Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2021-00122-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2021-00122-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 47001-23-33-000-2021-00122-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de marzo de 2025
Radicado: 47001-23-33-000-2021-00122-01 (29012)
Demandante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00122-01 (29012)
Demandante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.
Demandada: UAE - DIAN
Temas: Notificación por conducta concluyente. Agotamiento de la vía
administrativa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 04 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo requerimiento especial y respuesta al mismo1, mediante la Liquidación Oficial
de Revisión 001947 de 30 de junio de 20202, la DIAN modificó tres declaraciones de
importación presentadas el 17 de febrero de 20173 por la agencia de aduanas
Almagrario SA en reorganización a nombre de Productos Alimenticios El Galpón
Ltda.4, en la que determinó los siguientes valores: $478.105.000 -arancel-; $23.905.000
-IVA-; $150.603.000 -sanción al importador-; y $159.197.000 -sanción al declarante-, por
haberse acogido indebidamente al trato arancelario preferencial del Acuerdo de
Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos de América -certificado de
origen no válido-.
El 30 de julio de 2020, la agencia de aduanas Almagrario SA en Reorganización
interpuso recurso de reconsideración contra el acto de liquidación, decidido mediante
la Resolución 8666 de 24 de noviembre de 2020, en el sentido de confirmar el acto
recurrido5.
Demanda
1
Requerimiento especial 000790 de 14 de febrero de 2020 y respuesta al mismo de 03 de abril siguiente. SAMAI CE. Índice 2.
SAMAI CE. Índice 2, 4_EXPEDIENTEDIGI_ZIPEXPEDI_OneDrive_202407021zi_0_20240702113602316 (zip),
27ExpedienteAdministrativo (pdf). Pp. 255 a 273 y 285 a 317.
2
SAMAI CE. Índice 2. SAMAI CE. Índice 2, 4_EXPEDIENTEDIGI_ZIPEXPEDI_OneDrive_202407021zi_0_20240702113602316
(zip), 27ExpedienteAdministrativo (pdf). Pp. 574 a 600.
3
Son las declaraciones con número de autoadhesivo 07256261145939, 07256261145921 y 07256261145914.
4
SAMAI CE. Índice 2. SAMAI CE. Índice 2, 4_EXPEDIENTEDIGI_ZIPEXPEDI_OneDrive_202407021zi_0_20240702113602316
(zip), 27ExpedienteAdministrativo (pdf). Pp. 15, 57 y 97.
5
SAMAI CE. Índice 2. SAMAI CE. Índice 2, 4_EXPEDIENTEDIGI_ZIPEXPEDI_OneDrive_202407021zi_0_20240702113602316
(zip), 27ExpedienteAdministrativo (pdf). Pp. 798 a 815.
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1
Radicado: 47001-23-33-000-2021-00122-01 (29012)
Demandante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), la importadora Productos Alimenticios El Galpón Ltda., en la
reforma a la demanda formuló las siguientes pretensiones6:
2.1. La nulidad de la totalidad de las siguientes resoluciones proferidas por la DIAN, en adelante
las “Resoluciones”:
2.1.1. Resolución de Liquidación Oficial de Revisión No. 1-03-241-201-640-1-001947 de junio 30
de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la DIAN (en adelante la
“Resolución Liquidación”)
2.1.2. Resolución No. 8.666 de noviembre 24 de 2020 por medio de la cual la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN resuelve el recurso de reconsideración (en adelante
“Resolución Confirmatoria”).
2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la totalidad de las citadas
Resoluciones, a título de restablecimiento del derecho se declare en firme las declaraciones de
importación con autoadhesivo No. 07256261145939, 07256261145921 y 07256261145914 de 17
de febrero de 2017 presentadas por EL GALPÓN, y se condene a la DIAN a devolver cualquier
valor que hubiera recibido como pago de las sumas establecidas en las Resoluciones, junto con
sus respectivos intereses.
2.3. Que se ordene a la parte demandada (DIAN), dar cumplimiento a la sentencia de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 192 y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
2.4. Que se condene en costas a la parte demandada.
Invocó como vulnerados los artículos 29, 95, 228 y 363 de la Constitución Política (CP);
3, 42, 87, 91, 93, 138, 152[4], 156[7] y 157 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); las leyes
32 de 1985 y 1143 de 2007; y los decretos 730 de 2012 (Capítulo IV), 390 de 2016 y
1165 de 2019.
Como concepto de violación la parte demandante plantea lo siguiente:
Vulneración del debido proceso. Manifiesta que, según la DIAN, la liquidación oficial
de revisión se intentó notificar por correo los días 07 y 08 de julio de 2020; sin embargo,
en esas fechas la sociedad no recibió comunicación alguna, como consta en el libro
de correspondencia de la empresa. En vista de lo anterior, la entidad la publicó por
aviso en la página web el 29 de julio de 2020, sin realizar actuaciones efectivas
tendientes a notificarla en la forma principal -correo- antes de acudir a la supletoria -
aviso-.
Puso de presente que esa situación le impidió interponer el recurso de
reconsideración, entendiéndose que la autoridad no concedió la oportunidad para
ejercerlo y, por ende, no debe exigirse el agotamiento de la vía administrativa -num. 2,
art. 161 del CPACA-.
Indica que la notificación se surtió el 29 de enero de 20217, fecha en la que la autoridad
tributaria remitió el acto de liquidación en respuesta a las solicitudes de información
6
SAMAI CE. Índice 2. SAMAI CE. Índice 2, 4_EXPEDIENTEDIGI_ZIPEXPEDI_OneDrive_202407021zi_0_20240702113602316
(zip), 03Demanda (pdf). Pp. 1 a 2.
7
Según se lee en la reforma de la demanda -acápite: «3. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN», la parte actora
contabilizó el término de caducidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de esa
fecha.
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Demandante: Productos Alimenticios El Galpón Ltda.
sobre la publicidad de la resolución, presentadas los días 21 y 27 de enero del mismo
año por el usuario aduanero.
Falsa motivación. Vulneración de normas. Señala que la DIAN omitió valorar las
pruebas que daban cuenta de que la mercancía era originaria de Estados Unidos;
además, el certificado de origen aportado cumple los requisitos para acreditar esa
circunstancia. Para la entidad, el referido documento solo puede expedirlo el productor,
el exportador o el importador; sin embargo, el acuerdo de promoción comercial (en
adelante, APC) no prohíbe que lo pueda hacer un exportador que no esté domiciliado
en Estados Unidos, como ocurre en este caso, que está ubicado en Panamá.
Indica que la entidad no llevó a cabo el proceso de verificación de origen; además,
desconoció postulados generales en la materia, como, por ejemplo: (i) los beneficios
arancelarios del APC no se pueden restringir en función del domicilio del exportador;
(ii) la falta del certificado de origen al momento de presentar la declaración de
importación no trae como consecuencia la pérdida del trato arancelario preferencial; y
(iii) existe libertad probatoria para acreditar el origen de las mercancías; no obstante,
la entidad establece tarifa legal -certificado de origen-. Todo esto conduce a la nulidad de
los actos administrativos acusados.
Contestación de la demanda
La DIAN se opuso a las pretensiones de la actora8. En cuanto a la publicidad de la
liquidación oficial de revisión, indica que a la agencia de aduanas -Almagrario SA en
Reorganización- se le notificó por medio de correo certificado recibido el 07 de julio de
2020; y al importador -Productos Alimenticios El Galpón Ltda.- mediante aviso publicado en
la página web de la entidad el 29 de julio de 2020.
Defiende la notificación supletoria del acto de liquidación al importador, señalando que
los días 07 y 08 de julio de 2020 se intentó notificar por correo certificado enviado a la
dirección procesal informada por la sociedad, el cual fue devuelto en ambas ocasiones
por la causal «Otros: cerrado».
Respecto a los cargos sustanciales, sostiene que, según el APC, quien certifica el
origen de la mercancía es el exportador o productor, que debe estar ubicado en el
territorio de uno de los Estados parte del acuerdo -Estados Unidos / Colombia-. En este
caso, lo hizo el comercializador domiciliado en Panamá, por lo que no se cumplen las
condiciones de validez del certificado de origen y, por consiguiente, no es posible
acceder al trato arancelario preferencial.
Formula la excepción previa de inepta demanda por falta de claridad y precisión en el
concepto de violación, y la inadecuada formulación de los cargos de nulidad9; además,
propuso las de mérito de ausencia para pedir e innominada.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas10. Respecto
8
SAMAI CE. Índice 2. SAMAI CE. Índice 2, 4_EXPEDIENTEDIGI_ZIPEXPEDI_OneDrive_202407021zi_0_20240702113602316
(zip), 35ConstestaciónReformaDian (pdf). Pp. 10 a 50.
9
En el auto de 13 de julio de 2023, el tribunal se refirió al medio exceptivo indicando que como la entidad no identificó cuál de las
excepciones previas del artículo 100 del CGP era la que pretendía invocar, no había lugar a pronunciarse al respecto.
10
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(zip), 50Sentencia (pdf). Pp. 10 a 29.
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de la publicidad de la liquidación oficial de revisión, manifiesta que la misma se hizo
en debida forma, pues a la agencia de aduanas -Almagrario SA en Reorganización- se le
notificó por medio de correo certificado recibido el 07 de julio de 2020; y al importador
-Productos Alimenticios El Galpón Ltda.-, ante la devolución del correo certificado enviado a
la dirección física que aparece en el RUT en dos ocasiones, se procedió a realizarla
por aviso, actuación que se surtió el 29 de julio de 2020 -arts. 760, 763 y 764 del Decreto
1165 de 2019-.
Puso de presente que en el expediente administrativo consta que el 21 de enero de
2021 la sociedad informó a la DIAN que no había sido notificada del acto de liquidación,
a lo cual, el día 22 del mismo mes y año la entidad respondió indicando que se había
hecho mediante aviso publicado el 29 de julio de 2020.
Respecto de los cargos sustanciales, precisa que la DIAN actuó correctamente al
negar el tratamiento preferencial, porque los certificados de origen deben ser emitidos
por el importador, productor, exportador, o una entidad competente del país
exportador. En este caso, quien lo expidió -Luzar Trading SA- no es productor, ni
exportador ubicado en Estados Unidos, por consiguiente, el documento carece de
validez para demostrar el origen del producto y justificar el trato arancelario
preferencial, según las reglas del APC.
Señala que, aunque otras pruebas pueden respaldar el origen de una mercancía, el
certificado de origen es esencial para obtener el trato arancelario preferencial.
Además, el APC establece reglas sobre quiénes pueden emitirlos, y los requisitos
formales no son arbitrarios, por el contrario, garantizan la transparencia y el
cumplimiento de los acuerdos internacionales. Añade que la DIAN no estaba en la
obligación de iniciar el procedimiento de verificación de origen por cuanto las
irregularidades en el certificado eran evidentes, situación que no fue subsanada por el
importador durante la actuación administrativa.
Finalmente, no condena en costas ante la falta de prueba de su causación y de que la
actuación de la demandante fuera temeraria, dilatoria o de mala fe.
Recurso de apelación
La demandante apeló la sentencia de primera instancia, solicitó que se revoque y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda11. Manifiesta que según el
Decreto 1165 de 2019 -art. 756- «la negación del trato arancelario preferencial» se debe notificar
por correo físico o electrónico, y de ser fallido el intento, mediante publicación en la
página web.
Señala que el artículo 764 del citado decreto dispone que cuando la notificación por
correo es devuelta el acto se publica mediante aviso en el sitio web de la entidad, el
que no es aplicable al caso, comoquiera que el artículo 756 ib. dispone que la
notificación por correo electrónico es preferente a la publicación en la web, prelación
que reafirma la Resolución 000038 de 30 de abril de 2020 de la DIAN, que fue expedida
en época de la pandemia del Covid-19.
Indica que los días 07 y 08 de julio de 2020 la empresa funcionó en el horario de 07:30
am a 05:00 pm -jornada continua- y no recibió correspondencia proveniente de la DIAN,
11
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(zip), 52RecursoApelacion (pdf). Pp. 3 a 26.
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aunque sí de otros remitentes -explicó el procedimiento de recepción de documentos-. Advierte
que eso se demuestra con el libro planilla de registro de correspondencia y la
declaración extra juicio que rindió quien ejerce el cargo de recepcionista desde el año
2015 -declaración extra juicio 1959 de 24 de marzo de 2021 ante la Notaria 55 del Círculo de Bogotá-
. Añade que la autoridad tributaria al oponerse al hecho «4.10 de la reforma de la demanda»
confiesa que no se pudo hacer la notificación física ni electrónica.
Indica que la irregularidad en la notificación de la liquidación oficial conduce a su
inoponibilidad y vulnera el debido proceso, por lo que de conformidad con el Concepto
223 de 06 de octubre de 2021 de la DIAN, la entidad debió expedir un acto
administrativo revocando el recurrido.
En cuanto a los aspectos sustanciales, sostiene que el a quo omitió pronunciarse y
valorar integralmente el material probatorio sobre la forma de acreditar el origen de la
mercancía y acceder al trato preferencial arancelario -manuales prácticos para los sectores
textil y agrícola sobre reglas de origen en el Marco del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia –
Estados Unidos; concepto de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia de 14 de enero de 2020; y auto por el cual se ordena el archivo de una
actuación administrativa de origen de mercancía que se adelantó contra otro usuario aduanero-.
Menciona que el tribunal se excedió en el rigor y formalismo vulnerando el principio de
la prevalencia de lo sustancial, al considerar que como el certificado no cumple los
requisitos legales no es válido afirmar que la mercancía es originaria de Estados
Unidos, pese a existir otros elementos que daban cuenta de esa situación; además, el
APC no prohíbe que el documento lo expida el intermediario de la operación de
comercio exterior.
Señala que como las declaraciones de importación y los documentos soporte no son
inexactos, el desconocimiento del trato preferencial arancelario debe estar precedido
del procedimiento de verificación de origen. Añade que la DIAN no estaba facultada
para adelantar una investigación originada en un control posterior al estar acreditado
el origen de las mercancías.
Pronunciamientos en segunda instancia
La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Sería del caso identificar el problema jurídico a resolver a partir de los argumentos de
apelación presentados por la parte actora -apelante única-; sin embargo, en uso de la
facultad oficiosa prevista en el artículo 187 del CPACA12, la Sala estima necesario
referirse a los requisitos previos para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para impugnar un acto de carácter particular y concreto, y la eventual
configuración de la excepción previa de inepta demanda.
Evidencia la Sala que, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se
cuestiona, en cuanto a lo procesal, lo decidido en la sentencia de primera instancia
12
«Artículo 187. Contenido de la sentencia (…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no
reformatio in pejus (…)».
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sobre la forma de publicidad de la liquidación oficial de revisión. No obstante, desde la
demanda la sociedad reconoce que la notificación se surtió el 29 de enero de 2021 13,
fecha en la que la autoridad tributaria remitió el acto de liquidación en respuesta a las
solicitudes de información sobre su publicidad presentadas los días 21 y 27 de enero
del mismo año por la contribuyente.
Al margen de los reparos propuestos por la sociedad frente a la notificación de la
liquidación oficial, la Sala destaca que las presuntas irregularidades en torno a la
misma, no dan lugar a su nulidad, en la medida en que esto solo afecta su eficacia14,
porque conforme al artículo 72 del CPACA, la falta o la irregularidad de la notificación
del acto administrativo impide que la decisión contenida en este produzca efectos
legales, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la
decisión o interponga los recursos legales, caso en el cual, se configura la notificación
por conducta concluyente, como ocurre en este caso.
Como es un hecho aceptado por la demandante que el 29 de enero de 2021 conoció
el contenido de la liquidación oficial demandada, fecha en la que se entiende notificada
por conducta concluyente, le corresponde a la Sala verificar el cumplimiento del
requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA,
conforme con el cual «cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios», excepto en
los casos en los cuales las autoridades no hubieran dado la oportunidad de
impugnarlos.
En aplicación de esa regla general, frente al procedimiento aduanero, el artículo 699
del Decreto 1165 de 2019 -vigente al momento de la ocurrencia de los hechos-, prevé que
contra las liquidaciones oficiales procede el recurso de reconsideración, el que es
obligatorio para efectos de agotar la vía administrativa, teniendo en cuenta que se
asimila al de apelación, en la medida en que no es resuelto por el mismo funcionario
que expide el acto sino por su superior15, salvo que en el acto de liquidación no se
haya informado su procedencia, lo que no ocurre en este caso, pues en el artículo 5
de la Liquidación Oficial de Revisión 001947 de 30 de junio de 2020, la Administración
le informó a los interesados que «contra la presente providencia, procede el Recurso de
Reconsideración, el cual, deberá interponerse ante la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos
de la Dirección de Gestión Jurídica, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su notificación
(…)».
En el expediente está probado que solo la agencia de aduanas -Almagrario SA en
Reorganización- interpuso recurso de reconsideración contra el acto de liquidación 16,
decidido desfavorablemente por la Administración mediante la Resolución 8666 de 24
de noviembre de 2020. Actuación de la que no se puede valer Productos Alimenticios
El Galpón Ltda. en su calidad de importador, para que se entienda agotado el requisito
de procedibilidad para poder acudir ante esta jurisdicción, todo porque, la interposición
de recursos ante la entidad es una conducta de realización facultativa de doble vía,
13
Según se lee en la reforma de la demanda -acápite: «3. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN», la parte actora
contabilizó el término de caducidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de esa
fecha.
14
Cfr. entre otras, la sentencia de 19 de mayo de 2022 (exp. 25430, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
15
De conformidad con el artículo 76 del CPACA «cuando proceda [se refiere al recurso de apelación] será obligatorio para acceder
a la jurisdicción».
16
Los aspectos que discutió fueron: (i) validez del certificado de origen, (ii) pruebas que acreditan que la mercancía es originaria
de Estados Unidos, (iii) el trato arancelario preferencial es aplicable para las mercancías originarias de los países miembros, (iv)
violación al derecho a la igualdad, (v) la DIAN autorizó el levante de la mercancía sin presentar objeciones y (vi) no se adelantó
el procedimiento de verificación de origen.
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pues de una parte permite que el administrado exponga los motivos de inconformidad
y de otra ofrece la posibilidad a la entidad de revisar sus propios actos, antes de que
el asunto llegue a instancia judicial, por ser el juez contencioso el competente para la
juzgar su legalidad.
De modo que, la omisión de esa carga procesal expone al interesado al riesgo de
soportar consecuencias jurídicas desfavorables, como en este caso, el incumplimiento
del numeral 2 del artículo 161 del CPACA que establece como requisito previo para
demandar el ejercicio y decisión de los recursos que por ley son obligatorios.
Conclusión
La Sala determina que la importadora, al aceptar que conoció el contenido de la
liquidación oficial de revisión el 29 de enero de 2021, se notificó por conducta
concluyente, lo que le imponía el deber de ejercer el recurso de reconsideración, que
es obligatorio para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que
la interposición por un tercero sirva para acreditar el cumplimiento del requisito previo
para demandar -numeral 2 del artículo 161 del CPACA-.
En consecuencia, se revocará la sentencia apelada para declarar probada, de oficio,
la excepción previa de inepta demanda por no haberse ejercido y decidido el recurso
de reconsideración, que por ley es obligatorio y, por lo tanto, la Sala se inhibirá de
pronunciarse de fondo.
Costas
Comoquiera que la Sala se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo y, por ende, no
hay parte vencida, se abstendrá en condenar en costas en ambas instancias, conforme
a lo establecido en el artículo 365.1 del CGP17.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia de 04 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar:
Declarar probada de oficio la excepción previa de inepta demanda por incumplirse el
requisito de procedibilidad previsto en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, por no
haber ejercido la parte actora el recurso de reconsideración que para el caso era
obligatorio. En consecuencia, inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo sobre los
cargos planteados en la demanda.
Segundo: Sin condena en costas en ambas instancias.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
17
En este sentido cfr. la sentencia de 20 de febrero de 2025 (exp. 26474, CP: Wilson Ramos Girón).
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Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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