Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2019-00562-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2019-00562-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 47001-23-33-000-2019-00562-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 47001-23-33-000-2019-00562-01 (27045)
Demandante DRUMMOND LTD.
Demandada MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA
Temas Impuesto de alumbrado público 2018. Corrección oficiosa de
errores. Errores formales y errores sustanciales. Reiteración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación1 interpuestos por la parte demandada,
su coadyuvante y la parte demandante, contra la sentencia de 1 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que resolvió lo
siguiente2:
Primero: Declárase la nulidad de la Liquidación oficial 2018-05 y la Resolución 2019-001 de
24 de mayo de 2019, mediante las cuales el Municipio de Ciénaga determinó el valor causado
por concepto de impuesto de alumbrado público para los periodos de mayo y junio de 2018,
de acuerdo con las razones vertidas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho ordenar al Municipio de Ciénaga abstenerse de recaudar las
sumas de dineros determinadas en los actos administrativos señalados en el numeral anterior.
Tercero: No hay lugar a condena en costas en el trámite de esta instancia.
[...]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El municipio de Ciénaga, Magdalena, profirió la liquidación oficial 2018-005 (sin
fecha) del impuesto de alumbrado público a cargo de Drummond Ltd. (DRUMMOND),
correspondiente a los meses de mayo y junio de 2018. Este acto administrativo se
sustentó, entre otras normas, en los acuerdos 05 de 2003 y 014 de 2012 del Concejo
Municipal de Ciénaga.
La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión. La
entidad territorial expidió la resolución 2019-001 del 24 de mayo de 2019, que
confirmó íntegramente el acto inicial.
En su parte considerativa, indicó que era necesario corregir un error de la liquidación
oficial, que calificó de formal, para precisar que cuando hizo referencia al acuerdo
014 de 2012 se debe entender que menciona al acuerdo 010 de 2017, pues el
primero de ellos estaba derogado.
1
La parte actora presentó, el 8 de mayo de 2023, solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad (Samai, índice
14), a lo cual se accedió mediante auto del 5 de octubre de 2023 (índice 23). Se reanudó el proceso mediante auto del 17
de marzo de 2026 (índice 53).
2
Samai, índice 2, ED_SENTENCIA_35SENTENCIA(.pdf) NroActua 2, página 33.
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00562-01 (27045)
Demandante: Drummond Ltd.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones en la reforma de la demanda3:
Previo el análisis de los hechos, los argumentos de derecho y las pruebas que aporto y
aquellas que pido sean decretadas, respetuosamente solicito a esta H. Corporación que
declare la nulidad de los actos administrativos relacionados en la referencia de este escrito, a
saber: (i) la Liquidación Oficial No. 2018-05 y (ii) la Resolución No. 2019-001 del 24 de mayo
de 2019. Como consecuencia de lo anterior, a modo de restablecimiento del derecho solicito
que se hagan las siguientes o similares declaraciones:
a. Que Drummond no es sujeto pasivo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público
en el municipio de Ciénaga.
b. Que Drummond no está obligado al pago de las sumas liquidadas oficialmente a título
del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, y de haber pagado algún valor por
ese concepto se ordene su devolución.
c. Que no son de cargo de la Compañía las costas en que haya incurrido el municipio de
Ciénaga.
d. Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se condene al municipio de
Ciénaga por el valor de las costas y las agencias en derecho en las cuales ha incurrido
mi representada en relación con este proceso. Al alegar de conclusión en cada instancia
del proceso el suscrito apoderado informará el valor de las expensas incurridas en lo
tocante a vigilancia judicial, desplazamientos y alojamiento, copias y prueba, etc., así
como el valor de los honorarios incurridos por Drummond de conformidad con el acuerdo
vigente entre las partes.
e. Que se ordene el archivo del expediente que por este particular se haya abierto en contra
de mi representada.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 95
(numeral 9), 287 (numeral 3), 313 (numeral 4) y 338 de la Constitución Política; 1 de
la Ley 97 de 1913 en concordancia con el literal a. del artículo 1 de la Ley 84 de
1915, 18 de la Ley 9 de 1991, 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de
2001, 349, 351 y 353 de la Ley 1819 de 2016 y las resoluciones CREG 043 de 1995,
123 de 2011 y 005 de 2012. El concepto de la violación se resume, a continuación:
Indicó que conforme a las leyes 97 de 1913, 84 de 1915 y 1819 de 2016 sólo se
permite gravar el servicio de alumbrado público, el cual no se presta en el área de
operación de la sociedad, por lo que la demandante no se beneficia del servicio, sin
perjuicio de que lleva a cabo el acopio de carbón en la jurisdicción de la demandada.
Sostuvo que la vía de acceso a su instalación portuaria no está a cargo del
municipio, por lo que opera la exclusión consagrada en el parágrafo del artículo 2
del Decreto 2424 de 1996. Así mismo, señaló que no es propietaria del tren ni del
corredor férreo por el cual se transporta el carbón, pues solamente utiliza dicha
infraestructura de la Nación para el acopio, resultando imposible el beneficio directo
o potencial de una luminaria sobre dicha vía.
3
Samai, índice 2, ED_MEMORIALR_06REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 2, páginas 3 a 4.
2
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Demandante: Drummond Ltd.
En consecuencia, consideró violados los precedentes del Consejo de Estado4, en
virtud de los cuales la ausencia de servicio constituye una negación indefinida que
debe ser desvirtuada probatoriamente por la administración.
Señaló que, en virtud de los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016, fue
regulado íntegramente el impuesto sobre el servicio de alumbrado público,
derogando las disposiciones que le fueran contrarias. En virtud del artículo 353
ibidem, los acuerdos que no se adecuaran a la nueva normativa debían ser
modificados en un término máximo de un año, hasta el 29 de diciembre de 2017.
Sin embargo, esto no ocurrió, pues la liquidación oficial aplicó los acuerdos
municipales 05 de 2003 y 014 de 2012. Por lo anterior, a su juicio, la desatención
de este mandato legal implica el decaimiento de los acuerdos referidos, como lo
enseña el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
De otro lado, para la demandante, el impuesto se liquidó bajo falsa motivación, ya
que se hizo en sustento del acuerdo 014 de 2012, el cual se encontraba derogado
por el artículo 239 del acuerdo 010 del 11 de diciembre de 2017, lo cual se reconoce
en la resolución 2019-001 que resolvió el recurso de reconsideración al corregir el
acto de liquidación oficial.
La sociedad afirmó que esta subsanación o corrección era improcedente, pues,
conforme la jurisprudencia5 y el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, no versó sobre
un aspecto meramente formal, sino que se trató de una modificación material del
acto administrativo. En consecuencia, la entidad demandada debió adelantar el
trámite de revocatoria directa del artículo 73 ibidem y del artículo 736 del Estatuto
Tributario, lo cual fue omitido.
Agregó que, según lo dispuesto en las leyes 141 de 1994 y 685 de 20016, la
actividad minera no está sujeta a impuestos locales, pues quienes la realizan deben
pagar regalías7, como es el caso de la demandante, razón por la que no es sujeto
pasivo del impuesto de alumbrado público en este caso en la jurisdicción del
municipio demandado, donde cumple las actividades de acopio del mineral extraído
a ser exportado.
Destacó que el acopio de carbón está clasificado como parte de la cadena
productiva minera por el artículo 95 del Código de Minas, según lo señaló el
Ministerio de Minas y Energía en el concepto 2014066086 del 6 de octubre de 2014.
Además, sostuvo que, conforme al artículo 18 de la Ley 9 de 1991, las entidades
territoriales no pueden gravar el tránsito de productos destinados a la exportación,
como ocurre en el caso de la demandante.
Alegó que la tarifa del impuesto fijada por el municipio impone a quienes “sí son
sujetos pasivos pagar más de lo que deben por el referido tributo - excepción de
inconstitucionalidad”. Advirtió que las tarifas del impuesto de alumbrado público
deben estar determinadas conforme a métodos razonables, debidamente
sustentados y justificados por los municipios, y obedecer a estudios técnicos sobre
4
Citó las sentencias del 24 de septiembre de 2015, exp. 21217, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 1 de agosto de
2016, exp. 21313, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 8 de febrero de 2018, exp. 20618, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
5
Se refirió a las sentencias del 13 de marzo de 2013, exp. 0105-12; y del 26 de febrero de 2014, exp. 16563 (en ninguna
identificó al ponente).
6
Refiere la sentencia de la Corte Constitucional C-229 de 2003, mediante la cual fue declarado exequible el artículo 231
de la Ley 685 de 2001.
7
Citó las sentencias C-221 de 1997 y C-229 de 2003.
3
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Demandante: Drummond Ltd.
costos y beneficios8. Señaló que la resolución CREG 123 de 2011 previó que los
costos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público son
exclusivamente aquellos conexos con el suministro de energía, los costos de
inversión y los costos de administración, operación y mantenimiento, presupuestos
desatendidos por el municipio, ante la falta de estudios técnicos sobre los costos y
beneficios del servicio.
Derivado de lo anterior, adujo que las tarifas del 12%, fijadas para el sector industrial
en los acuerdos municipales 014 de 2012 y 010 de 2017, son desproporcionadas
frente al costo de la prestación del servicio de alumbrado público, vulnerando los
principios de justicia y equidad. Señaló que las empresas de carbón, al verse
obligadas al cargue directo de ese mineral, multiplicaron muchas veces el consumo
de energía eléctrica, sin que el municipio pudiera demostrar una idéntica proporción
de inversión en el servicio de alumbrado público.
Destacó que la desproporción referida está acreditada, pues el costo total del
servicio de alumbrado público equivale aproximadamente al 10% de lo que se le
cobra a la demandante en un solo año.
Aseguró que la demandante, al ser una sucursal de sociedad extranjera es, en sí
misma, un establecimiento de comercio ubicado en Bogotá, conforme el artículo 263
del Código de Comercio; en consecuencia, no puede ser sujeto pasivo del servicio
de alumbrado público en el municipio de Ciénaga pues no le es posible registrar a
su nombre establecimientos de comercio distintos al de Bogotá.
Afirmó que lo expuesto demuestra la configuración de las causales de nulidad de
falsa motivación, violación de las normas en que debía fundarse y violación del
derecho de defensa. Para sustentar este cargo, sostuvo que el municipio vulneró la
garantía de examen objetivo e imparcial al no analizar adecuadamente los
argumentos jurisprudenciales presentados en la vía administrativa.
Insistió en que la entidad territorial demandada no presta el servicio de energía
eléctrica en la zona rural en la que se realiza la actividad de acopio de carbón, según
lo demuestran el concepto técnico de georreferenciación de los predios de la
sociedad realizado por Datum Ingeniería S.A.S., el certificado de luminarias
existentes de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (administradora de la
concesión de la red férrea de la costa atlántica) y el certificado de luminarias en los
predios de la demandante realizada por Viaservin Ltda. (empresa de vigilancia
contratada por la demandante), allegados con la demanda.
Oposición de la demanda
El municipio de Ciénaga se opuso a las pretensiones de la demanda9, señalando
que los actos acusados fueron expedidos con apego a la Constitución y la ley10.
Afirmó que las decisiones objeto de controversia no imponen una carga tributaria
que la demandante no esté obligada a soportar, considerando que el servicio de
alumbrado público se presta a toda la comunidad en general y beneficia a todas las
8
Sentencias de la Sección cuarta del 10 de marzo de 2020, exp. 2008-42 y del 15 de noviembre de 2012, exp. 2008-155,
entre otras.
9
Samai, índice 2, ED_CONTESTACI_07CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2. En la contestación de la reforma de la
demanda, unicamente allegó normas y providencias para que fueran estudiadas (Cfr. Samai, índice 2,
ED_CONTESTACI_12CONTESTACIONREFORM(.pdf) NroActua 2)
10
En concreto, indicó que se adecua a los artículos 287 (numeral 3) y 313 (numeral 4) de la Constitución Política, las leyes
97 de 1913 y 84 de 1915, el artículo 2 del Decreto 2424 de 2006 y el artículo 1 del Decreto 943 de 2018
4
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personas de manera directa o indirectamente, adquiriendo la calidad de sujetos
pasivos del impuesto, incluida la demandante, dada la indivisibilidad en la prestación
del servicio11.
Luego de aducir que es deber de todo ciudadano y sujeto pasivo contribuir con los
gastos e inversiones del Estado12, precisó que, al establecer el impuesto al servicio
de alumbrado público en el municipio con el acuerdo 05 de 2003, se consagró como
sujeto pasivo a «todo usuario del servicio de alumbrado público». Así mismo, en virtud del
acuerdo 010 de 2017, por medio del cual se adoptó el nuevo Estatuto Tributario
municipal, el Concejo municipal de Ciénaga determinó los demás elementos del
citado impuesto, destacando que el hecho generador se realiza por ser beneficiario
directo o indirecto del servicio y que la base gravable corresponde al consumo de
energía eléctrica.
Relacionó algunas sentencias13 y concluyó que, si una persona jurídica se dedica a
la explotación de recursos naturales no renovables, es beneficiaria del servicio de
alumbrado público, por lo que es sujeto pasivo del impuesto; igualmente, aseguró
que esto no grava la actividad de explotación de recursos naturales no renovables
ni afecta el ingreso que percibe el Estado por regalías.
Indicó que la jurisprudencia14 considera que las empresas dedicadas a actividades
relacionadas con recursos naturales no renovables pueden considerarse sujetos
pasivos, siempre que, por un lado, sean usuarios potenciales del servicio; es decir,
que tengan establecimiento en esa jurisdicción municipal o sean beneficiadas
directa o indirectamente, de forma transitoria o permanente, del servicio de
alumbrado público.
Sostuvo que estas circunstancias se cumplen por la demandante, al contar con
establecimiento en la jurisdicción del municipio demandado. Invocó precedentes por
los cuales el Tribunal Administrativo del Magdalena15 que confirmaron que la
demandante era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio
de Ciénaga con relación a otros periodos.
Destacó que el municipio atendió la normativa en que debía fundarse, garantizando
la voluntad popular y el interés general, de modo que cumplió con los principios de
legalidad del tributo (artículos 338 y 150-12 de la Constitución Política) y de
autonomía territorial (artículo 287 superior y Ley 136 de 1994), gozando el acuerdo
municipal de presunción de legalidad tras dieciséis años de expedición.
Advirtió que la demandante no aportó prueba de la desproporción del tributo, por lo
que solicitó desestimar lo alegado y, en su defecto, declarar las excepciones de
mérito que denominó «DRUMMOND LTD. ES SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO»
y «DRUMMOND LTD. SE BENEFICIA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO».
Intervención del coadyuvante
La sociedad Dolmen S.A. E.S.P. (entidad encargada de la operación y
mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Ciénaga) solicitó
11
Citó las sentencias C-272 de 2016 y del 10 de marzo de 2011, exp. 18141 (no identificó al magistrado o magistrada
ponente).
12
Invocó el artículo 95 (numeral 9) de la Constitución Política y el artículo 2 del Estatuto Tributario Nacional.
13
Sentencias del 25 de febrero de 2015, exp. 470012331000201000394001, y del y 11 de marzo de 2010, exp.
54001233100020040107902, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14
Se refirió a la sentencia del 21 de marzo de 2018, exp. 23342 (no identificó al ponente).
15
Providencias del 31 de octubre de 2018, radicación 47-001-2333-002-2016-00409-00, y del 13 de febrero de 2019,
radicación 47-001-2333-002-2016-00363-00, M.P. Adonay Ferrari Padilla.
5
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su intervención como coadyuvante de la parte demandada16, con base en el artículo
224 de la Ley 1437 de 2011, la cual fue admitida mediante auto del 10 de agosto de
202017. Luego de exponer las razones que sustentan su legitimación para intervenir
en el presente proceso, reiteró en su integridad los argumentos de defensa y las
excepciones propuestas por el municipio de Ciénaga, razón por la cual se prescinde
de efectuar una nueva exposición de estos.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena anuló los actos acusados, a título de
restablecimiento del derecho ordenó al Municipio de Ciénaga abstenerse de
recaudar las sumas de dineros determinadas en tales actos administrativos y no
condenó en costas a la demandada, con fundamento en lo siguiente18:
Como cuestión previa, resolvió la objeción por error grave formulada contra el
dictamen pericial aportado por DRUMMOND, relativo a la ubicación de sus predios y
a la existencia de luminarias en su área de influencia. Concluyó que no prosperaba
dicha objeción, pues el dictamen se ajustó a su objeto, que consistió en verificar la
existencia de luminarias o infraestructura de alumbrado público en los predios de la
demandante.
Frente al caso concreto, el tribunal pasó a determinar si DRUMMOND no era sujeto
pasivo del impuesto de alumbrado público por no beneficiarse del servicio y por la
prohibición de gravar recursos naturales no renovables, o si, como afirmaba el
municipio, era usuario potencial del servicio por contar con bienes en la jurisdicción.
Indicó que esta última condición no fue objeto de discusión y se respaldó por el
dictamen pericial presentado con la reforma a la demanda, en el que se precisó que
la sociedad era propietaria de los predios Ojo de Agua, Santa Clara, Los Manglares
y El Nogal, ubicados en la jurisdicción del municipio de Ciénaga.
El tribunal recordó la línea jurisprudencial sobre el impuesto de alumbrado público,
especialmente la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 201919, según la
cual el hecho generador es ser usuario potencial del servicio y, tratándose de
empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro o transporte de
recursos naturales no renovables, la sujeción pasiva exige activos ubicados o
instalados en el municipio y establecimiento físico en la jurisdicción.
Añadió que, conforme a los artículos 349, 350 y siguientes de la Ley 1819 de 2016,
al acreditarse que la sociedad era propietaria de predios en el municipio de Ciénaga,
era beneficiaria del servicio de alumbrado público, lo que reafirma que la
demandante sí era sujeto pasivo del tributo.
Luego, descartó el cargo relativo a la falta de proporcionalidad de la tarifa, frente a
lo cual señaló que, conforme a la sentencia de unificación, la carga de probar la
irrazonabilidad o desproporción tarifaria correspondía al sujeto pasivo. El a quo
recalcó que la ausencia de un estudio técnico de referencia no socavaba las
facultades impositivas del ente territorial ni tornaba arbitraria la tarifa, máxime
cuando dicho estudio fue reglamentado por el Decreto 943 de 2018, posterior al
acuerdo de 2017, y la tarifa del 12% para el sector industrial se mantenía sin
variación desde 2003.
16
Samai, índice 2, ED_INTERVENCI_08INTERVENCIONADHESI(.pdf) NroActua 2
17
Samai, índice , ED_MEMORIALR_06REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 2.
18
Samai, índice 2, ED_SENTENCIA_35SENTENCIA(.pdf) NroActua 2.
19
Exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.
6
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Demandante: Drummond Ltd.
Consideró que las operaciones aritméticas, comparaciones con otros municipios y
alegaciones sobre ausencia de estudio técnico no desvirtuaban la razonabilidad de
la tarifa aplicada al sector industrial.
Al estudiar la motivación normativa de los actos acusados, destacó que para mayo
y junio de 2018 regía el acuerdo 010 de 11 de diciembre de 2017, cuyos efectos
jurídicos se empezaron a producir a partir del 1 de enero de 2018. De acuerdo con
el tribunal, el acuerdo 05 de 2003 fue objeto de derogatoria tácita y orgánica, pues
el acuerdo 010 de 2017 reguló íntegramente todos los elementos del tributo;
mientras que el acuerdo 014 de 2012 fue derogado de manera expresa, conforme
reza el artículo 239 del acuerdo 010 de 2017. También invocó una sentencia del
mismo tribunal20 que decidió un caso con connotaciones similares, para analizar los
acuerdos 014 de 2012 y 010 de 2017 del municipio de Ciénaga, y concluir que al
expedirse la liquidación oficial 2018-05, con fundamento expreso en acuerdos
derogados, se incurrió en la causal de anulación de falsa motivación por indebida
aplicación normativa, lo que conduce a la declaratoria de nulidad de la liquidación
oficial y su resolución confirmatoria, al desconocerse la normativa vigente para los
periodos de mayo y junio de 2018, verbigracia, el acuerdo 010 de 2017.
Según lo señalado, declaró la nulidad de los actos acusados. Sin embargo, destacó
que esta decisión no implicaba exonerar definitivamente a DRUMMOND del impuesto,
pues el municipio podía adelantar una nueva actuación administrativa para liquidar
y cobrar el tributo por los períodos discutidos, en la medida en que la sociedad sí
era sujeto pasivo.
No condenó en costas por no encontrar demostrada su causación.
Recursos de apelación21
1. Parte demandada
El municipio de Ciénaga apeló la decisión de primera instancia22, señalando que el
acuerdo 05 de 2003 no fue derogado por el acuerdo municipal 010 de 2017. Puso de
presente que ambos actos administrativos fijaron una tarifa del 12% para el sector
industrial. De este modo, a juicio de la recurrente, el a quo vulneró el debido proceso
por cuanto no se efectuó una revisión integral del acuerdo de 2003 con la norma de
2017, en especial cuando el artículo 239 no derogó expresamente el acuerdo 05 de
2003, sino solo las normas contrarias, por lo que continúa vigente. Señaló que
tampoco se configuró una derogatoria tácita, al no tratarse de una disposición
materialmente contraria.
Destacó que existe unidad de materia entre los acuerdos de 2003 y 2017, y que no
operó una derogatoria orgánica. Frente al acuerdo 014 de 2012, reiteró que la
inclusión de esta norma local en la liquidación acusada se debió a un error de
transcripción, pero esto no cambia que se hubiera invocado y aplicado lo dispuesto
en el acuerdo 05 de 2003, aún vigente y no derogado de forma expresa ni tácita.
Precisó que esta misma aclaración procedía para la resolución 2019-001 del 2019,
en la cual también se invocó lo dispuesto en el acuerdo de 2003.
20
Tribunal del Magdalena, sentencia del 10 de marzo de 2021, exp. 47-001-2333-000-2018-00255-00, M.P. Maribel
Mendoza Jiménez.
21
Debido a que la parte demandante presentó una apelación adhesiva, primero será expuesto el recurso presentado por la
demandada y su coadyuvante.
22
Samai, índice 2, ED_RECURSODE_36RECURSOAPELACIONMU(.pdf) NroActua 2
7
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00562-01 (27045)
Demandante: Drummond Ltd.
Manifestó que el tribunal se pronunció sobre cuestiones que no fueron planteadas,
por lo que se extralimitó en los puntos objeto de litigio, ya que la derogatoria del
acuerdo 05 de 2003 no hace parte del problema jurídico, ni fue planteado en los
cargos de nulidad o en las pretensiones de la demanda.
Calificó la sentencia impugnada de extra petita, y destacó que la jurisdicción es
rogada, por lo que el juez no puede pronunciarse más allá de lo pedido por las
partes. Puso de presente que en el expediente digital no reposa copia del acuerdo
05 de 2003, por lo que no fue debidamente analizado por el tribunal, evidenciándose
una verdadera falta probatoria.
Señaló que era procedente la corrección de errores formales, con fundamento en el
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 866 del Estatuto Tributario. Agregó
que, en caso de haber revocado y emitido un nuevo acto, la decisión sustancial iba
a ser la misma, pues resultaba aplicable igualmente la tarifa del 12%.
Sostuvo que, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la
administración estaba facultada para reevaluar los fundamentos de hecho y de
derecho que respaldan la decisión, a efectos de garantizar el debido proceso.
Además, al corregir el yerro contenido en la liquidación oficial, el municipio no alteró
la decisión ni afectó en forma sustancial la determinación del impuesto, pues los
acuerdos 005 de 2003 y 010 de 2017 establecieron la misma tarifa del 12% al sector
industrial, en especial cuando el acuerdo 014 de 2012 no reguló este elemento del
tributo23.
Insistió en que, al amparo de los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011, la
administración está ampliamente facultada para tomar medidas correctivas o de
saneamiento orientadas a garantizar el debido proceso de los administrados, por lo
cual era procedente, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de
oficio o a petición de parte, corregir las irregularidades que se presenten en la
actuación administrativa para ajustarla a derecho y adoptar las medidas necesarias
para concluir la actuación.
2. Apelación de la coadyuvante de la demandada
Dolmen S.A. E.S.P.24 sustentó su recurso de apelación en los mismos argumentos
propuestos por el municipio de Ciénaga, por lo que no se exponen nuevamente.
3. Apelación de la demandante
DRUMMOND interpuso recurso de apelación adhesiva25 contra la sentencia de
primera instancia, aunque manifestó estar de acuerdo con la nulidad declarada por
el tribunal, destacando que la inconformidad se dirige a dos aspectos puntuales: i)
la afirmación del tribunal según la cual el municipio podría liquidar nuevamente el
impuesto por el mismo período, y ii) la conclusión de que no se desvirtuó la
razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas del impuesto de alumbrado público.
Aseguró que las tarifas fijadas por la demandada son ilegales, dado que el municipio
de Ciénaga no podía cobrar a los contribuyentes más de lo que cuesta prestar el
23
Invocó las sentencias del 26 de febrero de 2014, exp. 19563, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; y del 14 de
julio de 2017, exp. 11001-03-24-000-2015-00185-00, de la Sección Primera. No identificó a los magistrados o magistradas
ponentes. Así mismo, citó las memorias del Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código Contencioso
Administrativo.
24
Samai, índice 2, ED_RECURSODE_37RECURSOAPELACIONDO(.pdf) NroActua 2
25
Samai, índice 2,
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servicio, conforme a la resolución CREG 043 de 1995, la resolución CREG 123 de 2011,
el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018.
Afirmó que el municipio reconoció, en respuesta a un requerimiento efectuado en
otro proceso, que las tarifas del acuerdo 010 de 2017 no contaban con estudio
técnico de referencia, pues consideró que tal exigencia solo era aplicable desde la
expedición del Decreto 943 de 2018. Además, sostuvo que fue demostrada la
desproporción, porque el municipio informó que la inversión en expansión del
alumbrado público desde 2010 ascendía a $10.077.324.257, mientras que las
sumas cobradas a DRUMMOND durante varios años superaban significativamente
ese monto; también indicó que el municipio reconoció no tener concesionado ni
contratado alumbrado público en el área rural donde se encuentran los activos de
la compañía, lo cual se reforzó con los conceptos técnicos de Datum Ingeniería
S.A.S. y la certificación de Fenoco.
Resaltó que, desde 2015, con la implementación del cargue directo de carbón, el
consumo de energía eléctrica de la compañía aumentó de forma significativa, lo que
elevó correlativamente el impuesto liquidado con base en ese consumo. Luego,
comparó consumos y valores del servicio entre 2010 y 2019, para mostrar que la
tarifa del 12% generó un incremento sustancial del impuesto sin que el municipio
hubiera demostrado una expansión equivalente del servicio de alumbrado público.
La apelante también comparó el cobro de Ciénaga con municipios como Becerril y
La Jagua de Ibirico, para demostrar que existe una diferencia que refuerza la falta
de proporcionalidad de la tarifa aplicada.
Cuestionó la información municipal sobre costos, recaudo e interventoría, para
insistir en que el ente territorial no tenía claridad sobre el recaudo esperado ni sobre
su correspondencia con el costo del servicio. En particular, sostuvo que se pretendía
que DRUMMOND financiara cerca del 40% del costo total del alumbrado público del
municipio, pese a no beneficiarse directamente del servicio, lo que, a su juicio, es
claramente una carga excesiva para la demandante. Invocó la carga dinámica de la
prueba para sostener que correspondía al municipio acreditar que las tarifas no eran
desproporcionadas y que fueron fijadas con base en estudios técnicos, por ser la
entidad que estaba en mejor posición para aportar esa información.
Respecto a que el municipio podría iniciar una nueva actuación para liquidar el
impuesto por el mismo período, señaló que, conforme a los artículos 45 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 866 del
Estatuto Tributario, solo se permite corregir errores formales, aritméticos, de
digitación, transcripción u omisión de palabras, y no se encuentra habilitada la
modificación del fundamento jurídico de una liquidación oficial.
Afirmó que permitir a la administración expedir varias liquidaciones por el mismo
período para subsanar errores sustanciales, haría nugatorio el derecho de la
demandante al interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por
lo que corresponde declarar la imposibilidad jurídica del municipio de Ciénaga de
liquidar nuevamente el impuesto de alumbrado público a cargo de DRUMMOND por
los períodos discutidos.
Se opuso a las apelaciones del municipio y su coadyuvante, en cuanto sostuvieron
que el acuerdo 05 de 2003 seguía vigente y que la liquidación podía fundarse
válidamente en esa norma. Insistió en que el acuerdo 010 de 2017 reguló
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nuevamente el impuesto de alumbrado público y modificó elementos relevantes del
régimen anterior, especialmente las tarifas de los estratos 1, 2, 3 y 4, por lo cual
operó la derogatoria tácita y orgánica del acuerdo 05 de 2003, así como del acuerdo
014 de 2012, aunque la tarifa aplicable al sector industrial siga en 12%. Señaló que
una conclusión contraria generaría inseguridad jurídica.
Defendió que el tribunal no vulneró el principio de justicia rogada, porque la indebida
aplicación de normas derogadas fue planteada en la demanda, en la fijación del
litigio y en los alegatos de conclusión. Añadió que la prevalencia del derecho
sustancial impedía desconocer un vicio evidente de legalidad, máxime cuando la
liquidación oficial se sustentó en normas que no estaban vigentes.
Oposición a los recursos de apelación
Las partes guardaron silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la liquidación oficial 2018-05 (sin
fecha) y de la resolución 2019-001 del 24 de mayo de 2019, actos administrativos
proferidos por el municipio de Ciénaga, para determinar el impuesto de alumbrado
público a cargo de DRUMMOND por los periodos de mayo y junio de 2018.
Para estos efectos, la Sección pone de presente que la sentencia de primera
instancia declaró la nulidad total de los actos acusados y ordenó al municipio
demandado abstenerse de recaudar las cuantías determinadas en tales actos
administrativos. Debido a lo anterior, en primer lugar, serán estudiadas las
apelaciones presentadas por el municipio demandado, por ser la parte vencida, y
por la coadyuvante, en tanto interviene en favor de la entidad territorial. Así las
cosas, solo de prosperar estos recursos totalmente, la sala abordará el estudio del
recurso de alzada de la demandante.
Dicho esto, la Sala advierte que la demandante cuestionó que el tribunal afirmara,
en la parte considerativa de la sentencia impugnada, que el municipio podía liquidar
nuevamente los tributos a cargo de DRUMMOND. Al respecto, se debe tener en
cuenta que el artículo 320 del Código General del Proceso establece que la finalidad
del recurso de apelación consiste en que «el superior revoque o reforme la decisión». Así
las cosas, este argumento no será objeto de pronunciamiento de fondo, porque su
eventual prosperidad no conduciría a revocar ni a reformar la decisión de primera
instancia, consistente en declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar, a título
de restablecimiento del derecho, que la entidad territorial se abstenga de cobrar los
valores indicados en ellos.
Precisado lo anterior, para decidir las apelaciones de la demandada y su
coadyuvante, la sala aplicará el criterio acogido por esta misma sección en la
sentencia del 23 de abril de 202626
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sentencia del 23 de abril de 202626, que resolvió un asunto con identidad fáctica y
jurídica al que ahora se examina, correspondiente a un litigio entre las mismas
partes, con relación a un período gravable distinto.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la violación del principio de justicia rogada y la derogatoria del
acuerdo 05 de 2003
Conforme a los primeros cargos de las apelaciones de la demandada y de la
coadyuvante, se plantea que el a quo excedió su competencia, vulnerando el
principio de justicia rogada y profirió una sentencia extra petita al incluir el análisis
de la vigencia del acuerdo 05 de 2003, sin que esto fuera propuesto en la demanda.
Así mismo, califican de erróneas las conclusiones del tribunal, por cuanto dicho acto
administrativo no fue derogado expresa ni tácitamente por el acuerdo 010 de 2017,
en razón a que no contenía disposiciones que le fueran contrarias. Según sus
reparos, el tribunal erró en la valoración de las pruebas, pues no estudió el contenido
del acuerdo 05 de 2003, el cual no obra en el expediente digitalizado,
evidenciándose una verdadera falta probatoria.
Para decidir sobre el primer punto, se debe tener presente que el principio de justicia
rogada impone al interesado la carga de exponer los argumentos que sustentan su
pretensión de nulidad en la demanda27 y le impide proponer nuevos cargos de
nulidad durante el trámite judicial28. Así mismo, el principio referido prohíbe al juez
analizar los argumentos no propuestos en el escrito de la demanda, so pena de
incurrir en una sentencia extra petita29.
Con esto presente, se observa que la demanda no planteó ningún cargo de nulidad
sustentado en que el acuerdo 05 de 2003 hubiese sido derogado, sino que planteó
reparos fundados en que la liquidación oficial se sustentó en el derogado acuerdo
014 de 201230: «En la liquidación que aquí se demanda el municipio de Ciénaga sustentó la
determinación del impuesto de alumbrado público a cargo de mi representada por el mes de mayo y
junio de 2018 en el Acuerdo 014 de 2012, no obstante que dicho Acuerdo fue derogado por el artículo
239 del Acuerdo 010 del 11 de diciembre de 2017, como dicha entidad reconoce en la Resolución
2019-001».
Conforme lo anterior, les asiste la razón a las apelantes al señalar que, al no ser un
cargo de la demanda, el estudio de la vigencia del acuerdo 05 de 2003 desconoció
el principio de justicia rogada, motivo por el cual no podía ser analizado por el
tribunal.
En consecuencia, este cargo de impugnación prospera.
Con todo, es necesario precisar, primero, que la prosperidad del primer cargo de
las apelaciones de la demandada y del coadyuvante hace innecesario estudiar los
demás argumentos propuestos sobre el acuerdo 05 de 2003, relacionados con su
vigencia y la omisión de su estudio por parte del a quo y, segundo, que la
26
Exp. 26264, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27
Sentencia del 16 de octubre de 2019, exp. 23331, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
28
Sentencia del 11 de julio de 2019, exp. 21636, M.P. Milton Chaves García.
29
Sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 20865, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido, ver
sentencias del 30 de agosto de 2017, exp. 20778, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiteradas en sentencias del 30
de julio de 2020, exp. 24179 M.P. Milton Chaves García y del 14 de julio de 2022, exp. 26024, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
30
Samai, índice 2, ED_MEMORIALR_06REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 2, página 14.
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prosperidad de este cargo no permite revocar la decisión de primera instancia, en
tanto no desvirtúa las afirmaciones realizadas por el tribunal sobre la derogatoria
del acuerdo 014 de 2012 y la improcedencia de la corrección en aplicación de los
artículos 45 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 866 del Estatuto Tributario.
Por lo tanto, la Sección procede a estudiar el siguiente cargo de las apelaciones de
la demandada y del coadyuvante.
2. Sobre la procedencia de la corrección de errores formales
La demandada y la coadyuvante manifestaron que no se tuvo en cuenta que el
municipio corrigió y aclaró en la Resolución No. 2019-001, que dicho cobro se hacía
con fundamento en el acuerdo 010 de 2017 y que la única manera que se tenía
para corregir de forma oficiosa la liquidación oficial era aplicando el artículo 45 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sostuvieron que los artículos 41 y 45 ibidem facultan a la administración para
efectuar las correcciones de los errores formales y que la liquidación oficial cometió
un simple error formal al sustentarse en el acuerdo 014 de 2012, y no en el 010 de
2017, pues este último y el acuerdo 05 de 2003 establecieron la misma tarifa para
el sector industrial, del 12%.
Para decidir, se debe tener presente que la resolución que decidió el recurso de
reconsideración realizó la corrección invocando únicamente el artículo 45 de la Ley
1437 de 2011, que establece que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de
parte, «se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos,
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los
interesados, según corresponda».
Esta norma es concordante con el artículo 866 del Estatuto Tributario, aplicable por
remisión del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que también prevé que podrán
corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, «los errores aritméticos o
de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos,
mientras no se haya ejercitado la acción Contencioso – Administrativa».
Sobre el alcance de esta última norma, la Sección ha precisado que se refiere única
y exclusivamente a la potestad de la administración de enmendar errores puramente
formales, que no afectan el sentido material de la decisión. Por consiguiente, no
está habilitada la corrección del contenido sustancial del acto administrativo, en
tanto implica un cambio del sentido de la decisión adoptada31.
En esta línea, con apoyo en la doctrina32, esta Sala también sostuvo que la sola
rectificación de errores de hecho o aritméticos no implica la revocación del acto, en
cuanto sigue teniendo el mismo contenido después de la corrección, y su único
objetivo es evitar un posible equívoco33. Empero, para impedir que la administración
use esta figura para modificar el contenido sustancial del acto, se debe negar en
aquellos casos en que la rectificación implica un juicio valorativo, una operación de
31
En este sentido, ver la sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 18563, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; reiterada
en los fallos del 8 de junio de 2023, exp. 27202, del 16 de noviembre de 2016, exp. 27807, y del 23 de abril de 2026, exp.
26264, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
32
En dicha providencia se hace la siguiente cita: «GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, FERNÁNDEZ Tomás-Ramón, Curso de
Derecho Administrativo Tomo I, Editorial Aranzadi S.A., Decimotercera Edición, 2006, páginas 665 y 666».
33
Sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 19563, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
12
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calificación jurídica o una alteración del sentido de la decisión; esto es, cuando no
se trata de un error evidente.
De este modo, se advierte que, conforme a los artículos 45 de la Ley 1437 de 2011
y 866 del Estatuto Tributario, no es viable que la administración lleve a cabo
modificaciones sustanciales de los actos administrativos de oficio.
Teniendo presente lo anterior, en el caso bajo examen, consta que la liquidación
oficial 2018-05 invocó dentro de su sustento normativo al «Acuerdo Municipal 05 de 2003
y 014 de 2012»34 y que el acto que decidió el recurso de reconsideración indicó en la
parte considerativa que se trató de un error que debía ser corregido de oficio, así35:
Por último, resulta necesario hacer referencia a que en la liquidación oficial No. 2018-005
correspondiente al periodo de MAYO Y JUNIO de 2018, se incurrió en un error de digitación, toda
vez que se relacionó dentro del conjunto de normas aplicables a la materia y al caso puntual
el Acuerdo 014 de 2012 Estatuto Tributario Municipal, el cual fue derogado por el Acuerdo no.
010 del 11 de diciembre de 2017 nuevo Estatuto Tributario Municipal.
Que en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 45 se señala: […]
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el presente acto se procederá a corregir de oficio la
liquidación 2018-005 correspondiente al periodo de mayo y junio de 2018 de conformidad a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 por tratarse de un error simplemente
formal, caso en que la corrección no da lugar a cambios en el sentido material de la decisión,
ni revive términos legales para demandar dicho acto.
[...]
Artículo primero: Confirmar en todas sus partes el cobro del Impuesto de Alumbrado
realizado a través de la liquidación oficial No. 2018-05 correspondiente al periodo de MAYO Y
JUNIO de 2018 a cargo de la empresa DRUMMOND LTD. [negrillas del original].
Debe advertirse que, si bien la citada resolución hizo referencia al error formal en el
sustento normativo en la parte considerativa, en el “resuelve”, la Administración se
limitó a confirmar la liquidación oficial acusada en todas sus partes. Por tanto, el
acto confirmatorio no corrigió expresamente el fundamento normativo de la
liquidación, sino que mantuvo incólume la decisión.
En todo caso, se advierte que el artículo 58 del acuerdo 014 de 2012 del Concejo
Municipal de Ciénaga reguló el impuesto de alumbrado público con base en la
autorización del literal d del artículo 1 de la Ley 97 de 1913 y del artículo 1 de la Ley
84 de 1915, y que el artículo 100 del acuerdo 010 de 2017 reguló el impuesto con
base en esas mismas normas y en el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016.
Esta precisión de las normas habilitantes es relevante, pues, como lo indicó la
sentencia del 20 de junio de 202436, con la Ley 1819 de 2016 «se reconfiguró el impuesto
de alumbrado público», lo cual se corrobora con el artículo 349 ibidem que estableció
que, a partir de esa ley, el hecho generador «es el beneficio por la prestación del servicio
de alumbrado público», y habilitó a los concejos municipales y distritales para que
establecieran los demás elementos del tributo (sujetos pasivos, bases gravables y tarifa).
34
Samai, índice 2, ED_CONTESTACI_07CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2, página 28 y 29.
35
Ibidem, página 73.
36
Exp. 27941, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Sumado a lo anterior, se advierte que los acuerdos 014 de 2012 y 010 de 201737
regularon los elementos del impuesto de alumbrado público con diferencias, debido
precisamente al cambio efectuado por la Ley 1819 de 2016. En efecto, el artículo
61 del acuerdo de 2012 estableció los siguientes elementos del tributo:
1° HECHO GENERADOR: La obligación de cancelar el impuesto de alumbrado público se origina
del beneficio directo o indirecto del servicio de alumbrado público en la jurisdicción del
Municipio de Ciénaga.
[…]
2.° SUJETO PASIVO: El sujeto pasivo son las personas naturales, jurídicas o sociedades de
hecho que se benefician directa o indirectamente del servicio de alumbrado público prestado
en la jurisdicción del Municipio de Ciénaga, las propietarias, tenedoras o usufructuarias a
cualquier título de bienes inmuebles o que dispongan de conexiones eléctricas o que cuenten
con el servicio de energía eléctrica y a los cuales se les será cobrada la tasa de la forma que
determine este Estatuto [subraya la Sección].
Por su parte, el acuerdo 010 de 2017 del Concejo Municipal de Ciénaga definió los
elementos del tributo, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 101. Hecho generador. El hecho generador del impuesto es ser beneficiario del
servicio de alumbrado público, como servicio conexo al servicio de energía eléctrica del
Municipio de Ciénaga.
[…]
ARTÍCULO 103. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto al servicio de alumbrado
público, las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho propietarias, tenedoras o
usufructuarias a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o
subestaciones y que sean beneficiarios con el servicio de alumbrado público [subraya la
Sección].
Conforme se observa, aunque la tarifa no haya tenido alteración con la expedición
del acuerdo 010 de 2017, los demás elementos del tributo (en concreto, el hecho
generador y el sujeto pasivo) sí fueron modificados, pues a partir de este acuerdo
no se hace referencia alguna al beneficio indirecto.
Atendiendo lo indicado, el cambio en el fundamento jurídico de la liquidación oficial
es un cambio sustancial y no formal, pues la determinación de la norma local
aplicable era esencial para identificar los elementos del tributo aplicables y, de esta
forma, cualificar los hechos relevantes para determinar la sujeción pasiva y
causación del tributo.
Así las cosas, la identificación de un acuerdo derogado como sustento de la
liquidación oficial, confirmada en el acto que decidió el recurso de reconsideración,
incide directamente en el ejercicio del derecho de defensa de la demandante, pues
genera duda sobre cuál es la norma aplicable al caso bajo examen y, así, la
posibilidad de controvertir eficazmente la realización del hecho generador.
En esta línea, no era procedente la corrección efectuada en el acto que decidió el
recurso de reconsideración en aplicación del artículo 45 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o del artículo 866
del Estatuto Tributario.
Finalmente, en la apelación, la demandada y la coadyuvante también invocaron
como sustento de la corrección al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo,
37
El contenido de estos acuerdos se puede consultar en el siguiente enlace: https://cienaga-magdalena.gov.co/acuerdos-
vigencias-anteriores.
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se destaca que esta no fue la norma invocada en el acto que decidió el recurso de
reconsideración y, a diferencia del artículo 866 del Estatuto Tributario, su contenido
no es asimilable al del artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, pues regula aspectos diferentes.
Costas
No habrá pronunciamiento frente a la decisión de primera instancia, dado que no se
apeló la decisión del tribunal al respecto. En cuanto a esta instancia, por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo al Código General del Proceso, y conforme al acuerdo
PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, se condenará en costas a la parte
demandada, dado que será confirmada íntegramente la sentencia impugnada.
Para estos efectos, las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV. Por tanto,
se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a
las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 1 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 004.
2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada, conforme a lo
indicado en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé
trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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