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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2020-00005-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2020-00005-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO, consistente en la OMISION O ACCIONES NEGLIGENTES PRESENTADAS EN LA INVESTIGACION LLEVADA DENTRO DE LA DENUNCIA POR ACOSO LABORAL, que fue puesta por el señor ALEXANDER CHAVES ORTIZ, ante la encartada el día 28 de mayo de 2014, y cuya decisión fue archivada con AUTO DE ARCHIVO DEFINITIVO expuesta en ACTA DE DECISION aprobada en sala No 71, de fecha 11 de diciembre de 2018, por los señores Procuradores JAIME MEJIA OSMAN Y SILVANO GOMEZ STRAUCH, según lo consagra el articulo 122 de la ley 734 de 2002, notificada personalmente por correo certificado en fecha 31 de diciembre de 2018 a mi poderdante que lo llevaron inmensurablemente a la PERDIDA DE OPORTUNIDAD, la cual se solicita se resarzan en el pago (sic) perjuicios. TERCERA: La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- DELEGADA PARA LA FUERZA PUBLICA Y LA POLICIA JUDICIAL. Es Administrativamente responsables (sic) por los perjuicios morales y materiales, y daño en familia causados al señor ALEXANDER CHAVEZ ORTIZ, y su núcleo familiar compuesto por la señora AMANDA MENDIETA EKER a nombre propio y en representación de sus menores hijos SOFIA CHAVES MENDIETA, DANIELA CHAVES MENDIETA Y ALEJANDRO CHAVES MENDIETA familiar como lo son su esposa y sus hijos, en las cuantías al efecto establecidas por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y que para los fines propuestos estimamos, sumas de dinero que se deberán actualizar según la formula jurisprudencialmente aceptada así: (…) a-. PERJUICIOS MORALES-. El equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales a la fecha de ejecutoria de la sentencia para el lesionado, igual equivalente para su compañera permanente y para cada uno de sus hijos menores, ALEXANDER CHAVEZ ORTIZ, AMANDA MENDIETA EKER, SOFIA CHAVES MENDIETA, DANIELA CHAVES MENDIETA Y ALEJANDRO CHAVES MENDIETA, para un equivalente total de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha valen $828.116.000, lo que da un total de $414.058.000.00. 1 Según da cuenta el sello de radicación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta – Oficina Judicial, SAMAI, índice 2. 6_ED_01EXPEDIENTEESCA(.PDF) Nro Actua 2 EXP 47001-23-33-000- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2020-00005-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67.504)
Actor: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

Temas: INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL-La escogencia del medio de control no depende
de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del daño alegado. INDEBIDA ESCOGENCIA DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-El medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho sí procede para reparar daños provenientes de actos administrativos. CONTROL JUDICIAL DE LOS
ACTOS DISCIPLINARIOS-medio de control procedente.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 9 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Alexander Chaves Ortiz, con su grupo familiar, demanda la responsabilidad
administrativa de la Procuraduría General de la Nación por la supuesta falla del
servicio derivada de la omisión o práctica de acciones negligentes, presentadas en
la investigación realizada por denuncia de acoso laboral que le llevaron a solicitar
su retiro de la Policía Nacional y, como consecuencia de ello, sufrir la perdida de
oportunidad que la explica como el decaimiento en su estabilidad y desarrollo laboral
en la institución policial, ascender según el régimen de vinculación y disfrutar de
salarios en mejores condiciones, conforme al estatus jerárquico del cuerpo de
oficiales de la fuerza pública.

ANTECEDENTES

Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

La demanda

El 30 de septiembre de 20191, Alexander Chaves Ortiz, Amanda Mendieta Eker en
nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad: Sofia, Daniela y
Alejandro Chaves Mendieta, a través de apoderado judicial, formularon demanda
de reparación directa contra la Procuraduría General de la Nación -Delegada para
la Fuerza Pública y la Policía Judicial-, subsanada el 24 de febrero de 20202, para
que se la declarara patrimonialmente responsable por la falla en el servicio,
consistente en la omisión o acciones negligentes presentadas en la investigación
llevada dentro de la denuncia o queja que se adelantó por acoso laboral y otras
disposiciones, en los siguientes términos:

PRIMERO: Se solicita el reconocimiento y pago de los daños subjetivados y objetivados
materiales causados al señor ALEXANDER CHAVEZ ORTIZ, y su núcleo familiar
compuesto por la señora AMANDA MENDIETA EKER a nombre propio y en
representación de sus menores hijos SOFIA CHAVES MENDIETA, DANIELA CHAVES
MENDIETA Y ALEJANDRO CHAVES MENDIETA, POR LA OMISIÓN que se presentó,
bajo argumentos de negligencia o falta de diligencia y violación al debido proceso, dentro
de la denuncia o queja instaurada por el demandante por acoso laboral y otras
situaciones.

SEGUNDA: Se solicita el reconocimiento y pago de los daños subjetivados y objetivados
materiales causados al señor ALEXANDER CHAVEZ ORTIZ, y su núcleo familiar Por la
falta de diligencia por parte de los funcionarios que dirigieron el proceso trayendo consigo
la FALLA EN EL SERVICIO, consistente en la OMISION O ACCIONES NEGLIGENTES
PRESENTADAS EN LA INVESTIGACION LLEVADA DENTRO DE LA DENUNCIA POR
ACOSO LABORAL, que fue puesta por el señor ALEXANDER CHAVES ORTIZ, ante la
encartada el día 28 de mayo de 2014, y cuya decisión fue archivada con AUTO DE
ARCHIVO DEFINITIVO expuesta en ACTA DE DECISION aprobada en sala No 71, de
fecha 11 de diciembre de 2018, por los señores Procuradores JAIME MEJIA OSMAN Y
SILVANO GOMEZ STRAUCH, según lo consagra el articulo 122 de la ley 734 de 2002,
notificada personalmente por correo certificado en fecha 31 de diciembre de 2018 a mi
poderdante que lo llevaron inmensurablemente a la PERDIDA DE OPORTUNIDAD, la
cual se solicita se resarzan en el pago (sic) perjuicios.

TERCERA: La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- DELEGADA PARA LA
FUERZA PUBLICA Y LA POLICIA JUDICIAL. Es Administrativamente responsables (sic)
por los perjuicios morales y materiales, y daño en familia causados al señor ALEXANDER
CHAVEZ ORTIZ, y su núcleo familiar compuesto por la señora AMANDA MENDIETA
EKER a nombre propio y en representación de sus menores hijos SOFIA CHAVES
MENDIETA, DANIELA CHAVES MENDIETA Y ALEJANDRO CHAVES MENDIETA
familiar como lo son su esposa y sus hijos, en las cuantías al efecto establecidas por la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado y que para los fines propuestos estimamos,
sumas de dinero que se deberán actualizar según la formula jurisprudencialmente
aceptada así: (…)

a-. PERJUICIOS MORALES-. El equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales
a la fecha de ejecutoria de la sentencia para el lesionado, igual equivalente para su
compañera permanente y para cada uno de sus hijos menores, ALEXANDER CHAVEZ
ORTIZ, AMANDA MENDIETA EKER, SOFIA CHAVES MENDIETA, DANIELA CHAVES
MENDIETA Y ALEJANDRO CHAVES MENDIETA, para un equivalente total de 500
salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha valen $828.116.000, lo que
da un total de $414.058.000.00.

1 Según da cuenta el sello de radicación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta –

Oficina Judicial, SAMAI, índice 2. 6_ED_01EXPEDIENTEESCA(.PDF) Nro Actua 2 EXP 47001-23-33-000-
2020-00005-01 NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).Pág. 44
2 Ibíd. Pág. 129 a 172

2

Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

b-. PERJUICIOS MATERIALES, Para el afectado el señor ALEXANDER CHAVES ORTIZ
la suma de $1.391.120.879.00 (…)

CUARTA: DECLARAR que la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION –
DELEGADA PARA LA FUERZA PUBLICA Y LA POLICIA JUDICIAL, está obligada a dar
cumplimiento dentro del término estipulado en el artículo 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…)3

Hechos

Como supuestos fácticos de sus pretensiones, los demandantes afirmaron que el
28 de mayo de 2014, el señor Alexander Chaves Ortiz, siendo oficial activo de la
Policía Nacional en el grado de mayor y quien fungía en el cargo de Jefe de
Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Santa Marta,
presentó queja ante la Procuraduría Regional del Magdalena por la presunta
violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y acoso laboral por parte
de algunos mandos de la Policía Nacional. Con auto del 25 de julio de 2014, el
Procurador Regional dispuso remitir las diligencias al Comité de Convivencia
Laboral de la Policía Nacional, con la finalidad de que se agotara el procedimiento
preventivo para buscar superar la situación de acoso laboral, conforme a lo
indicado en la Ley 1010 de 2006.

Menciona la parte actora que la Procuraduría General de la Nación se demoró 61
días hábiles en comunicarle a la Policía la denuncia presentada por acoso laboral,
constituyendo una conducta omisiva retardatoria que habría perjudicado al señor
Alexander Chaves Ortiz, como víctima de acoso laboral. Agrega que en el tiempo
en que fue presentado el escrito de queja se produjo su retiro de la institución, en
donde por las circunstancias de persecución y acoso a las que se encontraba
sometido, funcionarios con mando lo condujeron a adoptar esa decisión por
solicitud propia.

Así, fue luego de su retiro, que el 2 de octubre de 2014 la Policía realizó el Comité
de Convivencia Laboral en la Policía Metropolitana, es decir, no se adelantaron las
acciones preventivas de forma inmediata. Y el 6 de octubre de 2014, la Policía
Metropolitana de Santa Marta devolvió a la procuraduría las diligencias, con las
actas de no conciliación, emitidas en el trámite llevado a cabo por el Comité.
Después, con auto del 6 de marzo de 2015, la Procuraduría Regional del
Magdalena resolvió iniciar indagación preliminar. A su turno la Procuraduría

3 Ibíd. Pág. 142 a 146

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

Delegada para la Policía Nacional, a quien se le remitió el asunto por competencia,
dispuso iniciar investigación disciplinaria con auto del 7 de julio de 2016. El proceso
disciplinario culminó con auto de archivo del 21 de agosto de 2018 y contra esta
decisión de archivo el señor Alexander Chaves interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación
con auto del 11 de diciembre de 2018, en el sentido de mantener lo dispuesto en
primera instancia.

El demandante indica que la falla en el servicio está acreditada, pues el máximo
organismo del Ministerio Público estaba obligado a realizar la valoración de los
hechos denunciados no solamente por acoso laboral, sino también, desde el ámbito
del abuso de autoridad y la vulneración a los derechos humanos, pues asumió y
aceptó ejercer el poder preferente en relación con las investigaciones disciplinarias
que adelantaba la Inspección General de la Policía Nacional, por lo que se falló en
el servicio al omitir dar aplicación a la Ley 1015 de 2006, Régimen Disciplinario
Policial, como era su deber legal.

Concluye que a raíz de las inconsistencias presentadas en el curso del proceso se
le generó un perjuicio mayor al señor Alexander Chaves, pues la entidad omitió con
negligencia la realización de acciones efectivas en el marco del debido proceso, en
un asunto como es el acoso laboral, además de la falta de diligencia de los
servidores que lideraron el proceso investigativo quienes produjeron la falla en el
servicio que condujo a una pérdida de oportunidad reflejada en el acto
administrativo de archivo, por lo que solicita que esos perjuicios se resarzan
dinerariamente.

Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación, al oponerse a todas y cada una de las
pretensiones, señaló que las reclamaciones del demandante van dirigidas a cargos
que se deben controvertir al interior de un medio de control diferente, verbigracia,
nulidad y restablecimiento del derecho, al tiempo que tampoco existe un daño
acreditado ligado a un nexo causal.

En cuanto al acoso laboral denunciado, la entidad manifestó que se aplicaron las
facultades de intervención otorgadas a la Procuraduría General de la Nación por el
artículo 11, numeral 2º y articulo 12 de la Ley 1010 de 2006, en la cual se consagra

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

un procedimiento reglado que desarrolla puntualmente las conductas constitutivas
por ese concepto, estableciéndose que no fueron acreditados los eventos
denunciados. A su vez, señaló que se valoraron las circunstancias denunciadas y
su gravedad, concluyendo, que en el expediente administrativo no se advirtió, en
primera y segunda instancia, una infracción a la reglamentación dispuesta para el
trámite disciplinario, como tampoco una conducta contraria a derecho.

Agregó que no se acreditan los requisitos bajo los cuales se estructura la
responsabilidad del Estado por una falla del servicio, y específicamente del proceso
disciplinario por la queja de acoso laboral que llevó la entidad, puesto que no
constituye daño antijuridico el hecho de que el demandante haya presentado por
solicitud propia el retiro del servicio activo de la institución policial, como quiera que
este se produjo inclusive antes de haberse expedido el auto de apertura de
investigación disciplinaria. Y tampoco se estructura el nexo causal, pues aquel es
un elemento inescindible de causa-efecto, respecto del daño debidamente
probado4.

Sentencia de primera instancia

El 9 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia en
la que negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la configuración
del primer elemento de responsabilidad extracontractual del Estado, a saber, la
existencia del daño antijurídico, en la medida que no cumplió con la carga procesal
de probar los supuestos de hecho en los cuales se fundamenta la demanda.

Consideró que el demandante hizo constituir su daño en el hecho de que la
Procuraduría General de la Nación hubiere incurrido en una falta de diligencia
procedimental e investigación al interior del proceso disciplinario, lo cual incidió en
que dicha actuación administrativa hubiere culminado con el auto de archivo
definitivo. El Tribunal acotó que el terminar una actuación disciplinaria en archivo
no implica per se el menoscabo de los derechos del quejoso, por cuanto la facultad
de intervención de dicho sujeto al interior de la investigación disciplinaria se basa
en el interés que le asiste para promover la defensa del interés jurídico y no por el
hecho de estársele vulnerando una garantía propia o ajena5.

4 SAMAI, índice 29_ED_162CONTESTACIONDE(.PDF) Nro Actua 2EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01
NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).
5 SAMAI, índice 50_ED_25SENTENCIA(.PDF) Nro Actua 2 EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01 NÚM.
INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y reiteró que de forma equivocada el órgano de control demandado
dispuso terminar la investigación con auto de archivo. Esta situación, expresa, lo
condujo inmensurablemente a la pérdida de oportunidad, por lo que solicita el
resarcimiento de los perjuicios de conformidad con lo establecido en el artículo 140
del CPACA.

A su vez, manifiesta que la falla en el servicio está determinada porque la
Procuraduría General de la Nación omitió dar aplicación a la Ley 1015 de 2006,
Régimen Disciplinario Policial, estando obligada a realizar la valoración de los
hechos denunciados también desde la óptica del presunto abuso de autoridad y la
vulneración a los derechos humanos; en el entendido que estas denuncias estaban
puestas ante la Defensoría del Pueblo y la Inspección General de la Policía
Nacional.

Sostuvo que la demandada falla negligentemente en el estudio y valoración de la
investigación del acoso laboral, pues no aplicó correctamente la Ley 1010 de 2006,
en sus numerales 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16 y 17, así como la Circular No. 20 de
2007, la cual, según el apelante, para este caso es ley sustancial.

Agregó que el tribunal de primera instancia violó el derecho al debido proceso del
apelante al negarle la calidad de sujeto procesal dentro de la actuación disciplinaria
a la victima de acoso laboral, desconociendo las garantías que le otorga el artículo
90 de la Ley 734 de 20026.

Trámite de segunda instancia

El 6 de agosto de 2021, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 24 de
septiembre de 2021, el Despacho lo admitió8. El 8 de octubre de 20219, comenzó el

6 SAMAI, índice 54_ED_261RECURSOAPELACIO(.PDF) Nro Actua 2 EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01
NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).
7 SAMAI, índice 60_ED_27AUTO(.PDF) Nro Actua 4 EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01 NÚM. INTERNO:

67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF
8 SAMAI, índice 69_ED_AUTOADMITIENDORECURSO(.PDF) Nro Actua 4 EXP 47001-23-33-000-2020-

00005-01 NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).
9 SAMAI, índice10_ALDESPACHOPARAFALLO_PASOALDESPACHO(.PDF) Nro Actua 4 EXP 47001-23-33-

000-2020-00005-01 NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

término de ejecutoria del auto que antecede. En silencio las partes, el 13 de octubre
de 2021, inició el término concedido al Ministerio Público para que emitiera su
concepto. El 21 de octubre de 202110, el Procurador delegado para la Conciliación
Administrativa presentó su concepto No. 116 de 2021.

El Ministerio Público conceptuó que no se encontró demostrado el daño invocado
por el actor, ya que las actuaciones por parte de la entidad demandada se
acompasan con los parámetros fijados por la ley de acoso laboral, por lo tanto, no
le asiste razón al demandante cuando considera que debido a que la Procuraduría
General de la Nación no adoptó medidas preventivas, se causó el cierre de la
investigación y la solicitud de retiro de la entidad policial del demandante.

De otra parte, argumenta que no se advierte que con la decisión de archivo del
asunto disciplinario se hubiere causado un daño antijurídico al demandante, pues la
autoridad sancionatoria sustentó su decisión con base en las pruebas recaudadas
en el trámite disciplinario. En este orden, al no haberse acreditado dicho
presupuesto ontológico –como lo es el daño– de la responsabilidad deprecada,
resulta infructuoso el análisis de los demás elementos de esta, pues la ausencia de
perjuicio implica la imposibilidad de endilgar algún tipo de responsabilidad.

Finalmente, explicó que de la lectura de los hechos y pretensiones de la demanda,
así como de las diferentes actuaciones surtidas a lo largo del proceso judicial, no
existe duda en que el origen del litigio se ubica en la inconformidad del actor
respecto de las decisiones adoptadas dentro de la actuación disciplinaria, las cuales
considera lesivas de sus intereses, así pues, aunque el demandante invocó la
acción de reparación directa, como mecanismo procedente para ventilar sus
pretensiones, al observarse el libelo demandatorio y las diferentes intervenciones
procesales, se concluye que lo pedido se encaminó a cuestionar la legalidad de
dichos actos administrativos, propios del ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 30 de septiembre de 201911, por lo tanto, el régimen

10 SAMAI, índice 73_CONCEPTO1162021(.PDF) Nro Actua 4 EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01 NÚM.

INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).
11 SAMAI, índice 68_ED_ONEDRIVE_20210125(.PDF) Nro Actua 2 EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 30812 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este Código13, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

I. Impedimento

El Consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de
impedimento establecida en el artículo 130, numeral 3, del CPACA, toda vez que en
esta causa figura como demandada la Procuraduría General de la Nación, entidad
en la que su cónyuge funge como Procuradora Judicial II Administrativa14. En ese
sentido y en virtud de su cargo, le corresponde ejercer las funciones de agente del
Ministerio Público en nombre del Procurador General de la Nación en los términos
que defina el nominador. El mencionado artículo señala que los magistrados deben
declararse impedidos cuando su cónyuge tenga la condición de servidor público en
el nivel directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado. Como los hechos
en los cuales se funda el impedimento manifestado se subsumen en la causal
invocada, se aceptará el impedimento.

II. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se

NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).
12 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio

del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
13«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
14 Samai, índice 52.

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una
entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA15. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA16, según el cual conoce de los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA17, esto es, $414.058.00018.

Medio de control procedente

3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal, por las razones que se pasarán a explicar.

III. Problema jurídico

4. Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa,
escogido en la demanda, es el idóneo para solicitar la reparación de las
afectaciones derivadas de los actos disciplinarios que fueron emitidos por la
Procuraduría General de la Nación.

IV. Análisis de la Sala

Control judicial de actos disciplinarios

5. La potestad disciplinaria constituye una de las modalidades de los poderes
sancionatorios del Estado19. Siendo el ejercicio de la potestad disciplinaria “una de
las más importantes manifestaciones del ius puniendi estatal, la cual tiene como
objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el

15«Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
16«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
17«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
18 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2019, $828.116, por 500.
19 Corte Constitucional, sentencia C-155 del 5 de marzo de 2002.

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u
obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública, es decir, la
potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública
contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia, entre
otros, que necesariamente deben orientar su actividad”20.

Para el desarrollo de esa función disciplinaria, nuestra Carta Política determinó que
el ejercicio del control disciplinario sobre los servidores públicos se hace en dos
niveles: un control interno (art. 209) por cada una de las entidades que forman parte
de la Administración Pública21, y un control externo (art. 277) en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación22:

[d]entro del marco constitucional que actualmente nos rige23, el control disciplinario
sobre los servidores públicos se ejerce en dos niveles: (i) el control interno, a cargo
de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades,
órganos y organismos del Estado, y (ii) el control externo, en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales y distritales, ya
sea en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución Política y la ley
conceden a dichos órganos, o de la cláusula general de competencia en materia
disciplinaria que la misma Carta reconoce a la Procuraduría General. Son estas las
dependencias y los organismos que, por regla general, tienen la competencia para
ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos, es decir, que gozan de
la atribución legítima para investigar las faltas que dichos empleados puedan
cometer en el ejercicio de sus funciones e imponer las sanciones disciplinarias
correspondientes24.

En ese contexto, y en la medida en que el proceso establecido para el control
disciplinario es de naturaleza administrativa25, conforme lo ha expuesto la Corte
Constitucional, “los fallos disciplinarios son decisiones administrativas que pueden
ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa”26. En el mismo
sentido el máximo Tribunal de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo, en
sentencia SU-00316 de 2016, precisó que “las decisiones que profieren los titulares
de la acción disciplinaria, tanto en el orden interno de las entidades públicas, o en
el externo, cuando asume la competencia la Procuraduría General de la Nación,

20 Corte Constitucional, sentencia C-028 del 26 de enero de 2006.
21 Corte Constitucional, sentencia C-1061 del 11 de noviembre de 2003
22 Ibíd.
23
Especialmente a la luz de lo dispuesto en los artículos 209 y 277 de la Carta Política. El primero de ellos
preceptúa que la función administrativa debe cumplirse “con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones”, y agrega que “la administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley” (se resalta). El artículo 277, por su
parte, establece las funciones principales del Procurador General de la Nación, entre las cuales incluye la de
“ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de
elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes,
e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley” (numeral 6º).
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 16 de mayo de 2018.
25 Corte Constitucional, sentencia C-095 del 18 de marzo de 1998.
26 Corte Constitucional, sentencia C-280 del 25 de junio de 1996.

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Proceso: Reparación directa

tienen naturaleza administrativa, en el cabal desarrollo de la función pública”27 y,
además, decidió unificar los criterios del control judicial que se realiza a los actos
administrativos sancionatorios proferidos en ejercicio de la potestad disciplinaria:

Conforme a lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unifica los
siguientes criterios interpretativos de la competencia del juez administrativo cuando
se trate de actos administrativos de carácter sancionatorio, regulado en la Ley 734
de 2002. Veamos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral
de los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la
acción disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela
judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye
el recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos28.

Además, definió que el control ejercido por el juez de lo contencioso administrativo
es integral, lo cual debe entenderse bajo los siguientes parámetros:

1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2)
La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4)
La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las
irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso
administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral
involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo
contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva29.

Con fundamento en lo expuesto, corresponde al juez de lo contencioso
administrativo, como garante de la tutela judicial efectiva, adelantar el control
jurisdiccional de los actos administrativos disciplinarios. Ahora bien, respecto a las
decisiones proferidas por los titulares de la acción disciplinaria, al ser actos
administrativos, la regulación vigente prevé el recurso judicial efectivo contra ellas,
en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos30, pudiendo la
accionante “escoger entre solicitar la nulidad simple del acto administrativo
sancionatorio, en caso de estar interesada únicamente en la nulidad del acto, o,
entablar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en caso de perseguir,

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2016, rad.

11001-03-25-000-2011-00316-00(SU).
28Ibíd.
29 Ibíd.
30 Corte Constitucional, sentencia C-500 del 16 de julio de 2014.

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Proceso: Reparación directa

además de la nulidad, una decisión que restablezca los derechos que estime
conculcados”31. Sobre la materia, también en esta Corporación se ha expresado lo
siguiente:

[L]a vía adecuada para garantizar el debido proceso administrativo cuando la
vulneración se concreta en providencias proferidas durante un trámite disciplinario -
como ocurre en éste caso- es atacarlas ante la jurisdicción contencioso
administrativa, en principio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho que puede instaurar el disciplinado que ha sido sancionado, o
excepcionalmente por la vía de la acción de simple nulidad, cuando alguna persona
estime que los actos administrativos proferidos lesionan los intereses generales de
la comunidad, con el fin de restablecer la legalidad objetiva y la protección del
ordenamiento jurídico presuntamente conculcados con tales decisiones32.

De esta manera, los actos disciplinarios expedidos por los titulares de la acción
disciplinaria, tanto en el orden interno como en el nivel externo del control
disciplinario, son actos de naturaleza administrativa. E igualmente son objeto de
control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el
caso, a través de los medios de control contemplados en los artículos 137 y 138 del
CPACA, relativos a nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.

Caso concreto

6. El problema jurídico que hoy ocupa la atención de la Sala estriba en examinar si
el medio de control ejercido por la parte actora era el indicado o si por el contrario
se presentó una indebida escogencia del mismo. De lo cual es menester, en primer
lugar, traer a colación los eventos de precedencia de las acciones de reparación
directa y de nulidad y restablecimiento del derecho. Relativo a ello, la jurisprudencia
de esta Sección ha enfatizado que:

Es claro que el legislador estableció las acciones que son procedentes para
reclamar ante la justicia el resarcimiento del daño antijurídico causado como
consecuencia del comportamiento o la actividad del Estado. Cuando dicho
comportamiento se materializa en acto administrativo ilegal será necesario acudir a
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y cuando se concreta en una
operación, hecho u omisión o en un acto legal que altera el principio de igualdad de
las cargas públicas, será la acción de reparación directa la idónea para reclamar la
indemnización de los perjuicios causados33.

Y en otra ocasión también se expuso lo siguiente:

31 Ibíd.
32 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de marzo de 2005, rad. 08001-23-31-000-2004-01568-
01. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de
marzo de 2014, rad. 25000-23-42-000-2013-06871-01.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, rad. 19846.

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Proceso: Reparación directa

15. La Sala ha señalado en repetidas oportunidades que “la fuente del daño
determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la
controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de
las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer
por la vía jurisdiccional (…)”34.

16. De manera que si el daño procede o se deriva directamente de un acto
administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la
acción de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
consagradas respectivamente en los artículos 84 y 85 del C.C.A. Empero, si la
fuente del daño es, como lo dice el artículo 86 del C.C.A., un hecho, una omisión,
una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será
la de reparación directa.

17. Ahora bien, con independencia de la acción que se invoque en la demanda, la
Sala ha indicado que es deber del juez, al momento de establecer si ésta reúne los
requisitos para su admisión, “analizar e interpretar su texto de ser necesario, con el
fin de desentrañar la voluntad de los demandantes y deducir de allí la norma
aplicable”35.36 (Subraya la Sala).

Con base en ello, se observa que es procedente reclamar el resarcimiento de un
daño a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art.
130 del CPACA), cuando este es causado por un acto administrativo que se
considera ilegal o que se deberá demandar en ejercicio del medio de control de
reparación directa (art. 140 del CPACA), cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación del estado
diferente a un contrato estatal o un acto administrativo. Sin embargo, de forma
excepcional, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia del medio de control de
reparación directa por daños causados mediante actos administrativos, pero solo
de aquellos respecto de los cuales no se discute su legalidad:

La jurisprudencia nacional de vieja data ha indicado que si el perjuicio tuvo origen
en una actividad lícita de la administración como es la que se desprende de la
ejecución de un acto administrativo cuya legalidad no se discute, es posible
reclamarlo mediante el ejercicio de la acción de reparación directa en la medida en
que se configura un daño especial (Bonnard). De modo que no es forzoso reclamar,
mediante el contencioso subjetivo, la indemnización proveniente de actos
administrativos expedidos con arreglo a la Constitución y la ley y cuya legalidad no
se controvierte, sobre la base de que al imponerse al administrado una carga
especial que no tiene por qué padecer se presenta un rompimiento del equilibrio en
las cargas públicas, idea inserta en la conciencia jurídica moderna (Duez) como una
expresión del principio general de igualdad ante la ley37.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 26.758, C.P. Mauricio Fajardo

Gómez. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474, C.P. Ramiro Saavedra
Becerra, de 19 de julio de 2007, exp. 30.905, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 31 de agosto de 2005, exp.
29.511, C.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 31.433, C.P. Mauricio Fajardo

Gómez. En el mismo sentido, véase el auto del 23 de mayo de 2002, exp. 21.833, C.P. Alier Eduardo Hernández.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 27088.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 16421.

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7. Ahora bien, de las pretensiones de la demanda en el asunto bajo estudio, se
entiende que la supuesta causa del daño al señor Alexander Chaves Ortiz, está
determinada por la:

OMISION O ACCIONES NEGLIGENTES PRESENTADAS EN LA INVESTIGACION
LLEVADA DENTRO DE LA DENUNCIA POR ACOSO LABORAL, que fue puesta
por el señor ALEXANDER CHAVES ORTIZ, ante la encartada el día 28 de mayo de
2014, y cuya decisión fue archivada con AUTO DE ARCHIVO DEFINITIVO expuesta
en ACTA DE DECISION aprobada en sala No 71, de fecha 11 de diciembre de 2018,
por los señores Procuradores JAIME MEJIA OSMAN Y SILVANO GOMEZ
STRAUCH, según lo consagra el articulo 122 de la ley 734 de 2002, notificada
personalmente por correo certificado en fecha 31 de diciembre de 2018 a mi
poderdante que lo llevaron inmensurablemente a la PERDIDA DE OPORTUNIDAD,
la cual se solicita se resarzan en el pago (sic) perjuicios.

En el mismo sentido, al exponer sus argumentos jurídicos dentro del escrito inicial
(subsanado), la demandante se refirió a sus reclamaciones de la siguiente manera:

VI. ANTECEDENTES DONDE SE ILUSTRAN LAS INCOSITENCIAS QUE
GENERAN LA DEMANDA

Inconsistencias del auto del 21 de agosto de 2018, proferido por la procuradora
delegada para la fuerza pública y la policía judicial (PDPFPYPJ) y el auto del 11 de
diciembre de 2018 proferido por la sala disciplinaria de la procuraduría general de
la república donde se decide el archivo de la investigación disciplinaria del
proceso 2014-40221

La procuraduría delegada para la fuerza pública y la policía judicial y la sala
disciplinaria, en sus autos sobre la decisión de archivo de la investigación
disciplinaria, a la hora de valorar los elementos materiales de prueba que obran en
el proceso, no tuvieron en cuenta el análisis de algunas pruebas y en otras, se falta
a la verdad procesal, las cuales se sustentan de la siguiente manera:

(…)

CONCEPTO DE VIOLACION - DEBIDO PROCESO

(…)

El acto administrativo acusado, no respetó este derecho, en la medida en que una
vez iniciado el proceso disciplinario por queja presentada por el señor Mayor
ALEXANDER CHAVES ORTIZ, mediante la cual puso en conocimiento situaciones
DE ACOSO LABORAL en su contra cuando se encontraba como funcionario activo
de la Policía Nacional, no se llevó por parte de la procuraduría bajo los estándares
del debido proceso pues en él, se presentaron varias irregularidades que coartaron
el derecho a la defensa técnica y el debido proceso del denunciante llevando la
investigación a unas conclusiones desfavorables a mi patrocinado, puesto
que la procuraduría realizo una investigación vaga, argumentando su archivo
bajo estándares de desviación de poder como son:

CARGO N°1.:
VIOLACION AL DEBIDO PROCESO
CARGO N° 2:
VIOLACION AL DEBIDO PROCESO - FALTA DE MOTIVACION

(…)

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
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Proceso: Reparación directa

CARGO N°5 (sic)
EL FALLO PROFERIDO SE REALIZÓ CON CRITERIOS SUBJETIVOS.

(…)

Por todo lo expuesto, no queda duda que el acto administrativo acusado, no solo
se expidió con falsa motivación y desviación de poder, sino que se vulneró de forma
contundente el derecho fundamental al debido proceso y los derecho (sic)
fundamentales al buen nombre que llevo a mi poderdante a una PERDIDA DE
OPORTUNIDAD, en el entendido que después de todo lo que tuvo que vivir tras su
retiro, no fue posible que se llevara una eficiente investigación que tal vez pudiera
sancionar a los acosadores que injustamente maltrataron psicológicamente a mi
poderdante llevándolo a una salida injusta de la institución… (Negrilla fuera de
texto).

8. Así, del contenido de la demanda, se concluye que en el presente caso el
comportamiento del Estado alegado como causante del daño al señor Alexander
Chaves Ortiz, se concreta en el acto administrativo con el cual se decidió el archivo
definitivo del proceso disciplinario, así como el acto que confirmó esa resolutiva.

Adicional a ello, resulta palmario que a estos actos administrativos se les está
discutiendo su legalidad, tanto así que en la demanda se buscó satisfacer el
requisito establecido en el artículo 162, numeral 4 del CPACA, en donde se exige
que los fundamentos de derecho de las pretensiones de la demanda, cuando se
trate de la impugnación de un acto administrativo, deben indicar las normas violadas
y explicarse el concepto de su violación, tal como lo hizo la actora en el escrito
introductorio.

Por lo anterior, la fuente del daño alegado por los actores no es, entonces, un hecho,
omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal en los términos
descritos por el artículo 140 del CPACA, sino un acto administrativo que se
considera ilegal por haber sido adoptado con violación del debido proceso y, en
general, con desconocimiento de los derechos fundamentales del señor Alexander
Chaves Ortiz. Así las cosas, el medio de control procedente en este caso era el de
nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa incoado por la
demandante.

9.1. Vale la pena advertir que en el presente caso se buscó discutir la legalidad de
un acto disciplinario y la reparación de los derechos violados con este. Frente al
asunto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación que, en principio, solamente

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Proceso: Reparación directa

los sujetos procesales de la actuación disciplinaria38 se encuentran legitimados en
la causa por activa para controvertir, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, las decisiones de sancionar o de terminar la
investigación39. No obstante, el quejoso dentro del proceso disciplinario que aquí se
analiza sí tenía el carácter de sujeto procesal, pues se trata de una actuación
adelantada por acoso laboral en donde el señor Alexander Chaves Ortiz fue sujeto
pasivo o víctima, esto conforme reza el artículo 17 de la Ley 1010 de 2006:

Artículo 17. Sujetos procesales. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria que
se adelante por acoso laboral, el investigado y su defensor, el sujeto pasivo o su
representante, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los
funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional.

Por ende, en este caso, el quejoso “podía intervenir en el procedimiento con todas
las prerrogativas de un sujeto procesal: pedir y aportar pruebas, interponer recursos,
presentar las solicitudes, etcétera [como] lo dispone expresamente el artículo 90 de
la Ley 734 de 2002”40. De esta manera, el quejoso también se encontraba legitimado
en la causa por activa para interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la finalidad de controvertir los actos disciplinarios
referidos en la demanda.

9.2. De otra parte, se advierte que si se hubiera escogido correctamente el medio
de control en el sub lite, a la fecha de presentación de la demanda ya había operado
el fenómeno preclusivo de la caducidad. A esa conclusión se llega si se tiene,
conforme a los hechos 37 y 38 de la demanda, que el auto del 11 de noviembre de
2018 emitido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación –
mediante el cual se confirmó en su integridad el auto del 21 de agosto de 2018, por
medio del cual la Procuraduría Delegada para la Fuerza pública y la Policía Judicial
dispuso terminar la actuación disciplinaria, ordenando el archivo definitivo de las
diligencias–, fue notificado a través de correo certificado del 31 de diciembre de
2018. Por lo que el término para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho caducó el 1 de mayo de 2019, conforme a lo previsto en el artículo 164,

38 Conforme al artículo 89 de la Ley 734 de 2002: “Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos

procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere
el artículo 174 de la Constitución Política.
En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la
Procuraduría General de la Nación, ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal”.
39 Ver en ese sentido: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de marzo de 2005, rad. 08001-23-

31-000-2004-01568-01 y Consejo de Estado, sección segunda, sentencia del 25 de septiembre de 2017, rad.
25000-23-42-000-2017-03908-01.
40 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 17 de mayo de 2012, rad. 25000-23-24-000-2012-00396-

01.

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numeral 2, literal d) del CPACA41, es decir, antes de que se presentara la solicitud
de conciliación extrajudicial –19 de julio de 201942– y por supuesto, en tiempo previo
a la radicación de la demanda –30 de septiembre de 201943–.

10. En conclusión, atendiendo lo expuesto en precedencia, la Sala modificará la
sentencia apelada, al haberse configurado la excepción de indebida escogencia del
medio de control y el fenómeno preclusivo de la caducidad del procedente en este
caso, esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación
directa escogido por la accionante.

Costas

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias en
derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para
el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las

41 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales…”
42 SAMAI, índice 2. 6_ED_01EXPEDIENTEESCA(.PDF) Nro Actua 2 EXP 47001-23-33-000-2020-00005-01

NÚM. INTERNO: 67504 RD ALEJANDRO CHAVES MENDIETA VS P.G.N. pdf (.PDF).Pág. 49.
43 Ibíd. Pág. 44.

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hubiere.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo n.° PSAA16-10554 del 5 de agosto de
2016, del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se
presentó la demanda, la Sala fijará las agencias en derecho, en la segunda
instancia, que estarán a cargo de la parte demandante en la suma equivalente a un
(1) SMMLV, es decir, por valor de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000), la
cual se reconocerá, en favor de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

RESUELVE

DECLARAR fundado el impedimento presentado por el Consejero Nicolás Yepes
Corrales, para intervenir en este caso.

MODIFICAR la sentencia del 9 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena. En su lugar, se dispone:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de indebida escogencia del medio de
control de reparación directa y, como consecuencia, la excepción de caducidad del
término para formular el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a Alexander Chaves Ortiz, Amanda Mendieta
Eker, Sofia chaves Mendieta, Daniela Chaves Mendieta y Alejandro Chaves
Mendieta, en favor de la Procuraduría General de la Nación, y fijar las agencias en
derecho de segunda instancia en la suma de un millón trescientos mil pesos
($1.300.000) a cargo de la parte actora.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicación: 47001-23-33-000-2020-00005-01 (67504)
Demandantes: Alexander Chaves Ortiz y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Proceso: Reparación directa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

CON IMPEDIMENTO ACEPTADO
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en
el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

19

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