Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00699-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00699-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2019-00699-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00699-01(68.683)
Actor: XIOMARA CARRILLO ARGOTE Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y
OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: ALCANCE DE LA APELACIÓN – En el presente caso no se discute la existencia
del daño - Las demandadas cuestionan la atribución de responsabilidad frente al hecho
dañoso / OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN – Previamente el occiso denunció
amenazas en su contra – La calidad de víctima en el proceso penal no depende de su
determinación en la audiencia de formulación de acusación – PROGRAMA DE
PROTECCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Requisitos – El denunciante
no cumplía con las condiciones para su ingreso - La Fiscalía General de la Nación solicitó
protección policiva el mismo día que se radicó la denuncia / CONCEPTO DE POLICÍA
JUDICIAL Y ACTIVIDADES DE POLICÍA – Diferencias / UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN – Personas respecto de las cuales, por su situación de riesgo extremo o
extraordinario, asume el deber de protección / FALLA EN EL SERVICIO DE PROTECCIÓN
– La Policía Nacional, con base en las pruebas que tenía, ordenó la adopción de medidas
de prevención - La accionada sí tuvo en cuenta el nivel de riesgo al que estaba expuesta la
víctima – Las medidas de prevención fueron ejecutadas - No se acreditaron las
circunstancias de modo en las que ocurrió el hecho dañoso - Como consecuencia, al
margen de su ejecución, no era dable concluir que las medidas preventivas hubieran
impedido el ataque contra la víctima / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo – Cuando
la sentencia de primera instancia se revoca, la parte vencida asumirá el pago de las costas
generadas en ambas instancias - Fijación de agencias en derecho según tarifas del Consejo
Superior de la Judicatura.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia del 16 de febrero de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas a las accionadas.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El grupo familiar demandante pretende la indemnización de los perjuicios causados
por la muerte del señor Yefry Manuel Carrillo Argote, quien denunció amenazas en
su contra, luego de lo cual fue víctima de un atentado, en el que falleció.
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00699-01
No. Interno: 68.683
Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de diciembre de 20181, los señores Xiomara Carrillo Argote, Agueda Isabel
Argote Morales, Francisco Carillo Polo, Yacqueline Esther Carrillo Argote, Víctor
Hugo Cantillo Carrillo y Kevin Yochsimir Carrillo Argote2, así como los menores
Jesús Manuel Cantillo Carreño, Kevin José Carrillo Pimentel y Mariana Andrea
Carillo Pimentel3, en ejercicio del medio de control de reparación directa4,
presentaron demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios
causados con la muerte del señor Yefry Manuel Carrillo Argote, en hechos ocurridos
el 28 de octubre de 2016, en Santa Marta.
Como indemnización, se solicitaron $543’175.601 por concepto de lucro cesante a
favor de la madre de la víctima directa, así como 100 smmlv por daño moral,
perjuicio que también se pidió para sus abuelos, hermanos y sobrinos, en cuantía
de 50 smmlv para cada uno5.
2. Hechos
En la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes hechos relevantes:
Para octubre de 2016, el señor Yefry Manuel Carrillo Argote vivía en el barrio “María
Cecilia” de Santa Marta, donde compartía vivienda con el señor Darwin Antonio
Camargo Hernández, y su familia habitaba en el barrio “Once de Noviembre” de esa
misma ciudad.
El 10 de octubre de dicha anualidad, al celular del señor Carrillo Argote llegó un
mensaje en el que le señalaban “que su familia tenía una semana para irse del
barrio, en el mensaje le manifestaban que tenían dos opciones, las cuales eran irse
del barrio o la segunda irse al barrio de los acostados, que era decisión de ellos”6.
1 Documento obrante en el archivo ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf), del índice 2 de Samai.
2 Los nombres de los demandantes se tomaron de forma literal de las copias de sus documentos de
identidad, los cuales obran de forma digital en el archivo digital referido.
3 La Sala advierte que la demanda, en principio, también fue presentada por las señoras Jineth
Valentina Martínez Obando, Janeth Teresa Martínez Obando, Carmen Carolina Martínez Obando y
Teresa Gissel Martínez Obando, quienes finalmente desistieron de sus pretensiones, como se
explicará en los pies de página 10 y 11.
4 A través de apoderada judicial, según los poderes que constan en el archivo digital citado a pie de
página 1.
5 La Subsección aclara que, si bien en el escrito inicial también se relacionó a la señora Yacqueline
Esther Carrillo Argote –tía de la víctima directa-, lo cierto es que en la demanda no se formularon
pretensiones concretas a su favor.
6 Folio 10 de la demanda de reparación directa.
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Radicación: 47001-23-33-000-2019-00699-01
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Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
El 11 de octubre siguiente, de un número de teléfono distinto, al señor Yefry Manuel
Carrillo Argote le enviaron otro mensaje de texto en el que señalaban “que debían
ponerse las pilas pues esto no era un juego, cayera quien cayera, que era decisión
de ellos si querían el barrio de los acostados”7.
Como consecuencia, el 12 de octubre de 2016, el señor Carrillo Argote denunció lo
ocurrido ante la Fiscalía General de la Nación, para lo cual sostuvo que ni él ni su
familia habían recibido amenazas con anterioridad ni tenían problemas con nadie.
El ente acusador solicitó medidas de protección, las cuales solo fueron recibidas por
la Policía Metropolitana de Santa Marta hasta el 18 de octubre de ese mismo año,
institución que, en todo caso, no las ejecutó.
La parte demandante sostuvo que su familiar murió “de forma violenta”8 el 28 de
octubre siguiente, sin seguridad alguna, dado que las demandadas no habían tenido
en cuenta que las amenazas de que era objeto tenían una fecha determinada en la
que podrían materializarse.
3. Trámite en primera instancia9
3.1. A través de auto del 6 de diciembre de 201910, el Tribunal Administrativo del
Magdalena admitió la demanda11, decisión notificada a las entidades accionadas12,
al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado13
3.2. La Policía Nacional14 se opuso a las pretensiones, para lo cual invocó el hecho
de un tercero, por cuanto personas ajenas a esa entidad fueron las causantes de
la muerte del señor Yefry Manuel Carrillo Argote; además, la protección de la
población amenazada en el país le correspondía a la Unidad Nacional de
Protección -en adelante UNP- y, en todo caso, la institución policial cumplió con su
7 Ibídem.
8 Folio 12 de la demanda de reparación directa.
9 Mediante auto del 23 de mayo y el 10 de octubre de 2019, el Juzgado 6° Administrativo del Circuito
de Santa Marta declaró su falta de competencia para conocer del presente asunto, por cuantía.
Providencias que obran de manera digital en ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) del índice 2 de
Samai.
10 Previamente, el Tribunal a quo inadmitió la demanda con la finalidad de que la parte demandante
señalara la calidad en la que comparecían las señoras Jineth Valentina Martínez Obando, Janeth
Teresa Martínez Obando, Carmen Carolina Martínez Obando y Teresa Gissel Martínez Obando.
Como consecuencia, la parte actora desistió de las pretensiones formuladas frente a las referidas
personas, por carecer de vinculo consanguinidad con la víctima directa.
11 En ese mismo proveído, el Tribunal a quo aceptó el desistimiento presentado por la parte
demandante respecto de las personas mencionadas con anterioridad.
12 La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron notificadas por medio de correo
electrónico del 4 de febrero de 2020.
13 Mediante correos electrónicos que obran en el archivo ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) del
índice 2 de Samai.
14 Memorial que consta en el archivo ED_04CONTESTACIONPOLICI(.pdf) del índice 2 de Samai.
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Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
marco funcional, en el ejercicio del cual no le era dable garantizar que el daño no
se concretara.
3.3. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.
3.4. En la audiencia inicial del 26 de enero de 2021, el Tribunal a quo fijó el litigio,
bajo el entendido de que estudiaría si en el sub lite debía declararse responsable a
las accionadas por la supuesta omisión al no proteger, de manera oportuna y
eficiente, al señor Carrillo Argote15.
Luego, fueron decretadas las pruebas allegadas y pedidas por las partes16, agotada
su práctica, el 17 de febrero siguiente17, el Tribunal de primera instancia corrió
traslado para alegatos de conclusión, oportunidad en la que intervinieron las partes
y el Ministerio Público rindió concepto18.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Magdalena19, mediante sentencia del 16 de febrero
de 202220, declaró responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía
Nacional.
El Tribunal precisó que la condena era divisible entre las accionadas en una
proporción del 50%, sin perjuicio de que alguna de ellas asumiera el pago total de
la indemnización y, eventualmente, pudiera repetir contra la otra demandada.
A juicio del a quo, la copia del registro civil de defunción y la necropsia daban cuenta
del daño, en cuanto los referidos documentos acreditaban que el señor Yefry
Manuel Carrillo Argote murió el 28 de octubre de 2016, en su residencia, como
consecuencia de heridas con arma punzante en su cráneo y cuello.
En cuanto a la responsabilidad de las demandadas en tales hechos, el Tribunal
indicó que la víctima directa, el 12 de octubre anterior, presentó denuncia ante la
15 Minuto 36:23 a 37:02 del audio y video de la audiencia inicial que consta en el archivo
ED_14VIDEOAUDIENCIAINIC(.mp4) del índice 2 de Samai.
16 En concreto, los antecedentes administrativos de los trámites realizados por las accionadas
respecto de la denuncia presentada por el señor Carrillo Argote.
17 En esa diligencia el a quo incorporó los documentos allegados por la parte demandada y escuchó
los testimonios de las señoras Wendy Milena Pimentel y María Berenice Tobón.
ED_25VIDEOAUDIENCIAPRUE(.mp4) del índice 2 de Samai.
18 Memoriales que obran en el índice 2 de Samai.
19 Previamente, mediante auto del 17 de noviembre de 2021, el Tribunal a quo ofició al Comando de
Atención Inmediata “Mamatoco” para que, con base en el testimonio de la señora Wendy Milena
Pimentel, manifestara si el señor Carrillo Argote le informó a esa unidad sobre las amenazas en su
contra y, si fuera el caso, aportara los trámites que se adelantaron al respecto, documentación que
se allegó el 10 de diciembre siguiente.
20 La cual consta en el archivo ED_40SENTENCIAPRIMERAIN del índice 2 de Samai.
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Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
Fiscalía General de la Nación, Seccional Santa Marta, en la que manifestó que
desde hacía 2 días estaba siendo objeto de amenazas de muerte, vía mensajes de
texto, las cuales se concretarían el 17 de octubre de 2016.
Al respecto, se explicó que, de conformidad con los artículos 11, 66, 67, 114, 132,
133, 200, 201 y 205 de la Ley 906 de 2004, al ente acusador le correspondía
adelantar todos los actos urgentes necesarios para proteger a la víctima directa, así
como realizar las labores de dirección y coordinación requeridas para tal fin,
mientras que a la Policía Nacional le concernía la ejecución y materialización de las
órdenes impartidas en ese sentido por el fiscal.
El a quo determinó que, si bien el día de la denuncia la Fiscalía le solicitó a la Policía
Nacional la adopción de una medida de protección para el señor Carrillo Argote, lo
cierto es que no adelantó más actuaciones, pese a que las amenazas tenían como
fecha límite para concretarse el 17 de octubre de 2016, por ende, no vigiló el
cumplimiento de la orden dada y hasta el 25 de octubre siguiente asumió el
conocimiento de la investigación, al punto de que el 16 de junio de 2017 emitió orden
de policía judicial para escuchar a la víctima directa, quien ya había fallecido.
El Tribunal no estudió lo concerniente a las competencias de la UNP; sin embargo,
estableció que la Policía Nacional se limitó a elaborar un documento con medidas
preventivas de seguridad que no se ejecutaron, por cuanto no se dejó constancia
alguna en el libro de población, además, no constató el riesgo y la seriedad de las
intimidaciones, de ahí que, si bien fueron terceros quienes provocaron la muerte del
señor Carrillo Argote, lo cierto era que las accionadas eran responsables por no
brindar los servicios de protección y vigilancia solicitados.
Con fundamento en lo anterior, en la primera instancia fueron reconocidos
$541’577.410 por concepto de lucro cesante para la señora Xiomara Carrillo Argote,
en su condición de madre de la víctima directa, y 100 smmlv por perjuicios morales,
concepto que también se le concedió a quienes comparecieron en calidad de
abuelos, hermanos y sobrinos, en cuantía de 50 smmlv para cada uno.
En favor de la señora Yacqueline Esther Carrillo Argote, quien invocó la calidad de
tía de la víctima directa, no se reconoció concepto alguno, dado que en la demanda
no se formuló ninguna pretensión en su nombre.
Finalmente, el a quo indicó que la parte actora no acreditó la ocurrencia de gastos
en esa instancia y, por ende, no era procedente la condena en costas contra las
demandadas.
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Radicación: 47001-23-33-000-2019-00699-01
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Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
5. Recursos de apelación
5.1. La Fiscalía General de la Nación explicó que, si bien tenía a su cargo un
programa de protección, lo cierto era que estaba orientado a las víctimas, testigos
e intervinientes de la actuación penal, siempre que esta les generara “un riesgo
extraordinario o extremo contra su vida”, requisito que no cumplía el señor Yefry
Manuel Carrillo Argote.
La referida entidad sostuvo que una vez el señor Carrillo Argote denunció las
amenazas en su contra, esa entidad le solicitó a la Policía Nacional que adoptara
medidas de seguridad, lo que daba cuenta del cumplimiento de los deberes a su
cargo, y, como consecuencia, no incurrió en falla alguna en el servicio 21.
5.2. La Policía Nacional insistió en su argumento de que no le asistía la protección
de la víctima directa, sino que esto le correspondía a la UNP y, en todo caso, las
pruebas obrantes en el expediente no permitían inferir que su proceder hubiese sido
determinante en la producción del daño, el cual fue causado por terceros, en el
marco de una situación que le resultó imprevisible e irresistible.
En todo caso, para la liquidación de los perjuicios morales no bastaba con que los
sobrinos acreditaran su parentesco con la víctima directa, sino que debían
demostrar una afectación emocional.
En criterio de la Policía Nacional, la primera instancia vulneró el principio de
sostenibilidad fiscal al no atender a la capacidad financiera de esa entidad22.
6. Trámite en segunda instancia
6.1. El Consejo de Estado recibió las diligencias el 15 de julio de 202223 y admitió
los recursos de apelación el 11 de agosto siguiente24.
6.2. Los demandantes y la Fiscalía General de la Nación presentaron alegatos de
conclusión25, por su parte el Ministerio Público rindió concepto26, a través del cual
solicitó la modificación de la sentencia de primer grado frente al reconocimiento de
daños morales a favor de los sobrinos del señor Carrillo Argote 27.
21 Archivo ED_42RECURSOAPELACIONFI(.pdf) del índice 2 de Samai.
22 Memorial ED_43RECURSOAPELACIONPO(.pdf) del índice 2 de Samai.
23 Índice 1 de Samai.
24 Índice 5 de Samai.
25 Mediante memoriales que constan en los índices 11 y 12 de Samai, respectivamente.
26 Índice 14 de Samai.
27
El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para dictar sentencia el 12 de
septiembre de 2022. Según informe secretarial que obra a índice 16 de Samai.
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Referencia: Medio de control de reparación directa.
III. CONSIDERACIONES
1. Ejercicio oportuno del derecho de acción28
El término de caducidad frente a la pretensión de reparación directa con ocasión de
la muerte del señor Yefry Manuel Carrillo Argote ocurrida el 28 de octubre de 2016,
transcurrió entre el 29 de octubre de esa misma anualidad y el 29 de octubre de
201829.
Dicho término se suspendió el 21 de agosto del último de los años mencionados,
cuando faltaban 70 días, en virtud del trámite de conciliación extrajudicial promovido
por la parte actora30, en el marco del cual el 7 de noviembre siguiente31 fue expedida
la constancia de no acuerdo, lo que dio lugar a la reanudación del plazo a partir del
día siguiente.
Los 70 días faltantes expiraban el 16 de enero de 2019 y la demanda fue presentada
con anterioridad -el 12 de diciembre de 2018-, de ahí que resulte oportuna.
2. Alcance de la apelación
El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que el daño resultaba imputable
a la parte demandada, por cuanto a pesar de que el señor Yefry Manuel Carrillo
Argote murió a manos de terceros, la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional no prestaron los servicios de protección que les correspondía, de ahí que
les asistiera responsabilidad patrimonial.
La Fiscalía apeló la anterior decisión porque, si bien el denunciante no cumplía con
los requisitos para ingresar a su programa de protección, lo cierto es que, en
ejercicio de sus funciones, pidió que se adoptaran medidas policivas, lo que daba
cuenta del cumplimiento de los deberes a su cargo.
Por su parte, la Policía Nacional, en síntesis, consideró lo siguiente: i) la protección
de la víctima directa le correspondía a la UNP; ii) no se probó que lo determinante
en la producción del daño fuera alguna acción u omisión de su parte iii) se configuró
el hecho de un tercero; iv) no debió reconocérseles perjuicios morales a quienes
28 De manera previa se revisó la competencia de la Sala, la cual se encuentra ajustada, en virtud de
los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, pues se trata de la apelación de un fallo dictado por
el Tribunal Administrativo del Magdalena en un proceso de reparación directa con cuantía superior
a 500 smmlv, pues la pretensión mayor equivale a $543’175.601 y para el 2018 el smmlv ascendía
a $781.242.
29 Según el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, aplicable al sub lite.
30 Folios 125 a 128 del cuaderno 1.
31 Ibídem.
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Referencia: Medio de control de reparación directa.
comparecieron como sobrinos y v) la condena de primera instancia vulneró el
principio de sostenibilidad fiscal.
Con fundamento en los anteriores cargos se decidirá la segunda instancia32.
3. Decisión de los cargos de apelación
3.1. Ausencia de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por haber
adelantado las actuaciones a su cargo
A juicio del Tribunal Administrativo del Magdalena, a la Fiscalía General de la Nación
le correspondía adelantar actos urgentes tendientes a proteger la vida del señor
Yefry Manuel Carrillo Argote, dada su calidad de víctima, en atención a la denuncia
presentada, según lo previsto en el artículo 114 de la Ley 906 de 2004 33; empero,
no adelantó actuaciones efectivas para protegerla34, pues ofició a la Policía
Nacional, pero no vigiló el cumplimiento de las actuaciones a cargo de tal entidad y
no asumió oportunamente el conocimiento de la investigación penal, según los
artículos 6635 y 6736 ejusdem.
La Fiscalía apeló la anterior conclusión porque, si bien el señor Carrillo Argote no
cumplía con los requisitos para ingresar a su programa de protección, una vez
conoció de las amenazas contra el denunciante adelantó las actuaciones a su cargo,
en el sentido de pedirle protección a la Policía Nacional, entidad que debía proceder
de conformidad.
32 Previo a abordar los cargos de apelación que versan sobre la inexistencia de falla en el servicio y
de nexo causal, la Sala verificó lo atinente al daño, en cuanto sin este no es posible adelantar el
análisis de los demás elementos de la responsabilidad estatal. En la primera instancia, tal aspecto
se encontró acreditado, conclusión que no fue apelada y que, en todo caso, la Subsección corrobora
con la copia del registro civil de defunción de la víctima directa y el informe de necropsia practicado
el 29 de octubre de 2016, documentos que obran a folios 49 y 98 a 104 del cuaderno 1.
33 “Artículo 114, Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:
(..)6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda
presentar (…) (parte resaltada por el Tribunal de primera instancia).
34 El Tribunal de primera instancia determinó que al ente acusador le asistían dichas obligaciones,
de conformidad con los artículos 11, 66, 67, 114, 132, 133, 200, 201 y 205 de la Ley 906 de 2004.
35 “Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la
Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio
de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones
contempladas en la Constitución Política y en este código (…)” (parte resaltada por el Tribunal de
primera instancia).
36 “Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya
comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio,
iniciara sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario,
pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente” (parte
resaltada por el Tribunal de primera instancia).
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Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
Al respecto, la Sala precisa que se encuentra probado que el señor Yefry Manuel
Carrillo Argote presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación,
Seccional de Santa Marta, a las 8: 00 p.m. del 12 de octubre de 201637, oportunidad
en la cual manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
“El día lunes 10 de octubre de 2016 siendo las 16:30 horas me encontraba
laborando en Audifarma, cuando de repente me llegó a mi celular con número
(…) un mensaje de texto con índole amenazante el cual me manifestaban que
mi familia y yo tenemos una semana para irnos del barrio, dicen en el mensaje
que tenemos dos opciones las cuales una es irnos a otro barrio y la segunda al
barrio de los acostados que nosotros lo decidíamos, eso lo enviaron de un
número de celular del operador movistar que lastimosamente se me
perdió y el día de ayer 11 de octubre de 2016 siendo las 15:01 horas me
enviaron otro donde me manifiestan que nos pongamos pilas que esto no
era un juego que a partir del 17 de octubre de 2016 teníamos los días
contados cayera quien cayera que allá nosotros si queríamos el barrio de los
acostados, este mensaje me lo enviaron del No. de celular (…), quiero anotar
que mi núcleo familiar lo conformamos (…) y ninguno de nosotros ha tenido
ningún problema con los vecinos ni por fuera del barrio que me acuerde,
y yo en lo personal no he tenido problemas con persona alguna ni en el
barrio ni en la empresa donde laboro y que me acuerde en ningún otro
ámbito que me circunde”38 (se destaca).
La Sala observa que el señor Carrillo Argote indicó que no contaba con el mensaje
de texto del 10 de octubre de 2016 y tampoco se dejó constancia de que se hubiese
aportado el que le habría llegado el día anterior.
En las condiciones analizadas, la Subsección verificará las actuaciones que le
correspondía adelantar a la Fiscalía General de la Nación en relación con la anterior
denuncia, en materia de medidas de protección que debía adoptar frente a la
víctima.
3.1.1. Protección con ocasión de las denuncias presentadas por amenazas
ante la Fiscalía General de la Nación
Como se explicó, en la primera instancia se consideró que a la Fiscalía General de
la Nación le asistía responsabilidad en el sub lite, en atención a las normas de
protección de víctimas establecidas en el marco de la normativa procesal penal,
cuyo alcance corresponde al siguiente:
37Documento obrante en el archivo ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) del índice 2 de Samai.
38 Ibídem.
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Radicación: 47001-23-33-000-2019-00699-01
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa.
El artículo 132 de la Ley 906 de 200439 establece que, para efectos del proceso
penal, se entienden por víctimas “las personas (…) que (…) hayan sufrido algún
daño como consecuencia del injusto”, calidad que, según el artículo 340 ejusdem40,
se determinará en la audiencia de formulación de acusación, sin perjuicio de que tal
condición pueda reconocerse con anterioridad41, en virtud de pruebas sumarias
allegadas para tal fin, con el propósito de que el interesado pueda solicitar, entre
otras42, medidas de atención y protección, como las establecidas en el artículo 137
del estatuto procesal penal43.
Como consecuencia, el deber de protección no surge únicamente a partir del
momento en el que se agota la audiencia referida, dado que, incluso, desde el inicio
del proceso penal con la noticia criminal, basada en una denuncia, querella, petición
oficial o de manera oficiosa, es dable proteger a las víctimas44.
3.1.1.1. Alcance de las medidas de protección a adoptar en el marco del
proceso penal
En el marco de lo expuesto en el acápite precedente, las víctimas pueden ser
incluidas en el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el
39 El señor Yefry Manuel Carrillo Argote presentó denuncia el 12 de octubre de 2016, por ende, la
ley referida era el estatuto procesal penal vigente para la época de los hechos.
40 A cuyo tenor: “Artículo 340. La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima,
de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en
caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual
número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral” (se
resalta).
41 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha concluido lo expuesto, a partir de
un análisis armónico y sistemático de la Ley 906 de 2004, así como de lo dicho por la Corte
Constitucional en las sentencias C-209 y C-516 de 2007. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, sentencia del 16 de junio de 2022, M.P: Gerson Chaverra Castro, exp: STP7881-
2022. Criterio que también adoptó esta Subsección en sentencia del 4 de junio de 2021, C.P: María
Adriana Marín, exp: 2021-00065-01 (AC).
42 La Corte Suprema de Justicia también ha resaltado que quien demuestre, de forma sumaria, la
calidad de víctima podrá pedir información, requerir la práctica anticipada de pruebas ante el juez de
control de garantías; aportar pruebas en aras de fortalecer la actividad probatoria de la Fiscalía y
solicitar tanto la suspensión como la cancelación de los títulos obtenidos fraudulentamente, y la
suspensión del poder dispositivo de bienes.
43 “Artículo 137. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las víctimas del injusto, en
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en
todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de
protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus
familiares (…)” (se destaca).
44 La Sala encuentra pertinente aclarar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, el proceso penal inicia con la noticia criminal, basada en una denuncia,
querella, petición oficial o de manera oficiosa y, en virtud de la cual se origina la indagación preliminar
en cabeza de la Fiscalía, distinto es que, de acuerdo con lo concluido durante la referida etapa, el
ente acusador determina si debe o no darse apertura formal a las correspondientes diligencias. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1° de julio de 2009, M.P: Augusto José
Ibáñez Pinzón, exp: 31.763. Reiterada en sentencia del 10 de abril de 2019, M.P: José Francisco
Acuña Vizcaya, exp: 52.706. También se puede ver la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2019,
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, M.P: Cristina Pardo Schlesinger, exp: D-13167.
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Referencia: Medio de control de reparación directa.
Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, creado por medio del artículo 6745 de la Ley
418 de 1997 y cuyo objeto es la protección y asistencia integral de dichas personas
cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o sus vidas corran peligro, por
causa o con ocasión de la intervención en el proceso penal.
La vinculación al referido programa no es automática46, sino que depende del
cumplimiento de una serie de requisitos, como el referente a la existencia de un
nexo entre la participación en el proceso penal y los factores de peligro, para lo cual,
según lo establecido por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución No. 0-
1006 del 27 de marzo de 2016, se debe adelantar un estudio técnico en un término
de 20 días hábiles, a través del cual se determine si se está ante un riesgo
extraordinario o extremo, luego de lo cual, en un plazo adicional de 10 días hábiles,
se debe decidir si se vincula o no al evaluado, de acuerdo con los artículos 77 47 y
7848 ejusdem.
La situación de peligro puesta de presente por el señor Yefry Manuel Carrillo Argote
no provenía de la interposición de su denuncia, sino que se derivaba de las
amenazas de las que era víctima, las cuales, precisamente, lo llevaron a
comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar protección.
De este modo, el señor Yefry Manuel Carrillo Argote no cumplía los requisitos para
ser destinatario de los programas de protección de víctimas establecidos en la
normativa penal, lo que no era óbice para que la entidad adelantara otras
actuaciones tendientes a abogar por su seguridad, en virtud de lo previsto en el
artículo 133 de la Ley 906 de 2004, que establece el deber de adoptar las medidas
necesarias, sin que las limite a una acción en concreto49.
45 Modificado por el artículo 4 de la Ley 1106 de 2006.
46 Así también lo ha considerado la Corte Constitucional: “Con todo, la vinculación no es
automática, pues la Fiscalía General de la Nación cuenta con la facultad para realizar un
estudio de las solicitudes de incorporación al Programa que presente el funcionario judicial que
adelanta la actuación, cualquier otro servidor público o directamente el propio interesado (…)” (se
destaca). Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-683 del 30 de junio de 2005,
M.P: Humberto Antonio Sierra Porto, exp: T-884432.
47 El cual dispone lo siguiente: “Artículo 77. Verificación probatoria. En caso de que el análisis
preliminar indique que el candidato a protección se encuentra dentro de la hipótesis del parágrafo 1o
del artículo anterior, el Director Nacional de Protección y Asistencia librará misión de trabajo para
realizar la evaluación técnica de amenaza y riesgo que deberá efectuarse dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la orden o misión referida (…)” (se destaca).
48 “Artículo 78. Término para el análisis de la solicitud. La incorporación se decidirá dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del ´Informe de Policía Judicial de Evaluación
Técnica de Amenaza y Riesgo´ en la unidad jurídica o área correspondiente en la Dirección
Nacional.
En este término, se valorarán los elementos recaudados y se tomará una decisión con base en todos
ellos”.
49 “Artículo 133. Atención y protección inmediata a las víctimas. La Fiscalía General de la Nación
adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad
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Referencia: Medio de control de reparación directa.
La Fiscalía General de la Nación adoptó medidas de protección a favor del señor
Carrillo Argote, para lo cual, inmediatamente recibió la noticia criminal50, elaboró
oficio dirigido al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, con el fin
de que se realizaran las “actividades pertinentes para proveer de protección policiva
y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad”51.
La Subsección encuentra oportuno precisar que, si bien en el expediente no obra
constancia de entrega del oficio referido, lo cierto es que la Policía Nacional, en su
contestación de la demanda, reconoció que dicho documento lo recibió el mismo 12
de octubre de 201652.
De este modo, la Fiscalía General de la Nación no pasó por alto la situación de
eventual peligro puesta de presente por el señor Yefry Manuel Carrillo Argote, sino
que actuó sin dilación alguna, una vez le fue informado lo ocurrido, asunto distinto
es que con posterioridad hubiese efectuado el reparto pertinente de la noticia
criminal para efectos de investigación -lo cual ocurrió 13 días después de la
radicación de la denuncia53-.
Para la Sala es oportuno aclarar que en el presente caso la controversia versa sobre
la adopción de medidas de protección en favor de la víctima y no sobre el impulso
de la investigación como tal, pues, al margen del tiempo transcurrido para el reparto
de las diligencias entre los funcionarios del ente acusador, lo cierto es que una vez
el ciudadano acudió ante la entidad se adoptaron las medidas de protección que
correspondía.
personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su
vida privada o dignidad (…)” (se destaca).
50 La Sala observa que la noticia criminal fue radicada el 12 de octubre de 2016 a las 8: 00 p.m. y la
solicitud de protección fue enviada ese mismo día a las 8:11 p.m.
51 Hecho probado mediante el Oficio No. 04907 de 2016 que consta en el archivo
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) del índice 2 de Samai.
52 En efecto, en su contestación de la demanda, la Policía Nacional sostuvo lo siguiente: “DEL
HECHO 15: Por medio del cual señala que la Policía Metropolitana de Santa Marta recibió el 12
de octubre de 2016, copia de dos folios por parte de la Fiscalía General de la Nación, y que la
institución policial el 15 de octubre de 2016 suscribió memorando de orden de apertura de medidas
de autoprotección, referente a este hecho es pertinente señalar que ES CIERTO (…)” (se destaca).
53 En efecto, la noticia criminal fue asignada y repartida el 25 de agosto de 2016, a la Fiscalía 36
Seccional de Santa Marta, como consta en el archivo ED_20CUADERNOEXPEDIENTE(.pdf) del
índice 2 de Samai.
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3.1.1.2. Deber de vigilancia de las medidas de protección que le competen a la
Policía Nacional
El Tribunal de primera instancia concluyó que, según los artículos 20054, 20155 y
20556 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación debía verificar el
cumplimiento de las actividades a cargo de la policía judicial y, en esa medida, le
correspondía el seguimiento de la solicitud de protección que le remitió a la Policía.
Al respecto, deben distinguirse las actuaciones que le corresponden a la Policía
Nacional en calidad de policía judicial y las que desarrolla en condición de integrante
de los cuerpos de seguridad del Estado, en materia de protección de los
ciudadanos57, siendo las primeras aquellas desarrolladas con ocasión de la
comisión de un delito y que están encaminadas a su esclarecimiento y a la
individualización de los responsables58.
54 “Artículo 200. Órganos. Modificado por el art. 49, Ley 1142 de 2007. Corresponde a la Fiscalía
General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características
de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por
cualquier otro medio idóneo.
En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior, a la Fiscalía General de la Nación,
por conducto del fiscal director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación,
control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la policía
judicial, en los términos previstos en este código” (parte resaltada por el Tribunal de primera
instancia).
55 “Artículo 201. Órganos de policía judicial permanente. Ejercen permanentemente las funciones
de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico
de Investigación de la
Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de
Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas (…)” (parte resaltada por el Tribunal
de primera instancia).
56 “Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores
públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o
informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizaran de
inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección
de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalaran técnicamente
los elementos materiales probatorios y evidencia física y registraran por escrito, grabación
magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.
Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la acompañará al centro
médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial
para que se realice la necropsia médico-legal.
Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar, dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes, un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma
la dirección, coordinación y control de la investigación.
En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación de su
actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección,
coordinación y control”. (parte resalta por el Tribunal de primera instancia).
57 La Ley 62 de 1993 determinó como funciones generales de la Policía Nacional las siguientes:
“Artículo 19. Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos
que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias
judiciales y administrativas y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial,
respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a la comunidad en
el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la
Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica (…)” (se
resalta).
58 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-789 del 20 de septiembre de 2006, M.P: Nilson
Pinilla Pinilla, exp: D-6199.
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Por su parte, la función de policía como integrante de la fuerza pública está
orientada al cumplimiento del objetivo constitucional establecido en el artículo 218
de la Constitución Política, relacionado con “el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz”, para lo cual le compete la
protección de los ciudadanos, lo que en algunos eventos concretos adelanta en
conjunto con otras autoridades, como es el caso de las personas con determinadas
calidades en virtud de las cuales la UNP tiene a cargo su seguridad59.
Como consecuencia, los deberes de la Fiscalía respecto de la policía judicial se
circunscriben a la recopilación de medios técnicos y periciales para la investigación
penal60, lo cual no implica el seguimiento de las órdenes de protección dadas a otras
autoridades al margen del programa de protección de intervinientes en el proceso
penal, tales como las emitidas frente a la Policía Nacional, entidad que para ese fin
no actúa como policía judicial, porque no se trata de una actuación tendiente a
esclarecer los hechos objeto de la acción penal, sino que ejerce las funciones que
le corresponden en condición órgano de seguridad del Estado.
Según lo indicado en el acápite anterior, la protección brindada al señor Carrillo
Argote no se dio en el contexto de las medida procedente cuando el trámite del
proceso penal genera riesgos, sino por el hecho de que, una vez puesta de presente
la situación de peligro, ameritaba su protección por intermedio de la Policía
Nacional, en el ámbito de sus funciones constitucionales, sin que para tal fin la
Fiscalía General de la Nación tuviera un deber de vigilancia al respecto, por no
tratarse de una actuación inherente a la policía judicial.
En todo caso, tal supervisión no resultaba necesaria, porque en el sub lite la
institución policial procedió en los términos que le correspondía, como se explicará
en el siguiente acápite.
59 De conformidad con el artículo 1.2.1.4 del Decreto compilatorio No. 1066 de 2015, la UNP tiene
“el carácter de organismo nacional de seguridad”, para lo cual tiene a su cargo el servicio de
protección de quienes determine el Gobierno Nacional, por virtud de “sus actividades, condiciones o
situaciones políticas, publicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad
de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación
de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad
personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo
extraordinario”.
60 Sobre las funciones de la Fiscalía respecto de la policía judicial, consultar: Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de agosto de 2021, M.P: Eugenio Fernández
Carlier, exp: 52.657.
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Así las cosas, por no haber incurrido en falla en el servicio, se revocará la condena
impuesta a la Fiscalía General de la Nación, para, en su lugar, negar las
pretensiones formuladas en su contra.
Decidido lo anterior, se estudiarán los cargos de apelación formulados por la Policía
Nacional.
3.2. Responsabilidad de la Policía Nacional
El Tribunal a quo señaló que la Policía Nacional se limitó a elaborar un documento
con medidas preventivas de seguridad que no ejecutó, por cuanto no se acreditaron
las respectivas anotaciones en el libro de población; además, en todo caso, tal
diseño de estrategias no daba cuenta de una constatación efectiva del riesgo y la
seriedad de las intimidaciones.
A juicio de la demandada, la protección de las personas en situación de riesgo
extremo o extraordinario le compete a la UNP y, en todo caso, no se demostró que
su proceder fue lo determinante para la producción del daño, el cual fue generado
por terceros.
Para resolver este cargo, la Subsección determinará, en primer lugar, si la
protección de la víctima directa le correspondía a la UNP.
3.2.1. La protección de las personas en situación de riesgo extremo o
extraordinario le compete a la UNP
El artículo 1.2.1.4 del Decreto compilatorio No. 1066 de 201561 determinó que la
UNP62 tiene dentro de sus deberes el de proteger a ciertas personas en razón del
cargo desempeñado o por encontrarse en situación de riesgo extremo o
extraordinario63, sin que la víctima directa -Yefry Manuel Carrillo Argote -se
61 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior”. En los términos vigentes para la época de los hechos.
62 Entidad creada mediante el Decreto 4065 de 2011.
63 “Artículo 2.4.1.2.6. Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
Son objeto de protección en razón del riesgo:
1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.
2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de
víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.
3. Dirigentes o activistas sindicales.
4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales.
5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos.
6. Miembros de la Misión Médica.
7. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional
Humanitario.
8. Periodistas y comunicadores sociales.
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encontrara dentro de tales condiciones especiales que impusieran que su seguridad
quedara a cargo de la referida entidad, sino que le correspondía a la Policía
Nacional, en virtud de su función constitucional y general de protección de los
ciudadanos, de ahí que en este punto la apelación no prospere.
Al respecto, la Sala resalta que una vez fue recibido el oficio librado para tales
efectos por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional no puso de presente
su eventual falta de competencia y tampoco remitió las diligencias a la UNP, sino
que avocó el conocimiento del caso y adoptó las medidas que consideró pertinentes,
las cuales serán analizadas en el siguiente acápite.
3.2.2. No se demostró que el actuar de la Policía Nacional fue determinante
para la producción del daño.
En el presente caso, en virtud de diferentes solicitudes de la Fiscalía General de la
Nación, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Santa
Marta, por medio de oficio del 15 de octubre de 2016, le ordenó al Comandante de
Policía del Distrito I de ese municipio la ejecución de determinadas medidas a favor
9. Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población
desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo.
10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación
o ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno Nacional.
11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o
ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional.
12. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, el
Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el
Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora
Guerrillera, el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados, MIR, COAR y las
Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias
Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional
en los años 1994 y 1998 y se reincorporaron a la vida civil.
13. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por
violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.
14. Docentes de acuerdo a la definición estipulada en la Resolución 1240 de 2010, sin perjuicio de
las responsabilidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas en la misma.
15.Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del presente
artículo, y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación
quienes tienen su propio marco normativo para su protección.
Parágrafo 1º. La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 14 será
asumida por la Unidad Nacional de Protección
Parágrafo 2. La protección de las personas mencionadas en el numeral 15 será asumida por
la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: La Policía Nacional asignará los
hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de
Protección de manera subsidiaria, los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que
la entidad correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario, no cuente con los medios o
partidas presupuestales necesarias. Las medidas de protección serán adoptadas por la Policía
Nacional y la Unidad Nacional de Protección sólo en los casos en que las entidades a las que están
vinculados los servidores públicos hayan agotado los mecanismos internos necesarios e idóneos
para preservar la seguridad de sus funcionarios (…)” (se destaca).
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de un grupo de personas, dentro de las cuales, en uno de los oficios, se encontraba
el señor Yefry Manuel Carrillo Argote64.
Para tal fin, la Oficina de Derechos Humanos indicó que se debía proceder a lo
siguiente: i) el respectivo cuadrante contactaría a las personas relacionadas en el
documento y les indicaría el número de celular al cual se podían comunicar; ii)
diligenciar un acta de autoprotección personal; iii) el personal policial quedaría
atento a cualquier requerimiento de los afectados, de lo cual dejarían constancia en
el libro de población y en el acta de entrega de las medidas de autoprotección; y iv)
el cuadrante encargado adelantaría rondas o patrullaje por las residencias de las
personas pertinentes, con el fin de asegurar su seguridad65.
Además, se indicó que los correspondientes cuadrantes rendirían 3 informes sobre
el cumplimiento de las actividades, en las siguientes fechas: i) 15 de noviembre de
2016; ii) 15 de diciembre de ese mismo año y iii) 15 de enero de 2017.
El referido documento fue recibido por el Comandante del Distrito I de la Policía
Metropolitana de Santa Marta, a las 3:16 p.m. del 18 de octubre de 2016, luego de
lo cual el Comandante de la Estación de Policía “Bastidas” le asignó al cuadrante
No.11 las medidas de autoprotección del señor Carrillo Argote, a través de los
siguientes documentos66:
Documento Fecha de expedición Plazo de ejecución
Memorando No.
24 de octubre de 2016 18 de noviembre de 2016
23667
Memorando No.
3 de noviembre de 2016 20 de diciembre de 2016
24868
64 Hecho probado mediante Memorando N.832 del 15 de octubre de 2016, el cual obra en el archivo
ED_35RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) del índice 2 de Samai.
65 Para tal fin, la Oficina de Derechos Humanos sostuvo: “El señor Oficial se servirá de ordenar el
cuadrante correspondiente. Tomar contacto con las personas de los documentos anexos, verificar la
información allegada, hacer entrega inmediata del número de celular del cuadrante, (diligenciar acta
de autoprotección personal), quienes a partir de la fecha estarán prestos a atender cualquier
requerimiento de los afectados, dejarán registro de lo actuado en libro de población y en acta de
entrega de medidas de autoprotección, realizaran patrullajes por el sector de su residencia con el fin
de asegurar la convivencia y seguridad de los quejosos, esto basado en el Decreto 1066 de 2015 y
Ley 906 de 2004 art 132 y 133. De las actividades realizadas deberán proyectar respuesta a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con firma de este COMANDO DE POLICÍA
METROPOLITANA DE SANTA MARTA copia a la Oficina de derechos Humanos en forma física y
magnética al correo (…). Primer informe con plazo: 15/11/2016. Segundo informe con plazo:
15/12/2016. Tercer informe: 15/01/2017”.
66 La Sala aclara que, si bien en el expediente no obra constancia de recibido del oficio librado el 15
de octubre de 2016, por el comandante de la estación de policía “Bastidas”, lo cierto es que es dable
deducir su recepción por lo menos para el 24 de agosto siguiente, dado que para esa fecha se
libraron los memorandos para que los correspondientes cuadrantes ejecutaran las medidas.
67 Documento obrante en el archivo ED_35RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) del índice 2 de Samai.
68 Ibídem.
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A juicio del Tribunal Administrativo del Magdalena, la Policía Nacional no constató
el riesgo y la seriedad de las intimidaciones de las que fue objeto la víctima directa,
argumento que no comparte la Subsección.
Lo anterior, porque se advierte que sí se tomó en consideración la situación del
señor Yefry Manuel Carrillo Argote, lo cual dio como resultado la adopción de las
medidas enunciadas, las cuales resultaban consecuentes con su situación
particular69, distinto es que esta no diera cuenta de un peligro extraordinario que
ameritara medidas como: i) esquemas de protección; ii) recursos especiales para
los esquemas de protección (vehículos blindados, antibalas, escudos blindados,
medios de comunicación); iii) apoyos de reubicación temporal o de trasteo; iv)
blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad, v)
asignación de medios de comunicación70.
Las referidas medidas, de conformidad con el Decreto 4912 de 201171, proceden
ante personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo
como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, verbigracia,
Presidente de la República, ministros de despacho, Fiscal General de la Nación y
demás funcionarios relacionados en el artículo 7 ejusdem72.
A juicio de la Subsección, ante la falta de riesgos derivados del ejercicio de un cargo
público específico o de actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, en
el presente caso no se imponía la adopción de medidas como las citadas, sino que
para tal fin resultaban idóneas las preventivas que tomó la Policía Nacional, las
cuales se enmarcaban en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 4912 de 2011,
69 El Decreto 4912 de 2011 definió las amenazas así: “Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del
presente decreto se entenderá por:
(…) 3. Amenaza: Factor del riesgo que comprende las situaciones o hechos externos con la
potencialidad de causar daño a una persona, grupo o comunidad, a través de una acción
intencionada y por cualquier medio (…)”.
70 Establecidas en el artículo 11 del Decreto 4912 de 2011.
71 Compilado en el Decreto 1066 de 2015.
72 A cuyo tenor: “Artículo 7°. Protección de personas en virtud del cargo (Modificado por el artículo 3
del Decreto 1225 de 2012). Son personas objeto de protección en virtud del cargo.
1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar. Los demás familiares que soliciten
protección, estarán sujetos al resultado de la evaluación del riesgo.
2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.
3. Los Ministros del Despacho.
4. Fiscal General de la Nación.
5. Procurador General de la Nación.
6. Contralor General de la República.
7. Defensor del Pueblo en el orden nacional.
8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara.
9. Gobernadores de Departamento.
10. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del
Consejo Superior de la Judicatura”.
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Referencia: Medio de control de reparación directa.
que las define como aquellas que se adoptan “para el cumplimiento del deber de
prevención en lo que se refiere a la promoción del respeto y garantía de los
derechos humanos de los sujetos protegidos”, y corresponden a las siguientes:
“Artículo 10. Medidas de prevención. Son medidas de prevención las
siguientes:
(…)
b) Curso de Autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de
brindar a las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo,
contemplando un enfoque diferencial, elementos prácticos que permitan
disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capacidades a fin de realizar
una mejor gestión efectiva del mismo.
c) Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque
general, encaminada a asegurar la convivencia y seguridad ciudadana y dirigido
a identificar, contrarrestar y neutralizar la amenaza.
d) Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un
enfoque particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una
interlocución periódica con el solicitante de la medida”.
Fue precisamente a los anteriores mecanismos a los que se recurrió en el sub lite,
ante la evidencia de que no se presentaba un riesgo extraordinario, pues para tal
fin se dispuso: i) la adopción de un programa de autoprotección; ii) contacto
permanente de los cuadrantes de la Policía Nacional con los afectados, iii)
actividades de patrullaje.
Al momento de formular su denuncia no se dejó constancia de que el denunciante
aportara pruebas sumarias de las amenazas de las que había sido objeto, por ende,
la Policía Nacional solo contaba con el oficio remitido por el ente acusador y una
copia de la noticia criminal para establecer el nivel del riesgo al que se enfrentaba
la víctima directa73, lo que no fue óbice para que tomara en consideración su
73 La Corte Constitucional se ha referido a la identificación de los niveles de riesgo de una persona:
“4.4 En relación con la problemática, recientemente la jurisprudencia de esta Corte ha señalado
herramientas conceptuales para identificar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto el sujeto
y según ello tomar las medidas que resulten necesarias, de acuerdo con la siguiente clasificación.
4.4.1 Nivel de riesgo mínimo. En este nivel se encuentran todas las personas, por el solo hecho de
nacer. El riesgo al que se enfrenta es a la muerte y a las enfermedades.
4.4.2 Nivel de riesgo ordinario. Se trata de todos aquellos riesgos causados por el hecho de
vivir en sociedad. La amenaza no es causada por factores individuales, como en el nivel
anterior, sino que se produce por factores externos, tales como la acción del Estado y la
convivencia con otras personas. La población que se encuentra en este nivel de riesgo no
puede solicitar medidas especiales de protección, por cuanto el Estado, dentro de su
finalidad, debe establecer medidas ordinarias y generales encaminadas a proteger a los
asociados en relación con este tipo de riesgo. Los derechos fundamentales que puedan verse
amenazados se protegen de la manera indicada.
4.4.3 Nivel de riesgo extraordinario. Cuando la persona se encuentra en este nivel de riesgo, es
necesario que el Estado adopte medidas especiales y particulares para evitar que se vulneren los
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Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
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situación, pues, como se explicó, analizó su caso y procedió en los términos que el
tipo de riesgo le imponía, de conformidad con la normativa que regula las decisiones
a tomar en materia de protección y seguridad de ciudadanos.
En este punto la Sala destaca que la información con la que contaba la demandada
fue la puesta de presente en la denuncia, pero, según las pruebas obrantes en este
proceso, la situación era distinta tanto en condiciones de tiempo como de gravedad;
sin embargo, esas particularidades no fueron informadas en su denuncia por parte
del señor Yefry Manuel Carrillo Argote.
En efecto, en el sub lite rindió declaración la señora Wendy Milena Pimentel74, quien
dijo tener una amistad muy cercana con la víctima directa y sostuvo que él había
recibido amenazas de tiempo atrás, pero que no había hecho nada inicialmente y
que estas le habían generado problemas cardíacos y lo habían llevado a bajar de
peso75; sin embargo, el señor Carrillo Argote no hizo alusión a esa situación al
formular su denuncia, de hecho indicó que ni él ni su familia habían recibido algún
tipo de amenaza previa, omisión con la cual impidió que la parte demandada
estuviera al tanto de su situación real.
En las condiciones analizadas, la Subsección concluye que no se presentó ninguna
falencia en las medidas adoptadas por la Policía Nacional, por lo que procederá con
el análisis de su ejecución, la cual no encontró probada el Tribunal de primera
instancia, argumento que no se comparte.
derechos fundamentales amenazados (…)” (se destaca). Corte Constitucional, Sala Primera de
Revisión, sentencia T-976 del 8 de octubre de 2004, M.P: Jaime Araujo Rentería, exp: T-930015.
74 La Sala advierte que, al rendir su declaración, la señora Wendy Milena Pimentel manifestó ser ex
cuñada de la víctima directa, madre de sus sobrinos y su mejor amiga, por lo que, si bien no puede
descartarse de plano su versión, lo cierto es que debe valorarse de manera más rigurosa, de cara a
las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias del caso, todo ello basado en la
sana crítica.
75 En concreto, la testigo manifestó lo siguiente: “Apoderada parte demandante: Sra. Wendy usted
ahorita nos comentó que usted antes de ser cuñada, usted era la mejor amiga del señor Yefry,
al ser su mejor amiga yo me imagino usted tendría algún conocimiento de cuando el recibió las
amenazas de que tipo, el que comentario le dijo sobre si hizo denuncia, si no la hizo, por qué la hizo,
que información le comento o sabe sobre esta situación. Contesta: Bueno totalmente tuve
conocimiento inmediatamente porque creo que fui a la primera persona que le contó lo de la
amenaza fue a mí, me llamó, estaba muy asustado porque él no sabía porque lo estaban
amenazando, más sin embargo no hizo nada así al comienzo, cuando recibió la otra amenaza
cuando ya le dijeron que le dieron plazo, le dijeron a partir de tal día te tienes que ir porque
esto no es un juego, es en serio, fue cuando puso una denuncia vacía por decirlo así porque
igual no hicieron nada (…) Todos los días hablábamos y yo siempre le preguntaba, Yefry te fueron
a visitar Yefry mira esto, él nada, estaba muy asustado a raíz de esto bajo mucho de peso tuvo
un problema cardiaco le dio como una arritmia cardiaca en esos días, me acuerdo mucho que
el 24 de octubre que fue la última vez que lo vi, que fui a visitarlo porque yo vivía en equidad y el en
María Cecilia estaba muy delgado (…)” (se destaca). Minuto 29:30 a 31: 10 de la audiencia de
pruebas que consta en el índice 2 de Samai.
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No. Interno: 68.683
Actor: Xiomara Carrillo Argote y otros
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Lo anterior, toda vez que, si bien en el expediente no obra constancia del registro
en el libro de población de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional,
lo cierto es que la testigo antes enunciada, que compareció por solicitud de la
demandante y que fue enfática en su amistad íntima con la víctima directa,
manifestó que al señor Yefry Manuel Carrillo Argote se le informó sobre las medidas
preventivas, así como el número del cuadrante y se le puso al tanto de las labores
de patrullaje que se adelantarían76.
Como consecuencia, distinto a lo expuesto en primera instancia, las medidas de
protección sí fueron ejecutadas.
Finalmente, la Sala destaca un hecho relevante en el presente asunto, el referente
a que se desconocen quiénes fueron los autores materiales del delito y sus móviles,
por ende, no es posible establecer que el homicidio del señor Yefry Manuel Carrillo
Argote estuviera relacionado con las amenazas que habría recibido y en las cuales
se sustentan las imputaciones formuladas contra las demandadas.
En el sub examine solo se demostró que la muerte del señor Carrillo Argote ocurrió
en su domicilio77, pero no se probaron las circunstancias de modo que la rodearon,
si se trató de alguien que vivía en tal lugar o si fue alguien externo, situación que no
permite establecer la relación de tal suceso con la falla imputada a las demandadas.
La Sala precisa que ninguna de las medidas adoptadas partía del supuesto de
proteger a la víctima directa en todo momento, incluso dentro de su hogar, pues
76 La testigo declaró lo siguiente: “Pregunta apoderado Policía: Indíquele al despacho si usted tiene
conocimiento de que el señor Yefry se acercó a la Policía Nacional directamente a solicitar alguna
medida de protección. Contesta: Claro que sí, él puso la denuncia si no estoy mal en el CAI de
Mamatoco, claramente fue a mediados de octubre creo que fue el 12 si no estoy mal, pero nunca
hicieron nada, solamente le dijeron que le iban a dar unas medidas preventivas que le dieron
el número del cuadrante y le iban a hacer rondas (…)” (se destaca). Minuto 32:00 a 32:57 de la
audiencia de pruebas.
77 Al respecto, la señora María Berenice Tobón al rendir su testimonio señaló: “Pregunta Tribunal:
¿Cuándo ocurrió el asesinato del señor Yefry usted estaba ahí cerquita? Contesta: Yo estaba en mi
casa yo no lo vi. Pregunta Tribunal: ¿lo escucho o tampoco? Contesta: Porque a mí me llaman y
me dicen, mataron a Yefry pero yo jamás pensé que lo habían matado de la manera en que lo
mataron (…) Pregunta Tribunal: ¿Y se metieron a la casa de él o eso fue afuera? Contesta: eso fue
adentro, se metieron adentro de la casa. Pregunta Tribunal: ¿Y cuántos hombres eran? Contesta:
No sé por qué yo no vi (…)” (se destaca). Por su parte, la señora Wendy Milena Pimentel declaró
lo siguiente: “Pregunta Tribunal: ¿Qué supo de la muerte de él, ¿qué se supo?, ¿qué se dijo en
relación con las circunstancias de las que murió, ¿qué se especuló?, ¿cómo se enteró usted, ¿cómo
supo? Contesta: Yo estaba en la universidad cuando me enteré, cuando llegué lo único que supe
es que lo habían matado en su casa a golpe, nunca supe quién se especulaban muchas cosas,
de que era pasional, de que era por el hermano, igual pues él estaba amenazado y lo que yo
creía cuando me dijeron que lo habían matado era por las amenazas que le habían hecho (…)”
(se resalta). Minuto 24.20 a 25:12 y 27:26 a 28:04 de la audiencia de pruebas, respectivamente.
Lo anterior, puede corroborarse con el informe de necropsia practicado el 29 de octubre de 2016, en
el que se expuso que el señor Yefry Manuel Carrillo Argote fue agredido con arma punzante en su
casa, ubicada en la carrera 68B No. 40-31 del barrio “María Cecilia” de la ciudad Santa Marta, lo que
le generó heridas en el cráneo y el cuello que le causaron la muerte el 28 de agosto anterior.
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pretender que la demandada estuviera presente en el lugar de los hechos para
evitar que una persona llevara a cabo el delito, se traduce en un imposible.
Lo expuesto, dado que entre las obligaciones de la Policía no se encontraba el
acompañamiento permanente, salvo los casos de riesgo extraordinario, que, en todo
caso, no se configuró y que no consagran mecanismos que permitan al personal de
seguridad invadir la privacidad de la respectiva persona.
Así las cosas, considera la Sala que el daño alegado por la parte actora no resulta
imputable a la Fiscalía General de la Nación ni a la Policía Nacional, por ende, la
sentencia dictada el 16 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena se revocará y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
Por lo anterior, la Subsección se releva de analizar los cargos de apelación
relacionados con el hecho de un tercero, así como lo concerniente a la
indemnización de perjuicios morales y a la supuesta vulneración del principio de
sostenibilidad fiscal, dado que ante la ausencia de falla en el servicio no es posible
verificar la ruptura del nexo causal y tampoco los cargos concernientes al monto de
la indemnización, porque la falta de responsabilidad deja sin fundamento los
conceptos reconocidos en primera instancia.
4. Costas
El artículo 365 del CGP, aplicable al sub lite en virtud del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, prevé que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente
la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias78, supuesto que el presente caso se configuró respecto de la
demandante, en contra de quien se emitirá la condena pertinente, incluidas las
agencias en derecho79, que se fijarán con observancia de las tarifas establecidas
78 Artículo 365 C.G.P. “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias (…)" (se destaca).
79 La condena en costas, según el artículo 361 ejusdem, comprende la totalidad de las expensas y
gastos causados durante el trámite de la controversia, incluidas las agencias en derecho.
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por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 10554 del 5 de agosto
de 201680 -normativa vigente para la fecha de presentación de la demanda81-.
El proceso de la referencia llegó a esta Corporación en virtud de los recursos de
apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las
cuales estuvieron representadas por sus respectivos apoderados, quienes tuvieron
a su cargo la vigilancia del proceso y adelantaron diversas actuaciones tanto en
primera como en segunda instancia82.
En las condiciones analizadas, la Sala fijará las agencias en derecho de cada una
de las instancias, las cuales asumirá la parte actora a favor de la Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, en partes iguales -
50% para cada una-.
En relación con la primera instancia, se fija en el 3% de $921’920.60183, que
equivale a la suma de $27’657.61884.
Así mismo, en la segunda instancia se fija en 1 smmlv.
80 “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en
cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas
con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se
puedan desconocer los referidos límites.
(…). Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
(…). En primera Instancia
a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:
(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
(…). En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V” (se destaca).
81 La demanda se presentó el 12 de diciembre de 2018 y este Acuerdo entró en vigor el 6 de agosto
de 2016.
82 La Sala encuentra oportuno precisar que la fijación de agencias en derecho no se ve afectada en
el evento en que la parte haya litigado a nombre propio y sin apoderado, pues, incluso, en ese caso
tiene derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su actuación, según los numerales 3
y 4 del artículo 366 del CGP , conclusión que se extiende a los casos en los que una entidad actúa
a través de abogados que hacen parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan
realizado pagos adicionales a los salarios o retribución inicialmente pactada no enerva la causación
de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.
83 Corresponde a la suma de lo pedido por concepto de lucro cesante y perjuicios morales.
84 Sobre el particular cabe precisar que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
asuntos no atienden a la clasificación en términos de mínima, menor o mayor cuantía, por lo que,
para efectos de calcular las agencias en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
10554, resulta pertinente acudir a los rangos que sobre la cuantía de los asuntos contempla el CGP.
El asunto recae sobre pretensiones de mayor cuantía, tasadas en 1.145 smmlv, en razón a que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del CGP, los asuntos son de mayor cuantía “cuando
versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). El salario mínimo legal mensual a que se refiere
este artículo, será el vigente al momento de la presentación de la demanda”. Criterio acogido por la
Subsección en sentencia del 19 de marzo de 2021, exp: 63.836.
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Referencia: Medio de control de reparación directa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de
la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del
Proceso.
Como agencias en derecho de la primera instancia, se fija suma de $27’657.618;
además de 1 smlmv por la segunda instancia, montos que la parte actora deberá
pagar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Fiscalía General de la
Nación, en partes iguales -50% en favor de cada una-.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección,
incorporarla al expediente digital y REMITIR copia al Tribunal de origen, para lo de
su cargo85.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
85 Lo expuesto para efectos de obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto en segunda instancia,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, a cuyo tenor: “Artículo 247.
(modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021) Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará
devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento.
(…)” (se destaca).
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