Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00750-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00750-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2019-00750-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00750-01 (6430-2022)
Demandante: Ana Gertrudis Madrid Miranda
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacionalizado. No se valora el
acto de reconstrucción del expediente administrativo, pero sí las
demás pruebas en conjunto. El origen de los recursos con los
que se paga la plaza no es el fundamento esencial para
determinar el tipo de nombramiento. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Ana Gertrudis Madrid Miranda instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 011950 del 9 de abril de
2019, y (ii) RDP 017434 del 7 de junio de 2019; por medio de las cuales la entidad
demandada negó el reconocimiento de la pensión gracia y confirmó tal decisión,
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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respectivamente.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar a la actora la mencionada prerrogativa conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas desde el 24 de
agosto de 2014.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y que dé cumplimiento al
fallo de acuerdo con los artículos “176 y 177 del CCA” (sic).
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la demandante nació el 17 de marzo de 1951 y estuvo vinculada al magisterio
del municipio de Mompox como docente desde el 20 de agosto de 1980 hasta el 3
de septiembre de 1981, nombrada mediante el Decreto 066 de la primera fecha.
Que luego, en virtud del Decreto 702 del 24 de agosto de 1994 fue nombrada en
propiedad como educadora del departamento de Magdalena a partir de esta última
data hasta el 1.º de septiembre de 2016 cuando fue retirada por haber cumplido la
edad de retiro forzoso.
Que, el 8 de marzo de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
ante la UGPP, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 011950 del 9 de
abril de 2019, aduciendo que no había acreditado el cumplimiento de todos los
requisitos normativos para el efecto antes del 29 de diciembre de 1989 cuando entró
en vigencia la Ley 91 de 1989, y, en todo caso, tampoco podía acumular los tiempos
de servicio desde 1994 en adelante porque eran de carácter nacional.
Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDP 017434 del 7 de junio de 2019, confirmando el acto
inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1,
2,4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 081 de 1976; 3 del
Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
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Que la accionante fue nombrada y vinculada inicialmente al Magisterio como
docente municipal en Santa Cruz de Mompox en el período comprendido entre el
23 de agosto de 1980 y el 3 de septiembre de 1981, nombrada posteriormente por
el departamento del Magdalena mediante Decreto 702 del 24 de agosto de 1994,
cargo que desempeñó hasta su retiro que se dio el 29 de agosto de 2016.
Que, en ese sentido, la reclamante sí cumplió con la totalidad de los requisitos, ya
que ha estado vinculada de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928
y 37 de 1933 en plazas nacionalizadas que son compatibles con la naturaleza de la
pensión gracia, por lo que, la confusión en que incurrió la entidad demandada
determinó una falsa motivación, elemento más que suficiente para declarar la
nulidad de los actos reprochados.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 3 de septiembre de 2020 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que, no le asiste razón a la demandante en pretender que se le
reconozca la pensión gracia, pues no reunió los requisitos para ello, por cuanto de
la documentación allegada se observa que los tiempos comprendidos entre el 15 de
septiembre de 1994 y el 1.º de septiembre de 2016 tienen como tipo de
nombramiento a la docencia uno de carácter de nacional, tal como se corrobora en
el Decreto 702 del 24 de agosto de 1994, del que se logró establecer que los
recursos con los que fue pagada, son provenientes de la Nación.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) las resoluciones que resuelven la
petición de la actora se encuentran revestidas de legalidad por cuanto se
fundamentan en la normativa que regula la prestación reclamada, (ii) inexistencia
de la obligación, (iii) imposibilidad de restablecer derechos, (iv) cobro de lo no
debido, (v) prescripción, (vi) presunción de legalidad de los actos administrativos,
(vii) buena fe, y (viii) genérica.
El 11 de octubre de 20214 se decidió emitir sentencia anticipada en virtud del artículo
182 A del CPACA, razón por la cual se fijó el litigio conforme a las pretensiones,
hechos y argumentos de defensa expuestos por las partes, y se decretaron las
pruebas allegadas al proceso. Luego, el 28 de marzo de 20225 se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.
4
Ver el mismo índice.
5
Ver el mismo índice.
6 Ver el mismo índice.
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00750-01 (6430-2022)
El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 15 de junio de
2022 accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad
de los actos administrativos y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia desde
el 13 de septiembre de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 8 de enero de
2016 por haberse declarado probada la excepción de prescripción de mesadas.
Que contrario a lo manifestado por la entidad demandada, la documentación
obrante en el proceso es concluyente en cuanto a que la reclamante cumplió con la
vinculación como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, pues si bien
es cierto, el acto administrativo de nombramiento contenido en el Decreto 181206-
001 del 6 de diciembre de 2018 no tiene respaldo en su decreto original, no puede
perderse de vista que la autoridad ordenó adelantar un proceso restauración
archivística del expediente laboral de la educadora, por el cual se autorizó su
reconstrucción a través de la Resolución 181030-002 del 30 de octubre de 2018.
Que la reconstrucción de documentos públicos constituye una herramienta procesal
que permite a la autoridad recuperar la información que reposaba en ellos y que
pertenezcan a las actuaciones que ella adelante, para lo cual, necesariamente
consulta las fuentes de las personas interesadas o que intervinieron en su
formación.
Que, adicionalmente, obra en el expediente administrativo de la actora, la copia del
Decreto 702 del 24 de agosto de 1994 mediante el cual la Secretaría de Educación
del Departamento del Magdalena hizo unos nombramientos de profesores de
tiempo completo en el municipio de San Zenón, entre los cuales se encuentra la
señora Ana Gertrudis Madrid Miranda.
Que los nombramientos y tiempos de servicios obrantes en el proceso fueron
suficientes para concluir que, efectivamente la accionante prestó sus servicios como
docente de carácter territorial por el término de 22 años, 11 meses y 16 días,
teniendo vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo que le permite
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
Que, en todo caso, no se considera relevante la fuente de los recursos utilizados
para cubrir el pago de los salarios de la maestra, porque tanto los recursos del
situado fiscal que transfería la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la
Carta de 1886, como los girados por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991, provenientes del sistema general de participaciones, pasaron a ser
propiedad de dichas autoridades locales.
Que, frente al fenómeno prescriptivo, se tiene probado que el 8 de enero de 2019 la
accionante solicitó el derecho en mención, por lo que el término de tal figura se
suspendió por 3 años, hasta el 8 de enero de 2022. Que, al respecto, se observa
que la demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2019, sin embargo, como
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transcurrió más del tiempo inicial, hay lugar a declarar la prescripción de mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 8 de enero de 2016 (tres años contados
de forma retroactiva desde la radicación de la petición.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandada interpuso recurso de apelación con fundamento en que, si
bien se observa que la actora se vinculó al servicio docente antes del 31 de
diciembre de 1980, del estudio efectuado respecto a las pruebas allegadas tanto en
sede administrativa como dentro del presente proceso, se puedo constatar sin lugar
a dudas que los tiempos laborados como educadora nombrada por el departamento
del Magdalena con Decreto 702 de 1994 desde el 15 de septiembre de 1994 hasta
el 1 de septiembre de 2016, fue con vinculación nacional como consta en el formato
del FOMAG del 22 de octubre de 2018, razón por la cual no tenía derecho a que se
le reconociera la prerrogativa solicitada, toda vez que los períodos acumulados bajo
dicha calidad, no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a tal derecho.
Que debe tenerse en cuenta el hecho de que las transferencias que la Nación
efectuaba a las entidades territoriales en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968
(antes de la aplicación de la Ley 60 de 1993), por concepto de situado fiscal, no
eran recursos propios de las entidades territoriales, por lo que no pueden ser
calificados como montos “cedidos” por la Nación a dichas autoridades, por cuanto
sus gobernadores y alcaldes que hacían parte de los FER, expedían los actos de
nombramiento y remoción docente (nacional y nacionalizado), en calidad de
delegados del Gobierno Nacional y bajo el aval del representante del Ministerio de
Educación, mas no como nominadores de los educadores.
Que, en el presente caso, no pueden dejarse a un lado los Formatos Únicos de
Certificación de Tiempos de Servicios expedidos por el Fondo de Prestaciones del
Magisterio (FOMAG), los cuales son claros en señalar que la vinculación de la
demandante como docente con el departamento del Magdalena en la Institución
Educativa de Janeiro fue con recursos de la Nación, pues es esa la razón por la cual
tales documentos registran que el tipo de nombramiento fue nacional, lapsos de
labor que no pueden ser tenidos en cuenta, toda vez que se desconoce lo previsto
en el numeral 3º. del artículo 4º de la Ley 114 de 1913, así como los precedentes
de la Corte Constitucional en las sentencias C-915/99, C-479/98 y C-954 de 2000.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 2 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación8 y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
7 Ver el mismo índice.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
La parte demandante9 intervino en esta oportunidad, para lo cual manifestó que,
como quedó demostrado en la actuación, la docente tuvo una vinculación antes del
31 de diciembre de 1980, fue nombrada por una entidad del orden territorial, y
cumplió con los demás requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, ya que se
desempeñó con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta. Que por esta
razón sí tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia desde el momento
que cumplió el estatus, por lo que solicitó que se confirme la sentencia apelada.
La parte demandada10 manifestó que no se pueden obviar los Formatos Únicos de
Certificación de Tiempos de Servicio expedidas por el Fondo de Prestaciones del
Magisterio (FOMAG), los cuales son claros en señalar que la vinculación de la parte
activa como educadora con el departamento del Magdalena en la Institución
Educativa de Janeiro fue con recursos de la Nación, situación que es la que conlleva
que se registre un tipo de nombramiento del orden nacional, lo cual impide
contabilizar tales tiempos de servicio por ser incompatibles con la naturaleza de la
prerrogativa.
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Debe destacarse que la pensión gracia tiene esa denominación, porque es un
beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros
requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al
Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló
que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
9 Ver índice 10 de SAMAI.
10 Ver índice 9 de SAMAI.
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Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado
o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813 planteó una
serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de
reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los
docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que
los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto
general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
13Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la actora nació el 17 de marzo de 1951,15 de modo que
cumplió los 50 años el 17 de marzo de 2001.
Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:
• Del 20 de agosto de 1980 al 3 de septiembre de 1981
15 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del
índice 2 de SAMAI.
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De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido por la Secretaría de Educación Municipal de San Cruz de Mompox
el 20 de diciembre de 2018,16 se tiene claridad de que la accionante laboró para
dicha autoridad mediante una vinculación sostenida durante el período bajo estudio,
la cual se asegura que fue del orden territorial.
Adicionalmente, en el expediente reposa el Decreto 181206-001 del 6 de diciembre
de 2018,17 por medio del cual la mencionada entidad territorial ordenó la
reconstrucción del Decreto 066 del 20 de agosto de 1980, con el que se nombró a
la demandante en el cargo de maestra municipal.
Para adoptar esta decisión se señaló que dicho documento pudo haber
desaparecido del archivo de la alcaldía luego de la restauración del Claustro de San
Carlos donde opera dicha entidad, por lo que, en aplicación del artículo 133 del
entonces Código de Procedimiento Civil se certificó este vínculo con base en el acta
de posesión original allegada por la misma docente, así como tres declaraciones
extrajudiciales rendidas ante notario por la misma reclamante y por las señoras
Ediltrudis Navarro y Chivily Amparo Vargas García, quienes aseguraron que
conocieron como compañera de trabajo a la accionante y por tanto daban fe de que
prestó su labor educativa en la Escuela Primera de Niñas de Mompox, exactamente
durante el lapso analizado para el que fue nombrada por dicha autoridad.
De hecho, al proceso se allegó la referida acta de posesión de la reclamante del 20
de agosto de 1980, en la que se observa que aquella fue designada a partir de esta
fecha como “maestra municipal de Mompox”, para lo cual se precisó que el
nombramiento tuvo lugar en virtud del mencionado Decreto 066 de la misma data,
lo cual ratifica lo certificado en el formato de historia laboral.
Ahora, pese a la coincidencia de información frente a lo determinado en el acto de
reconstrucción, lo cierto es que resulta improcedente tenerlo en cuenta como prueba
plena en el presente proceso, pues se advierte que para adoptar esta decisión se
tuvo como fundamento el Código de Procedimiento Civil, lo cual solo era permitido
según la Corte Constitucional porque no existía reglamentación para el efecto. Sin
embargo, para el año 2018 cuando se expidió dicho acto administrativo, ya se
encontraba vigente el Acuerdo 07 del 15 de octubre de 2014 mediante el cual el
Archivo General de la Nación fijó los lineamientos para la reconstrucción de los
expedientes administrativos, esto con aplicación y obligatoria observancia para las
entidades públicas.
Tal situación implica que el acto en mención no se ajustó a la normativa aplicable
para poder darle idoneidad a lo resuelto en el mismo, de manera que en esta causa
judicial tampoco es procedente otorgarle el valor pretendido por la parte activa.
16 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
17 Ver el mismo índice.
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Sin perjuicio de lo expuesto, es dable precisar que en virtud de la libertad probatoria
prevista en el artículo 165 del CGP, así como del principio de la sana crítica para la
valoración de los medios de convicción, tal como lo consagra el artículo 176 de dicha
norma, el hecho del tiempo de servicio bajo estudio sí puede tenerse demostrado,
dado que al realizar un análisis en conjunto del acta de posesión original aportada
por la reclamante, de la certificación de historia laboral emitida por la propia
autoridad empleadora, e igualmente en razón de las manifestaciones expresas de
la parte accionada, se logra deducir con certeza y convicción que la demandante
prestó el servicio para el municipio de Mompox durante el lapso en mención.18
Lo anterior se convalida en la medida en que, tanto en la actuación administrativa
como en vía judicial, la UGPP fue clara y expresa en asegurar que el interregno en
examen sí fue acreditado, pues así lo planteó en el acto administrativo reprochado
(Resolución RDP 011950 del 9 de abril de 2019),19 así como en los argumentos de
la contestación de la demanda y en el propio recurso de apelación cuando aseguró
que: «[…] si bien se observa que la actora se vinculó al servicio docente antes del 31 de
diciembre de 1980 […]»
Incluso, es de resaltar en este caso que la fundamentación de la parte pasiva para
negar el derecho pretendido únicamente consistió en asegurar que la reclamante
no había acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989), y que, aun así,
lo cierto era que únicamente el período laborado desde 1994 era del orden nacional,
lo que le impedía adquirir tal prerrogativa.
Tal situación implica que en el presente litigio no existe discusión entre las partes
sobre el hecho de que el interregno bajo examen es válido para computarse a fin de
cumplir el requisito de los 20 años de servicio, en este caso como docente municipal
según la certificación y el acta de posesión, pues estos documentos no dan cuenta
de ninguna intervención directa o indirecta del Ministerio de Educación para efectos
de vincular a la maestra, sino del propio municipio de Mompox en calidad de
autoridad nominadora, lo que se ajusta a la definición de educador territorial prevista
en el artículo 1.º de la ley citada anteriormente.
Con todo, aún ante la ausencia del decreto de nombramiento y la consecuente
reconstrucción del mismo que no puede ser tenida en cuenta en esta oportunidad,
lo cierto es que la documentación aportada y las afirmaciones de la parte pasiva son
coincidentes, certeras y coherentes, por lo que su valoración en conjunto permite
tener probado el hecho en comento de manera inequívoca como es exigido
jurisprudencialmente para el efecto.
18 Esta tesis sobre los actos de reconstrucción y la valoración de las demás pruebas ya fue expuesta en un caso
similar al presente, dictado por esta misma Subsección el 2 de octubre de 2024 en el proceso con radicado
54001-23-33-000-2018-00129-01 (0813-2023).
19 Ver el mismo índice.
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Por tal motivo, el período de labor oficial de la accionante comprendido entre el 20
de agosto de 1980 y el 3 de septiembre de 1981 (1 año y 14 días), sí debe ser
tenido en cuenta para colmar el requisito en estudio, pues la vinculación con la que
se desarrolló este tiempo fue del orden territorial, y, por tanto, resulta compatible
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
• Del 15 de septiembre de 1994 al 1.º de septiembre de 201620
De conformidad con el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia
Laboral generado por la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena el
22 de octubre de 2018,21 efectivamente se tiene demostrado que la demandante
laboró como docente oficial durante el lapso bajo estudio mediante una vinculación
que, según este documento, se asegura que fue nacional.
Del mismo modo, obra como prueba el Decreto 702 del 24 de agosto de 1994,22 en
virtud del cual el gobernador del departamento del Magdalena nombró en propiedad
a la accionante en el cargo de profesora de tiempo completo en el municipio de San
Zenón, el cual ejerció desde que tomó posesión el 15 de septiembre del mismo
año.23
Pues bien, de estas pruebas se evidencia que el nombramiento de la reclamante en
esta oportunidad fue efectuado por el representante de la entidad territorial en
mención, pero con la intervención directa del secretario de educación en calidad de
delegado del Ministerio de Educación con funciones de ordenador del gasto del
respectivo FER, pues este funcionario participó con su firma en el acto con fines de
autorización o aval de financiamiento y vacancia de la referida posición ocupada por
la accionante, tanto así que de la parte considerativa de dicho decreto se verifica
que los nombramientos efectuados se hacían en cargos propios del ente territorial,
luego de la aprobación del ente gubernamental en la modificación del presupuesto
para el sector educativo del departamento, lo que implica que las acreencias de esta
docente serían financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones.
A partir de este material probatorio es posible arribar a la conclusión de que la
demandante fue maestra oficial nacionalizada durante el interregno en mención y
no nacional como fue certificado, ni como lo sostiene la UGPP en su apelación, para
lo cual es adecuado resaltar que el Consejo de Estado24 ha precisado sobre la
primera clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la designación […]
20 Esta última fecha corresponde a la de retiro del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, según
certificado de información laboral. Lo anterior implica que todo este período fue objeto de solicitud y decisión
previa por parte de la entidad demandada, ya que la reclamación administrativa de la actora fue radicada el 8
de enero de 2019 y hacía alusión a este lapso en comento.
21 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
22 Ver el mismo índice.
23 Ver el mismo índice.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
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encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975».
Bajo este contexto, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación
y clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que
en su artículo 1.º consagró lo siguiente:
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]» (Líneas
intencionales).
Con base en lo anterior, se observa que el nombramiento de la actora en el período
bajo análisis ocurrió por decisión directa del gobernador del departamento del
Magdalena, es decir, por una autoridad territorial y con el fin de que ocupara una
plaza de su propia planta de personal, autorizada, aprobada, administrada y
financiada presupuestalmente por el Fondo Educativo Regional a través del
delegado del Ministerio de Educación y con recursos del SGP.
En tal sentido, resulta adecuado concluir que el cargo desempeñado por la
reclamante fue creado o transformado en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de
la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud de
los cuales, los ingresos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los
planes que en su momento debía establecer la mencionada cartera gubernamental.
Ahora, si bien el mencionado certificado laboral del 22 de octubre de 2018 sostiene
que la relación legal y reglamentaria fue nacional, lo cierto es que en ningún aparte
del acto administrativo de nombramiento se advierte que la posición ocupada por la
demandante haya sido de aquellas previstas para la estructura funcional de la
Nación, ni que esta entidad le haya conferido autorización expresa al departamento
del Magdalena para que nombrara a la accionante en el cargo de maestra, pues no
se verifica intervención directa de dicha autoridad en lo que respecta a la decisión
de vinculación, sino solo la de su delegado ante el FER, pero exclusivamente para
asegurar la financiación a través del SGP.
En consecuencia, lo que se verifica para el lapso examinado es que: i) la posición a
ocupar estaba prevista en la planta de personal de la mencionada entidad territorial,
pero creadas o autorizadas para financiarse por la aprobación del respectivo Fondo
Educativo Regional con recursos del SGP; ii) se advierte la presencia del delegado
del Ministerio de Educación en la designación de la actora, sin que ello signifique
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necesariamente que la docente sea del orden nacional, más aún cuando se observa
que el trámite de nombramiento fue realizado ante la máxima autoridad
administrativa territorial; y en todo caso, iii) la decisión fue proferida en una fecha
posterior al 1.° de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, cuando ya se había
consolidado el proceso de nacionalización de la educación en virtud de la Ley 43 de
1975, por lo que, podían existir plazas vacantes de esa misma naturaleza, como las
analizadas.
Lo anterior entonces se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:
«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».
Ahora, al margen de lo anterior, la parte recurrente sostuvo como fundamento de
inconformidad que los recursos con que fue financiada la plaza de la actora se
derivaron del entonces Situado Fiscal, de manera que no eran recursos propios del
departamento, ya que los delegados del FER expedían los actos de nombramiento
y remoción docente (nacional y nacionalizado), en calidad de representantes del
Gobierno Nacional y bajo el aval del Ministerio de Educación, mas no como
nominadores de los educadores.
Sin embargo, tal argumento tampoco resulta procedente por desconocer la
mencionada sentencia de unificación, toda vez que, a la luz de los lineamientos
fijados en dicho proveído, la cancelación de las acreencias laborales de los
educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las rentas endógenas
de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema
general de participaciones.», no implica que los dineros que enmarcan la
prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen
dicha calidad a la posición ocupada por el educador oficial.
En ese sentido, lo manifestado por la UGPP relacionado con que el presupuesto
que solventa la provisión de los cargos docentes después de 1980 proviene del
Sistema General de Participaciones con recursos girados por la Nación, y que, por
tanto, esto determina el carácter nacional del cargo desempeñado por la accionante,
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no encuentra respaldo en esta instancia, pues como se dijo, la fuente de financiación
de la educadora no tiene la virtualidad de afectar o modificar la naturaleza de la
plaza, puesto que esta última es lo verdaderamente fundamental para tener en
cuenta los tiempos laborados por la reclamante, tal como se indicó en la sentencia
de unificación cuando se aseguró lo siguiente:
«[…] Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»
Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora como docente nacionalizada durante el lapso transcurrido
entre el 15 de septiembre de 1994 y el 1.º de septiembre de 2016 (21 años, 11
meses y 17 días), observa la Sala que, sumando ambos períodos analizados
previamente, la reclamante sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al
servicio educativo como maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de
la pensión gracia, pues en total acumuló 23 años y 1 día.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante se desempeñó como tal al servicio del municipio de Mompox en virtud
de un nombramiento del orden territorial del 20 de agosto de 1980 al 3 de septiembre
de 1981, es decir, en un período previo a la primera fecha en comento, por lo que
está colmada la exigencia analizada.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia acertó en
el fallo apelado al acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la parte
activa, de manera que se confirmará dicha providencia.
Lo anterior incluye el análisis de la prescripción, pues, teniendo en cuenta el 13 de
septiembre de 2013 como la fecha de consolidación del estatus pensional, se
advierte que, entre esa data y la presentación de la petición de reconocimiento
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pensional (8 de enero de 2019)25 y la interposición de la demanda (5 de diciembre
de 2019)26, transcurrieron más de 3 años de los previstos para el efecto en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de manera que era
necesario declarar la prescripción trienal de mesadas causadas con anterioridad al
8 de enero de 2016, tal como lo determinó el juez de origen.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena.
Contrario a ello, la accionada propuso planteamientos razonables para la defensa
jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrán costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de
la demanda.
25 Ver la petición de reconocimiento de la pensión gracia en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
26 Ver sello de radicación en el mismo índice.
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SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
accionada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Trujillo Polanía, y como apoderada sustituta a la abogada Ana María
Londoño, ambos portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136
respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 14 de
SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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