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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2021-00050-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2021-00050-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar por los motivos señalados en esta providencia, la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, del 12 de febrero de 2025. 2. No imponer condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 47001-23-33-000-2021-00050-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 47001-23-33-000-2021-00050-01 (30093)
Demandante DAPLAT & CÍA LTDA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Sanción por no enviar información del año 2014. Notificación
de los actos administrativos. Excepción de caducidad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 12 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 005, que decidió1:

PRIMERO: DECLARAR configurada la excepción de caducidad dentro del presente
medio de control, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previa expedición del pliego de cargos2, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), profirió la resolución sanción 192412018000087 del 07 de
noviembre de 20183, a través de la cual le impuso a la sociedad Daplat & Cía. Ltda.
(DAPLAT) la sanción por no enviar información de que trata el literal a) del artículo
651 del Estatuto Tributario, por no transmitir información exógena correspondiente
al año gravable 2014. Contra este acto DAPLAT no interpuso recurso de
reconsideración.

La Administración inició proceso de cobro coactivo de la anterior sanción, con la
expedición del mandamiento de pago 20190302000201 de 06 de agosto de 20194
y, a través de la resolución 20190309000141 del 11 de octubre de 20195, ordenó
seguir adelante con la ejecución.

El 20 de noviembre de 2019, DAPLAT interpuso solicitud de revocatoria directa contra
la resolución sanción 192412018000087 de 07 de noviembre de 2018, el
mandamiento de pago 20190302000201 de 06 de agosto de 2019 y la resolución
20190309000141 del 11 de octubre de 2019. Esta solicitud fue resuelta, negando la
revocatoria, a través de la resolución 00019 del 7 de enero de 2021 6.

1
Samai del tribunal, índice 36.
2
Folio 66, archivo 2014 2017 280 Folios 45 al 66, expediente Resolución Sanción, Caa. El contribuyente no presentó
respuesta al pliego de cargos.
3
Folio 84, archivo 2014 2017 280 Folios 75 al 87, expediente Resolución Sanción, Caa.
4
Folio 23, archivo Antecedentes Administrativos, Caa.
5
Folio 29, archivo Antecedentes Administrativos, Caa.
6
Folio 112, archivo Antecedentes Administrativos, Caa.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2021-00050-01 (30093)
Demandante: Daplat & Cía Ltda

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones7:
De acuerdo a los hechos expuestos y el fundamento de derecho, solicito a usted honorable
magistradas (sic):
1. Se declara la nulidad del siguiente acto administrativo
Resolución sanción número 192412018000087 de fecha 7 de noviembre de 2018.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – SECCIONAL SANTA MARTA, notificar en
debida forma los actos administrativos, desde el pliego de cargos, para que DAPLAT & CIA
LTDA, tenga la oportunidad de defenderse, en cumplimiento con lo reglamentado en el
Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento Administrativo de y de Contencioso
Administrativo, y los principios constitucionales del Estado Social de Derecho 8.

La demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución
Política; 565, 568 y 683 del Estatuto Tributario. Los conceptos de violación se
resumen a continuación.

Afirmó que le fueron vulnerados sus derechos al debido proceso9, contradicción, y
defensa, y que la Administración omitió la aplicación del espíritu de justicia que debe
regir las actuaciones administrativas (artículo 683 del Estatuto Tributario), toda vez
que el trámite de notificación del pliego de cargos y la resolución sanción fue
irregular, y por ello no pudo conocer a tiempo el contenido de los actos, ni dar
respuesta a los mismos o interponer el recurso de reconsideración. Para el efecto
citó los artículos 565, formas de notificación de las actuaciones administrativas de
impuestos, y 568, notificaciones devueltas por correo, del Estatuto Tributario.

Explicó que su dirección siempre ha correspondido al kilómetro 9 carrera troncal vía a
Ciénaga, y señaló que así consta en su RUT10, en la escritura pública del inmueble,
en la licencia de construcción que se expidió en su momento, entre otros
documentos. Añadió que a esa dirección han enviado comunicaciones entidades
tales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Industria
y Comercio, las empresas de servicios públicos, entre otras.

Indicó que, para enviar la correspondencia en el marco del proceso sancionatorio,
la DIAN contrató a la empresa de mensajería Inter Rapidísimo, la cual no cumplió
con el deber de notificar correctamente. Relató que dicha empresa devolvió la guía
con la anotación de que la dirección no existía, llevando erróneamente a la
Administración a efectuar la notificación de los actos a través de la publicación de
estos en su sitio web. Precisó que, en relación con la causal de devolución de la

7
Samai del tribunal, índice 48, relativo a la demanda. Samai, índice 10, sobre la subsanación de la demanda. El Tribunal
inadmitió la demanda (Samai del tribunal, índice 2) por cuanto se solicitó la anulación del pliego de cargos
192382018000051 del 18 de abril de 2018; del mandamiento de pago 20190302000201 del 06 de agosto de 2019; y de
la resolución 0019 del 07 de enero de 202, que niega la revocatoria directa. Al respecto señaló que se trata de actos que
no son pasibles de control judicial, por corresponder a actos de trámite. En cumplimiento de lo anterior, la demandante
presentó la demanda subsanada, que fue admitida como consta en el aplicativo Samai del tribunal, índice 7.
8
Pretensiones subsanación de la demanda.
9
Citó la sentencia C-214 de 1994 de la Corte Constitucional.
10
Registro Único Tributario.

2
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Radicado: 47001-23-33-000-2021-00050-01 (30093)
Demandante: Daplat & Cía Ltda

citación por correo no se evidencia ningún tipo de labor de supervisión por parte de
la DIAN. Reiteró que la dirección informada en el RUT era correcta, siendo este
además el lugar donde otras entidades la hallaban para efecto de notificar sus actos.

Señaló que el régimen de notificaciones del Estatuto Tributario exige como
mecanismo principal11 adelantar la notificación personal, con lo cual, la notificación
a través de la publicación del acto administrativo en el portal web únicamente opera
de manera secundaria en aquellos eventos en que el contribuyente incumple con el
deber de informar adecuadamente su dirección, lo que no ocurrió en su caso.
Insistió en que la falla fue de la empresa de mensajería contratada por la DIAN, con
lo cual no debe ella soportar las consecuencias jurídicas de la indebida notificación,
sino que debe concluirse que el trámite fue irregular.

Para contrastar lo anterior, puso de presente que la empresa que se contrató para
el envío de correspondencia de los actos relativos al procedimiento de cobro
coactivo, 472 Servicios Postales Nacionales S.A., sí llevó las notificaciones a la
dirección correcta, siendo esta la misma dirección a la cual asistió la funcionaria de
cobranzas de la DIAN, que realizó la visita del 17 de octubre de 2019.

Sostuvo que, pese a que la situación expuesta le fue planteada a la Administración
por medio de la solicitud de revocatoria directa, se desestimaron los argumentos y
se confirmó la resolución sanción.

Explicó, por un lado, que no le fue posible interponer el recurso de reconsideración,
ya que el conocimiento de la actuación ocurrió hasta el inicio del proceso de cobro
coactivo. Por ello, dijo que siguiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado12
no es posible considerar configurada la excepción de caducidad. Por otro, citó el
numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, que indica que la demanda exige
el agotamiento previo de la discusión en vía administrativa, salvo en los eventos en
que las autoridades no hubieran dado la oportunidad para la interposición de los
recursos procedentes, como ocurrió en este caso.

Se pronunció sobre el asunto de fondo, afirmando que no cometió la conducta
sancionable, dado que trasmitió la información exógena relativa al año 2014 a través
del portal de la Administración, pero que al cargar los datos cometió el error de
asociarlos al año 2015. Explicó que eso constituyó un error de digitación que no
afecta la labor de fiscalización de la DIAN, así que, en sana lógica, no era posible
concluir que incurrió en la omisión que se sanciona.

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones13 y explicó que los actos se expidieron con
arreglo a las normas en que debían fundarse, y con respecto del debido proceso y
demás garantías procesales en favor de la demandante.

Afirmó que en la demanda no se determinó de manera concreta cómo fueron
violadas las normas citadas, sino que DAPLAT se limitó a hacer afirmaciones
genéricas y ambiguas14.

11
Citó la sentencia C-012 de 2013 de la Corte Constitucional.
12
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 27 de marzo de 2014, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas (no identificó el número de expediente).
13
Samai del tribunal, índice 10.
14
Citó el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

3
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Sostuvo que la actuación de la administración goza de presunción de legalidad, y
que el acto sancionatorio explica de manera clara y detallada los motivos por los
cuales se entendió configurada la omisión en el envío de la información exógena
correspondiente al período gravable 2014.

A título de excepciones previas propuso las que denominó «caducidad de la acción», y
«correcta motivación de los actos administrativos expedidos por la DIAN». Sobre la primera,
señaló que la demanda se interpuso con posterioridad a los cuatro meses siguientes
a la notificación del acto administrativo objeto de control15. Precisó que el pliego de
cargos y la resolución sanción se notificaron mediante la publicación de estos en el
sitio web de la DIAN, los días 17 de mayo de 2018 y 26 de diciembre del mismo año,
respectivamente, pues la empresa de mensajería Inter Rapidísimo devolvió los
correos enviados para efectos de la notificación personal bajo el motivo de «dirección
incompleta».

Sobre la afirmación de la demandante según la cual era deber de la Administración
inspeccionar y vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones por parte de las
empresas de mensajería que contrata, indicó que en el expediente estaba
acreditado que cumplió con la carga de enviar la correspondencia a la dirección
informada en el RUT, con lo cual, una vez devuelta la comunicación era procedente
notificar a través del mecanismo de publicación del aviso en el sitio web, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario.

Sostuvo que es claro que la demandante no presentó de manera oportuna ni en
debida forma la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, en los términos
que exige el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Explicó que, sin perjuicio de lo mencionado antes sobre la notificación, el hecho
número 25 de la demanda puede considerarse una confesión libre y espontánea,
con efectos negativos para la demandante, toda vez que en el mismo DAPLAT está
señalando que recibió los actos administrativos emitidos por la división de
cobranzas, conociendo para ese momento del proceso sancionatorio, esto es el día
6 de septiembre de 2019.

Agregó que el 12 de septiembre de 2019 la demandante solicitó copias del
expediente 201901958, por medio del cual se desplegó el procedimiento de cobro,
las cuales se suministraron el 18 de septiembre de ese mismo año, y que, después
de todo lo anterior, DAPLAT presentó solicitud de revocatoria directa, el 20 de
noviembre de 2019, la cual se resolvió negativamente el 07 de enero de 2021, con
lo cual era evidente que había operado la caducidad de la acción.

Finalmente solicitó condenar en costas a la demandante16.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, negó las pretensiones de
la demanda y no condenó en costas, con base en los siguientes aspectos.

Explicó que de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se pudo
constatar que la DIAN no incurrió en un error en el trámite de notificación del pliego
de cargos y de la resolución sanción. En primer lugar, precisó que la dirección de

15
Citó el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
16
Citó los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011; 365 y 366 del Código General del Proceso.

4
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notificaciones correspondía al «Kilómetro 9 carretera Troncal Vía Ciénaga, Magdalena», y
destacó que no era relevante si otras entidades habían podido utilizar esa dirección
para efecto de sus comunicaciones, sino analizar si la DIAN tomó las medidas que le
impone la legislación tributaria sobre notificaciones, para garantizar la protección
del debido proceso de la demandante.

En segundo lugar, sostuvo que la correspondencia contentiva del pliego de cargos
y de la resolución sanción fue dirigida a la anterior dirección, motivo por el cual no
era procedente aplicar la regla dispuesta en el artículo 567 del Estatuto Tributario,
conforme con la cual los envíos realizados a una dirección errada le imponen a la
DIAN el deber de volver a hacer la remisión de estos a la dirección correcta.

Añadió que el motivo de devolución que quedó plasmado en la constancia de la
empresa de mensajería fue el de «dirección incompleta», y «falta de datos de ubicación»,
los cuales escapan a la voluntad de la Administración, y, que, por esto, se debía
continuar con el trámite de notificación de los actos bajo el mecanismo de la
publicación del aviso en el sitio web de la DIAN. Indicó que, además, en el expediente
obra una constancia de notificación electrónica de los actos, de modo que, con esto
la Administración garantizó la publicidad de estos, pues no se limitó a fijar el aviso
correspondiente, sino que también se enviaron al correo electrónico.

Explicó que, al amparo del artículo 568 del Estatuto Tributario, las actuaciones de
la DIAN enviadas por correo físico, que por cualquier motivo sean devueltas, se
deben notificar por aviso. Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado17 ha
sido consistente en señalar que para que se pueda pregonar una indebida
notificación en el evento de la devolución de un correo, se deben haber surtido
actuaciones previas en esa misma dirección. Pero en el caso concreto, las
actuaciones que alega la demandante son posteriores a la devolución del correo,
siendo estas las de cobro, entre ellas la visita del 17 de octubre de 2019.
Así, encontró configurada la excepción de caducidad, pues al haberse notificado la
resolución sanción en diciembre del año 2018, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se debía presentar dentro de los cuatro meses
siguientes, es decir, en el curso del año 201918. Precisó que la solicitud de
revocatoria directa no tuvo el efecto de revivir los términos para demandar19.
Finalmente dispuso no imponer condena en costas porque no se causaron y porque
la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal 20, ni en
ejercicio de una conducta temeraria o de mala fe21.
Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la
anterior decisión22, porque en su opinión el tribunal erró al concluir que la
Administración realizó correctamente el trámite de notificación del pliego de cargos
y de la resolución sanción, contando desde la fecha de notificación de este último
acto el término para interponer demanda y concluyendo entonces que operó la
caducidad del medio de control.
17
Citó las sentencias de la Sección Cuarta, del 05 de diciembre de 2024, exp. 26855, M.P. Wilson Ramos Girón; y del 05
de diciembre de 2024, exp. 28066, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18
Citó el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
19
Citó el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011.
20
Citó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
21
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, rad. 68001233300020130078501 (2009-2014),
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22
Samai del tribunal, índice 39.

5
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Señaló que de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso se pudo constatar que
ella si había cumplido con el deber de indicar la dirección para notificaciones en el
RUT, que además demostró que a esa dirección llegaba la correspondencia sin
ningún problema, que la anotación que se hizo con objeto de la devolución no fue
la de «dirección incompleta», y que, cuando la Administración cambió de empresa de
mensajería, si empezó a recibir las comunicaciones que le remitió la demandada.

Aseguró que, al amparo de los principios del estado social de derecho, debido
proceso y espíritu de justicia que deben aplicar los funcionarios; no era ella como
contribuyente la llamada a asumir las consecuencias del error incurrido por parte de
la empresa de mensajería que escogió la Administración.

Afirmó que el tribunal desconoció la jurisprudencia constitucional que predica que la
notificación por aviso en el sitio web de la DIAN, constituye un mecanismo subsidiario
de notificación, que solamente se puede utilizar cuando se ha agotado la notificación
personal23, e hizo énfasis en que esta se activa si el contribuyente incumple con su
carga de informar, en debida forma, la dirección de notificaciones. Resaltó que
cumplió con el deber de informar su dirección para notificaciones en el RUT.

Con fundamento en lo anterior, pidió declarar la nulidad de la resolución sanción, el
mandamiento de pago y la resolución que ordenó seguir adelante con la ejecución.

Oposición a la apelación

La demandada no se pronunció24.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público guardó silencio25.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la resolución sanción
192412018000087 de 07 de noviembre de 2018, por medio de la cual la DIAN impuso
a DAPLAT la sanción por no enviar información de que trata el literal a) del artículo
651 del Estatuto Tributario, dado que esta no suministró información exógena
correspondiente al año gravable 2014.

Para efectos de lo anterior, nótese que, si bien en el escrito de apelación se pide
revocar la sentencia de primera instancia, porque a juicio de la demandante no
operó la figura de caducidad, en dicho escrito se solicita adicionalmente declarar la
nulidad del mandamiento de pago y de la resolución que ordenó seguir adelante con
la ejecución.

Al respecto la Sección aclara que en primera instancia, por auto del 25 de mayo de
2021 el Tribunal Administrativo del Magdalena le había informado a la demandante
que el mandamiento de pago 20190302000201 del 06 de agosto de 2019 no era un
acto pasible de control judicial, por corresponder a un acto de trámite, y, en

23
Citó la sentencia C-012 de 2013 de la Corte Constitucional.
24
Constancia en Samai, índice 19.
25
Ibidem.

6
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cumplimiento de lo anterior, la demandante presentó la demanda subsanada,
limitando su pretensión a la nulidad de la resolución sanción.

En línea con lo anterior, en la subsanación de la demanda no se incluyeron
pretensiones relacionadas con la resolución que ordena seguir adelante con el
proceso de ejecución, de manera que, en virtud del principio de justicia rogada,
congruencia y debido proceso, no es posible un pronunciamiento sobre el particular.

Precisado lo anterior, el problema jurídico a resolver en esta providencia se centrará
en establecer si se configuró la excepción de caducidad para la interposición de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia. Para ello, se
examinará si el trámite de notificación de la resolución sanción se ajustó a los
mandatos previstos en el Estatuto Tributario.

Análisis del caso concreto

La demandante sostiene que el trámite de notificación del pliego de cargos y de la
resolución sanción fue irregular. Señaló que la Administración tenía conocimiento
de la dirección en que efectivamente ella recibía notificaciones, pero, pese a esto,
por un error imputable a la empresa de mensajería no se entregó la correspondencia
relativa a los anteriores actos.

Además, que la DIAN continuó equivocadamente con el mecanismo subsidiario de
notificación por publicación en su sitio web, incurriendo así en una violación al
debido proceso. Afirma que solamente pudo conocer de la actuación con el inicio
del proceso de cobro coactivo. En consecuencia, indicó que la contabilización del
término de caducidad que realizó el tribunal fue equivocada y que debe entenderse
como válida la demanda presentada.

Para resolver, se resaltar que el literal d) del numeral 2) del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, señala que las demandas con las que se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho de un acto administrativo se deberán presentar dentro
de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del respectivo acto. De manera que, para
determinar si ha operado la caducidad de ese medio de control, resulta relevante
establecer en primer lugar en qué momento se notificó el acto demandado.

En este caso, por tratarse de una resolución sanción, se tiene que, al amparo del
artículo 565 del Estatuto Tributario, los actos de la DIAN por medio de los cuales se
imponen sanciones se deben notificar electrónicamente, personalmente, o a través
de la red oficial de correos, o por medio de cualquier servicio de mensajería
especializada debidamente autorizado.

Adicionalmente, cuando se trate de la notificación por correo, el acto debe enviarse
a la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor
o declarante en el RUT, dado que este es el mecanismo único para identificar y ubicar
a los contribuyentes de los tributos administrados por la DIAN (artículo 555-2 del
Estatuto Tributario). Por esto la Corporación ha explicado en varias oportunidades
que es responsabilidad del contribuyente mantener actualizada la información en su
RUT26.

26
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 09 de mayo de 2024, exp. 27864, M.P. Milton Chaves García; y
del 13 de febrero de 2025, exp. 28659, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

7
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Demandante: Daplat & Cía Ltda

A su vez, el artículo 568 del mismo estatuto dispone que los actos enviados por
correo, que por cualquier razón sean devueltos, deben ser notificados por aviso, con
la transcripción de la parte resolutiva del acto, en el sitio web de la DIAN, y en un
lugar de acceso al público de la misma entidad. En todo caso, se aclara que «Lo
anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a
la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término
legal».

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que, en primer lugar, la Administración
debía notificar la resolución sanción por cualquiera de los mecanismos permitidos
en el artículo 565 ibidem; y que, en el caso de optar por la notificación por correo
físico (por oposición a la electrónica, que para la época de los hechos no era el
mecanismo principal), como mecanismo principal, debía enviar copia del acto a la
última dirección física registrada en el RUT y, en segundo lugar, que solo de manera
subsidiaria la DIAN debía acudir el mecanismo de notificación por aviso, en las
condiciones explicadas.
Considerando entonces el orden y los factores de los anteriores tipos de notificación,
se observa como hechos probados en el expediente los siguientes:
• Una vez iniciada la investigación por parte de la DIAN, se expidió el pliego de cargos
1922382018 del 17 de abril de 201827, el cual se ordenó notificar a la dirección informada por
DAPLAT en el RUT, esto es «KM 9 carretera Troncal Vía Ciénaga», en Magdalena. De acuerdo
con la guía de transporte28 expedida por la empresa de mensajería, el primer intento fallido de
entrega se realizó el 25 de abril de 2018, frente al cual dicha empresa dejó como anotación
«dirección incompleta, faltan datos de ubicación».
• A folio 75 Caa, consta una «certificación de publicación» en donde se indica que el pliego de
cargos se publicó el día 17 de mayo de 2018 en el sitio web de la DIAN.
• Luego, se expidió la resolución sanción 192412018000087 del 07 de noviembre de 201829, en
la que se ordenó notificar a la demandante según lo previsto en el artículo 565 del Estatuto
Tributario, esto es tomando la última dirección informada en el RUT, correspondiente a «KM 9
carretera Troncal Vía Ciénaga».
• En la guía de transporte expedida por la empresa de mensajería 30 consta como dirección del
destinatario «KM 9 Carr Troncal Vía Ciénaga». En este documento se señala como fecha del
primer intento fallido de entrega de la correspondencia, el 14 de noviembre de 2018, y se dejó
como observación «dirección incompleta, faltan datos de ubicación».
• Posterior a ello, la DIAN publicó el acto sancionatorio en su sitio web, frente a lo cual aportó un
documento denominado «certificación de publicación»31, en el que da constancia de la
publicación de la resolución sanción por el día 27 de diciembre de 2018.
• Culminado el proceso sancionatorio siguió el de cobro, con la respectiva expedición del
mandamiento de pago 20190302000201 del 06 de agosto de 201932; y la resolución
20190225001041 del 09 de agosto del 2019, por medio de la cual se ordenó continuar con la
ejecución, esto es el embargo de sumas de dinero33.
• La citación para notificación del mandamiento de pago se envió a la dirección «KM 9 Carr
Troncal Vía Ciénaga»34 el 14 de agosto de 2019. Posteriormente, a esa misma dirección se
hizo la notificación por correo el 29 de agosto de ese mismo año 35, con constancia de la guía
de correo del 06 de septiembre36 de 2019.

27
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. «II 2014 2017 280 Folios 67 al 70.pdf».
28
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. «II 2014 2017 280 Folios 71 al 74.pdf». Pág. 3.
29
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. «II 2014 2017 280 Folios 75 al 87.pdf». Pág. 16 a 21.
30
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. «II 2014 2017 280 Folios 88 al 90.pdf». Pág. 1 y 2.
31
Ibidem, Pág. 3 y 4.
32
Samai del tribunal, índice 10. Expediente digital. Carpeta «Expediente recaudo y cobranzas»; «DAPLAT -PARTE 1-
ENVIO A JURIDICA JUNIO 25-21.pdf». Pág. 11 y 12.
33
Ibidem, pág. 16
34
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. Pág. 29.
35
Pág. 30.
36
Pág. 32.

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• El 12 de septiembre de 2019, la demandante presentó ante la Administración un memorial37
en el que solicitó copia del expediente 201901958. La DIAN resolvió esta solicitud mediante
auto del 18 de septiembre de 201938 y acta de entrega de documentos de la misma fecha 39.
• Por otro lado, se precisa que la dirección de notificaciones de la demandante, «KM 9 Carr
Troncal Vía Ciénaga» corresponde a la registrada en su RUT40 para la época de los hechos.

Del anterior recuento se establecen dos aspectos relevantes; siendo uno que, la
DIAN ordenó notificar tanto el pliego de cargos como la resolución sanción a la
dirección informada en el RUT por DAPLAT. Con esto, podría pensarse que, una vez
devueltas las notificaciones, la Administración quedaba simplemente habilitada para
proceder a notificar por aviso.

Ahora bien, llama la atención un segundo aspecto de este caso y es que, si la causal
indicada por la empresa de mensajería para devolver los correos fue la de que a la
dirección le faltaban datos, la DIAN no hubiera realizado ningún tipo de labores para
establecer si se trataba de un simple error de la empresa de mensajería, o
efectivamente la dirección reportada en el RUT era incorrecta, como por ejemplo
investigar si a dicha dirección ya habían sido notificados otros actos administrativos
o realizar una verificación directa o indirecta (artículo 656 del Estatuto Tributario)
para corroborar la información que tenía.

Lo anterior porque, como lo ha explicado la Sección41:
«la notificación por correo supone exclusivamente dos condiciones: (i) una subjetiva,
relacionada con el destinatario del correo, y (ii) otra objetiva, referida al lugar de destino del
mismo, las cuales se cumplen con la entrega efectiva de una copia del acto a notificar en la
última dirección informada por el contribuyente. Así, la «entrega» de la copia del acto a notificar
en la dirección informada por el contribuyente es, pues, el elemento determinante de la
notificación por correo».

Esto es así porque el conocimiento de los actos administrativos es el que permite
cumplir con el principio de publicidad, y, que se tutele de forma efectiva los derechos
al debido proceso y contradicción del contribuyente42.
En esta línea, cuando se presentan devoluciones de correo, la Administración debe
verificar que ese retorno no se dé por errores incurridos por las empresas de
mensajería especializada que ha contratado, porque, como lo ha sostenido la
Sección, las faltas en que incurran dichas empresas «no tienen por qué acarrear
consecuencias adversas para la actora, siendo esta un tercero al margen de tal convenio»43. En
esta medida:
«En los casos en que la notificación presente irregularidades derivadas de errores de la
empresa de mensajería, esta judicatura ha consolidado el criterio según el cual es necesario
que la administración, «en una conducta de probidad y diligencia en la función pública,
subsanara el yerro de la empresa de correo y se intentara nuevamente la entrega». Ello con
el propósito de garantizar que la contribuyente tenga acceso al acto y pueda ejercer

37
Samai del tribunal, índice 10. Expediente digital. Carpeta «Expediente recaudo y cobranzas»; «DAPLAT -PARTE 1-
ENVIO A JURIDICA JUNIO 25-21.pdf». Pág. 20.
38
Ibidem. Pág. 22.
39
Ibidem. Pág. 24.
40
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. «II 2014 2017 280 Folios 14 al 44.pdf» Pág. 1 a 5
41
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 10 de marzo de 2022, exp. 24797, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; que reiteró las sentencia del 04 de septiembre de 2014, exp. 19970, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y
del 08 de junio de 2017, exp. 20254, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
42
Ibidem. Providencia en la que se reiteran las sentencias del 08 de septiembre de 2016, exp. 18945, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez; del 20 de septiembre de 2017, exp. 20890, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E); del 19 de octubre
de 2017, exp. 22283, M.P. Milton Chaves García; y del 18 de octubre de 2018, exp. 22099, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
43
Sentencia del 10 de noviembre de 2022, exp. 25809, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; reiterada en la sentencia del
19 de junio de 2025, exp. 29251, M.P. Wilson Ramos Girón.

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plenamente su derecho de defensa «que es la finalidad de la notificación como elemento del
debido proceso»44.
Así, «no solo debe adelantarse nuevamente el procedimiento de notificación cuando la
dirección empleada sea incorrecta, sino también cuando se adviertan yerros notorios
incurridos por la empresa de mensajería que impliquen la falta de entrega del acto a
notificarse45»

Así, podría aceptarse que en un principio la Administración procedió correctamente
y no evidenciara error alguno de la empresa de mensajería cuando esta le indicó
que la dirección dada estaba incompleta; no obstante, se considera que sí era dable
esperar que, la DIAN desplegara al menos alguna labor de verificación cuando
posteriormente observó que la demandante recibió otros actos proferidos en esa
misma dirección sólo que a través de otra empresa de mensajería.

Con lo anterior, para esta Sección no es claro entonces que la Administración
estuviera habilitada para notificar por aviso. No obstante, si en gracia de discusión
se considerara que la DIAN si podía proceder de esa manera, se advierte que, a
pesar de sus afirmaciones en el sentido de que se produjo una debida notificación
por aviso, en el expediente no constan los avisos (solo están los certificados de
notificación) con lo cual no hay evidencia de que en estos se haya transcrito la parte
resolutiva de los actos administrativos a notificar, y de que, además de haberse
incluido el aviso en el portal web de la DIAN, el mismo se hayan fijado en un lugar
de la entidad al que tuviera acceso el público, ambos aspectos exigidos en el artículo
568 del Estatuto Tributario.

Así las cosas, no se encuentra probado en el expediente que los trámites de
notificación se hubiesen surtido conforme las exigencias del Estatuto Tributario; que,
sobre todo, buscan la protección de los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción.

En todo caso, en el expediente sí se evidencia que: i) la demandante tuvo
conocimiento de la actuación sancionatoria en el momento en que se le entregó la
copia del expediente 201901958, relativo al proceso de cobro, pues este incluyó
entre otros documentos la resolución sanción, es decir recibió copia del acto
administrativo el día 18 de septiembre de 2019 y ii) el 20 de noviembre de 2019,
cuando DAPLAT presentó la solicitud de revocatoria directa de la resolución
sanción46, realizó con ella una manifestación inequívoca de conocimiento del acto
administrativo objeto de este proceso, con lo cual se encuentra que ese día operó
el fenómeno de la notificación por conducta concluyente (artículo 301 del Código
General del Proceso).

Lo anterior debe anudarse a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011,
el cual prevé que se tienen como no realizadas las notificaciones que incumplan los
requisitos legales, «a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la
decisión o interponga los recursos legales».

Sobre la anterior disposición la Sección ha sostenido que «aun cuando la autoridad
tributaria incurra en irregularidades al momento de notificar los actos del procedimiento de

44
«Sentencia del 09 de mayo de 2024 (exp. 28488, MP. Wilson Ramos Girón) que reitera la sentencia del 18 de octubre de
2018 (exp. 22099, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto). Sentencia del 22 de abril de 2021 (exp. 25119, MP. Stella
Jeannette Carvajal Basto)»
45
«Sentencia del 24 de marzo de 2022 (exp. 25071, CP. Julio Roberto Piza) que reitera sentencias del 10 de octubre de
2018, (exp. 22313, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez); del 18 de octubre de 2018, (exp. 22099, CP. Stella Jeannette
Carvajal); del 14 de agosto de 2019, (exp. 21347, CP. Julio Roberto Piza); y del 15 de octubre de 2020, (exp. 24761, CP.
Julio Roberto Piza)».
46
Samai del tribunal, índice 49. Expediente digital. «40Antecedentesad_01RESOLICITUDDEEXPED(.pdf)». Pág. 45 a 58.

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determinación, si se acredita que la parte interesada tuvo conocimiento del contenido de la decisión
administrativa (…), el acto se entiende legalmente notificado» 47.

Así las cosas, para determinar si se produjo la caducidad del medio de control, debe
contarse el término de 4 meses para interponer la demanda a partir del 20 de
noviembre de 2019, lo que implica que, en principio, el plazo con el que contaba
DAPLAT para presentar la demanda feneció el 20 de marzo de 2020.

Se dice que en principio porque, debe recordarse que, por efectos de la calamidad
pública que afectó al país por causa del Coronavirus COVID-19, a través del Decreto
564 del 2020, se suspendieron los términos de prescripción y de caducidad
previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial (fuesen en días,
meses o años) desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 1 de julio de 2020, fecha
en la que se levantó medida a través del Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 del
Consejo Superior de la Judicatura.

Así mismo, el inciso segundo del artículo 1º del mismo Decreto 564 estableció que,
cuando al decretarse la suspensión de términos, el plazo que restaba para
interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a 30 días, el
interesado tendría un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

A partir de todo lo anterior, se tiene que DAPLAT podía presentar demanda contra la
resolución sanción hasta el 1 de agosto de 2020; no obstante, la demanda se
presentó hasta el 9 de febrero de 202148; es decir, por fuera de los cuatro meses
con que contaba la apelante para ejercer su derecho de acción oportunamente. Por
ello, hay lugar a confirmar la declaratoria de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Para efectos de lo anterior, es del caso aclarar que al amparo del artículo 96 de la
Ley 1437 de 201149, la presentación de la solicitud de revocatoria directa, que se
hizo el 20 de noviembre de 2019, no interrumpe ni revive los términos legales para
demandar. Al respecto, en la Sentencia de Unificación CE-SUJ4-005 del 5 de
diciembre de 202450, se consideró lo siguiente:
«Frente a los efectos de la petición de revocación de un acto y de su decisión, el artículo 96
del CPACA prevé que no «revivirán los términos legales para demandar el acto ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio
administrativo». Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-339 de 19962 explicó
que esa previsión «evita que la institución de la revocatoria directa se convierta en un
instrumento que permita mantener indefinidamente las posibilidades de reclamación ordinarias
mediante las acciones judiciales». Esto porque para la Corte la revocatoria directa:
No puede servir para revivir una vía gubernativa ya surtida o agotada, lo contrario configuraría
un posible desconocimiento a la ley que señala los términos de caducidad de las acciones
contencioso administrativas y su riguroso deber de cumplimiento; además, la revocatoria
directa asegura un instrumento gubernativo para obtener en cualquier tiempo el
restablecimiento del derecho conculcado y que la Administración mantenga la vigencia y el
vigor el ordenamiento jurídico; en consecuencia, no es una opción de agotamiento de la vía

47
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 28 de febrero de 2013, exp. 19606, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas; del 05 de diciembre de 2018, exp. ,21526, M.P. Milton Chaves García; del 16 de julio de 2020, exp. 24160,
M.P. Milton Chaves García; y del 26 de junio de 2025, exp. 29397, M.P. Wilson Ramos Girón.
48
Samai del tribunal, índice 50.
49
«ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los
términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación
del silencio administrativo».
50
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp.27841. C.P. Wilson Ramos Girón.

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gubernativa en el sentido procesal del término y su utilización no comporta la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que mediante esta vía el particular
no pueden retrotraer los efectos de los actos administrativos ni de la vía gubernativa.»

Dicho esto, y sin perjuicio de que, en este caso, por tratarse la caducidad de una
excepción mixta, esto es aquella que no sólo ataca la forma del proceso, sino que
también tiene la capacidad de desvirtuar las pretensiones y de que por ello no sea
necesario pronunciarse sobre los demás aspectos señalados en la apelación, por
tratarse de un tema sancionatorio, la Sección considera importante recordar a las
partes que: i) el principio de favorabilidad siempre debe aplicar en materia
sancionatoria tributaria, aun cuando la norma menos restrictiva o más beneficiosa
sea posterior, y ii) la aplicación de dicho principio puede invocarse también en el
trámite de ejecución del pago de la sanción51.

Por todo lo expuesto, no prospera la apelación y se confirmará la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, que declaró configurada la excepción de
caducidad, pero por los motivos aquí expuestos.

Costas

De acuerdo con el artículo 365 del Código General del Proceso, por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, las costas procesales comprenden dos conceptos
diferenciales, esto es las expensas y gastos que se han sufragado durante el
proceso y las agencias en derecho.

Bajo el anterior marco, no habrá pronunciamiento en esta providencia frente a la
primera instancia, dado que no se apeló la decisión del tribunal de no imponer costas
por concepto expensas ni por agencias en derecho.

En cuanto a la condena en costas en esta instancia, no habrá lugar imponerla, toda
vez que, en línea con el numeral 1 del artículo 365 ibidem, solo hay lugar a la condena
cuando existe una parte vencida en esta etapa del proceso, lo cual no ocurre en
este caso pues no se estudiaron los argumentos de fondo del litigio, dado que
simplemente se declaró probada la excepción de caducidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar por los motivos señalados en esta providencia, la sentencia
apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho
005, del 12 de febrero de 2025.

2. No imponer condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, exp. 23038, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, Con, exp. 23927, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y exp. 27058, Myriam Stella Gutierréz Argüello.

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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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