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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2019-00751-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2019-00751-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 47001-23-33-000-2019-00751-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

10 de noviembre de 2022

Radicado: 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751)
Demandante: Drummond Ltd

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751)
Demandante: Drummond Ltd
Demandada: Municipio de Ciénaga

Temas: Impuesto de alumbrado público. 2018. Hecho generador. Sujeción
pasiva. Carga de la prueba. Aplicación de sentencia de unificación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 01 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
que negó las pretensiones de la demanda, sin dictar condena en costas (índice 21)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial nro. 2018-06 (índice 2), la demandada determinó
oficialmente el impuesto de alumbrado público de la actora, por los meses de julio y
agosto de 2018. Esta decisión fue confirmada íntegramente con la Resolución nro. 2019-
002, del 30 de julio de 2019 (índice 2), que desató el recurso de reconsideración.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):

Previo el análisis de los hechos, los argumentos de derecho y las pruebas que aporto y aquellas que
pido sean decretadas, respetuosamente solicito a esta H. Corporación que declare la nulidad de los
actos administrativos relacionados en la referencia de este escrito, a saber: (i) la Liquidación Oficial
No. 2018-06 y (ii) la Resolución No. 2019-002 del 30 de julio de 2019. Como consecuencia de lo
anterior, a modo de restablecimiento del derecho solicito que se hagan las siguientes o similares

1 Del historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751)
Demandante: Drummond Ltd

declaraciones:

a. Que Drummond no es sujeto pasivo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público en el
municipio de Ciénaga.

b. Que Drummond no está obligado al pago de las sumas liquidadas oficialmente a título del impuesto
sobre el servicio de alumbrado público, y de haber pagado algún valor por ese concepto se ordene
su devolución.

c. Que no son de cargo de la compañía las costas en que haya incurrido el municipio de Ciénaga.

d. Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se condene al municipio de Ciénaga
por el valor de las costas y las agencias en derecho en las cuales ha incurrido mi representada en
relación con este proceso. Al alegar de conclusión en cada instancia del proceso el suscrito
apoderado informará el valor de las expensas incurridas en lo tocante a vigilancia judicial,
desplazamientos y alojamientos, copias, pruebas, etc., así como el valor de los honorarios incurridos
por Drummond de conformidad con el acuerdo vigente entre las partes.

e. Que se ordene el archivo del expediente que por este particular se haya abierto en contra de mi
representada.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29, 95.9, 287, 313 y
338 de la Constitución; 1.º de la Ley 97 de 1913; 1.º de la Ley 84 de 1915; 18 de la Ley
9.ª de 1991; 27 de la Ley 141 de 1994; 231 de la Ley 685 de 2001; 349, 351 y 353 de la
Ley 1819 de 2016, y las Resoluciones CREG nro. 043 de 1995; 123 de 2011 y 005 de
2012, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):

Manifestó que la Administración vulneró el debido proceso, su derecho de defensa y
motivó falsamente los actos censurados, al determinar que era sujeto pasivo del impuesto
de alumbrado público, pese a no haber realizado el hecho generador descrito en el
artículo 349 de la Ley 1819 de 2016. En esa línea, sostuvo que si bien en la jurisdicción
del municipio demandado realizó el acopio del mineral extraído, en el área de operación
no se prestó el servicio de alumbrado público, afirmación que respaldó con diferentes
medios de prueba (i.e. dictamen pericial de georreferenciación de predios y certificado
expedido por una empresa de seguridad).

Alegó no ser sujeto pasivo del tributo en cuestión, bajo el argumento de que la actividad
minera no está sujeta a impuestos locales para los obligados a pagar regalías en virtud
de los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001, para lo cual,
además, invocó sentencias de la Corte Constitucional2. También, porque el artículo 18 de
la Ley 9.ª de 1991 prohibió gravar el tránsito de productos con fines de exportación, como
ocurrió en el caso sub examine. De otra parte, afirmó que al ser una sucursal de sociedad
extranjera, se encontraba domiciliada exclusivamente en Bogotá, por lo cual no era
posible ser sujeto pasivo del impuesto en la jurisdicción demandada atendiendo al criterio
de territorialidad.

Expresó que la tarifa del impuesto fijada por la demandada es inconstitucional, pues no
se determinó con base en un método sustentado, razonable y que considerara los costos
de prestación de servicio, conforme con el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016. Por ello,
arguyó que la Administración incumplió el deber de probar la proporcionalidad de la tarifa
del tributo y que su fijación obedeció a un estudio técnico.

2 Citó las sentencias C-221 del 29 de abril 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero y C-229 del 18 de marzo de 2003,

MP: Rodrigo Escobar Gil.

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Demandante: Drummond Ltd

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2). Al efecto, indicó que
la demandante es sujeto pasivo del impuesto pues realizó su hecho generador al
beneficiarse —de manera directa o indirecta— de la prestación del servicio ofrecido a
toda la colectividad, tal como lo ha juzgado esta Sección en casos similares3.

Señaló que las normas locales (i.e. Acuerdos nros. 05 de 2003 y 010 de 2017) no
gravaron con el impuesto debatido a la actividad minera, pues se limitaron a desarrollar
los elementos esenciales del tributo conforme con el principio de reserva de ley y las
potestades normativas de las entidades territoriales. Por último, afirmó que la tarifa del
impuesto observó el marco jurídico en que debía fundarse, sin haber sido desvirtuado por
la actora ese hecho.

Coadyuvante de la demandada

La sociedad Dolmen SA ESP, en calidad de coadyuvante de la parte demandada, se
opuso a las pretensiones de la demanda (índice 2). En esencia, replicó los argumentos
expuestos por la Administración y señaló que, en litigios trabados con la misma parte
demandante, esta Sección4 concluyó que la actora realizó el hecho generador discutido
y era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio de Ciénaga, por
ser usuaria potencial del servicio, debido a que era propietaria de inmuebles en dicha
jurisdicción.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin dictar condena en costas (índice 2).
Consideró que las reglas de unificación jurisprudencial dispuestas en la sentencia de
unificación nro. 2019-CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP:
Milton Chaves García)5 eran aplicables al asunto sub examine, pues aunque dicha
providencia versó sobre prescripciones anteriores a la Ley 1819 de 2016 (i.e. Ley 97 de
1913 y Ley 84 de 1915), resolvió un debate sobre liquidaciones de los años 2017 y 2018.
De otra parte, juzgó que en el plenario estaba acreditado que la actora fue propietaria de
cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Ciénaga durante los períodos cuestionados
—lo que configuró un establecimiento físico—, por lo tanto, conforme con los artículos
319 y 350 de la Ley 1819 de 2016 y el Acuerdo nro. 010 de 2017, era sujeto pasivo del
impuesto de alumbrado público por beneficiarse real o potencialmente de la prestación
del servicio. Aseveró que los actos demandados no desconocieron la regulación minera,
pues el hecho generador y la sujeción pasiva cuestionada no se configuró por la ejecución
de las actividades de exploración o explotación de minas. Finalmente, concluyó que la
actora no probó que la tarifa del impuesto desconociera el principio de proporcionalidad.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primer grado (índice 2), para lo cual manifestó que
en el caso sub lite no se puede aplicar las reglas de la sentencia de unificación invocadas

3 Sentencias del 11 de marzo de 2010 y 26 de febrero de 2015 (exps. 16667 y 19042, CP: Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas).
4 Sentencias del 29 de abril, 27 de agosto y 17 de septiembre de 2020 (exps. 24589, 24569 y 25022, CP: Julio Roberto

Piza).
5 Sentencia de Unificación nro. 2019-CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103 CP: Milton Chaves

García).

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por el a quo, toda vez que dicha providencia versó sobre una litis originada en vigencia
de normas anteriores a la Ley 1819 de 2016. Además, señaló que el fallo apelado no
consideró la importancia del cambio legislativo del impuesto de alumbrado público
ocurrido con la ley ibidem. Reiteró que no fue sujeto pasivo del impuesto debatido, pues
no fue beneficiaria directa del servicio y que el concepto de beneficiaria potencial no era
aplicable al asunto debatido pues dicho criterio de sujeción no se contempló en el
Acuerdo nro. 010 de 2017.

Con base en la sentencia citada, aseveró que la propiedad de los inmuebles no implicó
la configuración del establecimiento físico en el municipio de Ciénaga. Insistió en que, al
ser una sucursal de una sociedad extranjera, su único domicilio correspondía a Bogotá.
También, reiteró que la tarifa del impuesto es inconstitucional pues no se determinó con
criterios proporcionales y razonables. Sobre el particular, resaltó que con la respuesta a
un escrito de petición, la demandada informó el valor de la inversión para la expansión
del servicio de alumbrado público, el cual era inferior al valor del impuesto liquidado por
la Administración, lo cual evidenciaba que se procuró un recaudo superior al valor de la
inversión para la prestación del servicio.

Pronunciamiento sobre el recurso

La demandada y su coadyuvante reiteraron los argumentos expuestos en las anteriores
etapas procesales (índices 11 y 12). La demandante y el ministerio público guardaron
silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que negó sus pretensiones, sin condenar en costas. Así, corresponde
establecer si en el asunto sub lite son aplicables las reglas de unificación jurisprudencial
de la sentencia nro. 2019-CE-SUJ-4-009 de 2019, del 06 de noviembre de 2019 (exp.
23103, CP: Milton Chaves García), y por consiguiente si se puede juzgar, con base en
ellas, la realización del hecho generador del impuesto de alumbrado público y la sujeción
pasiva de la actora durante los períodos debatidos. De ser así, se determinará si la tarifa
aplicada en los actos censurados atiende a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

2- Con miras a desatar la litis, la Sala parte de precisar que en las sentencias del 29 de
abril, 27 de agosto y 17 de septiembre de 2020 (exps. 24589, 24569 y 25022, CP: Julio
Roberto Piza), la Sala falló litigios por hechos sustancialmente similares a los estudiados
en el sub lite entre las mismas partes. Por tanto, en el presente caso se dictará sentencia
siguiendo, en lo pertinente, los fundamentos jurídicos que se derivan de los mencionados
precedentes.

3- Conforme con la fijación del litigio, le corresponde a la Sala estudiar si en el sub lite
procede la aplicación de las reglas de unificación jurisprudencial de la sentencia nro.
2019-CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves
García). Al respecto, la actora estima que en el asunto debatido no se pueden aplicar las
reglas de unificación de la sentencia citada, toda vez que dicha providencia resolvió un
asunto originado en vigencia de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, en las cuales el

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hecho generador del impuesto de alumbrado público (i.e. la prestación de servicio de
alumbrado, que comprende el concepto de usuario potencial del servicio) difiere al
regulado en la Ley 1819 de 2016 (i.e. beneficio por la prestación del servicio) norma
vigente en la época de los hechos debatidos. En el otro extremo, la demandada y su
coadyuvante defienden la aplicación de las reglas dispuestas en la sentencia de
unificación pues, en su criterio, dicho fallo recoge los lineamientos principales sobre los
elementos esenciales del impuesto de alumbrado público.

Al tenor de esas alegaciones, la litis trabada entre las partes versa estrictamente sobre
un asunto de derecho, esto es, la aplicación de las reglas fijadas en la sentencia
unificación citada al asunto debatido.

3.1- Sobre el particular, el artículo 1.º de la Ley 97 de 1913 autorizó al concejo de Bogotá
para crear, entre otros, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público, para organizar
su cobro y darle el destino conveniente para la atención a los servicios municipales,
potestad normativa que se extendió a los demás concejos municipales del país conforme
con el artículo 1.º de la Ley 84 de 1915. Así, el legislador facultó a los concejos
municipales para adoptar el impuesto sobre el servicio de alumbrado público, determinar
los elementos esenciales del tributo y establecer la gestión del impuesto a su cargo.

A la luz de las prescripciones de las Leyes 142 y 143 de 1994, la Resolución CREG nro.
043 de 1995 y el Decreto 2424 de 2006, que definieron el concepto de servicio de
alumbrado público, la jurisprudencia de esta Sección6 juzgó que el hecho generador del
impuesto «es ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público», pues
dicho servicio se presta para una colectividad que comprende a todos los sujetos pasivos,
quienes reciben de forma permanente el servicio, con lo cual el hecho generador se amplió
para incluir a aquellos administrados que haciendo parte de una comunidad determinada
se benefician de manera directa o indirecta del servicio7.

En la sentencia de unificación nro. 2019-CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de 2019
(exp. 23103, CP: Milton Chaves García), esta Sección precisó que el hecho generador
del impuesto «es ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público,
entendido como toda persona natural o jurídica que forma parte de una colectividad,
porque reside, tiene el domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada
jurisdicción municipal, sea en la zona urbana o rural y que se beneficia de manera directa
o indirecta del servicio de alumbrado público», definición que integró los lineamientos
desarrollados jurisprudencialmente por esta judicatura.

Ahora bien, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, establece que el hecho generador del
impuesto de alumbrado público «es el beneficio por la prestación del servicio de
alumbrado público» y otorgó a las entidades territoriales la facultad para definir los sujetos
pasivos, base gravable y la tarifa del tributo. Con base en ello, el artículo 101 del Acuerdo
nro. 010 de 2017 definió que el hecho generador del impuesto «es ser beneficiario del
servicio de alumbrado público, como servicio conexo al servicio de energía eléctrica en
el municipio de Ciénaga».

3.2- En el sub lite, la demandante cuestiona la aplicación de las reglas de unificación del
fallo referido, porque en su entendimiento, en dicho caso concreto, se resolvió una litis
6 Sentencia del 03 de noviembre de 2010 (exp. 16667, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
7 Sentencias del 02 de agosto de 2012 (exp. 18562, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez) y del 07 de mayo de 2014

(exp. 21801, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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surgida en un marco legal específico (i.e. Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915), sin contemplar
el cambio legislativo de la Ley 1819 de 2016, aplicable al asunto debatido, regulación que
comprende una definición diferente del hecho generador del impuesto, pues mientras las
primeras normas sujetaron su configuración al concepto de «prestación del servicio de
alumbrado público», la norma vigente al momento de los hechos debatidos limitó su
realización a «el beneficio por la prestación del servicio». Para la Sala, el precedente
censurado por la apelante tiene como finalidad zanjar las diferencias existentes entre las
diferentes interpretaciones del hecho generador del impuesto de alumbrado público con
el objetivo de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las sucesivas decisiones
judiciales, precisión que es extensible a la definición del hecho generador del artículo 349
ibidem, pues el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público no solo
comprende su disfrute particular, sino también el provecho colectivo, de suerte que todos
los sujetos que residan, tengan domicilio o, al menos, un establecimiento físico en
determinada jurisdicción municipal, están obligados a contribuir para garantizar la
prestación de un servicio del que se benefician todos en común. De otra parte, la Sala
advierte que, en el caso sub examine, el fundamento del tributo municipal (i.e. Acuerdo
010 de 2017) se orientó con base en las precisiones tanto del artículo 349 ejusdem, como
en las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, por lo tanto, contrario a lo expuesto por la apelante
única, el aspecto material del elemento objetivo del hecho generador se encuentra
cobijado por el marco jurídico desarrollado por la sentencia de unificación referida. No
prospera el cargo de apelación.

4- Resuelto lo anterior, compete a la Sala analizar si la demandante realizó el hecho
generador del impuesto de alumbrado público y su sujeción pasiva durante los meses de
julio y agosto del año 2018 en el municipio de Ciénaga. Puntualmente, la actora defiende
que no realizó el hecho generador ni es sujeto pasivo del impuesto en la jurisdicción
demandada, pues, como lo acreditó con diferentes medios de prueba (i.e. dictamen
pericial y certificado expedido por una empresa de seguridad), es propietaria de cuatro
inmuebles en el municipio, respecto de los cuales no se prestó el servicio de alumbrado
público, de manera que no se benefició directamente de él; y añade que no se puede
aplicarse la noción de aprovechamiento potencial, pues ello excede el hecho generador
del artículo 101 del Acuerdo nro. 010 de 2017. Asimismo, afirma que la sola propiedad
de activos en el territorio no implica la existencia de un establecimiento físico, ni determina
la sujeción pasiva. En el otro extremo, la demandada sostiene que la actora realizó el
hecho generador del impuesto y es sujeto pasivo en su jurisdicción, dado que durante los
períodos debatido fue propietaria de inmuebles en su jurisdicción, con los cuales
desarrolló su actividad económica, y ello implicó que haya sido beneficiara directa o
indirecta del servicio de alumbrado público.

La Sala advierte que en el sub lite está probado y no se discute por las partes que durante
los períodos cuestionados la demandante fue propietaria de inmuebles en la jurisdicción
del municipio demandado, de manera que el problema jurídico a resolver se orienta
exclusivamente a un asunto derecho, esto es, determinar sí la actora realizó el hecho
generador del tributo y era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el
municipio de Ciénaga.

4.1- Dado que el presente litigio versa sobre asuntos de derecho definidos por esta
Sección en numerosos precedentes compilados en la sentencia de unificación nro. 2019-
CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves García), la
Sala resolverá el caso enjuiciado aplicando las reglas de decisión fijadas en dicha
sentencia.

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Como se expuso en el fundamento jurídico nro. 3.1, en la citada sentencia de unificación,
la Sala juzgó que el hecho generador del impuesto de alumbrado público consiste en ser
usuario potencial o receptor del servicio, en el entendido de que dicha calidad solo la
ostentan aquellos sujetos que residen en la correspondiente jurisdicción municipal. En
ese sentido, se indicó en la 2ª. regla unificada de decisión judicial que:

El hecho generador del tributo es ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público,
entendido como toda persona natural o jurídica que forma parte de una colectividad, porque reside,
tiene el domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal, sea
en la zona urbana o rural y que se beneficia de manera directa o indirecta del servicio de alumbrado
público.

Ahora bien, en relación con las empresas dedicadas a la exploración, explotación,
suministro y transporte de recursos naturales no renovables, la sentencia de unificación
dispuso en la subregla d. de la 3ª. regla que:
Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos naturales
no renovables, las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía
eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica, las empresas del sector de las
telecomunicaciones, empresas concesionarias que presten servicio de peajes o que administren vías
férreas que tengan activos ubicados o instalados en el territorio del municipio para desarrollar una
actividad económica específica serán sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio de alumbrado
público siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del municipio
correspondiente y, por ende, sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado público.

En ese sentido, la sujeción pasiva del impuesto respecto de quienes llevan a cabo
actividades económicas sobre recursos naturales no renovables, como en el sub
examine, se determina siempre que se trate de empresas que tengan la calidad de
usuarias potenciales del servicio, en tanto hagan parte de la colectividad que reside en el
municipio que administra el tributo, para lo cual deben tener, por lo menos, algún
establecimiento físico en la jurisdicción municipal, para ser beneficiadas, directa o
indirectamente, transitoria o permanente, con el servicio de alumbrado público.

4.2- Precisados los anteriores criterios, corresponde determinar si la apelante realizó el
hecho generador del impuesto de alumbrado público en el municipio de Ciénaga, durante
los meses de julio y agosto de 2018. Sobre el particular, la Sala observa que se encuentra
acreditada la presencia física de la demandante en el municipio demandado, hecho que
ella misma reconoce y prueba con el dictamen pericial de georreferenciación en el cual
se indica que era dueña de cuatro inmuebles ubicados en la jurisdicción demandada
(índice 2).

En contraste, los argumentos planteados por la apelante para negar su condición de
sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público consisten en afirmar que los activos no
se benefician del servicio público que origina el gravamen, porque en sus inmediaciones
no se encuentran ubicadas luminarias del sistema de alumbrado público; y que su sola
existencia no demuestra per se la configuración del establecimiento físico. No obstante,
tal razonamiento no es de recibo para la Sala, puesto que, como lo precisó esta Sección
en la sentencia de unificación anteriormente referenciada, para que surja la calidad de
sujeto pasivo del impuesto basta con que el beneficio del servicio de alumbrado público
sea potencial, sin que para el efecto sea exigible que el contribuyente «reciba de forma
permanente el servicio de alumbrado público, pues este es un servicio en constante
proceso de expansión».

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Dado que en el sub lite está probado y no se discute que la demandante cuenta con
inmuebles en la jurisdicción del municipio demandado, están dadas las condiciones
jurídicas y fácticas necesarias para que se le pueda atribuir la calidad de sujeto pasivo
del impuesto de alumbrado público en el municipio de Ciénaga, durante los períodos en
cuestión. En virtud de los anteriores planteamientos, no prospera el cargo de apelación.

5- Por último, le corresponde a la Sala estudiar la proporcionalidad de la tarifa aplicada
por el municipio demandado en la liquidación oficial del impuesto debatido. Al respecto,
la actora solicita que se inaplique la tarifa fijada en el Acuerdo nro. 010 de 2017, pues,
según afirma, no es proporcional ni razonable en relación con el costo que comporta la
prestación del servició de alumbrado público, y, además, porque carece del soporte
técnico prescrito en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016. En el otro extremo, su
contraparte defiende que la actora no probó la falta de proporcionalidad y razonabilidad
en la tarifa del impuesto, y en todo caso así se definió de forma idéntica para todos los
contribuyentes de la categoría industrial. Bajo esas alegaciones, el pronunciamiento
reclamado a esta judicatura se orienta a determinar la legalidad de la aplicación de la
tarifa del impuesto de alumbrado público en el sub lite, concretamente en lo atinente a su
proporcionalidad y razonabilidad.

5.1- En la sentencia de unificación nro. 2019-CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de
2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves García), esta Sección precisó en la subregla j. de
la 5ª. regla que «la carga de probar la no razonabilidad y/o no proporcionalidad de la tarifa
es del sujeto pasivo», y en dicha providencia se advirtió que la tarifa del impuesto de
alumbrado público debe reflejar el costo real de la prestación del servicio, el cual debe
ser determinado conforme con la metodología establecida por la CREG, cuyo resultado
será el valor máximo a ser remunerado a los prestadores del servicio.

5.2- Sobre el particular, en la sentencia apelada el a quo manifestó que la comparación
de las operaciones realizadas por la actora con el impuesto recaudado en otros
municipios, así como la explicación de la diferencia entre el costo y el recaudo pretendido
no acreditaron la irregularidad censurada. Al respecto, la Sala advierte que para
cuestionar la proporcionalidad y razonabilidad de la tarifa del impuesto en cuestión, la
demandante aportó como medios de prueba escritos de respuesta dadas por la
Administración (índice 2) y la empresa de cobro del servicio público de energía, en los
cuales se relacionaron los valores de inversión, costos y recaudo del sistema de
alumbrado público, con base en los cuales concluyó, tanto en el memorial con el que
descorrió el traslado de pruebas, como en el escrito de apelación, que «para el año 2014
el costo relacionado con facturación y recaudo del impuesto tiene un sobresalto sin
explicación alguna de aproximadamente 600 millones», y que «si fuera sobre el recaudo
pretendido, implicaría que el municipio pretende un recaudo muy inferior en consideración
a lo que le cuesta prestar el servicio de alumbrado público» (índice 2). Con base en ello,
se destaca que tanto los medios de prueba aportados por la actora, así como la
explicación técnica que procuró presentar para cuestionar la proporcionalidad de la tarifa
del impuesto debatido, carecen de idoneidad para soportar la tesis sobre la falta de
razonabilidad en la tarifa del impuesto cuestionado, pues en ellos no se precisan los
costos, recaudo e inversión sobre el servicio de alumbrado público de los períodos
debatidos (i.e. junio y agosto del año 2018). Además, con base en dichas pruebas, la
actora afirma que el recaudo pretendido es inferior al costo de prestación del servicio, lo
que confirma la tesis que pretende refutar, esto es, la proporcionalidad y razonabilidad
de la tarifa del impuesto de alumbrado público. Por tales motivos, no prospera el cargo
de apelación.

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751)
Demandante: Drummond Ltd

6- Debido a que, por los motivos expuestos, no están llamados a prosperar los cargos de
apelación planteados por la demandante, la Sala confirmará íntegramente el fallo de
primer grado.

7- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme a lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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