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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2020-00676-01

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2020-00676-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia, proferida el 11 de mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: sin costas TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2020-00676-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de agosto de 2024

Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-01 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez y otros
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019, proferido por la
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del 24 de
septiembre de 2019, expedido por la Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple

Temas: Nulidad de ordenanza y decreto departamental – vigencias futuras ordinarias.

Síntesis del caso: Se demandan una ordenanza departamental que autorizó la celebración
de un contrato de empréstito y la pignoración de rentas durante vigencias futuras y un
decreto de la gobernadora que utilizó las facultades dadas por la ordenanza, por considerar
que se incurrió en falta de competencia para autorizar el compromiso presupuestal en
vigencias futuras.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 150 del CPACA. El Tribunal Administrativo de
Magdalena conoció el proceso en primera instancia por la cuantía estimada
en la demanda, según el numeral 1 del artículo 152 del mismo Código.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 8 de octubre de 2020, Hubert Ramírez Pineda, Enrique Elías Ramírez
Oñate, Raúl Alfonso Ramírez Pineda y Berselio José Acosta presentaron

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
_____________________________________________________________________________________________________________________________
demanda de controversias contractuales y de acción de nulidad simple en
contra del Departamento de Magdalena1.

2. En la demanda se pretendió la nulidad de las obras de alcance progresivo
incluidas en el contrato de concesión 229 de 21 de noviembre de 2006 y en
el otro sí 3 de 17 de mayo de 2007, que estableció obras adicionales. También
se solicitó la nulidad del contrato adicional de modificación n. 32 al contrato
de concesión. Se pretendió, adicionalmente, la nulidad de la Ordenanza
departamental 97 de 22 de agosto de 2019 y del Decreto 415 de 24 de
septiembre de 2019. Igualmente se pretendió la nulidad del certificado de
disponibilidad presupuestal 11008 de 17 de octubre de 2019. Se pretendió,
finalmente, la restitución del anticipo dado al contratista.

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

4. (1) En los últimos seis períodos de gobierno, los representantes del
Departamento de Magdalena han utilizado el contrato de concesión 229 del
21 de noviembre de 2006, suscrito entre el Departamento y la Ruta del Sol S.A.,
para financiar ciertas actividades que no se encuentran dentro del objeto
contractual. Expresaron que dicho contrato se ha modificado treinta y dos
veces, con desconocimiento de la Ley 80 de 1993.

5. (2) El contrato de concesión 229 fue modificado en su objeto, para incluir
obras del plan vial del norte “fase 1”, tales como la doble calzada en el sector
Tasajera -Ye de Ciénaga, doble calzada en el sector Ye de Ciénaga-
Mamatoco, doble calzada en el sector Mamatoco-Peaje Neguanje; ramales
en los sectores quebrada el doctor- Mamatoco, Ye de Gaira – Rodadero-
Manzanares, Mamatoco -Minca- Campano, Mamatoco Puerto de Santa
Marta.

6. (3) En la cláusula segunda del contrato se incluyeron etapas que no fueron
licitadas, no estaban en los pliegos, ni en el anexo 1, ni fueron adjudicados en
la Resolución 959 del 3 de noviembre de 2006.

7. (4) La tramitación y ejecución del proyecto de construcción de obras de
urbanismo vial del sector Curinca o el mantenimiento integral u obras
complementarias de alcance básico del Proyecto Vial del Norte, se realizaron
con desviación del poder y en vigencia de ley de garantías para las
elecciones regionales del 27 de octubre de 2019.

1 Índice 6 SAMAI.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
_____________________________________________________________________________________________________________________________
8. (5) Para financiar el proyecto de construcción de obras de urbanismo vial
del sector Curinca, la Secretaría de Planeación departamental y el Gerente
de proyectos de la Gobernación de Magdalena tramitaron un crédito
público interno, garantizado con la pignoración durante 10 años de la
sobretasa del ACPM.

9. (6) Mediante el oficio del 17 de julio de 2019, la jefe de la Oficina Asesora
informó a la Gerencia de Proyectos que el proyecto referido había sido
radicado en el Banco de Proyectos y Programas de Inversión Departamental
BPID. Acto seguido se recibió concepto de viabilidad técnica y financiera por
parte de la Gerencia de Proyectos y la Secretaría de Infraestructura, donde
se informó que el valor del proyecto era de $25.294.541.813.

10. (7) El Consejo de Gobierno Departamental declaró el proyecto como
“estratégico” para complementar el plan vial con la peatonalización.

11. (8) El 22 de agosto de 2019, la Asamblea Departamental del Magdalena
expidió la Ordenanza 97 que autorizó a la gobernadora para celebrar el
contrato de empréstito que financiaría la ejecución de las obras del proyecto
de inversión y obras complementarias. También facultó la realización de
operaciones de crédito público y la pignoración de las rentas de la sobretasa
del ACPM hasta por 10 años. Esta autorización tenía vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2019.

12. (9) Durante el debate en la Asamblea, el diputado Edward Torres Ruidiaz
se opuso, porque consideró que no era posible realizar un crédito o empréstito
público interno para financiar obras que no se realizarían durante la vigencia
en la cual se materializaría o desembolsaría el crédito, esto es, el 31 de
diciembre de 2019.

13. (10) Aunque el Comité Evaluador de Operaciones de Crédito Público se
realizó el 19 de septiembre de 2019, desde el 28 de agosto de 2019 y sin
autorización de dicho comité, se enviaron a las entidades bancarias las
solicitudes de crédito por 26.000 millones de pesos, cuya oferta vencía el 18
de septiembre de 2019.

14. (11) El 24 de septiembre de 2019 la Gobernadora del Magdalena emitió
el Decreto 415 que utilizó las facultades otorgadas por la Ordenanza 97 y
autorizó las operaciones de crédito público con el Banco Popular hasta por
$26.000.000.000 para financiar proyectos de inversión.

15. (12) El 26 de septiembre de 2019 se firmó el contrato de empréstito o
crédito público interno con el Banco Popular, con fecha de inicio de
ejecución del empréstito el 4 de octubre de 2019.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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16. (13) El 10 de octubre de 2019 el Ministerio de Hacienda otorgó el registro
611517773 en la base de datos del crédito con el Banco Popular, para el
primer desembolso.

17. Como normas violadas refirieron los artículos 2, 6, 13, 29, 83, 90, 121, 122,
209, 267, 273 y 333 de la Constitución Política. Así mismo, los artículos 16, 23,
24, 27, 40, 41, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; artículos 2, 5 y 28 de la Ley 1150 de
2007; artículos 2 y 3 de la ley 1508 del 2012; artículos 38 y 37 de la Ley 153 de
1887; artículos 30 y 33 de la Ley 105 de 1993.

18. Como concepto de la violación argumentaron que en el contrato de
concesión se incluyeron obras de alcance básico y progresivo que no se
incluyeron en la licitación, lo que vulneró los principios, derechos y deberes
constitucionales. Adicionalmente, explicaron que las modificaciones y
adiciones al contrato modificaron su objeto, porque no guardan relación con
el objeto concesionado y se violó la Ley 80 de 1993.

19. Respecto de la ordenanza departamental y el decreto de la
gobernadora, adujeron que se incurrió falta de competencia, desviación del
poder y violación de normas superiores.

20. La primera instancia rechazó la demanda respecto de las pretensiones
relativas a las controversias contractuales y, únicamente, admitió la
pretensión de nulidad simple de la Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 y
del Decreto 415 del 24 de septiembre de 2019.

1.2. Posición de la parte demandada

21. El Departamento de Magdalena no contestó la demanda. Presentó
alegatos de conclusión2 de primera instancia en donde expuso que las obras
se realizaron antes del 31 de diciembre de 2019 ya que la modificación del 18
de octubre de 2019 preveía dicho plazo. Negó, entonces, que las obras se
realizarían en 2020. Resaltó que con la modificación del 18 de octubre se
pagó el 50% del anticipo y el resto debía cancelarse con la ejecución de las
obras, que se debían realizar antes del 31 de diciembre de 2019, por lo que
no se comprometieron vigencias futuras.

22. La parte demandante formuló alegatos de conclusión3 en donde insistió
en la contradicción que existía porque en el proyecto para el cual se autorizó
el crédito público se mencionaba una vigencia hasta el 31 de diciembre,

2 Índice 30 SAMAI.
3 Índice 29 SAMAI.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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pero cuando el proyecto se presentó a la oficina asesora de planeación,
para ser radicado en el banco de proyectos, se indicó que el tiempo
estimado de ejecución de la obra eran veintidós meses, “lo que desborda la
figura crediticia de pignoración de recursos que exige que las obras se
ejecuten hasta el 31 de diciembre de la respectiva vigencia”. Por ello, insistió
en la falta de competencia de la Asamblea para autorizar a la Gobernación
para firmar un contrato que comprometía vigencias del año siguiente.

1.3. Sentencia de primera instancia

23. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante Sentencia de 11 de
mayo de 20224, denegó la nulidad solicitada. Identificó como problema
jurídico si la ordenanza era nula por violación del debido proceso, falta
motivación en todos los trámites del proyecto, falta de competencia de la
Asamblea para comprometer vigencias futuras y por violación de los artículos
345 y 158 de la Constitución, relativos al principio de unidad de materia y
legalidad del gasto. Asimismo, si el decreto era nulo por falsa motivación en
todos los trámites para obtener las facultades allí ejercidas.

24. Sostuvo el tribunal que los entes territoriales sí tenían competencia para
autorizar el compromiso de vigencias futuras, tanto ordinarias, como
extraordinarias. Adicionalmente, no encontró violación al debido proceso, ni
falsa motivación, porque se cumplieron todos los requisitos previstos en los
artículos 11 y 12 de la Ley 819 de 2003. Tras no encontrar vicios en la
ordenanza, declaró la validez del decreto, como consecuencia.

25. Concluyó que no se vulneraron el artículo 300 de la Constitución, ni la Ley
819 de 2003, porque las entidades territoriales sí tenían competencia para
comprometer vigencias futuras excepcionales, en razón, por una parte, de su
autonomía constitucional, que les permite adaptar las normas nacionales a
sus corporaciones públicas y, por otra parte, de la igualdad que existe entre
la Nación y las entidades territoriales, al no existir razones válidas que permitan
el trato diferente.

1.4. Recurso de apelación

26. El apoderado de la demandante presentó recurso de apelación5.
Acompañó el recurso de una solicitud de medidas cautelares. Alegó que los
hechos de la demanda se presumían ciertos, ya que la parte demandada no
contestó la demanda. Expuso que no procedía dictar sentencia anticipada,
porque se solicitó la práctica de pruebas. También, que no era cierto que las

4 Índice 2 SAMAI, doc. 29.
5 Índice SAMAI doc. 39.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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obras se hubieran ejecutado antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, sostuvo
que se trataría de vigencias futuras excepcionales. Sin embargo, adujo que
no era posible confundir las vigencias futuras con las facultadas dadas para
la pignoración de recursos públicos, figura esta que exige que las obras se
ejecuten antes del 31 de diciembre de la respectiva vigencia, mucho más
teniendo en cuenta que se terminaba el período de la gobernadora y de la
Asamblea y se comprometía al nuevo gobierno, lo que contrariaba el
carácter anual del presupuesto, con falta de competencia y las vigencias
futuras no estaban autorizadas en el último año de gobierno.

27. Argumentó que las operaciones de crédito público, al ser ingresos, no
requerían autorización de vigencias futuras, ni estaban prohibidas en el último
año de gobierno, pero ello no se predicaba de los gastos de inversión que se
financiarán con los recursos obtenidos del crédito, por lo que los bienes y
servicios contratados debían ser recibidos a satisfacción dentro de la misma
vigencia fiscal (antes del 31 de diciembre). Resaltó el contenido de la circular
26 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, cuando la
ejecución de los gastos superaba la vigencia fiscal, no se permitía la
constitución de la reserva, salvo vigencias futuras, no autorizadas, en todo
caso, en el último año de gobierno. No obstante, los bienes no se recibieron
durante la vigencia fiscal 2019, porque el 5 de octubre de 2020 no se habían
recibido a satisfacción. Por ello, solicitó la suspensión provisional del contrato
adicional de modificación n. 32 al contrato de concesión 229 de 21 de
noviembre de 2006. También solicitó la suspensión de obras y de la entrega
de dineros públicos, así como el reintegro de los remanentes de dineros
entregados al contratista. También que se suspendan las actas parciales de
obra y se hagan efectivas las pólizas de cumplimiento. Así mismo, pidió la
suspensión provisional de la ordenanza y del decreto demandados y reiteró
la solicitud de pruebas formulada en primera instancia.

28. Presentaron alegatos de conclusión6 y el apoderado de la demandante7.
El. El Ministerio público no rindió concepto.

29. Mediante Auto de 31 de octubre de 2023, se negó la solicitud de medidas
cautelares, así como del decreto de pruebas8. Respecto de las medidas
cautelares se consideró “que la parte actora no sustentó de manera clara la
petición, tampoco especificó concretamente las normas superiores que
invocaba como violadas, ni aportó las pruebas conforme con las cuales
debían confrontarse los actos demandados para estudiar la procedencia de
la medida cautelar”. En cuanto a las pruebas, algunas de ellas fueron

6 Folios 236-244 cuaderno principal.
7 Folios 245-253 cuaderno principal.
8 Índice SAMAI 00011.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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decretadas durante la primera instancia y otras no eran procedentes en
segunda instancia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán. 2.2. Análisis
sustantivo. 2.3. Costas.

2.1. Síntesis, delimitación de la controversia y decisiones que se adoptarán

30. Se encuentran reunidos los presupuestos procesales para proferir una
decisión de fondo. La nulidad es la acción procedente para cuestionar actos
administrativos de contenido general, como lo es la Ordenanza
departamental. Aunque el Decreto de la gobernadora es un acto
administrativo de contenido particular, al autorizar la celebración concreta
del contrato con determinada entidad financiera, la acción de nulidad
simple también resulta procedente ya que, de acuerdo con los móviles y
finalidades del grupo de demandantes, con la demanda no se persigue, ni
de la nulidad resultaría, el restablecimiento automático de un derecho
subjetivo para el demandante o para un tercero (art. 137.1 del CPACA). La
acción de nulidad simple general no se somete a término de caducidad
alguno, ni exige una legitimación especial en la causa.

31. Esta Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
la nulidad, porque (1) la Asamblea departamental sí tenía competencia para
comprometer vigencias futuras y, en desarrollo de ellas, la Gobernadora
tenía, igualmente, competencia para autorizar la celebración del contrato.
(2) No se demostró la desviación del poder insinuada. (3) Tampoco se
configuró el desconocimiento de normas superiores.

32. Aunque la demanda es particularmente confusa, de su interpretación se
deduce que se alegaron los siguientes vicios en los actos administrativos
cuestionados: en primer lugar, falta de competencia “de la Asamblea
Departamental, para extender la ejecución de la vigencia presupuestal (…) En
Colombia el tipo de presupuesto es de caja, su programación evita la extensión de la
ejecución en el tiempo, presupuestos de caja o de periodos, no se alarga la anualidad
del presupuesto por falta de competencia en este caso de la Asamblea Departamental,
las reservas son excepcionales vigencias futuras ordinarias y las excepcionales”9. Por lo
tanto, aseguró que ello implicaba “que los bienes y servicios contratados deben ser
recibidos a satisfacción por la entidad territorial antes del 31 de diciembre de la vigencia
fiscal (2019). Para los casos en que la entidad y territorial prevea que los bienes y servicios
contratados se van a recibir después de la vigencia en curso, el artículo 12 de la ley 819
de 2003 establece que se debe recurrir al mecanismo de las vigencias futuras, el cual en

9 P. 45 de la demanda.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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todo caso no está autorizado en el último año del período de gobierno”10. En segundo
lugar, pareciera alegarse la desviación del poder, ya que se afirma que la
operación contractual que se tramitó con los actos administrativos
demandados se realizó durante las prohibiciones de la ley de garantías
electorales ya que “la administración que tramitó el contrato tenían (sic) candidato
directo que tenía problemas económicos de financiación y sus recursos podían alterar
la elección de gobernador”11. También se alegó que la Ordenanza era nula por
desconocimiento de normas superiores, “por violación de los requisitos de la Ley
1483 de 2011 y su Decreto Reglamentario 2267 de 2012, en su artículo primero, segundo
inciso corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los
proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de inversiones
del Plan de Desarrollo”12. Consideró, finalmente, que el Decreto de la
Gobernadora modificó o alteró el presupuesto, sin tener competencia para
ello.

33. El demandante alegó, respecto del Decreto de la Gobernadora, “falsa
motivación en todos los trámites, ante la ilegalidad de los trámites previos”,
aunque no resulta fácil comprender la falsa motivación alegada. En igual
sentido, en diversas partes, de manera confusa, utilizó expresiones como
abuso de poder, falsa motivación en los trámites del proyecto, debido
proceso, unidad de materia, legalidad del gasto, “vías de hechos
distorsionados, engañosos, contrarios a la realidad”13. También afirmó que
aprobaron “cosas tan contradictorias entre sí”14. Sin embargo, ante la falta
de claridad de la demanda y de argumentación suficiente, no es posible
extraer de tales expresiones verdaderos cargos de nulidad que permitan
desarrollar un juicio de validez frente a los actos administrativos.

34. La primera instancia utilizó algunas de las expresiones utilizadas, mas no
desarrolladas o fundamentadas en la demanda, para realizar un examen de
validez que, en cierta medida, se asemeja más a un control integral y oficioso,
que a uno propio de la acción de nulidad de actos administrativos. Por ello,
la sentencia de primera instancia revisó, oficiosamente, si cada una de las
etapas previas a la expedición de los actos administrativos se encontraba
ajustada al ordenamiento jurídico y si los hechos allí expuestos eran ciertos o
no. No bastaba con que, de manera inconexa, la demanda invocara el
debido proceso administrativo, para que la primera instancia revisara cada
una de las etapas desarrolladas y verificara el cumplimiento de todos los
requisitos legales previstos en abstracto.

10 P. 45 de la demanda.
11 P. 22 de la demanda.
12 P. 65 de la demanda.
13 P. 49 de la demanda.
14 P. 50 de la demanda.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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35. Al respecto, debe recordarse que los procesos contra actos
administrativos responden a la regla técnica de la justicia rogada, con
fundamento constitucional y legal.

36. El fundamento constitucional de la regla de la justicia rogada
corresponde a la separación entre las ramas del poder (art. 113 C.P.), que
implica, por una parte, que los jueces no se conviertan en superiores
jerárquicos de las autoridades administrativas, es decir, que no suplanten a
las autoridades administrativas en la toma de decisiones, lo que podría ocurrir
en controles que sean, en cierta medida, oficiosos y, por otra parte, que las
autoridades públicas no excedan sus competencias constitucionales, en este
caso, las atribuciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para
resolver los litigios y controversias que son sometidos por las partes a su
decisión. Por ejemplo, que el Consejo de Estado deje de ser tribunal supremo
de lo Contencioso Administrativo (art. 237.1 C.P.) para convertirse en una
autoridad administrativa revisora de actos administrativos.

37. El fundamento legal de la regla de la justicia rogada es, igualmente,
doble: se trata de la presunción de legalidad de los actos administrativos (art.
88 CPACA) que invierte la carga de la prueba para situarla en cabeza de los
demandantes y que consiste en el deber de desvirtuar la presunción de
validez. La consecuencia de tal presunción es el requisito de la demanda de
indicar las normas violadas y de indicar el concepto de la violación, (art. 162.4
CPACA), esto es, de explicar y argumentar cuáles son los vicios en los que se
encuentra incurso el acto administrativo (art. 137 inciso 2 CPACA).

38. Ahora bien, la regla de la justicia rogada no implica formalismos que
contrariarían el mandato constitucional de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal (art. 228 C.P.), razón por la cual, aunque la carga
de cuestionar la validez presunta del acto administrativo pesa únicamente
sobre el demandante, el juez debe interpretar la demanda y no exigir, por
ejemplo, la utilización de formas rituales o de las palabras exactas que
indiquen la causal de nulidad invocada, siempre y cuando ello se deduzca
del concepto de la violación. Al tratarse la nulidad simple de una acción
pública, esto es, en defensa del interés general presente en el respeto del
ordenamiento jurídico, no se exige legitimación en la causa alguna, pero ello
no implica que el control se convierta en oficioso o que, en las acciones en
defensa del ordenamiento jurídico, el juez pueda superar el marco
competencial dado por la demanda, con la excepción de los vicios más
graves, relacionados con la inconstitucionalidad, la violación de derechos
fundamentales y la falta de competencia. Por lo anterior, esta Subsección se
limitará a examinar los vicios que, luego de interpretar la demanda, se
concluye que fueron alegados por las personas demandantes.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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39. Para fundamentar la decisión que confirmará la negativa de la nulidad
solicitada, se examinará, en primer lugar, el vicio relativo a la falta de
competencia para el compromiso de vigencias futuras. A continuación, se
juzgará lo relativo a la desviación del poder. Finalmente, se evaluará la
violación indicada de normas superiores.

2.2. Análisis sustantivo

40. La Ordenanza 97 de 22 de agosto de 201915, proferida por la Asamblea
Departamental del Magdalena dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gobernadora del Departamento del Magdalena
hasta el 31 de Diciembre del año 2019, para celebrar empréstitos hasta por un monto
de VEINTISEIS MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($26.000.000.000) con la finalidad de
amparar la ejecución de las obras que corresponden al proyecto de inversión
denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ALCANCE BÁSICO
DEL PROYECTO PLAN VIAL DEL NORTE ENTRE LAS ABSCISAS 90 +300-94+000 DE LA
DOBLE CALZADA (SECTOR CURINCA-MAMATOCO).
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Gobernadora del Departamento de Magdalena,
para la celebración y realización DE LAS OPERACIONES CONEXAS A LAS
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO, que resulten necesarias para la correcta
ejecución del proyecto de inversión (…).
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la Gobernadora del Departamento del Magdalena
para pignorar las rentas provenientes de la sobretasa al ACPM hasta por un plazo
máximo de diez años (10) como garantía del pago del empréstito que se llegare a
suscribir para amprar la ejecución de las obras que corresponden al proyecto de
inversión (…)”.

41. Aunque la demanda no individualizó los cargos de nulidad, de su
interpretación conjunta, con la Ordenanza 97, se concluye que, en realidad,
la acusación de falta de competencia se refiere, únicamente, al artículo
tercero, ya que es allí donde, al garantizar el pago del empréstito autorizado
en el artículo primero, se estarían comprometiendo vigencias presupuestales
de los diez años siguientes. Por el contrario, los artículos primero y segundo se
refieren a la competencia constitucional de las asambleas departamentales
para la autorización de celebración de contratos y negoción de empréstitos
(art. 300.9 de la Constitución).

42. La apelación, reiteró los argumentos de la demanda, por lo que la
competencia de la segunda instancia se refiere a los cargos de nulidad
planteados al cuestionar los actos administrativos. Adicionalmente, alegó la
apelación que los hechos de la demanda se presumían ciertos, al no haber

15 Documento 53 carpeta de pruebas SAMAI.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
_____________________________________________________________________________________________________________________________
existido contestación de la demanda. Al respecto, debe precisarse que la
consecuencia de la falta de contestación de la demanda, prevista en el
artículo 97 del Código General del Proceso no puede predicarse de procesos
relativos a la validez de actos administrativos, ya que, en estos, la causa
petendi no es fáctica, sino jurídica y se trata de un contencioso objetivo de
contraste normativo, en el que el juez debe cotejar el acto administrativo con
las normas superiores. En este sentido, la falta de contestación de la
demanda no altera el juicio de validez, de manera favorable o desfavorable
y no podría fundamentar, de manera válida, una decisión de nulidad de un
acto administrativo.

43. En efecto, el presupuesto de las entidades públicas, como en este caso,
el Departamento, se compone de previsiones de ingresos y de habilitaciones
de gasto sobre los recursos que se proyecta percibir (rentas y apropiaciones).
De allí que, las rentas que se percibirían, por concepto de sobretasa al ACPM,
durante los años venideros, hacen parte de la previsión presupuestal y, en
particular, se trata de comprometer esta fuente de recursos para respaldar el
pago del empréstito contratado. Es un compromiso de gasto, con cargo al
patrimonio departamental, razón por la cual, el artículo 3 demandado sí
constituye un compromiso de vigencias presupuestales futuras.

44. De acuerdo con el artículo 346 de la Constitución, los presupuestos
públicos responden, entre otros, al principio de anualidad el que riñe con
compromisos presupuestales que superen dicho período. A pesar de tratarse
el artículo 346 de la Constitución de una norma referida al presupuesto
nacional, se ha entendido, de manera pacífica, que dichas normas de
planeación y de presupuesto se aplican, mutatis mutandis, a las entidades
territoriales, razón por la cual, el numeral 5 del artículo 300 de la Constitución,
establece como función de la Asamblea expedir “el presupuesto anual de
rentas y gastos”. Por su parte, el Estatuto Orgánico del Presupuesto,
compilado mediante el Decreto 111 de 1996, es aplicable, de manera
adaptada, a las entidades territoriales. Allí se reiteró el principio de anualidad
presupuestal (art. 10 y12). El artículo 14 del Decreto 111 de 1996 dispuso el
contenido del principio de anualidad, de la siguiente manera: “El año fiscal
comienza el lo de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de
diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal
que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos
caducarán sin excepción”. No obstante, en aplicación del principio de
planeación y como atenuación del principio de anualidad, los artículos 23 y
24 del Estatuto previeron la posibilidad, condicionada, de comprometer
vigencias futuras. Las primeras, previstas en el artículo 23, se denominan
vigencias futuras ordinarias, y se caracterizan porque su apropiación debe
comenzar en la vigencia fiscal en la que fueron autorizadas, mientras que las

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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vigencias futuras excepcionales, previstas en el artículo 24, comienzan a surtir
efectos luego del año fiscal en el que fueron aprobadas. Por ello, los requisitos
para la aprobación de las segundas son más exigentes.

45. El artículo 12 de la Ley 819 de 2003 autorizó, de manera expresa, que las
entidades territoriales comprometieran vigencias futuras ordinarias, con los
siguientes requisitos: (1) aprobación del Confis territorial, (2) solicitud del
gobierno local, (3) aprobación de la asamblea o concejo, (4) la ejecución
debe iniciar con el presupuesto de la vigencia en curso, en, al menos, 15%,
(5) el objeto del compromiso debe ejecutarse en cada una de las vigencias,
(6) su monto, plazo y condiciones debe consultar las metas plurianuales del
marco fiscal de mediano plazo, (7) si el proyecto involucra inversión nacional,
debe haber concepto favorable del DNP, (8) los proyectos deben
encontrarse en el plan de desarrollo respectivo, (9) no puede excederse la
capacidad de endeudamiento de la entidad territorial; (10) las vigencias
futuras no podrán exceder el período de gobierno, salvo que se trate de
proyectos de gastos de inversión que el Consejo de Gobierno los hubiere
declarado de importancia estratégica; (11) dichas vigencias futuras no
podrán aprobarse en el último año de gobierno del alcalde o gobernador,
salvo la celebración de operaciones conexas de crédito público.

46. Aunque la Ley 819 de 2003 únicamente autorizó el compromiso de
vigencias futuras ordinarias, la jurisprudencia entendió que también existe la
posibilidad de comprometer vigencias futuras excepcionales16. Se trató de
un cambio jurisprudencial tomado en consideración de los principios de
autonomía territorial en materia presupuestal y de igualdad entre la Nación y
los entes territoriales. Sin embargo, también se ha entendido que dicha
habilitación jurisprudencial es aplicable solamente hacia el futuro17 y, por lo
tanto, no convalida los vicios de los actos administrativos expedidos con
anterioridad, en vigencia de la posición jurisprudencial según la cual los entes
territoriales únicamente pueden comprometer vigencias futuras ordinarias. En
todo caso, debe resaltarse que el legislador autorizó expresamente las
vigencias futuras excepcionales en los presupuestos de las entidades
territoriales, mediante la Ley 1482 de 2011.

47. En el caso bajo estudio, se trató de una autorización de vigencias futuras
ordinarias, considerando que las operaciones de crédito que debían
respaldarse con la pignoración de la sobretasa sobre el ACPM se empezarían
a ejecutar en el año fiscal presupuestado, esto es, en 2019, lo que, en efecto

16 Consejo de Estado, Secc. 1, Sentencia de 1 de febrero de 2018, exp. 08001-23-31-000-2010-

00987-01.
17 Consejo de Estado, Secc. 1 – Secc. 5 en descongestión-, Sentencia de 31 de mayo de 2018,

Exp. 76001-23-31-000-2011-00253-01.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
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Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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ocurrió, tras la autorización de suscripción del contrato de empréstito con el
Banco Popular que, en desarrollo de la autorización de la Asamblea, realizó
la gobernadora mediante el Decreto 415 de 24 de septiembre de 2019, aquí
también cuestionado. No les asiste razón a los demandantes al pretender que
el objeto del contrato debía agotarse y cumplirse dentro del año de vigencia
presupuestal, porque ello es contrario a la figura misma de las vigencias
futuras.

48. En este sentido, sí tenía competencia material la Asamblea
departamental para autorizar el compromiso de vigencias futuras ordinarias,
sin que sea posible, en virtud de la regla de la justicia rogada, verificar
oficiosamente si se cumplió o no, cada uno de los requisitos previstos en la ley
para la validez de las vigencias futuras ordinarias, ya que el cargo se contrae
a la falta de competencia. Sin embargo, la demanda plantea,
adicionalmente, que la falta de competencia se derivaría, igualmente, de la
prohibición de comprometer vigencias futuras en el último año de gobierno
del ejecutivo local, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 12
de la Ley 819 de 2003. En este sentido, debe evaluarse si la Asamblea
disponía, igualmente, de competencia temporal. Dicha norma dispuso:

“En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia
futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto
la celebración de operaciones conexas de crédito público”.

49. Contrario a lo sostenido por la demanda, la Asamblea sí se encontraba
habilitada para comprometer las vigencias futuras, considerando que, si bien
se trataba del último año del período de la gobernadora (2016-2019), la
pignoración de la sobretasa sobre el ACPM era una operación conexa de
crédito público, de acuerdo con la definición dada por el artículo 6 del
Decreto 2681 de 199318, compilado en el Decreto 1068 de 2015, único
reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público. Allí se prevé, en el
artículo 2.2.1.1.3, que se entiende por operación conexa, entre otras, la que
constituye “un medio necesario para: el otorgamiento de garantías o
contragarantías a operaciones de crédito público”. En este caso, se trataba
de garantizar el cumplimiento del empréstito contratado con un plazo de 10
años (parágrafo 2 del Decreto departamental 415 de 2019) y resulta de la
lógica que, sin las correspondientes garantías, no hubiera sido posible
acceder a los recursos del empréstito. En tales condiciones, la Asamblea
departamental se encontraba habilitada para el compromiso de vigencias
futuras ordinarias.

18“Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de
manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las
mismas”.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
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Magdalena
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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50. El decreto de la gobernadora fue, igualmente, acusado de invalidez,
porque para el demandante modificó, sin competencia para ello, el
presupuesto departamental. Este cargo será descartado, porque se
construyó a partir de una indebida interpretación del contenido de dicho
acto administrativo. En efecto, el Decreto departamental 415 de 2019
dispuso, en su artículo primero, la autorización para la celebración del
contrato de empréstito con el Banco Popular, bajo condiciones allí previstas.
En su artículo segundo, dispuso que el empréstito sería garantizado por el
encargo fiduciario que administra la sobretasa del ACPM, durante la vigencia
de la deuda. En este sentido, el contenido del acto administrativo no es más
que la concretización de las habilitaciones realizadas mediante la Ordenanza
97 de 2019. Así, tras interpretar de manera indebida el acto administrativo
demandado, la acusación no logra desvirtuar la presunción de legalidad.

51. Aunque de la demanda se desprende que existe una discusión acerca
de la veracidad de que los objetos contractuales y presupuestales se
ejecutarían durante el año fiscal 2019, ello resulta irrelevante, considerando
que se concluyó que se trata de vigencias futuras ordinarias y que se disponía
de competencia para comprometerlas. Igualmente, el demandante
pretende que los incumplimientos o retardos en el contrato invaliden los actos
administrativos. Al respecto, debe precisarse que la validez de los actos
administrativos no se afecta, de manera alguna, por las incidencias
posteriores a su perfeccionamiento y que se encuentran en el plano de la
eficacia, mas no de la validez.

52. Respecto de la acusación de desviación del poder, que consistiría en
que la ordenanza y el decreto buscarían favorecer a un candidato a la
gobernación “que tenía problemas económicos de financiación”, encuentra
la Subsección que se trata de una insinuación carente de soporte probatorio,
por lo que no afecta la presunción de legalidad de dichos actos
administrativos. La desviación del poder, de las competencias o atribuciones
jurídicas es un vicio grave que consiste en la utilización de dichas atribuciones
para fines de interés particular y, por lo tanto, se trata de una forma de abuso
del derecho y de corrupción. Aunque la prueba del desvío del poder puede
resultar difícil, considerando que apunta a los elementos causales del acto
administrativo, es decir, a las verdaderas razones que impulsaron la adopción
del acto administrativo, las que, en principio, no se encuentran explícitas en
la motivación, lo cierto es que, al respecto, existe libertad probatoria, por lo
que, incluso, podría acudirse a pruebas indiciarias. Sin embargo, tal vicio no
resultó probado en este caso.

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Radicación: 47-001-2333-000-2020-00676-00 (68965)
Demandante: Hubert Ramírez Pineda y otros.
Demandado: Ordenanza 97 del 22 de agosto de 2019 -
Asamblea del Magdalena- y Decreto 415 del
24 de septiembre de 2019 – Gobernadora de
Magdalena
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Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
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53. Finalmente, la demanda alegó el desconocimiento de normas
superiores, “por violación de los requisitos de la Ley 1483 de 2011 y su Decreto
Reglamentario 2267 de 2012, en su artículo primero, segundo inciso corporación de
elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la
vigencia futura no están consignados en el Plan de inversiones del Plan de Desarrollo ”19.
Esta acusación no tiene vocación de prosperar, por sustracción material,
considerando que las vigencias futuras comprometidas eran ordinarias, razón
por la cual, no se requería cumplir las exigencias propias de las vigencias
futuras extraordinarias, previstas en la Ley 1482 de 2011.

54. Por todo lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia que
negó la nulidad solicitada, pero por las razones aquí expuestas.

2.6. Costas

55. Al tratarse la nulidad simple de un mecanismo de interés público, no
existe condena en costas.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia, proferida el 11 de
mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Magdalena, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: sin costas

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
• Aclaración de voto- - Aclaración de voto-

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 P. 65 de la demanda.

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