de
Orozco, mediante el acto administrativo 00073 del 29 de febrero de 2000, que le otorgó
una pensión mensual vitalicia por valor inicial de $2.754.777, efectiva a partir del 1 de
marzo de 2000.

9. Advertido el error, la Universidad solicitó al ISS la devolución de los aportes a
vejez con sus rendimientos financieros correspondientes a los extrabajadores
pensionados, devolución que se hizo efectiva en los años 2001, 2003 y 2005.

10. Por mandato del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, se creó Colpensiones y
se le trasladó la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Con el objetivo de sanear el error cometido, en el año 2009 la Universidad y el entonces
ISS iniciaron un proceso de subrogación pensional, a fin de que la entidad legalmente
habilitada asumiera los reconocimientos efectuados sin competencia por la
Universidad.

11. Mediante oficios radicados entre octubre y noviembre de 2007, se allegaron
ante el ISS los expedientes pensionales para la cuantificación de los aportes a
reintegrar. En virtud de dicho proceso, el ISS reconoció e incluyó en nómina, hasta el
año 2012, un total de 59 pensiones, dejando en suspenso 19 reconocimientos
adicionales.

12. El Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012 ratificó en cabeza de
Colpensiones la administración del Régimen de Prima Media, correspondiéndole
continuar con el proceso de subrogación. Con tal fin se realizaron mesas de trabajo

3

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

entre la Universidad, Colpensiones y la Procuraduría General de la Nación,
suscribiéndose un acta de compromisos el 1 de abril de 2014 y sosteniéndose una
reunión adicional el 30 de julio de 2015, lo que permitió la subrogación de 94
pensiones.

13. Pese a los compromisos adquiridos, el proceso de subrogación se ha dificultado
progresivamente, en la medida en que Colpensiones ha venido exigiendo requisitos
adicionales no contemplados inicialmente, tales como la cédula actualizada de cada
pensionado, registros civiles con vigencia inferior a tres meses y, más recientemente,
que el propio acto de reconocimiento pensional exprese que la prestación será
compartida con el ISS o Colpensiones.

14. En el caso concreto, la Universidad solicitó a Colpensiones la liquidación de los
aportes a devolver por la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, por valor de
$15.339.690, suma que fue efectivamente girada a dicha entidad el 23 de marzo de
2018, por concepto de devolución de aportes en virtud de la Ley 549 de 1999, junto
con el pago adicional de $61.259.417.

15. A través de la Resolución SUB 179109 del 4 de julio de 2018, notificada el 16
de julio siguiente, Colpensiones resolvió la solicitud de subrogación pensional de la
señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, negándola bajo el argumento de que existía
una incompatibilidad legal manifiesta, en tanto la pensión reconocida por la
Universidad no establecía que se tratara de una prestación compartida.

16. Contra dicha decisión, la Universidad interpuso recurso de apelación el 31 de
julio de 2018. No obstante, Colpensiones expidió la Resolución APDIR 196 del 16 de
agosto de 2018, mediante la cual, en lugar de resolver de fondo el recurso, requirió a
la Universidad para que, en el término de un mes, allegara documentos adicionales,
entre ellos una resolución aclaratoria que estableciera la compartibilidad de la pensión.

17. Dicho requerimiento fue atendido oportunamente mediante el Oficio DTH-479-
2018 del 10 de septiembre de 2018, radicado dentro del plazo concedido. Sin embargo,
por medio de la Resolución DIR 17010 del 19 de septiembre de 2018, Colpensiones
declaró el desistimiento tácito de la solicitud de subrogación, aduciendo el vencimiento
del término. Decisión contra la cual no procedía recurso alguno.

18. Ante la imposibilidad de recurrir dicho acto, la Universidad radicó un derecho de
petición el 26 de noviembre de 2018, poniendo de presente el error cometido por
Colpensiones al declarar el desistimiento tácito.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

19. La parte demandante invocó como violados los artículos 48 y 128 de la
Constitución Política; el artículo 52 de la Ley 100 de 1993; los decretos 1068 de 1995,

4

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

2337 de 1996, 2879 de 1985, 758 de 1990, 3041 de 1966, 1748 de 1995, 1474 de
1997, 1513 de 1998, 2527 de 2000 y 2011 de 2012; el Acuerdo 029 de 1985.

20. La parte demandante sostuvo que la compartibilidad pensional es una
institución de origen legal, establecida desde el Decreto 3041 de 1966 y desarrollada
en los decretos 2879 de 1985, 758 de 1990 y 1748 de 1995 —este último modificado
por el artículo 22 del Decreto 1474 de 1997—, según la cual, ante la coexistencia de
una pensión extralegal reconocida por el empleador y una de vejez a cargo del ISS o
Colpensiones, corresponde a la administradora asumir el ciento por ciento de la
mesada, quedando el empleador obligado únicamente al mayor valor, si lo hubiese.

21. Adujo que la Resolución SUB 179109 de 2018 desconoció el proceso de
subrogación adelantado entre el ISS, Colpensiones y la Universidad, así como los
compromisos pactados ante la Procuraduría General de la Nación, tergiversando la
realidad pensional de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco y la designación
legal de una única entidad administradora del Régimen de Prima Media, conforme al
artículo 52 de la Ley 100 de 1993.

22. Precisó que, al tratarse de una sola pensión bajo la figura de la compartibilidad,
no se vulnera el artículo 128 de la Constitución Política, siempre que Colpensiones
notifique a la Universidad para que esta proceda a extinguir o modificar la mesada a
su cargo. Esto, en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia
T-624 de 2006 sobre el deber de las entidades de intercambiarse la información del
nuevo reconocimiento pensional.

23. Señaló que la Universidad no es administradora de pensiones no cuenta con
aportes propios que sustenten la prestación reconocida a la señora Betty Cecilia
Nobmann de Orozco, en tanto dichos aportes fueron efectuados a la Caja de Previsión
Social del Magdalena y al ISS, siendo esta última entidad —según el concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 18 de enero de 2007— la
única competente para reconocer y pagar la prestación, competencia que no admite
delegación ni transferencia distinta a un acto de igual naturaleza.

24. En cuanto a la exigencia de que el acto de reconocimiento contenga una
manifestación expresa de compartibilidad, que aduce Colpensiones en los actos
acusados, sostuvo que el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 no impone tal requisito,
sino que, por el contrario, dispone que la compartibilidad no se aplicará únicamente
cuando exista estipulación expresa en sentido contrario, esto es, que la pensión no
será compartida con el ISS. Calificó de arbitraria la exigencia introducida por
Colpensiones mediante la Circular Interna 04 de 2013, en tanto ninguna de las 94
pensiones ya subrogadas por dicha entidad contenía la manifestación que ahora
reclama.

5

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

25. Respecto de los retroactivos pensionales, argumentó que estos deben girarse
a favor de la Universidad y no del pensionado, por cuanto lo que se configura es un
pago anticipado de la pensión de vejez a cargo de la entidad de seguridad social,
conforme a la doctrina fijada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia del 18 de octubre de 2006, expediente 28614, y a la propia
Circular Interna 04 de 2013 de Colpensiones sobre giro de retroactivos en pensiones
compartidas.

26. Alegó que el fenómeno de la prescripción trienal previsto en los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, opera
como sanción al trabajador que no reclama oportunamente su prestación, mas no
resulta aplicable al empleador que reclama el reembolso de las sumas pagadas
anticipadamente al pensionado, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en
las sentencias T-042 de 2016 y T-046 de 2016.

2.2. Contestación de la demanda

27. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda y
solicitó que se nieguen4.

28. Propuso la excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa, al
considerar que no existe relación sustancial entre la Universidad del Magdalena y el
objeto de la litis, en tanto las pretensiones se dirigen a que Colpensiones reconozca y
pague una pensión de vejez a favor de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco y,
a la vez, gire el retroactivo pensional generado por un reconocimiento que no se
encuentra en cabeza de la institución demandante.

29. Citó la sentencia del Consejo de Estado del 10 de julio de 2019 (radicación
interna 60195, M.P. Ramiro Pazos Guerrero), según la cual la legitimación en la causa
exige un vínculo sustancial entre la parte y el objeto de la controversia, distinguiendo
entre la legitimación de hecho, derivada de la sola condición de demandante o
demandado, y la legitimación material, relativa a la participación o vínculo con los
hechos que originaron la demanda; concluyó que la Universidad carece de esta última,
por lo que solicitó declarar probada la excepción.

30. Señaló que se configuró la excepción de la prescripción, con fundamento en el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, según el cual los derechos sociales prescriben
en tres años contados desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

31. Como excepciones de fondo, planteó la inexistencia de las obligaciones
reclamadas, por no cumplirse la normativa que sustenta el reconocimiento pensional
ni el retroactivo pretendido a favor de la Universidad; el cobro de lo no debido, en tanto

4 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 123 a 132.

6

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

no habría lugar al reconocimiento de la pensión ni al pago de un retroactivo que, a su
juicio, resulta inexistente y que en ningún caso correspondería pagar a la Universidad,
al carecer esta de facultades jurídicas para solicitar tal prestación; la buena fe, por
haber actuado siempre conforme a la Constitución y la ley.

2.3. Sentencia de primera instancia

32. El Tribunal Administrativo del Magdalena, profirió sentencia el 18 de agosto de
2021, a través de la cual declaró no probada la excepción de falta de legitimación por
activa y la nulidad de los actos acusados, ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez a favor de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco y se abstuvo
de condenar en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos5:

33. Sostuvo, frente a la legitimación en la causa por activa propuesta por
Colpensiones, que sí existe una relación jurídica entre la Universidad del Magdalena y
el objeto de la litis, en tanto la entidad demandante, en sede administrativa, solicitó a
Colpensiones que se subrogara en la obligación pensional que asumió sin
competencia, así como el retroactivo generado por el reconocimiento que debió
efectuar dicha administradora; concluyó que le asiste a la Universidad interés directo
en demandar los actos acusados, por cuanto estos afectan la titularidad de la
obligación pensional reclamada.

34. Determinó que el desistimiento tácito del recurso de apelación, contenido en la
Resolución DIR 17010 de 2018, era ilegal, pues Colpensiones no tuvo en cuenta que
el auto de pruebas APDIR 196 del 16 de agosto de 2018, en el que se requirió a la
Universidad, le fue comunicado a esta el 24 de agosto de 2018, y no en las fechas de
expedición y entrega —16 y 17 de agosto— que erróneamente tuvo en cuenta la
entidad para contabilizar el término de un mes que se otorgó para dar respuesta.
Añadió que, en todo caso, la Universidad contestó dentro del plazo concedido
mediante comunicación del 10 de septiembre de 2018, recibida por Colpensiones el
24 de septiembre siguiente.

35. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo, con fundamento en el artículo 131 de la
Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que con la entrada en vigor de la referida ley las universidades oficiales perdieron
competencia para reconocer pensiones de sus servidores, en virtud de la afiliación
obligatoria de estos al Sistema General de Pensiones. Por ende, tal competencia
correspondía a la administradora que hubiese recibido las cotizaciones del período en
que ocurrió el hecho que dio lugar a la prestación. Así, al estar acreditado que la señora
Nobmann de Orozco cotizó al ISS y luego a Colpensiones desde el 1 de julio de 1995
hasta el «22 de febrero de 2000», concluyó que no era la Universidad, sino dicha
administradora, la autoridad competente para reconocer y pagar la pensión.

5 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento
19SentenciaPrimeraInstancia.

7

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

36. En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución SUB 179109 de 2018,
que había negado el reconocimiento pensional, y ordenó a Colpensiones reconocer y
pagar la pensión de vejez a la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, precisando
que, si la liquidación ajustada a la ley arrojara un valor menor al que venía pagando la
Universidad, esta última deberá asumir la diferencia, y que Colpensiones podrá
descontar lo pagado por indemnización sustitutiva de pensión de vejez, si a ello
hubiere lugar, mediante acuerdo de pago que no afecte el mínimo vital de la
beneficiaria.

37. En relación con el retroactivo pensional reclamado por la Universidad, el
Tribunal declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 17 de
mayo de 2015, por considerar que la solicitud de subrogación pensional solo fue
presentada ante Colpensiones el 17 de mayo de 2018, sin que resultaran aplicables al
caso los presupuestos de la Circular Interna 04 de 20136 de dicha entidad, al no
configurarse los mismos supuestos allí regulados. Finalmente, se abstuvo de condenar
en costas, al no encontrarse acreditada su causación dentro del proceso.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo y que, en su lugar, se ordene
a Colpensiones reconocer y girar a favor de la Universidad del Magdalena el valor total
del retroactivo pensional generado desde la fecha de retiro del servicio de la señora
Betty Cecilia Nobmann de Orozco —el 1 de marzo de 2000— hasta la fecha efectiva
de su inclusión en la nómina de pensionados de Colpensiones, bajo los siguientes
argumentos7:

38. Alegó que la condena al pago del retroactivo únicamente a partir del 17 de mayo
de 2015, por aplicación de la prescripción trienal contada desde la presentación de la
solicitud de subrogación pensional, carece de soporte jurídico que la sustente, en tanto
la pretensión formulada en la demanda había sido que se reconociera y girara la
totalidad del retroactivo generado desde el retiro del servicio de la beneficiaria.

39. Relató nuevamente el trámite de subrogación pensional adelantado desde el
año 2009 con el extinto ISS, la interrupción del proceso al asumir Colpensiones la
administración del Régimen de Prima Media en 2012, el reconocimiento e inclusión en
nómina de solo 59 de las 174 pensiones solicitadas, y las gestiones realizadas ante la
Procuraduría General de la Nación para lograr la continuidad del trámite, señalando
que las dificultades y la exigencia de una nueva radicación de solicitudes obedecieron
a circunstancias ajenas a la Universidad, por lo que esta no debía soportar sus
consecuencias.

6 La sentencia no desarrolló ni explicó el contenido de la mencionada circular.
7 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento
22RecursoApelacionSentencia.

8

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

40. Enfatizó que, una vez superados los obstáculos y lograda la subrogación, los
retroactivos pensionales generados deben girarse a la Universidad, en tanto lo que se
configura es la subrogación en el reconocimiento de una prestación extralegal,
correspondiente al pago anticipado de la pensión que debió reconocer y pagar el
verdadero administrador del Régimen de Prima Media. Invocó la sentencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 18 de octubre de 2006
(expediente 28614, M.P. Eduardo López Villegas), según la cual el retroactivo
correspondiente al valor pagado por el empleador es dinero que la entidad de
seguridad social debe reembolsarle, así como la Circular Interna 04 del 26 de julio de
2013 de Colpensiones sobre giro de retroactivo en pensiones compartidas.

41. Sostuvo que la prescripción trienal prevista en los artículos 488 y 489 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo opera como sanción
exclusiva del trabajador que no reclama oportunamente su prestación, pero no resulta
aplicable al empleador que reclama el reembolso de sumas ya pagadas
anticipadamente al pensionado, en tanto lo que se configura es una devolución de
dinero y no una prescripción de derechos pensionales. En apoyo de esta tesis, citó las
sentencias T-042 de 2016 y T-046 de 2016 de la Corte Constitucional, el concepto del
26 de julio de 2006 del Procurador Delegado para Asuntos Laborales, y la propia
definición de «retroactivos patronales» publicada en la página web de Colpensiones el
7 de febrero de 2018, según la cual dichos valores corresponden al reembolso del
pago anticipado que efectúa el empleador y son girados a este, previa autorización del
afiliado.

2.4.2. La parte demandada impugnó el fallo de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos8:

42. Sostuvo que no es viable ordenar a Colpensiones el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez a favor de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, ni el pago
de un retroactivo pensional a favor de la Universidad del Magdalena, por cuanto dicho
reconocimiento resultaría incompatible con la prestación que la beneficiaria ya
devenga por parte de la Universidad. Señaló que la señora Nobmann de Orozco nació
el 14 de octubre de 1944, cuenta actualmente con 76 años de edad y acredita un total
de 11.142 días laborados, equivalentes a 1.591 semanas, y que tiene reconocida una
pensión de jubilación por la Universidad del Magdalena mediante la Resolución 00073
del 29 de febrero de 2000.

43. Invocó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la
Ley 797 de 2003, según el cual los afiliados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones tienen derecho al reconocimiento de las prestaciones conforme a lo
dispuesto en dicha ley, de lo que dedujo que la administradora debe respetar las

8 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento
21RecursoApelacionSentencia.

9

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

incompatibilidades legales del sistema. Citó igualmente la sentencia C-674 de 2011 de
la Corte Constitucional sobre la prohibición de percibir simultáneamente dos pensiones
que amparen el mismo riesgo, el artículo 128 de la Constitución Política sobre
incompatibilidad de asignaciones del tesoro público, y el inciso 4 del artículo 17 de la
Ley 549 de 1999 sobre la utilización de los tiempos laborados y cotizados para financiar
la pensión.

44. Enfatizó que no es procedente jurídicamente el reconocimiento de la pensión
de vejez a la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, debido a la incompatibilidad
legal manifiesta derivada de la pensión ya reconocida por la Universidad del
Magdalena.

45. Argumentó, en cuanto al reconocimiento de la prestación con carácter de
compartida, que conforme al artículo 18 del Decreto 758 de 1990 y a la Circular Interna
04 de 2013 de Colpensiones —modificada por la Circular Interna 19 del 10 de
diciembre de 2015—, el giro del retroactivo en pensiones compartidas a favor del
empleador procede únicamente cuando el acto de reconocimiento pensional o un
documento emanado del empleador manifieste expresamente que la pensión será
compartida o que el retroactivo se girará a su favor, o cuando medie autorización del
trabajador para dicho efecto. Sostuvo que, revisada la Resolución 00073 del 29 de
febrero de 2000 expedida por la Universidad del Magdalena, esta no establece el
carácter compartido de la prestación ni indicio alguno que determine su
compartibilidad, ni obra autorización de la asegurada para que el giro del retroactivo
se realice a favor de la entidad.

46. Concluyó que Colpensiones debe reconocer y girar a favor de la Universidad
del Magdalena el valor total del retroactivo pensional generado desde la fecha de retiro
efectivo del servicio de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, hasta la fecha
efectiva de inclusión en nómina de pensionados de Colpensiones.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

47. Mediante auto del 9 de febrero de 2023 se admitieron los recursos de apelación
presentados por la parte demandante y demandada, y se prescindió del traslado para
alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se
solicitaron pruebas en segunda instancia9.

2.6. Ministerio Público

48. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio10.

9 Samai, índice 13, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10
Samai, índice 16, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

10

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

3. Consideraciones

3.1. Competencia

49. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

50. La Sala advierte que los argumentos expuestos en los recursos de apelación
versan sobre la inconformidad respecto a la prescripción del retroactivo pensional; la
incompatibilidad legal dada la pensión de jubilación ya reconocida por la Universidad
del Magdalena, la cual a su vez, no establece el carácter compartido de la prestación,
y si bien el problema jurídico debería dirigirse a resolver esos asuntos, antes de ello
es necesario precisar aspectos de índole procesal, concernientes a los presupuestos
para adelantar la presente controversia. En tal sentido, corresponde a la Sala definir
si:

51. ¿La demanda se dirigió contra el acto administrativo que negó el reconocimiento
de la pensión compartida pretendida por la parte accionante? En caso negativo, ¿dicha
omisión configura la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda?

52. De no haberse configurado la excepción de inepta demanda, ¿operó el
fenómeno de la prescripción trienal respecto al pago del retroactivo pensional
solicitado por la entidad demandante?; ¿es incompatible la pensión de jubilación
reconocida por la parte accionante con la pensión de vejez que ordenó reconocer el
Tribunal en primera instancia? y ¿es procedente el reconocimiento y pago del
retroactivo pensional a favor del empleador pese a que el acto de reconocimiento
pensional proferido por el empleador no manifieste expresamente que la pensión será
compartida o que el retroactivo se girará a su favor, teniendo en cuentas que no media
autorización del trabajador para dicho efecto?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. De la excepción de inepta demanda

53. La excepción de ineptitud de la demanda, conforme a lo previsto en el numeral
5 del artículo 100 del Código General del Proceso, en adelante CGP, puede alegarse
únicamente, por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones.

54. Por falta de los requisitos formales: la excepción resulta procedente cuando la

11

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

demanda no cumple con los requisitos relativos a su contenido y anexos, establecidos
en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales determinan los elementos
que debe contener el escrito, la forma de individualizar las pretensiones y los
documentos que deben acompañarlo. Se exceptúan de esta regla los anexos
señalados en los numerales 3 y 4 del artículo 166 ibidem, respecto de los cuales opera
la excepción específica contenida en el numeral 6 del artículo 100 del CGP.

55. En particular, el numeral 2 del artículo 163 del CPACA exige que la demanda
individualice los actos administrativos cuya nulidad se pretende, y el numeral 4 del
artículo 162 ibidem impone que las pretensiones se formulen con precisión y claridad.
Esta exigencia de individualización y precisión no se satisface con la sola identificación
formal de un acto administrativo, sino que comprende la carga de integrar a la litis
todos aquellos actos cuya validez constituye presupuesto lógico y necesario para que
la pretensión formulada pueda ser resuelta de fondo.

56. Lo anterior encuentra sustento en la presunción de legalidad que ampara a los
actos administrativos, prevista en el artículo 88 del CPACA, en virtud de la cual estos
producen la totalidad de sus efectos jurídicos mientras no sean anulados por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Cuando la causa petendi de una
demanda se edifica sobre la premisa de que un acto administrativo distinto al
directamente acusado adolece de un vicio de ilegalidad —en este caso, de falta de
competencia—, a juicio de la Sala dicho acto debe ser vinculado al proceso mediante
pretensión expresa de nulidad, pues de lo contrario el juez carece de habilitación para
desvirtuar, así sea de manera incidental, la presunción que lo ampara.

57. En ese sentido, se recuerda que el juez de lo contencioso-administrativo se
encuentra sujeto al principio de congruencia, conforme al cual la sentencia debe
guardar correspondencia con los hechos, las pretensiones y las excepciones
formuladas por las partes, sin que le sea dable pronunciarse, por ejemplo, sobre la
legalidad de actos administrativos que no han sido sometidos a su conocimiento a
través de la pretensión correspondiente.

58. Por consiguiente, cuando la prosperidad de las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho depende, de manera necesaria e insalvable, de que se
declare la invalidez de un acto administrativo que definió de manera autónoma una
situación jurídica particular y que no fue demandado ni integrado a las pretensiones,
se configura la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
formulación de las pretensiones, en los términos de los artículos 162 y 163 del CPACA.

59. Dichos requisitos pueden ser subsanados en el momento de reformar la
demanda, como lo disponen los artículos 170 y 173 del CPACA, en concordancia con
el numeral 3 del artículo 101 del CGP, o dentro del término de traslado de la respectiva
excepción, con ocasión de la modificación introducida por el artículo 38 de la Ley 2080
de 2021 al parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA, en armonía con el numeral

12

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

1 del artículo 101 del CGP.

60. Por indebida acumulación de pretensiones, esta excepción prospera por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137 y
siguientes y 165 del CPACA.

3.3.2. Actos administrativos sujetos de control judicial

61. El acto administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o
extingue una situación particular o general; es decir, que: (1) constituye una
declaración unilateral de la voluntad; (2) es expedido en ejercicio de la función
administrativa; (3) encaminado a producir efectos jurídicos de manera directa sobre
una situación jurídica; y (4) conlleva la creación, modificación o extinción de una
situación jurídica general o particular, que impacta en los derechos u obligaciones de
las personas concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito»11.

62. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos definitivos
como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan
imposible continuar la actuación» administrativa, ya sea porque definen la situación
jurídica en cuestión o impiden la continuación del procedimiento. Esta corporación los
ha distinguido respecto de los de trámite, preparatorios y de ejecución; los
primeros, son aquellos que dicta la administración para impulsar el respectivo
procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuales en principio no
son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación del
procedimiento administrativo12.

63. Por su parte, los actos preparatorios, según lo ha señalado la doctrina13, más
que impulsar la actuación administrativa, tienen por finalidad contribuir para estructurar
la decisión o el acto que la terminará. Por ello, se pueden considerar como tales los
conceptos, dictámenes, consultas, propuestas y demás actuaciones de igual
naturaleza. Estos actos no contienen órdenes ni decisiones vinculantes para el
desarrollo del procedimiento; su función es más probatoria que de impulso del
procedimiento administrativo. A su vez, pueden ser examinados por el juez de lo
contencioso-administrativo cuando impiden continuar con la actuación
administrativa14.

64. Por último, los de ejecución se circunscriben a dar cumplimiento a una decisión

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, procedo con radicado 52001-

33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado

76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
13 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia y la doctrina.

Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015, pág. 327.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, exp.

050012333000201501359 01 (4887-2016), M. P. William Hernández Gómez.

13

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

judicial o administrativa, sin que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las
de la providencia judicial o el acto ejecutado.

65. En tal sentido, por regla general, los actos administrativos definitivos serían los
únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación de crear,
modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales pueden ser
expresos o fictos.

3.4. Hechos probados relevantes

66. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

67. Mediante la Resolución 00073 del 29 de febrero de 2000, la Universidad del
Magdalena reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor de la
señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, con efectos a partir del 1 de marzo de 2000.
En este acto administrativo se señaló que la entidad tenía la obligación de asumir el
pago de las pensiones de sus funcionarios que consolidaran el derecho a la referida
prestación; en tal sentido como la señora Nobmann de Orozco laboró para la
Universidad del 1 de febrero de 1969 al 22 de febrero de 2000, esto es, durante 31
años y 22 días y había cumplido 55 años de edad, se determinó que era acreedora de
una pensión15.

68. La Universidad del Magdalena y Colpensiones en reunión llevada a cabo el 1
de abril de 2014 suscribieron unos compromisos para adelantar el trámite de
subrogación de las pensiones reconocidas por la Universidad respecto a 94
pensionados16.

69. Según concepto de cobro emitido por Colpensiones el 31 de enero de 2017, la
Universidad del Magdalena le debía por concepto de aportes a vejez, a título de la
señora Nobmann de Orozco, $15.339.690 y una rentabilidad de $41.283.69217.

70. A través del Acuerdo 063 del 21 de marzo de 2018, la Vicerrectoría Académica
de la Universidad del Magdalena reconoció a favor de Colpensiones la suma de
$384.435.567 por concepto de aportes a vejez más rentabilidad correspondiente a 12
ciudadanos, incluida la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, con fundamento en
la Ley 549 de 199918.

15 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 39 a 41.
16 16 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 84 a 88.
17 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 51 a 52.
18 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 43 a 50.

14

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

71. El 23 de marzo de 2018, la Universidad pagó a Colpensiones la suma de
$384.435.567 por concepto de devolución de aportes Ley 549, conforme al
comprobante que obra en el plenario19.

72. En oficio radicado el 17 de mayo de 2018, la entidad accionante solicitó a
Colpensiones reconocer una pensión de vejez con carácter compartido a favor de la
señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco20.

73. Mediante la Resolución SUB 179109 del 4 de julio de 2018, Colpensiones negó
la pensión de vejez solicitada, bajo el argumento que la señora Nobmann de Orozco
ya tenía una pensión de jubilación por parte de la Universidad del Magdalena21. El 31
de julio de 2018, el ente universitario interpuso recurso de apelación en su contra22.

74. Colpensiones emitió Auto de Pruebas APDIR 196 del 16 de agosto de 2018 en
el que requirió a la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco y/o a la Universidad del
Magdalena para que en el término de un mes allegaran algunas pruebas y documentos
con el fin de resolver la apelación interpuesta23.

75. En oficio con fecha del 19 de noviembre de 2018 dirigido a Colpensiones, la
Universidad del Magdalena alegó que el fondo de pensiones contabilizó de manera
errónea el término con el que contaba la institución para radicar las pruebas
requeridas. Razón por la cual solicitó que se revocara el auto de pruebas y se
estudiaran los documentos allegados al estudio de reconocimiento de la pensión de
vejez24.

76. Por medio de la Resolución DIR 17010 del 19 de septiembre de 2018,
Colpensiones declaró el desistimiento tácito del recurso de apelación presentado el 31
de julio de 2018 por la Universidad del Magdalena25.

77. Mediante oficio del 13 de diciembre de 2018, recibido por la Universidad el 14
de enero de 2019, Colpensiones, en atención a la solicitud de revocatoria de la
resolución anterior, informó que contra ese acto administrativo no procedía recurso

19 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

pág. 52.
20 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 53 a 55.
21 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 55 a 61.
22 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 62 a 70.
23 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 71 a 72.
24 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 73 a 75.
25 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 76 a 80.

15

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

alguno, por lo que debía realizarse una nueva solicitud con el lleno de los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la prestación reclamada26.

3.5. Caso concreto

78. En el asunto bajo estudio, se tiene que la parte demandante en el medio de
control de la referencia solicitó la nulidad de la Resolución SUB 179109 del 4 de julio
de 2018, por medio de la cual Colpensiones negó el reconocimiento de una pensión
de vejez compartida a favor de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco, solicitada
por la Universidad del Magdalena, al considerar que existía una incompatibilidad entre
esta y la pensión de jubilación reconocida el ente universitario en la Resolución 00073
del 29 de febrero de 2000. A su vez, pidió la nulidad de la Resolución DIR 17010 del
19 de septiembre de 2018, mediante la cual la entidad demandada declaró el
desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto.

79. En consecuencia, solicitó que se reconociera y pagara a favor de la señora
Nobmann de Orozco una pensión de vejez compartida y el pago del retroactivo
pensional causado entre la fecha de retiro del servicio y la fecha de su inclusión en la
nómina de pensionados de Colpensiones.

80. En el escrito de la demanda, la parte accionante manifestó que la Universidad
al proferir la Resolución 00073 del 29 de febrero de 2000, por medio de la cual
reconoció una pensión de jubilación a favor de la señora Betty Cecilia Nobmann de
Orozco, incurrió en un error, comoquiera que de conformidad con Ley 100 de 1993,
luego de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, la entidad responsable
de dicho reconocimiento era el ISS (hoy Colpensiones) y no ella.

81. En tal sentido, narró que, al percatarse del reconocimiento indebido de la
prestación, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de una pensión de vejez a favor
de la señora Nobmann de Orozco con carácter compartido. No obstante, la entidad a
través de los actos acusados negó dicha pretensión al considerar que la prestación
reclamada era incompatible con la pensión de jubilación reconocida por la Universidad.

82. Ahora bien, del recuento de los hechos y del concepto de la violación expuestos
en el escrito de la demanda, se advierte que la causa petendi invocada por la
Universidad del Magdalena no se limita a cuestionar la valoración que hizo
Colpensiones sobre la compartibilidad de la pensión. Por el contrario, la parte
accionante fundamentó su pretensión en la premisa de que ella misma carecía de
competencia legal para reconocer la pensión de jubilación de la señora Betty Cecilia
Nobmann de Orozco mediante la Resolución 00073 del 29 de febrero de 2000, en tanto
dicha competencia había sido trasladada al ISS, hoy Colpensiones, con la entrada en
vigor del Sistema General de Pensiones.

26 Samai, índice 02, expediente digital, archivo DEMANDA Y ANEXOS (.zip), documento 01ExpedienteDigitalizado,

págs. 81 a 82.

16

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

83. Dicha premisa no es un simple antecedente fáctico, constituye el fundamento
jurídico sobre el cual se erige la totalidad de las pretensiones formuladas. En efecto,
solo si la Resolución 00073 de 2000 adolece de un vicio de incompetencia que la torne
inválida, bajo la perspectiva de la demanda, resulta jurídicamente viable trasladar a
Colpensiones la obligación pensional allí reconocida, ordenar su subrogación y
disponer el giro del retroactivo correspondiente a favor de la Universidad.

84. Sin embargo, la Resolución 00073 del 29 de febrero de 2000 no fue demandada.
La parte accionante circunscribió sus pretensiones a la nulidad de las resoluciones
SUB 179109 del 4 de julio de 2018 y DIR 17010 del 19 de septiembre de 2018, sin
formular pretensión alguna dirigida a que se declarara la nulidad del acto que, en su
propia formulación de la demanda, incurrió en el vicio de incompetencia que sustenta
todo su planteamiento.

85. En virtud de la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos
conforme al artículo 88 del CPACA, la Resolución 00073 de 2000 produce plenos
efectos jurídicos y, entre ellos, el de mantener válidamente radicada en cabeza de la
Universidad del Magdalena la obligación pensional allí reconocida, mientras dicho acto
no sea anulado por la jurisdicción. Un pronunciamiento que ordene a Colpensiones
asumir la pensión, o que declare procedente su compartibilidad, exigiría de la Sala
desconocer los efectos de un acto administrativo ajeno a la litis (pues no fue
demandado), respecto del cual la parte accionante realizó un juicio de incompetencia,
cuestionó su validez, pero no formuló en su contra la pretensión de nulidad
correspondiente.

86. Así las cosas, se advierte que la demanda incurrió en una indebida formulación
de las pretensiones, en los términos de los artículos 162 y 163 del CPACA, al omitir
incluir, entre los actos demandados, aquel que constituye presupuesto lógico y
necesario para resolver de fondo lo pretendido, teniendo en cuenta los mismos
fundamentos de la demanda.

87. No se trata de que la Universidad haya dirigido la demanda contra actos
distintos a los que debía acusar, pues las Resoluciones SUB 179109 y DIR 17010 de
2018 resolvieron de manera desfavorable su solicitud administrativa. Se trata, en
cambio, de que la pretensión de nulidad y restablecimiento formulada contra dichos
actos resulta insuficiente para obtener lo pretendido mientras subsista, incólume, la
Resolución 00073 de 2000, cuya invalidez debió reclamarse de manera expresa y
autónoma, debido a que se reitera, uno de los argumentos centrales para que se
acceda a lo solicitado, es la falta de competencia de la Universidad al reconocer la
pensión a la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco.

88. En consecuencia, se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda. Se revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar

17

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

probada de oficio dicha excepción. Se precisa que esta decisión no obsta para que la
parte demandante ejerza el medio de control pertinente contra la Resolución 00073
del 29 de febrero de 2000, formulando en debida forma la pretensión de nulidad
correspondiente.

89. Para finalizar, se aclara que, tratándose la inepta demanda de una excepción
previa, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente a los reparos de los recursos de
apelación sobre la declaratoria de la prescripción del retroactivo pensional, la
compatibilidad de la pensión de jubilación reconocida por la Universidad del
Magdalena y la pensión de vejez reconocida por el Tribunal, y la procedencia del
reconocimiento y pago del retroactivo pensional a favor del empleador.

3.6. Conclusión de la decisión

90. En el caso particular, se probó la configuración de la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, toda vez que las pretensiones formuladas se sustentaron
en la supuesta ilegalidad de la Resolución 00073 del 29 de febrero de 2000, acto que
definió la situación jurídica pensional de la señora Betty Cecilia Nobmann de Orozco y
que no fue integrado a la litis mediante pretensión de nulidad, aunque en los términos
en que se acudió a la Jurisdicción resultaba necesario confirmar o desvirtuar su
validez.

4. Costas

91. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

18

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. En su
lugar:

Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda dentro del medio de control presentado por la Universidad del Magdalena en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Reconocer personería a Vence Salamanca Lawyers Group S.A.S. con NIT
901.046.359-5 para actuar como apoderado de la Administradora Colombiana de
Pensiones- Colpensiones, en los términos del poder general que le fue conferido a
través de la escritura pública 803 del 2023, que obra a índice 21 de Samai28.

Quinto. Reconocer personería a la abogada Adriana María Chingaté Barbosa
identificada con la cédula de ciudadanía 52.729.825 y portadora de la tarjeta
profesional 364.036 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones,
en los términos del poder que le fue conferido, que obra a índice 21 de Samai29.

Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

28 Samai, índice 21, expediente digital, archivo 17_MemorialWeb_Otro-AAESCRITURAVS2023_(.pdf).
29
Samai, índice 21, expediente digital, archivo 16_MemorialWeb_Otro-MEMORIALIMPULSO470(.pdf).

19

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00348-01 (5371-2022)
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Colpensiones

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salva voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.