República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00447-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00447-01 (2711-2023)
Demandante: Evelio Antonio Molina Castillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Tema: pensión de vejez. Subtema: prohibición de doble asignación del tesoro público.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 23 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Evelio Antonio Molina Castillo demandó a Colpensiones con el propósito de
obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez desde el 18 de julio de
2017, fecha en la que presentó su primera solicitud pensional. Sostuvo que para
entonces había cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio y que el
reconocimiento se demoró injustificadamente por inconsistencias en su historia
laboral. Esta circunstancia, manifestó, lo obligó a continuar vinculado al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF, en adelante] hasta el 11 de mayo de 2020,
cuando la entidad finalmente reconoció la prestación.
El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones,
pues consideró que el demandante tenía derecho al reconocimiento pensional desde
la primera solicitud. Sin embargo, negó el pago de las mesadas causadas desde el 18
de julio de 2017, al estimar que el demandante continuó desempeñándose como
servidor público y, por tanto, no podía recibir simultáneamente el salario y la pensión,
en virtud de la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política.
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00447-01 (2711-2023)
Demandante: Evelio Antonio Molina Castillo
Demandado: Colpensiones
Inconforme con esta última decisión, el demandante apeló para que se ordenara el
pago de las mesadas correspondientes al período comprendido entre el 18 de julio de
2017 y el 11 de mayo de 2020, al considerar que continuó trabajando por el retraso
imputable a Colpensiones en el reconocimiento de su pensión.
La Sala confirmará la sentencia apelada, pues durante el período reclamado el
demandante percibió salario como servidor público y, por tanto, las mesadas
pensionales pretendidas resultan incompatibles con dicha asignación, de conformidad
con el artículo 128 de la Constitución Política.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El 2 de agosto de 2019, el señor Evelio Antonio Molina Castillo, por conducto
de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones, de acuerdo con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan 1:
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones No. SUB-215564 del 3 de
octubre de 2017, SUB-41292 del 15 de febrero de 2018, SUB-188402 del 16 de julio
de 2018 y DIR-1235 del 31 de enero de 2019 mediante las cuales se negaron las
reclamaciones administrativas presentadas el 18 de julio de 2017, el 15 de marzo y 20
de abril de 2018 y el recurso de apelación del 31 de julio de 2018.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez por un monto de $2.910.192,37,
conforme a las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir del 18 de julio de 2018, fecha
en la que presentó la primera solicitud de reconocimiento.
4. Asimismo, solicitó que se ordene a Colpensiones dar cumplimiento al fallo que
se dicte dentro del presente proceso y pagar los intereses moratorios al demandante,
de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA.
5. Que se paguen los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
desde el 18 de enero de 20142.
1. Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 98.
2 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 102.
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Demandante: Evelio Antonio Molina Castillo
Demandado: Colpensiones
2.1.2. Hechos de la demanda
6. La Sala los resume así:
7. Señaló que nació el 8 de enero de 1955 y que, para el mismo día y fecha de
2017, cumplió 62 años y adquirió el estatus pensional.
8. Indicó que labora –para la fecha de presentación de la demanda– de forma
ininterrumpida en el ICBF desde el 3 de diciembre de 1981. Por lo tanto, según cálculos
del demandante, para el 18 de julio de 2017, fecha de la primera solicitud de
reconocimiento pensional, tenía un tiempo de servicios de 37 años y 28 días, lo que
estimó equivalente a 1.902 semanas de cotizaciones.
9. Destacó que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez en tres
oportunidades: 18 de julio de 2017, 2 de febrero y 15 de marzo de 2018, las cuales
fueron negadas por Colpensiones mediante resoluciones SUB- 215564 del 3 de
octubre de 2017, SUB-41292 del 15 de febrero de 2018 y SUB-188402 del 16 de julio
de 2018, respectivamente. Entre otras razones, por inconsistencias en la historia
laboral del peticionario.
10. Contra el último acto administrativo interpuso recurso de apelación el 31 de julio
de 2018, pero fue igualmente negado por la Resolución DIR-1235 del 31 de enero de
20193.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas4:
• Constitución Política de Colombia: artículos 2, 25, y 58.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 797 de 2003.
12. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante propuso los siguientes
argumentos:
13. En primer lugar, afirmó que para el momento en que solicitó el reconocimiento
de la pensión había cumplido los requisitos de edad y semanas de cotización exigidos
por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.º de la Ley 797
de 2003. No obstante, Colpensiones excluyó de su historia laboral determinados
períodos correspondientes a su vinculación con el ICBF, debido a inconsistencias en
el registro de las cotizaciones.
3 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 100.
4 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 103-107.
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Demandado: Colpensiones
14. A juicio del actor, tal circunstancia no podía imputársele, pues la obligación de
efectuar y trasladar los aportes al sistema pensional correspondía al empleador, de
conformidad con los artículos 17, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia,
consideró que las eventuales omisiones o inconsistencias del empleador no podían
producir como efecto la pérdida o desconocimiento de las semanas necesarias para
acceder a la prestación.
15. Agregó que una vez Colpensiones advirtió las inconsistencias existentes en la
historia laboral, debió ejercer las facultades de fiscalización e investigación previstas
en el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, en lugar de trasladar al afiliado las
consecuencias de la falta de información o del incumplimiento atribuible al empleador.
Por ello, estimó que la entidad no podía negar el reconocimiento pensional con
fundamento exclusivo en la ausencia o inconsistencia de determinados registros, sin
adelantar las actuaciones necesarias para establecer la realidad de los períodos
laborados y de las cotizaciones correspondientes.
16. Finalmente, sostuvo que la negativa de la prestación desconoció los artículos 2,
25 y 58 de la Constitución Política, en tanto impidió la efectividad de su derecho a la
seguridad social derivado de su vida laboral, que adquirió al cumplir los requisitos
legales para acceder a la pensión de vejez. En consecuencia, solicitó la nulidad de los
actos demandados y el correspondiente restablecimiento del derecho.
17. En conclusión, la parte demandante sostuvo que Colpensiones negó
indebidamente la pensión de vejez al excluir períodos laborales que debieron
contabilizarse. Afirmó que las inconsistencias eran atribuibles al empleador y que la
entidad omitió ejercer sus facultades de fiscalización, con lo cual desconoció las
normas legales que regulaban el reconocimiento pensional y los derechos
constitucionales invocados.
2.2. Contestación de la demanda
18. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar
que al señor Evelio Antonio Molina Castillo no le asistía derecho al reconocimiento de
la pensión de vejez solicitada5. En particular, sostuvo que no cumplía los requisitos
previstos en los artículos 21 y 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, por cuanto, si bien acreditaba la edad requerida, solo registraba 1.139 semanas
cotizadas, frente a las 1.300 exigidas por la normativa aplicable.
19. Destacó que, desde el 3 de diciembre de 1981 al 30 de junio de 1995, el
demandante cotizó ante la Caja Nacional de Previsión, hoy UGPP. Desde el 1 de julio
de 1995 en adelante cotizó ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
No obstante, según la entidad, en la historia laboral del usuario no figuran las
5 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 211.
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cotizaciones correspondientes al periodo entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de mayo
de 1996. Por esa razón, la entidad determinó que no hubo afiliación durante el periodo
referido y que no se cumplió con el requisito de semanas de cotización. De ese modo,
propuso la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no
debido6.
20. Adicionalmente, la entidad se opuso a las pretensiones relacionadas con el pago
de las mesadas, su reajuste, intereses, indexación, costas y demás conceptos
accesorios, bajo el argumento de que, al no existir derecho al reconocimiento de la
pensión principal, tampoco había lugar al reconocimiento de tales conceptos.
21. También propuso la excepción de prescripción, con fundamento en el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, y las excepciones de buena fe y genérica o innominada.
En relación con esta última, solicitó que se declarara cualquier medio exceptivo que
resultara acreditado durante el proceso7.
22. El ICBF también contestó la demanda y se opuso a ser considerado responsable
financieramente del pago de las pretensiones de la demanda. Manifestó que era cierta
la declaración del demandante en cuanto a los tiempos laborados 8 y que estaba
dispuesta a colaborar con cualquier información que fuera necesaria durante el
proceso para aclarar los supuestos de hecho de la controversia9.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia el 23 de septiembre
de 2020, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda:
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el reconocimiento
de una pensión de vejez en favor del demandante conforme al artículo 33 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. No obstante, entendió
que esta orden estaba satisfecha10. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
24. En primer lugar, para el 18 de julio de 2017, fecha de la primera solicitud, señaló
que el señor Evelio Antonio Molina Castillo cumplía con los requisitos de edad y
semanas de cotización exigidas por la Ley 100 de 1993, pues tenía 62 años y había
6 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 216.
7 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 219.
8 El ICBF manifestó que el hecho 7 de la demanda era cierto. En este, el demandante describió los tiempos de la
relación laboral así: del 3 de diciembre de 1981, al menos, hasta el 30 de diciembre de 2017. Consultar en: Samai,
Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 213.
9 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 223.
10 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
06SentenciaPrimeraInstanciayNotificación, pág. 15.
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ostentado la calidad de servidor público por un tiempo no menor a 36 años, 3 meses y
7 días, circunstancias que el demandante acreditó ante la administración11.
25. En ese orden de ideas, estimó que correspondía acceder a las pretensiones de
la demanda; pero también destacó que dado que en el transcurso del proceso la
entidad accionada emitió la Resolución SUB-105166 del 11 de mayo de 2020 en la
que reconoció la prestación por un monto de $3.602.974, se satisfizo la pretensión de
restablecimiento del derecho que dio lugar a la controversia.
26. Finalmente, en cuanto al pago retroactivo de las mesadas causadas a partir del
18 de julio de 2017, las consideró improcedentes conforme a la prohibición de percibir
dos asignaciones del tesoro público, prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política. Esto en consideración a que desde la fecha antes señalada y hasta el
momento de dictar sentencia de primera instancia, el beneficiario se encontraba
laborando para el ICBF como defensor de familia, es decir, ejerciendo el servicio
público12.
2.4. Recurso de apelación
27. El 24 de marzo de 202213, la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia antes descrita. Fundamentó su inconformidad en las siguientes
razones:
28. En primer lugar, argumentó que el Tribunal Administrativo del Magdalena no
tuvo en cuenta que durante 34 meses Colpensiones incurrió en un retraso injustificado
y antijurídico que le impidió materializar sus planes de retiro14. Dicho retraso se causó
por la negligencia de la entidad y el incumplimiento de su deber legal de custodia de
la información laboral de los usuarios. Sostuvo que la entidad tuvo que hacer
correcciones a inconsistencias en doce años de su historia laboral y a causa de ello se
retrasó injustificadamente su reconocimiento pensional. Esto, a pesar de que el
demandante había cumplido las cargas legales que le correspondían e interpuso las
acciones legales pertinentes.
29. En ese orden de ideas, argumentó que el hecho de que tuviera que laborar 34
meses más de lo que había previsto, por una falla institucional imputable a
Colpensiones, le ocasionó un daño. Con este fundamento, solicitó que se le paguen
retroactivamente las mesadas pensionales correspondientes al referido periodo
mediante la aplicación de la figura del «retroactivo por negligencia».
11 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
06SentenciaPrimeraInstanciayNotificación, pág. 10.
12 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
06SentenciaPrimeraInstanciayNotificación, pág. 13.
13 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
06SentenciaPrimeraInstanciayNotificación, pág. 15.
14 El demandante ubica este periodo de 34 meses entre el 18 de julio de 2017, que fue la fecha en que realizó la
petición de pago de la mesada pensional, y el 11 de mayo de 2020, que fue la data en que Colpensiones reconoció
finalmente la pensión.
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30. Reconoció que el goce de la mesada pensional se encuentra sujeto al retiro
definitivo de un funcionario público, pues está prohibido recibir dos ingresos del tesoro
público. No obstante, hizo hincapié en que el fundamento de la prohibición del artículo
128 de la Constitución Política era la preservar la dignidad del servicio público, así
como evitar que un empleado público se aproveche de su posición para obtener réditos
económicos. Empero, sostuvo que esto no ocurre en su caso, pues su solicitud se
dirige a la reparación de un daño. Por esta razón, solicitó que el Consejo de Estado
haga una interpretación finalista de la normativa aplicable.
31. En concreto, solicitó que se adicione a la sentencia de primera instancia en el
sentido de ordenar a Colpensiones el pago de las mesadas pensionales dejadas de
recibir entre el 18 de julio de 2017 y el 11 de mayo de 2020 (fecha de la resolución que
reconoció el derecho pensional). También solicitó inaplicar la prohibición constitucional
de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, pues el caso
concreto no se enmarca en el propósito que persigue la norma.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. Mediante auto del 4 de octubre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Evelio Antonio Molina Castillo, providencia que se notificó a
las partes15 y al Ministerio Público, de conformidad con los artículos 198 y 205 del
CPACA16.
2.6. Ministerio Público
33. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Consideración previa
34. Antes de abordar el estudio de fondo de la controversia planteada, se estima
pertinente aclarar que no corresponde en esta oportunidad decidir sobre la legalidad
del acto administrativo que reconoció el derecho pensional en favor del accionante, es
decir, la Resolución SUB-105166 del 11 de mayo de 2020 de Colpensiones, por las
razones que se exponen a continuación.
35. En primer lugar, el referido acto fue proferido con posterioridad a la presentación
y notificación de la demanda, por lo que no fue objeto de reproche en dicha
15 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
09AutoConcedeApelacionyNotificacion, pág. 12.
16 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
09AutoConcedeApelacionyNotificacion.
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oportunidad. En efecto, el auto admisorio se notificó el 29 de agosto de 201917 y el
acto administrativo señalado fue emitido el 11 de mayo de 202018, con ocasión del fallo
de tutela del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, con radicado
2020-00021. De aquel solo se cuenta con la referencia que hace del mismo la
Resolución SUB-105166 del 11 de mayo de 2020 de Colpensiones y lo dicho por la
parte demandante en los alegatos de conclusión de primera instancia.
36. La sentencia de tutela respondió a una solicitud de amparo constitucional del
«derecho pensional oportuno e integral, el habeas data, la igualdad y la vida en
condiciones dignas - mínimo vital»19. Según los alegatos de conclusión de la parte
demandante, el objetivo de la acción constitucional fue evitar la consolidación de un
perjuicio irremediable, pues habían transcurrido más de 3 años desde la solicitud de
reconocimiento pensional y no se había reconocido la pensión20.
37. En virtud de lo anterior, en el presente trámite se tuvo conocimiento de la
Resolución SUB-105166 del 11 de mayo de 2020, mediante correo electrónico enviado
por Colpensiones al Tribunal Administrativo del Magdalena el día 12 de mayo de 2020,
es decir, al día siguiente de la expedición del acto21. Para ese momento, en el proceso
se había citado audiencia inicial, de la cual se prescindiría para emitir sentencia
anticipada, mediante auto del primero de julio del mismo año22. En las diversas
actuaciones del proceso, no se incluyó como parte del análisis llevado a cabo por el
Tribunal el verificar la legalidad de la mencionada resolución. Únicamente se hizo
referencia a ella en los alegatos de conclusión de la parte demandante y en la
sentencia de primera instancia. En ambos casos, los pronunciamientos acogieron el
contenido de la resolución sin cuestionar su legalidad.
38. En ese orden de ideas, se insiste en que la controversia se planteó alrededor de
la legalidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la pensión,
motivo por el cual el juicio de legalidad debe adelantarse respecto de ellos, no frente
a la aludida resolución, sin que esto signifique desconocer los efectos que puede tener
la misma en cuanto al restablecimiento del derecho, como también lo advirtió el a
quo23.
17 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00007, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
Auto Admite Demanda.
18 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
05ActoAdministrativoReconocimientoPensional, pág.4.
19 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
02AlegadodeConclusión Demandante, pág. 2.
20 Ídem.
21 Se observa correo electrónico del 12 de mayo de 2020 enviado por Colpensiones al Tribunal Administrativo del
Magdalena en el que informa el reconocimiento pensional mediante acto administrativo. Consultar en: Samai,
Tribunal, expediente digital, índices 00027, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento Agregar
Memorial(.pdf).
22 Samai, Tribunal, expediente digital, índices 00018 y 00021, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip).
Documento Fijación de Estado.
23 Expresión latina usada en el lenguaje jurídico para referirse al juez de primera instancia. Consultar en: Real
Academia Española, “a quo,” Diccionario panhispánico del español jurídico, consultado el 3 de septiembre de 2026.
https://dpej.rae.es/lema/a-quo
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39. En segundo lugar, se observa que el recurso de apelación tampoco se dirige
contra el acto en cuestión, pues lo único que reprocha es que el juez de primera
instancia haya negado el pago del retroactivo pensional desde el 18 de julio de 2017,
en virtud de la prohibición de que trata el artículo 128 constitucional.
40. En síntesis, aunque se reconoce que la Resolución SUB-105166 del 11 de mayo
de 2020 fue un hecho sobreviniente posterior a la demanda que dio origen a este
proceso y está relacionada con la pretensión principal que en él se discute, su legalidad
no ha sido cuestionada por las partes, por lo que no es procedente determinar su
validez en esta instancia, sin perjuicio de los efectos que puede tener en cuanto a la
petición de restablecimiento del derecho.
3.2. Competencia
41. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.3. Problema jurídico
42. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
43. ¿Procede el pago de las mesadas pensionales reclamadas por el demandante
entre el 18 de julio de 2017 y el 11 de mayo de 2020, en razón a la demora de
Colpensiones en el reconocimiento pensional, aunque durante ese periodo se
desempeñara como servidor público y percibiera los salarios correspondientes?
44. Para resolver el interrogante planteado, la Sala (1) realizará algunas
consideraciones sobre la prohibición constitucional de percibir dos ingresos
provenientes del tesoro público, (2) destacará los hechos más relevantes que se
encuentran probados y (3) procederá al análisis del caso en concreto.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial - prohibición constitucional de percibir
dos ingresos provenientes del erario
45. En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, el artículo 64 señalaba que
nadie podía recibir dos sueldos del tesoro público, salvo para los casos especiales que
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determinaban las leyes. El Decreto Ley 1713 de 196024 reguló la prohibición y las
excepciones, así:
ARTÍCULO 1º. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
PARÁGRAFO- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto,
se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.
46. En la actualidad, el artículo 128 de la Constitución Política establece las
prohibiciones de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y de recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos expresamente
determinados por la ley. Igualmente, la Ley 4 de 1992 reitera la prohibición y regula las
excepciones para las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
47. La anterior norma fue estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C-133
del 1 de abril de 1993, en la que consideró:
24 Colombia, Presidencia de la República. Decreto 1713 de 1960, por el cual se determinan algunas excepciones a
las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de la Constitución. 18 de julio de 1960. Diario Oficial, no.
30.297.
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Demandante: Evelio Antonio Molina Castillo
Demandado: Colpensiones
Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución
Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de
desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que
tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en
que no opera dicha prohibición.
Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...]
Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886
cuando el constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos
del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art.
64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo
del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos,
al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.
Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes
vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de
desempeñar mas (sic25) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva
normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio
correspondiente a las entidades descentralizadas26.
48. De conformidad con lo señalado, es claro que se encuentra prohibido percibir
más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario cuyo pago
o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la
ley. Se especifica que la prohibición de percibir doble asignación que provenga del
tesoro, salvo las expresas excepciones de la Ley 4ª de 1992, incluye todo tipo de
haberes, emolumentos, remuneraciones, salarios y prestaciones originados en la
misma fuente27.
49. De acuerdo con este marco normativo y jurisprudencial, le corresponde a esta
Sala determinar si las mesadas pensionales solicitadas por el demandante entre el 18
de julio de 2017 y el 11 de mayo de 2020 son compatibles con el salario que percibía
como funcionario del ICBF durante el mismo periodo.
3.5. Hechos relevantes probados
50. De acuerdo con la copia del registro civil de nacimiento, aportada a este proceso,
el demandante nació el 8 de enero de 195528.
25 Expresión latina que significa textual o literalmente. Consultar en: Real Academia Española. “Sic.” Diccionario
panhispánico del español jurídico. 2025. https://dpej.rae.es/lema/sic
26 Corte Constitucional, sentencia C-133 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, 1 de abril de 1993.
27 Corte Constitucional, sentencia C-133 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, 1 de abril de 1993.
28 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 17.
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Demandado: Colpensiones
51. La relación laboral entre el demandante y el ICBF se extiende, al menos, desde
diciembre de 1981 hasta julio de 2020. Esto se colige, de un lado, de la constancia
emitida por el ICBF el 15 de marzo de 2018. Según este documento, el peticionario
comenzó a laborar para la entidad el 3 de diciembre de 198129. Esta certificación fue
emitida a petición del demandante en fecha previa a la presentación de la demanda.
De otro, el accionante, en los alegatos de conclusión de la primera instancia, manifestó
que su vinculación con el ICBF continuaba para el 15 de julio de 202030.
52. De las copias de las peticiones aportadas al expediente, el demandante presentó
3 solicitudes de reconocimiento de la pensión de vejez ante Colpensiones: los días 18
de julio de 2017, 2 de febrero de 2018 y 15 de marzo del mismo año31.
53. Colpensiones negó dichas peticiones mediante resoluciones SUB-215564 del 3
de octubre de 2017, SUB-41292 del 15 de febrero de 2018 y SUB-188402 del 16 de
julio de 201832, respectivamente. En estos actos fundamentalmente sostuvo que no se
acreditaban las semanas necesarias para reconocer la pensión conforme al régimen
de la Ley 100 de 1993. Además, que existían inconsistencias en la historia laboral del
peticionario, así: «[n]o es claro si los periodos a cargar en CAJANAL hoy UGPP van
del 03 de diciembre de 1981 hasta el 30 de junio de 1995 o hasta el 30 de junio de
2009»33.
54. Finalmente, se tiene que durante el transcurso de proceso la entidad accionada
reconoció una pensión de vejez en favor del demandante en un monto de $3.602.974
a través de la Resolución SUB-105166 del 11 de mayo de 2020. Mediante este acto
administrativo, cumplió la orden emitida en el fallo de tutela del 13 de abril de 2020,
del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta con radicado 2020-
00021. Este fallo ordenó, por un lado, aclarar de manera expedita las inconsistencias
alegadas por la entidad para justificar su negativa en el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 2009; por otro, ordenó actualizar la historia laboral
del accionante y evaluar nuevamente el derecho pensional solicitado34.
55. De acuerdo con la anterior Resolución, el señor Molina Castillo acreditó un total
de 1.970 semanas y cumplió los 62 años para pensionarse —de conformidad con la
29 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, pág. 59.
30 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
02AlegadodeConclusión Demandante, pág. 5.
31 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 18-28.
32 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
01ExpedienteDigitalizado, págs. 29-38.
33 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
06SentenciaPrimeraInstanciayNotificacion, págs. 10-11.
34 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
05ActoAdministrativoReconocimientoPensional, pág.4.
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Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003–, el 8 de enero de 2017, día que
estimó adquirió el estatus pensional35.
3.6. Caso concreto
56. En primer lugar, la Sala precisa que no está en discusión el reconocimiento del
derecho a la pensión del señor Molina Castillo que hizo el a quo; decisión respecto de
la cual la parte accionada no interpuso el recurso de apelación y que el accionante
tampoco cuestionó, por lo que no corresponde en segunda instancia revisar dicha
determinación.
57. De hecho, en la alzada la parte demandante únicamente se refirió a la pretensión
de que se paguen las mesadas pensionales entre el 18 de julio de 2017 y el 11 de
mayo de 2020, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
invocó la prohibición de recibir doble asignación de erario, teniendo en cuenta que el
actor dentro de dicho periodo fungió como servidor público.
58. De esta manera, el asunto que se discute en la apelación es exclusivamente el
retroactivo pensional pretendido por el demandante y su compatibilidad con los
salarios que percibió durante el mismo periodo como defensor de familia. Con el
recurso se pretende que el caso concreto se considere como una excepción a la
prohibición de doble asignación del erario establecida en el artículo 128 de la
Constitución Política, pues el proceder negligente de Colpensiones implicó que se
viera obligado a trabajar 34 meses más de lo que había previsto, lo que le ocasionó un
daño.
59. Esta negligencia se explica en la apelación como un proceder de la entidad que
es contrario a su deber de custodia de la información laboral de los usuarios, pues a
pesar de que en las solicitudes presentadas se incluyó la información necesaria de los
tiempos laborados por el peticionario, Colpensiones se negó a hacer las correcciones
necesarias, aun cuando contaba con las facultades legales suficientes para hacerlo.
De hecho, tuvo que ocurrir una orden de un juez de tutela para que estas
inconsistencias fueran corregidas y el derecho pensional reconocido.
60. El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que el pago de las mesadas
pensionales debía hacerse desde la acreditación del retiro definitivo del servicio
público por parte del demandante, pues una solución diferente contrariaba la referida
prohibición constitucional. De esta manera, se negó la pretensión del pago del
retroactivo.
61. Frente a este panorama, en primer lugar, se destaca que la prohibición del
artículo 128 de la Constitución Política es de rango constitucional y, por lo tanto, de
jerarquía superior y aplicación general. Del mismo modo, sus excepciones se precisan
35 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_952023(.zip). Documento
05ActoAdministrativoReconocimientoPensional, pág.4.
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en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, sin que se evidencie que la negligencia o el
retraso de la entidad que administra la pensión, en los términos que expuso el actor,
constituya uno de los eventos que permita recibir más de una asignación del erario.
Asimismo, la jurisprudencia tampoco ha desarrollado una excepción que pueda ser
considerada por esta Sala para aplicar al caso concreto. En suma, la excepción
pretendida no tiene soporte jurisprudencial, legal o constitucional.
62. En vista de que el caso del demandante no está contemplado en las excepciones
a la referida prohibición, ordenar el pago retroactivo de las mesadas pensionales
durante un periodo de tiempo en que se percibieron salarios provenientes del tesoro
implicaría la inaplicación de una norma constitucional. Ello no es posible en la medida
en que la Constitución Política es la norma de jerarquía superior en el ordenamiento
jurídico colombiano36; no aplicarla a un caso concreto sería hacerla ceder ante un
mandato de mayor importancia normativa, lo cual no tiene cabida en el ordenamiento
jurídico.
63. En segundo lugar, el retraso en el reconocimiento pensional no dejó al
demandante sin medios de subsistencia. De acuerdo lo probado en el proceso, durante
la controversia atinente al reconocimiento pensional el peticionario continuó trabajando
para el ICBF, de manera tal que contó con una remuneración para procurar su congrua
subsistencia, que también es uno de los objetivos de la pensión de vejez, motivo por
el cual, sin perjuicio de las dificultades que pudo afrontar el actor para el
reconocimiento del derecho pensional, no se advierte que con ocasión de la
controversia haya visto afectadas sus condiciones de vida digna.
64. Desde luego, no se pasa por alto, de conformidad con las decisiones que han
amparado los derechos fundamentales del actor, como el fallo de primera instancia
que reconoció el derecho a la pensión, que la parte accionada debió analizar de forma
más cuidadosa la historia laboral del peticionario, por lo que la negativa en reconocer
aquel es contraria a derecho. Sin embargo, de una parte, durante dicha controversia
contó con una fuente de ingresos, en virtud de su vinculación con el Estado, para
procurar su subsistencia; de otra, la negligencia de la entidad no ha sido prevista como
una situación para permitir que el demandante perciba de forma retroactiva mesadas
pensionales durante el tiempo en que recibió un salario del erario.
65. Es más, considerar este caso como una excepción a la prohibición constitucional
de doble asignación del erario podría tener la indeseada consecuencia de que cada
retraso de Colpensiones, o de cualquier entidad administradora de pensiones, en el
reconocimiento de una pensión, podría dar origen a una discusión jurídica en la que
se solicite el pago del retroactivo, aun cuando los peticionarios hubieran percibido
salarios como empleados públicos.
36 Constitución Política de Colombia (1991), art. 4.
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3.7. Conclusión
66. Por lo tanto, en vista de que el origen de las mesadas pensionales solicitadas y
los salarios como funcionario público provienen del tesoro, debe entenderse que son
incompatibles. La excepción a la prohibición constitucional que pretende el
demandante no procede, pues no se encuentra entre las excepciones legalmente
previstas por la Ley 4 de 1992, ni ha sido considerada en la jurisprudencia como tal.
Finalmente, no se observan razones suficientes que permitan abrir una nueva línea
jurisprudencial que reconozca este tipo de casos como excepciones al artículo 128
Superior.
3.8. Costas
67. Al respecto, la presente providencia acoge el criterio de interpretación
mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Bajo ese entendido, la Subsección
considera que no hay lugar a imponer condena en costas, en atención a que no se
advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas. Por esta razón, no se
condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
el 23 de septiembre de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-valorativo». En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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Demandante: Evelio Antonio Molina Castillo
Demandado: Colpensiones
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
16
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