Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00552-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00552-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00552-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00552-01 (0326-2025)
Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión gracia - reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carlos Efraín Orozco Zabaleta presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 026880 del 13 de junio de 2013,
RDP 053803 del 22 de noviembre de 2013, ADP 003136 del 26 de mayo de 2014,
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2019-00552-01 (0326-2025)
Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
RDP 032446 del 1° de septiembre de 2016 y RDP 025141 del 14 de junio de 2017,
mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó el reconocimiento de
la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 20 de septiembre
de 2006, «en cuantía del ciento por ciento (100%) del sueldo último devengado desde
cuando adquirió el derecho, o sea, a partir del veinte (20) de septiembre de 2006, ya que la
prescripción de mesadas ha sido interrumpida por las múltiples reclamaciones»; ii) la
indexación de las sumas y los intereses moratorios, según las disposiciones del
CPACA; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del «artículo 178 C.C.A.
[…] Que se declare que el respectivo pago debe dar cumplimiento a la sentencia que le
ponga fin a esta demanda dentro del término que ordena el C.P.A.C.A.»; iii) el pago de las
mesadas dejadas de percibir desde el año 2006; y iv) la condena en costas a la
entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Carlos Efraín Orozco Zabaleta prestó sus servicios de forma continua, de tiempo
completo en el Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Chibolo del Magdalena,
entre el 1° de mayo de 1979 y el 30 de junio de 2014. Durante el tiempo ejercido en
calidad de docente su desempeño fue idóneo, eficiente, responsable y honesto.
3.2. En el año 2013 [sin especificar la fecha] solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia, la cual fue negada por la Ugpp mediante la Resolución RDP 026880 del 13
de junio de 2013.
3.3. El 20 de septiembre [sin especificar el año] nuevamente solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por lo que la entidad previsional,
mediante el auto de pruebas ADP 013314 del 3 de octubre de 2013 ordenó el
requerimiento al docente y a la Secretaría de Educación del Magdalena con el fin
de que allegara: i) certificados de tiempo de servicio y factores salariales; y ii) copia
auténtica del Decreto 557 del 15 de mayo de 1979 y el acta de posesión. Sin
embargo, «según la UGPP como transcurrió el periodo probatorio de treinta (30) días
establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 no se allegó la documentación
respectiva, esta Entidad profiere la Resolución No. RDP 053803 de 22 de noviembre de
2.103 (sic) negando por segunda vez el Reconocimiento y pago».
2 En adelante Ugpp.
2
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
3.4. Posteriormente, solicitó el reconocimiento de la prestación y mediante el Auto
ADP 003136 del 26 de mayo 2014, la Ugpp ordenó el archivo del expediente.
3.5. Mediante las resoluciones RDP 032440 del 1° de septiembre de 2016 y RDP
025141 del 14 de junio de 2017, la Ugpp negó el reconocimiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29 y 48 de la Constitución
Política; las leyes 91 de 1989, 4 de 1966, 114 de 1913, 43 de 1975, 37 de 1933 y el
Decreto 081 de 19763.
1.2. Contestación de la demanda
5. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:
5.1. La demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que
«reposa certificado de información laboral consecutivo N° 2126 de fecha 05 de septiembre
de 2013, formato N° 1 suscrito por el Técnico Operativo de la secretaria del Magdalena,
que es pertinente indicar que dicho certificado no se encuentra suscrito por el funcionario
competente debidamente registrado, posesionado e identificado, cuya firma del funcionario
debe aparecer en la base de datos de funcionarios públicos […] no están expedidos por el
formato requerido por la entidad […] También resulta oportuno señalar que se evidenciaron
inconsistencias respecto a las fechas de inicio de labor», en el certificado 4374 de fecha
9 de septiembre de 2013 la fecha de inicio fue el 15 de mayo de 1979 y en el
certificado de información laboral 2126 del 5 de septiembre de 2013 la fecha de
inicio fue el 8 de mayo de 1979, esa inconsistencia «imposibilita el estudio de la
prestación solicitada».
5.2. Como consecuencia de las múltiples solicitudes de reconocimiento presentadas
por el docente, la entidad previsional requirió a la gobernación del Magdalena y a la
Secretaría de Educación del Magdalena; sin embargo, no fue emitida respuesta
alguna, por parte de aquellas, motivo por el cual «no se tiene certeza si el actor cumple
con los requisitos establecidos por la Ley para acceder a la pensión».
3 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_NYR47001233300020190(.zip)
NroActua 2.
4 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_NYR47001233300020190(.zip)
NroActua 2.
3
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5.3. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) indebido agotamiento de
la vía gubernativa o actuación administrativa; ii) inexistencia de las obligaciones
reclamadas; iii) cobro de lo no debido; iv) buena fe; y v) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
6. ElTribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia proferida el 15 de
noviembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad de las resoluciones RDP 026880 del 13 de junio y RDP 053803
del 22 de noviembre de 2013, de los Autos ADP 003136 del 26 de marzo de 2014,
RDP 032440 del 1° de septiembre de 2016 y RDP 025141 del «17» de junio de 2017
y ordenó a la Ugpp el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 20 de
septiembre de 2006, con efectos fiscales desde el 23 de noviembre de 2013, por
prescripción trienal, con inclusión de todos los factores devengados en el año
anterior al estatus pensional. Negó la condena en costas a la entidad previsional5.
7. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
7.1. CarlosEfraín Orozco Zabaleta se posesionó en calidad de docente en el
municipio de Chibolo, con retroactividad desde el 1° de marzo de 1979, y mediante
el Decreto 557 del 15 de mayo de 1979 fue nombrado por tiempo completo en el
Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Chibolo [Magdalena], «[s]obre este punto
se resalta que, si bien existen 2 actas de nombramiento, una de calenda 15 de mayo de
1979 y otra del 31 de mayo de 1979, ambas fueron remitidas al buzón electrónico de esta
Agencia Judicial por el MUNICIPIO DE CHIBOLO. Además, en ambas actas se constata
que […] fue vinculado como docente con anterioridad al 1° de enero de 1981» hasta el 30
de junio de 2014, según el Formato único para la expedición del certificado de
historia laboral emitido el 1° de agosto de 2014.
7.2. En consecuencia, el docente cumplió 50 años el 20 de septiembre de 2006,
momento en el cual adquirió el estatus pensional, cuando ya completaba más de 20
años de servicio.
7.3. En cuanto a la prescripción «el derecho pensional de la parte actora se causó […] el
día 20 de septiembre de 2006. En ese sentido, contaba el accionante hasta el día 21 de
septiembre de 2009 para formular la correspondiente reclamación […] el accionante
presentó sendas solicitudes de reconocimiento pensional, desde el 28 de septiembre de
2007, seguidamente en calendas 04 de noviembre de 2009, 16 de septiembre de 2010 y el
03 de noviembre de 2012 […] 20 de noviembre de 2013 […] 10 de febrero de 2016 […] 23
5 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_NYR47001233300020190(.zip)
NroActua 2.
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de noviembre de 2016 en virtud de la cual […] la UGPP […] denegó la solicitud […] se colige
que, la parte demandante debía interponer la demanda hasta el 23 de noviembre de 2019
[…] Así pues, el extremo actor radicó la demanda […] el día 21 de agosto de 2019, cuando
no habían transcurrido tres años desde la presentación de la reclamación administrativa,
en virtud de los cual se declarará la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 23 de noviembre de 2013».
7.4. Finalmente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso, negó la condena en costas en contra de la entidad previsional,
en tanto ejerció su derecho a la defensa correctamente y no resultó demostrada su
causación.
1.4. El recurso de apelación
8. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia6 para en su
lugar negar las pretensiones de la demanda.
9. El a quo desconoció el indebido agotamiento de la actuación administrativa, toda
vez que el acto administrativo a través del cual se resolvió la situación del docente
fue la Resolución RDP 025141 del 14 de junio de 2017, no fue objeto de recurso de
apelación, «se entiende que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, o sede
administrativa no solamente lo compone la interposición de los recursos de Ley sino el fiel
contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la
reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilaran en
sede judicial».
10. Asimismo, la vinculación al Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Chibolo
[Magdalena] no era susceptible de computarse con el fin del reconocimiento
pensional, toda vez que «[p]or regla general, la educación secundaria está a cargo de la
nación, y por ello solicitamos aplicar el principio de derecho administrativo de presunción
del Acto Administrativo, por tanto si el ciudadano no demuestra que la creación de la plaza
es territorial debe inferirse que es nacional, ante la duda se debe inferir que la plaza es
nacional (si no es docente primaria -D. 491/1904 ART. 26 La educación secundaria está a
cargo de la Nación) En el presente asunto se evidencia de manera clara que la plaza es de
educación secundaria y para la fecha de vinculación estaba a cargo de la nación, por lo
tanto, esta vinculación es de orden nacional» [sic].
11. Además, el tribunal valoró erróneamente las pruebas obrantes en el expediente,
comoquiera que pasó por alto las inconsistencias y accedió al reconocimiento
pensional sin que fueran acreditados los requisitos exigidos para ello. Asimismo, las
certificaciones laborales allegadas no determinaron la plaza ocupada por el docente
6 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_NYR47001233300020190(.zip)
NroActua 2.
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y el origen de los recursos que la financiaron.
12. Finalmente solicitó la aplicación de la regla jurisprudencial de la Corporación «en
sentencia de unificación 04683 de 2018 referente a que de forma INEQUIVOCA se determine
que la plaza NO es nacional», en este sentido deberá aplicarse el principio del derecho
administrativo de presunción del acto administrativo en cuanto que «si el ciudadano
no demuestra que la creación de la plaza es territorial debe inferirse que es nacional».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
12.1. Mediante el auto proferido el 31 de marzo de 2025 fue admitido el recurso de
apelación y se ordenó el retorno del expediente al despacho para decidir sobre la
solicitud probatoria allegada con el recurso7.
12.2. A través del auto proferido el 5 de agosto de 2025 fue negada la solicitud
probatoria, toda vez que «a pesar de no haberse presentado expresamente una solicitud
probatoria en el recurso de apelación de conformidad con el artículo 212 del CPACA, en
revisión del contenido del medio de impugnación se advirtió que la entidad demandada
adjuntó copias parciales de la Resolución 025141 del 14 de junio de 2017 proferida por la
Ugpp; del oficio 009-2023 y el oficio- 2023 expedidos el 3 de agosto de 2023 por la alcaldía
municipal de Chibolo; y la respuesta con radicado 20221400009651 emitida por la
Fiduprevisora […] sin embargo, se observa que las aludidas copias corresponden a
documentos que ya pertenecen al plenario […] Además, debe precisarse que estos
documentos fueron decretados como pruebas en la audiencia inicial del 18 de agosto de
2022»8 con anterioridad.
1.6. El Ministerio Público
13. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
13.1. Se circunscriben a resolver ¿si Carlos Efraín Orozco Zabaleta acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
7 Índice 4 de Samai, actuación denominada 6Autoqueadmite_03262025admiterecurs(.pdf) NroActua
4.
8 Índice 9 de Samai, actuación denominada 10Autoqueniega_03262025Niegasolicit(.pdf) NroActua
9.
6
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
2.2.1. En torno a la pensión gracia
14. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
15. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
16. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
17. Con posterioridad, las leyes 116 de 192810 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y
3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
18. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
7
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
19. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
20. Enefecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
12
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00552-01 (0326-2025)
Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
21. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
22. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
23. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
14
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16
«Por la cual se expide la ley general de educación»
17
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
9
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23.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
23.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
24. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
25. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
26. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
27. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 18, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
28. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200020 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
29. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala21 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198922 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio» [Se resalta].
21
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
30. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201823, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
31. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202224 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».25
23
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
12
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[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
32. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. Carlos Efraín Orozco Zabaleta nació el 20 de septiembre de 195626.
26 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_NYR47001233300020190(.zip)
NroActua 2.
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
33.2. El gobernador, presidente de la junta administradora del FER del Magdalena y
el secretario de educación del departamento del Magdalena, mediante el Decreto
557 del 15 de mayo 1979, «[p]or el cual se ejecuta el Acuerdo 29, del 15 de Mayo de
1979, emanado de la Junta Administradora del FER del Magdalena», con retroactividad
al 1º de marzo de 1979, nombró al docente para que ejerciera de tiempo completo
en el Colegio Nacionalizado de Bachillerato de «Chivolo». El 31 de mayo de 1979
tomó posesión del cargo ante el alcalde de «Chivolo»27, con retroactividad al 8 de
marzo de 1979, según la copia del acta de posesión.
33.3. Según la copia del acta de posesión del docente, suscrita por el secretario de
la alcaldía de «Chivolo», el docente se presentó en el despacho del alcalde el 31 de
mayo de 1979.
33.4. El 13 de septiembre de 2007, la técnica operativa de la Secretaría General de
la gobernación del Magdalena certificó lo siguiente:
«Que Carlos Efraín Orozco Zabaleta […] presta sus servicios al DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, en el Ramo de la Educación, según el siguiente detalle:
Nombrado profesor de tiempo completo en el Colegio Nacionalizado de Bachillerato del
municipio de Chibolo, mediante Decreto No. 557 del 15 de mayo de 1979, emanado de
la Gobernación del Magdalena. Posesionado el 31 de mayo de 1979. Fecha de corte 30
de agosto de 2007.
Actualmente se encuentra en ejercicio de sus funciones en la Institución Educativa
Departamental Liceo Santander del municipio de Chibolo, según constancia suscrita por
el Rector de la institución LIC. HOMERO R. MARQUEZ JARABA.
Se encuentra clasificada en el Grado 9, según Resolución No. 1516 del 6 de septiembre
de 1995.
La profesional Universitario del Fondo Educativo Departamental FED […] certifica que le
canceló sueldo hasta el 30 de agosto de 2007.
NOTA: SU NOMBRAMIENTO ES DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL. A PARTIR DE 1972 CUANDO
FUERON CREADOS LOS FONDO EDUCATIVOS REGIONALES, PASARON A SER PAGADOS POR EL
SITUADO FISCAL EN LA PLANTA DE NACIONALIZADOS. ACTUALMENTE PERTENECE AL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIÓN (LEY 715/2001)» [se resalta].
33.5. El 28 de septiembre de 2007, el 4 de noviembre de 2009, el 16 de septiembre
de 2010 y el 3 de noviembre de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia,
con ocasión de estas, la Ugpp expidió la Resolución RDP 026880 del 13 de junio de
2013 en la que indicó que las «solicitudes que se entenderán resueltas en el presente
acto […] en virtud del principio de economía procesal», y negó la prestación pretendida
al considerar que el documento allegado con el fin de acreditar el tiempo de servicio
27 El nombre del municipio figura escrito de las 2 formas Chivolo o Chibolo, inclusive en la página
web de la alcaldía, de manera que en este acápite se escribirá según se indicó en la prueba
documental.
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prestado entre el 31 de mayo de 1979 y el 30 de agosto de 2007, fue suscrito por
un funcionario incompetente, además «para resolver la solicitud de reconocimiento de
la pensión […] es necesario que se alleguen los certificados de tiempos de servicio y
factores salariales expedidos en los formatos que para tal fin tiene el FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, suscrito por el funcionario competente
para tal fin».
33.6. Mediante Auto ADP 013314 del 3 de octubre de 2013 la Ugpp ordenó la práctica
de pruebas. Sin embargo, transcurrido el término de 30 días no fue allegada la
documentación requerida.
33.7. El 20 de septiembre de 2013, se solicitó el reconocimiento de la prestación, la
cual fue negada por la entidad previsional mediante la Resolución RDP 053803 del
22 de noviembre de 2013, al considerar que «no es un capricho de la entidad el no
proceder a resolver su solicitud de Pensión Gracia, por el contrario para proceder a un
eventual reconocimiento de dicha prestación, se requiere al solicitante para que allegue la
documentación en original o copia auténtica».
33.8. El 10 de marzo de 2014, solicitó nuevamente el reconocimiento pensional,
oportunidad en la cual fueron allegados el decreto de nombramiento y el acta de
posesión. Mediante la Resolución ADP 003136 del 26 de marzo de 2014 concluyó
«que una petición de iguales características y por los mismos hechos ya fue resuelta
mediante Resolución No. RDP 026880 del 13 de junio de 2013 y mediante Resolución RDP
053803 del 22 de noviembre de 2013, y por cuanto no fueron aportados nuevos elementos
de juicio que permitan a esta entidad emitir nuevamente un pronunciamiento respecto del
reconocimiento pretendido, se procederá archivar el trámite en referencia». Con
fundamento en que «si bien es cierto el peticionario allegó al expediente administrativo el
Decreto de Nombramiento y el Acta de Posesión, para los periodos con anterioridad a 1981,
en copia auténtica, también lo es que no allegó el certificado de información laboral en
original o copia auténtica […] Que también […] se evidenciaron inconsistencias respecto de
las fechas de inicio de labores».
33.9. El profesional universitario de la Secretaría de Educación del Magdalena, el 1º
de agosto de 2014, mediante el formato único para la expedición de la historia
laboral, certificó que el docente había ostentado una vinculación del orden
nacionalizado, en propiedad, en el nivel de básica secundaria, en los siguientes
términos:
Acto
Novedad Desde Hasta Total
administrativo
Nombramiento Decreto 557
en el Colegio del 15 de mayo 01/03/1979 30/06/2014 12.719 días
Nacionalizado de 1979
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de Chibolo
[Magdalena]
Profesor de
tiempo
completo
33.10. El 10 de febrero de 2016, solicitó el reconocimiento de la prestación, el cual
fue negado por la Ugpp, mediante la Resolución RDP 032440 del 1º de septiembre
de 2016, con fundamento en que «una vez verificado el expediente pensional del
peticionario, se observa que mediante formato del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, Formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
se establece que la fecha de posesión del peticionario en el Colegio Nacionalizado de
Chibolo fue el 31 de mayo de 1979, información que se contradice con el Acta de posesión
aportada en la que se toma como fecha de posesión en el cargo mencionado, el día 15 de
mayo de 1979».
33.11. El 15 de noviembre de 2016, el profesional universitario del área administrativa
y financiera de la Secretaría de Educación Departamental, Fondo Educativo
Departamental del Magdalena FED certificó que el docente: «presta sus servicios al
Departamento del Magdalena como Docente desde el 31/05/1979 hasta la fecha».
33.12. El 23 de noviembre de 2016, solicitó el reconocimiento de la prestación, el cual
fue negado por la entidad previsional, a través de la Resolución RDP 025141 del 14
de junio de 2017, «al no haberse obtenido información alguna por parte de las entidades
requeridas, que ratifiquen o desvirtúe la autenticidad e idoneidad de los documentos
allegados al cuaderno administrativo».
33.13. El 3 de marzo de 2020, el técnico operativo de la Secretaría de Educación del
Magdalena, mediante el formato único para la expedición de la historia laboral
certificó que para la fecha del documento se encontraba activo, con una vinculación
del orden nacionalizado, en propiedad, en el nivel de básica secundaria, en los
siguientes términos:
Acto
Novedad Desde Hasta Total
administrativo
Nombramiento
en el Colegio Decreto 557
Nacionalizado del 15 de mayo 31/05/197928 31/01/2020 14.640 días
de Chibolo de 1979
[Magdalena]
28 Los datos resaltados en gris indican las variaciones respecto de la información certificada el 1º de
agosto de 2014, por igual dependencia.
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Profesor de
tiempo
completo
33.14. El 3 de agosto de 2023, el jefe de archivo de Chibolo certificó que «su
nombramiento es de orden departamental y sus pagos son girados directamente por el
departamento».
2.4. Análisis sustancial
34. El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a lo pretendido
en la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos demandados y
condenar a la Ugpp al reconocimiento de la prestación.
35. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, al considerar que los periodos laborados por el docente en el nivel de
básica secundaria fueron en ejercicio de una vinculación del orden nacional.
Además, no fue agotada la actuación administrativa.
36. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, la docente no acreditó 20 años de servicio en una plaza del orden
territorial o nacionalizado.
37. Al respecto, la Sala encuentra que la demandante ingresó en calidad de docente
de tiempo completo en el Colegio Nacionalizado de Chibolo [Magdalena] y prestó
sus servicios entre el 8 de marzo de 1979 y el 31 de enero de 2020. En relación con
esta vinculación, al expediente fueron aportados:
38. i) el Decreto 557 del 15 de mayo de 1979, mediante el cual el gobernador del
Magdalena, presidente de la junta administradora del FER y el secretario de
educación del Magdalena nombró al docente para que ejerciera de tiempo completo
en el mencionado colegio y se indicó una retroactividad desde el 1º de marzo de
1979;
39. ii) copia del acta de posesión a través de la cual se indicó la retroactividad desde
el 8 de marzo de 1979;
40. iii) la certificación proferida por la técnica operativa de la Secretaría General de
la gobernación del Magdalena, el 13 de septiembre de 2007, según la cual el
nombramiento del docente fue del orden departamental;
41. iv) las certificaciones proferidas mediante el formato único para la expedición de
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la historia laboral, por el profesional universitario de la Secretaría de Educación del
Magdalena, el 1º de agosto de 2014 y el 3 de marzo de 2020, a través de las cuales
se indicó que el docente había ejercido una vinculación del orden nacionalizado,
entre marzo de 1979 y enero de 2020;
42. v) la certificación proferida por el profesional universitario de la Secretaría de
Educación Departamental y el Fondo Educativo Departamental del Magdalena FED,
en la cual indicó que el docente había prestado sus servicios desde el 31 de mayo
de 1979 hasta la fecha de emisión del documento; y
43. vi) la certificación proferida por el jefe de archivo de Chibolo, el 3 de agosto de
2023 en la cual se indicó que el nombramiento fue del orden departamental.
44. Respecto de la vinculación ostentada por el docente durante el tiempo laborado
desde el 8 de marzo de 1979, se advierte que fue del orden territorial, toda vez que
los actos de nombramiento y posesión fueron proferidos por una autoridad de ese
nivel, sin que se evidenciara intervención de una autoridad del orden nacional.
Además, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, era personal
considerado de ese orden «los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en
el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», asimismo, en la certificación proferida el 3 de
agosto de 2023 se indicó que «su nombramiento es de orden departamental y sus pagos
son girados directamente por el departamento».
45. Adicionalmente, se advierte que Carlos Efraín Orozco Zabaleta contaba con más
de 50 años de edad [nació el 20 de septiembre de 1956], por lo que cumplió con
ese presupuesto en el año 2006 y se encontraba acreditado el requisito de haber
ejercido la profesión con buena conducta, en tanto que en el sub judice no fue
cuestionado el cumplimiento de esa exigencia.
46. Asimismo, aunque el Decreto 557 del 15 de mayo de 1979 fue suscrito por el
presidente de la junta administradora del FER del Magdalena, al respecto, como se
explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, para efectos de
determinar si el docente ocupó una de las plazas que lo hicieran beneficiario de la
pensión gracia, la Sección Segunda de esta Corporación fijó unas reglas, dentro de
las cuales se destacan:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban
a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;
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[…]
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y […]
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal— como de las entidades territoriales
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique
la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal» [Se resalta].
47. Así las cosas, de acuerdo con el aparte jurisprudencial transcrito y contrario al
reproche planteado por la apelante, ni la determinación de la fuente de los recursos
con los que fueron pagados los salarios de la docente ni la intervención del delegado
del Ministerio de Educación Nacional en el acto de designación es determinante
para negar el reconocimiento de la prestación en discusión con el argumento de que
el vínculo mutó de territorial a nacional, toda vez que, los recursos del antiguo
situado fiscal [hoy sistema general de participaciones] una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales.
48. En ese sentido, dentro de los reproches planteados en el recurso de apelación,
la Ugpp sostuvo que en relación con la vinculación que ostentó el demandante, en
el sub judice no se logró acreditar que los recursos que financiaron los cargos
ejercidos pertenecieran al ente territorial; sin embargo, el material probatorio obrante
en el expediente permite concluir que los salarios del docente fueron pagados con
recursos del sistema general de participaciones.
49. Así las cosas, de acuerdo con el aparte jurisprudencial transcrito y contrario al
reproche planteado por la apelante respecto de la aplicación de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201829, la determinación de la fuente
de los recursos con los que fueron pagados los salarios de la docente no es
29 Expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01, proferida por el Consejo de Estado.
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determinante para efectos del reconocimiento de la prestación en discusión, toda
vez que, los recursos del antiguo situado fiscal [hoy sistema general de
participaciones] una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de
forma exclusiva a los entes territoriales. Por lo que, la falta de prueba en ese sentido
no impide el reconocimiento pretendido.
50. Por otra parte, la Ugpp cuestionó la ausencia de material probatorio idóneo, por
cuanto no fueron allegados la totalidad de los actos administrativos mediante los
cuales fue nombrado y posesionado. Este argumento, no es procedente pues, como
se expuso en líneas anteriores, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación «para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo […] o en su defecto, también se puede acreditar
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de
carácter territorial», como en efecto ocurrió en el presente asunto, en el cual fueron
allegados los actos administrativos de nombramiento y posesión y numerosas
certificaciones [todos citados y mencionados en párrafos anteriores de este acápite]
emanadas por el departamento del Magdalena mediante los cuales fue confirmado
el tipo de vinculación del demandante.
51. Porotra parte, la Ugpp cuestionó el indebido agotamiento de la actuación
administrativa, al respecto, la Sala encuentra que:
52. i) mediante auto proferido el 24 de octubre de 2019, el tribunal inadmitió la
demanda al no encontrar agotado el requisito de la actuación administrativa
respecto de la Resolución RDP 025141 del 14 de junio de 2017; sin embargo, el
demandante no presentó subsanación de la demanda;
53. ii) a través del auto del 13 de marzo de 2020, el a quo admitió la demanda con
fundamento en que «el extremo demandante no presentó escrito de subsanación de la
demanda. No obstante lo anterior, resulta imperioso acotar que en tratándose del
agotamiento del procedimiento administrativo en materia pensional, el máximo órgano de
esta jurisdicción ha precisado que en aras de salvaguardar los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social de quienes acuden ante esta
jurisdicción con la finalidad de que se reconozcan derechos pensionales, se deben
flexibilizar las exigencias a fin [de] zanjar las controversias relacionadas con temas
meramente pensionales». En contra de la anterior decisión no fue presentado recurso
alguno ni fue propuesta la excepción de inepta demanda;
54. iii) el 18 de agosto de 2022, fue celebrada la audiencia inicial, en la cual las partes
estuvieron de acuerdo en fijar el litigio respecto de las resoluciones RDP 026880 del
13 de junio de 2013, RDP 053803 del 22 de noviembre de 2013, el auto ADP 003136
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00552-01 (0326-2025)
Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
del 26 de mayo de 2014, RDP 032446 del 1º de septiembre de 2016 y RDP 025141
del 14 de junio de 2017.
55. iv) en la sentencia objeto de apelación el tribunal declaró infundada la excepción
de indebido agotamiento de la actuación administrativa propuesta por la Ugpp en la
contestación de la demanda, respecto de la falta de interposición de los recursos
contra la Resolución RDP 025141 del 14 de junio de 2017.
56. En consecuencia, se advierte que la parte demandada no desplegó actuación
alguna respecto de la decisión del tribunal de primera instancia en cuanto admitió la
demanda y si bien en el recurso de apelación fue incluido este aspecto, esta
Corporación ha determinado que «la irregularidad procesal de no haberse satisfecho el
requisito de la interposición y decisión del recurso obligatorio de apelación en un asunto de
reliquidación de pensiones, debe entenderse saneada por no haber advertido en las
oportunidades previstas en la ley procesal para el efecto. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 133 [parágrafo] del CGP, pues dicha irregularidad no advertida en tiempo, no
impide, en realizada, que pueda dictarse sentencia de mérito, puesto que sí existe materia
sobre la cual debe pronunciarse el juez. En efecto la falta del requisito en mención no puede
ser más relevante que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política»30.
57. En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que «el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe
buscar la garantía del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera
de efectividad de éste; (ii) la regulación procesal debe propender por la realización de los
derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los
mismos; y (iii) el derecho adjetivo al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí
mismo, debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar
para proteger las garantías fundamentales»31.
58. En conclusión, aunque el requisito de procedibilidad de interposición de los
recursos obligatorios no debe desconocerse, porque corresponde a un requisito
previo para demandar, en virtud de la prevalencia del principio de lo sustancial sobre
las formalidades y en observancia de la inactividad por parte de la entidad
demandada y la edad del docente en la actualidad [69 años] se confirmará la
decisión por a quo en este aspecto.
59. Adicionalmente, la Sala no pasa por alto que el demandante presentó múltiples
30 En este sentido se encuentran las sentencias proferidas el 22 de febrero de 2018 radicado: 11001-
03-15-000-2017-01941-00, por la Sección Cuarta, el 14 de septiembre de 2017 y el 3 de mayo de
2018, radicado: 11001-03-15-000-2017-02172-00 (01) de las secciones segunda, subsección A y la
cuarta del Consejo de Estado.
31 Sentencias C-193 de 2016.
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
peticiones tendientes al reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, en
ninguna oportunidad la Ugpp realizó un verdadero estudio de fondo, en ese sentido
se advierte que la razón por la que negó lo pretendido, en todas las oportunidades,
fue por argumentos de forma, puesto que, sustentó dichas decisiones en aspectos
como: i) «es necesario que se alleguen los certificados de tiempos de servicio y factores
salariales expedidos en los formatos»; ii) «se requiere al solicitante para que allegue la
documentación en original o copia auténtica»; y iii) «no fueron aportados nuevos elementos
de juicio que permitan a esta entidad emitir nuevamente un pronunciamiento respecto del
reconocimiento pretendido, se procederá archivar el trámite en referencia».
60. Lo anterior, permite concluir que la entidad de previsión nunca dio respuesta de
fondo a la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia, por lo que, acceder a
lo pedido por la apelante, en el sentido de negar el reconocimiento con sustento,
nuevamente, en un requisito procesal conllevaría a mantener la vulneración de los
derechos fundamentales del demandante, que inició la Ugpp.
61. Finalmente, sostuvo la recurrente que no era posible computar el tiempo de
servicio acreditado por el docente porque «[p]or regla general, la educación secundaria
está a cargo de la nación». En ese sentido se precisa que, si bien la Ley 39 de 1903
estableció que la educación oficial primaria estaría a cargo de los departamentos y
la secundaria de la nación, en esta disposición también se precisó que lo anterior
«no obsta para que los Departamentos y Municipios que dispongan de recursos suficientes
sostengan establecimientos de enseñanza secundaria».
62. Así las cosas, tampoco tiene asidero lo planteado por el apelante porque, si bien
la regla general era que la enseñanza secundaria estaría a cargo de la nación, lo
cierto es que las entidades territoriales también podrían hacerlo, siempre y cuando
contaran con los recursos suficientes para esos efectos.
63. En consonancia, el demandante acreditó que había prestado sus servicios como
docente con vinculación territorial así: i) entre el 8 de marzo de 1979 [según el acta
de posesión] y el 31 de enero de 2020 [según la certificación proferida el 3 de marzo
de 2020], 40 años, 10 meses, 23 días.
64. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que, para
el 20 de septiembre de 2006, cuando el docente cumplió 50 años de edad, contaba
con más de 20 años de servicio, de manera que hasta completar el requisito de la
edad alcanzó el estatus pensional, tal como lo concluyó el tribunal de primera
instancia.
65. Ahora bien, según lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969, resulta oportuno precisar que entre la fecha en la
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
cual la demandante solicitó por última vez el reconocimiento de la prestación, esto
es el 23 de noviembre de 201632, y la de adquisición del estatus pensional, el 20 de
septiembre de 2006, transcurrieron más de 3 años, por lo que operó el fenómeno
jurídico de la prescripción. En ese orden, se encuentra que este afectó las mesadas
causadas antes del 23 de noviembre de 2013, en consideración a que, entre la fecha
de la solicitud de reconocimiento y la de radicación de la demanda [21 de agosto de
201933] ante la jurisdicción no transcurrieron más de 3 años.
66. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 15 de noviembre de
2023, puesto que, como lo concluyó el a quo Carlos Efraín Orozco Zabaleta acreditó
los requisitos para el reconocimiento de la prestación, porque: i) acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 [8 de marzo de 1979]; ii) contaba
con más de 50 años de edad [nació el 20 de septiembre de 1956]; iii) prestó sus
servicios como docente oficial del orden territorial por más de 20 años [desde el 8
de marzo de 1979 y el 31 de enero de 2020, de manera continua] y iv) ejerció la
docencia con buena conducta.
2.5. Costas
67. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
68. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
69. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
32 Según la Resolución RDP 025141 del 14 de junio de 2017.
33Según el acta de reparto, obrante en el Índice 2 de Samai, actuación denominada:
5ED_EXPEDIENTE_NYR47001233300020190(.zip) NroActua 2. Folio 34.
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma34.
70. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
71. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
72. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Carlos Efraín Orozco
Zabaleta acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En esas
condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena mediante la cual se accedió parcialmente a
lo pretendido en la demanda presentada por Carlos Efraín Orozco Zabaleta en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
34En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Carlos Efraín Orozco Zabaleta
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmt
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