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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00655-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00655-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada por las razones expuestas en la presente providencia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2020-00655-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2020-00655-01 (2232-2025)
Demandante: Rita María Ortega Mora
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, FNPSM y otros

Tema: Sanción Moratoria. Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Rita María Ortega Mora instauró demanda en contra de la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo generado por el
silencio administrativo frente a la petición presentada el 1° de abril de 2019, a través
del cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales, de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho se reconozca y pague la sanción por
mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo y hasta cuando se hizo
efectivo el pago con los ajustes de valor con motivo de la disminución del poder
adquisitivo y el reconocimiento de los intereses moratorios.

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HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que el 22 de julio de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales.

6. Que por medio de la Resolución 0392 del 21 de marzo de 2018 le fueron
reconocidas, sin embargo, solo recibió el pago el 6 de septiembre de 2018 a través
de entidad bancaria.

7. Que el 1° de abril de 2019 reclamó el reconocimiento de la sanción moratoria por
las cesantías pagadas tardíamente y la administración guardó silencio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Se indicaron como normas violadas los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989,
artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

9. En el concepto de la violación manifestó que los términos previstos en la Ley 1071
de 2006 para el reconocimiento y pago de las cesantías están siendo desconocidos
por la entidad porque cancela la prestación con posterioridad a los 70 días hábiles
después de haberse realizado la petición, obviando la protección de los derechos del
trabajador, haciéndose la entidad acreedora de la sanción moratoria por el
incumplimiento.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. El 10 de septiembre de 2021 se admitió la demanda y se vinculó al departamento
del Magdalena y al municipio Zona Bananera.

11. El FNPSM al contestar propuso la excepción de pago de la obligación porque no
se concretaban los presupuestos para el reconocimiento de la sanción moratoria,
además, conforme al oficio 2020EE120934 del Ministerio de Educación y las mesas
de seguimiento con dicha entidad, se procedió al reconocimiento y pago de la sanción
por mora por vía administrativa por pago extemporáneo de las cesantías parciales
reconocidas mediante Resolución 392 del 21/03/2018.

12. Que para la liquidación se tomó la siguiente información: 328 días de mora
comprendidos entre el 10/10/2017 y el 02/09/2018 y un salario mensual de
$3.397.579.E n consecuencia, el valor pagado correspondió a la suma de
$37.146.864, que se cancelaron con cargo a los recursos TES de que trata el artículo
57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2020 de 2019.

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13. También propuso las excepciones de prescripción extintiva, ineptitud sustancial
de la demanda por no demandar el acto administrativo que resolvió la situación
jurídica particular y por falta de integración del litisconsorte necesario con respecto a
la Secretaría de Educación del Magdalena, improcedencia de la indexación,
compensación y sostenibilidad financiera.

14. El municipio Zona Bananera expuso que no es facultad del ente territorial
reconocer el pago de las cesantías de los docentes adscritos a la Secretaría de
Educación Departamental y no fue la entidad quien guardó silencio administrativo
porque la petición fue dirigida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

15. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta
demanda por falta de elementos materiales probatorios en relación con el municipio,
inexistencia de la obligación y buena fe.

16. El departamento no contestó la demanda.

17. Mediante auto del 9 de agosto de 2022 se resolvieron las excepciones, el 25 de
octubre de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial y se decretaron pruebas y por
providencia del 25 de marzo de 2025 se dispuso el término para alegar de conclusión.

18. La demandante y el FNPSM reiteraron sus argumentos, las demás partes y el
Ministerio Público no se pronunciaron.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

19. Mediante sentencia del 28 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo del
Magdalena, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el municipio de Zona Bananera, declaró la existencia del acto
ficto y a título de restablecimiento del derecho ordenó al FNPSM reconocer y pagar
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, desde el día 2 de noviembre
de 2016 hasta el 30 de agosto de 2018.

20. Que la sanción moratoria comenzó a causarse desde el día 2 de noviembre de
2016 - día siguiente a la fecha en la cual feneció el término de 70 días que tenía la
entidad accionada para efectuar el pago de las cesantías-, y cesó el 30 de agosto de
2018, día anterior a la fecha en la cual la Fiduciaria La Previsora puso a disposición
de la señora Rita María Ortega Mora el valor del auxilio de cesantías parciales
reconocidas a través de la Resolución 0392 del 21 de marzo de 2018.

21. Que el fenómeno de prescripción trienal de la sanción moratoria no operó, porque
el derecho se hizo exigible desde el día 2 de noviembre de 2016 y al haberse
presentado la reclamación el 1° de abril de 2019, se suspendió la prescripción de la

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sanción moratoria.

22. Que el salario base para calcular la sanción sería la asignación básica de 2016
sin que varíe por la prolongación en el tiempo, de conformidad con lo establecido en
la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018 radicación:
73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

23. Que el valor generado una vez causada en sí la sanción moratoria es objeto de
ajuste y actualización, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la
sentencia en concordancia con lo estipulado en el artículo 187 de la Ley 1437 del
2011, por lo que ordenó la indexación del valor total generado por la sanción moratoria
tomando como base el IPC, a partir del día siguiente en que cesó la causación de la
sanción moratoria, esto es, el 31 de agosto del 2018, hasta la fecha de ejecutoria de
la sentencia, y en adelante correrán los correspondientes intereses de que tratan los
artículos 192 y 195 del CPACA.

24. Que atendiendo a la manifestación realizada por el FNPSM atinente a que ya
había efectuado el pago de la sanción moratoria por vía administrativa, por valor de
$37.146.864, sin que allegare prueba que soporte tal afirmación, en aras de evitar el
pago doble de dicha sanción, debía ordenarse a la entidad condenada que descuente
del valor a cancelar a la demandante por tal concepto, lo que ya se hubiere pagado
por vía administrativa.

25. Finalmente, no condenó en costas al considerar que de conformidad con el
numeral 8 del artículo 365 del CGP, solo habrá lugar cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, circunstancia que no
se cumplía a cabalidad en el plenario por cuanto no existían elementos de prueba
que justificaran las erogaciones que por dicho concepto se pudieran causar.

RECURSO DE APELACIÓN

26. El FNPSM interpuso recurso de apelación, expresando que la presencia de
problemas operativos en las entidades territoriales impide el cumplimiento de los
términos para proyectar las respectivas resoluciones que reconocen las prestaciones
sociales de los educadores nacionales afiliados.

27. Que pueden surgir varias circunstancias por las cuales la moratoria resulta
configurada a favor de la demandante: i) En la expedición del acto administrativo,
fruto de una demora de la entidad territorial en enviar el proyecto de acto
administrativo o en expedirlo luego de recibida la aprobación por parte de la sociedad
fiduciaria, ii) En la expedición del acto administrativo, producto de la demora de la
sociedad fiduciaria en hacer la revisión respectiva; iii) Una vez expedido y notificado
el acto administrativo, por demoras por causas de falta de disponibilidad presupuestal.

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28. Que la fecha de radicación de la solicitud de cesantías que se tuvo en cuenta para
proferir la decisión no corresponde con la fecha registrada en el aplicativo Onbase,
considerando que los documentos son validados y se aprueba la completitud de
estos, la radicación quedó en firme el 27 de junio de 2017.

29. Que se configuraron 325 días de mora comprendidos entre el 10 de octubre de
2017 y el 30 de agosto de 2018; mora que ya fue pagada por vía administrativa el día
12 de julio de 2021 de conformidad con los registros internos del FNPSM o el
aplicativo OnBase.

30. Adicionalmente, precisó que conforme la posición unificada del Consejo de Estado
no procede la indexación como lo pretendió la demandante.

31. Que solo habrá lugar a condena en costas cuando en el expediente se pruebe de
manera objetiva su causación, en consecuencia, en ausencia de su comprobación no
procede entonces la condena por cuanto los argumentos de defensa fueron
eminentemente jurídicos.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

32. El 20 de agosto de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio.

33. El Ministerio Público conceptuó solicitando MODIFICAR el numeral cuarto de la
sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en el entendido de reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías solicitadas por la demandante, desde el 2 de noviembre de 2016 hasta
el 6 de septiembre de 2018.

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34. Mediante auto del 19 de febrero de 2026 se ordenó la práctica de unas pruebas
de oficio con el propósito de que se allegara constancia del pago de la sanción
moratoria que se alegó en el recurso de apelación. Luego de que se pusiera a
disposición de las partes los documentos aportados, guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sobre las cesantías en el sector docente

35. El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y
la aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional».

36. La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

37. En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9°1 dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

1 «(…) Artículo 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará
de tal manera que se realice en las entidades territoriales».

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38. Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 2018 2 unificó
jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006 a los maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por
la cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella
se especificó la naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la categoría
de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues,
aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto
es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el
concepto de empleado público. En ese sentido a los docentes les son aplicables las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores
públicos.

39. En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»

Resolución del caso concreto

40. La recurrente manifestó su inconformidad con la orden impartida en primera
instancia ya que la presencia de problemas operativos en las entidades territoriales
impide el cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas resoluciones
que reconocen las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados.

41. La Subsección encuentra que este argumento no tiene la facultad de modificar o
revocar la decisión impugnada, porque esas dificultades o barreras administrativas,
no pueden ir en desmedro de los derechos de los afiliados al FNPSM y menos aún
desconocer los términos legales dispuestos para el reconocimiento y pago de las
cesantías, que se recuerda, son una prestación social que puede ser reclamada bajo
las premisas legalmente establecidas y, precisamente la sanción moratoria fue
prevista para penalizar la tardanza administrativa para acceder a esta prestación,
razón por la cual no prospera este planteamiento.

2 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018.

Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

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42. Ahora, en cuanto a las explicaciones que propone la entidad sobre las causas de
la mora en el pago de las cesantías, no se evidencia que estas permitan variar lo
resuelto, porque se parte de posibles escenarios sin elementos probatorios o
reproches concretos que habiliten que en esta instancia se desarrolle un debate
frente al punto.

43. También alega la entidad que debe tenerse como fecha de radicación de la
solicitud, no el 22 de julio de 2016 como se consignó en la sentencia, sino el 27 de
junio de 2017 conforme se registra en el aplicativo Onbase, considerando que los
documentos son validados y se aprueba la completitud de estos.

44. Para la Subsección este argumento no tiene fundamento porque si bien el uso
del aplicativo Onbase servía como una forma de organizar los trámites internos de la
entidad, es decir, constituía una herramienta para la labor que debía llevar a cabo la
administración, su uso no puede traducirse en un perjuicio para las personas que
requieren elevar una petición, en este caso, para que se reconozcan y paguen unas
cesantías parciales.

45. En efecto, revisada la Resolución 0392 del 21 de marzo de 2018 por medio de la
cual se reconocieron las cesantías parciales, se encuentra probado que la solicitud
se presentó el 22 de julio de 2016 y aunque la recurrente advierte que según el
aplicativo sería el 27 de junio de 2017, no se tienen otros elementos en el expediente
que permitan analizar si se hizo, por ejemplo, algún requerimiento a la interesada por
información incompleta para considerar que la radicación se hizo casi once meses
después, como lo propone la entidad.

46. Repárese que «[…] el uso e implementación de las tecnologías es una estrategia
al servicio y garantía del derecho de petición, y no un mecanismo normativo para su
limitación. En otras palabras, el núcleo esencial del derecho fundamental no puede
ser restringido bajo el pretexto de la promoción de herramientas tecnológicas.»3 En
consecuencia, no se tendrá en cuenta la fecha de radicación alegada por la entidad
y se confirmará en este punto la decisión apelada.

47. En relación con el presunto pago de la sanción moratoria realizado en vía
administrativa, la Subsección advierte que, con el propósito de dilucidar este aspecto,
se decretó una prueba de oficio.

48. Luego de revisada la actuación administrativa aportada por el departamento del
Magdalena y los documentos allegados por el FNPSM, se encuentra que solo se
probó el pago de las cesantías reconocidas mediante Resolución 0392 del 21 de
marzo de 2018 y no la cancelación de algún valor por la sanción moratoria que es el

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2026 radicación: 11001-

03-25-000-2023-00327-00 (4899-2023) donde se declaró la nulidad parcial del Decreto 942 de 2002 que modificó
algunos artículos del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-.

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derecho reclamado a través del presente medio de control, por lo que no prospera el
planteamiento encaminado a sostener que se pagó la obligación reclamada.

49. La parte apelante también señaló la improcedencia de la indexación, al respecto,
la Subsección en Sentencia de Unificación,4 dispuso: «Sentar jurisprudencia,
reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA». Ante la discusión que produjo
esta regla de unificación sobre la procedencia de la indexación del valor a pagar por
concepto de sanción moratoria, esta Subsección5 explicó:

«[…] la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la siguiente:
Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá
indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor
total sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria
de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena no procede
indexación, sino que se generan los intereses según lo dispuesto en los artículos 192
y 195 del CPACA […].». (Negrita fuera de texto).

50. De acuerdo con lo expuesto, no es procedente la indexación de la sanción
moratoria en el tiempo de su causación; sin embargo, la suma total generada sí debe
ajustarse una vez cesa la tardanza y por ello, frente a este aspecto se confirmará la
decisión de primera instancia.

51. Finalmente, en cuanto a la inconformidad de las costas, de la lectura de la
sentencia apelada se encuentra que en la misma no se condenó por este concepto,
por lo que ningún argumento adicional se abordará en esta instancia, pues lo resuelto
resultó favorable para la entidad.

De la condena en costas de segunda instancia

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo

4 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, expediente radicado:

73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-2015), demandante Jorge Luis Ospina Cardona.
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente: 68001-

23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.

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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00655-01 (2232-2025)

188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

54. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron
negadas totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Magdalena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo considerado en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada por
las razones expuestas en la presente providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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