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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2022-00024-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2022-00024-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Magdalena; en su lugar, DECLARAR la indebida escogencia de la acción en relación con las pretensiones de la demanda e inhibirse para resolver el fondo del asunto, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la señora Rocío del Carmen Mármol, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Las agencias en derecho para la segunda instancia se fijan en 1 SMLMV, en favor de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a cargo de la demandante. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2022-00024-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

19 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sostenible y Unidad Administrativa Especial Parques
Nacionales Naturales de Colombia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: OCUPACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE BIEN INMUEBLE / Acción procedente para discutir la
titularidad de un bien y las pretensiones sobre las mejoras incorporadas a este - la reparación directa
no es el medio procedente para determinar la titularidad de un bien cuya propiedad se encuentra en
discusión ni para solicitar la restitución de esa calidad, así como tampoco para reclamar las mejoras
incorporadas al predio, en tanto que para ello existen otros procedimientos y acciones previstas en
el ordenamiento jurídico.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra
de la sentencia del 19 de julio de 2023, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se solicitó que se declare la responsabilidad patrimonial de las demandadas,
como consecuencia del supuesto despojo de un inmueble ubicado en el sector
de “Bonito Gordo”, en el Parque Nacional Natural Tayrona, así como de la
destrucción de las edificaciones que estaban en éste, por lo que se pide la
restitución de la propiedad y posesión del bien o, de forma subsidiaria, la
indemnización de los perjuicios materiales, así como el daño moral causado por
esos hechos.

ANTECEDENTES

La demanda

3. En escrito presentado el 31 de enero de 2022, la señora Rocío del Carmen
Gómez Mármol (en adelante, la demandante, la accionante o la parte actora),
por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa en
contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo el
ministerio), así como de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales
Naturales de Colombia (nombrado como Parque Nacionales o, en conjunto con
el ministerio, se denominarán como las entidades demandadas), con las
siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, con énfasis y posibles
errores):

1

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

“PRIMERA PRETENSIÓN.- Ruego, por favor, a sus Dignidades, en nombre y
representación de mi anotada mandante- demandante, señora ROCÍO DEL
CARMEN GÓMEZ MARMOL, demandar a la NACIÓN – MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES,
la parte demandada, para que repare integralmente de todos los perjuicios
antijurídicos de toda naturaleza, acaecidos a la aquí demandante ROCÍO DEL
CARMEN GÓMEZ MARMOL por los hechos adelantados por la susodicha
demandada narrados en el capítulo correspondiente a la causa petendi fáctica
y con estribo, además, en el ordenamiento jurídico de rigor. Es entendido, pues,
que la aquí entidad pública demandada debe responder patrimonial y
administrativamente a la aquí señora demandante por los aludidos perjuicios
contrarios a derecho.

SEGUNDA PRETENSIÓN.- Como consecuencia inconcusa de la anterior
declaración de la responsabilidad en cita, de darse conciliación referente a la
responsabilidad en mención, se proceda a la Reparación Integral de parte de la
convocada en favor de la señora ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ MARMOL,
restituyéndose la propiedad y posesión material sobre los terrenos incautados
(art 762 inc 2º del código civil) que tal convocante- ROCÍO DEL CARMEN
GÓMEZ MARMOL, ostentaba hasta el momento de tal incautación en el sector
de Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta, en una extensión superficiaria de
aproximadamente 14 hectáreas, dentro de los siguientes linderos y medidas:
NORTE: El mar Caribe, en 54 metros; SUR: Cerros nacionales o reservas
nacionales, que lo limita con Taganga en 183 metros; ESTE; terreno cuya
posesión fue de Tulio Garay, hoy de Francisco José Noguera Martínez , con
1.099 metros aproximadamente; OESTE: terreno poseído por Ignacio
Hadechini y/o de herederos de Juan Manuel Noguera Aarón, en 1.087 mts. Este
terreno de propiedad de mi mandante ingresa a formar parte del parque
Tayrona, mucho después de la posesión material de mi poderdante. La
reparación integral implica la devolución del inmueble con sus mejoras

De no poderse llevar a cabo en tal forma, dado acatarse lo dispuesto en el
artículo 63 constitucional y demás normativas pertinentes, procede la
reparación integral, como sucedánea así:

I.- : Perjuicios Materiales:

a.- Daño Emergente: El valor del inmueble y las mejoras adelantadas en el
mismo, consistentes en dos casas, por un valor aproximado de a los
$20.000.000.000,oo (Veinte mil millones de pesos m/Cte.).

II.- Perjuicio Moral Subjetivo. - Cien (100) Salarios mínimos mensuales
legales vigentes;

TERCERA PRETENSIÓN. - Sírvase, por favor, Reconózcaseme personería”1.

Los hechos

4. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se narraron los siguientes:

5. La señora Rocío del Carmen Gómez Mármol ejercía la posesión material de un
inmueble en la región denominada “Bonito Gordo”, antes del 2014, fecha en la
que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T- 488 de 2014 decidió,

1
Índice electrónico No. 2 de SAMAI. Archivo No. 003. Se precisa que la demanda inicial fue
inadmitida mediante auto del 24 de mayo de 2022 por la falta de precisión en relación con las
condiciones de tiempo y modo en el que ocurrieron los hechos alegados como constitutivos del daño;
así como para que precisara el acápite de pruebas, al anunciar algunas que no allegó y para que
aclarara la estimación razonada de la cuantía -Archivo No.005-. Situaciones que subsanó la parte
actora mediante escrito del 31 de mayo de 2022 -Archivo 006-.

2

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

según se indicó en la demanda, que los bienes sin titularidad real eran baldíos
y, por ende, de la Nación, cambiando así el paradigma jurisprudencial que
establecía que cuando éstos no tenían inscrito un propietario, se presumían
privados.

6. De manera particular, se precisó que la accionante poseía el mencionado
predio, con ocasión de la muerte de su cónyuge, el cual, a su vez, obtuvo esta
calidad de su padre de crianza, sin que fuese necesario la acreditación de esta
situación a través de una formalidad, como la escritura pública, según el
precedente jurisprudencial que permite aportar cualquier medio de convicción,
especialmente el testimonial. Se indicó que esta sucesión respecto de la
posesión inició antes de 1959.

7. Se afirmó que, entre octubre y noviembre de 2020, Parques Nacionales desalojó
a los “propietarios” de los inmuebles ubicados en el sector de “Bonito gordo”,
entre ellos a la accionante y, posteriormente, destruyó las edificaciones
encontradas, las cuales fueron construidas por sus ancestros, sin tener en
cuenta que éstas seguían los parámetros de desarrollo sostenible y no
perjudicaban el medio ambiente. Lo anterior, con la excusa de recuperar los
predios y restituirlos a su estado original, presumiendo que eran baldíos que
formaban parte del Parque Nacional Natural Tayrona y sin que se les notificara
a los afectados acto administrativo alguno sobre este asunto, configurándose
así, más que una operación administrativa, una vía de hecho con la que se
trasgredieron los derechos de los perjudicados.

8. Así las cosas, según se señaló, resultaba evidente que la posesión del predio y
sus mejoras se consolidaron mucho antes de catalogarlo como parte del Parque
Nacional Natural Tayrona, en la medida en la que éste fue creado por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, a través de la Resolución 191 del 31 de agosto
de 1964, con una extensión inicial de 15.000 hectáreas, la cual aumentó
significativamente a 225 km2, debido a varias decisiones adoptadas por las
autoridades competentes, en el sentido de incorporar otras zonas del territorio
en esta área de protección especial, entre las que se destacan la resolución No.
021 de 1975, expedida por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria.

9. De otra parte, resulta importante resaltar que la demandante aclaró,
explícitamente, que no cuestionaba la legalidad de la operación ni de los actos
administrativos que contenían las decisiones sobre el inmueble respecto del
cual ostentaba la posesión, dado que el centro de la imputación giraba en torno
al daño especial, por considerar que existió una ruptura de la igualdad frente a
las cargas públicas, con ocasión de las afectaciones que tuvo que padecer como
consecuencia de las actuaciones de las entidades demandadas.

Contestación de la demanda

10. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que no produjo los
daños alegados por la parte actora, dado que los hechos enunciados en la
demanda escapaban de su competencia, que consiste en definir la política
nacional ambiental y la promoción de la recuperación, conservación, protección,

3

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables en pro del desarrollo sostenible y para garantizar el derecho de los
ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Por consiguiente, advirtió que no
podía asumir compromisos por fuera de lo que estrictamente le facultaba la ley,
sin que fuese posible responder por las consecuencias jurídicas derivadas de
una actuación endilgada a otra autoridad.

11. Asimismo, expuso que no se acreditaron los presupuestos para que se
configurara la responsabilidad patrimonial a su cargo, dado que la accionante
no estableció cuál fue la falla o la omisión en la que incurrió, no precisó el nexo
entre la presunta falta y el acaecimiento de los daños, y ni siquiera probó su
ocurrencia, por lo que, consecuentemente, el despacho debía negar las
pretensiones de la demanda.

12. Por lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva; así como la ausencia de daño ocasionado a los demandantes y la
inexistencia de responsabilidad por parte de ese ministerio, al no acreditarse el
nexo causal. En relación con el daño moral alegado por la actora, señaló que
tampoco se probó que este fuese cierto, directo y personal, tal como lo exige la
jurisprudencia2.

13. Por su parte, Parques Nacionales se opuso a las pretensiones de la demanda,
por considerar que la entidad no causó daño alguno ante la inexistencia del
derecho de propiedad sobre el bien objeto de la demanda, al tratarse de un
baldío que, por su naturaleza, es inalienable, adjudicable, imprescriptible e
inembargable, sin que fuese posible la consolidación de un derecho por el
simple paso del tiempo.

14. En cuanto a los perjuicios reclamados, advirtió que no se allegó prueba alguna
sobre éstos, por lo que la suma de dinero reclamada no tenía fundamento en la
demostración de los daños que afirmó padecer la accionante. Lo anterior,
aunado al hecho de que no se demostró una actuación u omisión de su parte,
que pudiera ser catalogada como ilícita y que fuera causante de la afectación
alegada.

15. Frente a las construcciones mencionadas en la demanda, las catalogó como
ilegales, debido a que fueron realizadas en un bien baldío y en un área en la
que se encontraban prohibidas, más aún cuando no se aportaron permisos
ambientales que avalaran esas edificaciones. También objetó la estimación
razonada de las pretensiones al considerar que la demandante no cumplió con
la carga argumentativa mínima para sustentar ese monto, dado que no aportó
un soporte contable o cálculo que permitiera deducir que el perjuicio causado
ascendía a la suma de $ 20.000’000.000.

16. Finalmente, a título de excepciones, planteó las siguientes: i. caducidad de la
acción, al precisar que el término para establecer la oportunidad de presentación
de la demanda debía contarse a partir del conocimiento del acto administrativo
que declaró el Parque Tayrona como área protegida; ii. inexistencia de la fecha

2
Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 011.

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Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

generadora del daño y del perjuicio reclamado, lo cual no fue precisado en la
demanda; iii. Inexistencia del derecho de dominio por parte de la demandante,
al advertir que en el área de “Bonito Gordo”, ubicada en el Parque Tayrona, no
es posible que se configure propiedad en cabeza de ningún particular, dado que
desde 1959 se encuentra prohibida la adjudicación de baldíos y venta de tierras
en los Parques Nacionales Naturales; iv. Carencia de responsabilidad del
Estado, dado que el daño alegado no reviste el carácter de antijurídico, en tanto
que la parte actora desconoció las normas que rigen el Sistema de Parques
Nacionales Naturales; v. Culpa o hecho exclusivo de la víctima, al hacer
construcciones en lugares prohibidos y; vi. Aplicación del principio general del
derecho “nadie puede obtener provecho de su propia culpa”3.

Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 19 de julio de
2023, negó las pretensiones de la demanda.

18. Para llegar a esa conclusión, en primer lugar, el a quo delimitó el estudio del
caso al régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de daño
especial, el cual consideró como el procedente debido a que la afectación
alegada se derivó de la ocupación de un inmueble respecto del cual la
accionante afirmó ser poseedora.

19. Posteriormente, el tribunal de primera instancia analizó la existencia del daño
antijurídico, como presupuesto para establecer la responsabilidad del Estado por
los hechos endilgados a las entidades demandadas, por lo que precisó que,
según la demanda, este consistió en una supuesta merma patrimonial que sufrió
la señora Gómez Mármol a causa del desalojo y demolición del bien inmueble
denominado “Bonito Gordo”, ubicado en el Parque Tayrona, en hechos ocurridos
entre septiembre y octubre de 2020.

20. Al respecto, expuso que, revisados los elementos probatorios que obran en el
expediente, no era posible establecer la existencia de un daño antijurídico cierto
y determinable, dado que ni siquiera se demostró la ocurrencia del hecho
considerado como dañoso, es decir, el supuesto desalojo y la demolición del
inmueble respecto del cual la demandante alegó ostentar la posesión.

21. Frente al dictamen pericial presentado por la parte actora, el a quo indicó que si
bien este daba cuenta de la extensión del lote de terreno objeto de estudio y de
la existencia de una construcción con mejoras de más de 30 años, del cual se
afirmó que la accionante era la poseedora, lo cierto es que ese no era el medio
probatorio idóneo para acreditar la posesión de un bien inmueble, en tanto que,
según el artículo 226 del CGP, la finalidad de la prueba pericial era la de verificar
hechos que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos
y, además, porque el dictamen no fue acompañado de soportes que sirvieran de
fundamento de las afirmaciones que contenía, por cuanto se basó en lo
manifestado por la demandante.

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Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 013.

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Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

22. En similar sentido, el Tribunal resaltó que, en la audiencia de contradicción del
dictamen, el perito presentó conclusiones diferentes con las previamente
anunciadas en el documento que se allegó junto con la demanda, toda vez que
afirmó que el avalúo se realizó con posterioridad al desalojo y demolición del
inmueble, pero en el dictamen aportado incluyó fotografías en las cuales se
advertía la presencia de una construcción, que indicó que se encontraba en
regular estado de conservación, con todos los accesorios y muebles completos
y que estaba ocupada por la actora.

23. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones extrajuicio rendidas por los señores
Leonor Gómez Hernández y Pedro José Díaz González, la Sala determinó que,
además de ser completamente idénticas, no daban mayores luces sobre la fecha
de ocurrencia de los hechos objeto de debate.

24. El tribunal de primera instancia también planteó que, en gracia de discusión, si
se aceptara la existencia del daño, tampoco obraban medios de prueba respecto
de la imputación en cabeza de las accionadas, dado que, en el interrogatorio de
parte practicado, la demandante manifestó conocer de la afectación del predio
objeto de la controversia por la prensa y lo dicho por sus vecinos, sin acreditar
esas afirmaciones con otros elementos probatorios.

25. Por otra parte, el a quo reprochó el hecho de que la parte actora adoptara una
actitud completamente omisiva, dado que ni siquiera precisó la fecha en la que
ocurrió el hecho que consideró como causante del daño alegado, al punto de
que dejó el proceso en absoluta orfandad probatoria, desconociendo con ello la
carga que tenía de acreditar los hechos que le interesaban para sustentar sus
pretensiones.

26. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena decidió abstenerse de
condenar en costas a la demandante, de conformidad con lo previsto en el
artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
al no encontrar irregularidades en la conducta desplegada por la parte
demandante, no sin antes reconocer que existe disparidad de criterios en la
aplicación de esta norma por parte del Consejo de Estado4.

Recurso de apelación

27. La accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, para lo cual reiteró lo expuesto en la demanda en relación con
que la posesión que ostentaba era anterior a la declaratoria del bien como parte
del Parque Nacional Natural Tayrona, por lo que afirmó que sobre ese predio se
había consolidado un derecho adquirido, lo que permitía presumir la propiedad
del bien, la cual no fue desvirtuada por las entidades demandadas.

28. Adicionalmente, expuso que las declaraciones allegadas junto con la demanda
no podían ser consideradas como pruebas sumarias, por cuanto el CGP
establece que los testimonios trasladados o extraprocesales sin citación de la
contraparte, aportados al plenario oportunamente, constituyen plena prueba y,
en el caso particular, no se solicitó que éstos se ratificaran, por lo que se debía

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Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 41.

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concluir que eran conducentes, pertinentes y útiles para acreditar la posesión
alegada, dado que lo dicho en ese momento por los declarantes frente al tiempo
y la forma en que se ejerció el uso del bien objeto de cuestionamiento les
constaba, de lo cual también daba cuenta el dictamen pericial allegado.

29. Indicó que no compartía que los medios de prueba aportados eran insuficientes,
tal como lo expuso el a quo, en tanto que estaba demostrada la posesión y su
antigüedad, así como las mejoras, su valor y que la destrucción la realizó la
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, la cual lo
confesó, pero, en todo caso, le correspondía al tribunal declarar las pruebas de
oficio que considerara necesarias para esclarecer los asuntos indefinidos en la
controversia o aplicar el principio de la carga dinámica de la prueba, con el fin
de determinar en qué momento y en virtud de qué acto se declaró que el predio
de interés empezaba a formar parte de un parque nacional natural, como
tampoco se indagó el motivo por el que se omitió notificar el lanzamiento del
inmueble y la destrucción de las mejoras construidas en este, ni se ahondó en
el estudio del tiempo de construcción de las edificaciones demolidas, lo que
produjo que se profiriera la sentencia de primera instancia que consideró como
confiscatoria5.

Trámite relevante en segunda instancia

30. Mediante providencia del 17 de septiembre de 2024, se admitió el recurso de
apelación presentado por la demandante6.

31. El 4 de octubre de 2024 el Ministerio Público emitió concepto, en el sentido de
solicitar que se confirmara la sentencia de primera instancia, al considerar que
no fue posible probar la existencia del daño antijurídico alegado, toda vez que
no se acreditó la ocurrencia del desalojo y de la demolición del bien inmueble
objeto de la controversia, además, coincidió con el tribunal al advertir que un
dictamen pericial no era el medio adecuado como prueba de la posesión y
resaltó las incongruencias presentadas en el informe que remitió el arquitecto
que desarrolló el avalúo, debido a que ningún momento se refirió a las supuestas
estructuras demolidas, con lo cual, según se afirmó, se afectó la credibilidad del
perito y, por ende, la validez de la prueba en relación con el objeto de su
realización.

32. En relación con las declaraciones extraprocesales, expuso que, si bien se
suponía que estas se allegaron para acreditar los presuntos perjuicios
ocasionados a la demandante, lo cierto era que de su contenido no se podía
establecer el daño con certeza, ante la imprecisión respecto de la fecha en la
que ocurrieron los hechos y por la falta de identificación clara de sus autores, lo
que impedía establecer la imputación en cabeza de las accionadas.

33. Adicionalmente, indicó que no pudo existir el daño patrimonial a la propiedad
endilgado, en tanto que el bien objeto de la discusión es un terreno baldío y
éstos, de conformidad con la Constitución y la ley, le pertenecen a la Nación y,
por tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que no

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pueden ser objeto de apropiación privada, lo que desvirtúa que se haya
configurado una afectación producto de la ocupación del bien, lo cual se refuerza
con el hecho de que el predio se encontraba en un área declarada como parque
nacional, es decir, un espacio protegido de forma especial, respecto del cual no
está permitida su adjudicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 2 de
1959 y el Decreto 2811 de 1974, y, en todo caso, aseguró que el actuar de las
entidades demandadas se consideraría legítimo, según el marco de sus
competencias y funciones, ya que desplegaron medidas en pro del interés
general7.

CONSIDERACIONES

34. En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y
definir de manera oficiosa8, como en el caso que es objeto de análisis, en la
medida en que, de manera previa, resulta importante precisar la procedencia de
la acción de reparación directa en relación con las pretensiones formuladas por
la accionante.

35. En ese orden de ideas, la Subsección abordará los siguientes asuntos: (i) el
alcance de las pretensiones de restitución de la propiedad y la posesión del bien
y la acción prevista en el ordenamiento jurídico para tramitar esas peticiones; (ii)
el estudio sobre las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de las
mejoras y los mecanismos jurídicos para tramitar esas reclamaciones; (iii) la
condena en costas y; (iv) conclusiones.

Sobre las pretensiones de restitución de la propiedad y la posesión del bien

36. Al respecto, resulta importante destacar que la demandante pretendió, entre
otras, la reparación integral por los perjuicios sufridos producto de la intervención
de las autoridades ambientales en el bien ubicado en el sector de “Bonito Gordo”,
materializada en la restitución de la “propiedad” y la posesión material de los
terrenos incautados, así como de sus mejoras. También se debe destacar que,
en la demanda, la actora reconoció que el bien “ingresó a formar parte del parque
Tayrona”.

37. Se resalta que tanto en el escrito inicial como en el recurso de apelación se
confunde el alcance de la condición de poseedora de la accionante, al sugerir
que como ésta ostentaba esa calidad desde antes de la declaratoria del bien

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Índice electrónico No. 11 de SAMAI.
8
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación
del 6 de abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque
no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

objeto de la controversia como parte del Parque Nacional Natural Tayrona, se
había consolidado un derecho respecto del inmueble, por lo que se debería
presumir la propiedad, la cual se indicó no fue desvirtuada por las entidades
demandadas.

38. Por lo expuesto, la Sala considera necesario precisar que el objeto del proceso
de reparación directa no tiene el alcance declarativo frente a la titularidad de la
propiedad de un predio considerado como baldío, el cual hace parte del Parque
Nacional Natural Tayrona, que es lo que pretende la actora respecto del
inmueble en mención, en tanto que para ello el ordenamiento jurídico colombiano
prevé otros medios de carácter judicial y administrativo, como es el caso del
procedimiento de clarificación de la propiedad y, consecuentemente, las
acciones de revisión o agraria.

39. En ese orden de ideas, resulta necesario tener en cuenta el momento a partir
del cual el Estado incorporó la limitación en materia ambiental del predio objeto
de la controversia, para determinar cuáles eran los medios legales con los que
contaba la accionante para discutir la titularidad del predio que ahora pretende
que se le restituya.

40. En cuanto a la situación particular del bien respecto del cual se alega la
afectación, se debe recordar que este hace parte del Parque Nacional Natural
Tayrona, cuya reserva y declaración se produjo a través de la Resolución 191
de 1964, en la que también se estableció la prohibición de ocupación de baldíos
dentro del área alinderada9, ratificando con ello lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 2 de 1959, norma que, entre otras cosas, estableció el alcance de la
declaratoria de los Parques Nacionales Naturales10.

41. Posteriormente, también se consagró una protección especial de estas zonas en
la Constitución Política de 1991, en tanto que, en su artículo 63 se determinó
que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables 11.
Asimismo, en los decretos que se expidieron para unificar las normas del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 201512, y del Sector
Administrativo, Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural, Decreto 1071 de

9
“Artículo 2: Dentro de las áreas alinderadas en el artículo anterior, prohíbase la ocupación de
baldíos…”.
10
“Artículo 13. Con el objeto de conservar la flora y fauna nacionales, decláranse "Parques
Nacionales Naturales" aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de
Agricultura, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, delimite y reserve de manera especial, por medio de decretos, en las distintas zonas del
país y en sus distintos pisos térmicos, y en las cuales quedará prohibida la adjudicación de
baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola,
distinta a la del turismo o a aquellas que el Gobierno Nacional considere convenientes para la
conservación o embellecimiento de la zona. Dentro de estos parques pueden crearse reservas
integrales biológicas, en los casos en que ello se justifique a juicio del Ministerio de Agricultura y de
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales” (se destaca).
11
“ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
12
“ARTÍCULO 2.2.2.1.9.6. Prohibición de adjudicación de baldíos. En las zonas establecidas o
que se establezcan como áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, queda prohibida la
adjudicación de baldíos, en conformidad con lo dispuesto por el artículo13 de la Ley 2a de 1959”.

9

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

201513, se reiteró la prohibición de adjudicar baldíos en las zonas establecidas
o que se establezcan como parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
restricción que se extendió, incluso, a los terrenos aledaños.

42. En ese orden de ideas, dada la importancia a nivel ambiental y para el interés
general que revisten las áreas declaradas como parques nacionales naturales,
queda claro que el ordenamiento jurídico les otorgó una protección especial a
estas zonas, al establecer que los predios sujetos a tal afectación son
inalienables, imprescriptibles, inembargables e, incluso, que los baldíos que
integran estos territorios no se pueden adjudicar.

43. Ahora bien, teniendo claro las restricciones previstas en las normas antes
referenciadas, la Sala considera oportuno mencionar algunas disposiciones
previstas en la Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, en tanto que en esta disposición
se establece lo relacionado con el tratamiento de los bienes baldíos, las
consecuencias jurídicas de cuando éstos son inadjudicables y se consagran
algunos procedimientos y acciones en relación con la titularidad de los bienes.

44. Al respecto, la mencionada ley prevé que la propiedad de los bienes baldíos
adjudicables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio
otorgado por el Estado y que los ocupantes de éstos no tienen la calidad de
poseedores, según lo previsto en el Código Civil, por lo que frente a su
adjudicación, lo único que tienen es una mera expectativa14; no obstante, ésta
se desvanece, dadas las condiciones del inmueble, en la medida en la que no
es posible alegar la consolidación de un derecho sobre el predio en los eventos
en los que el bien tenga la calidad de inadjudicable15.

45. Así las cosas, descendiendo al caso en concreto, de conformidad con las normas
antes mencionadas, se evidencia que la afectación sobre el bien perteneciente

13
“ARTÍCULO 2.14.10.4.2. Baldíos Inadjudicables. No serán adjudicables los terrenos baldíos que
se hallen en las siguientes circunstancias:
1. Los aledaños a los Parques Nacionales Naturales. Dentro de la noción de aledaño, quedan
comprendidas las zonas amortiguadoras que se hayan determinado o determinen en la periferia del
respectivo Parque Nacional Natural”.
14
“ARTÍCULO 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante
título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad.
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme
al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.
La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el Instituto<1> mediante solicitud previa de
parte interesada o de oficio”.
15
“ARTÍCULO 74. En caso de ocupación indebida de tierras baldías o que no puedan ser
adjudicables, el Instituto<1> ordenará la restitución de las extensiones indebidamente ocupadas,
previa citación personal del ocupante o de quien se pretenda dueño, o en la forma prevista en el
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, el decreto reglamentario establecerá el
procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del ocupante o de quien se pretenda dueño. Las
autoridades de policía están en la obligación de prestar su concurso para que la restitución se haga
efectiva.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017>
PARÁGRAFO 2o. No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando se
demuestre que el peticionario deriva su ocupación, del fraccionamiento de los terrenos u otro medio
semejante, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente, o cuando se tratare de
tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables”.

10

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

al Sistema de Parques Nacionales era una situación conocida por la accionante,
en tanto que lo mencionó en la demanda; sin embargo, de las pruebas allegadas
y de lo mencionado por esta en sus diferentes intervenciones dentro del proceso
de la referencia, no se advierte que hubiese iniciado las acciones para consolidar
las situaciones de hecho o el derecho que afirmó tener sobre el inmueble objeto
de la controversia.

46. De igual forma, se destaca que, para ejercer una reclamación respecto de la
titularidad del bien, la ley establecía un procedimiento previsto en el capítulo X
de la Ley 160 de 1994, que se refería, entre otras cosas, a la clarificación de la
propiedad, tarea que, según el artículo 48 de esta norma, le correspondía al
entonces Incora16, la cual culminaba el proceso con una resolución, que se podía
recurrir por la vía administrativa y era objeto de control a través de una acción
judicial, según el artículo 50 de la referida norma que preveía lo siguiente:

“ARTICULO 50. Contra las resoluciones del Gerente General del INCORA
que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este Capítulo,
sólo procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso
Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la
acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el numeral
9o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de
revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad
sólo podrá declarar que en relación con el inmueble objeto de las diligencias
no existe título originario del Estado, o que posee título de adjudicación que
no ha perdido su eficacia legal, o que se acreditó propiedad privada por la
exhibición de una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados por un
lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción
extraordinaria, según lo previsto en esta Ley, o que los títulos aportados son
insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras
sobre el inmueble, o se refiere a bienes no adjudicables, o que se hallen
reservados, destinados a un uso público, o porque se incurre en exceso sobre
la extensión legalmente adjudicable. Cuando se declare que en relación con
el inmueble existe propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado,
en todo caso quedarán a salvo los derechos de los poseedores materiales,
conforme a la ley civil.

Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento y si no se hubiere
formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de
Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su inscripción en
el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad
ante terceros”.

16
“ARTICULO 48. De conformidad y para efectos de lo establecido en los numerales 14, 15 y 16 del
artículo 12 de la presente Ley, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la
información necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a:
1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar
si han salido o no del dominio del Estado.
A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva
extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya
perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia
de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan
las leyes para la prescripción extraordinaria.
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos
debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no
adjudicables, o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público”.

11

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

47. De la norma en cita queda claro que la afectada no promovió que se iniciara el
procedimiento de clarificación de la propiedad, en los términos previstos en la
norma en cita, ni que atacara al gún acto administrativo que resolviera el asunto
de la titularidad sobre el predio que afirmó le pertenecía, que era la vía adecuada
para hacer valer los derechos que consideró vulnerados y, ante la decisión de la
administración, tenía la posibilidad de interponer el recurso de reposición, así
como la acción de revisión ante el Consejo de Estado, en única instancia, para
lo cual contaban con un término de 15 días a la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que resolvía sobre la propiedad del bien.

48. Ahora bien, a través del Decreto 902 de 2017 se derogaron, entre otros, los
artículos 49, 50 y 51 de la Ley 160 de 1994, para establecer un procedimiento
único con el fin de implementar los planes de ordenamiento social de la
propiedad rural, a través del cual se abordan varios asuntos a cargo de la
Agencia Nacional de Tierras, como es el caso de la clarificación de la propiedad
y la restauración de baldíos17 y, además, se consagra la acción de nulidad
agraria, mediante la cual los particulares que aduzcan tener derechos reales
sobre bienes sometidos a varios de los asuntos señalados en el artículo 58 de
la norma en cita, entre los que se encuentra la mencionada clarificación, y que
no hubieren comparecido al proceso único, contarán con 3 años a partir de la
fecha de inscripción del acto administrativo en el folio de matrícula inmobiliaria
para interponer la demanda, la cual se sujetará al trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual tampoco se acreditó que
hubiera ocurrido en este caso18.

49. De igual forma resulta pertinente resaltar que la citada norma dispuso que a
quien demostrara una ocupación iniciada con anterioridad a la expedición del
mencionado decreto y no hubiere presentado la solicitud de adjudicación, se le
podía titular de acuerdo con el régimen que más les favoreciera -el actual o el
previsto en la Ley 164 de 1994-19; no obstante, en el caso objeto de estudio, no

17
“ARTÍCULO 58. Asuntos a tratar a través del Procedimiento Único. A través del Procedimiento
Único se adelantarán los siguientes asuntos:
(…).
4. Clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos de que trata la Ley 160 de 1994”.
18
“ARTÍCULO 39. Acción de nulidad agraria. Los particulares que, habiéndose hecho parte del
Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley, objeten la legalidad de los actos
administrativos definitivos expedidos, podrán demandar su nulidad ante el juez competente en los
términos del presente decreto ley. para lo cual tendrán un término de cuatro (04) meses contados a
partir de la ejecutoria del acto administrativo.
Ante el mismo juez, cuya competencia será privativa, y con la misma acción contarán los particulares
que aduzcan tener derechos reales sobre tos predios sometidos a los asuntos indicados en los
numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 58 y que no hubieren comparecido al Proceso Único, caso en el
cual el término será de 3 años contados a partir de la fecha de inscripción del acto administrativo en
el folio de matrícula inmobiliaria, la acción podrá interponerse directamente sin necesidad de haber
interpuesto los recursos pertinentes contra el acto administrativo.
PARÁGRAFO. Esta acción en cuanto a su formulación se sujetará a lo establecido para para el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 o la
norma que la modifique o la sustituya, sin perjuicio de las facultades ultra y extra petita del juez
competente de conformidad con lo establecido en el presente decreto ley”.
19
“ARTÍCULO 27. Solicitudes en proceso. (…) A quienes demuestren una ocupación iniciada con
anterioridad a la expedición del presente decreto ley y no hubieren efectuado la solicitud de
adjudicación, se les podrá titular de acuerdo con el régimen que más les favorezca, siempre y cuando
hubieren probado dicha ocupación con anterioridad al presente decreto ley, para lo cual, a efectos

12

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

se evidencia que la parte actora hubiese iniciado el trámite de clarificación de la
propiedad o que iniciara otra gestión para obtener la adjudicación del bien, que,
como ya se indicó, estaba prohibida, ni tampoco se precisa en la demanda que
se cuestione algún acto administrativo que se refiera a la titularidad del bien
objeto de esta controversia o contra aquel que determinara la inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria de alguna anotación al respecto, en tanto que no
hay prueba de su existencia, siendo este un presupuesto para iniciar tanto la
acción de revisión como la agraria, que son los medios especializados
contemplados por el ordenamiento jurídico para discutir las decisiones de las
autoridades administrativas sobre la propiedad de los bienes, en este caso, de
los baldíos.

50. Como consecuencia de lo anterior, la Sala reitera que no es la acción de
reparación directa el medio procedente para discutir la titularidad y la restitución
de la propiedad y la posesión del inmueble objeto de la supuesta afectación 20,
en tanto que existen acciones especiales para ello, sin que en caso sub examine
se cumplan los presupuestos para acudir a éstas.

51. De haberse iniciado el procedimiento de clarificación de la propiedad, la
accionante debía cuestionar la determinación de la administración a través de la
acción de revisión, cuya competencia en única instancia le correspondía al
Consejo de Estado, según en el numeral 10 del artículo 149 del CPACA21, antes
de que se modificara esta norma a través de la Ley 2080 de 2021, para lo cual
era necesario atacar esa decisión final adoptada por la autoridad competente o
también contaba con la acción agraria, prevista en la Ley 902 de 2017, cuyo
trámite se rige por lo dispuesto para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el referido estatuto procesal, teniendo en cuenta
dos exigencias, la primera, haber participado en el procedimiento único al que
se refiere la norma en cita y demandar directamente el acto definitivo que
resuelva la situación jurídica del inmueble o, en su defecto, debía cuestionar por
esta vía procesal la inscripción de ese acto en el folio de matricula inmobiliaria,
pero como se ha mencionado anteriormente, en el proceso de la referencia no
hay prueba de que se agotaran las etapas en sede administrativa para reclamar
los derechos que la parte actora consideró vulnerados y, por tanto, tampoco se
pueden identificar las decisiones que en sede judicial se deben analizar por los
mecanismos expuestos, lo que impide adecuar lo pretendido por la demandante
a través de las acciones procedentes.

52. Así las cosas, al no ser la acción de reparación directa la vía procesal adecuada
y ante la imposibilidad de adoptar una decisión de fondo, al no acreditarse los

de facilitar su acreditación, los particulares podrán dar aviso a la Agencia Nacional de Tierras dentro
de un plazo de un año a partir de la expedición del presente decreto ley”.
20
Así lo ha señalado la Subsección recientemente, al establecer que para ello existen procedimientos
especiales sobre la clarificación de la propiedad, como el previsto en la Ley 160 de 1994. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7
de marzo de 2025, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
21
“ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…).
10. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que
decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos”.

13

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

presupuestos para solicitar la titularidad de la propiedad del bien en esta
instancia, la Subsección confirmará la sentencia que negó las pretensiones.

Sobre las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de las mejoras
incorporadas al predio

53. Se evidencia que en las pretensiones de la demanda se incluyen algunas
relacionadas con la destrucción de las edificaciones que se encontraban en el
predio, al considerar que era procedente el reconocimiento de estas mejoras por
las acciones que supuestamente desplegó la autoridad ambiental en procura de
la protección de los bienes pertenecientes al Parque Nacional Natural Tayrona.

54. No obstante, la Sala considera necesario precisar que la legislación colombiana
también prevé los mecanismos adecuados para presentar reclamaciones con
este objeto, cuando, entre otros eventos, resulta consecuencial al procedimiento
de clarificación de la propiedad22 que previamente se analizó, precisando que,
como ya se indicó, no fue posible determinar que se hubiese agotado en el caso
analizado.

55. Al respecto, frente a la ocupación indebida de tierras baldías, en el parágrafo 1
del artículo 71 de la Ley 161 de 1994 se establece que en la providencia que
ordene la restitución del bien, se tomarán las determinaciones que correspondan
en cuanto a las mejoras, enfatizando que, para el efecto, será necesario tomar
en consideración la buena fe de quien se repute como dueño o poseedor, de
conformidad con la presunción prevista en la ley civil y, con base en ello, la
entidad competente procederá a la negociación o expropiación de dichas
mejoras23.

56. En el mismo sentido, el Decreto 1465 de 2013, en su capítulo II se refiere al
procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, entre los
que se encuentran, según el numeral 4 del artículo 37 de esta norma, los
inmuebles que corresponden al Sistema de Parques Nacionales Naturales y al
Sistema de Áreas Protegidas o, por lo dispuesto en el numeral 5, los bienes que
hayan sido objeto de clarificación, eventos en los cuales resulta procedente
proferir una decisión que culmine con este trámite, a través de la cual la
autoridad competente deberá ordenar la restitución del bien y, en la misma
providencia, decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, siempre

22
Al respecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha dispuesto lo siguiente: “La parte actora señala
que el Estado debe proceder al pago de las mejoras que afirma haber realizado al bien y de los
impuestos que le han sido cobrados, aspectos que, vale la pena señalar, no son propios del
procedimiento tendiente a la clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la
propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado, sino de un
procedimiento consecuencial de aquel, tendiente a la recuperación de los baldíos indebidamente
ocupados, en el cual reconocimiento de las mejoras procede siempre y cuando la buena fe del
ocupante, que de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política se presume, no sea
desvirtuada por la entidad pública competente para adelantar dicho procedimiento”. Consejo de
Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de
febrero de 2021, rad. 48.709, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
23
“PARÁGRAFO 1. En la providencia que ordena la restitución se tomarán las determinaciones que
correspondan en relación con las mejoras. Si el ocupante o quien se pretenda dueño puede
considerarse como poseedor de buena fe conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la
negociación o expropiación de las mejoras”.

14

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

que se acredite la buena fe del ocupante, por lo que también dispondrá sobre la
negociación voluntaria o la expropiación de estas24.

57. Así las cosas, el mencionado Decreto también prevé que frente a la resolución
final proferida en el marco del procedimiento de recuperación de baldíos
indebidamente ocupados, el afectado puede interponer la acción de revisión
ante el Consejo de Estado25, en términos similares a los analizados previamente
en cuanto al proceso de clarificación de la propiedad, razón por la cual la
consecuencia debe ser la misma, en tanto que en la demanda no se cuestiona
ningún acto administrativo ni se advierte que la accionante haya propiciado el
inicio del procedimiento previsto en el ordenamiento para reclamar la titularidad
del bien o el cobro de las mejoras incorporadas a este, que es un presupuesto
para acudir al medio especializado dispuesto en la Ley para controvertir las
decisiones adoptadas por la autoridad competente sobre este asunto.

58. En ese orden de ideas, la Subsección resalta que para formular la reclamación
relacionada con las mejoras incorporadas al bien considerado como
inadjudicable, la demandante, en caso de no estar de acuerdo con la
determinación de la administración, tenía que acudir a la acción de revisión para
cuestionar esa decisión, sin que sea posible encauzar estas solicitudes a través
de la reparación directa.

Condena en costas

59. Al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, y según lo establecido en el numeral 1 del
artículo 365 del CGP26, la condena en costas no requiere de la apreciación o
calificación de una conducta de la parte a la cual se le impone27.

24
“ARTÍCULO 38. Contenido de la decisión. La resolución que culmine el procedimiento de
recuperación, ordenará si fuere del caso, la restitución del predio o los terrenos indebidamente
ocupados.
En la misma providencia se decidirá si hay lugar o no al reconocimiento de mejoras, siempre que se
acredite la buena fe del ocupante y se ordenará, si hubiere lugar a ello, la negociación voluntaria o
la expropiación de dichas mejoras.
En estos casos, el Incoder previo a su avalúo, procederá a su adquisición directa o a su expropiación,
de conformidad con las normas vigentes para cada caso”.
25
“ARTÍCULO 24. Ejecutoria de las resoluciones finales de deslinde y recuperación. En firme las
resoluciones de deslinde de tierras de la Nación y recuperación de baldíos indebidamente ocupados,
y sin perjuicio del derecho que asiste a los afectados de interponer la acción de revisión de estos
actos ante el Consejo de Estado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria el Incoder
remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente copia de las providencias
para su respectiva inscripción y poder proceder a dar cumplimiento a lo resuelto en cada caso”.
26
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
(…).
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
27
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que para imponer tal condena a la
accionante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del
mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en
todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no
procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios)
corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin
embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala

15

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

60. En ese orden de ideas, como en este caso se resolverá de manera desfavorable
el recurso de apelación presentado por la demandante, se condenará en costas
a la señora Rocío del Carmen Gómez Mármol por la segunda instancia, las
cuales serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo
previsto en los artículos 365 y 366 del CGP28.

61. Por su parte, en cuanto a las agencias en derecho, teniendo en cuenta el tiempo
de duración del proceso y los deberes que su trámite implicó, de conformidad
con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura (vigente para la fecha en que se presentó la demanda), estas se
fijarán en 1 SMLMV29, en favor Unidad Administrativa Especial Parques
Nacionales Naturales de Colombia, entidad que designó apoderado para la
vigilancia de las gestiones adelantadas en esta instancia y que presentó alegatos
de conclusión oportunamente30.

Conclusiones

62. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección revocará la sentencia
de primera instancia y, en vista de que no se puede adecuar la demanda de
reparación objeto de estudio, se declarará inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo; lo expuesto porque este proceso no tiene el alcance
declarativo que pretende la actora respecto del inmueble en mención, en tanto
que para ello el ordenamiento jurídico colombiano prevé otros medios de
carácter judicial y administrativo. En el caso analizado, no se acreditó que la
demandante hubiese acudido al procedimiento de clarificación de la propiedad
ni que controvirtiera en esta instancia acta administrativo alguno sobre ese
asunto a través de la acción de revisión o la agraria.

63. En cuanto a las mejoras incorporadas al bien objeto de la controversia, también
se establece que, en el procedimiento de recuperación de baldíos, la administración
profiere una decisión en la cual se incluye lo relacionado con este asunto,
dependiendo de la acreditación de la buena fe del ocupante, frente a la cual el
afectado puedo interponer la acción de revisión, por lo que no es posible encauzar

Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
28
Artículo 366 “Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (...) 4. Para la
fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (…)” (se destaca).
29
“ARTÍCULO 5: Tarifas: Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL… En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.L.M.V”.
30
Se precisa que se impone la condena en costas en favor de la Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – Unidad Administrativo Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia,
en tanto que, de conformidad con el Decreto 3572 de 2011, este último organismo se creó sin
personería jurídica y se encuentra adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

16

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)
Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol
Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

estas relaciones a través de la reparación directa, como lo pretende erróneamente
la demandante.

64. Es menester señalar que esta decisión, por ser inhibitoria, no hace tránsito a
cosa juzgada, razón por la cual la parte actora está habilitada para hacer uso de los
medios judiciales y administrativos que tiene a su disposición.

65. En materia de costas, al no prosperar la impugnación, resulta aplicable el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, razón por la cual se condenará a la parte
demandante por este concepto.

66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena; en su lugar, DECLARAR la indebida escogencia de
la acción en relación con las pretensiones de la demanda e inhibirse para resolver
el fondo del asunto, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la señora Rocío del Carmen Mármol, las
cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Las agencias en derecho
para la segunda instancia se fijan en 1 SMLMV, en favor de la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a cargo de la demandante.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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