Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00721-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00721-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00721-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
4 de agosto de 2022
1
Radicado: 47001-23-33-000-2019-00721-01 (3861-2021)
Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00721-01 (3861-2021)
Demandante: JAIME DAVID CABRERA PELUFO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Temas: Reliquidación pensional con modificación de la
asignación básica y con inclusión de las primas de
servicios y de actividad previstas en el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990. Régimen salarial y
prestacional de los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa vinculado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993. Aplicación de la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-140-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 24 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que denegó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jaime David Cabrera Pelufo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
6448 del 31 de agosto de 2012, por medio de la cual la entidad demandada
reconoció una pensión de jubilación a favor del libelista, y ii) Oficios OFI18-
56956 MDNSGDAGPSAP del 19 de junio de 2018 y 13140 MDN-CGFM-
DGSM-SAF-GTH-1.10 del 10 de julio de 2018 con el que dicha autoridad
negó la solicitud de reliquidación pensional formulada por el demandante
basada en el ajuste de la asignación básica conforme a la Ley 352 y el
Decreto 3062 de 1997, así como con la inclusión de todas las partidas
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
2 Visible en el expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI.
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
computables para liquidar la mentada prestación, según el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990.
2. Se declare que el señor Cabrera Pelufo tiene derecho a la reliquidación de
su pensión en el sentido de tener en cuenta como base salarial la
asignación prevista para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional para el año 2012, y que igualmente le sean incluidos como
factores computables la prima de actividad y la prima de servicios
consagradas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Nación,
Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar: i) reliquidar la
pensión de jubilación del libelista con fundamento en la asignación salarial
prevista en el Decreto 853 de 2012, es decir la contemplada para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional en atención
a su cargo del nivel jerárquico asesor, grado 12; y ii) incluir en la base de
liquidación de la pensión, los conceptos de prima de actividad y prima de
servicios contemplados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
4. Conminar a la parte pasiva a cumplir la sentencia conforme a los artículos
192 y siguientes del CPACA, particularmente al pago indexado de las
sumas adeudadas, así como de los gastos y costas procesales a que haya
lugar, incluidas las agencias en derecho.
Supuestos fácticos relevantes3
1. El señor Jaime David Cabrera Pelufo fue vinculado inicialmente al servicio
del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional desde el 25 de mayo de 1992.
Luego, este laboró en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares a partir
del 1.° de marzo de 1996. Posteriormente, aquel fue incorporado a la planta
de personal de la Dirección General de Sanidad Militar bajo el empleo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 12, ello hasta el 30
de junio de 2012 cuando fue retirado del servicio por haber adquirido el
derecho al pago de una pensión de jubilación.
2. La entidad demandada no le reconoció ni pagó al libelista la asignación
básica liquidada conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de
1997, esto es, no tuvo en cuenta para tal efecto el salario fijado para los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, especialmente para
el personal del nivel asesor al que este pertenecía.
3. El Ministerio de Defensa Nacional reconoció al demandante una pensión
de jubilación de acuerdo con la Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012,
sin embargo, como ingreso base de liquidación, se fijó la remuneración que
aquel percibía en aplicación de los decretos previstos para el personal civil
de dicha autoridad y no la contemplada para los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional. Igualmente, en el mentado acto se dejaron de
incluir como partidas computables los diferentes emolumentos señalados
en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 como eran la prima de servicios y
la prima de actividad.
4. El demandante presentó petición el 18 de abril de 2018 ante el Ministerio
de Defensa, Comando General, Dirección General de Sanidad de las
Fuerzas Militares, ello con el fin de que le fuera reliquidada su pensión de
vejez con el cálculo de su asignación básica de conformidad con las
previsiones del artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, así
3 Idem.
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
como con la inclusión en el IBL de la prima de actividad y la prima de
servicios con base en la aplicación del Decreto 1214 de 1990, Título VI.
5. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio de los Oficios OFI18-56956 MDNSGDAGPSAP del 19 de junio de
2018 y 13140 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del 10 de julio de 2018.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 30 de octubre de 2020 (índice 2 del registro en SAMAI), el a quo
prescindió de esta en aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de
2020, ello con el fin de correr traslado para alegar de conclusión y proferir
sentencia anticipada por tratarse de un litigio de pleno derecho sin pruebas
pendientes para practicar.
SENTENCIA APELADA4
El a quo profirió sentencia escrita el 24 de marzo de 2021, por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El tribunal de primera instancia resaltó que, conforme a la Ley 352 de 1997, el
régimen que debe aplicarse a los empleados públicos que prestan sus
servicios al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, depende de la fecha en
que estos se vincularon con la entidad, es decir, los que se encontraban antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se regirían por el Decreto
1214 de 1990 y los que se incorporaron con posterioridad los gobernaría la
Ley 100 de 1993 y las normas que se hayan expedido en desarrollo de las
facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República para
organizar el sistema de salud del Ministerio de Defensa Nacional.
Bajo tal contexto precisó que de conformidad con el certificado laboral
expedido por el Grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad
Militar, el libelista prestó su servicio desde el 25 de mayo de 1992 hasta el 1.º
de marzo de 1996 en el Ejército Nacional y que luego, a partir del 1.° de marzo
de 1996 se posesionó como servidor misional en sanidad militar, código 2-2,
grado12 hasta la fecha de su retiro ocurrido el 30 de junio de 2012.
Precisó que en atención a la fecha de vinculación del señor Cabrera Pelufo al
sector defensa acaecida el 25 de mayo de 1992, es decir, antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, no habría duda de que el régimen salarial
y prestacional que le es aplicable a su caso, sería el consagrado en el Decreto
1214 de 1990 y no el previsto para el personal de la Rama Ejecutiva del poder
público del orden Nacional, quienes se rigen por lo consagrado en el Decreto
1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997, habida cuenta de que tales postulados
estaban dirigidos al personal de sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional que hubiesen sido nombrados luego de que esta última norma
cobrara vigor.
Sobre el punto añadió que el Consejo de Estado en sentencia del 13 de febrero
de 2018 explicó que el personal al cual se le aplica el Decreto 1214 de 1990,
por haber sido vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, no les asiste derecho a que su asignación básica les sea reconocida
conforme a la tabla salarial que rige para los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional. En tal sentido aseguró que al demandante no le
asiste razón respecto a la prosperidad de la pretensión de reajuste de la
4 Idem.
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
asignación básica, toda vez que la relación legal y reglamentaria que consolidó
con el Ministerio de Defensa se rige por lo previsto en el Decreto 1214 de 1990,
normativa que es incompatible con la que posteriormente fue expedida para
regular las situaciones del restante personal de la Rama Ejecutiva. Al respecto
sostuvo que considerar lo contrario sería transgredir el principio de
inescindibilidad de la norma.
De las pruebas obrantes en el plenario, particularmente en el certificado
expedido por el Grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad
Militar del 8 de junio de 2012, así como del certificado suscrito el 9 de julio de
2012 por el Coordinador del Grupo de Talento Humano de la entidad, y
además, conforme la hoja de servicios, adujo que no se reportan otros haberes
devengados por el demandante distintos al sueldo básico y a la doceava parte
de la prima de navidad, lo cual se refrenda en la liquidación de la pensión de
jubilación contenida en la Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012.
Seguidamente puntualizó que no puede desconocerse que a través del Acto
legislativo 01 de 2005, se determinó que para la liquidación de las pensiones
de jubilación, solo se debían tener en cuenta los factores respecto de los
cuales se hubiesen efectuado las cotizaciones, ello a fin de garantizar la
estabilidad financiera del sistema. Por lo expuesto señaló que, al confrontar
los haberes devengados por el señor Cabrera Pelufo frente a lo previsto en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, así como los factores incluidos en la
liquidación de la pensión de acuerdo con la Resolución 6448 de 2012, se arriba
a la conclusión de que aquel no percibió la prima de actividad ni la prima de
servicios, razón por la cual tales conceptos no pueden ser tenidos en cuenta
para el cálculo de la su prestación debatida.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN5
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones.
Sobre la no inclusión de la partidas computables de que trata el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990 para efectos de calcular el monto de su pensión,
aseveró que el a quo olvidó la línea de tiempo sobre la aplicación normativa
para el personal de salud del sector defensa, dado que en atención a la fecha
de ingreso del libelista a la entidad ocurrida el 25 de mayo de 1992, su
prestación debió ser liquidada de conformidad con los postulados de la norma
en mención, toda vez que su vinculación fue anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
Aunado a ello, indicó que negar la reliquidación pensional bajo el argumento
de que los mentados emolumentos ya habían sido incluidos en el monto de la
asignación básica conforme a lo previsto en el Decreto 171 de 1996, no se
sustenta en ningún respaldo probatorio y desconoce el sentido de la norma
específica que regula la materia como lo es el artículo 55 de la Ley 352 de
1997 y el artículo 3.°, numeral 4.° del Decreto 3062 de 1997, en el entendido
de que se trataba de derechos adquiridos en casos como el del demandante,
toda vez que este sí había devengado las primas de actividad y de servicios
antes de su incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
5 Idem.
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
Seguidamente recalcó que los errores del tribunal de primera instancia
devienen de una parte en un desconocimiento de las normas constitucionales
contenidas en el artículo 53 superior y los tratados internacionales
debidamente ratificados por el Estado, y de otra, por el desconocimiento
absoluto del precedente judicial y del decreto 091 de 2007, en virtud de los
cuales se garantizan de manera efectiva la permanencia y continuidad del
régimen salarial especial del libelista que no es otro que el previsto para el
personal de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Por último adujo que no era posible reconocer a favor del señor Cabrera Pelufo
una pensión de jubilación que no es de la naturaleza de su régimen
prestacional y salarial bajo los argumentos de la sentencia impugnada, esto
es, los relacionados con que i) a aquel le fueron compensadas las partidas del
Decreto 1214 de 1990 bajo una norma inexistente y con la negativa a aplicar
el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 4.° del artículo 3.° del Decreto
3062 de 1997, y que ii) anteriormente el demandante ocupó otro cargo en un
sistema de nomenclatura y clasificación de plazas diferente, que al cambiar
por la incorporación, varió igualmente su régimen salarial.
Sobre el punto concluyó que la entidad demandada pagó de manera arbitraria
y errada el salario del libelista a partir del 27 de octubre de 2009, pues no podía
efectuar lo propio bajo las escalas del personal civil, en el entendido de que
así lo prohibió el Decreto 1301 de 1994. Precisó que tampoco podía haberse
modificado su remuneración bajo el argumento del artículo 6.° del Decreto
4783 de 2008, habida cuenta de que estaba ratificado el régimen salarial
especial en virtud del artículo 72 del Decreto 091 de 2007, más aún cuando la
Corte Constitucional mediante sentencia C-753 de 2008 dejó claro que
salarialmente, ni la Ley 1033, ni los Decretos 091 y 092 de 2007 pudieron
regular aspectos de dicha índole.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 24 de noviembre de 2021 admitió el recurso de alzada y, en
concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA,
dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de
mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar
sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 22 de febrero
de 2022, proferida por la Secretaría, visible en el índice 9 del registro en
SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a
decidir de fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo fue presentada por la
parte demandante.
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Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿El señor Jaime David Cabrera Pelufo tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de jubilación concedida por la entidad demandada
mediante la Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012, ello en virtud
del eventual ajuste de la asignación básica percibida en su último año
de servicio (2012), según el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062
de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el Gobierno
Nacional para la Rama Ejecutiva del orden nacional, y en el entendido
de que el cargo que ocupaba en la entidad demandada como servidor
misional en sanidad militar, código 2-2, grado 12 es del nivel asesor?
2. ¿Era procedente el reconocimiento a favor del libelista de los
emolumentos enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, y
en consecuencia, debe reliquidarse su pensión de vejez con la inclusión
en el ingreso base de liquidación de dichas partidas computables, toda
vez que su vinculación inicial con la entidad demandada fue anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993?
Primer problema jurídico
¿El señor Jaime David Cabrera Pelufo tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de jubilación concedida por la entidad demandada mediante la
Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012, ello en virtud del eventual ajuste
de la asignación básica percibida en su último año de servicio (2012), según
el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen
salarial previsto por el Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del orden
nacional, y en el entendido de que el cargo que ocupaba en la entidad
demandada como servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 12
es del nivel asesor?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: el libelista no tiene derecho a
la reliquidación de su pensión de vejez bajo el ajuste de su asignación salarial
percibida en el año 2012 con base en el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto
3062 de 1997, toda vez que conforme a la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
para casos como el particular, el pago de la remuneración a aquel por parte
de la entidad demandada se ajustó a las reglas jurisprudenciales
desarrolladas en dicha providencia. Sobre este planteamiento se expone lo
siguiente:
Acerca de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12
de diciembre de 2019 y su aplicabilidad al presente caso
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que el señor Jaime David Cabrera Pelufo
pretende la reliquidación de su pensión de vejez al instar un ajuste en la
asignación básica mensual que devengó en el año 2012 cuando fue retirado
del servicio, en el sentido de igualarla a la prevista para los empleados de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional conforme al artículo 3.°,
numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997.
Por su parte, la entidad demandada sostiene que la prestación en comento
fue debidamente liquidada, pues no se presentó detrimento salarial en contra
del demandante, habida cuenta de que le ha pagado la remuneración de
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acuerdo con la normativa aplicable a cada vigencia hasta 2012 cuando el
marco regulatorio de su situación se concretó en el desarrollado para el
personal civil del Ministerio de Defensa, sin que se reporte afectación alguna
a las condiciones del apelante.
Lo expuesto denota que, el objeto de la controversia en el sub lite es la
determinación del régimen salarial que gobierna las condiciones
remunerativas del servicio prestado por el recurrente al Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, en calidad de empleado perteneciente
al personal civil no uniformado de la salud adscrito a la referida autoridad de
conformidad con la Ley 352 de 1997, y su eventual incidencia en la liquidación
de la pensión de jubilación reconocida por parte de la entidad en comento.
Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda de esta
Alta Corte expidió sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de
diciembre de 20196, por medio de la cual se fijaron las reglas jurisprudenciales
de interpretación para la resolución judicial de asuntos como el analizado en
dicha providencia y el que es objeto de examen en esta oportunidad.
En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva7, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que evidentemente el proceso de la referencia se encuentra
pendiente de definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios
temáticos de dicha providencia.
De acuerdo con lo expuesto, la prelación en cuanto a la observancia de esta
línea jurisprudencial, implica que los proveídos proferidos con anterioridad al
de unificación que son traídos a colación por el demandante en su recurso, no
pueden ser tenidos en cuenta en esta oportunidad para definir el presente
litigio debido al mentado cambio de interpretación jurídica.
Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre la situación
jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio
de Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud de la
organización del sistema de salud de las Fuerzas Militares conforme al
Decreto Ley 1301 de 1994, al igual que ante la supresión del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y la posterior creación de la Dirección General de
Sanidad de acuerdo con la Ley 352 de 1997.
Igualmente, en la referida providencia se verificaron las consecuencias de la
unificación del régimen de administración de personal del personal civil
adscrito a los organismos y dependencias del sector defensa con base en la
Ley 1033 de 2006, y del mismo modo, los efectos del Decreto Ley 92 de 2007
que modificó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del
sector en comento, el cual contempló particularmente en materia salarial que,
los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa
continuarían regidos por la normativa anterior a este último precepto, pero
condicionado hasta que se materializara el ajuste de las plantas de personal.
6 Ídem.
7 El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]». (Negrilla del texto original).
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Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo aplicable a los casos como el
particular, se señaló lo siguiente:
«[…] 53. En resumen, se tiene entonces que el Presidente de la República
organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de
1993.
54. El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 (derogado por la Ley 352 de
1997) que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público, entidad descentralizada.
55. El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para
los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional,
quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, NO se regían, en
materia salarial, por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.
56. Así pues, los empleados públicos, que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994, se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados
por el régimen salarial contemplado para dicho establecimiento público.
57. En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicaría el Decreto ley 2701 de 1988 y normas que lo
modificaran o adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de
1990.
58. La Ley 352 de 1997 (derogó el Decreto Ley 1301 de 1994) creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de
las Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.
59. El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías
para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa; en materia prestacional se dispuso que los vinculados
“antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su
integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen
o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta
disposición” (art. 3, num.4). Y, en materia salarial señaló que a “los empleados
públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional”
(art. 3, num. 6) (Resaltado fuera de texto).
60. Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92
de 2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración
del personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de
Sanidad Militar, mediante la realización de las equivalencias de lo empleos
preexistentes frente la nueva planta que fue ajustada con la tabla de
organización “TO”, fijada en la Resolución 1453 de 2008. Así pues, el Decreto
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
4783 de 2008 ordenó la incorporación de los funcionarios de la Planta de
Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a quienes se
dispuso que continuarían “percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados”. […]». (Negrilla y cursiva conforme a la transcripción).
En concreto, con base en los referidos postulados, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó una serie de reglas jurisprudenciales de obligatoria
observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:
SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas reguladas
por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos
del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas para
el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
1. Entre la vigencia en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al
del Decreto 1301 Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
de 1994 y de la Ley Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
352 de 1997 prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990.
2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
vigencia de la Ley Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
352 de 1997, los Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para
empleados los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
públicos que antes (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus
servicios en el (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de
Instituto de Salud las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
Militares y que vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
fueron 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
incorporados a la
planta de salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional
Defensa Nacional, en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
dejaron de (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado
3. A partir de la
Ley 1033 de 2006 (i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron
se unificó el las plantas de personal, se determinaron las equivalencias y se fijaron los
régimen de sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello,
administración de los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
personal que se empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
aplica al personal
civil vinculado a Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
los organismos y Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
dependencias del Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración
Sector Defensa. correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia
Por ello, los del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
empleos públicos incorporados.
del personal civil
no uniformado (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
asignados a la incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la
Dirección General nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
de Sanidad Militar uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
pertenecen a la
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
planta de personal fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
del Ministerio de Ministerio de Defensa Nacional.
Defensa Nacional
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema
de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del
Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley
352 de 1997.
Determinación del régimen salarial aplicable al demandante en
atención a las reglas de la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 y la verificación de su situación particular
De conformidad con el marco jurisprudencial de unificación descrito, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
Según la certificación laboral emitida el 8 de junio de 2012 por el
coordinador del grupo de talento humano de la Dirección General de
Sanidad Militar (índice 2 del registro en SAMAI), el señor Jaime David
Cabrera Pelufo laboró directamente al servicio del Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional desde el 25 de mayo de 1992 y
hasta el 1.° de marzo de 1996 cuando fue incorporado en el Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares. Posteriormente, aquel fue nombrado
como servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 12 de la
planta de personal de la respectiva Dirección General de Sanidad
Militar, ello a partir del 27 de octubre de 2009 hasta el 30 de junio de
2012.
Acorde con la Resolución 0667 del 8 de junio de 2012 (índice 2 del
registro en SAMAI), el demandante fue retirado de la entidad
demandada desde el 30 de junio del mismo año por haber consolidado
el derecho a una pensión de jubilación.
De la Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012 (índice 2 del registro
en SAMAI) se advierte que, en efecto, el Ministerio de Defensa
reconoció y ordenó el pago de la mentada prestación a favor del libelista
en cuantía de $1.926.295 efectiva a partir del 30 de junio de 2012. Para
tal efecto, la entidad planteó como motivación la siguiente:
«[…] Que según consta en la Hoja de Servicios No. 29 del 04 de julio de 2012,
la citada exfuncionaria (sic) prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional, por espacio de 20 años, 4 meses y 15 días, incluida la diferencia de
año laboral, (folio 4).
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990,
en concordancia con el Decreto 843 de 2012, por los servicios prestados por
el mencionado ex – funcionario, se consolidó el derecho al reconocimiento y
pago de una Pensión Mensual de Jubilación en cuantía equivalente al 75%
del último salario devengado, que fue el siguiente:
SUELDO BÁSICO $2.370.824,00
1/12 PRIMA DE NAVIDAD 197.569,00
TOTAL $2.568.393,00
[…]»
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
Mediante petición del 18 de abril de 2018 (índice 2 del registro en
SAMAI)), el demandante solicitó ante el Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa, lo siguiente: «[…] TERCERA: Se
efectúe el reconocimiento, pago y liquidación de la pensión de jubilación de mi
clientes (sic), de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del
decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando como base salarial las asignaciones
básicas aplicables para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos y cuyo detalle se
efectúa a continuación, recalcando particularmente que se ubican en el NIVEL
ASESOR GRADO 12 de conformidad con lo previsto en MANUAL GENERAL
DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2010 contenido en la
resolución 0598 de 14 de mayo de 2010.
CUARTA: Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la pensión de
jubilación que viene percibiendo mi cliente, dada su condición de pensionado
de la planta de personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa,
aplicando debidamente lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del decreto
3062 de 1997, en el sentido de reconocer una base salarial equivalente a la
prevista para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, según los
parámetros fijados por el gobierno desde 2010 y hasta que el pago se haga
efectivo, con los efectos económicos solicitados en las demás peticiones.
QUINTA: Dado que el Régimen salarial aplicable a mi poderdante fue el
previsto para la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, solicito como
consecuencia de los reconocimientos a las peticiones anteriores, se proceda
a indexar, reliquidar, y ajustar las prestaciones sociales de la peticionaria,
tomando como base salarial para su liquidación los nuevos valores previsto,
según el año y mes correspondiente, así como cualquier otro factor recibido
cuyo calculo dependa de la base estipulada en la asignación básica aplicable
para el personal de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
SEXTA: Dada la fecha de vinculación del peticionario (sic) 25 de MAYO de
1992 a la entidad, y de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo
89 del decreto 1301/94, articulo 54 de la ley 352/97 y el No. 4 del Artículo 3
del decreto 3062/97 respetuosamente solicito se sirva incluir como partidas
computables para la pensión de jubilación, la partidas indicadas en el artículo
102 del decreto 1214/90 dentro de las que se encuentra la prima de actividad
en un porcentaje del 49.5% adicional, y el 15% adicional por concepto de
prima de servicios; tomando la nueva base salarial indicada en el numeral
anterior, desde que le fue reconocido el derecho, y hasta que el mismo resulte
extinto.
SEPTIMA: Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la pensión de
jubilación que viene percibiendo mi cliente, dada su condición de pensionado
de la planta de personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa,
aplicando debidamente lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del decreto
3062 de 1997, en el sentido de reconocer una base salarial equivalente a la
prevista para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, según los
parámetros fijados por el gobierno desde 2010 y hasta que el pago se haga
efectivo, con los efectos económicos solicitados en las demás peticiones; así
como también la reliquidación de la pensión de jubilación, bajo la inclusión de
las partidas computables señaladas en el artículo 102 del decreto 1214/90,
con los efectos económicos generados a consecuencia de las pretensiones
anteriores. […]». (Negrilla y mayúscula conforme a la transcripción).
La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficios OFI18-56956 MDNSGDAGPSAP del 19 de
junio de 2018 y 13140 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del 10 de
julio de 2018 (índice 2 del registro en SAMAI), ello conforme a los
siguientes argumentos: «[…] Como se puede evidenciar de la lectura de la
norma la pensión de su poderdante fue liquidada teniendo en cuenta las
partidas computables reportadas en la Hoja de Servicios No. 66 del 4 de
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
diciembre de 2012, expedida por la respectiva Fuerza para su caso la DGSM,
acto administrativo este que goza de presunción de legalidad y se encuentra
ejecutoriado en firme, en ese orden de ideas esta Coordinación tiene en
cuenta el contenido del mismo sin lugar a incidir en los parámetros para su
realización y dichas partidas están claramente descritas en el la Resolución
No. 0177 de 2013, en su parte considerativa.
Ahora bien es preciso traer a colación lo establecido en la Sentencia 2012-
0648 de septiembre 10 de 2015 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B,
que al régimen salarial y prestacional aplicable al personal incorporado en el
Ministerio de Defensa Nacional, precisó el legislador que el primero de ellos
sería el mismo que se aplicaba al extinto instituto de salud de las fuerzas
militares, a saber, las expedidas por el Gobierno Nacional; el segundo, esto
es el prestacional, estaría condicionado a la fecha de vinculación laboral del
empleado de que se trate.
En ese orden de ideas y en aplicación del principio de inescindibilidad o
conglobamento, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la
totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible
escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones
en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen
normativo distinto al elegido. (Sentencia T 832 a de 2013). […]
[…] Es pertinente señalar que el señor señor (sic) JAIME DAVID CABRERA
PELUFO, ingresó a laborar directamente al Ejército Nacional el 25 de mayo
de 1993, incorporándose al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares hoy
Dirección General de Sanidad Militar el 01 de marzo de 1996 hasta el 30 de
junio de 2012, fecha en la cual se retiró del servicio mediante Resolución N°.
0100 de fecha 08 de junio de 2012, es decir su fecha de ingreso fue con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; razón por la cual
al haber sido un empleado de esta Dirección le fue aplicable el Decreto 2701
de 1988 "Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas,
establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional", que determina el
Régimen de Prestaciones Sociales y Asistenciales, aplicable a los empleados
públicos y trabajadores oficiales de los establecimientos públicos y de las
empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional, sin que le fuera aplicable normas establecidas
para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Ministerio de Defensa
Nacional.
Razón por la cual, si bien el señor JAIME DAVID CABRERA PELUFO es
beneficiario en materia pensional del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 y
que en razón a ello le fue reconocida una pensión de jubilación, también es
que en materia prestacional le es aplicable las establecidas en el Decreto 2701
de 1988, así como también el Decreto 171 de 1996 "Por el cual se establecen
unas equivalencias de cargos para el personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Secretaría General, Comando
General y de las Fuerzas Militares que se incorpore a la Planta de Personal
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares." en los artículos 2 y 4 se
determinó que se cancelaria el salario de forma global o integral, es decir que
en la asignación básica mensual se incluyó el subsidio familiar y las primas
mensuales que estuviese devengando el funcionario al momento de la
incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. […]».
Conforme a las certificaciones laborales del 9 de julio de 2012 y del 5
de julio de 2018 (índice 2 del registro en SAMAI), suscritas por el
coordinador del grupo de talento humano de la Dirección General de
Sanidad Militar, se extrae que el señor Cabrera Pelufo en su calidad de
servidor misional, código 2-2, grado 12, devengó a título de sueldo
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básico para el año 2012 la suma de $2.370.824, sin que se reporte la
percepción de algún otro factor constitutivo de salario.
Pues bien, al realizar el análisis comparativo de la asignación básica prevista
para el año 2012 en: i) el decreto salarial de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional, ii) el decreto salarial del personal civil del Ministerio
de Defensa y iii) la remuneración efectivamente pagada al libelista por ese
mismo lapso, se advierte lo siguiente:
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
BÁSICA SEGÚN BÁSICA SEGÚN
BÁSICA
AÑO CARGO DECRETOS DECRETOS DIFERENCIA
PAGADA AL
RAMA PERSONAL
DEMANDANTE
EJECUTIVA CIVIL
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 853 $2.642.595 (EN
2, grado 12 (NIVEL - $2.370.824
$5.013.419 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2012 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 12 (NIVEL DECRETO 843
• $2.370.824 $68.628 (A FAVOR)
ASESOR - PERSONAL $2.302.196
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que el demandante fue
vinculado en un principio de manera directa al Ministerio de Defensa desde el
25 de mayo de 1992. Posteriormente, el 1.° de marzo de 1996 aquel fue
incorporado a la planta de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares.
Ahora bien, del material probatorio enunciado también se desprende que a
partir del 27 de octubre de 2009, el señor Jaime David Cabrera Pelufo pasó a
formar parte de la planta de personal reestructurada de la Dirección General
de Sanidad Militar en calidad de servidor misional en sanidad militar, código 2-
2, grado 12, ello con ocasión de la expedición del Decreto 4738 de 2008 que
aprobó el ajuste y la modificación de la aludida estructura de servidores del
Ministerio de Defensa, de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y
Clasificación de empleos especial de dicho sector, contemplado en los
Decretos 092, 3034, 4803 de 2007 y 2127 de 2008.
Asimismo, se verifica que el libelista mantuvo la referida vinculación legal y
reglamentaria con la entidad demandada hasta el 30 de junio de 2012, pues
mediante Resolución 0667 del 8 de junio de 2012, el Comando General de las
Fuerzas Militares, Dirección General de Sanidad Militar retiró del servicio oficial
al apelante a partir de la primera data, ello por haber consolidado el derecho a
la pensión de jubilación que finalmente le fue reconocida conforme a la
Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012.
Con base en este contexto, según la regla jurisprudencial de la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019 elaborada para el tercer supuesto
normativo8 y anunciada en la tabla referida, la cual se cumple en el presente
caso con base en lo relatado anteriormente, es dable asegurar que, a partir del
27 de octubre de 2009, la asignación básica del señor Cabrera Pelufo, en
efecto fue la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional9. Lo expuesto, dado que
desde esa fecha aquel se posesionó en el empleo al que fue incorporado de
8 (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del
Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno
Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
9 Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012.
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acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los mencionados
servidores.
De acuerdo con este análisis, es posible asegurar que el 26 de octubre de
2009 fue el último día en el que el demandante desempeñó un cargo sometido
a la aplicación de los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, sin que tal situación hubiese sido prorrogable para anualidades
posteriores como se asegura en la demanda a fines de una reliquidación
pensional, debido al cambio de su situación jurídica con el nuevo
nombramiento en un empleo regulado por su propia normativa expresa, lo cual
se encuentra avalado jurisprudencialmente.
Lo expuesto, en la medida en que desde el 27 de octubre de 2009, este fue
incorporado a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 12 que corresponde al
nivel asesor (artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007), plaza con base en la
cual, según se aprecia del cuadro comparativo desarrollado anteriormente,
percibió la remuneración fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional conforme al
precitado nivel y grados correspondientes, sin que se reporte ningún tipo de
diferencia negativa entre el monto de la asignación fijada y la abonada
efectivamente, sino al contrario, un mayor pago a favor del recurrente por valor
de $68.628, lo cual se ajusta a la señalada regla de unificación interpretativa.
De otro lado, si bien de acuerdo con el ejercicio de comparación aludido
efectivamente se advierte una diferencia sustancial entre los valores de la
asignación básica de un empleo del nivel asesor en grado 12 de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, contrastados con los montos pagados por ese
mismo concepto al señor Jaime David Cabrera Pelufo, ello se justifica en el
hecho de que se trata de posiciones jerárquicas funcionales homónimas, pero
cuya esencia, funciones y responsabilidades en el marco de la finalidad de
cada tipo de empleo es disímil.
Sobre el punto debe tenerse en cuenta que si el fundamento de la parte activa
para solicitar el reajuste de su remuneración y en consecuencia la reliquidación
de su pensión de vejez, es el hecho de que ejerció un cargo con funciones de
asesor y que por lo tanto deben ser equiparadas sus condiciones económicas
a las de su par en la aludida planta de personal, se arribaría a la misma
conclusión de improcedencia que se expuso con antelación, esto es, que en
esencia, lo que se busca es una nivelación salarial y no una reliquidación por
mandato expreso legal o reglamentario.
Este mismo postulado fue advertido por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la referida sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019,
puesto que en el análisis concreto del caso analizado en dicha oportunidad (el
cual comparte idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los del asunto de
marras), se aseguró lo siguiente: «Contrario a lo afirmado en la demanda, no es
viable el pago de la asignación básica de la actora con la remuneración fijada en los
decretos salariales de la Rama Ejecutiva del nivel nacional para el empleo de asesor
grado 14, porque tal como se indicó en el acto acusado, si bien, cambiaron la
denominación, el código y el grado del cargo de la accionante, lo cierto es que
mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se puede aplicar el código y el grado del sector
defensa para equipararlo con el código y el grado del Decreto de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, porque se estaría frente a una nivelación salarial no establecida
legalmente”.». (Cursiva del texto original).
Según la referida intelección, la Sala reitera que en el sub examine no es
posible verificar una eventual equiparación salarial como la reclamada, habida
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cuenta de que en la demanda no se formularon postulados fácticos y jurídicos
ni se aportaron medios de prueba en clave de parangón para evidenciar una
alegada desigualdad remunerativa en detrimento de los intereses del libelista,
bajo el presupuesto esgrimido por este atinente a que desempeñó el cargo
como asesor en iguales condiciones a las de su equivalente nominal en la
Rama Ejecutiva según el Manual General de Funciones de Empleados
Públicos de 2010.
De hecho, contrario a lo anterior, al analizar las actividades y cargas
consagradas en el referido manual desarrollado en la Resolución 0598 del 14
de mayo de 2010 traída a colación por la libelista en el hecho noveno de la
demanda, y al mismo tiempo, al cotejar tales elementos con la esencia del
nivel funcional de asesor de la Rama Ejecutiva del orden nacional de acuerdo
con el artículo 4.° del Decreto 770 de 200510, no se presenta una teleología
común entre ambos extremos, habida cuenta de que el cargo ocupado por el
apelante en la Dirección General de Sanidad Militar, implica la ejecución de
acciones asistenciales y de atención en salud, pero no contempla obligaciones
relacionadas con asesoría o consejería a funcionarios directivos de la entidad.
Por esta razón, en todo caso y sin perjuicio de lo planteado con anterioridad,
sería inviable sostener que se configura en el presente asunto una
discriminación salarial injustificada en razón del nivel jerárquico ocupado por
el demandante que eventualmente permitiera acceder a sus pretensiones
reliquidatorias. Lo propio ya ha sido analizado por esta Subsección en
sentencia del 25 de febrero de 202111 donde se precisó la improcedencia de
aquel argumento de la parte activa al resolver un proceso similar al sub iudice,
en el cual se indicó lo siguiente:
«[…] Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor del
Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional
son equivalentes, toda vez que cumplen similares funciones de aconsejar y
asesorar a la entidad. Adujo que ello es evidente al comparar el contenido de
los Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007 y la Resolución 0598 de 2010 que fijan
sus funciones. Con este argumento solicita aplicación del régimen salarial de
los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.
Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita la demandante en
nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección General
de Sanidad Militar como «servidor misional» se produjo con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 91 y 92 de 2007 y
4783 de 2008, y, en tal medida, su situación salarial se reguló desde un
principio por la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para
los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir
que son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el nivel
asesor de la rama ejecutiva nacional «agrupa los empleos cuyas funciones
consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados
públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional».
Entretanto, la Resolución 0598 de 14 de mayo de 2010, respecto del empleo
de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, señaló que las
funciones específicas relacionadas con el cargo están encaminadas a la
prestación del servicio de salud. […]».
Con base en lo desarrollado hasta este punto, se hace palmaria la sujeción de
legalidad (al menos hasta este punto en lo atinente al análisis del presente
10 «[…] ARTÍCULO 4º. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos
de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: […] 4.2 Nivel Asesor. Agrupa
los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la
alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. […]». (Negrilla conforme a la transcripción).
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 25 de febrero de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2016-05941-01(5623-18).
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
problema jurídico), respecto de la Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012
que le reconoció una pensión de jubilación al demandante con el cómputo de
la asignación básica percibida por aquel en el año 2012 en cuantía de
$2.370.824, habida cuenta de que tal valor incluso supera el que efectivamente
le correspondía devengar para esa data en razón de su tipo de vinculación,
cargo y nomenclatura frente a la Dirección General de Sanidad Militar, tal como
se precisó en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado proferida el 12 de diciembre de 2019.
De este modo, no halla sustento la posición de la parte activa que pretendía
con su demanda el ajuste de su remuneración en el último año de servicio con
la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997,
pues aquel precepto tuvo lugar hasta el 26 de octubre de 2009.
Por lo expuesto, es notorio que la autoridad demandada efectuó el cálculo de
la pensión de vejez del libelista con la inclusión de la asignación básica (solo
salario mensual sin demás factores), que aquel en efecto devengó y a la cual
realmente tenía derecho con base en el marco regulatorio que le correspondía
como personal civil del sector defensa en atención a la normativa que expidió
el Gobierno Nacional para regular la remuneración de dichos empleados para
el año 2012, de suerte que cobra validez igualmente la negativa de reliquidar
la mentada prestación con un valor superior del sueldo del último año del
demandante, bajo el argumento de la supuesta procedencia de equiparación
de aquel concepto respecto del fijado para el personal de la Rama Ejecutiva,
pues ello desconocería el ordenamiento jurídico aplicable y la interpretación
jurisprudencial autorizada sobre el particular, tal como se indicó en los otros
actos administrativos cuestionados, esto es, en los Oficios OFI18-56956
MDNSGDAGPSAP del 19 de junio de 2018 y 13140 MDN-CGFM-DGSM-SAF-
GTH-1.10 del 10 de julio de 2018.
En conclusión: el demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez con un ajuste en la asignación básica percibida en el año
2012 cuando fue retirado del servicio en aplicación del artículo 3.°, numeral 6.°
del Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el
Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, habida cuenta de que según la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
para el desarrollo interpretativo de casos como el particular, la normativa
referida solo aplicaba hasta el 26 de octubre de 2009.
Ahora, desde el 27 de octubre de 2009, aquel fue incorporado en la nueva
planta de personal civil de la entidad demandada, por lo que se encontraba
sometido al régimen salarial que se expidiera para tales servidores en
particular, sin que se reporte un detrimento en la remuneración que devengó
desde su vinculación y sin que por el nivel asesor del cargo que ocupaba como
servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 12, este pueda
asimilarse salarialmente a un empleo de igual jerarquía en la Rama Ejecutiva
del orden nacional, al no preverse ni configurarse una nivelación en tal sentido.
Por este motivo, el valor del salario tenido en cuenta por la entidad demandada
para determinar el monto de la pensión de jubilación del libelista, es decir, con
base en la remuneración fijada para el personal civil del Ministerio de Defensa
para el año 2012, era el adecuado para su situación jurídica, lo que convalida
la legalidad de los actos administrativos cuestionados en ese aspecto.
Segundo problema jurídico
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¿Era procedente el reconocimiento a favor del libelista de los emolumentos
enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, y en consecuencia,
debe reliquidarse su pensión de vejez con la inclusión en el ingreso base de
liquidación de dichas partidas computables, toda vez que su vinculación inicial
con la entidad demandada fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993?
Acerca de este cuestionamiento, la Subsección desarrollará como tesis que:
el libelista no tenía derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague
los emolumentos enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 y
previstos puntualmente en el Título III de dicha norma, esto con base en la
aplicación de los lineamientos de la reciente unificación jurisprudencial sobre
el régimen salarial y prestacional aplicable al personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993. Por esta misma razón, no es procedente que se incluyan
los mentados haberes laborales en la base de liquidación de su pensión de
vejez. Frente a este planteamiento se expone lo siguiente:
Determinación del régimen salarial y prestacional aplicable al
demandante en atención a las reglas de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019 y la verificación de su situación
particular frente a los factores computables para liquidar su
pensión
Con base en el desarrollo conceptual elaborado previamente en la resolución
del primer problema jurídico sobre la pertinencia en el presente caso de
observar los lineamientos interpretativos de la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 12 de diciembre de 2019,
la Sala reitera que incluso para abordar este segundo cuestionamiento, la
sujeción a tal providencia es indispensable, habida cuenta de que aún sigue
en discusión el régimen salarial y prestacional aplicable al demandante en lo
relacionado con las partidas o emolumentos a los que tenía derecho para
efectuar el cálculo de su pensión de jubilación.
Bajo tal intelección, deberán tenerse en cuenta las mismas precisiones
esbozadas en al acápite anterior sobre la línea jurisprudencial unificada en
comento, así como su pertinencia en casos como el sub examine.
Determinado lo anterior, resulta necesario hacer alusión al marco normativo
que contempla el régimen salarial y prestacional del personal civil del
Ministerio de Defensa, así como a los haberes laborales que deben ser tenidos
en cuenta al momento de reconocer una prerrogativa como la que es objeto
de debate.
Pues bien, en lo concerniente al personal que integra el sistema de salud de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, debe tenerse en cuenta que el
artículo 248 de la Ley 100 de 1993 revistió al presidente de la República de
facultades extraordinarias por el término de 6 meses, entre otras cosas, para
organizar ese sistema en aspectos relacionados con su organización
estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad, organización
funcional, régimen que incluya normas científicas y administrativas, y régimen
de prestación de servicios de salud.
En virtud de lo anterior, se profirió el Decreto 1301 de 1994 «por el cual se
reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», el cual en su
artículo 29 determinó la estructura organizacional, dentro de la cual se incluyó
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, organizado como un
establecimiento público, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.
Textualmente, el artículo 35 del decreto mencionado indica:
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«[…] ARTICULO 35. ORGANIZACION DEL INSTITUTO DE SALUD DE LAS
FUERZAS MILITARES. Organízase el establecimiento público denominado
Hospital Militar Central como Instituto de Salud de las Fuerzas Militares,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, el cual conservará el carácter de
establecimiento público del orden nacional, la personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares tendrá como domicilio la ciudad
de Santafé de Bogotá, D.C., y podrá extender su acción a todas las regiones
del país.
PARÁGRAFO. Todos los recursos materiales y humanos que a la fecha de
expedición del presente Decreto conforman el Hospital Militar Central se
organizarán como una unidad prestadora de servicios de la Dirección Regional
correspondiente, del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares […]»
Con posterioridad, a través de la Ley 352 de 1997 «por la cual se reestructura el
Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», se efectuaron los siguientes ajustes y
modificaciones al referido esquema institucional y funcional:
1. Restructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional;
2. Creó la Dirección General de Sanidad12 con el objeto de administrar los
recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e
implementar las políticas, planes y programas que adopten el Consejo
Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el
Comité de Salud de las Fuerzas Militares;
3. Ordenó la supresión y liquidación, entre otros, del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares y;
4. Ordenó la incorporación de su personal a la planta del Ministerio de
Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según fuera el caso
conforme la reglamentación que para tal efecto el Gobierno Nacional
debía expedir13, con el respeto de los derechos adquiridos y sin la
exigencia de requisitos adicionales.
En lo referente a su régimen prestacional, se destaca que el artículo 55 de la
Ley 352 de 1997 señaló que quienes se hubieren vinculado con anterioridad a
la Ley 100 de 1993 continuarían como beneficiarios de las previsiones que
sobre la materia señala el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990, mientras
que los demás, quedarían sometidos a lo contemplado en la Ley 100 de 1993
y en lo no consagrado en ella, se les aplicaría lo señalado en el precepto
normativo precitado. Al respecto, la norma en cita consagró lo siguiente:
«ARTÍCULO 55. Régimen prestacional. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se
incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas
entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará
aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.
PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud
de la presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En
12 Artículo 9 de la Ley 352 de 1997.
13 Artículo 54 de la Ley 352 de 1997
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lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el
Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.».
Por su parte, en materia salarial el artículo 56 de la norma ejusdem indicó que
los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran a las
plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional en
virtud de lo indicado en dicha ley, continuarían sometidos al mismo régimen
que se aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto
de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según el caso. Dicho
canon contempla lo siguiente:
«ARTÍCULO 56. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa
Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán
sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, según sea el caso.».
Ahora, ante la diversa interpretación en sede administrativa e incluso judicial
sobre la diferenciación entre régimen salarial y prestacional y los efectos de la
vinculación de los empleados civiles no uniformados del sector defensa, la
Sección Segunda del Consejo de Estado dictó la prementada sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019 en la cual se zanjó dicha discusión
para fijar un parámetro hermenéutico pacífico al respecto.
Sobre el punto, la Sala destaca que en el supuesto normativo 1.° del cuadro
elaborado con anterioridad acerca de las reglas jurisprudenciales anunciadas,
se puntualizó sin dubitación en lo atinente a los derechos prestacionales y de
seguridad social que:
«[…] Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a
la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990. […]». (Líneas intencionales).
Conforme a lo esbozado en precedencia, es claro que lo que fija el marco
jurídico para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaron a la planta de personal de
salud del Ministerio de Defensa en cuanto al régimen prestacional, es su
vinculación o nombramiento antes o después de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, pues continuarían sometidos a la aplicación integral del
Título VI del Decreto 1214 de 1990 aquellos que se hubieren vinculado al
referido órgano con anterioridad a dicho momento, tal como se previó en el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997.
Sin perjuicio de esta precisión, es dable señalar que, en efecto, el artículo 102
del Decreto 1214 de 1990 «por el cual se reforma el estatuto y el régimen
prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», previó sobre las
partidas computables para liquidar las prestaciones sociales lo siguiente:
«ARTICULO 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de
la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se
le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de
invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma
de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
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c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARAGRAFO 1o. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de
las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será
computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se
tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este
Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás
prestaciones sociales.».
No obstante, en el caso de marras el centro de discusión es el derecho al
reconocimiento y pago de los emolumentos enlistados en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990. Adicionalmente, es materia de debate la inclusión de
tales conceptos en la base de liquidación de la pensión reconocida a favor del
libelista, razón por la cual es perentorio analizar cuáles son las previsiones
jurídicas que aplican en concreto al apelante, y si con base en ello sus
pretensiones encuentran o no un eco favorable.
La situación jurídica del libelista respecto a su régimen aplicable,
sus prestaciones y a la liquidación de su pensión de jubilación
Con base en este contexto normativo, el marco conceptual y jurisprudencial
descrito, y las pruebas y hechos demostrados enlistados anteriormente en el
desarrollo del primer problema jurídico, la Sala colige lo siguiente para esta
otra arista de estudio:
i) el demandante se incorporó directamente a la planta de personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional desde el 25 de mayo de 1992.
ii) la entidad demandada reconoció la pensión de jubilación del señor Cabrera
Pelufo conforme a las previsiones del Decreto 1214 de 1990, sin embargo,
para calcular el monto de la prestación, únicamente tuvo en cuenta el salario
básico y la doceava parte de la prima de navidad.
iii) en este sentido, el libelista al ser personal civil no uniformado y haberse
vinculado al Ministerio de Defensa antes de que entraran a regir la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1301 de 1994, es beneficiario de la aplicación del régimen
prestacional previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 en virtud de la
transición normativa contemplada en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997.
Lo propio se confirma al verificar la línea jurisprudencial reciente del Consejo
de Estado14, pues en sentencia proferida en un caso similar al presente se
aclaró lo siguiente:
«[…] Precisado lo anterior, resulta oportuno advertir que de acuerdo con el
análisis normativo efectuado en precedencia, la situación salarial del
demandante se gobernó por las disposiciones generales aplicables a los
empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y, con la expedición de la Ley 352 de 1997, que creó la dirección
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 8 de julio de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2018-00669-01 (4299-2019). Esta tesis se
reitera en las siguientes providencias de fechas: 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-
2016-04905-01 (4296-2019); 4 de marzo de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2017-05090-01 (4893-
2019); 3 de junio de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-04890-01 (5294-2018); y 10 de junio de
2021, radicado: 68001-23-33-000-2017-00283-01 (860-2020).
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00721-01 (3861-2021)
Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
general de sanidad militar como una dependencia del comando general de las
fuerzas militares, se estableció que la situación prestacional del personal que
se hubiere vinculado a este organismo antes de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, seguiría regida por el título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.
Por ende, en relación con el régimen prestacional, como el accionante se
vinculó antes de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo preceptuado en la
Ley 352 de 1997 su caso en esa materia se rige por lo previsto en el aludido
título del Decreto 1214 de 1990, en armonía con lo determinado en la sentencia
de unificación SUJ-019-CE-S2-19 de 12 de diciembre de 2019. […]». (Negrilla
y subrayado de la Sala).
Pues bien, en el sub iudice, tal como se advirtió previamente, el demandante
sí acreditó un nombramiento anterior al 1.° de abril de 1994, lo cual se reitera,
según la referida tesis jurisprudencial, le permite ser beneficiario de las
previsiones en materia prestacional del Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Cabe resaltar al respecto que, el estudio del presente asunto se basó en la
vinculación del demandante desde el año 1992 en forma continua, de modo
que solo hubo cambio de dependencia, pero no se presentó ninguna
reincorporación, pues lo cierto es que conforme a las certificaciones laborales
y actas de posesión aportadas, no se observa solución de continuidad en la
relación legal y reglamentaria que sostenía con aquella autoridad desde la
anualidad indicada.
De conformidad con lo expuesto, resulta ostensible que no puede válidamente
desconocerse el disfrute de las prestaciones sociales contempladas en el
Título VI del Decreto 1214 de 1990 para servidores como el libelista, siempre
y cuando reúnan los requisitos de cada una para su pago, y por lo tanto, mucho
menos pueden dejarse de tener en cuenta para efectos liquidatorios de la
pensión de vejez siempre y cuando se encuentren enlistados en el artículo 102
ibidem.
Ahora, sobre el derecho a las partidas computables referidas y deprecadas
expresamente por la parte activa en su demanda y en su recurso de apelación,
particularmente se observa que, los emolumentos enunciados en el precepto
citado anteriormente a los que este hace mención en sus pedimentos (prima
de actividad), no corresponden a ninguna de las prestaciones consagradas en
el Título VI del Decreto 1214 de 1990 relativo a la seguridad y bienestar social,
sino que obedecen a sendos factores de remuneración del servicio previstos
particularmente en el Título III de la norma ejusdem, al cual el demandante no
tiene derecho en la medida en que tampoco es beneficiario de este último
precepto, pues aquel desarrolló el régimen salarial que, como se señaló con
antelación, no dependía de la fecha de vinculación anterior a la Ley 100 de
1993 como sí lo fue el régimen prestacional.
Sobre el particular se destaca nuevamente que, la sentencia de unificación
SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019 planteó como reglas de
interpretación diferencial entre aspectos salariales y prestacionales del
personal civil de la salud vinculado al sector defensa, las siguientes:
«[…] (i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas
reguladas por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos
públicos del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados
a un órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas
para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990. […]»
El entendimiento de la divergencia prementada es indispensable para dar
aplicación en cada caso particular a los preceptos jurisprudenciales
unificadores aludidos previamente. Acerca de este punto la Subsección aclara
que, por salario se entiende todo pago o emolumento habitual continuo o
permanente que tenga como fin retribuir directamente la prestación del
servicio, esto es, remunerar al empleado público por el ejercicio de su labor y
asegurar su liquidez y solvencia económica periódica en razón y con
fundamento en una serie de criterios de fijación del monto a cancelar
relacionados con el tipo de cargo, el nivel y el grado en la respectiva escala
salarial, aspectos que previamente están fijados por el Congreso de la
República, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en virtud de las
reservas de competencia que le corresponden a cada uno de estos actores.
Las prestaciones sociales por otro lado, constituyen los pagos realizados por
la entidad empleadora de forma directa (comunes) o indirecta (especiales), a
favor del servidor público vinculado, tendientes a garantizar las condiciones
materiales para el ejercicio del empleo, a cubrir las contingencias derivadas de
la labor desempeñada o para apoyar situaciones particulares de la relación
entre la vida personal y laboral del trabajador, de manera que su
reconocimiento no pretende ser una contraprestación del servicio sino de las
condiciones factuales que lo rodean desde el punto de vista de la seguridad
social15.
Esta diferenciación también fue explicada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública en la Guía de Administración Pública de agosto de
201816 cuando señaló:
«[…] Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al
trabajador directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad
social en diner n (sic) motivo de la misma. Se diferencian de los salarios en que
no retribuyen directamente los servicios prestados, y de las indemnizaciones,
en que no reparan perjuicios causados por el empleador.
[…]»
Bajo este contexto, al verificar la esencia de los emolumentos solicitados por
la parte activa, se advierte que aquellos conceptos están catalogados como
factores salariales o haberes relacionados con la retribución directa del
servicio al estar previstos en el Título III del Decreto 1214 de 1990 y no en el
Título VI de la norma ejusdem, preceptos cuyas finalidades son precisamente
remunerativas en el primer caso, y de cubrimiento de contingencias de la
seguridad social en el segundo.
De este modo, al evidenciar que el libelista por haberse vinculado a la entidad
demandada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía
15 El referido marco conceptual de diferenciación entre régimen salarial y prestacional fue desarrollado
por esta misma Subsección en sentencia del 10 de septiembre de 2020, dictada en el proceso con
radicado: 52001-23-33-000-2015-00627-02 (1568-2017).
16 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Administración Pública: Régimen
prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial. Versión 2. Dirección Jurídica.
Agosto 2018.
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00721-01 (3861-2021)
Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
derecho a ser beneficiario únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el
Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar en los actos
administrativos cuestionados y el a quo en la sentencia impugnada, no podían
reconocerse a su favor los conceptos laborales deprecados, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlos como partidas computables en la
base de liquidación de la pensión de jubilación.
Aun así, en asuntos como el presente, el Consejo de Estado17 ha determinado
excepcionalmente que, cuando el empleado civil del sector defensa
reclamante hubiese demostrado que devengó por algún motivo alguno de los
emolumentos señalados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, este
debe ser tenido en cuenta para calcular la prestación de vejez por mandato del
referido precepto normativo, tal como se analizó en el siguiente caso:
«[…] Por su parte, el aludido Decreto 1214 de 1990, en lo atañedero a la
liquidación de las prestaciones sociales, prescribió:
Artículo 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de la
vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y
pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás
prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes
partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
[…]
Parágrafo 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto
será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones
sociales.
Ahora bien, en el asunto sub judice se observa que la pensión de jubilación
del demandante se liquidó únicamente con inclusión, como partidas
computables, del sueldo básico y una 1/12 de la prima de navidad, pero,
según la certificación expedida por el grupo de talento humano de la
dirección general de sanidad militar, él recibía sueldo básico, primas de
servicios, vacaciones y navidad y bonificaciones por servicios y especial
de recreación, y en atención a que es beneficiario en materia prestacional
del Decreto 1214 de 1990, es dable reajustar su pensión de jubilación,
además, con la denominada prima de servicios, por estar enunciada en el
precitado Decreto.
[…]
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con
los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre
el particular, se revocará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la
demanda, para en su lugar: (i) declarar la nulidad parcial de la Resolución
1468 de 14 de septiembre de 2001, que reconoció pensión de jubilación al
actor, con exclusión de la prima de servicios, y del oficio OFI17-64134
MDNSGDAGPSAP de 4 de agosto de 2017, a través del cual la
demandada negó la reliquidación de dicha prestación; (ii) a título de
17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 8 de julio de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2018-00669-01 (4299-2019).
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional reajustar la pensión de jubilación del demandante con inclusión,
además de las partidas tenidas en cuenta, de la prima de servicios; y (iii)
declarar de oficio probada la excepción de prescripción de las diferencias
en las mesadas causadas con anterioridad al 28 de julio de 2013. […]»
No obstante, en el presente caso se advierte conforme a las certificaciones
laborales del 9 de julio de 2012 y del 5 de julio de 2018 (índice 2 del registro
en SAMAI) emitidas por el Grupo de Talento Humano de la Dirección General
de Sanidad Militar, que el señor Jaime David Cabrera Pelufo percibió a lo largo
de su último año de labor oficial los siguientes conceptos: sueldo básico y la
prima de navidad.
Ahora, en razón a que se determinó que el demandante es beneficiario del
régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990 y que por lo tanto su pensión
debe ser calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102
ibídem (ello siempre y cuando los hubiese devengado), resulta evidente para
la Sala que, ante el reconocimiento de la asignación básica y la prima de
navidad, las cuales se encuentran consagradas en la norma en mención, en
efecto tales factores tienen que ser computados para fijar el monto del derecho
pensional en litigio.
Concretamente, al revisar la Resolución 6448 del 31 de agosto de 2012 por
medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación a favor del apelante, se encuentra que el Ministerio de
Defensa tuvo en cuenta el salario y la doceava parte de la prima de navidad
como únicos conceptos laborales integradores del ingreso base de liquidación,
haberes laborales que como se precisó anteriormente, eran los computables
en su caso, no solo por estar enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990, sino porque estos fueron los únicos conceptos percibidos por el libelista
durante su último año de servicio según el material probatorio recaudado en el
sub lite.
En conclusión: el libelista no tiene derecho a la reliquidación de su pensión
de vejez con base en la inclusión de las primas de actividad y de servicios
como partidas computables, puesto que no solo no se demostró que hubiese
devengado tales haberes salariales, sino que además el primero se encuentra
consagrado particularmente en el Título III del Decreto 1214 de 1990, el cual
no es aplicable al caso del señor Cabrera Pelufo, puesto que por su vinculación
inicial con la entidad demandada anterior a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 (concretamente el 25 de mayo de 1992), tal como se desprende
de las reglas de unificación contempladas en la sentencia aludida, el
demandante solo resulta ser beneficiario del régimen prestacional
contemplado en el Título VI del decreto en mención en el que no se encuentran
los conceptos reclamados.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 24 de marzo
de 2021 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que denegó las
pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
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Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201618, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP19, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público20.
No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante, ello al no observarse su
causación de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en razón a
que no hubo intervención de la entidad demandada en esta instancia habida
cuenta de que no se surtió la etapa de alegatos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 24 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que denegó las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Jaime David Cabrera Pelufo
18 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
19 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
20 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00721-01 (3861-2021)
Demandante: Jaime David Cabrera Pelufo
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar.
Segundo: Sin condena en costa en esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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