Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2019-00797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2019-00797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2019-00797-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00797-01 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sabanas de San Ángel
Referencia: Controversias contractuales – CPACA
TEMAS: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Las disposiciones de la Ley 80 de 1993 no
aplican de forma automática a los convenios interadministrativos. Estos se rigen por sus propias
estipulaciones. CADUCIDAD – Sanción prevista en el ordenamiento jurídico para los casos en que
ha vencido el término fijado por el legislador sin que el interesado haya acudido ante la jurisdicción.
Encuentra fundamento en el principio de la seguridad jurídica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se declaró probada, de oficio, la caducidad del medio
de control de controversias contractuales.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, varios municipios de su
jurisdicción —entre los cuales se encontraba Sabanas de San Ángel—, el distrito de
Santa Marta y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag—
suscribieron el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, el cual tuvo
por objeto el apoyo financiero entre las partes con el fin de asegurar el
financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”.
Como parte del desarrollo del convenio, se creó la empresa Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P. —aquí demandante—, empresa de servicios públicos del orden
departamental que una vez constituida se vinculó como parte del convenio mediante
el otrosí del 17 de mayo de 2007, quedando a cargo de la ejecución del referido
Plan y de la administración de los recursos destinados al mismo.
En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. alegó que el municipio de Sabanas de San Ángel incumplió
con el pago anual de su aporte para el financiamiento del Plan, adeudándole, al final
de 2017, la suma de $481’787.554. El Tribunal Administrativo del Magdalena dictó
sentencia en la que declaró oficiosamente la caducidad del medio de control,
decisión que fue apelada por la parte actora.
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 16 de diciembre de 20191, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en
contra del municipio de Sabanas de San Ángel, con las siguientes pretensiones
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“PRIMERA: Que el municipio de SABANAS DE SAN ÁNGEL cancele a favor de
AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. la suma de CUATROCIENTOS
OCHENTAIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($481.787.554) que adeuda, producto del
incumplimiento al aporte comprometido para la ejecución del ‘Plan de Agua Potable y
Alcantarillado 2005-2015’.
SEGUNDO: Se reconozca el compromiso adquirido por el municipio de SABANAS
DE SAN ÁNGEL, en la celebración del convenio de cooperación y apoyo financiero
del 2006 para el desarrollo del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, el municipio cancele la suma de
dinero comprometida del convenio de cooperación y apoyo financiero para el
desarrollo del ‘Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015’ indexada y con los
rendimientos financieros e intereses generados por los recursos girados por el
Departamento y la Nación que no fueron aportados a AGUAS DEL MAGDALENA S.A.
E.S.P.”.
1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:
1.2.1. El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, el distrito de Santa
Marta, los municipios de Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní, Chibolo, Cerro
de San Antonio, Guamal, Fundación, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, El Banco,
Nueva Granada, Plato, Pijiño del Carmen, Concordia, Pedraza, Zapayán, San
Sebastián, Remolino, Sitio Nuevo, Santa Bárbara de Pinto, Pueblo Viejo, Tenerife,
Pivijay, Sabanas de San Ángel y Salamina y la Corporación Autónoma Regional
del Magdalena —en adelante Corpamag— suscribieron el convenio de cooperación
y apoyo financiero de 2006, para el desarrollo del “Plan de Agua Potable y
Alcantarillado 2005-2015” —en adelante el Plan—. El objeto del convenio consistía
en reunir apoyo financiero para asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan,
a través de un esquema financiero e institucional adecuado a los intereses de los
diferentes actores involucrados en el departamento del Magdalena.
1.2.2. De conformidad con la cláusula segunda del convenio, cada municipio tenía
la obligación de “aportar los recursos equivalentes al 50% de la participación de
propósito general con destinación al sector de agua potable y saneamiento básico
que recibe el municipio en virtud de la Ley 715 de 2001”. Para llevar a cabo el Plan,
1SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, página 7.
2
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
el departamento del Magdalena se comprometió a constituir una empresa de
servicios públicos domiciliarios, con el objeto de que aquella lo ejecutara.
1.2.3. Mediante escritura pública No. 1429 del 23 de junio de 2006, se creó Aguas
del Magdalena S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos del orden departamental
que estaría a cargo de la ejecución del citado Plan.
1.2.4. El 23 de octubre de 2006, en virtud de lo establecido en el CONPES No. 3431
del 28 de junio de 2006, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. y Fiduciaria de Occidente
S.A. suscribieron el contrato de encargo fiduciario No. 3-4-1725, cuyo objeto
comprendía efectuar, por un lado, el pago a la Corporación Andina de Fomento
(CAF) del servicio de la deuda por el crédito externo que le otorgó a Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. —fideicomitente—, por la suma de USD $58.100.000, para
la ejecución del Plan, y, por otra parte, el pago de la suma que llegara a adeudar a
la Nación en el evento en que se ejecutara la garantía otorgada por esta a la referida
operación de crédito externo.
1.2.5. El 17 de mayo de 2007 se suscribió un otrosí al citado convenio,
estableciéndose como obligación de los municipios, entre otras, la de entregar “de
manera irrevocable” a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., como aporte para la
ejecución del Plan, los recursos del Sistema General de Participaciones con
destinación para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Además, por
medio de dicho otrosí Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se incorporó formalmente
al acuerdo convencional como ejecutor del Plan, asumiendo los compromisos y
obligaciones correspondientes a: (i) administrar los recursos para la ejecución del
convenio a través del encargo fiduciario, y (ii) velar por el cumplimiento de las
obligaciones de las partes aportantes del convenio, en especial el giro de los
recursos comprometidos en forma irrevocable por cada uno de ellos y la apropiación
presupuestal oportuna de los recursos para cada vigencia.
1.2.6. Según la demanda, el municipio de Sabanas de San Ángel incumplió con el
pago anual oportuno de su aporte para el financiamiento del Plan, adeudando, a la
finalización del año 2017, la suma de $481’787.554. Según lo dispuesto en la
cláusula novena del otrosí del convenio, el no pago de los aportes por parte de los
municipios los hacía acreedores de la sanción establecida en la cláusula décima
tercera, consistente en la pérdida del derecho a acceder a los recursos del Plan
asignados al municipio incumplido y, por ende, a la contratación de nuevas obras;
sin embargo, al tenor del libelo introductorio, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. no
hizo efectiva esta sanción.
1.2.7. Aguas del Magdalena ejecutó el Plan bajo el financiamiento del préstamo
otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por la suma de USD
$58.100.000, con una garantía otorgada por la Nación (Ministerio de Hacienda y
Crédito Público) en el documento CONPES No. 3431 del 28 de junio de 2006, dando
cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el otrosí, a pesar del
3
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
incumplimiento del municipio demandado en el pago del aporte que le correspondía
efectuar.
1.3. Como fundamento jurídico, la demandante precisó, preliminarmente, que el
acuerdo convencional de cooperación y apoyo financiero ostentaba la naturaleza de
un convenio interadministrativo. Esgrimió que este tipo de acuerdos de voluntades,
cuando involucran prestaciones patrimoniales, tienen “idénticos efectos vinculantes”
a los de cualquier contrato, toda vez que mediante ellos “se crean vínculos jurídicos
que antes de su utilización no existían y que se traducen en obligaciones concretas”,
las cuales resultan exigibles por vía judicial. En ese sentido, sostuvo que el medio
de control de controversias contractuales era la vía procesal idónea para reclamar
el incumplimiento de las obligaciones patrimoniales derivadas del convenio
interadministrativo en cuestión, en lo relacionado con el pago del aporte
comprometido y adeudado a favor de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
2. Contestación de la demanda
2.1. El municipio de Sabanas de San Ángel no contestó la demanda.
2.2. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag—2, el distrito
de Santa Marta3 y los municipios de Pivijay4, Zapayán5, Fundación6 y Puebloviejo7,
los cuales fueron vinculados al proceso por el Tribunal Administrativo del Magdalena
en el auto admisorio de la demanda como litisconsortes necesarios8-9, contestaron
la demanda10, formulando la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en que, si bien fueron parte del convenio objeto de estudio,
los hechos y las pretensiones del libelo introductorio únicamente estaban dirigidas
a buscar el cumplimiento de una obligación de carácter individual a cargo del
municipio de Sabanas de San Ángel, sin que existiera una relación fáctica con las
demás entidades vinculadas.
2 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_19CONTESTACIONCORPAM(.pdf) NroActua 2
3 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_18CONTESTACIONDISTRI(.pdf) NroActua 2
4 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
917249DB833C1FF4 E64A4F1B1E62F001 9C50D337766B95A9 EB4A3FAC6300A179
5 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
40A729B1D80ACD38 E3CBC30C1FF19744 4017D5334146CC77 27C8DB26E5F74CE5
6 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
8F845AF2B867C4C0 9F4EA7D9B98CA991 41252468F7F72A76 8A5ECFC35ADEDA0D
7 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_21CONTESTACIONMUNICI(.pdf) NroActua 2
8 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, páginas 311-317.
9 El auto admisorio de la demanda, proferido el 7 de febrero de 2020, fue recurrido parcialmente por
la parte demandante, quien cuestionó la decisión del Tribunal de haber vinculado como litisconsortes
necesarios a los demás sujetos que suscribieron el convenio. No obstante, mediante auto del 13 de
marzo de 2020, el Tribunal confirmó su decisión.
10 Las demás entidades vinculadas al proceso como litisconsortes necesarios no contestaron la
demanda.
4
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
Por otra parte, Corpamag y el municipio de Zapayán también propusieron la
excepción de ineptitud de la demanda; la primera de ellas por “indebida escogencia
del medio de control”, mientras que la segunda entidad la formuló por “falta de
elementos materiales probatorios”.
3. Trámite de sentencia anticipada y alegatos de conclusión en primera
instancia
3.1. Mediante auto del 4 de junio de 2021, el a quo se pronunció sobre las
excepciones antes mencionadas: (i) negó la de inepta demanda por indebida
escogencia del medio de control, dado que la de controversias contractuales era la
vía procesal adecuada, en tanto Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. persigue la
declaratoria de incumplimiento de un acuerdo de voluntades; (ii) señaló que la
excepción de ineptitud de la demanda por “falta de elementos materiales
probatorios” se trataba, más bien, de un aspecto de fondo que debía resolverse en
la sentencia; y (iii) sostuvo que no era el momento procesal para decidir la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por los
litisconsortes necesarios, porque su vinculación al proceso se efectuó en esa
condición.
Luego, en esa misma providencia, el Tribunal dio aplicación al artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, con el fin de dictar
sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en razón a que en el caso concreto
no había lugar a practicar pruebas, para lo cual surtió el respectivo trámite.
3.2. Posteriormente, a través de auto del 9 de diciembre de 2021, el Tribunal a quo
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión
y emitiera concepto, respectivamente.
3.2.1. La parte demandante11 reiteró la existencia del incumplimiento del convenio
por parte del municipio demandado. Adicionalmente, expresó su desacuerdo con la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por las entidades
vinculadas al proceso como litisconsortes necesarios, aduciendo que estaban
legitimadas en la causa por haber sido parte del convenio.
11SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_38ALEGATOSDEMANDANTE(.pdf) NroActua 2
5
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
3.2.2. Los municipios de Pivijay12, Aracataca13, Ariguaní14 y Ciénaga15, así como
Corpamag16, alegaron de conclusión, reiterando los argumentos que sustentaron la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.2.3. El municipio demandado y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
4.1. Mediante sentencia del 22 de febrero de 202317, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de
control de controversias contractuales.
4.2. Como fundamento de su decisión, empezó por señalar que debía establecerse
la fecha en la que finalizó el convenio objeto de estudio, para luego verificar cuándo
debió liquidarse, siendo aplicable, para efectos del cómputo de la caducidad, el
numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Así, a partir de lo dispuesto en la cláusula décima del otrosí suscrito el 17 de mayo
de 2007, sostuvo que la duración del convenio estaba supeditada (i) al pago total
del crédito externo que celebrara Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., o (ii) hasta que
las partes cumplieran en su integridad las obligaciones que derivaban de dicho
acuerdo, cumpliéndose la primera de las condiciones, en tanto el 7 de junio de 2016
se efectuó la totalidad del pago del referido crédito, fecha en que se realizó el último
abono a favor de la Corporación Andina de Fomento (CAF), entendiéndose,
entonces, que ese día finalizó el citado convenio de cooperación.
De acuerdo con lo anterior, consideró que, en vista de que el convenio objeto de
estudio finalizó el 7 de junio de 2016, el plazo pactado de 4 meses para liquidarlo
se había extendido hasta el 7 de octubre de 2016. Precisó que, según la precitada
norma del CPACA, el término de 2 años debía computarse una vez cumplido el
lapso de 2 meses contados desde el vencimiento del plazo convenido para la
liquidación bilateral, por lo que el término para interponer la demanda había fenecido
el 7 de diciembre de 2018. En tales condiciones, teniendo en cuenta que la solicitud
de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2019 y que la demanda
12 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_37ALEGATOSPIVIJAYPD(.pdf) NroActua 2
13 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_39ALEGATOSARACATACA(.pdf) NroActua 2
14 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_41ALEGATOSCONCLUSION(.pdf) NroActua 2
15 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_42ALEGATOSCONCLUSION(.pdf) NroActua 2
16 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_40ALEGATOSCORPAMAGP(.pdf) NroActua 2
17 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_63SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2
6
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
se interpuso el 16 de diciembre de 2019, concluyó que el medio de control de
controversias contractuales se ejerció por fuera de tiempo.
5. Recurso de apelación
5.1. Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. interpuso recurso de apelación18 y solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia.
5.2. Como sustento de la alzada, puso de presente que la cláusula quinta del
convenio, según la cual este terminaba con “el pago total del crédito”, fue modificada
por la cláusula décima del otrosí, que agregó una condición para la terminación, a
saber: “hasta que las partes cumplan en su totalidad con los compromisos
establecidos en el Convenio”. En su criterio, la referida modificación buscó incluir,
como condición para la terminación del convenio, el cumplimiento de las
obligaciones por parte de los municipios, de tal forma que aquel no terminaba con
el solo pago del crédito externo. En este sentido, contrario a lo considerado por el
Tribunal a quo, expresó que el convenio no había finalizado, señalando que persistía
el incumplimiento por parte del municipio de Sabanas de San Ángel.
En línea con lo anterior, argumentó que no se había cumplido el plazo de liquidación
convencional de 4 meses, ni se podían contabilizar los plazos para la caducidad,
hasta tanto los incumplimientos del convenio hubieren cesado.
Sobre el particular, expuso lo siguiente:
“En este caso, no queda duda que la intención de las partes en el CONVENIO es la
de establecer un sistema de financiación compartido con recursos públicos
provenientes del sector central y destinado de manera específica para el desarrollo
de obras de Acueducto y Alcantarillado en el Departamento del Magdalena, por lo que
el cumplimiento de los municipios, y en este caso del demando [sic], de la obligación
contenida en la Cláusula Quinta del otrosí al Convenio, es uno de los hitos para
entender que el objeto del mismo se ha cumplido y de esta manera fenecer su
vigencia y proceder con la consecuente liquidación y de manera concomitante se
inicien la contabilización de los plazos de caducidad, por lo que no puede entenderse
como único factor que establezca el límite final de la vigencia del mismo, el pago del
crédito, sino que es necesario para su culminación, para que se atienda el objeto de
cofinanciación de las obras aprobadas en el Plan Departamental d Aguas del
Magdalena 2005-2015, el cumplimiento de los municipios, y en este caso del
demandado, de su obligación de aportar, para dicho fin, se insiste, con recursos
igualmente girados por el gobierno nacional para la satisfacción de las necesidades
básicas de acueducto y alcantarillado de sus habitantes”.
Finalmente, señaló que, según lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución
Política, el derecho sustancial debe prevalecer sobre el procesal, por lo que la
declaratoria de oficio de la caducidad por parte del Tribunal, sin detenerse a aplicar
de manera rigurosa lo acordado por las partes en cuanto a la vigencia del convenio,
18SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_65RECURSOAPELACIONDE(.pdf) NroActua 2
7
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
desconoció el derecho sustancial, ya que impidió “la posibilidad de recuperar unos
recursos públicos con destinación específica a Acueducto y Alcantarillado”.
6. Intervenciones en segunda instancia
6.1. En el término dispuesto en el artículo 247.4 del CPACA19:
6.1.1 Corpamag20 expresó su conformidad con los argumentos señalados por el
Tribunal a quo sobre el momento de la terminación del convenio objeto de estudio,
señalando que de la cláusula décima del otrosí se desprende que la duración del
negocio jurídico estaba condicionada a la ocurrencia de “dos circunstancias
alternativas”, y que en el caso particular una de ellas se concretó el 7 de junio de
2016, fecha esta en la cual se realizó el pago total del crédito externo.
6.1.2. La parte demandante, el municipio demandado y las demás entidades
vinculadas como litisconsortes necesarios no intervinieron en esta instancia.
6.2. De conformidad con el numeral 6 del citado artículo 247 del CPACA, el
Ministerio Público podía presentar concepto hasta el momento en que el proceso
ingresó al despacho para fallo de segunda instancia, pero guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante: (1) presupuestos procesales; (2) objeto del recurso y
problema jurídico a resolver; (3) hechos probados; (4) caso concreto, y (5) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10421 del CPACA, a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto22, dado
19 “ARTÍCULO 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria
del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con
el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.
20 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 13 “Alegatos de conclusión o intervenciones”,
documento denominado BFB51719ED083789 9E7071EAFBC3BC0A ED1090C175FEC22B
355C33A74CE1D60A
21 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
22 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-,
en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto mencionado, sin incluir la reforma de la
8
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento
se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta
y diferentes municipios del departamento —entidades territoriales—, entre ellos por
el municipio de Sabanas de San Ángel, que funge como demandado en este asunto.
Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de febrero
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo
previsto en los artículos 15023 y 15224 del CPACA, dada la vocación de doble
instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda
excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación25.
1.2. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14126 del CPACA, dado que Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P., sociedad que se incorporó formalmente al convenio de cooperación y
apoyo financiero de 2006 con la suscripción del otrosí el 17 de mayo de 200727,
pretende la declaratoria de incumplimiento de ese acuerdo de voluntades por parte
del municipio de Sabanas de San Ángel, así como la respectiva condena.
Ley 2080 de 2021, debido a que no se encontraba vigente para la fecha de presentación de la
demanda (16 de diciembre de 2019).
23 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. [modificado por el
artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos […]”.
24 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
25 En el sub examine la pretensión económica ascendió a $481’787.554, monto que excedió los 500
SMLMV, que para el año de presentación de la demanda (2019) ascendían a $414’058.000.
26 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
27 Hecho probado 3.2. Sobre el particular, es pertinente señalar que en el punto No. 4 de las
consideraciones del otrosí al convenio se expresó lo siguiente: “Que en desarrollo de los
compromisos institucionales adquiridos por EL DEPARTAMENTO en virtud de el [sic] presente
CONVENIO, mediante escritura 1429 del 23 de junio de 2006 se creó la Empresa Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P., en adelante denominada AGUAS DEL MAGDALENA, Empresa de Servicios
Públicos del Orden Departamental, la cual será responsable de la ejecución de EL PLAN. Entidad
que mediante el presente documento se incorpora al CONVENIO con los compromisos, los derechos
y las obligaciones que se establecen en el presente Otrosí”. A su vez, se observa que el referido
otrosí, cuya copia reposa en el expediente, fue suscrito por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
9
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
2. Objeto del recurso de apelación y problema jurídico a resolver
De acuerdo con los cargos de apelación formulados por la parte accionante, los
cuales constituyen el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia, conforme lo dispuesto por los artículos 32028 y 32829 del CGP, a la Sala le
corresponde determinar si el medio de control de controversias contractuales
interpuesto por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. se ejerció oportunamente.
3. Hechos probados
De conformidad con los medios probatorios allegados al proceso, se encuentran
probados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
3.1. El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta
y los municipios de Ciénaga, Aracataca, Algarrobo, Ariguaní, Chibolo, Cerro de San
Antonio, Guamal, Fundación, El Retén, Zona Bananera, El Piñón, Nueva Granada,
Plato, Pijiño del Carmen, Concordia, Zapayán, Sitio Nuevo, Santa Bárbara de Pinto,
Pueblo Viejo, Tenerife, Pivijay, Sabanas de San Ángel, así como la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag—, suscribieron el convenio de
cooperación y apoyo financiero de 200630-31.
3.1.1. El objeto del convenio se definió de la siguiente manera:
“PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente Convenio de cooperación es el apoyo
financiero entre el MAVDT, CORPAMAG, CORMAGDALENA, LOS MUNICIPIOS y
EL DEPARTAMENTO, para asegurar el financiamiento y la ejecución del ‘Plan de
Agua Potable y Alcantarillado 2006-2015’, a través de un esquema financiero e
institucional adecuado a los intereses de los diferentes actores involucrados en el
Departamento del Magdalena”.
3.1.2. Según la cláusula segunda del convenio, las obligaciones de los municipios
incluían: (i) aportar los recursos equivalentes al 50% de la participación de propósito
general con destinación para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que
reciben los municipios en desarrollo de la Ley 715 de 2001, así como (ii) pignorar,
a favor de la empresa departamental que se constituiría, los recursos previstos de
28 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión […]”.
29 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella [...]”.
30 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, páginas 35-71.
31 En la copia del convenio que obra en el expediente se observa que las antefirmas de los municipios
de Remolino, El Banco, Pedraza y San Sebastián, así como de la Corporación Autónoma Regional
del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), se encuentran sin su respectiva firma, razón por
la cual la Sala no encuentra probado que hayan hecho parte del acuerdo convencional.
10
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
cada una de las fuentes de financiación como contragarantía para el crédito externo
que se suscribiría para la financiación parcial del Plan.
3.1.3. En la cláusula tercera se pactó que el departamento del Magdalena debía (i)
aportar los recursos para el desarrollo del Plan, correspondientes al 100% de los
recursos de reasignación de regalías y compensaciones provenientes de la
explotación del carbón, por los 10 años siguientes; (ii) pignorar, a favor de la
empresa departamental que se constituiría, los recursos correspondientes como
contragarantía del crédito externo que se suscribiría para la financiación parcial del
Plan; y (iii) participar en dicha empresa, cuyo objeto sería la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y la ejecución del Plan.
3.1.4. En cuanto a las corporaciones autónomas regionales, en la cláusula cuarta
se estipuló que estas debían apoyar financieramente el Plan, para lo cual se precisó
con qué autorizaciones contaba cada una de ellas para comprometer vigencias
futuras.
3.2. El 17 de mayo de 2007, las partes del convenio suscribieron un otrosí32, el cual
también fue firmado por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., asumiendo la
responsabilidad de ser ejecutor del Plan e incorporándose al acuerdo de voluntades.
Sobre este particular, en el punto No. 4 de las consideraciones del otrosí sus
signatarios consignaron lo siguiente: “Que en desarrollo de los compromisos
institucionales adquiridos por EL DEPARTAMENTO en virtud de el [sic] presente
CONVENIO, mediante escritura 1429 del 23 de junio de 2006 se creó la Empresa
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en adelante denominada AGUAS DEL
MAGDALENA, Empresa de Servicios Públicos del Orden Departamental, la cual
será responsable de la ejecución de EL PLAN. Entidad que mediante el presente
documento se incorpora al CONVENIO con los compromisos, los derechos y las
obligaciones que se establecen en el presente Otrosí”.
3.2.1. En relación con las obligaciones de los municipios, en el respectivo otrosí del
convenio se acordó que a tales entes les correspondía “entregar de manera
irrevocable” a la empresa prestadora de servicios los recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP), con destinación para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, en los porcentajes y plazos establecidos, como aporte para la
ejecución del Plan. Además, se pactó que el giro de estos recursos debía realizarse
al Encargo Fiduciario Aguas del Magdalena y serían destinados por Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. (i) para la realización de las inversiones contempladas en el
Plan; (ii) para el pago de la deuda del crédito externo que contratara la empresa; y
(iii) para servir de contragarantía y fuente de pago de las sumas adeudadas a la
Nación, en caso de que se ejecutara la garantía otorgada por esta.
32SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, páginas 73-94.
11
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
3.2.2. En cuanto a las obligaciones de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en el otrosí
se precisó que aquella debía: (i) ejecutar de manera eficiente el Plan, de acuerdo
con lo establecido en el documento CONPES No. 3431, en los documentos del
crédito que se suscribiera con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el
Reglamento Operativo, en el Encargo Fiduciario Aguas del Magdalena y en los
demás documentos del Plan; (ii) administrar, a través del Encargo Fiduciario Aguas
del Magdalena, los recursos del convenio para el desarrollo del Plan; y (iii) velar por
el cumplimiento de las obligaciones de las partes aportantes del convenio, en
especial el giro de los recursos comprometidos de forma irrevocable por cada uno
de ellos y la apropiación presupuestal oportuna de los recursos para cada vigencia.
3.2.3. Mediante la cláusula décima del otrosí se modificó la cláusula quinta del
convenio33, relacionada con la duración del negocio jurídico, en los siguientes
términos:
“DÉCIMA. - DURACIÓN: el presente CONVENIO tendrá una duración igual al pago
total del crédito externo que celebre AGUAS DEL MAGDALENA o hasta que las
partes cumplan en su totalidad con los compromisos establecidos en el CONVENIO,
y hasta que se realice el pago total del crédito externo o las sumas adeudadas a la
NACIÓN en el evento en que se honre la garantía”.
3.2.4. En lo que respecta a la liquidación del convenio, la cláusula décima séptima
del otrosí estableció que aquella debía realizarse de común acuerdo, así:
“DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. AGUAS DEL MAGDALENA
iniciará la liquidación del presente CONVENIO, la cual se realizará dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su duración, de común acuerdo, mediante acta que
suscribirán las partes intervinientes”.
3.3. El 23 de octubre de 2006, Fiduciaria de Occidente S.A. y Aguas del Magdalena
S.A. E.S.P. —fideicomitente— suscribieron el contrato de encargo fiduciario de
recaudo, administración, garantía y pagos No. 3-4-172534.
3.3.1. En los considerandos de ese acuerdo de voluntades se plasmó que el
fideicomitente celebraría con la Corporación Andina de Fomento (CAF) una
operación de crédito externo, hasta por la suma de US$ 58.100.000, destinado a
financiar el “Plan de Agua Potable y alcantarillado del Departamento del Magdalena
2005-2015”.
3.3.2. El objeto del encargo fiduciario consistió, entre otras cosas, en recibir,
administrar, invertir y destinar al objeto del contrato las rentas objeto del encargo,
33 El tenor de la cláusula quinta del convenio, antes de ser modificada por la cláusula décima del
otrosí, era el siguiente: “QUINTA. - DURACIÓN. El presente convenio tendrá una duración igual al
período total de vigencia de la operación de crédito que se celebre, es decir hasta que se realice el
pago total del crédito”.
34 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, páginas 118-206.
12
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
los recursos del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y efectuar el servicio de deuda correspondiente.
3.4. El 4 de junio de 2007, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P. suscribieron el contrato de préstamo, a partir del cual la
primera le prestó a la segunda la suma de USD $58.100.00035.
3.5. El 7 de junio de 2016 la Fiduciaria de Occidente S.A. efectuó a favor de la
Corporación Andina de Fomento (CAF) el último pago de la obligación a cargo de
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. en virtud del crédito contraído por esta última para
la financiación parcial del Plan. De lo anterior da cuenta el otrosí No. 4 al contrato
de encargo fiduciario de recaudo, administración, garantía y pagos No. 3-4-1725,
suscrito el 21 de octubre de 2016 por Fiduciaria de Occidente S.A. y Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P., en cuyos considerandos se lee36:
“QUINTA. - Que el día 07 de junio de 2016 LA FIDUCIARIA en ejecución del objeto
del ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA, procedió a efectuar el
último pago de la obligación a cargo de AGUAS DEL MAGDALENA y a favor
de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, conforme consta en el
respectivo paz y salvo emitido por esta última el día 25 de julio de 2016, el cual hace
parte integral del presente Otrosí” (se destaca).
4. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que,
como lo constató el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia apelada,
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. interpuso la demanda por fuera de los dos años
establecidos en la ley, según pasa a explicarse.
El análisis de la Subsección se desarrollará abordando los siguientes aspectos, que
sustentan la decisión del problema jurídico planteado en la apelación: (i) el convenio
de cooperación y apoyo financiero de 2006 y su régimen jurídico aplicable, y (ii) la
caducidad del medio de control en el sub examine.
4.1. El convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 y su régimen
jurídico aplicable
4.1.1. La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión
ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra
fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 199837, porque aquel fue suscrito por
35 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, páginas 257-301.
36 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, página 213.
37 “ARTÍCULO 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
13
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo
común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan38.
De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta
Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial,
dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y
del departamento de Magdalena39, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una
relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra.
En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye
la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que
ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de
acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la
asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no
solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica.
Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
“En este punto es importante advertir que, más allá de las dificultades en torno a la
categorización de los ‘convenios interadministrativos’ previstos en el artículo 95 de la
Ley 489 de 1998, materialmente la cooperación que ellos patrocinan puede ser
económica, técnica o administrativa, modalidades que no se contraponen a la
finalidad asociativa de las entidades que suscriben dichos convenios para el
cumplimiento conjunto de sus funciones administrativas o la prestación de servicios
públicos a su cargo (...) Si bien la finalidad de asociación de los convenios en
cuestión excluye la contraposición de intereses entre las entidades que los
suscriben, esa circunstancia no deviene en que las prestaciones que son objeto
de sus obligaciones escapen a un carácter patrimonial, con mayor razón
cuando no se está en presencia de una cooperación exclusivamente
administrativa sino además económica y/o técnica. Inclusive, aún en presencia
de una cooperación estrictamente administrativa, ello no impediría que haya casos en
los que pueda deducirse una ‘compensación’ implícita de las prestaciones a las que
se obliga cada entidad”40 (se destaca).
En este caso, teniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención
de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto
pactado, destinado a satisfacer el propósito común de asegurar el financiamiento y la
ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, diseñado en
beneficio del departamento del Magdalena y de los municipios de su jurisdicción.
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
38 Hechos probados 3.1. y 3.1.1.
39 Hechos probados 3.1.2., 3.1.3. y 3.2.1.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, expediente No. 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP); criterio
reiterado en las siguientes providencias: (i) sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente No.
57.822, y (ii) sentencia del 20 de noviembre de 2019, expediente No. 61.429.
14
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
4.1.2. En línea con lo anterior, cabe señalar que los convenios interadministrativos son
“nominados puesto que están mencionados en la ley”, pero al mismo tiempo “atípicos
desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de
manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen”41.
Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de
acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia42
se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública) no aplican de forma automática a los
convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias
estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son
acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la
prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales.
En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprenderá el análisis del
caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, mediante las cuales las
partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos
de su relación jurídica.
4.2. La caducidad del medio de control en el caso sub examine
4.2.1. Tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación43,
para garantizar el principio de la seguridad jurídica y evitar que las situaciones
permanezcan judicialmente indefinidas en el tiempo, el legislador estableció el
fenómeno de la caducidad, consagrando al efecto unos plazos razonables, perentorios
e irrenunciables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de ejercer
su derecho de acción y formular sus pretensiones.
En este orden de ideas, la caducidad es una institución jurídico procesal en virtud de
la cual una persona pierde la facultad de accionar y hacer efectivos sus derechos,
si no ha puesto en marcha el aparato judicial dentro del término legal fijado para
ello.
Se trata, entonces, de una sanción prevista por el ordenamiento jurídico en interés
general, con el fin de otorgar certidumbre y materializar el ejercicio razonable y
proporcional del derecho de acceso a la administración de justicia; además, por ser
de orden público, el juez debe declararla de oficio siempre que constate su
ocurrencia44.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 17860.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp.
70405, y Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 63983, y sentencia del 3 de
febrero de 2025, exp. 66572.
43 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de
2012, exp. 21906 y sentencia del 5 de julio de 2018, exp. 43916, y Subsección C, sentencia del 23
de agosto de 2024, exp. 67969.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, exp. 25712.
15
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
4.2.2. De cara al caso concreto y para efectos de resolver la cuestión debatida, la
Sala empieza por destacar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de
2006 requería de liquidación, a pesar de no estar sujeto al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública —Ley 80 de 1993—, porque las partes,
en ejercicio de su autonomía negocial, así lo pactaron en la cláusula décima séptima
del otrosí, en la que, en efecto, acordaron que aquel sería liquidado de mutuo
acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación45.
Es así que, en este caso, para el conteo de la caducidad resulta aplicable el numeral
v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA46, que prevé:
“j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes contratos, el término de
dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta no se
logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una
vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene
o del acuerdo que la disponga; […]”.
Bajo este contexto, hay que señalar que el convenio de cooperación y apoyo
financiero de 2006 no fue liquidado, de modo que, siguiendo las prescripciones de
la norma citada y en línea con la jurisprudencia de esta Corporación 47, los 2 años
dispuestos para presentar la demanda deben computarse a partir del vencimiento
del plazo acordado para hacerlo bilateralmente, término este último que, según lo
estipulado en la cláusula décima séptima del otrosí48, era de 4 meses siguientes a
la terminación.
Precisado lo anterior, resulta fundamental determinar el momento a partir del cual
el convenio finalizó, que es el punto controversial a dirimir en este asunto,
atendiendo a los cuestionamientos concretos del recurso de apelación.
De acuerdo con lo pactado en la cláusula décima del otrosí, que modificó la cláusula
45 Hecho probado 3.2.4.
46 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta
no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; […]”.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2024, exp.
70086. Se señaló: “Si las partes solo pactaron la liquidación bilateral, el término de caducidad se
computará desde el vencimiento del plazo pactado para llevarla a cabo, o en su defecto, desde los
4 meses previstos en el referido aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA”.
48 Hecho probado 3.2.4.
16
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
quinta del convenio, este acuerdo de voluntades tenía una duración igual (i) al pago
de la totalidad del crédito externo adquirido por parte de Aguas del Magdalena S.A.
E.S.P. con la Corporación Andina de Fomento (CAF), o (ii) hasta que las partes
cumplieran en su totalidad con los compromisos establecidos en el convenio49. Nada
distinto se desprende del tenor de lo pactado, al señalar:
“DÉCIMA. - DURACIÓN: el presente CONVENIO tendrá una duración igual al pago
total del crédito externo que celebre AGUAS DEL MAGDALENA o hasta que las
partes cumplan en su totalidad con los compromisos establecidos en el CONVENIO,
y hasta que se realice el pago total del crédito externo o las sumas adeudadas a la
NACIÓN en el evento en que se honre la garantía”.
En criterio de la Sala, atendiendo al texto de la cláusula en mención, no ofrece duda
que la terminación de ese acuerdo convencional quedó supeditada al cumplimiento
de una cualquiera de las dos condiciones establecidas, de manera que aquella que
ocurriera primero producía la finalización del convenio, dando con ello inicio al lapso
estipulado para su liquidación de mutuo acuerdo. Lo anterior, porque tales
condiciones se encuentran separadas por el vocablo “o”, el cual, según el
diccionario de la Real Academia Española, “es una conjunción disyuntiva que
denota diferencia o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”50, frente a
lo cual ha de recordarse que cuando las estipulaciones sean claras no puede
desconocerse lo acordado, a menos que se establezca que la intención de los
contratantes es distinta de la literalidad de la clausulado pactado, en cuyo caso
aquella ha de prevalecer (artículo 1618 CC).
Resulta pertinente traer a colación un pronunciamiento de la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, dictado en un proceso que versó sobre el
mismo convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 que es objeto de esta
litis y en el que también se reclamaba el incumplimiento de una de las entidades
territoriales firmantes del mismo, pero diferente a la aquí demandada. En dicha
oportunidad, sobre el término de duración del acuerdo de voluntades, se concluyó:
“10.- De acuerdo con lo estipulado por las entidades, la vigencia del convenio
interadministrativo fue pactada de manera disyuntiva, esto es, quedó supeditada al
cumplimiento de una de dos condiciones: (i) el pago total del crédito externo que
Aguas del Magdalena celebró con la Corporación Andina de Fomento – CAF, o (ii) el
cumplimiento total de las obligaciones a cargo de las entidades aportantes y el pago
total del referido crédito externo. Cualquiera de las condiciones que se materializara
primero determinaba la terminación del convenio interadministrativo y, por tanto, el
inicio del cómputo del plazo para liquidarlo de común acuerdo.
11.- En este caso está probado que la condición que se cumplió primero fue el pago
total del crédito externo otorgado por la Comunidad Andina de Fomento – CAF, lo
cual ocurrió el 7 de junio de 2016. Por lo anterior, tal y como lo consideró el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el convenio interadministrativo debe entenderse
terminado a partir del 7 de junio de 2016, sin que sea admisible considerar que solo
49 Hecho probado 3.2.3.
50 Real Academia Española. Tomado de: https://www.rae.es/dpd/o
17
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
podía considerarse terminado cuando ocurriera el cumplimiento total de las
obligaciones por las partes (…) El término de caducidad para reclamar las
obligaciones derivadas del incumplimiento se contabiliza a partir de la terminación del
acuerdo, o como lo dispone la ley desde su liquidación o desde el vencimiento del
plazo máximo para efectuarla; de otro modo habría que considerar que mientras
persista el incumplimiento no corre el término de caducidad para demandar” 51.
De igual modo, en esa misma línea de pensamiento, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado también se ocupó del estudio acerca de la
terminación del convenio que es objeto de esta litis, así:
“Ciertamente, el otrosí del 17 de mayo de 2007 supeditó la vigencia del convenio
al cumplimiento de una de dos condiciones, entre ellas, el pago total del crédito
externo celebrado por Aguas del Magdalena. En el otrosí 4 al contrato de encargo
fiduciario 3-4-1725 se sostuvo que, el 7 de junio de 2016, se efectuó el último pago
de la obligación a cargo del actor y a favor de la CAF. Por ello, y tal como lo
entendieron tanto el a quo como la Subsección B, el convenio interadministrativo
finalizó desde esa fecha, siendo este el hito a partir del cual se debe calcular el plazo
de la liquidación” 52 (se destaca).
A la vista de las consideraciones que anteceden y en la misma línea de los
pronunciamientos de la Sección Tercera traídos a colación, ha de advertirse que se
encuentra acreditado que la condición que primero se cumplió fue el pago total del
crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Aguas del
Magdalena S.A. E.S.P., lo cual aconteció el 7 de junio de 201653, entendiéndose,
entonces, que en esa fecha culminó el citado convenio.
De ahí que los 4 meses pactados para la liquidación de común acuerdo —cláusula
décima séptima del otrosí— corrieron hasta el 8 de octubre de 2016. En tal sentido,
de conformidad con el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, el término de 2 años para interponer la demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales finalizó el 9 de octubre de 2018.
Resulta del caso advertir, tal como en oportunidades anteriores lo ha hecho la
jurisprudencia de la Sección Tercera54, que no es posible computar los 2 meses a
los que se refiere el artículo 164 precitado —que debe contarse a partir del
vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente—, porque
ese lapso tiene relación con la oportunidad con la que cuentan las entidades para
liquidar unilateralmente los contratos, facultad que no podía ejercerse en el marco
del convenio objeto de estudio, toda vez que, como se expresó líneas atrás, dicho
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2024, exp.
70086. Ver también sentencia del 11 de septiembre de 2024, proferida por la misma Subsección B.
exp. 71034.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, exp.
70087.
53 Hecho probado 3.5.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 30 de septiembre de 2020, expediente No. 65.358. Ver también sentencia del 22 de octubre de
2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera, expediente No. 65978.
18
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
acuerdo de voluntades se rige por sus propias reglas y esa posibilidad no se pactó.
Así las cosas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de
marzo de 201955 y la demanda el 16 de diciembre de 2019, la Sala concluye que
operó el fenómeno de la caducidad en este asunto.
Finalmente, no está de más destacar que, según lo previsto en el artículo 13 del
CGP, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de
obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.
De este modo, contrario a lo alegado por la recurrente, no puede afirmarse que en
este caso se aplicaron las reglas de la caducidad de manera caprichosa o arbitraria,
desconociéndose el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal —artículo 228 de la Constitución Política—, dado que, precisamente, la
ocurrencia del fenómeno procesal obedeció a la inacción de la parte demandante,
en tanto interpuso la demanda un año después —16 de diciembre de 2019— de
haber vencido el respectivo plazo —9 de octubre de 2018—.
4.2.3. Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
que declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de
controversias contractuales.
5. Costas
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 36556 y 36657 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA58, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
55
SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 “Expediente Digital”, documento denominado
ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.pdf) NroActua 2, página 307.
56 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
57 ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
58 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
19
Radicado: 25000233600020200033401 (70085)
Demandante: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría
del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de
segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la
Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como
también la actuación desplegada por la parte vencedora.
Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal
efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5
de agosto de 201659, la Sala fijará agencias en derecho, únicamente, en favor de
Corpamag, porque fue la única entidad que intervino en el trámite de la segunda
instancia, fijándolas en el monto de (1) salario mínimo legal mensual vigente, el cual
deberá ser pagado por la parte accionante, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, debiendo considerar que
en esta instancia se causaron agencias en derecho, únicamente en favor de la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag—, las cuales se fijan
en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, monto que deberá ser pagado por
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
CT3
59 “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL (..) En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
20
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.