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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2021-00414-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2021-00414-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la parte demandada según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo de Magdalena tramitar el respectivo incidente, conforme las reglas previstas en el artículo 366 del Código General del Proceso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 47001-23-33-000-2021-00414-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

3 de septiembre de 2026

Radicado: 47001-23-33-000-2021-00414-01 (30337)
Demandante: Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud
Subsidiada COMPARTA EPS-S -En Liquidación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00414-01 (30337)
Demandante: Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud
Subsidiada COMPARTA EPS-S -En Liquidación
Demandado: E.S.E. Hospital Local de Chibolo
Temas: Cobro coactivo. ESE. Competencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 5 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Magdalena, que decidió2:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos
por la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO, con ocasión del proceso administrativo
de cobro coactivo 0008 del catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021), adelantado
contra la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE
SALUD SUBSIDIADA “COMPARTA EPS-S” (EN INTERVENCIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDACIÓN):

• Resolución No. 010 del diecinueve de abril de dos mil veintiuno (2021), “POR
MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LAS EXPECIONES Y SE ORDENA SEGUIR
ADELANTE CON LA EJECUCION DEL MANDAMIENTO DE PAGO No. 0008 DEL 14
DE ENERO DE 2021 EN CONTRA DE LA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S
IDENTIFICADA CON EL NIT 804.002.105-0”.
• Resolución No. 0011 del primero (1°) de junio de dos mil veintiuno (2021), “POR
MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN EL RECURSO DE REPOSICION EN CONTRA
DEL ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO 0010 DEL 19 DE ABRIL DE 2021 POR MEDIO
DEL CUAL SE RESUELVEN LAS EXPECIONES Y SE ORDENA SEGUIR ADELANTE
CON LA EJECUCION DEL MANDAMIENTO DE PAGO No. 0008 DEL 14 DE ENERO
DE 2021 EN CONTRA DE LA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA
PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S IDENTIFICADA CON EL
NIT 804.002.105-0”.
• Auto del once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021), identificado con el asunto:
“LIQUIDACION DEL CREDITO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO NÚMERO 0008 DEL 14 DE ENERO DE 2021, EN CONTRA DE LA
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
SUBSIDIADA COMPARTA EPS IDENTIFICADA CON EL NIT 804.002.105-0”.
• Auto adiado veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021), “POR MEDIO DE
LA CUAL SE DA RESPUESTA A LAS OBJECCIONES REALIZADAS A LA
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO NÚMERO 0008 DEL 14 DE ENERO DE 2021 EN CONTRA DE LA

1
El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 30 de julio de 2024, bajo la ponencia de la doctora Stella Jeannette
Carvajal Basto. Posteriormente, la ponencia fue asumida por el doctor Luis Antonio Rodríguez, quien manifestó impedimento el
10 de febrero de 2025. Dicho impedimento fue resuelto mediante providencia del 20 de marzo de 2015.
2
Samai Tribunal, índice 34.

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1

Radicado: 47001-23-33-000-2021-00414-01 (30337)
Demandante: Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud
Subsidiada COMPARTA EPS-S -En Liquidación

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S IDENTIFICADA CON EL NIT 804.002.105-0”.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la E.S.E. HOSPITAL
LOCAL DE CHIBOLO, que efectúe, en favor de la COOPERATIVA DE SALUD
COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA “COMPARTA
EPS-S” (EN INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDACIÓN), la
devolución de los dineros debitados de la cuenta maestra de COMPARTA EPS-S en el
Banco BBVA, esto es, NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS UN
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte. ($918.401.356).

TERCERO: La entidad demanda deberá dar cumplimiento a la sentencia en los
términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Sin condenas en costas en esta instancia, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.».

ANTECEDENTES

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La entidad demandada expidió el Mandamiento de Pago No. 0008 del 14 de enero de
2021. Las excepciones formuladas en su contra fueron rechazadas mediante la
Resolución No. 0010 del 19 de abril de 20213, que ordenó seguir adelante con la
ejecución. Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 0011 del 1 de
junio de 20214, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte actora.
Posteriormente, mediante auto del 11 de junio de 2021 5, se efectuó la liquidación del
crédito, cuyas objeciones fueron resueltas mediante auto del 21 de junio de 20216.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

«Primera: Que se DECLARE la NULIDAD de la de la Resolución No. 0010 del 19 de
abril de 2021 “Por medio de la cual se resuelven las excepciones y se ordena seguir
adelante con la ejecución del mandamiento de pago No. 008 del 14 de enero de 2021, en
contra de COMPARTA EPS-S”, proferida por la ESE HOSPITAL DE CHIBOLO.
Segunda: Que se DECLARE la NULIDAD de la Resolución No. 0011 del 01 de junio
de 2021, “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra el acto
administrativo No. 0010 del 19 de abril de 2021 por medio de la cual se resuelven las
excepciones y se ordena seguir adelante con la ejecución del mandamiento de pago No.
0008 del 14 de enero de 2021 en contra de COMPARTA EPS-S”, proferida por la ESE
HOSPITAL DE CHIBOLO.
Tercera: Que se DECLARE la NULIDAD del auto del 11 de junio de 2021 contentivo de
la “Liquidación del crédito del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo Número 0008 del
14 de enero de 2021, en contra de la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS identificada con el
NIT 804.002.105- 0.” proferido por la ESE HOSPITAL DE CHIBOLO.
Cuarta: Que se DECLARE la NULIDAD del auto del 21 de junio de 2021 “por medio del
cual se da respuesta a las objeciones realizadas a la liquidación del crédito del proceso

3
Samai CE, índice 2. Contestación de la demanda.
4
Samai CE, índice 2. Contestación de la demanda.
5
Samai CE, índice 2. Contestación de la demanda.
6
Samai CE, índice 2. Contestación de la demanda.
7
Samai Tribunal, índice 2, demanda.

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2

Radicado: 47001-23-33-000-2021-00414-01 (30337)
Demandante: Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud
Subsidiada COMPARTA EPS-S -En Liquidación

administrativo de cobro coactivo número 0008 del 14 de enero de 2021 en contra de la
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S identificada con el NIT 804.002.105-0”, proferido por la
ESE HOSPITAL DE CHIBOLO.
Quinta: Se ORDENE la devolución de los dineros debitados de la cuenta maestra de
COMPARTA EPS-S en el Banco BBVA, esto es, NOVECIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/cte. ($918.401.356).».

Invocó como normas vulneradas los artículos 29, 48 y 49 de la Constitución Política;
los artículos 98, 99 (numerales 3 y 5), 101, 104 (parágrafo), 138, 161 y 166 del CPACA;
el artículo 5 (parágrafo 1) de la Ley 1066 de 2006; los artículos 194 y 195 (numeral 6)
de la Ley 100 de 1993; los artículos 13 y 37 de la Ley 1122 de 2007; los artículos 56 y
57 de la Ley 1438 de 2011; los artículos 2469 y 2536 del Código Civil; los artículos 90,
422 y 446 del CGP; el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994; y el artículo 2.5.3.8.4.3.2
del Decreto 780 de 2016.

El concepto de violación formulado en la demanda se sustentó en los siguientess
cargos y en la contestación se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: Falta de competencia

1.La parte demandante sostuvo que las Empresas Sociales del Estado desarrollan
actividades de gestión equiparables a las de los particulares cuando prestan servicios
de salud y celebran contratos con EPS, razón por la cual no pueden ejercer
prerrogativas exorbitantes propias de la administración pública para cobrar
obligaciones contractuales. Alegó que la facultad de cobro coactivo está reservada
para obligaciones derivadas del ejercicio de funciones administrativas y del recaudo
de recursos públicos, pero no para controversias contractuales de naturaleza privada.
En consecuencia, la ESE habría actuado sin competencia al asumir simultáneamente
la condición de acreedor, juez y ejecutor de las obligaciones que pretendía cobrar,
desconociendo los principios de debido proceso, imparcialidad y juez natural.

Asimismo, la parte actora afirmó que la ESE habría actuado sin competencia al
asumir simultáneamente la condición de acreedor, juez y ejecutor de las obligaciones
que pretendía cobrar, desconociendo los principios de debido proceso, imparcialidad
y juez natural.

2. La entidad demandada alegó que, aunque las Empresas Sociales del Estado
tienen un régimen contractual de derecho privado, continúan siendo entidades
públicas descentralizadas que prestan un servicio público esencial y, por tanto, están
sometidas a las normas de derecho público en todo aquello relacionado con la
protección del interés general y la gestión de los recursos públicos destinados a la
salud. Señaló que los artículos 98 y 104 del CPACA otorgan a las entidades públicas
la prerrogativa de recaudar directamente las obligaciones a su favor que consten en
documentos que presten mérito ejecutivo.

Segundo cargo: Falta de título ejecutivo e indebida liquidación unilateral

1. La parte demandante sostuvo que los contratos de prestación de servicios de salud
constituyen títulos ejecutivos complejos que requieren otros documentos
complementarios que permitan acreditar de manera clara, expresa y exigible la

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Demandante: Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud
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obligación. Señaló que la ESE basó su reclamación en facturas que presentaban
glosas no conciliadas y en una liquidación unilateral que carecía de validez jurídica.
Respecto de las facturas, se argumenta que muchas de ellas fueron objetadas por
incumplimientos relacionados con promoción y prevención, soporte documental y
otros aspectos técnicos, por lo que no se encontraban aceptadas ni consolidadas.

Igualmente, la parte actora adujo que los contratos celebrados entre COMPARTA
EPS-S y el Hospital de Chibolo se encontraban sometidos al régimen de derecho
privado de conformidad con la Ley 100 de 1993 y las normas que regulan a las
Empresas Sociales del Estado. A juicio de la demandante, la facultad de liquidar
unilateralmente contratos es una prerrogativa excepcional que solo opera en contratos
sometidos al Estatuto General de Contratación Pública y no en negocios jurídicos
regidos por el derecho privado. Argumentó que las partes pactaron mecanismos de
liquidación bilateral y que, además, varias vigencias ya habían sido liquidadas y
cerradas años atrás.

2. El Hospital Local de Chibolo – ESE sostuvo que el proceso de cobro coactivo sí
se fundó en un verdadero título ejecutivo complejo, conformado por los contratos
celebrados entre las partes, las actas de liquidación, la liquidación unilateral, los actos
administrativos posteriores y la documentación financiera que demuestra los saldos
pendientes. Por lo que de este conjunto documental surge con claridad la existencia
de obligaciones ciertas, expresas y exigibles a cargo de COMPARTA EPS-S.

Adujo que, pese a que los contratos se rigen por el derecho privado, las Empresas
Sociales del Estado conservan facultades excepcionales derivadas de su naturaleza
pública y de la prevalencia del interés general. Invoca los artículos 194 y 195 de la Ley
100 de 1993, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y distintos pronunciamientos del
Consejo de Estado para afirmar que las entidades públicas prestadoras de servicios
de salud pueden acudir a mecanismos exorbitantes cuando resulte necesario para
garantizar la continuidad del servicio público de salud y la recuperación de recursos
públicos.

Finalmente, reconoció parcialmente los argumentos de la demandante en cuanto al
pago efectivo de ciertas obligaciones. Aceptó como válidos los soportes de pago
correspondientes a las vigencias 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, así como
determinados valores de 2013. Sin embargo, señaló que subsistían valores
pendientes que no fueron acreditados como cancelados.

Tercer cargo: indebida liquidación de intereses moratorios

1. La parte demandante sostuvo que la ESE aplicó una tasa uniforme de interés a
obligaciones correspondientes a diferentes años, sin considerar las variaciones
legales de las tasas vigentes en cada periodo. También cuestionó que la entidad no
estableció con precisión la fecha de radicación de cada factura ni el momento exacto
a partir del cual las obligaciones se tornaron exigibles. Afirmó que las obligaciones
derivadas de servicios de salud únicamente generan intereses después de vencidos
los términos legales de pago y que el cálculo efectuado por la ESE desconoció tanto
la normatividad especial del sector salud como las reglas tributarias que determinan
la tasa de interés moratorio aplicable.

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2. La entidad afirmó que los intereses tienen fundamento en el artículo 56 de la Ley
1438 de 2011, que establece la aplicación de la tasa utilizada para las obligaciones
administradas por la DIAN. Además, sostuvo que el incumplimiento de los pagos por
parte de la EPS hacía obligatorio para el Hospital liquidar y recaudar dichos intereses,
pues la omisión en su cobro podría comprometer la responsabilidad fiscal y
disciplinaria de sus directivos.

Cuarto cargo: falsa motivación

1. La parte demandante adujo que la entidad demandada fundamentó el cobro en
obligaciones que ya habían sido canceladas, trayendo a colación una relación de las
actas de liquidación suscritas entre 2013 y 2017, los saldos allí reconocidos y los
respectivos comprobantes de consignación mediante los cuales efectuó los pagos.
Afirmó que las obligaciones derivadas de los contratos liquidados entre 2011 y 2016
fueron extinguidas mediante pago y, por tanto, resultaba jurídicamente imposible
volver a reclamarlas en un procedimiento de cobro coactivo.

2. La Administración insistió que el procedimiento de cobro coactivo se adelantó
conforme al Estatuto Tributario, al CPACA y a la normativa especial del sector salud;
que las excepciones propuestas por COMPARTA EPS-S fueron analizadas y
resueltas motivadamente; y, que la decisión de continuar la ejecución por valor de
$918.401.356 respondió a las pruebas obrantes en el expediente.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal accedió las pretensiones de la demanda8 sin condenar en costas. A su
turno, la parte demandada formuló recurso de apelación9. Los motivos del fallo
impugnado y los argumentos de la alzada son:

Primer cargo: Falta de competencia de la ESE para adelantar el proceso de cobro
coactivo

1. El Tribunal determinó que la E.S.E. Hospital Local de Chibolo no tenía
competencia para adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo y expedir los
actos administrativos demandados. Precisó que el servicio público de salud, aunque
es una actividad a cargo del Estado, puede ser prestado tanto por entidades públicas
como por particulares en un contexto de competencia regulada. Además, señaló que
la prestación de un servicio público no equivale necesariamente al ejercicio de una
función administrativa o de autoridad. Apoyándose en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, señaló que la prestación del servicio de salud constituye una actividad
económica intervenida por el Estado, mas no una función administrativa en sentido
estricto.

Adicionalmente examinó la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado
y destacó que, aunque son entidades públicas descentralizadas, la Ley 100 de 1993
dispuso expresamente que su actividad contractual se rige por normas de derecho
privado. Consideró especialmente relevante que las E.S.E. participan en el mercado
de servicios de salud en condiciones semejantes a las de otros prestadores públicos
8
Samai Tribunal, índice 25, sentencia.
9
Samai Tribunal, índice 28, recurso de apelación.

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y privados, celebrando contratos con las EPS para la prestación de servicios médicos
y asistenciales. Por lo anterior, concluyó que las obligaciones derivadas de dichos
contratos tienen naturaleza civil o comercial y hacen parte del giro ordinario de los
negocios de estas entidades.

El Tribunal acogió la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado según la cual el
parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 excluye de la facultad de
cobro coactivo aquellas obligaciones civiles y comerciales respecto de las cuales las
entidades estatales desarrollan actividades similares a las de los particulares. Resaltó
que las deudas cuyo recaudo perseguía la E.S.E. Hospital de Chibolo provenían
precisamente de contratos de prestación de servicios de salud suscritos con
COMPARTA EPS-S; es decir, de relaciones propias de la actividad comercial y
contractual mediante la cual se presta el servicio de salud. En consecuencia, estimó
que la entidad hospitalaria no podía actuar simultáneamente como acreedora y
ejecutora de tales obligaciones mediante un proceso de cobro coactivo.

2. La parte demandada afirmó que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo o
material por haber realizado una indebida interpretación y aplicación del parágrafo
primero del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y de la Sentencia C-666 de 2000 de la
Corte Constitucional. Según el Hospital de Chibolo, el Tribunal construyó toda su
decisión sobre una premisa jurídica equivocada al considerar que las Empresas
Sociales del Estado se encuentran excluidas de la facultad de cobro coactivo cuando
pretenden recaudar créditos derivados de la prestación de servicios de salud.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal interpretó erróneamente el parágrafo primero del
artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, porque dicha norma únicamente excluye de la
facultad de cobro coactivo las deudas originadas en contratos de mutuo o aquellas
derivadas de obligaciones civiles y comerciales respecto de las cuales las entidades
públicas desarrollan una actividad de cobranza semejante a la de los particulares.
Según la E.S.E., las acreencias reclamadas en este caso no corresponden a contratos
de mutuo ni a simples relaciones civiles o comerciales ordinarias, sino a obligaciones
derivadas de la prestación de un servicio público esencial a cargo del Estado.

Alegó que las Empresas Sociales del Estado no compiten en igualdad de condiciones
con las instituciones privadas de salud. Señaló que los hospitales públicos tienen una
financiación mayoritariamente sustentada en recursos públicos, están sujetos a
obligaciones de cobertura universal, deben atender a población vulnerable, no
pueden negar la atención de urgencias y están obligados a garantizar la continuidad
del servicio incluso en zonas donde la actividad no resulta económicamente rentable.
En contraste, las instituciones privadas tienen mayor flexibilidad administrativa,
pueden orientar sus actividades hacia segmentos más rentables del mercado y
cuentan con mayor libertad para definir su operación empresarial.

Cita disposiciones como el artículo 169 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 2
de la Ley 80 de 1993, con el propósito de demostrar que el ordenamiento jurídico
colombiano históricamente ha reconocido a las entidades descentralizadas facultades
para adelantar procedimientos de cobro coactivo respecto de los créditos exigibles a
su favor.

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Insistió en que la prestación de servicios de salud por parte de las Empresas Sociales
del Estado tiene fundamento constitucional en el artículo 49 de la Constitución Política
y en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993. Desde esa perspectiva, argumentó
que su actividad no puede equipararse a la de un particular que participa libremente
en el mercado, pues las E.S.E. cumplen funciones públicas, prestan un servicio
esencial y administran recursos destinados a garantizar la efectividad del derecho
fundamental a la salud.

Adujo que la sentencia del Consejo de Estado citada por el Tribunal no constituye una
sentencia de unificación jurisprudencial con efectos obligatorios según el artículo 270
del CPACA, sino que solo resolvía un caso concreto. Afirmó que el Tribunal ignoró
deliberadamente los artículos 98 al 104 del CPACA, los cuales son normas
posteriores a la Ley 1066 de 2006 y ratifican la facultad de las entidades públicas de
recaudar directamente sus obligaciones mediante el cobro coactivo.

Cargos restantes: Falta de título ejecutivo e indebida liquidación unilateral,
indebida liquidación de intereses moratorios, falsa motivación

1. El Tribunal al declarar la falta de competencia, consideró innecesario examinar los
demás cargos formulados en la demanda.

2. La parte demandada guardó silencio.

Pronunciamientos finales

Las partes no se pronunciaron en esta etapa procesal y el Ministerio Público guardó
silencio.

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

¿Tenía la E.S.E. Hospital Local de Chibolo competencia para adelantar el
procedimiento administrativo de cobro coactivo respecto de acreencias derivadas de
contratos de prestación de servicios de salud celebrados con COMPARTA EPS-S o
tales obligaciones se encuentran comprendidas en la exclusión prevista en el
parágrafo 1.º del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006?

Caso concreto

Único cargo: Falta de competencia de la ESE para adelantar el proceso de cobro
coactivo

Las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) son entidades públicas descentralizadas,
dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas
por la ley o por las asambleas o concejos, según el respectivo nivel territorial. Su objeto
consiste en la prestación de los servicios de salud como servicio público a cargo del
Estado, de conformidad con los artículos 194 y 195, numeral 2, de la Ley 100 de 1993.
No obstante, el numeral 6 del artículo 195 ibidem dispone que, en materia contractual,
las E.S.E. se rigen por las normas del derecho privado. Esta previsión fue desarrollada

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por el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, compilado en el Decreto 780 de 2016,
que somete sus negocios jurídicos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

Esta Sección10 ha precisado que dicho sometimiento al derecho privado encuentra
justificación en la naturaleza de la actividad contractual que las E.S.E. desarrollan con
las entidades promotoras de salud, sean estas públicas, mixtas o privadas. En efecto,
se trata de una actividad de carácter comercial, en tanto las E.S.E. concurren al
mercado de prestación de servicios de salud en condiciones análogas a las de los
demás prestadores del sector.

Bajo esa misma lógica, en Sentencia del 13 de marzo de 2025, exp. 28119, M.P. Milton
Chaves García, se señaló que servicio público de salud no se identifica ni se confunde,
por sí mismo, con el ejercicio de una función administrativa. Para tal efecto, destacó
que el artículo 49 de la Constitución Política reconoce la atención en salud como un
servicio público a cargo del Estado, cuya prestación puede ser asumida tanto por
entidades públicas como por particulares, en desarrollo de los principios de libertad
económica y de participación privada en la prestación de servicios públicos previstos
en los artículos 365 y 366 de la Carta.

En concordancia con lo anterior, la referida providencia reiteró la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la cual ha distinguido de manera expresa los conceptos de
función pública y servicio público. En particular, citó la Sentencia C-037 de 2003, en
la que dicha Corporación señaló:
"Las empresas prestadoras de salud igualmente están encargadas de un servicio público regido
por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, cuya prestación está reglamentada,
vigilada y controlada por el Estado (art. 49 C.P.), pero sin que ello signifique el sometimiento de
las entidades privadas promotoras y prestadoras de salud a la ley disciplinaria, en tanto en sí
misma su actividad no implica el ejercicio de una función pública. Solamente en el caso en que
dicha prestación haga necesario el ejercicio de determinadas potestades inherentes al Estado,
que hayan sido atribuidas de manera expresa por el legislador al particular encargado de la
misma, habrá lugar a la aplicación en su caso de dicho régimen y ello exclusivamente en relación
con el ejercicio de dichas potestades".

Precisado lo anterior, resulta claro que la prestación del servicio público de salud no
constituye, por sí misma, el ejercicio de una función administrativa. Asimismo, de
conformidad con la Ley 100 de 1993, la contratación que adelantan las Empresas
Sociales del Estado (E.S.E.) para la prestación de servicios de salud se encuentra
sometida al régimen de derecho privado. Ello obedece a que los vínculos
contractuales que estas celebran con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ya
sean públicas, mixtas o privadas, corresponden al desarrollo de una actividad de
naturaleza comercial, en cuanto tienen por objeto la prestación de servicios de salud
dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Debe resaltarse, además, que la prestación del servicio público de salud no es una
actividad reservada de manera exclusiva al Estado, sino que también puede ser
desarrollada por particulares. Esta circunstancia determina la existencia de un
escenario de libre concurrencia entre las E.S.E. y los demás prestadores de servicios
de salud, lo que permite concluir que dicha actividad forma parte del giro ordinario de
sus negocios. En consecuencia, las acreencias derivadas del cumplimiento de

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Sentencia del 13 de marzo de 2025, exp. 28119, M.P. Milton Chaves García, que fue reiterada en las sentencias del 30 de
abril de 2025, exp. 29052, M.P. Wilson Ramos Girón y del 18 de septiembre de 2025, exp. 29570, M.P. Luis Antonio Rodríguez
Montaño.

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obligaciones civiles o comerciales relacionadas con la prestación de servicios de salud
deben hacerse efectivas a través de los mecanismos judiciales ordinarios previstos
para tal efecto.

Tampoco comparte la Sala el planteamiento de la apelante según el cual la especial
naturaleza de las Empresas Sociales del Estado, su financiación con recursos
públicos o las obligaciones de cobertura que les impone el Sistema General de
Seguridad Social en Salud excluyen la aplicación del parágrafo 1.º del artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006. Tales circunstancias evidencian la relevancia constitucional del
servicio que prestan, pero no modifican la naturaleza jurídica de las relaciones
contractuales que celebran con las EPS para la prestación de servicios de salud. En
esos vínculos las E.S.E. actúan bajo reglas de derecho privado y participan en un
escenario de concurrencia con otros prestadores públicos y privados, razón por la cual
las acreencias derivadas de esa actividad continúan sometidas a la exclusión prevista
por el legislador respecto del cobro coactivo.

Lo anterior implica que, respecto de la actividad civil o comercial que desarrollan las
E.S.E. en la prestación de servicios de salud, resulta aplicable la exclusión consagrada
en el parágrafo 1.º del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, que establece una excepción
expresa, al excluir de dicha facultad las obligaciones originadas en contratos de mutuo
y aquellas de naturaleza civil o comercial respecto de las cuales la entidad pública
desarrolle actividades de recaudo o cobranza en condiciones similares a las de los
particulares, en desarrollo del régimen de derecho privado aplicable al giro ordinario
de sus negocios.

En relación con el alcance de esta exclusión respecto de las Empresas Sociales del
Estado (E.S.E.), las sentencias Sentencia del 13 de marzo de 2025, exp. 28119, M.P.
Milton Chaves García, que fue reiterada en las sentencias del 30 de abril de 2025,
exp. 29052, M.P. Wilson Ramos Girón y del 18 de septiembre de 2025, exp. 29570,
M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, mantienen una posición uniforme y
concluyente. En dichas providencias, la Sección precisó que la habilitación legal para
ejercer jurisdicción coactiva no se extiende a la recuperación de créditos derivados de
relaciones jurídicas sometidas al derecho privado y surgidas de la actividad comercial
que las E.S.E. desarrollan en el mercado de prestación de servicios de salud. Por la
relevancia de las consideraciones allí expuestas para la resolución del presente cargo,
se transcriben a continuación los apartes pertinentes, que constituyen el fundamento
central del análisis efectuado por la Sala:
“Lo anterior significa que, en relación con la actividad civil o comercial (prestación de servicios
de salud) que desarrollan las ESE, es aplicable la exclusión del parágrafo 1 del artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006, es decir, que para cobrar las deudas generadas con ocasión de esa actividad
no es procedente ejercer la facultad de cobro coactivo que esa norma les concede a las entidades
públicas. Esta consideración tiene sustento en el hecho de que las ESE compiten en igualdad de
condiciones con los particulares que también prestan servicios de salud, de manera que ejecutar
las deudas a su favor, a través del procedimiento administrativo de cobro generaría un
desequilibrio en las relaciones entre las partes involucradas.

Para el caso de las ESE, es oportuno acudir a un pronunciamiento de la Corte Constitucional en
el que abordó este mismo estudio, pero respecto de las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta. En concreto, en la sentencia C-666 de 2000, que
se citó en párrafos precedentes, la Corte consideró que permitir que adelanten el cobro coactivo
“organismos vinculados” a la administración pública que habitualmente desarrollan actividades
semejantes a las de los particulares, “[…] implica un desconocimiento de la naturaleza de las
cosas, en tanto la atribución no puede considerarse como razonable, si se tienen en cuenta las

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funciones que cumplen los entes vinculados y el papel que desempeñan en la economía.” En
esencia, en esa sentencia, la Corte sostuvo lo siguiente: (…)

De lo anterior advirtió la Corte que procedería declarar la inconstitucionalidad de las expresiones
acusadas en esa oportunidad (“y vinculados” del art. 112 de la Ley 6/1992). Sin embargo, aclaró
que es posible que el legislador asigne a los entes vinculados funciones “netamente”
administrativas, que implican el ejercicio de autoridad, lo que justifica el trámite excepcional del
cobro coactivo para recaudar recursos provenientes de dichas funciones, siempre que la ley
autorice tal atribución, por lo que declaró la exequibilidad, pero condicionada. Para el presente
caso, aunque las ESE son entidades adscritas, se asemejan a las vinculadas porque en materia
contractual se rigen por el derecho privado y ejercen actividades similares a las de los
particulares, lo que permite ubicarlas en el mercado en igualdad de condiciones que sus
competidores públicos o privados.

En atención a las disposiciones mencionadas, se concluye que, si bien las Empresas
Sociales del Estado son entidades públicas descentralizadas que prestan en forma
permanente el servicio público de salud, que está a cargo del Estado, el cumplimiento de
esa actividad no constituye función administrativa, como quedó dicho en el capítulo
anterior. En ese entendido, aquellas obligaciones a su favor que sean consecuencia de la
prestación de servicio de salud no pueden perseguirse en ejercicio del procedimiento de
cobro coactivo ordenado en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y demás normas
concordantes.” (Subraya y negrilla fuera del original).

Cabe recordar que, para sustentar dicha conclusión, el mencionado precedente
acudió a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2000.
En esa oportunidad, la Corte condicionó la exequibilidad de las facultades de
jurisdicción coactiva atribuidas a organismos vinculados a la administración pública
que desarrollan actividades análogas a las de los particulares, al considerar que la
extensión de esa prerrogativa excepcional a entidades que concurren al mercado en
condiciones semejantes a las de los agentes privados desconoce el principio de
igualdad y altera el equilibrio que debe regir las relaciones contractuales.

En efecto, la Corte advirtió que el otorgamiento de facultades de cobro coactivo a
entidades que desarrollan actividades económicas comparables a las de los
particulares les conferiría una ventaja procesal injustificada frente a los demás
participantes del mercado, afectando los principios de igualdad, debido proceso,
imparcialidad y juez natural. No obstante, precisó que la atribución de dicha facultad
resulta constitucionalmente admisible cuando se trata del recaudo de créditos
originados en el ejercicio de funciones eminentemente administrativas o de potestades
públicas expresamente conferidas por el legislador.

Bajo esa misma línea de razonamiento, que la Sala comparte y reitera, las Empresas
Sociales del Estado únicamente pueden acudir al procedimiento administrativo de
cobro coactivo respecto de obligaciones derivadas del ejercicio de funciones
administrativas en sentido estricto o del ejercicio de potestades públicas
expresamente atribuidas por la ley. Por el contrario, no ocurre lo mismo con las
acreencias originadas en la prestación de servicios de salud, toda vez que dicha
actividad no constituye una función administrativa, se desarrolla en un escenario de
libre concurrencia con prestadores públicos y privados y se concreta mediante
relaciones contractuales sometidas al régimen de derecho privado, de las cuales
surgen obligaciones de naturaleza civil o comercial.

La facultad de cobro coactivo no constituye una prerrogativa inherente a toda entidad
pública por el solo hecho de integrar la estructura estatal. Su procedencia depende de
la habilitación legal específica y de la naturaleza de las acreencias cuyo recaudo se

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pretende. Por ello, aun cuando el CPACA regule el procedimiento administrativo de
cobro coactivo, ello no significa que todas las obligaciones a favor de entidades
públicas puedan hacerse efectivas mediante esa vía. La determinación de cuáles
créditos pueden ser objeto de jurisdicción coactiva continúa sometida a las
limitaciones materiales previstas por el legislador, entre ellas la exclusión establecida
en el parágrafo 1.º del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

Finalmente, en relación con la vigencia del parágrafo 1.º del artículo 5 de la Ley 1066
de 2006, conviene precisar que esta disposición conserva plena vigencia, por cuanto
no fue derogada, expresa ni tácitamente, por el CPACA. Ello obedece a que la Ley
1066 de 2006 constituye una regulación especial en materia de cobro coactivo y
establece expresamente determinadas exclusiones al ejercicio de dicha facultad,
mientras que los artículos 98, 99 y 100 del CPACA se limitan a regular aspectos
procedimentales para su ejercicio.

Así las cosas, las normas del CPACA que regulan el procedimiento administrativo de
cobro coactivo no desplazan la exclusión prevista en el parágrafo 1.º del artículo 5 de
la Ley 1066 de 2006, por tratarse de una disposición especial que debe observarse al
momento de determinar la procedencia de dicha facultad. Por consiguiente, no le
asiste razón a la parte demandada al sostener que los artículos 98 a 104 del CPACA,
por ser posteriores a la Ley 1066 de 2006, ratificaron de manera indiscriminada la
competencia de todas las entidades públicas para adelantar cobro coactivo. Tales
disposiciones regulan el procedimiento aplicable cuando dicha competencia existe,
pero no modifican ni eliminan las restricciones que el legislador estableció
expresamente en el citado parágrafo.

Tampoco es de recibo el argumento según el cual la Sentencia de 24 de agosto de
2023, expediente 26685, con ponencia del magistrado Milton Chaves García, carece
de fuerza orientadora por no corresponder a una sentencia de unificación en los
términos del artículo 270 del CPACA. Si bien dicha providencia no tiene la naturaleza
formal de sentencia de unificación, el criterio jurídico allí fijado ha sido reiterado de
manera uniforme y constante por esta Sección, entre otras, en las sentencias de 13
de marzo de 2025, expediente 28119, con ponencia del magistrado Milton Chaves
García; de 30 de abril de 2025, expediente 29052, con ponencia del magistrado Wilson
Ramos Girón; y de 18 de septiembre de 2025, expediente 29570, con ponencia del
magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño.

Esta circunstancia evidencia la existencia de una línea jurisprudencial consolidada.
Comoquiera que en el presente asunto no se acreditan fundamentos jurídicos que
justifiquen apartarse de dicha postura, la Sala acogerá la tesis jurisprudencial reiterada
por esta Corporación.

Conforme a lo expuesto, se concluye que las obligaciones civiles y comerciales
originadas en contratos de prestación de servicios de salud celebrados entre las
Empresas Sociales del Estado y las Entidades Promotoras de Salud se encuentran
comprendidas dentro de la exclusión prevista en el parágrafo 1º del artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006. En consecuencia, su recaudo no puede adelantarse mediante el
procedimiento administrativo de cobro coactivo. Por consiguiente, no prospera la
apelación.

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Condena en costas

Se condena en costas a la parte demandada, al confirmarse en todas sus partes la
sentencia de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Asimismo, en virtud del Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se condena a la parte
demandada al pago de agencias en derecho en esta instancia, las cuales se fijan en
un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el incidente de liquidación de costas,
según las reglas previstas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la parte demandada según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo de
Magdalena tramitar el respectivo incidente, conforme las reglas previstas en el artículo
366 del Código General del Proceso.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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